RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02845-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02845-01

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02845-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 8 de julio de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por la UGPP en contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02845-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

22 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02845-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Reconocimiento pensional en los términos de Ley 33
de 1985 pese a que dicha norma no era aplicable a la situación
prestacional del causante

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación formulada por la UGPP, en contra de la sentencia
proferida el 8 de julio de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud2

La UGPP promovió solicitud de tutela con el fin de que se amparara su derecho
fundamental al debido proceso en conexidad con el principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional, el cual consideró vulnerado con ocasión de la
sentencia proferida el 9 de noviembre de 2023, adicionada el día 30 siguiente, por
el Tribunal Administrativo del Cesar, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho con radicado 20001333300420150027101.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) José de Jesús Villero Daza presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, demanda en contra de la UGPP, con el fin de que
se declarara la nulidad de las Resoluciones. RDP 010352 del 27 de marzo de 2014,
RDP 014342 del 8 de mayo de 2014, y RDP 028500 del 18 de septiembre de 2014,

1 En adelante UGPP
2 Ver índice 2 de Samai del expediente 11001031500020240284500. Archivo denominado
«2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02845-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

mediante las cuales se le negó el reconocimiento de una pensión de jubilación.

ii) El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar en sentencia
del 14 de febrero de 2020 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
al considerar que el demandante cumplió los requisitos del régimen de transición
que le permitía trasladarse de régimen en cualquier tiempo, y podía acceder a la
pensión de jubilación de prima media. Decisión contra la cual la entidad demandada
interpuso recurso de apelación.

iii) El Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia del 9 de noviembre de 2023
confirmó la decisión del a quo, al considerar que el demandante nunca perdió su
derecho a la aplicación del régimen de transición y, por ende, era procedente el
reconocimiento de la pensión de jubilación, en aplicación a lo previsto en las Leyes
33 y 62 de 1985. Decisión adicionada el 30 de noviembre de 2023.

iv) Las corporaciones judiciales demandadas vulneraron su derecho
fundamental al debido proceso, al incurrir en defecto fáctico, toda vez que, al
momento de realizar el estudio de los tiempos de servicio prestados, incurrieron
en varias deficiencias al sumar los tiempos privados con los públicos, pues, los
que cotizó al Fondo de Pensiones Protección son privados, por lo cual no
acreditó los 20 años de servicio que exigía la Ley 33 de 1985.

En defecto sustantivo, al ordenarse el reconocimiento pensional con aplicación
de la Ley 33 de 1985, cuando esta norma no podría ser aplicada a José de
Jesús Villero, por cuanto no reunía los requisitos legales para ello.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] • PRINCIPALES

Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados
por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR por el evidente detrimento del erario que se
genera con el reconocimiento de la pensión de jubilación bajo el amparo del artículo 1°
de la Ley 33 de 1985 a favor del señor JOSÉ DE JESÚS VILLERO, norma que no regula
la situación pensional del causante.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior:

a.- DEJAR parcialmente sin efectos los fallos del 14 de febrero de 2020 y 09 de
noviembre de 2023 adicionado por el mismo Tribunal mediante sentencia del 30 de
noviembre de 2023, emitidos por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE VALLEDUPAR y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en el
proceso de Nulidad y Restablecimiento No. 20001333300420150027100, en lo que se
refiere a la orden de reconocimiento de la pensión de jubilación en favor del señor José
de Jesús Villero con fundamento en la Ley 33 de 1985, norma que no regula la situación
prestacional del causante.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02845-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

b.- Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, dictar nueva sentencia
ajustada a derecho, esto es, modificando el fallo del 14 de febrero de 2020 dictado por
el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR y que se
analice el derecho pensional del señor JOSÉ DE JESÚS VILLERO de cara a la Ley 71
de 1988 artículo 7°.

• SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón al no estar superado
el requisito de subsidiariedad solicitamos:

Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP y vulnerados por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en
la sentencia del 14 de febrero de 2020 confirmada con sentencia del 09 de noviembre
de 2023 adicionada mediante sentencia del 30 de noviembre de 2023.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera transitoria los
fallos del 14 de febrero de 2020 y 09 de noviembre de 2023 adicionado mediante
sentencia del 30 de noviembre de 2023 emitidos dentro del proceso contencioso
administrativo No. 20001333300420150027100, en lo que se refiere a la orden de
reconocimiento de la pensión de jubilación en favor del señor José de Jesús Villero con
fundamento en la Ley 33 de 1985, norma que no regula la situación prestacional del
causante, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría
en virtud de su orden tutelar […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. Tribunal Administrativo del Cesar3 solicitó que se negara la petición de
amparo ante la inexistencia de vulneración a derechos fundamentales, toda vez que
la decisión fue proferida de conformidad con el material probatorio allegado al
plenario, el cual permitió concluir que José de Jesús Villero Martínez a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 18 años, 4 meses y 20 días
de labor, y cuando se trasladó al fondo privado ya tenía 19 años, 7 meses y 6 días
de cotización en la extinta Caja Nacional de Previsión Social, razón por la que le
asistía su derecho a la aplicación del régimen de transición.

Asimismo, dicho traslado al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. se
hizo con desconocimiento de la prohibición expresa del traslado de los beneficiaros
del régimen transición al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, cuando les
faltaran diez años para satisfacer los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación, por lo cual se tornó ineficaz.

Contrario al decir por la UGPP, en el recurso de apelación, no se presentó reproche
alguno contra la normativa aplicada por el juez de primera instancia para el
reconocimiento pensional.

3 Ver índice 10 de SAMAI del expediente 11001031500020240284500. Archivo denominado
«15RECIBE PRUEBAS_Informetutela2024028(.pdf) NroActua 10»

3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02845-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

1.2.2. José de Jesús Villero Daza4 solicitó que se negara, o en su defecto, se
declarara la improcedencia de la tutela al no acreditarse los requisitos generales de
procedibilidad, específicamente, el de la subsidiariedad, toda vez que la UGPP
contaba con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, para exponer sus inconformidades.

Además, la verdadera intención de la UGPP es reabrir un debate judicial que ya
culminó, en el cual la actuación de su abogado siempre fue pasiva, pues, en el
recurso de apelación nunca planteó lo atinente a la aplicación de la Ley 71 de 1988
y mucho menos que la Ley 33 de 1985 le era inaplicable a su caso y, aun así, lo
cierto es que nada impedía que se le acumularan tiempos privados y públicos para
acceder a la pensión de jubilación pretendida.

A la UGPP no se le vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que las
pensiones previstas en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988 tienen como requisito
tener 20 años de servicios, los cuales quedaron acreditados con las cotizaciones al
ISS, Cajanal y Protección, y cuyas reglas de liquidación son similares en ambos
casos, esto es, que el IBL sea el promedio de los últimos 10 años de cotización, con
tasa de reemplazo del 75%.

1.2.3. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar5,
guardó silencio.

1.3. Sentencia de primera instancia6

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en sentencia del 8 de julio
de 2024 declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que el asunto no
cumplió con el requisito general de la subsidiariedad, toda vez que la UGPP contaba
con el recurso extraordinario de revisión y no lo agotó, pues, de conformidad con el
numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 se le atribuyó la competencia para
iniciar las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

1.4. Escrito de impugnación7

La UGPP impugnó la decisión del a quo al considerar que el perjuicio es grave,
inminente y próximo a suceder, por lo que, a pesar de poder acceder al recurso
extraordinario de revisión allí no su puede ordenar la suspensión de las sentencias
enjuiciadas, por lo que deben ser acatadas inmediatamente.

4 Ver índice 13 de Samai del expediente 11001031500020240284500. Archivo denominado
«19RECIBE MEMORIAL_RV_RESPUESTAREQUERIM(.zip) NroActua 13»
5 Mediante auto del 11 de junio de 2024 se admitió la tutela de referencia y se ordenó notificar como

parte demandada.
6
Ver índice 15 de SAMAI del expediente 11001031500020240284500. Archivo denominado
«21Sentencia_FALLO TUTE_Sentencia20240284500(.pdf) NroActua 15»
7 Ver índice 20 de SAMAI del expediente 11001031500020240284500. Archivo denominado

«27RECIBE MEMORIAL_IMPUGNACION_UGPPpdf(.pdf) NroActua 20»

4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02845-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Asimismo, reiteró los defectos endilgados respecto al errado reconocimiento de la
pensión en cuanto a la norma aplicable al derecho pensional, sin el lleno de los
requisitos exigidos y con una valoración defectuosa del material probatorio.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20199, esta Sala es
competente para conocer la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.11 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01,

M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02845-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo12, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,14 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.15

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial, el de la subsidiariedad?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de

2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02845-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia16, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Caso concreto

La UGPP acudió al juez de tutela con el fin de que se amparara su derecho
fundamental al debido proceso y, en consecuencia, se dejará sin efectos la
sentencia proferida el 9 de noviembre de 2023, adicionada el día 30 siguiente, por
el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual confirmó la decisión de
reconocer una pensión de jubilación en favor de José de Jesús Villero Daza, pese
a que no acreditó los 20 años de servicio que exige la Ley 33 de 1985.

En este orden de ideas, se considera que las inconformidades planteadas por la
parte actora deben ser dilucidadas por el juez natural del asunto a través del
Recurso Extraordinario de Revisión, en los términos de los artículos 248 y 250 de la
Ley 1437 de 201117, que señalan:

Artículo 248.Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y
por los jueces administrativos.

Artículo 250.Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

16 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-

1121 de 2003.
17 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02845-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. [..:]

En concordancia con lo expuesto por el a quo en sede de tutela, es pertinente
recordar que esta Subsección18 ha reiterado los elementos estructurales de la
causal séptima del artículo 250 del C.P.A.C.A. de la siguiente manera:

«[…] El numeral séptimo del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo regula la causal del recurso extraordinario de revisión
por “7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida (…)”.

Sobre el particular, esta Corporación, en sendos pronunciamientos, ha indicado los
elementos estructurales que componen la causal señalada en el numeral séptimo del
artículo 250 del CPACA, a saber:

(i) Que el objeto del recurso sea una sentencia mediante la cual se decrete la pérdida o
se reconozca a favor de determinada persona una prestación periódica, dentro de las
cuales cabe mencionar las pensiones de jubilación, de vejez, de invalidez, de sustitución,
y la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, principalmente. En cuanto
al carácter de la prestación decretada, se aclara que la causal no se refiere únicamente
a pensiones, sino que se extiende a prestaciones periódicas.

Lo anterior significa que no son susceptibles de esa causal las sentencias que niegan
dicha clase de prestación periódica, como tampoco las que resuelvan sobre aspectos
posteriores a su reconocimiento, en particular los concernientes a su reliquidación,
factores dejados de incluir y, en general, modificación o discusión de su monto.

(ii) Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la «aptitud legal» para acceder
o perder el derecho de gozar de esa prestación periódica. Los supuestos señalados por
la norma pueden resumirse así:

a) Cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él. Esto puede
ocurrir, por ejemplo, en el evento en el que la sentencia reconoce una pensión a quien
no reúne los requisitos;
b) Cuando la persona que ha obtenido el reconocimiento pierde su aptitud legal por
cuestiones de hecho. Tal es el caso de quien recibe una pensión de invalidez y recupera
su salud, con la consecuente posibilidad de reintegrarse a la vida laboral;
c) Cuando sobrevenga una causal legal para la pérdida de la prestación. [..:]»

Asimismo, en cuanto al recurso extraordinario de revisión en materia de lo
contencioso-administrativo como mecanismo de defensa idóneo y eficaz y la falta
de subsidiariedad, la Corte Constitucional en sentencia SU – 026 de 2021, sostuvo
lo siguiente:

«[…] 5.1. En la sentencia C-520 de 2009, al estudiar una demanda contra el artículo
57 (parcial) de la Ley 46 de 1998, la Corte Constitucional se refirió a la naturaleza y
finalidad del recurso extraordinario de revisión en el ordenamiento jurídico colombiano.
Expuso que este recurso, previsto por el legislador en la jurisdicción ordinaria –civil,
penal y laboral– y la jurisdicción contencioso-administrativa[36], es una excepción al
principio de cosa juzgada de las sentencias ejecutoriadas, pues busca “enmendar los

18Providencia del 4 de marzo de 2021 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, C.P. César Palomino Cortés, radicado 20130122300, actor: María Nelly Díaz Álvarez.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02845-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así como restituir el derecho del afectado
a través de una nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte
acorde con el ordenamiento jurídico”[37].

5.2. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de defensa que fue creado
para deshacer las sentencias ejecutoriadas cuando se tiene conocimiento de falencias
que llevaron al juez a emitir un fallo contrario al derecho.[38] En ocasiones, es necesario
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada “debido a que, por circunstancias no conocidas
en el momento de adoptar la decisión, o acaecidas con posterioridad a la decisión, se
revela que ésta se fundó en un error, fraude o ilicitud”[39]. Este recurso, entonces,
constituye una excepción necesaria al principio de cosa juzgada, en la media en que
busca restablecer la justicia material al anular una sentencia ilegítima y ordenar emitir un
nuevo fallo acorde con el ordenamiento jurídico.

[…]

5.5. Respecto de la tipología y comprensión particular de estas causales, el Consejo
de Estado precisó que, a excepción del numeral 4°, ninguno de los numerales que
posibilitan la revisión extraordinaria apuntan a reabrir el debate jurídico ni refutan el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley. Por el contrario, las causales cuestionan
puntualmente las irregularidades procesales y probatorias que afectaron la integridad de
la decisión y vulneraron los derechos de las partes. Al respecto, dicha autoridad judicial
expuso que “las causales de los numerales 5 y 8 son de índole procesal, mientras que
las causales de los numerales 1, 2, 3, 6 y 7 recaen sobre aspectos que atañen a la
validez o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la
decisión” [41].

5.6. Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del
derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado.
De hecho, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre
la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este derecho:

“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se plantearía la
controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los que constituyen el
presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un pronunciamiento del juez
constitucional dejaría sin oficio al juez competente. Los dos procesos, el extraordinario
especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y
resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos judiciales
concurrentes”[42].

5.7. Estas similitudes entre los dos mecanismos de defensa han llevado a la Corte
Constitucional a establecer la siguiente subregla de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:

“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial
dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el peticionario, y la
cobertura brindada por las causales aplicables al proceso específico. Así, el recurso será
eficaz cuando a) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y,
eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el
derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de
manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales de
revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de
prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el
derecho.”[43]

5.8. Dicho de otro modo, la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de
revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea

9

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02845-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las
causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el
accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se torna improcedente
cuando al interior de un proceso contencioso-administrativo se alega la vulneración al
debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el
trámite del recurso extraordinario de revisión”[44]. […]»

De acuerdo con la normativa y la jurisprudencia en cita, se tiene que la sentencia
del 9 de noviembre de 2023 (adicionada el 20 de noviembre de 2023), fue proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar y contra esta no procede recurso alguno;
además, como causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión, de
acuerdo con los motivos en que la parte actora sustenta los defectos alegados, en
el presente asunto en particular se evidencia que confluyen los elementos
estructurales para que proceda el estudio por la causal séptima del artículo 250 del
C.P.A.C.A. que versa sobre la aptitud legal para acceder o perder el derecho de
gozar de la prestación periódica reconocida.

Ahora bien, respecto al puntual argumento de dar aplicación a lo contenido en la
sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional, a efectos de desplazar el
recurso extraordinario de revisión y así poder acudir directamente a la solicitud de
tutela, la Sala comparte lo expuesto por el juez de tutela de primera instancia, a
efectos de indicar que, en el presente caso, no se observa de qué manera dicho
reconocimiento pensional se derivara de una vinculación precaria o de un
incremento excesivo de la mesada pensional y que conllevaran a un abuso del
derecho.

Dicho lo anterior, sea lo primero indicar que la exigencia en la interposición de los
recursos de manera oportuna tiene como finalidad evitar que la solicitud de amparo
suplante los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Es decir, se persigue que, en la tutela contra providencias judiciales, no haya
negligencia en el deber de acudir ante la administración judicial, para la concreción
de las garantías otorgadas por la Constitución Política.

Es decir, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo del
asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales de
procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera
debe concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de subsidiariedad.

De acuerdo con lo expuesto, en el caso bajo estudio no se satisface el requisito de
procedencia general de la subsidiariedad; razón por la cual, la Sala confirmará la
decisión de declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por la UGPP
contra el Tribunal Administrativo del Cesar, y otro.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

10

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02845-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 8 de julio de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró improcedente la
solicitud de tutela presentada por la UGPP en contra el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del
Cesar, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.