Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02840-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02840-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02840-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
18 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202402840-00
Actora: Miryam del Carmen García Niño
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de inmediatez
Derechos Fundamentales Invocados: i) Dignidad humana y ii) seguridad social
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Miryam del Carmen García Niño
contra la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sala Segunda
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir
la sentencia de 24 de septiembre de 2021, el auto de 7 de diciembre de 2021 y el auto
de 3 de mayo de 2022, en el proceso del recurso extraordinario de revisión
identificado con el número único de radicación 050012333000201903206-00,
vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
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Actora: Miryam del Carmen García Niño
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, mediante la Resolución núm. 000373 de 4 de agosto de 2008,
modificada por la Resolución núm. 000640 de 10 de diciembre de 2008, Pensiones
de Antioquia le reconoció la pensión de vejez.
4. Indicó que, solicitó la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios, frente a lo cual,
Pensiones de Antioquia negó su solicitud.
5. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Pensiones de Antioquia, con el fin de que se
ordenara la reliquidación de su pensión con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios.
6. Afirmó que, el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Medellín, dentro
del proceso identificado con el número único de radicación
050013333026201400396-00, profirió sentencia el 29 de marzo de 2017, mediante
la cual concedió las pretensiones de la demanda y ordenó a Pensiones de Antioquia
reliquidar su pensión de vejez con todos los factores salariales devengados en los
últimos 10 años de servicios, incluyendo, además de los legales, la prima de vida
cara y el incentivo por antigüedad, que son de creación territorial.
7. Sostuvo que, Pensiones de Antioquia presentó recurso de apelación; sin
embargo, mediante auto de 10 de mayo de 2017, el Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito de Medellín rechazó el recurso por extemporáneo.
8. Manifestó que, Pensiones de Antioquia interpuso recurso extraordinario de
Revisión de la sentencia mencionada supra, al considerar que se configuraban las
causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 29 de enero de 20031, según las cuales, procede la revisión de pensiones “[…]
1 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.
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Actora: Miryam del Carmen García Niño
i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso y ii)
cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables […]”, en la
medida en que, a su juicio, el Juzgado no tuvo en cuenta las sentencias C-258 de
20132 y SU-230 de 20153 proferidas por la Corte Constitucional y, además,
desconoció la Constitución Política, al omitir la aplicación del Acto Legislativo 01 de
22 de julio de 20054.
9. Señaló que, la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
profirió sentencia el 24 de septiembre de 2021, resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Se declara no probadas las excepciones de falta de legitimación en
la causa por activa y por pasiva, propuestas por la demandada, de conformidad con
lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Pensiones de Antioquia, contra la sentencia del 29 de marzo de 2017, proferido
por el Juzgado Veintiséis (26) Administrativo del Circuito de Medellín, en lo atinente
a la inclusión de factores no previstos en el Decreto 1158 de 1994 y Decreto 1068
de 1995, de acuerdo con la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.
TERCERO: Se infirma la sentencia proferida el 29 de marzo de 2017, por el Juzgado
Veintiséis (26) Administrativo del Circuito de Medellín, en el proceso con radicado
050013333026200140039600, presentado por la señora Myriam del Carmen García
Niño en contra de Pensiones de Antioquia y en su lugar, se denegarán las
pretensiones de la demanda instaurada por la señora Myriam del Carmen García
Niño en contra de Pensiones de Antioquia, la cual solo tendrá efectos una vez haya
transcurrido seis (6) meses a partir de la notificación del acto administrativo que le
dé cumplimiento a este ordinal.
CUARTO: No se condena en costas.
QUINTO: No habrá lugar al reintegro de sumas de dinero ya canceladas, como
quiera que las mismas se presumen percibidas de buena fe […]”.
9.1. Al respecto consideró lo siguiente:
“[…] De las providencias citadas, se advierte que tanto el Consejo de Estado, como
la Corte Constitucional, hacía referencia a la forma en que debía liquidarse las
pensiones reconocidas a las personas beneficiarias del régimen de transición, a
quienes se les aplicaba la Ley 33 de 1985, lo cierto es que si bien, la señora Myriam
del Carmen García Niño era beneficiaria del régimen de transición y por tanto, se le
podía aplicar la Ley 33 de 1985, su pensión no se le reconoció con esta norma, sino
con la Ley 100 de 1993, al resultarle más favorable.
2 Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
3 Corte Constitucional, sentencia SU-230 de 29 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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“Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política”.
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Actora: Miryam del Carmen García Niño
El Juzgado Veintiséis (26) Administrativo del Circuito de Medellín, para efectos de
establecer los factores que debía tomar en cuenta para la liquidación de la prestación,
hizo referencia a la sentencia de unificación proferida el 04 de agosto de 2010 por el
Consejo de Estado e indicó que el mismo análisis allí realizado, debía hacerse a las
pensiones reconocidas con la Ley 100 de 1993, es decir, que los factores
consagrados el Decreto 1158 de 1994 y 1068 de 1995 no eran taxativos. Sin embargo,
considera esta Corporación que el juzgado al realizar dicho análisis, aplicó de manera
indebida la sentencia de unificación del Consejo de Estado, puesto que esta sentencia
no le era aplicable al caso concreto, debido a que en dicha providencia se estableció
el IBL para las pensiones reconocidas por transición con la Ley 33 de 1985, lo cual
no es el caso de la señora Myriam del Carmen García Niño, pues se le reconoció con
aplicación de la Ley 100 de 1993 […]”.
[…]
“[…] no era procedente que el Juzgado Veintiséis (26) Administrativo del Circuito de
Medellín, reconociera, para efectos de liquidar la pensión, factores legales o
extralegales que no estuvieran consagrados en el Decreto 1158 de 1994 y el 1068 de
1995, tales como auxilio de transporte, prima de navidad, prima de vacaciones, prima
de vida cara e incentivo por antigüedad, fundamentando su decisión en una sentencia
de unificación, que no le era aplicable al caso concreto, es decir, haciendo extensiva
la misma a un caso diferente al allí resuelto.
Así mismo, le asiste razón a Pensiones de Antioquia al indicar que con la decisión
proferida por el Juzgado, se transgredió el Acto Legislativo 01 de 2005, en el que se
establece que “Para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”, pues de
conformidad con el Certificado de Salario Base -Folio 21-, la señora Myriam del
Carmen García Niño, únicamente realizó aportes sobre la asignación básica mensual
[…]”.
[…]
“[…] no se ordena el reintegro de las sumas percibidas por la señora Myriam del
Carmen García Niño, como consecuencia de la reliquidación de la pensión ordenada
en la sentencia proferida por el Juzgado Veintiséis (26) Administrativo del Circuito de
Medellín, dado que son pagos realizados de buena fe y en este asunto, tanto el
Consejo de Estado como esta Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia ha reiterado que no procede la devolución de las sumas pagadas de buena
fe […]”.
10. Indicó que, contra la decisión mencionada supra interpuso recurso de apelación,
frente al cual la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante auto de 7 de diciembre de 2021, resolvió declarar improcedente.
11. Señaló que, “[…] en fecha enero 26 de 2022, presenté ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Incidente de Nulidad del proceso (Acción de Revisión),
radicado 05001233300020190320600; insistiendo en la falta de competencia de
esta entidad para conocer del proceso referido […] El Tribunal Administrativo de
Antioquia, en providencia de mayo 03 de 2022; resuelve declarar improcedente la
solicitud de nulidad propuesta […]”.
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Actora: Miryam del Carmen García Niño
12. Precisó que, respecto del recurso de queja que interpuso contra el auto de 7 de
diciembre de 2021, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante auto de 18 de abril de 2024, resolvió declarar bien rechazado el recurso
de apelación presentado contra la sentencia de 24 de septiembre de 2021.
La solicitud de tutela
Pretensiones
13. La actora solicitó en su escrito de tutela5:
“[…] Honorables Consejeros, por las razones expuestas a través de este escrito e
invocando las consideraciones y presupuestos legales antes señalados, con el mayor
respeto y comedimiento solicito de Ustedes conceder el amparo a los derechos que
considero conculcados por la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia Sala
Segunda de Oralidad, dejando sin efecto los alcances de la sentencia de Revisión
proferida por ese órgano judicial en la providencia del 24 de septiembre de 2021, en
el proceso radicado bajo el Nº. 05001233300020190320600 y en cambio dejar
incólume y darle vigencia y valor legal a la sentencia dictada por el Juzgado 26
Administrativo de Medellín, dictada el 29 de marzo de 2017 en el proceso radicado
bajo el Nº. 05001333302620140039600 donde es demandante la perjudicada directa
[…]”.
13.1. Como fundamento de su solicitud de tutela, la actora manifestó que6:
“[…] Visto lo anterior; entro a sustentar la falta del operador jurídico (Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad), afirmando que, el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, norma sobre la cual se sustenta la solicitud de Revisión que
dio origen al proceso que a su vez dio origen a la presente Acción de Tutela; dispone:
“… Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias…” (negrilla intencional).
Luego, al menos hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021; los
Tribunales Administrativos carecen de competencia para conocer de la Acción de
Revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003; amén de no estar el
conocimiento de la Acción de Revisión dentro del ámbito de las competencias que le
asigna el artículo 151 y s.s. del C.P.A.C.A a estas Corporaciones.
De igual modo, los artículos 248 y s.s. del C.P.A.C.A. disponen sobre la procedencia;
competencia; causales; término y trámite del Recurso Extraordinario de Revisión,
pero no disponen estas normas hacer extensiva la competencia para conocer sobre
los asuntos que en particular trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales
5 Transcripción literal del texto.
6 Transcripción literal del texto.
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Actora: Miryam del Carmen García Niño
están asignados exclusivamente al Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia de acuerdo con sus competencias, y no a los Tribunales o Jueces
Administrativos u Ordinarios.
Con todo, el Tribunal Administrativo de Antioquia se arrogó la competencia para
decidir sobre la demanda de Revisión que se ataca por esta vía (Acción de Tutela),
bajo el argumento de que el inciso adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de
2021, extendió la competencia para conocer de los procesos judiciales proferidos en
la jurisdicción Contencioso Administrativa, regulados por el artículo 20 de la Ley 797
de 2003 a los Tribunales administrativos; en efecto, afirmó en su sentencia de
Revisión, lo normado por el inciso del artículo 68 de la Ley 2080 de 2021:
“…”
“De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por
los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos”.
Lo que la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, no
advirtió al arrogarse la competencia para conocer y decidir sobre el asunto que nos
ocupa, es que la Ley 2080 de 2021 empezó a regir, o mejor, cobró vigencia a partir
del día 25 de enero de 2021; esto es, mucho después de la presentación de la
demanda de Revisión que ahora es objeto de acción de tutela; pues la demanda o
Acción de Revisión de que hablamos fue radicada por Pensiones de Antioquia ante
el Tribunal Administrativo de Antioquia en el año 2019; el radicado único nacional de
dicho proceso es el 05001233300020190320600 […]”.
[…]
“[…] Si, en gracia de discusión, se aceptara que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, tenía competencia para conocer del asunto que nos ocupa, y que la Acción
de Revisión no se utilizó por la demandante como una “tercera instancia” al haber
pretermitido las acciones que en derecho corresponden; es importante señalar que el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad va mucho más allá
del ámbito de sus potestades, pues la decisión del Juzgado 26 Administrativo del
Circuito de Medellín que le concedió el derecho a la reliquidación pensional de la
señora MIRYAM DEL CARMEN GARCIA NIÑO con la inclusión de todos los factores
salariales, se tomó con base en el Derecho vigente para la fecha en que fue proferida
la sentencia que así lo dispuso (marzo 29 de 2017) y que fuera infirmada por el
Tribunal; es decir, que en el peor de los escenarios solo podría infirmarse la
sentencia objeto de revisión en lo relativo a la inclusión de los factores
salariales que no son de orden legal, pero no ésta en su totalidad.
No obstante todo lo anterior, el Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
segunda de oralidad hizo caso omiso a todas estas advertencias, hechas con respeto
y consideración, a través de recursos de Ley y solicitud de nulidad; y concentró su
visión, sin más, al resultado final del trámite de la acción de revisión que se ataca en
esta oportunidad […]”.
[…]
“[…] Y es que en el presente asunto se desnaturaliza la interposición del recurso
extraordinario de Revisión, ante la existencia de un medio diferente y natural de
impugnación, cual era el recurso de Apelación, medio de impugnación que por
razones desconocidas no fue interpuesto o lo fue tardíamente por Pensiones de
Antioquia; sobre todo si se tiene en cuenta que la sentencia sobre la cual se pidió
Revisión por el superior, fue dictada en el marco del derecho vigente y no se estaba
solicitando su revisión por el surgimiento de “nuevas verdades” o de pruebas o hechos
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Actora: Miryam del Carmen García Niño
nuevos que hubiesen modificado radicalmente la decisión proferida en ese momento
[…]”.
[…]
“[…] Adicionalmente, el artículo 133 numeral 2º del Código General del proceso (Ley
1564 de 2012) dispone: CAUSALES DE NULIDAD “2. Cuando el juez procede contra
providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o
pretermite íntegramente la respectiva instancia.” (negrilla propia) […]”. (Resaltado del
texto original)
Actuación
14. El Despacho sustanciador, mediante auto de 20 de junio de 2024: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Antioquia; y iii) vinculó a Pensiones de Antioquia y a la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en calidad de terceros con interés legítimo,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
15. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó negar la acción de tutela, al
considerar que:
“[…] El argumento presentado en la acción de tutela se centra en la falta de
competencia del Tribunal Administrativo de Antioquia para conocer del recurso
extraordinario de revisión […]”.
[…]
“[…] En la sentencia proferida por esta Corporación y que es objeto de tutela se
precisó que, “Respecto a la competencia para conocer del recurso de revisión, indica
el inciso 2° del artículo 249 que de los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas de los tribunales administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia y el inciso tercero establece
que de los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los
jueces administrativos conocerán los tribunales administrativos.” […]”.
[…]
“[…] En igual sentido, el Consejo de Estado afirmó “(…) Por todo lo expuesto, el
Despacho concluye que el mecanismo extraordinario presentado por la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional no reúne las exigencias previstas en la ley
para que pueda encuadrarse en una acción de revisión; por consiguiente, al tratarse
de un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia ejecutoriada proferida
por un juez administrativo, deberá conocer de ella el Tribunal Administrativo, conforme
a la regla de competencia consagrada en el artículo 249 del CPACA, la cual es de
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Actora: Miryam del Carmen García Niño
origen objetivo, máxime si se tiene en cuenta que la competencia es irrenunciable,
indelegable, intransferible e impostergable(…)”7
Ahora bien, mediante auto del 03 de mayo de 2022, el Despacho resolvió la solicitud
de nulidad presentada por la señora Miryam del Carmen García Niño, advirtió […]”.
[…]
“[…] Así pues, no le asiste razón a la accionante en cuanto a que el Tribunal
Administrativo de Antioquia no era competente para resolver respecto de este asunto,
pues el recurso extraordinario de revisión sigue las reglas contempladas en la Ley
1437 de 2011 para su procedimiento […]”.
16. Pensiones de Antioquia solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de
tutela, al considerar que:
“[…] De acuerdo con los hechos narrados en esta acción de tutela y conforme con los
requisitos generales, Pensiones de Antioquia considera que la presente solicitud de
amparo constitucional por vía de hecho, contra la sentencia de revisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, no cumple con el requisito general de la inmediatez.
La sentencia del recurso extraordinario de revisión no tiene recursos, por lo tanto, la
decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia se profirió el 24 de septiembre de
2021, se notificó por correo electrónico el 28 de septiembre y quedo (sic) ejecutoriada
de conformidad con el artículo 302 del Código General de Proceso el 4 de octubre de
2021.
El requisito de la inmediatez protege los derechos de terceros de una tutela
presentada años después de notificada o ejecutoriada una sentencia, ampara al
principio de seguridad jurídica.
En vista de lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 5 de
agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a
partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente».
Así las cosas, la accionante debió contabilizar el plazo de 6 meses desde la
notificación de la sentencia por correo electrónico el 28 de septiembre 2021 (sic); es
decir, tenía hasta el 28 de marzo de 2022 para radicar la demanda. Como puede
observarse, al examinar la solicitud de amparo, se encuentra que la demanda se
radicó tan solo el 04 de junio de 2024.
Han pasado más de dos años después que se vencieron los seis (6) meses que
estipula la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo que hace improcedente esta
acción de tutela contra providencia judicial dado que no cumple con el requisito de
inmediatez […]”.
7 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio
de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 11001-03-25-000-2018-01540-00(5039-18)
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Núm. único de radicación: 110010315000202402840-00
Actora: Miryam del Carmen García Niño
17. El Tribunal Administrativo de Antioquia allegó copia digital del expediente del
proceso del recurso extraordinario de revisión identificado con el número único de
radicación 050012333000201903206-00.
18. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado guardó silencio
en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
19. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19918, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20219 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
201910, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
20. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
21. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de la inmediatez.
8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
9 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 110010315000202402840-00
Actora: Miryam del Carmen García Niño
22. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la dignidad humana; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental a la seguridad social; procediendo posteriormente a v)
resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando,
se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
23. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena11, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
24. Esta Sección adoptó12 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200513, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio
de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
25. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
13 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Núm. único de radicación: 110010315000202402840-00
Actora: Miryam del Carmen García Niño
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.
26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”14 que encaje en dichos parámetros.
27. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
28. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
29. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional16.
14 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
16 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Actora: Miryam del Carmen García Niño
Acerca del requisito general de procedencia de inmediatez dentro del marco
de la acción de tutela
30. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199117 estableció que
la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la sentencia
SU-961 de 199918 dijo:
“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial
y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.
31. Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito general
de procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:
“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este
aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha
estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional […]19.
32. Con fundamento en el anterior criterio jurisprudencial, es posible advertir que
la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los
17 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
18 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto
de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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Núm. único de radicación: 110010315000202402840-00
Actora: Miryam del Carmen García Niño
seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar
el cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez.
33. Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho20:
“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de
abril de 200821, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno
de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo
razonable.[…]”.
34. De igual manera frente al tema y concretamente cuando se trata del
reconocimiento de prestaciones periódicas, esta Sección ha dicho22:
“[…]…la Sala (Expediente nro. 2013-02423-0123, Actora: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
-UGPP-), concluyó que “[…] siempre que se trate de una acción de tutela contra
providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el análisis
del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, incluido el de
inmediatez, el cual deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre
que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de
debilidad manifiesta […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
dignidad humana
35. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general […]”. (Resaltado por la Sala)
20 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
21 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de
2018, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-00293-00.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de
2014, C.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación: 11001-03-15-000-2013-02423-01.
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36. Atendiendo a que la Corte Constitucional24 ha establecido que el derecho a la
dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación
con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar
un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la
dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante (sic) o
humillante. De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma,
este Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un
valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un
principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental
autónomo […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
37. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Actora: Miryam del Carmen García Niño
38. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:25
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado26.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”27. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”28 […]”.
Análisis del caso concreto
39. La Sala estudia si en el presente caso se cumple con el requisito general de
procedencia de inmediatez.
40. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sala Segunda
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir
la sentencia de 24 de septiembre de 2021, el auto de 7 de diciembre de 2021 y el auto
de 3 de mayo de 2022, en el proceso del recurso extraordinario de revisión
identificado con el número único de radicación 050012333000201903206-00,
vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
41. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
25 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
26 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
27 Sentencia T-173 de 2016.
28 Ibídem.
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Actora: Miryam del Carmen García Niño
42. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
43. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
43.1. Copia digital del expediente del proceso del recurso extraordinario de revisión
identificado con el número único de radicación 050012333000201903206-00.
Solución al caso en concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez
44. En el expediente está plenamente acreditado que i) la Sala Segunda de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió la sentencia el 24 de septiembre de
2021, la cual quedó notificada el 30 de septiembre de 202129; y ii) la actora presentó
la acción de tutela el 31 de mayo de 202430, es decir que, desde el 1.° de octubre
de 2021 (día en el que empezaron a correr los términos una vez surtida la
notificación personal) a la fecha de presentación de la acción de tutela, la actora
presentó la acción de tutela por fuera del plazo razonable.
45. Por otra parte, en el expediente está plenamente acreditado que i) la Sala
Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió los autos de
7 de diciembre de 2021 y de 3 de mayo de 2022, los cuales se notificaron el 13 de
diciembre de 2021 y el 10 de mayo de 2022, respectivamente; y ii) la actora
29 Al respecto, la Sala precisa que la notificación personal se entiende realizada una vez transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Por consiguiente, en el caso sub examine el mensaje de datos que puso en conocimiento la
providencia cuestionada se envió el 28 de septiembre de 2021, se entiende notificada personalmente el 30 de
septiembre de 2021 y los términos comenzaron a correr a partir del 1.° de octubre de 2021.
30 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “4ED_CorreoElectronico(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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presentó la acción de tutela el 31 de mayo de 2024, es decir que, la actora presentó
la acción de tutela por fuera del plazo razonable.
46. No obstante, la misma jurisprudencia ha considerado que el requisito de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales
debe ser analizado en cada caso concreto, y que existen situaciones especiales
que permiten establecer un plazo superior al determinado31, como por ejemplo en
los casos donde se controvirtieren asuntos sobre prestaciones periódicas, donde
se deben verificar los requisitos antes mencionados en la parte motiva de esta
sentencia como lo son: “[…] que se demuestre que la vulneración de los derechos
permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó
sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se
encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”. (Resaltado por la Sala).
47. En el análisis del caso concreto, se cumple el primer requisito toda vez que la
pensión de vejez constituye una prestación periódica y la presunta vulneración
alegada es continua y actual, teniendo en cuenta que lo que se procura es que tal
prestación le sea reconocida, con los reajustes respectivos.
48. En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta32,
conviene traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en sentencia de
28 de mayo de 201533, por medio del cual unificó su jurisprudencia en cuanto a la
aplicación de los criterios que deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de
la inmediatez en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a
la “condición de debilidad manifiesta”, en donde señaló que:
“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se estableció
“el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en casos
31 Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
32 Sobre los sujetos de especial protección constitucional por encontrarse en una situación de debilidad
manifiesta con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, ha dicho la Corte
Constitucional: “La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta
Corporación, está constituida por aquellas personas que, debido a su condición física, psicológica o social
particular merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva. Así se ha
considerado que entre los grupos de especial protección constitucional se encuentran los niños, los
adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las
personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en situación de extrema pobreza”. ( Corte
Constitucional, Sentencia T-979 de 19 de diciembre de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 28 de mayo de
2015, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-00001-01.
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Actora: Miryam del Carmen García Niño
como el presente, en que se controvierte una sentencia relacionada con la
reliquidación de una prestación periódica, se ha acudido al citado lineamiento
Jurisprudencial de manera invariable, para determinar si el hecho de haber
superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela merece ser tratado
en forma especial, esto es, a la luz de los criterios de ”que i) se demuestre que la
vulneración de los derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela; y que ii) el actor se encuentre en un condición de
debilidad manifiesta.”
Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en las
modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de dichos criterios
frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a
soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el pensionado,
por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que le permite enervar dicho
requisito de procedibilidad, pero también ha entendido que en ocasiones se requieren
elementos adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]”.
[…]
“[…] Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta oportunidad
la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia, determinará como lineamiento
único y preciso, en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la tutela
contra providencias judiciales, cuando el solicitante del amparo constitucional es un
pensionado o persona que goza de Asignación de Retiro, que tal condición no es
per se circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida cuenta de que es
necesario que confluyan elementos adicionales que permitan concluir que el actor se
encuentra en “la especial situación” que “convierte en desproporcionado el
hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros”, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006
y esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero Ponente doctor Marco
Antonio Velilla Moreno.
Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas circunstancias que
pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor está o no en una ESPECIAL
SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus
derechos, dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas constituyan taxatividad
alguna. Justamente por ello, esta Sala introdujo dentro de dicha lista al pensionado,
por tratarse de un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.
Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye, además de los
pensionados, a otros grupos de personas, tales como: indígenas, padres y madres
cabeza de familia, mujer embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos,
defensores de derechos humanos, enfermos graves, desplazados, entre otros; sin
que sea aceptable concluir que en todos los casos, éstos resulten eximidos de
cumplir el requisito de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para
obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el solo hecho de ser
denominados sujetos de especial protección[…]”.
49. Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con prueba
sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su
inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de
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protección constitucional contra la providencia que presuntamente violó sus
derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto de
la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el
término de inmediatez.
50. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU – 354 de
201734, reiteró la importancia del requisito general de procedencia de inmediatez en
la acción de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso
hizo una excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general
como tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que
consideró que la acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses
después de haber sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de
tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia
que no se observa en el presente caso.
51. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito general de
procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable,
teniendo en cuenta que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, el amparo debe ser presentado dentro de
los seis (6) meses siguientes contados a partir de la notificación de la providencia.
52. Finalmente, la Sala precisa que no se pronunciará respecto del auto de 18 de
abril de 2024 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que resolvió declarar bien rechazado el recurso de apelación presentado
contra la sentencia de 24 de septiembre de 2021, en la medida en que este no fue
cuestionado por la actora.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.
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Conclusiones de la Sala
53. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de
tutela que presentó la actora contra la autoridad judicial accionada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó la actora
contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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