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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02832-01

Fecha
8 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02832-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad presentada por la parte actora, con fundamento en los artículos 136-parágrafo y 133 numerales 2 y 5 del Código General del Proceso. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e interesados por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02832-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

8 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02832-01
Accionante: Camilo Torres Leguizamón como representante de la
«Asociación U Organización de Víctimas Caminos de Prosperidad – Ov Caminos»

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-02832-01
Accionante: Camilo Torres Leguizamón como representante de la
Asociación u Organización de Víctimas Caminos de
Prosperidad – Ov Caminos
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela.

Tema: Acción de tutela.
Subtema 1: Derecho de petición. Derecho a la igualdad de trato.
Subtema 2: No constituye hecho superado, sino un simple cumplimiento de sentencia, la conducta
que acata la orden impartida por el juez de primera instancia que ampara derechos fundamentales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora y la Unidad
Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas en contra de la
sentencia proferida el 26 de septiembre de 2024 por la Sección Quinta del Consejo
de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Camilo Torres Leguizamón, como representante de la Asociación u Organización
de Víctimas Caminos de Prosperidad – Ov Caminos, radicó escrito de tutela en
procura de la protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, a la reparación integral y al
patrimonio, que consideró vulnerados por el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, hoy,
Agencia Nacional de Tierras – ANT, la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Sociedad de Activos Especiales
– SAE, por no decidir de fondo la petición del 24 de abril de 2024 y por aparentes
irregularidades en el trámite de adjudicación de predios con destino a la reparación
de víctimas del conflicto armado.

1.2. Hechos.

El actor informó que, el 28 de marzo de 2019, un grupo de víctimas del conflicto
armado conformaron la organización denominada “Caminos de Prosperidad – Ov
Caminos”, en adelante, Ov Caminos, con el fin de gestionar recursos materiales e
inmateriales para los núcleos familiares integrantes, así como la consecución de un
terreno para implementar los proyectos productivos.

Indicó que existe una organización similar denominada “Asociación de Desplazados
Esperanza y Paz – Asodepaz”, a quien le fue adjudicado un predio en el municipio
de Monterrey, Casanare, pese a que sus miembros no hacían parte de la región, lo
que desató un conflicto social en la zona.

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«Asociación U Organización de Víctimas Caminos de Prosperidad – Ov Caminos»

Informó que Asodepaz presentó demanda de tutela en contra del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, la ANT, la UARIV y otros, a la que
correspondió el radicado núm. 11001-33-97-039-2015-00236-00, en la que el
Juzgado Treinta y Nueve Administrativo Oral de Bogotá ordenó el amparo de su
derecho fundamental al debido proceso y ordenó comunicar a la asociación un
cronograma con las actividades y fechas de conclusión de los procedimientos
adelantados en relación con la entrega de tierras ubicadas en el municipio de
Vergara, Cundinamarca, a las familias integrantes.

Camilo Torres Leguizamón, en calidad de representante de Ov Caminos, radicó los
siguientes escritos de petición:

• Petición remitida el 1 de abril de 2019 a la Agencia Nacional de Tierras, con
la que solicitó i) informar el trámite o procedimiento que se debe adelantar
para que las víctimas del conflicto armado puedan ser destinatarias de la
adjudicación de predios en la jurisdicción del municipio de Monterrey,
Casanare, con el fin de dar desarrollo a los proyectos productivos; ii)
acompañamiento para adelantar el trámite administrativo; iii) identificar las
entidades ante quienes se debe pedir la asignación de recursos con destino
a los proyectos productivos.

• Petición del 7 de febrero de 2024, radicada ante la Secretaría de Gobierno y
Convivencia Ciudadana del municipio de Monterrey, Casanare, con la que
solicitó, dar traslado a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio del
Interior de toda la documentación aportada por Ov Caminos, para ser tenida
en cuenta en la mesa técnica cuya realización se previó para el 20 de febrero
del mismo año. Esto, en consideración a que tales pruebas demuestran la
necesidad urgente de adquisición de predios para el inicio de los proyectos
productivos y la aplicación de un criterio de priorización al momento de la
adjudicación.

• Petición enviada el 24 de febrero de 2024 a la alcaldía de Monterrey,
Casanare1, a la Personería Municipal, a la Defensoría del Pueblo – Regional
Casanare, a la Alcaldía de Sabanalarga, Casanare, a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
a la Agencia Nacional de Tierras, a la Gobernación de Casanare, a la Unidad
de Restitución de Tierras, a la Presidencia de la República, a la Dirección
Seccional de Fiscalías de Casanare y al Juzgado Treinta y Nueve
Administrativo Oral de Bogotá.

En esta oportunidad, solicitó i) hacer entrega del expediente que contiene el
trámite de adjudicación del predio “El Vergel”; ii) revocar los actos
administrativos a través de los cuales se adjudicó el predio a Asodepaz, y
que, en su lugar, se disponga su entrega a los miembros de OV Caminos; iii)
aplicar los efectos del silencio administrativo positivo en relación con la
petición con radicado PMM – 150-2024, con la consecuente suspensión de
los efectos del acto de adjudicación del predio “El Vergel” a favor de
Asodepaz, mientras se decide de fondo la petición de revocatoria; iv) hacer
entrega en copia del expediente de tutela cuyo trámite correspondió al
Juzgado Treinta y Nueve Administrativo Oral de Bogotá.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela

1 Con destino a las siguientes dependencias: Enlace municipal de víctimas, Secretaría de Gobierno,

Seguridad y Convivencia, Oficina Asesora de Planeación, Inspección de Policía,
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Camilo Torres Leguizamón, en calidad de representante de Ov Caminos, solicitó se
amparen sus derechos fundamentales, y i) se ordene decidir de fondo la petición
del 24 de abril de 2024 “que contiene la solicitud de resolverse otros petitorios como
el de fecha de 07 de febrero de 2024 y 01/03 de abril de 2019 a la ANT” (sic); ii) se
disponga la vinculación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (SNARIN), al proceso administrativo de acceso y entrega de tierras a
favor de OV Caminos en los municipios de Monterrey, Sabanalarga y Tauramena,
Casanare, con el fin de que realice las actuaciones pertinentes en pro de la garantía
y protección de los derechos de las víctimas; iii) decretar la nulidad o revocatoria
del trámite administrativo de adjudicación del predio “El Vergel” o de otros inmuebles
a cuya entrega tienen derecho las víctimas y campesinos de Monterrey y
Sabanalarga, Casanare.

La parte actora expuso tres cargos como fundamento de sus pretensiones.

Primer cargo. Consideró vulnerados sus derechos a la igualdad y a la reparación
integral de los miembros integrantes de Ov Caminos, dado que la Agencia Nacional
de Tierras, la Presidencia de la República y el Sistema Nacional de Reparación y
Atención Integral a las Victimas – SNARIV, adjudicaron tierras a familias que residen
fuera del departamento de Casanare, como es el caso de quienes conforman
Asodepaz.

Segundo cargo. Afirmó que la Agencia Nacional de Tierras trasgredió su derecho
al debido proceso, “al apartarse de la ley o no aplicar los compromisos
administrativos derivados de la cosa juzgada resuelta en una acción de tutela con
radicación 11001-33-97-039-2015-00236-00/01 que se tramitó en el Juzgado 39
Administrativo de Bogotá, para que se le entregara por el INCODER tierras en el
municipio de Vergara Cundinamarca a familias que integran la asociación
ASODEPAZ”.

Lo anterior, comoquiera que hizo entrega a Asodepaz de algunos predios ubicados
en los municipios de Sabanalarga y Monterrey, Casanare, y esto afectó el derecho
de acceso a la propiedad de tierras de los integrantes de Ov Caminos.

Tercer cargo. Expuso que varias de las entidades destinatarias de las peticiones
del 1 de abril de 2019, 7 de febrero y 24 de abril de 2024, no han brindado una
respuesta de fondo, por lo que lesionaron su derecho de petición.

1.4. Trámite en primera instancia e intervenciones.

1.4.1. Mediante auto del 7 de junio de 2024 la Sección Quinta del Consejo de Estado
inadmitió la solicitud de amparo.

La parte accionante presentó escrito de subsanación, y en consecuencia, el 24 de
junio de 20242, la referida Sección admitió la acción de tutela en contra del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, INCODER, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, UARIV y la Sociedad de Activos Especiales,
SAE; y vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso a la Agencia
Nacional de Tierras (ANT), al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral
de Víctimas (SNARIV), a la Presidencia de la República - Enlace Municipal de
Víctimas, a las Secretarías de Gobierno, Seguridad y Convivencia, a las Oficinas
Asesoras de Planeación e Inspección de Policía, a las Personerías y alcaldías de
los municipios de Monterrey, así como de Sabanalarga y Tauramena (Casanare), a
la Gobernación de Casanare, del Meta y de Cundinamarca, al Juzgado 39
2 Índice 0020 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia.

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Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, a la Unidad de Restitución de
Tierras (URT), a la Dirección Seccional de Fiscalías de Casanare, a la Fiscalía
General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, a la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, a la
Consejería Presidencial para las Regiones, al Programa Presidencial de Derechos
Humanos, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Ministerio
de Protección Social, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Defensoría
Regional de Casanare, a los colectivos de campesinos que pertenecen a las
veredas de El Vergel, La Unión y Argelia en el departamento de Casanare, a la
Sociedad de Activos Especiales, al señor Carlos Iván Díaz Solano [ex alcalde el
municipio de Monterrey, Casanare].

Con auto del 22 de agosto de 20243, se ordenó la vinculación de la Asociación de
Desplazados Esperanza y Paz – Asodepaz, la oficina de Desarrollo Comunitario del
departamento de Casanare, la Agencia Nacional de Tierras – departamental
Casanare, la delegada para asuntos agrarios y tierras de la Defensoría del Pueblo,
de Cristian Monroy, Carlos Alberto Arrieta Carmona, la Dirección de Acceso a
Tierras de la ANT, los municipios de Vergara y la Vega, Cundinamarca.

1.4.2. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá4 indicó que no
existe fundamento para su vinculación al presente trámite, y que en la demanda de
tutela no evidenció ningún argumento dirigido a demostrar que su acción u omisión
es vulneradora de los derechos de la parte actora.

1.4.3. La Procuraduría General de la Nación5 formuló la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, bajo el argumento de que las peticiones sobre
las cuales se solicitó el amparo constitucional, no se radicaron ante la entidad.

1.4.4. La Secretaría de Derechos Humanos y Paz del departamento del Meta6
expuso que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora, puesto
que la acción de tutela no se dirige en su contra, sino contra la Presidencia de la
República, la Agencia Nacional de Tierras, la Sociedad de Activos Especiales, el
departamento del Casanare y los municipios de Sabanalarga y Monterrey, con
ocasión de la falta de respuesta a la petición del 24 de abril de 2024,

1.4.5. La Dirección Seccional de Fiscalías de Casanare7, a través de la Fiscalía
Tercera Especializada de Yopal, informó sobre la existencia de la investigación con
radicado núm. 850016001172202310384 iniciada por el delito de amenazas, con
ocasión de la denuncia presentada por Camilo Andrés Leguizamón pero, aclaró que,
no encontró ninguna petición que haya sido radicada por el aquí accionante en dicho
procedimiento.

1.4.6. La Presidencia de la República8 indicó que dio respuesta oportunamente a
todas las peticiones de la parte accionante, lo que se prueba con el mensaje de
datos enviado el 27 de junio de 2024. Agregó que, en todo caso, no tiene
competencia para atender los reclamos del accionante y que no tiene injerencia
sobre las actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras, entidad encargada de
gestionar las políticas de propiedad rural.

3 Índice 0072 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia.
4 Índice 0030 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia.
5 Índice 0033 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia.
6 Índice 0038 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia.
7 Índice 0039 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia.
8 Índice 0040-0053-0054-0055 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia

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1.4.7. La Sociedad de Activos Especiales9 afirmó que no tiene conocimiento sobre
alguna petición que haya radicado la parte actora, y que, por tanto, no está probada
la vulneración denunciada en el escrito de tutela, y puso de presente que, conforme
a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, la información solicitada se encuentra
amparada por reserva legal. En consecuencia, solicitó se nieguen las pretensiones.

1.4.8. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social10 indicó que
luego de consultado el sistema documental no encontró peticiones o requerimientos
radicados por el señor Camilo Torres Leguizamón en calidad de representante de
Ov Caminos. Agregó que la entidad no cuenta con competencia en relación con las
asignaciones en materia de vivienda rural, y que, en lo atinente a la reparación de
las víctimas, las funciones quedaron en cabeza de la UARIV.

Precisó que si bien en la sentencia proferida en el marco de la acción de tutela con
radicado núm. 11001-33-97-039-2015-00236-00/01, el Juzgado Treinta y Nueve
Administrativo de Bogotá dispuso ordenes dirigidas al DPS, la decisión fue objeto
de modificación por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien eliminó la
orden en concreto.

1.4.9. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas11 explicó que la petición sobre la que gravitó la solicitud de
amparo fue remitida por el enlace de víctimas de la alcaldía de Monterrey, pero no
fue radicada a través del buzón electrónico habilitado para ello
(servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co).

Indicó que no incurrió en vulneración al derecho de petición, pues a través de las
respuestas número 2024-1017143-1 y 2024-1167292-1, se atendieron las
solicitudes planteadas por el accionante en cada escrito.

1.4.10. La Agencia Nacional de Tierras12 informó que a la petición del 24 de abril
de 2024 se dio respuesta mediante oficio núm. 202440006813001 de 8 de mayo de
2024, remitido al correo suministrado por el peticionario con la guía de envió No.
298399.

En relación con el proceso de adjudicación del predio “El Vergel” adujo que se
encuentra en “etapa preliminar” lo que implica la creación del expediente y
recolección de documentos técnico-jurídicos y la verificación del registro de los
sujetos de ordenamiento social de la propiedad rural postulados por la Asodepaz;
además, que en desarrollo de esta etapa se expidieron los siguientes actos
administrativos:

• Resolución núm. 202440004513916 de 20 de junio de 2024, “por medio del
cual se adelanta procedimiento de actualización de linderos con efectos
registrales del predio rural denominado “El Vergel”, identificado con folio de
matrícula inmobiliaria No. 470-14427, ubicado en el municipio de Monterrey-
Sabanalarga, vereda registral Iguaro, departamento de Casanare, dentro del
expediente No. 202440003401400006E.

• Resolución núm. 202440004513896 de 20 de junio de 2024 “por medio del
cual se adelanta procedimiento de actualización de linderos con efectos
registrales del predio rural denominado “La Unión y La Argelia”, identificado
con folio de matrícula inmobiliaria No. 470-15389, ubicado en el municipio de

9 Índice 0041 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia
10 Índice 0042 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia.
11 Índice 0043 - 0061 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia
12 Índice 0044-0079 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia

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Monterrey - Sabanalarga, vereda registral Gileña; catastral Iguaro y San
Pedro, departamento de Casanare, dentro del expediente
No.202440003401400007E.

Destacó que en el marco del procedimiento -que se encuentra vigente-, no ha
expedido actos administrativos de adjudicación de predios, debido al desarrollo de
la etapa preliminar, y que, en todo caso, se requiere efectuar el estudio de valoración
de las condiciones físicas de los bienes inmuebles.

Afirmó que no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, dado que dio
respuesta a cada uno de los requerimientos que le fueron allegados, por lo que
solicitó declarar improcedente la acción de tutela.

1.4.11. La Agencia de Desarrollo Rural13, indicó que no encontró evidencia de
radicación de la petición a la que aludió la parte actora, sino que, las pruebas dan
cuenta que el escrito del 24 de abril de 2024 se dirigió a la Agencia Nacional de
Tierras. En consecuencia, solicitó desestimar las pretensiones de la acción.

1.4.12. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas14, pidió declarar improcedente la acción de tutela, pues, en su
concepto, se configuran las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva e inexistencia del hecho vulnerador invocado por el actor.

Lo anterior, como quiera que luego de consultado el buzón electrónico
atencionalciudadano@urt.gov.co (único canal para recibir peticiones) no se
encontró ninguna solicitud a nombre de Camilo Torres Leguizamón y/o OV
Caminos.

1.4.13. La Defensoría del Pueblo – Regional Casanare15 indicó que recibió la
petición del 24 de abril de 2024, pero que la remitió por competencia a la Agencia
Nacional de Tierras el 14 de junio siguiente. Agregó que, con memorando 001/PC-
DPRC-2024- RADICADO NO. 202400601000040923, solicitó la intervención de la
Delegada para Asuntos Agrarios, por lo que la entidad no ha incurrido en
vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

1.4.14. El municipio de Monterrey, Casanare16 indicó que en el escrito de tutela
no se incluyeron razones tendientes a demostrar una vulneración de derechos
fundamentales atribuible al ente territorial, por acción ni por omisión.

1.4.15. El municipio de Sabanalarga, Casanare17 manifestó que las pretensiones
de la solicitud de amparo no le son oponibles pues no cuenta con legitimación por
pasiva, bajo el entendido que la vulneración al derecho de petición se atribuyó a la
ANT y a la UARIV.

1.4.16. El departamento de Casanare18 comunicó que el 6 de junio de 2024 dio
respuesta a la petición del 24 de abril del mismo año, en la que puso de presente
que, dentro de sus competencias y facultades, no está en capacidad de satisfacer
lo solicitado, dado que la competencia radica en la Agencia Nacional de Tierras -
ANT, quien adelanta todo el proceso de adjudicación de predios.

13 Índice 0046 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia
14 Índice 0047 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia
15 Índice 0048 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia
16 Índice 0050-51 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia
17 Índice 0056 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia
18 Índice 0057 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia

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1.4.17. El departamento del Meta19 expuso que el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social es el llamado a pronunciarse sobre las pretensiones de
la acción de tutela, en el entendido que la parte actora dirigió sus argumentos contra
dicha entidad, y de igual forma, ante ella fue radicada la petición sobre la que versó
este asunto.

1.4.18. La Defensoría del Pueblo – Delegada para los Asuntos Agrarios y
Tierras20, indicó que desde el año 2017 ha brindado acompañamiento a Asodepaz,
y que, en efecto, ha sido priorizada para acceder a la adjudicación de bienes con el
fin de lograr la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Explicó que
esta priorización obedeció a un proceso de exigibilidad de derechos promovido
directamente por los integrantes de dicha organización, quienes también
adelantaron la acción de tutela que fue decidida por el Juzgado Treinta y Nueve
Administrativo de Bogotá con un fallo favorable a sus pretensiones, que contiene
órdenes como elaborar un cronograma con actividades y fechas de conclusión de
los procedimientos que les correspondía adelantar para atender las pretensiones de
acceso a tierras, reubicación e implementación de proyectos productivos.

Expuso que, en el año 2017, la Sociedad de Activos Especiales y la Agencia
Nacional de Tierras informaron los avances administrativos frente a tres (3) predios
ubicados en el municipio de Puerto López, Meta, que habían sido objeto de extinción
de dominio; no obstante, estos se encontraban ocupados por otras familias
campesinas que también solicitaron el reconocimiento del derecho de propiedad
sobre tales tierras. Por tanto, a efecto de acatar la orden de tutela del Juzgado
Treinta y Nueve Administrativo de Bogotá, se resolvió identificar otros bienes
inmuebles con el objetivo de cumplir los compromisos de acceso a los predios para
los integrantes de Asodepaz.

Por ende, el 14 de agosto de 2017 la Agencia Nacional de Tierras ofertó una serie
de predios a la mencionada asociación y se formalizó la aceptación de los
denominados “La Martica Lote 2”, “La Galicia”, “El Refugio Lote 2” y “El Japón”,
todos ellos ubicados en el municipio de La Dorada, Caldas. Así, una vez recibió
materialmente los predios, dio aplicación a los parámetros del acuerdo 349 de 2014
en relación con la selección y adjudicación directa a favor de los integrantes de
Asodepaz y celebró un comité en el que se priorizaron 40 integrantes en función de
la unidad agrícola familiar definida dentro del esquema de los proyectos productivos
a implementar.

Mencionó que, en reunión de 18 de abril de 2023, convocada por la ANT y contando
con la SAE, ASODESPAZ presentó el resultado de los análisis técnicos y jurídicos
realizados a los inmuebles identificados con folio de matrícula inmobiliaria 420-
14427 y 420-15389, que conforman el predio de mayor extensión denominado
“Hacienda El Vergel”, ubicados en la vereda Iguaro del municipio de Monterrey,
Casanare, a fin de avanzar en una posible adjudicación a favor de la asociación
campesina y desplazada.

Por otro lado, precisó que en el escrito de tutela no se mencionó que Ov Caminos
hubiese solicitado la adjudicación del predio “El Vergel” ubicado en el municipio de
Monterrey, Casanare, y tampoco se observaron antecedentes de ocupación del bien
inmueble por parte de sus miembros, sin embargo, informó que la organización ha
solicitado a la ANT la activación del programa de acceso a tierras en su favor, sin
que esto haya sido atendido en debida forma.

19 Índice 0077 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia
20 Índice 0078 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia

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«Asociación U Organización de Víctimas Caminos de Prosperidad – Ov Caminos»

1.4.19. El municipio de Vergara, Cundinamarca21, solicitó se declare
improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva,
dado que no tiene injerencia ni autoridad sobre los procesos de asignación de
tierras.

Dentro del trámite de la primera instancia, se observa que el expediente ingresó al
despacho el 11 de septiembre de 202422, y el 25 de septiembre siguiente se
presentó manifestación de impedimento por uno de los integrantes de la Sección
Quinta del Consejo de Estado23, el que fue declarado infundado a través de
providencia del 26 de septiembre siguiente24.

1.5. Sentencia de tutela de primera instancia

La Sección Quinta del Consejo de Estado dictó fallo el 26 de septiembre de 202425
en el que resolvió lo siguiente:

1.5.1. Negó el amparo en lo atinente a la vulneración del derecho a la igualdad, a
la reparación integral, al debido proceso y el acceso a la propiedad de tierras, por la
adjudicación de predios a favor de los integrantes de Asodepaz [primer y segundo
cargo].

Consideró el a quo que la adjudicación de predios a Asodepaz no quebrantó los
derechos invocados por Ov Caminos, dado que esto obedeció al cumplimiento del
fallo de tutela proferido por el Juzgado Treinta y Nueve Administrativo de Bogotá en
el marco de la acción de tutela con radicado núm. 11001-33-97-039-2015-00236-
00; además, en desarrollo del trámite de seguimiento se verificó la imposibilidad de
hacer entrega de terrenos ubicados en Cundinamarca, lo que justificó la variación
hacia las tierras de Casanare, ya que la restitución a las familias beneficiarias de la
orden constitucional se debía resolver con oferta de otros predios, y su situación no
podía prolongarse en el tiempo.

Destacó que, a través del informe que presentó, la Agencia Nacional de Tierras
precisó que el proceso de adjudicación de terrenos se llevó a cabo con atención a
los lineamientos del Decreto 1071 de 2015, con ocasión de los compromisos
adquiridos por el gobierno nacional en el año 2016 y en razón al fallo de tutela antes
mencionado.

A partir de lo anterior, indicó que la adjudicación a los integrantes de Asodepaz
obedeció a que habían iniciado con antelación un proceso de exigibilidad para
obtener un plan de atención en punto a la reparación del daño ocasionado por el
conflicto armado, que contó con actuaciones para que avanzara el proceso de
restitución de tierras, y este fue el motivo de la expedición de un acta de liquidación
que hizo que se diera apertura a las mesas de trabajo que lideró la Consejería para
los Derechos Humanos con el objeto de dar solución a la tardanza de la adjudicación
de predios a dicha asociación.

Agregó que, conforme a la información aportada por la Agencia Nacional de Tierras,
el procedimiento respecto de los predios “El Vergel”, “La Unión” y “La Argelia”
ubicados en la jurisdicción del municipio de Monterrey, Casanare, sobre los cuales
Ov Caminos manifestó tener interés, se encuentra en etapa preliminar [artículos 23
y 27 de la Resolución número 20230010000036 de 2023],y que en todo caso, se

21 Índice 0093 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia
22 Índice 0094 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia
23 Índice 0095 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia
24 Índice 0098 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia
25 Índice 0099 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia

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encuentra respaldado por los lineamientos del Decreto 1071 de 2015, el fallo de
tutela, y las actuaciones previas de los integrantes de Asodepaz.

Precisó que, a través de la Resolución núm. 230 de 2023, la ANT recibió por
transferencia los predios “El Vergel” y “La Unión”, de los que hizo entrega provisional
con destinación específica a Asodepaz el 1 de diciembre de 2023, sin que se hayan
expedido los actos administrativos definitivos de adjudicación, y concluyó que “en el
presente asunto la ANT con las actuaciones llevadas a cabo sobre terrenos
ubicados en el departamento del Casanare, en particular sobre el predio El Vergel,
no ha vulnerado las garantías fundamentales de OV CAMINOS, pues las mismas
obedecen al cumplimiento de un fallo judicial”.

Finalmente, destacó que la parte actora debe adelantar, al igual que lo hizo
Asodepaz desde el año 2012, todo el procedimiento administrativo para la
adjudicación de los terrenos, de conformidad con las etapas previstas en el capítulo
5 del Decreto 1071 de 2015; además, resaltó que el artículo 2.14.10.5.10 del mismo
decreto previó la figura de la “oposición de la adjudicación” cuyo trámite se explica
en el artículo 2.14.10.5.11.

1.5.2. Concedió el amparo del derecho fundamental de petición [tercer cargo], y
ordenó lo siguiente:

A la Agencia Nacional de Tierras, responder de manera clara y concreta la petición
del 1 de abril de 2019. Esto, por cuanto la entidad no aportó prueba de haber
proferido y notificado la respuesta de fondo.

A la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia del municipio de Monterrey,
Casanare, responder de manera clara y concreta la petición del 7 de febrero de
2024, o, en el evento de no ser de su competencia, aplicar lo dispuesto en el artículo
21 de la ley 1755 de 2015. El a quo indicó que, en este trámite constitucional, dicha
dependencia no aportó prueba de la respuesta, a pesar de que a la petición se le
asignó el número de radicado interno 202462002129862.

Al departamento del Casanare, remitir la petición del 24 de abril de 2024 a la
Agencia Nacional de Tierras. Esto, por cuanto, pese a que acreditó haber dado
respuesta a la parte actora el 6 de junio de 2024 informando que no contaba con
competencia, no demostró el envío de la petición a la autoridad competente.

A la Defensoría del Pueblo – Regional Casanare, enviar las comunicaciones en las
que remitió la petición del 24 de abril de 2024 al correo electrónico de la parte actora.
Esto, debido a que, aunque mediante memorando 001/PC-DPRC-2024-
RADICADO NO. 202400601000040923 solicitó a la Delegada para Asuntos
Agrarios y de Tierras una intervención respecto de lo solicitado por Ov Caminos, lo
cierto es que no aportó prueba de la notificación de tal actuación al señor Camilo
Torres Leguizamón, quien funge como representante de la organización.

A la Presidencia de la República, al enlace municipal de víctimas de la alcaldía de
Monterrey, Casanare, a la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia de la
alcaldía de Monterrey, Casanare, a la Oficina Asesora de Planeación de alcaldía de
Monterrey, Casanare, a la Inspectora de Policía de Monterrey, Casanare, al alcalde
municipal de Sabanalarga, Casanare, a la Unidad de Restitución de Tierras
Despojadas, al Director Seccional de Fiscalías de Casanare y al Juzgado 39
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, responder de manera clara y concreta
la petición del 24 de abril de 2024, o, en el evento de no ser de su competencia,
aplicar lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 1755 de 2015.

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Frente a la Presidencia de la República, encontró el a quo que, si bien informó que
el 25 de julio de 2024 dio respuesta a la parte actora, esta corresponde a un
requerimiento diferente al del 24 de abril de 2024.

En relación con las demás entidades, precisó que no aportaron prueba que
demuestre que decidieron de fondo dicha petición.

1.5.3. Negó el amparo del derecho fundamental de petición, en relación con la
solicitud del 24 de abril de 2024, respecto de la Agencia Nacional de Tierras y la
Personería de Monterrey, Casanare.

El a quo precisó que mediante oficio con radicado núm. 20240006705961 del 26 de
abril de 2024, la Agencia Nacional de Tierras dio respuesta al actor y le precisó que
los interrogantes que son de su competencia ya habían sido decididos en el espacio
de socialización del 22 de marzo de 2024 y en la respuesta emitida por medio del
radicado 202440006705961.

Agregó que la entidad i) explicó a los integrantes de Ov Caminos que el proceso de
adjudicación a favor de Asodepaz se derivó de los compromisos adquiridos por el
gobierno nacional, y con el fin de cumplir el fallo de tutela proferido por el Juzgado
Treinta y Nueve Administrativo Oral de Bogotá; ii) anexó copia de la consulta de
cada predio que da cuenta de la tradición y su naturaleza jurídica, así como del acta
de entrega provisional; iii) informó que no se han expedido los actos definitivos de
adjudicación, y que el procedimiento se encuentra en la etapa preliminar,
concretamente en la revisión técnica y jurídica de los terrenos.

Por otro lado, indicó que a través de correo del 30 de mayo de 2024, la Agencia
remitió otra respuesta a Ov Caminos en la que puso de presente que no se
configuran causales para no continuar con el trámite de adjudicación, dado que las
familias vinculadas a Asodepaz no ejercen posesión de un bien de naturaleza
privada y que los predios denominados “El Vergel”, “La Unión” y “La Argelia” tienen
la naturaleza de bienes fiscales.

En consecuencia, consideró que la entidad dio respuesta a cada uno de los
interrogantes formulados por la actora, lo que desvirtúa la vulneración del derecho
de petición alegada, así como la existencia de un silencio administrativo positivo.

1.5.4. Declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la
petición del 24 de abril de 2024, respecto de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV.

A partir del estudio del material probatorio, la primera instancia estableció que, con
oficio del 4 de julio de 2024, dio respuesta a la petición que la parte actora radicó el
24 de abril del mismo año, que fue remitida por la Personería de Monterrey,
Casanare el 26 de abril siguiente.

1.6. Impugnación

1.6.1. Inconforme con esta decisión, la parte actora26 presentó escrito de
impugnación.

i) Solicitó que la Fiscalía General de la Nación abra investigación en contra de los
magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, dado que, en su concepto,
incurrieron en vía de hecho al haber tardado tres (3) meses en decidir la acción de
26 Índice 00119 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia

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tutela, además, por modificar la parte accionada “con la a intención a propósito del
A Quo tiene de eludirle la responsabilidad de una declaración de amparo contra
quien(es) realmente cometieron el principal quebrantamiento de los derechos
fundamentales” (sic), en razón del impedimento manifestado el 26 de septiembre de
2024.

Por otro lado, solicitó que se declare la nulidad del fallo de primera instancia con
fundamento en lo previsto en los artículos 1 y 136 – parágrafo del Código General
del Proceso, y por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 133 del mismo
estatuto, “debido a que la primera instancia fue pretermitida por el Administrador de
Justicia”.

Asimismo, consideró que el fallo también esta incurso en nulidad por la omisión de
la práctica de pruebas, para lo cual citó el numeral 5 del artículo 133 del Código
General del Proceso.

ii) Afirmó que el fallo de primera instancia no pronunció sobre “la MESA TÉCNICA
DE TRABAJO solicitada por el colectivo de las víctimas de Monterrey Casanare con
las entidades del orden nacional como el SNARIV para una efectiva reparación
integral tal como se ha estado llevando a cabo con la representación de la
Presidencia de la República en dirección de la Consejería Presidencial para las
Regiones”, argumento expuesto en el numeral 2.2. – ii) del escrito de subsanación.

iii) Sostuvo que el juez constitucional de primera instancia no valoró la totalidad de
las pruebas del expediente, y no solicitó como prueba la relación de todos los
predios rurales en posesión de la Agencia Nacional de Tierras y/o de la Sociedad
de Activos Especiales, que podría demostrar que las entidades sí cuentan con
disposición de predios en los departamentos de Meta y Cundinamarca, para
adjudicarlos a los integrantes de Asodepaz.

Resaltó que, aunque la SAE adujo que la información tenía reserva legal por tratarse
de procedimientos de extinción de dominio, lo cierto es que se trata de una solicitud
de prueba que elevó la parte actora, y en tal sentido, “se puede conocer en la etapa
de juicio antes de la titularidad de dominio entonces qué razón existe no poderse
conocer los bienes en propiedad de titularidad o posesión o tenencia de las referidas
como resultado la omisión de tal prueba que debe practicarse, motivarse y
resolverse es objeto de nulidad del fallo para ponerse en el piso”.

iv) Consideró que, el fallo de primera instancia, si bien adoptó una decisión respecto
de los derechos de las familias que integran Ov Caminos, no abordó el estudio de
los derechos de más de 100 firmantes que no integran la asociación demandante,
pero que también accionaron en tutela.

v) Expuso que, el a quo no se pronunció sobre las funciones y obligaciones del
SNARIV en relación con la reparación integral para las víctimas del conflicto
armado.

vi) Discurrió que, la decisión impugnada “amparó” los derechos de la Agencia
Nacional de Tierras al negar la protección de los derechos fundamentales del debido
proceso, de igualdad, de acceso, entrega y adjudicación de tierras para las familias
accionantes de la OV CAMINOS, puesto que:

• Convalidó la actuación “falaz” de la entidad en cuanto a la entrega de tierras
da Asodepaz.

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• La ANT no está obligada a cumplir la orden de tutela proferida por el Juzgado
Treinta y Nueve de Bogotá, dado que i) no hizo parte de dicho trámite como
sí lo fue el extinto Incoder; ii) la decisión solo ordenó resolver la petición que
presentó Asodepaz en relación con el acceso a tierras en los departamentos
de Meta y Cundinamarca; iii) el Incoder adquirió compromisos para entrega
de predios en tales departamentos, y por tanto, en el evento de existir tierras
en otros territorios Asodepaz debe agotar el trámite respectivo, pues de lo
contrario se predicaría con un trato preferencial que vulnera el derecho a la
igualdad; iv) existe cosa juzgada en relación con la petición que Asodepaz
presentó ante el extinto Incoder para la asignación de tierras, pues la entidad
resolvió que estas debían corresponder a los departamentos de Meta y
Cundinamarca, y por tanto, esto no puede ser objeto de variación para que
la asignación recaiga sobre otros departamentos, en pro de la seguridad
jurídica.

• Asodepaz consumó el trámite en el departamento del Casanare a través de
una mesa técnica de trabajo celebrada con la Agencia Nacional de Tierras el
18 de abril de 2023, y como consecuencia “de modo preferencial” se dispuso
la entrega del predio “El Vergel” sin verificar la existencia de tierras en los
departamentos de Meta y Cundinamarca. Esto, en su concepto, vulneró el
derecho a la igualdad de trato de Ov Caminos, pues desde el 1 de abril de
2019 adelantó la solicitud de entrega de tierras.

vii) Estimó que, aunque se amparó el derecho fundamental de petición, el fallo “no
indicó el modo preciso” en que las accionadas deben resolver las solicitudes.

viii) A su juicio, el fallo debe explicar las razones por la cuales se considera que el
SNARVI y la ANT sí han garantizado los derechos fundamentales a la igualdad, a
la reparación integral y al debido proceso de Ov Caminos.

ix) Finalmente, solicitó se declare la nulidad de los actos administrativos a través de
los cuales la Agencia Nacional de Tierras dispuso la “adjudicación irregular” de
predios como “El Vergel” a Asodepaz, por resultar afectados por desviación de
poder y vulnerar el debido proceso.

1.6.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas27 solicitó revocar el fallo de primera instancia, para en su lugar, negar
por improcedente el amparo solicitado, en razón a los siguientes argumentos:

i) Estimó que las particularidades del asunto se enmarcan dentro de los supuestos
de la excepción de “inexistencia del hecho vulnerador”, dado que la parte actora no
remitió la petición al buzón autorizado para tal efecto
[atencionalciudadano@urt.gov.co]; a lo que sumó que el Grupo de Gestión en
Atención y Servicio a la Ciudadanía realizó la búsqueda de la petición objeto de la
acción de tutela, sin que se encontrara el registro pertinente.

Explicó que, aunque el enlace municipal – víctimas del municipio de Monterrey,
Casanare envió la petición del 24 de abril de 2024, lo hizo a los correos
marthaarevalo@urt.gov.co y jenny.zapata@urt.gov.co que no están habilitados
para radicar solicitudes.

iii) Agregó que, en todo caso, mediante oficio núm. 202420500906001 de 01 de
octubre de 2024 remitido a la parte actora al buzón ovcaminos@gmail.com en la
misma fecha, dio respuesta a la petición en comento.

27 Índice 00121 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia

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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Legitimación en la causa.

La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Camilo
Torres Leguizamón como representante de la Asociación u Organización de
Víctimas Caminos de Prosperidad – Ov Caminos, en la medida que presentó las
peticiones sobre las cuales se solicitó el amparo constitucional.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
UARIV y la Sociedad de Activos Especiales, SAE, el Sistema Nacional de Atención
y Reparación Integral de Víctimas (SNARIV), la Presidencia de la República - Enlace
Municipal de Víctimas, las Secretarías de Gobierno, Seguridad y Convivencia, las
Oficinas Asesoras de Planeación e Inspección de Policía, las Personerías y
alcaldías de los municipios de Monterrey, así como de Sabanalarga y Tauramena
(Casanare), la Gobernación de Casanare, del Meta y de Cundinamarca, el Juzgado
39 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, la Unidad de Restitución de
Tierras (URT), la Dirección Seccional de Fiscalías de Casanare, la Fiscalía General
de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, la Consejería
Presidencial para las Regiones, el Programa Presidencial de Derechos Humanos,
el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Ministerio de
Protección Social, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Defensoría
Regional de Casanare, los colectivos de campesinos que pertenecen a las veredas
de El Vergel, La Unión y Argelia en el departamento de Casanare, el señor Carlos
Iván Díaz Solano, la Asociación de Desplazados Esperanza y Paz – Asodepaz, la
oficina de Desarrollo Comunitario del departamento de Casanare, la Agencia
Nacional de Tierras – departamental Casanare, la delegada para asuntos agrarios
y tierras de la Defensoría del Pueblo, Cristian Monroy, Carlos Alberto Arrieta
Carmona, la Dirección de Acceso a Tierras de la ANT, los municipios de Vergara y
la Vega, Cundinamarca.

Esto, por cuanto todas ellas tuvieron relación con las peticiones radicadas por el
demandante, y respecto de las cuales afirmó no haber recibido respuestas de fondo.

2.3. La solicitud de nulidad.

La parte actora solicitó que se declare la nulidad del fallo de primera instancia con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 136 – parágrafo y 133 numerales 2 y
5 del Código General del Proceso. Esto dado que, a su juicio, la primera instancia
fue pretermitida, y se omitió el decreto de pruebas.

Las nulidades procesales se constituyen por irregularidades que ocurren dentro del
proceso judicial. Algunas de ellas ponen de presente circunstancias anómalas del
procedimiento que pueden verse superadas con algunos trámites especiales de
convalidación.

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El fundamento sustancial de la nulidad encuentra soporte en el derecho al debido
proceso, que implica, desde cierta perspectiva, el derecho que tiene toda persona
a que se observen todas las reglas procedimentales que el legislador ha dispuesto
para el trámite de una causa judicial. Ahora bien, la ley ha reservado la configuración
de las nulidades a eventos expresamente señalados en la norma, que por constituir
una grave afectación al debido proceso son sancionadas con la invalidación de lo
actuado durante la vigencia de la causal28, de manera que no queda al arbitrio del
juez o las partes la identificación de estos vicios.

Ahora, la Sala procede con el análisis de la solicitud, de cara a las normas citadas
por la parte actora.

2.3.1. El parágrafo del artículo 13629 del Código General del Proceso, prevé que “las
nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un
proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia, son
insaneables”.

El presente asunto se encuentra en desarrollo de la etapa de impugnación, por lo
que para el momento en que se radicó la solicitud de nulidad no existía una
“providencia ejecutoriada del superior” y tampoco media prueba de que se pretenda
“revivir un proceso legalmente concluido”.

El recuento de las actuaciones procesales consignado en precedencia, junto con la
consulta del aplicativo Samai, desvirtúan la afirmación de la parte actora en cuanto
a que se pretermitió la primera instancia, pues estas dan cuenta de i) el auto de
inadmisión de la solicitud dictado el 7 de junio de 2024 por el magistrado a quien se
le asignó el asunto por reparto; ii) la admisión de la acción constitucional, luego de
la verificación de lo solicitado, a través de providencia del 26 de junio siguiente; iii)
las notificaciones electrónicas realizadas por la Secretaría General de la
Corporación; iv) la oportunidad para que los accionados se pronunciaran frente a
las pretensiones de la acción de tutela; v) la vinculación de terceros con interés que
se materializó con la providencia del 22 de agosto de 2024; vi) la notificación que
efectuó la Secretaría General a los vinculados, y el traslado para aportar sus
pronunciamientos; y, vi) el fallo de primera instancia.

En consecuencia, está probado que el juez constitucional de primera instancia agotó
todas las actuaciones procedentes bajo los lineamientos del Decreto 2591 de 1991,
y por tal razón, se negará la solicitud de nulidad formulada con fundamento en el
parágrafo del artículo 136 del Código General del Proceso.

2.3.2. Los numerales 2 y 5 del artículo 133 ibidem, son del siguiente tenor:

“Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte,
solamente en los siguientes casos:

[…]

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un
proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

[…]

28 Sobre esto la jurisprudencia constitucional ha sostenido: “Las nulidades son irregularidades que

se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el
legislador –y excepcionalmente el constituyente- les ha atribuido la consecuencia –sanción- de
invalidar las actuaciones surtidas. A través de su declaración se controla entonces la validez de la
actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso.” Corte
Constitucional, Sentencia T-125 de 2010. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt
29 Artículo 136. Saneamiento de la nulidad

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5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas,
o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea
obligatoria”.

Pues bien, la Sala se remite a los argumentos expuestos en precedencia, a partir
de los cuales estableció que en este asunto constitucional no procedió contra
providencia ejecutoriada del superior, no pretendió revivir un proceso legalmente
concluido, ni pretermitió el desarrollo de la primera instancia; razones que resultan
suficientes para desestimar la solicitud de nulidad con ocasión de la causal
prevista en el numeral 2 del artículo 136.

Ahora, en lo atinente a la causal del numeral 5, conviene resaltar que el artículo 22
del Decreto 2591 de 1991, dispone que “el juez, tan pronto llegue al convencimiento
respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar
las pruebas solicitadas”. En consecuencia, los fundamentos del accionante
relacionados con el decreto de pruebas por parte del a-quo constitucional, no
encuentran respaldo en la norma que, de manera especial reguló el trámite de la
solicitud de amparo, pues es claro que prevalece el convencimiento del juez
respecto de la situación litigiosa para adoptar la decisión de fondo, frente a la
petición de pruebas de las partes. Por tanto, se negará la solicitud de nulidad que
la parte accionante fundamentó en el numeral 5 del artículo 133 del Código General
del Proceso.

Sin perjuicio de lo anterior, la Subsección estima pertinente agregar que, el artículo
134 del CGP dispone que “las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las
instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si
ocurrieren en ella”. En este asunto, se dictó fallo de primera instancia, y aunque
la parte actora solicitó su nulidad, lo cierto es que no expuso razones para acreditar
que demuestran que esta tuvo origen en la decisión.

2.4. Procedibilidad de la acción.

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley30.

Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos,
se acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Al respecto, la solicitud de amparo de la referencia, cumple con el
requisito de subsidiariedad, en tanto la accionante no cuenta con otro mecanismo
que permita la garantía de su derecho fundamental de petición.

2.5. Derecho de petición.

El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés
30 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor

como intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance
y contenido que el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción
judicial en él contemplada, además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal
objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los
ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.
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general o particular, y a obtener una pronta resolución. Su regulación está
establecida en el Titulo II de la Primera Parte del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo31, y de acuerdo con el artículo 1332
de dicho cuerpo normativo, las personas tienen derecho a presentar, de forma
respetuosa, solicitudes de interés general o particular ante las autoridades, y a
“obtener pronta resolución, completa y de fondo”.

La Corte Constitucional33 ha indicado que “(…) dentro de sus garantías se
encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe
entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación
debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al
peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección también ha
indicado que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de
formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término
legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”.

Además, la jurisprudencia constitucional ha definido el núcleo esencial de este
derecho bajo los siguientes términos:

“El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos intangibles que
lo identifican y diferencian frente a otro derecho, los cuales no pueden ser
intervenidos sin que se afecte la garantía. En el derecho de petición, la Corte ha
indicado que su núcleo esencial se circunscribe a: i) la formulación de la petición;
ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario
de la decisión”34.

De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para
contestarla, debe informar de inmediato al interesado, ya sea verbalmente o por
escrito, y proceder con la remisión de la misma al competente y enviar copia del oficio
remisorio al peticionario. En caso de no existir funcionario competente, así deberá
comunicarlo35.

Por lo tanto, una autoridad debe, frente a una petición respetuosa, responderla de
fondo y de manera congruente a lo solicitado; requerir que sea completada si
considera que es necesario, para luego resolverla de fondo; o remitirla a quien tenga
competencia, con la explicación de las razones de su decisión; dentro de los
términos previstos en la ley.

31 Titulo sustituido por la Ley 1755 de 2015.
32 Ley 1755 de 2015, artículo 13. “Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades.

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos
señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución
completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de
petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un
servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a
través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades
dedicadas a su protección o formación”.
33 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias: T-737 de 2005., T-236

de 2005, T-718 de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de
2013, T-268 de 2013
y T-083 de 2017, entre otras.
34 Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
35 Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.

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Otro punto a destacar, es que a través de la Ley 1755 de 201536 se reguló el término
para resolver las peticiones presentadas en general, el cual es de quince (15) días
después de su recepción. Ahora bien, cuando se solicitan documentos o información
se deberá resolver dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción y si no se
le da respuesta al peticionario, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada y por
ende las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Por su parte, el
artículo 20 ibídem prevé sobre la atención prioritaria a las peticiones de
reconocimiento de un derecho fundamental cuando estas deban ser resueltas para
evitar un perjuicio irremediable al peticionario.

Asimismo, es menester de la Sala indicar que, de conformidad con la sentencia T-
230 de 202037, debe distinguirse los tipos generales de manifestaciones, que, en
principio, supondrían el ejercicio del derecho de petición, así como aquellas que no
se encuentran amparadas en esta garantía constitucional:

Manifestaciones del derecho de petición
Se puede presentar en diferentes
supuestos: cuando se pretende que la
autoridad intervenga en la satisfacción
Petición de interés
de necesidades de los miembros de la
general
sociedad, o como forma de
Según el participación del ciudadano en la
interés que función pública, entre otros.
persigue
A través de su uso se persigue el
Petición de interés
reconocimiento o la garantía de
particular
derechos subjetivos.

Tienen el objeto de obtener acceso a
Solicitud de
la información o documentos relativos
información o
a la acción de las autoridades
documentación
correspondientes

Actuación que impulsa una persona
para exigir a la autoridad el
Cumplimiento de un
cumplimiento de una función o un
deber constitucional o
deber consignado en las normas que
legal
lo rigen, sin necesidad de iniciar un
procedimiento judicial para tal efecto.
Según la El requerimiento se encamina al
pretensión Garantía o
reconocimiento de un derecho o a la
invoca reconocimiento de un
garantía del mismo a partir de una
derecho
actuación de la autoridad respectiva.

Se formula a efectos de que la
autoridad presente su punto de vista,
concepto u opinión respecto de
materias relacionadas con sus
atribuciones. La respuesta de este tipo
Consulta
de petición no supone la configuración
de un acto administrativo, toda vez
que lo remitido por la autoridad no es
vinculante, ni produce efectos jurídicos
y contra ella no proceden recursos

36 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del

Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” junio 30 de 2015.
37 Sentencia T-230/2020; Ref.: Expediente T-7.040.215 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Bogotá

D.C., siete (7) de julio de dos mil veinte (2020).
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administrativos o acciones ante la
jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Comunicación en la que se manifiesta
una inconformidad o descontento en
Queja relación con una conducta o acción de
las autoridades en el desarrollo de sus
funciones.

Poner en conocimiento de la autoridad
respectiva una conducta, con el fin de
Denuncia que, si así lo estima y por las vías
pertinentes, se adelante la
investigación que corresponda.

Es la exigencia o demanda de una
solución ante la prestación indebida de
Reclamo
un servicio o falta de atención de una
solicitud.

Figura jurídica a través de la cual se
controvierten decisiones de la
Recurso
administración para que las modifique,
aclare o revoque.

En suma, el derecho de petición adquiere real importancia, por cuanto es
considerado como un instrumento fundamental con el que cuenta el Estado para
hacer efectiva la democracia participativa, pues con fundamento en este, los
ciudadanos pueden acudir ante autoridades públicas con el fin de informarse y hacer
efectivos los demás derechos fundamentales.

2.6. Derecho la igualdad de trato.

El artículo 13 de la Constitución Política prevé el derecho a la igualdad y dispone
que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”.

Sin embargo, el derecho a la igualdad no es absoluto, pues existen situaciones en
las que los tratos diferenciados se encuentran justificados, tal y como lo señaló la
Corte Constitucional en el siguiente aparte de la sentencia T-230 de 1994:

“…el trato diferenciado de dos situaciones de hecho diversas no constituye una
discriminación siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: primero,
que los hechos sean distintos; segundo, que la decisión de tratarlos de manera
diferente esté fundada en un fin aceptado constitucionalmente; tercero, que la
consecución de dicho fin por los medios propuestos sea posible y además
adecuada.”

Dicha corporación38 y el Consejo de Estado39, establecieron que el derecho a la
igualdad se quebranta cuando el tratamiento desigual es arbitrario o cuando no

38 Corte Constitucional. Sentencia C-154 de 1996
39 Sentencia del 16 de octubre de 2014, radicación número: 11001-03-24-000-2008-00151-00

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responde valorativamente a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Para el efecto, la jurisprudencia constitucional40 diseñó el test integrado de igualdad,
compuesto por tres etapas de análisis a saber: (i) determinación de los criterios de
comparación, esto es, establecer si se trata de sujetos de la misma naturaleza, (ii)
definir si existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales y (iii) concluir
si la diferencia de trato está justificada constitucionalmente.

Igualmente, la Corte Constitucional ha precisado que el derecho a la igualdad es un
mandato complejo que “[…] de acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un
conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se
destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter
general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la
República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de
discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo
las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos
por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o
bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad
material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia
del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales”41.

Al respecto, en sentencia C-250 de 2011, la Corte recordó el deber que le asiste a
los poderes públicos de brindar el mismo trato a supuestos de hecho equivalentes,
siempre que no existan razones suficientes para otorgar un trato diferente. Además,
precisó que la regulación del principio de igualdad de trato, puede ser
descompuestos en cuatro mandatos:

(i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en
circunstancias idénticas,

(ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas
situaciones no comparten ningún elemento en común,

(iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten
similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de
las diferencias y,

(iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren
también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso
las diferencias sean más relevantes que las similitudes.

2.7. Carencia actual de objeto por hecho superado.
La Corte Constitucional ha reiterado que “ante la alteración o la desaparición de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales
objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial”42.

40 Sentencia T-629 de 2010.
41 Sentencia C-178 de 2014.
42 Corte Constitucional, sentencias T-001 de 1996, T-411 de 1999, T-988 de 2002, T-066 de 2007 y

T-192 de 2008: “[…] la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de
proferirla, encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el
supuesto afectado intentara la acción, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha
desaparecido toda posibilidad de amenaza o de daño a los derechos fundamentales. Siendo la
defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita de administrar justicia
constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato
cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que,
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Una de las hipótesis en las que se puede dar lo anterior ocurre “cuando entre el
momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como
consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de
derechos fundamentales alegada por el accionante”43.

En los eventos en que se aduce la existencia de la carencia actual de objeto, como
consecuencia del cumplimiento del fallo de tutela, en sentencia T-010 de 2023, la
Corte Constitucional precisó:

“Igualmente, la Corte ha establecido tres requisitos para que se configure la carencia
actual de objeto por hecho superado, a saber: (i) que haya una variación en los hechos
que dieron lugar a la acción de tutela; (ii) que esta suponga la garantía o protección de
los derechos fundamentales invocados como amenazados o vulnerados44, y (iii) que
haya obedecido a una conducta voluntaria de la parte demandada. Frente a este
último requisito, pese a que en pocos pronunciamientos ha dado a entender que
la satisfacción de los derechos fundamentales puede sustentarse en una orden
del propio juez de tutela45, la Corporación en múltiples providencias ha señalado
que el hecho superado no se produce en estos eventos, toda vez que allí no se
trata de la superación del hecho vulnerador, sino de la protección por parte del
operador judicial, que actuó para resolver el conflicto constitucional y que, por
tanto, es susceptible de valoración integral por la instancia posterior que
corresponda46.

Atendiendo a los precedentes anteriores, el hecho superado no se configura en
aquellos supuestos en que la conducta o abstención de la demandada, que
implica la satisfacción de los derechos presuntamente vulnerados, se
fundamenta en la orden del juez de tutela, toda vez que en estos casos se está
cumpliendo la orden judicial, que, precisamente, es objeto de análisis en segunda
instancia o en sede de revisión ante la Corte Constitucional. Lo anterior tiene
sentido, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 2591 de
1991, el fallo que concede la tutela es de observancia inmediata, toda vez que debe
cumplirse “sin demora” y sin que sea necesario que se haya resuelto la impugnación o
agotado el trámite de revisión por parte de esta Corporación. En este sentido, la Sala
considera que admitir que en estos eventos se configurara la carencia actual de objeto
por hecho superado, implicaría restarle efectos a la posibilidad de impugnar el fallo del
a quo o, incluso, la revisión por parte de esta Corporación” (resalta la Sala)

al momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características
totalmente diferentes a las iniciales”.
43 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 2019.
44 En relación con el segundo requisito, la sentencia T-414 de 2021 reconoce que la satisfacción de

las pretensiones es un aspecto relevante que debe valorar el juez de tutela; sin embargo, allí se
señala que lo determinante consiste en verificar la garantía del derecho fundamental.
45 Cfr. Sentencia SU-124 de 2018.
46 En la Sentencia SU-522 de 2019 se señaló como presupuesto del hecho superado que “la entidad

demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es decir, voluntariamente”. De
forma más enfática, en la Sentencia T-216 de 2018 se expresó que: “como es apenas lógico, la
superación del objeto atiende a la satisfacción espontánea de los derechos alegados en el escrito
de tutela, a partir de una decisión voluntaria y jurídicamente consciente del demandado; de forma
que nunca se estructurará esta figura procesal en aquellos eventos en los que tal satisfacción ha
sido producto del cumplimiento de una orden dispuesta en una instancia judicial previa, pues en ese
caso de lo que se trata no es de la superación del hecho vulnerador, sino de su salvaguarda por
parte del operador judicial que, en últimas, actuó en ejercicio de la jurisdicción para resolver el
conflicto constitucional integrado en la petición de amparo, susceptible de valoración integral por
parte la instancia posterior o en sede de revisión, según corresponda”. En este mismo sentido, en la
Sentencia T-715 de 2017, apoyándose en las Sentencias T-321 de 2016 y T-154 de 2017, se señaló
que: “la hipótesis de carencia actual de objeto por hecho superado se configura ‘cuando entre la
interposición de la acción de tutela y el fallo de la misma, se satisface por completo la pretensión
contenida en la acción de tutela, es decir, que por razones ajenas a la intervención del juez
constitucional, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales del peticionario’”. La postura contenida en la sentencia SU-522 de 2019 ha sito
ratificada recientemente en las sentencias T-241 de 2022 y T -335 de 2022.
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2.8. Caso concreto.

2.8.1. Impugnación de la parte actora.

2.8.1.1. Sostuvo que, el a quo constitucional, no se pronunció sobre el argumento
incluido en el numeral 2.2.-ii) del escrito de subsanación, relativo a la mesa técnica
de trabajo que el colectivo de víctimas solicitó ante las entidades del orden nacional,
a efecto de lograr la reparación integral a las víctimas [numeral ii) del acápite de
impugnación].

Pues bien, en auto del 7 de junio de 2024, el magistrado a quien le fue asignado el
presente asunto por reparto, resolvió inadmitir la solicitud en razón a falta de claridad
del escrito inicial, y solicitó al actor informar:
“(iii) Cuál es la comunicación a través de la cual en el año 2023 pusieron en
conocimiento de la Presidencia de la República la situación de los habitantes de El
Vergel, y solicitaron la organización de una mesa técnica”.

Revisado el escrito de subsanación a la acción de tutela47, la Subsección observa
que la parte actora indicó:

“En el año 2024 se solicitó la intervención de la Presidencia de la República para
dirimir la problemática de EL VERGEL tal como lo demuestra la comunicación en la
página 1 del documento PDF 008ED_07AnexosConstanciaSo. de los anexos de la
demanda, sin embargo, en relación a la comunicación a través de la cual en el año
2023 se puso en conocimiento problemáticas del colectivo de las víctimas en el
municipio de Monterrey Casanare que incluía respecto a la restitución de tierras y
solución de entrega para las víctimas en el ejercicio de los derechos legales que dio
lugar a una Mesa Técnica de Trabajo, se aporta a la presente mediante el
documento PDF que titula “SOLICITUD MESA DE TRABAJO COLECTIVO
VICTIMAS VS ENTIDADES ORDEN NACIONAL Y OTRAS” empero respecto a tal
diligencia se aportó un documento de prueba entregado por la Consejería
Presidencial para las Regiones como lo demuestra la página 9 ibíd., que tal
procedimiento obedeció al radicado del oficio OFI23-00137123 / GFPU 120 90000
del 25 de julio de 2023 emitido por la Consejería Presidencial para las Regiones,
que dio lugar de la petición con radicado EXT23-00102872.

Entonces, como su Honorable señoría ordena identificar cual es la comunicación se
aporta la misma con el mensaje que incluye el documento de solicitud de Mesa
Técnica de Trabajo donde se requirió la presencia de entidades del orden nacional
que integran el Gobierno Nacional para dirimir las problemáticas sociales del sector
del colectivo de las víctimas en el municipio el cual trámite no se continuo en cabeza
de la Consejería Presidencial para las Regiones, por tanto, es una muestra de la
vulnerabilidad continua de los derechos del colectivo de las víctimas en el municipio
de Monterrey Casanare por entidades del orden nacional u otras”.

Lo anterior, da cuenta que en uso de la facultad prevista en el artículo 17 48 del
Decreto 2591 de 1991, el a quo inadmitió la demanda de tutela, y dada la confusión
de la narración de los hechos, requirió a la parte actora para aclarar diferentes
aspectos, entre ellos, lo atinente a la celebración de la mesa técnica con la
comparecencia de la Presidencia de la República en relación con la situación de los
habitantes del predio “El Vergel”, situación que, conforme al contexto de la solicitud
de amparo, encuentra estrecha relación con la vulneración al debido proceso y al
derecho a la igualdad que denunció el representante de Ov Caminos por la
adjudicación del mencionado predio a Asodepaz.

47 Índice 0013 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia
48 ARTICULO 17. Corrección de la solicitud. Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que

motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres días,
los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no los corrigiere,
la solicitud podrá ser rechazada de plano. Si la solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla
en el acto, con la información adicional que le proporcione el solicitante.
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A partir de esta aclaración, es menester precisar que, con fundamento en la
autonomía de la que está facultado el juez, se analizan en conjunto los fundamentos
de hecho y de derecho que presenta el solicitante de cara a la pretensión de
protección constitucional, a efecto de establecer si existe o no la vulneración de los
derechos fundamentales invocados. Lo anterior, conduce a indicar que el operador
judicial no está obligado a pronunciarse frente a cada uno de los hechos en forma
puntual, pues esta actividad se enmarca dentro del análisis mismo de la pretensión.

En el presente asunto, la parte actora consideró que el procedimiento de
adjudicación de terrenos a Asodepaz vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, dado que, en su concepto, las autoridades intervinientes
avalaron una posición más favorable que ha permitido el acceso a tierras, pese a
que sus integrantes no residen en el departamento de Casanare.

Estos aspectos fueron analizados y decididos en el fallo de primera instancia, en el
que se precisó que el procedimiento de adjudicación -que se encuentra en etapa
preliminar- encuentra respaldo en el fallo de tutela del Juzgado Treinta y Nueve
Administrativo de Bogotá49 y en todas las actuaciones que la mencionada
asociación ha adelantado desde el año 2012 para impulsar el proceso de acceso a
tierras, y en el que también se resaltó que la adjudicación, en el estado en que se
encuentra, no se torna en un hecho que vulnere los derechos de Ov Caminos,
asociación que, además, cuenta con la posibilidad de ejercer el derecho de
oposición a la adjudicación en los términos del Decreto 1071 de 2015.

En consecuencia, la información relativa a la celebración de la mesa técnica con la
participación de la Presidencia de la República, y la petición que para tal efecto
remitió la parte actora, se subsume dentro del análisis de vulneración reseñado en
precedencia, y en este orden, este cargo de impugnación no encuentra vocación de
prosperidad, pues no es cierto que se haya omitido su análisis.

2.8.1.2. La parte actora sostuvo que la primera instancia no valoró las pruebas del
expediente y, además, que no solicitó a la Agencia Nacional de Tierras y/o a la
Sociedad de Activos Especiales información sobre predios disponibles en los
departamentos Meta y Cundinamarca, con los que podía cumplir con la adjudicación
de predios a los miembros de Asodepaz, información que en todo caso no tiene
reserva [numeral iii) del acápite de impugnación].

La Sala estima oportuno recordar que el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991,
dispone que “el juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación
litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas
solicitadas”.

Las consideraciones del fallo de primera instancia encontraron soporte en los
informes aportados por las autoridades accionadas, y en relación con los predios
sobre los cuales recaería la decisión definitiva de adjudicación, resaltó que todo el
procedimiento se adelantó con ocasión del fallo de tutela del Juzgado Treinta y
Nueve Administrativo de Bogotá y los compromisos adquiridos por el gobierno
nacional en el año 2016, que implicó la variación del lugar de los predios debido a
la imposibilidad de hacer entrega de terrenos ubicados en el departamento de
Cundinamarca.

En consecuencia, para la Sala, la información que la parte actora echa de menos
no comporta la relevancia que le otorgó en el escrito de impugnación, pues es en
el marco del procedimiento de adjudicación en el que resulta relevante cuestionar
49 Radicado 11001-33-97-039-2015-00236-00

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la existencia o no de predios con destino a ser adjudicados con fines de reparación
integral de los daños causados a las víctimas del conflicto armado, y no en el marco
de la presente acción constitucional. Así, dado que Ov Caminos no probó haber
solicitado su vinculación al procedimiento de adjudicación, no puede hacer uso de
la acción de tutela como mecanismo para que el juez intervenga en un trámite
administrativo del que no se ha hecho parte, y en el que, además, como se indicó
en el fallo impugnado, pudo hacer uso de la facultad de oponerse a la adjudicación.

En consecuencia, la Sala desestima este cargo de impugnación.

2.8.1.3. Indicó la parte accionante que la sentencia de primera instancia, no estudió
la vulneración de los derechos de más de 100 firmantes, que, aunque no hacen
parte de Ov Caminos, si accionaron en tutela [numeral iv) del acápite de
impugnación]

En efecto, la demanda de tutela fue suscrita por Camilo Torres Leguizamón como
representante de Ov Caminos, y por 108 personas que se identificaron como
afectados por el conflicto armado en los municipios de Monterrey, Sabanalarga y
Turamena, todos del departamento de Casanare.

Dentro de las razones que motivaron la solicitud, la parte actora indicó que la
adjudicación de predios a los miembros de Asodepaz ha generado conflictos
sociales, dado que estos no residen en el departamento de Casanare. Frente a
esto, se reitera, que el fallo de primera instancia fue claro en explicar que la razón
de modificar la territorialidad de los predios obedeció a la imposibilidad de acceder
a terrenos en los departamentos de Cundinamarca y Meta, y a la celeridad que se
debía imprimir al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno
nacional en el año 2016, junto con la evidencia de las actuaciones administrativas
y judiciales que Asodepaz adelantó para lograr la materialización de la entrega de
predios.

Lo anterior, indicó, no puede entenderse como vulnerador de los derechos
fundamentales de los miembros de Ov Caminos, ni como un elemento que afecte
su interés en el acceso a la propiedad de tierras del departamento del Casanare.

Así las cosas, aunque el fallo de primera instancia no individualizó los nombres de
los 108 accionantes, sí abordó la problemática para todos los accionantes, pues
analizó la afectación que denunciaron los interesados en la adjudicación de predios
con fines de reparación, y en tal sentido, no se advierte la omisión que resaltó la
impugnación. Por tanto, este cargo no tiene vocación de prosperidad.

2.8.1.4. La parte actora consideró que el fallo de primera instancia denota un vacío
que afecta sus pretensiones, dado que no se pronunció sobre las funciones y
obligaciones del SNARIV en relación con la reparación integral para las víctimas
del conflicto armado [numeral iv) del acápite de impugnación], además, que omitió
motivar y resolver, sobre las razones por la cuales SNARIV y la ANT sí han
garantizado los derechos fundamentales a la igualdad, a la reparación integral y al
debido proceso de Ov Caminos [numeral viii) del acápite de impugnación]

Al punto, conviene recordar que el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, dispone
que el fallo de tutela debe contener:

1. La identificación del solicitante.

2. La identificación del sujeto o sujetos de quien provenga la amenaza o vulneración.

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3. La determinación del derecho tutelado.

4. La orden y la definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer
efectiva la tutela.

5. El plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que en ningún caso podrá
exceder de 48 horas.

6. Cuando la violación o amenaza de violación derive de la aplicación de una norma
incompatible con los derechos fundamentales, la providencia judicial que resuelva
la acción interpuesta deberá además ordenar la inaplicación de la norma impugnada
en el caso concreto.

La decisión de primera instancia reunió cada uno de los requisitos enlistados y no
adolece de una irregularidad que redunde en una afectación de los derechos
procesales de la parte actora. Aunado a esto, la decisión abordó el estudio de fondo
de los derechos cuya protección se solicitó y sobre situaciones particulares y
precisas relativas al procedimiento de adjudicación bajo los lineamientos del
Decreto 1071 de 2015, y conforme a los fundamentos de la acción de tutela.

A partir de lo anterior, y dado que para la Sala no está probada la importancia de
analizar las funciones que se encuentran en cabeza del Sistema Nacional de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV-, pues los fundamentos de
la acción de tutela no apuntaron a formular reparos frente a las actuaciones u
omisiones de la entidad, ni la parte actora demostró la incidencia de las funciones
en el proceso de adjudicación de predios con fines de reparación de víctimas, estos
cargos de impugnación no tienen vocación de prosperidad.

2.8.1.5. La parte actora indicó que, el fallo impugnado mantuvo la vulneración de
los derechos al debido proceso, a la igualdad, y de acceso y adjudicación de tierras
para las familias integrantes de Ov Caminos, y enlistó una serie de razones sobre
las que la Subsección pasa a pronunciarse [numeral vi) del acápite de
impugnación].

i) Afirmó que el a quo convalidó la actuación que tildó de “falaz” en cuanto al
procedimiento de entrega de tierras a Asodepaz.

Conviene precisar que la decisión de primera instancia, no avaló el procedimiento
de adjudicación de predios al que se ha venido haciendo alusión, puesto que, no
comportó un estudio o control de legalidad del mismo. Por el contrario, el
fundamento de fallo gravitó en punto a determinar si las etapas que se adelantaron
en sede administrativa vulneraron o no los derechos fundamentales de la parte
actora.

El hecho de que se haya descartado la existencia de una vulneración de los
derechos fundamentales alegada en la demanda de tutela no implica una validación
del procedimiento seguido ni de la forma en que este se desarrolló. En este sentido,
se advirtió a la accionante sobre la necesidad de intervenir en el proceso, a fin de
ejercer las acciones previstas en el Decreto 1071 de 2015, siendo una de ellas la
posibilidad de oponerse a la adjudicación.

En ese orden, la calificación sobre la legalidad del procedimiento administrativo de
entrega de predios a Asodepaz no tiene cabida en la esfera de conocimiento del
juez de tutela, y, por ende, cualquier inconformidad deberá ser formulada por la
organización accionante ante las autoridades administrativas y/o judiciales
correspondientes.

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ii) Consideró que la Agencia Nacional de Tierras, no está obligada a cumplir la
orden de tutela proferida por el Juzgado Treinta y Nueve de Bogotá, dado que i) no
hizo parte de dicho trámite como sí lo fue el extinto Incoder; ii) la decisión solo
ordenó resolver la petición que presentó Asodepaz en relación con el acceso a
tierras en los departamentos de Meta y Cundinamarca; iii) el Incoder adquirió
compromisos para entrega de predios en tales departamentos, y por tanto, en el
evento de existir tierras en otros departamentos, Asodepaz debe agotar el trámite
respectivo, pues de lo contrario contaría con un trato preferencial que vulnera el
derecho a la igualdad; iv) existe cosa juzgada en relación con la petición que
Asodepaz presentó ante el extinto Incoder para la asignación de tierras, pues la
entidad resolvió que estas debían corresponder a los departamentos de Meta y
Cundinamarca, y por tanto, esto no puede ser objeto de variación para que la
asignación recaiga sobre otros departamentos, en pro de la seguridad jurídica.

Pues bien, aunque en el expediente digital no reposa el fallo dictado por el Juzgado
Treinta y Nueve Administrativo de Bogotá, lo cierto es que la Agencia Nacional de
Tierras aportó el oficio con radicado núm. 2024600073411981 del 22 de mayo de
202450, con el que informó al accionante que el proceso de adjudicación para las
familias adscritas a Asodepaz atiende el fallo proferido en el marco de la acción de
tutela con radicado núm. 11001-33-37-039-2015-00236-01, lo que demuestra que
el representante de Ov Caminos tenía conocimiento de la obligación que le asiste
a la entidad. Aunado, a través del Decreto 2365 de 2015 se ordenó la supresión del
INCODER, cuyas funciones fueron asumidas por la Agencia Nacional de Tierras, la
cual fue creada a través del Decreto Ley 2363 de 2015, y en concreto, el artículo 4
numeral 12 ejusdem estableció como una de sus funciones “hacer el seguimiento
a los procesos de acceso a tierras adelantados por la Agencia, en cualquiera de
sus modalidades y aquellos que fueron ejecutados por el INCODER o por el
INCORA, en los casos en los que haya lugar”.

En relación con la variación de la ubicación territorial de los predios que serán objeto
de adjudicación, la Sala considera que se trata de un argumento reiterativo, cuyo
análisis ya ha sido abordado con anterioridad. En consecuencia, no estima
necesario volver a examinarlo por lo que este cargo no prospera.

iii) Indicó que la adjudicación del predio “El Vergel” a Asodepaz vulneró su derecho
a la igualdad, dado que, se brindó a la asociación un trato preferencial, pese a que
Ov Caminos inició el trámite de entrega de tierras desde el 1 de abril de 2019.

Con fundamento en las consideraciones relativas a la igualdad de trato consignadas
en esta providencia [numeral 2.5], la Sala estima que la solicitud de amparo no
contiene argumentos que soporten la vulneración del derecho a la igualdad, ni la
descripción de una situación con contexto similar entre Asodepaz y Ov Caminos en
relación con la adjudicación de predios con fines de reparación a víctimas del
conflicto armado. Esto, por cuanto, si bien se trata de colectivos que comparten la
calidad de víctimas, han ejecutado actuaciones disímiles que los han puesto en
situaciones que presentan diferencias sustanciales que no permiten que se les
brinde un trato igual, lo que se demuestra, por ejemplo, con la información aportada
por la Agencia Nacional de Tierras que da cuenta que desde el año 2012 Asodepaz
inició el procedimiento administrativo y agotó las etapas previstas en el capítulo 5
del Decreto 1071 de 2015, etapas que no han sido atendidas por Ov Caminos, pues
no aportó prueba al respecto.

50 Índice 0044 del aplicativo Samai, con certificado
BADF7D301B17D2D5 20F313E50275FFBA 76379F9DCB49F664 09A5B24BF5CF98DE

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Conviene destacar que, si bien Ov Caminos se consideró afectada por el
procedimiento de adjudicación que recayó sobre los predios ubicados en el
departamento de Casanare, lo cierto es que no demostró estar en la misma
condición administrativa de Asodepaz como elemento esencial de la igualdad a las
que hizo alusión en este trámite constitucional, incluso, en la petición que radicó
ante la ANT el 1 de abril de 2019, la organización solicitó orientación sobre el trámite
que debían adelantar las víctimas interesadas en el procedimiento de adjudicación,
mientras que Asodepaz inició tal procedimiento desde el año 2012. Lo anterior,
impide al juez constitucional entrar analizar una posible afectación del derecho a la
igualdad en este caso.

2.8.1.6. Frente al amparo del derecho de petición, presentó inconformidad al indicar
que no se precisó la forma en que las autoridades debían resolver las solicitudes
[numeral vii) del acápite de impugnación].

La Subsección advierte que la orden del fallo de primera instancia ordenó resolver
“de manera clara y concreta” las peticiones radicadas por el accionante, y concedió
el término de cuarenta y ocho (48) horas.

Lo anterior demuestra que, contrario a lo afirmado por la parte actora, el a quo sí
estableció los parámetros bajo los cuales deben ser decididas las solicitudes sobre
las cuales recayó el amparo constitucional; además, conviene resaltar que escapa
de la órbita del juez constitucional ordenar el sentido de la decisión, pues no es
procedente invadir la competencia de las entidades encargadas de otorgar la
respuesta.

Por lo anterior, se desestima este cargo de impugnación.

2.8.1.7. La parte actora solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos
a través de los cuales la Agencia Nacional de Tierras adjudicó el predio “El Vergel”,
dado que, en su concepto, están viciados por desviación de poder [numeral ix) del
acápite de impugnación].

Al respecto, la Corte Constitucional51 precisó que, por regla general, la acción de
tutela contra actos administrativos es improcedente, debido a la existencia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que “cuenta con
un régimen de medidas cautelares robusto y garantista”. Este mecanismo resulta
eficaz y preferente sobre la acción de tutela, salvo casos excepcionales como que
el interesado demuestre que tal medio no es idóneo, o que se puede causar un
perjuicio irremediable.

A partir de lo anterior, y con amparo en lo dispuesto en el artículo 6º numeral 1º del
Decreto 2591 de 199152, la Sala considera que la solicitud de nulidad de los actos
administrativos de adjudicación elevada por el extremo activo en el escrito de
impugnación es improcedente, por subsidiariedad. Además, el interesado no
expuso razones por las cuales considera que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho no es idónea para garantizar la protección de sus
derechos, ni acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

51 Sentencia T-381 de 2022.
52“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante. (…)”.
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En consecuencia, este cargo de impugnación tampoco encuentra vocación de
prosperidad.

2.8.1.8. Finalmente, la Sala pone de presente que no es competente para
pronunciarse en relación con las consideraciones que el actor expone para
sustentar una aparente vía de hecho atribuible a los magistrados de la Sección
Quinta del Consejo de Estado [numeral i) del acápite de impugnación], y en tal
sentido, no adoptará ninguna decisión al respecto.

2.8.2. Impugnación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras de Despojadas.

La entidad solicitó que se revoque el fallo de primera instancia, con fundamento en
la excepción denominada “inexistencia del hecho vulnerador”, dado que, la parte
actora no acreditó haber radicado ninguna petición en el buzón autorizado para tal
efecto -atencionalciudadano@urt.gov.co-, y que, además, si bien el enlace
municipal – víctimas del municipio de Monterrey, Casanare envió la petición del 24
de abril de 2024, lo hizo a los correos marthaarevalo@urt.gov.co y
jenny.zapata@urt.gov.co

La Sala advierte que, como prueba de la impugnación, la Unidad aportó la siguiente
imagen que demuestra que el enlace municipal victimas del municipio de
Monterrey, remitió el 21 de mayo de 2024 la petición en comento al buzón, que,
según indicó, es el habilitado para la recepción de peticiones:

En consecuencia, está probado que el 24 de mayo de 2024 la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, recibió la petición que
el accionante radicó el 24 de abril del mismo año, además, no demostró haber
emitido la decisión de fondo, ni haberla notificado, por lo que no encuentra sustento
la impugnación contra el fallo de primera instancia que amparó el derecho de
petición.

Por otro lado, aunque acreditó que dio respuesta al actor a través del oficio núm.
202420500906001 de 01 de octubre de 2024, esta actuación comporta un
cumplimiento del fallo de primera instancia, y no se enmarca dentro de los
supuestos jurisprudenciales de la carencia actual de objeto por hecho superado53.

Así las cosas, la Sala no encuentra soporte a la impugnación de la entidad.

53 Numeral 2.6 del acápite de consideraciones de esta providencia.

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3. Conclusión.

A efecto de brindar con contexto adecuado al análisis efectuado en esta
providencia, la Subsección precisa que se confirmará el fallo de primera instancia,
en razón a que los argumentos de impugnación propuestos por la parte actora y
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, fueron despachados en forma desfavorable.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad presentada por la parte actora, con
fundamento en los artículos 136-parágrafo y 133 numerales 2 y 5 del Código
General del Proceso.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2024 por
la Sección Quinta del Consejo de Estado.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e interesados por el medio
más expedito.

CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

SFGS

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