Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02829-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02829-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02829-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de junio de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02829-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02829-00
Accionante: Nhora Jackeline Chaparro Echeverria, actúa en nombre propio
y en calidad de coordinadora administrativa de la Fundación
Albeiro Vargas y Ángeles Custodios
Accionados: Presidencia de la República y otro
Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos a la vida,
dignidad humana y mínimo vital de 44 adultos mayores de la
Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodios de Bucaramanga, por
demora en la suscripción de convenio de entrega de subsidios
indirectos del programa Colombia Mayor.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Nhora Jackeline
Chaparro Echeverria, quien actúa en nombre propio y en calidad de coordinadora
administrativa de la Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodios de
Bucaramanga, en contra de la Presidencia de la República y el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social.
ANTECEDENTES
La señora Nhora Jackeline Chaparro Echeverria instauró acción de tutela, en aras
de que se amparen los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana
y al mínimo vital de 67 adultos mayores.
HECHOS
Manifestó que la Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodios de
Bucaramanga es una institución privada de carácter civil que atiende a 86 adultos
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mayores bajo la modalidad de bienestar y a 200 adultos más, como centro vida.
Que tiene un cupo aprobado de 49 adultos mayores para el subsidio de Colombia
mayor, de los cuales 44 se encuentran adscritos como beneficiarios y 5 están
pendientes, pues quienes los tenían han fallecido o se han retirado.
Señaló que mediante el Decreto 1833 de 2016 se estableció el programa de
protección social al adulto mayor, mediante un subsidio económico que puede
ser directo o indirecto. Que este último es el que se les entrega a los centros de
bienestar por la suma de $80.000 mensual, por adulto mayor institucionalizado.
Adujo que el 20 de noviembre de 2023 el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social le solicitó a la Fundación la documentación pertinente para el
perfeccionamiento y ejecución del convenio vigencia 2024, la cual se remitió el
21 del mismo mes y año; sin embargo, a la fecha no se tiene “fecha cierta para
la suscripción del tan necesario convenio”.
Afirmó que el “agravante que más perjudica a nuestra institución es que los
recursos correspondientes a los meses en que no se ha firmado convenio (enero,
febrero, marzo, abril y mayo) no generan retroactividad, meses en los que LA
FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS DE Bucaramanga,
SANTANDER sostuvo, alimentó, cuidó al adulto mayor, pagó nómina y demás
gastos administrativos para la prestación de los servicios a los adultos mayores
de manera continua e integral, a pesar de que a la fecha el DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL aún se encuentran (sic)
en mora de ello, con el agravante que no existe la seguridad de una fecha cierta
para la suscripción del tan necesario convenio”.
PRETENSIONES
Solicita se ordene al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 1)
suscribir con la Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodios de Bucaramanga
convenio en la modalidad indirecta para la vigencia 2024; 2) distribuir como una
partida adicional los recursos de los meses en que no se pudo suscribir el
convenio con la Fundación (enero, febrero, marzo, abril y mayo), los cuales a la
fecha equivalen a $17.600.000; 3) ampliar la cobertura de adultos mayores que
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tiene la fundación a 59 cupos.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 6 de junio de 2024 se dispuso su admisión y se ordenó su notificación.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República rindió
informe donde solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, pues no es el responsable del programa “Colombia Adulto Mayor”,
que es supervisado y administrado por el Departamento para la Prosperidad
Social.
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social allegó informe
donde señaló que la señora Nhora Jackeline Chaparro Echeverria no tiene
legitimación en la causa por activa, pues ni esta ni la persona jurídica son
titulares de los derechos que alegan presuntamente vulnerados, los cuales les
pertenecen a los beneficiarios del programa Colombia Mayor, bien sea en la
modalidad de subsidio directo o indirecto.
Por otro lado, adujo que no ha suscrito convenio con la Fundación Albeiro
Vargas y Ángeles Custodios, porque se encuentra en la etapa precontractual.
Además, argumentó que para el giro del pago de los meses de enero a junio se
requiere previamente la suscripción del convenio.
Frente a la ampliación de cupos que tiene la Fundación expuso que la
asignación de estos y de los recursos es mediante acto administrativo y que
actualmente opera conforme a la Resolución núm. 00184 del 24 de enero de
2023, hasta tanto se modifique o se expida un nuevo acto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
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fundamentales de la accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas:
I) legitimación en la causa por activa, II) Programa de protección social al adulto
mayor - Colombia Mayor y III) caso concreto.
i) Legitimación en la causa por activa
En el artículo 86 de la Constitución Política se establece la facultad que tiene
toda persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe
en su nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales. A su vez, en el artículo 10.° del
Decreto 2591 de 1991 se dispone la legitimidad para el ejercicio de la acción de
tutela. La norma indica que esta puede ser presentada: 1. directamente por la
persona que considera vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales;
2. a través de su representante legal; 3. por medio de apoderado judicial; 4. por
agente oficioso y 5. mediante el defensor del pueblo y los personeros
municipales.
En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien
presenta la acción de tutela se encuentra legitimado en la causa por activa, pues
de no ser así deberá declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el
fondo del asunto. En relación con la agencia oficiosa, de relevancia para el
presente asunto, es preciso indicar que, por regla general, para que aquella se
configure deben cumplirse los siguientes requisitos: a) el agente oficioso debe
manifestar que actúa como tal y b) debe demostrarse la circunstancia real de
que el agenciado, esto es, el titular del derecho no está en condiciones físicas
o mentales para promover su defensa.
Además, la Corte ha establecido algunos requisitos para determinar si el titular
de los derechos fundamentales no está en condiciones de promover su propia
defensa1, veamos:
“(…) que el agente manifieste actuar en esa calidad y, por otro lado, que el titular
de los derechos presuntamente conculcados no esté en condiciones físicas o
mentales para promover su propia defensa. Dicha manifestación, en todo caso,
puede ser explícita o inferida de la demanda de tutela, lo que quiere decir que la
1 Corte Constitucional, T 066 de 2020
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exigencia se cumple bien sea porque el agente afirme desempeñarse en cuanto
tal o porque los hechos puestos de presente o las pruebas revelen que es a través
de ese mecanismo que se quiso dirigir la acción. Y, de otra parte, la imposibilidad
del titular de los derechos supuestamente lesionados puede ser físico, mental o
derivado de circunstancias socioeconómicas, tales como el aislamiento
geográfico, la situación de especial marginación o las circunstancias de
indefensión en que se encuentre el representado, de ahí que la verificación de
que el agenciado no le era razonablemente posible reclamar la protección de sus
derechos dependa siempre de la apreciación de los elementos del caso (…)”.2
II) Programa de protección social al adulto mayor - Colombia Mayor
El programa de protección social al adulto mayor se creó a partir de la Ley 797
de 2003, tiene como objeto aumentar la protección a los adultos mayores que se
encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la
indigencia o en situación de extrema pobreza, a través de la entrega de un
subsidio 1) directo, que se gira al beneficiario3 o 2) indirecto, el cual se da a través
de las instituciones destinadas a la protección, hospedaje y/o al ofrecimiento de
cuidado, bienestar social e integral, asistencia social de los adultos mayores,
denominados los Centros de Bienestar del Adulto Mayor (“CPSAM” o “CBA”),
Centros Diurnos (“CD” o “CV”), Resguardos Indígenas o a través del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (“ICBF”), que en conjunto se denominan ESAL.
La selección de los centros de protección social al adulto mayor, los cupos y los
recursos que se les asignan a los elegidos se realiza a través de acto
administrativo, actualmente esto se dispuso mediante la Resolución núm. 00184
de 24 de enero de 2023.
El Departamento Administrativo de Prosperidad Social es quien administra y
opera el programa Colombia Mayor de forma autónoma y sin el concurso de
sociedad fiduciaria alguna. De ahí que, para la entrega de los subsidios indirectos
se requiere suscribir convenios con las ESAL, para lo cual se realiza un proceso
competitivo de selección, de conformidad con el artículo 4.° del Decreto 92 de
20174.
2 Corte Constitucional ver Sentencias T-926 de 2011 y T-096 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva).
3 Artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016.
4 “En el proceso competitivo la Entidad Estatal deberá cumplir las siguientes fases: (i) definición y publicación
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III) Caso concreto
La señora Nhora Jackeline Chaparro Echeverria, en nombre propio y en calidad
de coordinadora administrativa de la Fundación Albeiro Vargas y Ángeles
Custodios de Bucaramanga, solicitó la protección de los derechos fundamentales
a la vida, a la dignidad humana y al mínimo vital de 67 adultos mayores, que
hacen parte del programa de adultos mayores, pero no han podido acceder al
pago del subsidio indirecto, ya que Prosperidad Social a la fecha no ha suscrito
convenio con la institución.
Pues bien, de las pruebas aportadas observa la Sala lo siguiente:
• Mediante la Resolución núm. 00184 de 24 de enero de 2023 se le asignó 49
cupos a la Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodios de Bucaramanga para
la entrega de subsidios indirectos del programa de Protección Social.
• La Fundación actualmente tiene 44 adultos mayores en el programa, los cuales
son: María Dolores Chacón Traslaviña, Rosa Arminda Suárez Mendoza, María
Dolores Caballero, Pascual Gómez Jaimes, Arnulfo Nieto Riaño, Arcila Álvarez
de Bueno, Lucia Acelas Sierra, Jorge Eliecer Bobadilla López, María Ríos, María
del Rosario Guarín, Pedro Alejandro Chaparro Murillo, Pedro José Medina, María
Inés Saavedra, Blanca Azucena Castilla Santos, Joaquin Basto Guarín, Luz
Amparo Sánchez Parra, Ermelina Aceros Baez, Alcira Tarazona Figueroa, Ana
Florida Sepúlveda de Rangel, Cruzdelina Acosta Luna, Marín Aurelio Méndez
Caña, Héctor Manuel Londoño Ramírez, Grisela Solano Solano, Bernardina Díaz
Jaimes, Enrique Rueda, Francisco Chacon Chacon, Jaime Suárez García, María
del Carmen Páez, Lucila Quintero Quesada, Elvira Delgado Arcila, Barbara Luna
Barrios, Ana Hilda Otalvaro Gallo, Flor Carvajal de Méndez, Néstor Infante
Castillo, Julio Contreras Vega, Teresa Becerra de Congota, Juana Moreno, José
Yesid Jaimes Fernández, Alcira Ramos Gaitán, Aquilina Duarte Mosquera, María
de los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía y de manejo del Riesgo y los
criterios de ponderación para comparar las ofertas; (ii) definición de un plazo razonable para que las
entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad presenten a la Entidad Estatal sus ofertas y
los documentos que acrediten su idoneidad, y (iii) evaluación de las ofertas por parte de la Entidad Estatal
teniendo en cuenta los criterios definidos para el efecto”.
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Juana Sepúlveda, Placido Lizcano Osorio, Jesús María Salcedo Tarazona y
Pedro José Jaimes Acuña.
• La Fundación y el Departamento para la Prosperidad Social suscribieron en el
año 2023 convenio cuyo objeto era “Prestar los servicios sociales básicos a los
beneficiarios del PROGRAMA COLOMBIA MAYOR a través de la ESAL, con la
entrega del subsidio económico indirecto”.
• El 20 de noviembre de 2023 Prosperidad Social le envió un correo a la
Fundación donde la requirió para “iniciar el proceso precontractual de recolección
de documentos para la suscripción de convenios con los CPSAM para la vigencia
2024”. Información que fue remitida el 21 del mismo mes y año y el 15 de marzo
de 2024 por parte del representante legal de la institución.
Al respecto, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en el
informe que rindió manifestó que “NO ha sido suscrito Convenio aún con ningún
CPSAM en todo el país, dentro de ellos se (sic) FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS
Y ÁNGELES CUSTODIOS - ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA
PRECONTRACTUAL”.
En esa medida, la Sala no evidencia que en el asunto se acredite la figura de la
agencia oficiosa, ya que, si bien se aporta la copia de las cédulas de 44 adultos
mayores, lo cierto es que no se acredita siquiera con prueba sumaria que estos
no estén en condiciones de promover su propia defensa, por una discapacidad
física o mental o que se encuentren en una situación de especial marginación o
de indefensión.
Tampoco se encuentra que se vulneren los derechos fundamentales propios de
la actora, en la medida que esta no es la titular de los derechos que reclama,
pues los beneficiarios del subsidio indirecto del programa adulto mayor son los
adultos mayores en situación de pobreza extrema y sin acceso a una pensión.
Ahora, si bien el pago no se da de manera directa al favorecido, sino que se
entrega a través de los centros de bienestar del adulto mayor, en este caso a la
Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodios de Bucaramanga, esto no
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convierte a la institución en titular de los derechos y, menos a la señora Chaparro
en su calidad de coordinadora administrativa.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por activa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora
Nhora Jackeline Chaparro Echeverria, por falta de legitimación en la causa por
activa, conforme a la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
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RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC
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