Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02824-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02824-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Improcedente el amparo: no cumple con el requisito general de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02824-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02824-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
4 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: NEILA ROBLES CARRILLO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Neila Robles Carrillo
contra la providencia de 5 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Neila Robles Carrillo solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó al auto de 5 de diciembre de 2023, proferido por el Tribunal
Administrativo del Tolima, dentro del proceso de acción de tutela con el número
de radicación 73001-23-33-001-2015-00502-001.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Relató que el señor José Alfredo González Bedoya presentó la acción de tutela
núm. 73001-23-33-001-2015-00502-00/01 contra la Nación - Ministerio de
1
En el aplicativo SAMAI también se encuentra registrado con el radicado núm. 73001-23-33-000-2015-00502-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: Neila Robles Carrillo
Defensa Nacional - Dirección de Sanidad del Ejército Nacional - Dispensario
Médico de la Sexta Brigada de Ibagué, para que se protegieran sus derechos
fundamentales a la salud en conexidad con la vida y a vivir en condiciones dignas,
cuya vulneración le atribuyó a la falta de entrega de los insumos de sondas de
nelaton núm. 12 que le fueron prescritas.
2.2. Indicóque el conocimiento de la acción constitucional le correspondió al
Tribunal Administrativo del Tolima y que, mediante sentencia de 28 de agosto de
2015, la referida autoridad judicial amparó los derechos fundamentales invocados
por el señor José Alfredo González Bedoya y, en consecuencia, dispuso:
“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la vida a la salud
el señor JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ BEDOYA, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
[…]
TERCERO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad Militar y al Establecimiento
de Sanidad Militar del Batallón A.S.C.P. Nro. 6 “Francisco Antonio Zea” que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este
fallo, proceda, si aún no lo hubiera hecho, a entregar al señor JOSÉ
ALFREDO GONZÁLEZ BEDOYA identificado con cédula de ciudadanía
93.472.342 de Venadillo – Tolima, los medicamentos o insumos médicos
prescritos de conformidad con las fórmulas del 30 de mayo, 11 de junio y 08
de julio de 2015, pendientes de entrega, bajo las indicaciones del médico
tratante, y así mismo, adelante las gestiones, trámites y tomen todas las
medidas necesarias, tendientes a garantizar al señor José Alfredo González
la entrega oportuna y permanente de las sondas NELATON No. 12, en la
cantidad indicada u ordenada por el médico que lo atienda, las cuales
requiere para el mantenimiento de su salud […]”.
2.3. Señalóque el señor José Alfredo González Bedoya presentó solicitud de
incidente de desacato.
2.4. Puntualizó que por lo anterior el 9 de febrero de 2023 el Tribunal Administrativo
del Tolima requirió a la Dirección de Sanidad Militar de la Sexta Brigada del
Ejército Nacional - BAS 06 / Batallón de A.S.P.CO núm. 6, para que informara
sobre las gestiones realizadas para dar cumplimiento a las órdenes contenidas en
el fallo de 28 de agosto de 2015.
2.5. Refirió que el 10 y 11 de abril de 2023 el señor González Bedoya reiteró los
escritos por incumplimiento de la orden de tutela.
2.6. Indicó que, mediante auto de 12 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo del
Tolima ordenó la apertura del incidente de desacato en su contra y del Brigadier
General José Enrique Walteros Gómez.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: Neila Robles Carrillo
2.7. Manifestó que, mediante auto de 26 de mayo de 2023, el Tribunal
Administrativo del Tolima la sancionó con multa de un (1) salario mínimo mensual
legal vigente, por el incumplimiento del fallo de tutela.
2.8. Señaló
que, mediante auto de 11 de julio de 2023, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sanción que le fue impuesta.
2.9. Expuso que, mediante escrito de 15 de septiembre de 2023, solicitó al Tribunal
Administrativo del Tolima que inaplicara la sanción, en razón a que dio
cumplimiento a la orden judicial2.
2.10. Sostuvoque, pese a lo anterior, el 5 de diciembre de 2023 el Tribunal
accionado negó la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta en la
providencia de 26 de mayo de 2023 y confirmada mediante auto de 11 de julio de
2023, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
2.11. Explicó que la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima desconoció sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, porque no tuvo en cuenta que actualmente se está dando cumplimento a
la orden constitucional.
2.12. Finalmente, indicó que la decisión del Tribunal desconoció las sentencia T-147
de 20103 y T-171 de 20094 de la Corte Constitucional, y de 21 de enero de 20135
de la Corte Suprema de Justicia.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] TUTELAR; los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia enunciados en la Constitución Política de Colombia.
DECLARAR que este ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ACATO
EL MANDATO JUDICIAL, entregando las sondas Nelaton No 12 solicitadas y
que el propósito de los incidentes de desacatos no es la sanción en si [sic]
misma, sino que el accionante obtenga los recursos que esta [sic]
necesitando.
Con base a la anterior declaración solicitamos con todo respeto a su
despacho que se Ordene al AD QUO que se inaplique la sanción impuesta en
su totalidad y se modifique el auto del 18 de Diciembre de 2023 [sic] que
niega la solicitud de inaplicación de la sanción y niega el desistimiento del
accionante […]”.
2
Mediante Acta núm. 1262 de 29 de agosto de 2023, se le entregaron 360 sondas nelaton núm. 12 al señor José Alfredo
González, correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2022 y enero de 2023.
3
Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Expediente T-2464951, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
4
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Expediente T-2.029.353, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente T. No. 11001 0203000 2012 02908 -00.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: Neila Robles Carrillo
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 6 de junio de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso al señor José Alfredo
González Bedoya, a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional - Dispensario Médico de la Sexta Brigada de Ibagué
y a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través del magistrado ponente del
auto objeto de la acción de amparo, señaló que ni en el trámite de dicha acción ni
en el del incidente de desacato existe evidencia de que se hubieran vulnerado los
derechos fundamentales de la accionante.
5.2. Aclaróque el auto cuestionado de 5 de diciembre de 2023 resolvió
debidamente la solicitud de inaplicación de la sanción y el desistimiento suscrito
por el señor José Alfredo González Bedoya, lo que demuestra que los asuntos se
decidieron de fondo y lo que busca la señora Robles Carillo es que se discutan
temas que se encuentran agotados.
5.3. Por otro lado, mencionó que la accionante no alegó que la decisión hubiera
incurrido en alguno de los defectos contemplados por la jurisprudencia como
requisitos especiales de procedencia del amparo, y que le permitan al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, por lo que se evidencia
que su inconformidad es porque se mantuvo la sanción impuesta en la
providencia de 26 de mayo de 2023.
5.4. Finalmente, señaló que el cumplimiento de la entrega de las sondas nelaton
núm. 12 fue posterior al incidente de desacato, lo que evidencia que no se hizo
oportunamente.
5.5. La
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de las
Fuerzas Militares - Establecimiento de Sanidad Militar BAS06 de Ibagué
manifestó, a través de la directora del Establecimiento de Sanidad Militar BAS06,
que al habérsele entregado al señor José Alfredo González las sondas nelaton
núm. 12 correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2022 y enero
de 2023 se subsanaron los motivos por los cuales el afectado presentó incidente
de desacato.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: Neila Robles Carrillo
5.6. Agregó que la demora en la entrega se debió a que estaban adelantado el
proceso de contratación de los proveedores, el cual debe cumplir con los
parámetros exigidos por la Ley 80 de 28 de octubre de 19936.
5.7. Por lo anterior, solicitó que se ampararan los derechos fundamentales de la
accionante y se accediera a las pretensiones de la acción de tutela.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19917, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20158, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20219, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
201910.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:
b) Si el Tribunal Administrativo del Tolima, al proferir el auto de 5 de diciembre
de 2023, vulneró los derechos fundamentales alegados por la accionante.
8. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la
acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; ii) procedencia de
la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro del trámite incidental de
desacato en un proceso de tutela; iii) análisis del caso concreto.
6
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
7
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
8
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
9
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: Neila Robles Carrillo
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de
julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
13
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: Neila Robles Carrillo
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en
dichos parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. Sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
proferidas dentro del trámite incidental de desacato en un proceso de tutela
16. A través de la sentencia SU-034 de 201815, la Corte Constitucional condicionó
la procedencia de acción de tutela contra los autos dictados en el marco de un
incidente de desacato, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
“[…] i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone
antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si
es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración
una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes
con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera
que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en
el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no
fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que
practicar de oficio […]”.
VI.5. El caso concreto
17. Laseñora Neila Robles Carrillo solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
14
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Exp.T-6.017.539, M.P. Alberto Rojas Ríos. 3 de mayo de 201.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: Neila Robles Carrillo
vulneración le atribuyó al auto de 5 de diciembre de 2023, proferido por el Tribunal
Administrativo del Tolima, dentro del proceso de acción de tutela con el número
de radicación 73001-23-33-001-2015-00502-00.
VI.5.1 Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
18. En cuanto al requisito de procedencia de relevancia constitucional, cabe recordar
que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental16 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones17.
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales18, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces19.
20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación20, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].
16
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
17
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
18
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
19
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
20
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: Neila Robles Carrillo
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202221 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los
deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: Neila Robles Carrillo
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera
del texto].
22. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202322.
23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales23.
24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso objeto de
estudio, la accionante alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por
haber incurrido en un desconocimiento del precedente jurisprudencial.
25. Como fundamento del aludido defecto indicó que la autoridad judicial se apartó
del criterio jurídico contenido en las sentencias T-147 de 2010 y T-171 de 2009 de
la Corte Constitucional, y de 21 de enero de 2013 de la Corte Suprema de
Justicia.
26. En criterio de la Sala, la presente acción de tutela no cumple con el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional, por las siguientes razones:
(i) la acción de tutela no supera la carga mínima argumentativa; (ii) la parte actora
pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia y busca reabrir la
discusión que fue resuelta por el juez constitucional; y (iii) lo pretendido por el
accionante -esto es que se estudie la inaplicación de una sanción impuesta hace
más de un año en un proceso de acción de tutela- desnaturaliza el principio de
cumplimiento inmediato de los fallos de tutela.
22
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: Neila Robles Carrillo
27. En primer lugar, se pone de relieve que el defecto denunciado en esta
oportunidad consiste en el desconocimiento del precedente. Esta Sección ha
sostenido reiteradamente en su jurisprudencia que quien alegue la configuración
de esta causal específica de procedibilidad tiene la obligación de identificar: “[…]
(i) la providencia desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales
contenidas en la ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser
aplicables al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares […]”24.
28. En efecto, así lo señaló esta Sección en la sentencia de 29 de noviembre de
2021:
“[…] 40.1.1.3. En cuanto al presunto desconocimiento del precedente judicial
mencionado supra, al igual que los demás defectos, para la Sala el actor no
cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar dicho defecto,
toda vez que no indicó específicamente cuales fueron las i) providencias
desconocidas, ii) reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en esas
providencias, y mucho menos argumentó que las iii) situaciones fácticas y los
iv) problemas jurídicos en ambos casos eran análogos o similares.
40.1.1.3.1. En ese orden de ideas, para la acreditación del requisito de
relevancia constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial, no basta con citar de manera genérica la
jurisprudencia del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, sino que
por el contrario, el actor tiene la carga argumentativa de señalar en su escrito
de tutela el cumplimiento de los elementos que permiten configurar la
existencia de un precedente judicial, esto es, i) que identifique el precedente
que a su juicio fue desconocido; ii) que en la ratio decidendi de las sentencias
invocadas por el actor en su escrito de tutela se encuentre una regla
jurisprudencial aplicable al caso a resolver; iii) que esta ratio resuelva un
problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iv) que los
hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
40.1.1.3.2. Esta Sección con ponencia del Consejero de Estado doctor
Roberto Augusto Serrato Valdés en sentencia reciente al resolver un caso en
donde los actores habían considerado que la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial contenido en la
sentencia SU-072 de 2018, consideró que no se había acreditado el requisito
de la relevancia constitucional por falta de carga argumentativa […]”25.
29. Teniendo en cuenta lo anotado, la Sala considera que el defecto de
desconocimiento del precedente denunciado no cumple con la carga
argumentativa mínima, porque omitió identificar las reglas y subreglas
jurisprudenciales contenidas en las decisiones que se enuncian como
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. núm. 11001-03-15-000-2021-06983-
00(AC), C.P. Hernando Sánchez Sánchez; 29 de noviembre de 2021.
25
Ibidem.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: Neila Robles Carrillo
desconocidas. Igualmente, se abstuvo de señalar el por qué las sentencias
presuntamente desatendidas le eran aplicables a la resolución de su caso.
30. En segundo término, la Sección considera que la providencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima no incurrió en una arbitrariedad. En este punto,
se destaca que en el auto de 5 de diciembre de 2023 la autoridad judicial señaló
lo siguiente:
“[…] En este sentido, lo primero que debe precisarse es que la sanción
impuesta a la incidentada, se debió al incumplimiento del numeral anterior,
atendiendo a que, fue ordenado que se garantizara la entrega oportuna y
permanente de las sondas NELATON Nro. 12, conforme prescripción médica,
atendiendo a que el actor como consecuencia de un accidente de tránsito le
generó orquiepididimitis izquierda, fractura de pelvis, trauma de uretra tratada
con cistotomía y uretrotomía, para después tener una derivación continente,
requiriendo en forma permanente realizarse un cateterismo limpio intermitente
cada 3 horas, por lo que estamos frente a un paciente que en forma constante
requiere varias veces al día de unos insumos para proceder a drenar la orina
que se recolecta debido a la derivación urinaria continente, la cual se
almacena dentro del cuerpo del actor pero debe ser drenada a través del
catéter o procedimiento denominado cateterismo cada 3 horas.
Ahora bien, el incidente que resultó en la sanción que aquí se solicita
inaplicar, inició ante el incumplimiento en la entrega de las sondas de
NELATON Nro. 12 para los meses de octubre y noviembre 2022 y enero de
2023, insumos que en el desarrollo del trámite incidental no fueron
suministrados, pues la entrega efectuada el 18 de abril de 2023 correspondió
a una orden o prescripción médica que se emitió en marzo de 2023, según las
pruebas aportadas en ese momento.
Ahora bien, los argumentos de la inaplicación de la sanción, corresponden al
cumplimiento en la entrega de las sondas de NELATON Nro. 12 conforme la
prescripción de los meses de octubre y noviembre y enero de 2023, conforme
se evidencia de acta de entrega que se realizó el 29 de agosto de 2023:
[…]
Conforme a lo anterior, es que la directora del Establecimiento de Sanidad
Militar BAS06 afirmó se [sic] dio cumplimiento a la orden judicial contenida en
el numeral tercero de la providencia 28 de agosto de 2015, inclusive, se dio
cumplimiento mucho después de que se emitió la sanción del 26 de mayo de
2023 y su confirmación en providencia proferida por parte del Consejo de
Estado el 11 de julio siguiente.
Sin embargo, la Sala debe resaltar que la orden judicial tiene una finalidad
específica, y es que los insumos del actor sean entregados en forma
“oportuna y permanente”, ello significa, que cada vez que se emita una
orden médica deberá entregarse en el tiempo y en las cantidades que
determinó el médico tratante y cuando la entidad prestadora lo determine,
comoquiera que los servicios de salud, especialmente, los que requiere una
persona con el grado de afectación física en la que se encuentra el actor son
prioritarios y urgentes para su calidad de vida, y en este evento, a pesar de
que se efectuó la entrega de las sondas de NELATON Nro. 12 que
13
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: Neila Robles Carrillo
corresponden a los meses de octubre, noviembre de 2022 y enero de 2023
solo hasta el mes de agosto de 2023, es evidente que el actor tuvo que
esperar más de 6 meses para su entrega, situación que no es admisible
porque afectó sin duda alguna el tratamiento que debe realizarse varias veces
día [sic], lo que generó que el derecho a la salud del paciente materializado
en la prestación o suministro de las sondas NELATON Nro. 12, se viera
seriamente comprometido.
Es más, el mismo Consejo de Estado sobre este particular al confirmar la
sanción resaltó que “(…) Así, el cabal cumplimiento del fallo presupone que
se entreguen de forma oportuna, mensual, continua, permanente e integral
las sondas Nelaton No. 12 que el accionante requiere de forma diaria. Si
transcurre siquiera un mes sin que se le entreguen las sondas, o el
número de insumos es inferior al requerido, el tratamiento del
accionante y sus derechos fundamentales se pueden ver afectados.”
(…)
Para la Sala no es aceptable que pasen uno o varios meses sin que se
entreguen los insumos necesarios, bajo el entendido de que eventualmente
se reanudará su suministro, pues dada las condiciones médicas del
accionante, este requiere un tratamiento continuo que consiste en un cambio
de sondas cada tres horas. Si bien la finalidad del incidente de desacato es
garantizar el cumplimiento del fallo, más que simplemente sancionar a la
autoridad encargada, lo cierto es que en este caso la imposición de la sanción
permite proteger los derechos del accionante y evita que en futuras ocasiones
se reitere el incumplimiento.”
En ese orden, no es admisible concluir el cumplimiento total de la orden del
numeral tercero, ni mucho menos, inferir la consolidación de la figura del
hecho superado, pues tal como se ha indicado por parte de este Tribunal en
asuntos similares26, esta conducta de cumplir las órdenes después de la
sanción o dentro del trámite incidental en “lugar de servir para el cumplimiento
de órdenes, como se sostiene en ella, la consecuencia es todo lo contrario, es
decir, su incumplimiento. Tal postura desconoce que toda orden implica una
obligación (hacer o omitir), pero dentro de un plazo razonable, es decir que la
oportunidad del hacer u omitir, también hace parte de la orden, oportunidad
que, como en el presente caso, se incumplió sin justificación alguna.”
Conforme a ello, considera la Sala que se cumplió parcialmente la orden
judicial, pues se demostró con gran claridad que la conducta de la Dirección
de Sanidad Militar BAS06 siempre fue alegar su cumplimiento con la entrega
de otros meses de suministro ordenados, por lo que, la entrega real de los
meses de octubre, noviembre de 2022 y enero de 2023 de las sondas
NELATON Nro. 12, se debió al trámite incidental e imposición de sanción, lo
que denota que la entrega no se efectuó dentro de la oportunidad debida, es
más, puede concluirse con claridad que ni siquiera ante la imposición de la
sanción, conducta negligente que precisamente impidió un servicio de salud
en oportunidad, fin primordial de la orden emitida, lo que generó graves
connotaciones en el derecho fundamental a la salud del señor José Alfredo
González Bedoya, máxime cuando el suministro de estos insumos es una
situación que se repetirá en forma mensual, continua, permanente e integral
ante la grave condición de salud del actor.
26
Tribunal Administrativo del Tolima, providencia del 26 de abril de 2023, radicado 73001-33-33-006-2021-00181-02 (056-
2023), Consultas de Incidente de Desacato, Acción Popular. Aclaración de Voto Magistrado Luís Eduardo Collazos Olaya.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: Neila Robles Carrillo
En ese entendido, la Sala negará la solicitud de inaplicación de la sanción
[…]”. [Negrilla y subrayado original del texto].
31. Como se puede apreciar, el Tribunal accionado negó la solicitud de
levantamiento de la sanción porque la orden proferida en el fallo de tutela es de
28 de agosto de 2015 y la sanción por desacato le fue impuesta a la señora Neila
Robles Carrillo mediante auto de 26 de mayo de 2023, confirmado por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, a través de providencia
de 11 de julio de 2023.
32. En efecto las órdenes judiciales por las que fue sancionada la accionante se
emitieron hace más de 8 años y debieron cumplirse de buena fe en un término
perentorio de 48 horas, durante el tiempo en que lo necesite el accionante,
siempre y cuando haya sido prescrito por el médico tratante.
33. En tercer lugar, la acción constitucional de tutela está concebida para la
protección de las garantías fundamentales constitucionales de las personas. De
allí que el artículo 86 superior señale que el fallo dictado en un proceso de tutela
“[…] será de cumplimiento inmediato […]”.
34. El artículo 86 referido, que regula la acción de tutela, señala lo siguiente:
“[…] Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien
se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y,
en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable […]”. [Negrilla fuera del texto]
35. En ese mismo sentido, el artículo 27 del Decreto Ley 2591 de 1991 señala que
“[…] [p]roferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio
deberá cumplirla sin demora […]”.
36. Así las cosas, y al ser la acción de tutela un mecanismo expedito, sumario y
preferente de protección de garantías fundamentales se espera que el
cumplimiento de la orden de amparo sea inmediato a efectos de que haya un
restablecimiento pronto de los derechos conculcados. Es por ello que se
15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: Neila Robles Carrillo
considera que la tesis sostenida por la accionante, que en síntesis pregona que el
cumplimiento del fallo de tutela se puede realizar años después de haberse
proferido la orden judicial, resulta incompatible con la naturaleza de este
mecanismo constitucional.
37. El cumplimiento del fallo de tutela no puede postergarse indefinidamente en el
tiempo dado que ello desnaturalizaría el carácter inmediato y protector de esta
acción y la sanción por desacato perdería su naturaleza conminatoria y
persuasiva por cuanto: “[…] autorizar el levantamiento de las sanciones
ocasionadas por incidentes de desacato cuando el obligado cumpla con lo
ordenado con posterioridad a los términos fijados en la sentencia, puede
convertirse en un estímulo negativo para postergar consistentemente el
cumplimiento de las órdenes de tutela […]”27.
38. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
27
Auto 206 de 28 de abril de 2017. Corte Constitucional. Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02824-00
Accionante: Neila Robles Carrillo
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salva voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.