Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02840-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02840-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02840-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
27 de agosto de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02840-01
Demandante: MYRYAM DEL CARMEN GARCÍA NIÑO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
REVOCA. CONFIRMA LA SENTENCIA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE EL AMPARO POR NO HABERSE
SATISFECHO EL REQUISITO DE INMEDIATEZ. LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ABIERTAMENTE
IMPROCEDENTES NO CONSTITUYE UNA RAZÓN VÁLIDA
PARA REVIVIR EL TÉRMINO DE INMEDIATEZ.
Síntesis: la parte demandante cuestionó tanto la providencia del 24 de septiembre de 2021 como
los autos del 7 de diciembre del mismo año y el 3 de mayo de 2022, porque, a su juicio, violaron
el debido proceso e incurrieron en un defecto procedimental. No obstante, se declarará
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez, tras verificarse
que todos los argumentos se encaminaron a reprochar la providencia del 24 de septiembre de
2021 que fue notificada en un término superior a los seis meses que ha considerado la
jurisprudencia constitucional como razonables y, en todo caso, frente a las demás providencias
también se excedió el término.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 18 de julio de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
en la que se decidió:
“PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó la
actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia”. (negrillas del original – archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI)
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 10 de mayo de 2024, la parte actora promovió proceso de
acción de tutela en contra de la sentencia del 24 de septiembre de 2021, mediante la cual
se declaró fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Pensiones
Antioquia y se revocó la sentencia del 29 de marzo de 2017 proferida en el marco de un
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02840-01
Actor: Miryam del Carmen García Niño
Acción de tutela
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a través de la cual se había accedido
a las pretensiones y ordenado la reliquidación de su pensión.
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Mediante la Resolución no. 000373 de 4 de agosto de 2008, modificada por la
Resolución no. 000640 de 10 de diciembre de 2008, Pensiones de Antioquia le reconoció
una pensión de vejez y, posteriormente, solicitó la reliquidación para obtener la inclusión
de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, sin embargo,
esa solicitud fue negada.
2) Presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra Pensiones de Antioquia, con el fin de que se ordenara la reliquidación
de esa prestación en los términos referidos.
3) Mediante sentencia el 29 de marzo de 2017, el Juzgado Veintiséis Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín accedió las pretensiones de la demanda y le ordenó a
Pensiones de Antioquia reliquidar su pensión de vejez con todos los factores salariales
devengados en los últimos 10 años de servicios, con la inclusión, además de los legales,
de la prima de vida cara y el incentivo por antigüedad, que son de creación territorial1.
4) Pensiones de Antioquia apeló esa; sin embargo, mediante auto de 10 de mayo de
2017, el Juzgado 26 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín rechazó el recurso
por extemporáneo.
5) El 5 de diciembre de 2019, Pensiones de Antioquia interpuso recurso extraordinario de
revisión en contra de la sentencia mencionada con fundamento en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 29 de enero de 20032, según los cuales, procede la revisión
de pensiones i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido
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El proceso se registró con radicación no. 05001-33-33-026-2014-00396-00.
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El proceso se registró con radicación no. 05001-23-33-000-2019-03206-00.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02840-01
Actor: Miryam del Carmen García Niño
Acción de tutela
proceso y ii) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
6) Contestó la demanda en la cual afirmó que la providencia objeto de revisión se profirió
con arreglo al derecho vigente para esa época y la inconformidad debió manifestarse
mediante los recursos de ley, asimismo, propuso las excepciones de falta de legitimación
en la causa por activa y por pasiva, falta de competencia y falta de agotamiento completo
del trámite judicial.
7) Mediante sentencia de 24 de septiembre de 2021, la Sala Segunda de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia declaró fundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Pensiones de Antioquia en contra de la sentencia del 29 de marzo de
2017, en lo atinente a la inclusión de factores no previstos en el Decreto 1158 de 1994 y
el Decreto 1068 de 1995, de acuerdo con la causal prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, al tiempo que revocó esa decisión y, en su lugar, negó las
pretensiones, pero dispuso que la decisión solo tendría efectos una vez transcurrieran
seis (6) meses a partir de la notificación del acto administrativo que le diera cumplimiento.
8) Interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado por la Sala Segunda de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 7 de diciembre de 2021, toda
vez que no era procedente.
9) El mismo 7 de diciembre de 2021 formuló recurso de queja con base en que el tribunal
sostuvo que no era posible entrar nuevamente en un debate cerrado y revivir una
actuación que ya fue objeto de decisión, no obstante, no adoptó el mismo fundamento al
momento de conocer sobre el recurso extraordinario de revisión, instancia que fue
utilizada como un nuevo momento para reabrir un debate ya clausurado.
10) A su juicio, Pensiones de Antioquia pretendió reabrir un debate jurídico “sobre la
interpretación que debe darse a la jurisprudencia que sobre el tema de la liquidación del
ingreso base de liquidación de las pensiones inmersas en el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993”, a pesar de que tuvo a su disposición el recurso de apelación pero lo
ejerció de manera extemporánea.
11) El 26 de enero de 2022, presentó incidente de nulidad por falta de competencia del
tribunal para resolver el recurso extraordinario de revisión y por revivir un proceso
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02840-01
Actor: Miryam del Carmen García Niño
Acción de tutela
terminado, de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 133 del Código General
del Proceso.
12) En auto del 3 de mayo de 2022, la Sala Segunda de oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia negó la nulidad planteada, pues, por una parte, respecto a la
alegada falta de competencia, señaló que el artículo 249, inciso 3, de la Ley 1437 de
2011, establece que de los recursos extraordinarios presentados en contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales
Administrativos, además, esa disposición fue adicionada por el artículo 68 de la Ley 2080
de 2021 que previó que las reglas de competencia previstas en ese artículo también se
aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, regulada en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, por tanto, era competente para conocer ese asunto.
13) A través de proveído del 18 de abril de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado resolvió declarar bien rechazado el recurso de apelación
presentado contra la sentencia de 24 de septiembre de 2021 que resolvió el recurso
extraordinario de revisión, toda vez que no era procedente.
Fundamentos de la vulneración
La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Antioquia violó el debido proceso
debido a que se atribuyó la competencia para decidir sobre la demanda de revisión con
el argumento de que el inciso adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 2021,
extendió la competencia para conocer de los procesos judiciales proferidos en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, regulados por el artículo 20 de la Ley 797
de 2003 a los Tribunales administrativos, lo cual no es así, ya que la Ley 2080 de 2021
empezó a regir a partir del 25 de enero de 2021, esto es, mucho después de la
presentación de la demanda de revisión en el año 2019.
Pero además de lo anterior, la Ley 2080 de 2021, reza en su artículo 86 sobre su vigencia,
y pone especial atención a las normas que modifican las competencias de los Juzgados
Administrativos, Tribunales Administrativos y Consejo de Estado, pues ese artículo
dispone que “la presente Ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas
que modifican las competencias de los juzgados y los tribunales administrativos y
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02840-01
Actor: Miryam del Carmen García Niño
Acción de tutela
del Consejo de Estado, las cuales sólo se aplicarán respecto de las demandas que
se presenten un año después de publicada esta ley”.
Por otra parte, alegó que se presentó un defecto procedimental absoluto, toda vez que el
tribunal permitió revivir un debate sobre el derecho a la reliquidación de la pensión, lo
cual desnaturaliza el recurso de revisión, en desconocimiento de que en el curso del
proceso ordinario Pensiones de Antioquia tuvo la oportunidad de recurrir la decisión que
accedió a las pretensiones, pero lo hizo de manera tardía, de modo que no puede
pretender rehacer el debate cuando dejó pasar el momento procesal previsto para ello.
En gracia de discusión, si se aceptara que el Tribunal Administrativo de Antioquia tenía
competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que solo
debió haber infirmado la sentencia objeto de revisión en lo relativo a la inclusión de los
factores salariales que no son de orden legal, pero no en su totalidad.
No obstante, el tribunal hizo caso omiso a todas esas advertencias puestas de presente
a través de los recursos de ley y la solicitud de nulidad.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“Honorables Consejeros, por las razones expuestas a través de este escrito e
invocando las consideraciones y presupuestos legales antes señalados, con el
mayor respeto y comedimiento solicito de Ustedes conceder el amparo a los
derechos que considero conculcados por la decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia Sala Segunda de Oralidad, dejando sin efecto los alcances de la
sentencia de Revisión proferida por ese órgano judicial en la providencia del 24
de septiembre de 2021, y en cambio dejar incólume y darle vigencia y valor legal
a la sentencia dictada por el Juzgado 26 Administrativo de Medellín, dictada el
29 de marzo de 2017.
Dejo expresa constancia bajo la gravedad del juramento que por estos mismos
hechos, ni mi mandante ni yo, hemos instaurado acción semejante y que lo
afirmado en esta, corresponde a la verdad”.
Actuación procesal
Mediante auto de 20 de junio de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo de Antioquia, así como la vinculación de Pensiones de Antioquia y a la
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Actor: Miryam del Carmen García Niño
Acción de tutela
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que allegaran
un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Sentencia de primera instancia
A través de sentencia de 18 de julio de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez,
tras advertir que la sentencia del 24 de septiembre de 2021 quedó notificada el 30 de
septiembre de 2021; mientras que la actora presentó la acción de tutela el 31 de mayo
de 2024, es decir que desde el 1° de octubre de 2021 (día en el que empezaron a correr
los términos una vez surtida la notificación personal) a la fecha de presentación de la
acción de tutela, transcurrieron más de los seis (6) meses que la jurisprudencia
constitucional ha establecido como plazo razonable.
Asimismo, los autos de 7 de diciembre de 2021 y de 3 de mayo de 2022, se notificaron
el 13 de diciembre de 2021 y el 10 de mayo de 2022, respectivamente, pero, la actora
presentó la acción de tutela el 31 de mayo de 2024, es decir, por fuera del plazo
razonable.
Impugnación
La parte actora señaló que contra la providencia del 24 de septiembre de 2021 presentó
apelación, sin embargo, como fue declarada improcedente, formuló recurso de queja, el
cual fue resuelto el 18 de abril de 2024, luego entonces, el fallo objeto de dicho recurso
cobró ejecutoria a partir del 24 de abril de 2024, fecha en la que fue notificado.
Por tal motivo no presentó la acción de tutela con anterioridad, pues, estaba convencida
de que hasta tanto no se resolviera el recurso de queja ante la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia de declarar improcedente la apelación, la providencia del 24
de septiembre no estaba en firme.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto
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Actor: Miryam del Carmen García Niño
Acción de tutela
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Antioquia con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales a la dignidad humana y seguridad social, presuntamente vulnerados con
ocasión de la sentencia del 24 de septiembre de 2021 y los autos del 7 de diciembre de
2021 y 3 de mayo de 2022.
En la sentencia de primera instancia la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
inmediatez, toda vez que se excedió el término que la jurisprudencia constitucional ha
considerado razonable para atacar providencias judiciales y no se justificó su tardanza.
El actor impugnó con base en que la providencia del 24 de septiembre de 2021 no había
quedado en firme hasta que se resolviera el recurso de queja presentado en contra del
auto que declaró improcedente el recurso de apelación.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse con el
requisito de inmediatez por las razones que procederán a exponerse:
El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de una
correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02840-01
Actor: Miryam del Carmen García Niño
Acción de tutela
Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos con
el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las situaciones que
vulneran o amenazan sus garantías constitucionales en orden a que se puedan tomar
medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.
En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un término
prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección “inmediata3”
de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir su cometido y el
paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni desproporcionado que torne
ineficaz o inane el control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de
tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y alcance
de este requisito, así:
“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra providencias
judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad de
la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que no se
entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan perentoria, no se
acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia de ello,
permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación
constitucional contra una providencia judicial, puede afectar además el principio
de seguridad jurídica; de tal manera que la inmediatez sea claramente una
exigencia ineludible en la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales4”.
En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa judicial la
“urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se exija a los
afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento de la vulneración
o amenaza.
Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso se pretende es dejar sin efectos una
decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación o ejecutoria de
3
En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”. (negrillas
adicionales).
4
Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02840-01
Actor: Miryam del Carmen García Niño
Acción de tutela
la providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so pena de que como
una de las consecuencias lógicas del principio de seguridad jurídica el solo paso del
tiempo conlleve a que la providencia se proyecte, consolide sus efectos y se legitime.
De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las decisiones
con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los derechos de los
terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de manera indefinida a que su
contraparte no haga uso de esta herramienta o someterse a procesos sempiternos, lo
cual desde luego desdibuja la esencia de este mecanismo e implicaría sacrificar principios
tan valiosos de cualquier ordenamiento jurídico como lo son la seguridad jurídica y la cosa
juzgada.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha sido
enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser equiparado en
toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las acciones ordinarias,
pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente es erigirse en la primera
herramienta de protección y defensa ante acciones u omisiones que pongan en riesgo o
vulneren garantías iusfundamentales en ocasiones aplicar de manera estricta el término
de 6 meses puede resultar en una decisión excesivamente rigurosa.
Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía ante la posibilidad
de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la demanda no se
hubiere presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental son permanentes, persisten en el tiempo y
hacen que la violación sea siempre actual.
Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que deben
analizarse en cada caso concreto en orden a racionalizar la exigencia de la inmediatez,
a saber:
“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión;
(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02840-01
Actor: Miryam del Carmen García Niño
Acción de tutela
(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición5”.
En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos”, el juez debe valorar si
la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente válidas que
expliquen de manera razonable la inactividad de la parte actora, hipótesis en las cuales
el amparo constitucional siempre será procedente.
2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto
1) La Sala encuentra que le asiste la razón al a quo en cuanto a que en el presente asunto
no se cumplió con el requisito de inmediatez, por cuanto la única providencia cuestionada
en este caso por parte de la actora fue la decisión que resolvió el recurso extraordinario
de revisión, la cual fue proferida el 24 de septiembre de 2021 y notificada el 30 de
septiembre siguiente, mientras que la acción de tutela se interpuso ante esta Corporación
el 10 de mayo de 2024, lo cual denota que se ejerció extemporáneamente.
2) Si bien es cierto que la sentencia del 24 de septiembre de 2021 fue objeto de un
recurso de apelación y luego una queja que se decidió el 18 de abril de 2024, lo cierto es
que contra esta última providencia no se plantearon reparos, pues, los únicos defectos
que se invocaron se le endilgaron puntual y expresamente a aquella6 e, inclusive a los
autos los autos del 7 de diciembre de 20217 y 3 de mayo de 20228, frente a los cuales
también se advierte que se superó con creces el término de seis meses que la
jurisprudencia constitucional ha considerado razonable para ejercer el derecho de acción
tratándose de este mecanismo constitucional, en aras de garantizar la seguridad jurídica
y el principio de la cosa juzgada.
2) Esta Sala reconoce que aplicar de manera estricta el término de seis meses puede
resultar en una decisión excesivamente rigurosa por lo cual no siempre el simple
transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir que la acción de tutela se ha
presentado de forma tardía ante la posibilidad que existan circunstancias especiales que
5
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.
6
Como se puede advertir con claridad a partir tanto de las pretensiones de la demanda como del
fundamento de la vulneración.
7
Providencia que rechazó por improcedente el recurso de apelación contra la providencia que resolvió el
recurso extraordinario de revisión.
8
Providencia que resolvió el incidente de nulidad.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02840-01
Actor: Miryam del Carmen García Niño
Acción de tutela
no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya presentado en un término razonable
sino que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental sean
permanentes, persisten en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.
3) No obstante para esta Sala resulta claro que la parte actora no demostró alguna
situación personal que permita evidenciar que esa exigencia es desproporcionada
máxime cuando de los planteamientos del escrito de tutela es posible inferir que lo
pretendido es revivir una discusión que ya fue zanjada.
4) Ahora bien, la Sala advierte que en este caso tampoco se explicó ni justificó la
presentación tardía de la acción, pues no se esgrimió ningún i) motivo válido o situación
personal que justificara la inactividad; ii) no se aprecia que se esté ante una vulneración
a amenaza permanente, iii) que el fundamento de la acción haya surgido después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos, o iv) ninguna otra circunstancia especial
que permita flexibilizar el término de inmediatez.
5) Adicionalmente, la Sala considera necesario aclarar que el término que se ha estimado
como razonable para reclamar la protección de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados por las decisiones de la administración de justicia no puede
revivirse mediante el ejercicio de recursos manifiestamente improcedentes o
extemporáneos, tal como lo ha sostenido de manera reiterada esta Corporación9.
6) En efecto, de la lectura del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 resulta claro que el
recurso de apelación no procede contra la sentencia que resuelve el recurso
extraordinario de revisión, por ende, si la parte actora consideró que la providencia del
24 de septiembre de 2021 fue expedida sin competencia e, inclusive, el proceso fue
tramitado con carecía absoluta de ese requisito, debió presentar la acción de tutela
después de que se notificó la misma, debido a que fue esa decisión a la que se le endilgó
la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
7) En su defecto, proponer el incidente de nulidad dentro del término de ejecutoria de la
sentencia del 24 de septiembre de 2021 o interponer el recurso de reposición contra del
auto del 7 de diciembre de 2021, pues en ambos proveídos el tribunal explicó que en el
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-00805-00; así como, la sentencia del 27 de agosto de 2021, expediente con radicación:
11001-03-15-000-2020-05124-01 (AC).
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02840-01
Actor: Miryam del Carmen García Niño
Acción de tutela
trámite del recurso extraordinario de revisión no es posible plantear excepciones previas
de conformidad con la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 al artículo 253
del CPACA, por tanto, no podía resolver frente a la alegada falta de competencia.
8) En consecuencia, para la Sala no puede tener por satisfecho el requisito de inmediatez
con el pretexto que la providencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión no
estaba en firme debido a que se encontraban surtiendo su trámite los recursos que contra
ello se formularon, pues, ello no constituye un criterio aceptable para tenerlo por
superado, como se advirtió previamente.
9) En gracia de discusión, aún si se tuviera por superado el presupuesto de la inmediatez,
la Sala advierte que la acción sería igualmente improcedente porque tampoco se cumplió
con el requisito de relevancia constitucional, pues, en esta ocasión la actora pretende que
se declare que la accionada carecía de competencia para resolver el asunto, sin
embargo, dicho aspecto, se itera, fue decidido por el tribunal en la sentencia de 24 de
septiembre de 2021 y reiterado en el auto de 7 de diciembre de 2021, así:
“Mediante memorial del 08 de octubre de 2021 se radicó por el apoderado de la
parte demanda, recurso de apelación contra la sentencia del 24 de septiembre
de 2021, solicitando que se resolvieran dentro de la sentencia, las excepciones
de falta de competencia y falta de agotamiento completo del trámite judicial
dentro de la sentencia, dejando en firme la sentencia proferida por el Juzgado
Veintiséis (26) Administrativo del Circuito de Medellín. Acerca de la solicitud de
resolver las excepciones de falta de competencia y falta de agotamiento
completo del trámite judicial dentro de la sentencia, debe advertirse que, las
mismas fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia proferida por la Sala
Segunda de Oralidad el 24 de septiembre de 2021, en los siguientes términos:
Se advierte que la señora Myriam del Carmen García Niño propuso las
excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva,
falta de competencia y falta de agotamiento completo del trámite judicial.
El artículo 253 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 2080 de 2021,
establece que “Dentro de este trámite no se podrán proponer
excepciones previas”, por lo que teniendo en cuenta que la contestación
de la demanda se presentó el 08 de abril de 2021 -Folio 164-, es decir,
en vigencia de la Ley 2080 de 2021, por lo que no sería procedente
resolver respecto de falta de competencia y falta de agotamiento
completo del trámite judicial”.
10) En consecuencia, para la Sala es claro que en este caso tampoco se cumpliría con
el requisito de relevancia constitucional, porque los argumentos de la acción tutela fueron
abordados y resueltos en la sentencia, de modo que la parte actora no puede pretender
emplear este mecanismo constitucional como una instancia adicional para mostrar su
descontento con la decisión porque dicho proceder se encuentra vedado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02840-01
Actor: Miryam del Carmen García Niño
Acción de tutela
11) Sin perjuicio de ello, se reitera, lo cierto es que el amparo pretendido fue presentado
por fuera del término que se ha establecido por vía pretoriana como razonable para acudir
al juez constitucional, motivo por el cual se confirmará la providencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela por falta de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia de primera instancia del 18 de julio de 2024 que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por la señora Miryam del Carmen García
Niño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Salva voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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