Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02846-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02846-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02846-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
19 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02846-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: MIGUEL ABRAHAM POLO POLO
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE AMPARÓ
EL DERECHO DE PETICIÓN DEL ACTOR RESPECTO DE LA UNIDAD
NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP- AL NO COMUNICAR LA
RESPUESTA AL ACTOR FRENTE A LOS INTERROGANTES 9 Y 10 DE
SU SOLICITUD, OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA DE LA
REFERENCIA.
DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la UNIDAD
NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-1, parte accionada, contra la
sentencia de 24 de julio de 2024, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO2
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1
En adelante la UNP.
2
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02846-01
Actor: MIGUEL ABRAHAM POLO POLO
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor MIGUEL ABRAHAM POLO POLO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho
fundamental de petición el cual, a su juicio, le fue vulnerado por el
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA -DAPRE-3, al no recibir una respuesta de fondo,
clara y concreta a la solicitud que le envió, vía electrónica, el 14 de
mayo de 2024.
I.2.- Hechos
Indicó que presentó un derecho de petición ante el DAPRE el 14 de
mayo de 2024, con el fin de que se le informará lo siguiente:
“[…] 1. Informe sobre los gastos de combustible para los traslados
del Señor Presidente de la República, Dr. Gustavo Petro Urrego en el
avión Presidencial u aeronaves del Estado Colombiano, discriminado
mes a mes, entre el 7 de agosto de 2022 hasta la fecha.
• Solicitó indicar número de viajes
• Fecha de cada viaje
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En adelante el DAPRE.
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Actor: MIGUEL ABRAHAM POLO POLO
• Valor de cada viaje
• Países y ciudades donde se realizó el desplazamiento
2. Informe sobre los gastos terrestres del Señor Presidente de la
República, Dr. Gustavo Petro Urrego, discriminado mes a mes, entre
el 7 de agosto de 2022 hasta la fecha.
3. Informe gastos de viaje en aeronaves (Aviones u Helicópteros),
gastos de desplazamiento en vehículos terrestres de la Señora
Vicepresidente de la República, Dr. Francia Márquez Mina, indicando:
• Número de viajes internacionales y nacionales, discriminado mes a
mes, entre el 7 de agosto de 2022 hasta la fecha.
• Países donde se realizaron los viajes
• Valor en el gasto de los viajes o desplazamiento internacionales y
nacionales
• Costo en combustible de dichas naves, aeronaves y vehículos
4. Informe gasto alimentación de la Casa Privada del Señor Presidente
de la República ubicada en la Casa de Nariño y Casa de Huéspedes
Ilustres de Cartagena, por parte del DAPRE, discriminando mes a
mes, entre el 7 de agosto de 2022 hasta la fecha.
5. Informe de ejecución de libros personalizados para el DAPRE para
actividades Protocolarias del Presidente, Contrato 112 de 2023,
indicando información de los libros.
6. Informe de gastos administrativos y operativos para el suministro
de enceres de hogar, lencería, colchones, muebles comprados por el
DAPRE entre el 7 de agosto de 2022 hasta la fecha.
7. Informe sobre la Orden de Compra 96479 del 23 de septiembre de
2022 – DAPRE, para contratar la lencería de hogar para la reposición
y dotación de la casa Privada del Señor Presidente de la República
ubicada en la Casa de Nariño y Casa de Huéspedes Ilustres de
Cartagena. - Indicando los productos adquiridos - Información del
contratista que entrego el producto - Valor de la Orden de Compra
8. Informe mes a mes respecto de los gastos de electrodomésticos,
luminarias, muebles, enceres, equipos de lavado de la casa privada
el Señor Presidente ubicada en Casa de Nariño, Casa de Huéspedes
Ilustres de Cartagena, entre el 7 de agosto de 2022 hasta la fecha.
9. Informe sobre el número de vehículos adquiridos por el DAPRE
(Carros y Motocicletas), entre el 7 de agosto de 2022 hasta la fecha,
indicando: - Número de vehículos adquiridos - Valor - Tipo de vehículo
• Contratista a los que se les compraron los vehículos
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10. Informe indicando número de vehículos que contaba la
Presidencia de la República, para la seguridad del Señor Presidente y
Vicepresidente de la República antes del 7 de agosto de 2022. -
Discriminado para cada cargo (Presidente y Vicepresidente)
11. Informe sobre los gastos administrativos y operativos mes a mes
de las reuniones adelantadas por el Señor Presidente en el País, entre
el 7 de agosto de 2022 hasta la fecha, los cuales son cancelados por
el operador logístico de la Presidencia de la República o el DAPRE. -
Informar tipo de evento - valor de cada evento […]”.
Adujo que a través de Oficio núm. OFI24-00098778 / GFPU
13080000 de 22 de mayo de 2024, el DAPRE le puso de presente
que daría respuesta a su solicitud radicada bajo el núm. EXT24-
00073545, al necesitar una prórroga para dar respuesta a la misma,
dado que necesitaba más tiempo para consolidar la información
requerida y, además, le informó que le dio traslado de la petición
relacionada con los gastos de combustibles en aviones y helicópteros
a la FUERZA AÉREA COLOMBIANA -FAC-4 por ser de su
competencia.
Advirtió que, teniendo en cuenta lo anterior, actualmente no ha
recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a su petición, razón
por la cual, a su juicio, se han desconocido los términos legales y
constitucionales para dar respuesta a su solicitud.
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En adelante la FAC.
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I.3.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo del derecho fundamental invocado como
violado, en los siguientes términos:
“[…] De conformidad con los hechos narrados anteriormente me
permito demandar […] en ACCION DE TUTELA, con el fin de que se
me proteja el DERECHO DE PETICION, hoy desconocido y
vulnerado con una injustificada dilación por la Presidencia de la
Republica.
Que en virtud de lo anterior se ordene a la Presidencia de la
República, resolver de manera inmediata y en todo su contenido,
la petición que le he elevado […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- El DAPRE señaló que la petición radicada por el actor bajo el
núm. EXT24-00073545, ya le fue contestada por medio del Oficio
núm. OFI24-00105382 / GFPU 13080000 de 29 de mayo de 2024,
de manera clara y de fondo frente a la información requerida dentro
del marco de sus competencias, la cual le fue enviada al accionante
a la respectiva dirección electrónica relacionada en su solicitud.
Solicitó, conforme a lo anterior, denegar las pretensiones de la acción
de tutela de la referencia, al no existir una omisión por su parte que
le vulnere el derecho fundamental de petición al actor.
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I.4.2.- El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -MINDEFENSA-
5, vinculado como tercero con interés directo en las resultas del
proceso, indicó que mediante Oficio núm. RS20240704092835 4 de
julio de 2024, le dio respuesta al actor, enviada al correo electrónico
dispuesto para el efecto, conforme a la petición relacionada con los
gastos de combustible por los traslados terrestres y aéreos del
Presidente y Vicepresidenta de la República, para lo cual tuvo en
cuenta la información allegada por la FAC.
Por lo anterior, solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la
referencia, junto con la del COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES y la FAC, comoquiera que, en su sentir, ya dio respuesta
de fondo a los interrogantes del actor frente a la competencia del
sector defensa.
I.4.3.- La FAC, vinculada como tercero con interés directo en las
resultas del proceso, manifestó que una vez recibió la petición del
actor allegada por el DAPRE, contestó la solicitud objeto de la acción
de tutela de la referencia por medio del Oficio núm. FAC-S-2024-
018159-CE / MDN-COGFM-FAC-COFAC de 8 de junio de 2024, la cual
remitió al COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
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En adelante el MINDEFENSA.
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para que efectuara el trámite correspondiente ante el MINDEFENSA
y el mismo le enviara la respuesta al actor, de conformidad con el
conducto regular propio de la instituciones castrenses.
Adujo que en virtud de lo anterior el COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES a través del Oficio núm. 012006726402 /
MDN-COGFM-OASLE-1.10 de 12 de junio de 2024, allegó al
MINDEFENSA la información necesaria para emitir respuesta de
fondo al actor, por lo que no se ha vulneró el derecho fundamental
de petición invocado.
Indicó que adelantó todas las actuaciones dentro de sus
competencias remitiendo a su superior jerárquico, es decir, al
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, la
información necesaria para que se adelantara el trámite y se le
contestara la petición al actor.
De conformidad con lo precedente, adujo que sí en alguna ocasión
se puso en peligro el derecho fundamental de petición del actor,
actualmente se ha configurado la carencia actual por hecho superado
y, por consiguiente, solicitó declarar la misma y de igual forma se le
desvinculara de la acción constitucional de la referencia.
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I.4.4.- La UNP, vinculada como tercero con interés directo en las
resultas del proceso, aclaró que los hechos y pretensiones de la
demanda van dirigidos contra la PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, razón por la cual, a su juicio, es esta la llamada a
responder la petición de 14 de mayo de 2024 presentada por el actor.
Sostuvo que pese a que la solicitud objeto de la acción de tutela de
la referencia no guarda ningún tipo de relación con el desarrollo de
sus funciones, una vez tuvo conocimiento de la petición como
consecuencia de la remisión por parte del DAPRE, procedió a darle
respuesta a través del Oficio núm. OFI-24-00034676 de 19 de junio
de 2024, informándole al actor que no tenía competencia para
contestar su solicitud y, de igual forma, por medio del Oficio núm.
OFI24-00034678 de la misma fecha, devolvió el requerimiento al
DAPRE porque, a su juicio, este era el competente para contestar la
misma.
Finalmente, solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la
referencia por falta de legitimación en la causa por pasiva.
I.4.5.- La VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el COMANDO
GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, vinculados como
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terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a ser
debidamente notificados del presente trámite constitucional,
guardaron silencio.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 24 de julio de 2024, la SECCIÓN TERCERA
decidió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación
presentadas por el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando
General de las Fuerzas Militares, la Fuerza Aérea Colombiana y la
Unidad Nacional de Protección, de conformidad con los motivos
expuestos.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición invocado
por Miguel Abraham Polo Polo, por las razones expuestas en esta
providencia.
TERCERO: ORDENAR al Departamento Administrativo de
Presidencia de la República y a la Unidad Nacional de Protección que,
en un término de 48 horas, contadas a parir de la notificación de esta
providencia, profieran respuesta de fondo respecto de los
interrogantes No. 9 y 10, respectivamente, de la solicitud de
información presentada por Miguel Abraham Polo Polo.
CUARTO: ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que, dentro
del plazo de 1 día contado a partir de la notificación de esta
providencia, promueva el respectivo conflicto negativo de
competencia ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, de acuerdo con la parte motiva de la presente sentencia.
Posterior a que se determine cuál o cuáles son las autoridades
administrativas encargadas de dar respuesta a los interrogantes No.
2 y 3 (parcial – transporte terrestre) de la petición formulada por el
señor Polo Polo y, si hicieron parte o fueron vinculadas a la presente
acción de tutela, tendrán 2 días para responder de fondo, así como
de forma clara y oportuna, lo que les corresponda. Dentro de dicho
plazo, asimismo, deberá notificarse dicha respuesta a la dirección
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dada por el solicitante en su petición. En el evento en el que la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resuelva que las
mencionadas preguntas deben ser absueltas por autoridad
administrativa distinta a las aquí vinculadas, los términos para la
respuesta, de conformidad con el artículo 14 del CPACA, correrán para
aquella o aquellas, desde el día siguiente a la notificación de la
providencia que resuelva el conflicto.
QUINTO: NEGAR la solicitud de amparo de tutela respecto de los
interrogantes No. 4, 5, 6, 7, 8 y 11 de la solicitud de información
presentada por Miguel Abraham Polo Polo.
SEXTO: DECLARAR carencia actual de objeto hecho superado frente
a los puntos No. 1 y 3 (parcial – transporte aéreo) de la solicitud de
información presentada por Miguel Abraham Polo Polo.
SÉPTIMO: EXHORTAR a la Presidencia de la República para que en
lo sucesivo comunique de los oficios remisorios a los peticionarios de
acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) […]”.
Indicó que el 14 de mayo de 2024, el actor presentó una solicitud
ante el DAPRE la cual constaba de 11 preguntas relacionadas con
los gastos administrativos de traslado, alimentación, operativos para
el suministro de enseres de hogar y número de vehículos contratados
del Presidente y Vicepresidenta de la República.
Manifestó que una vez revisado el expediente observó que el 17 de
mayo de 2024, el DAPRE remitió la solicitud del actor frente a las
preguntas 1 y 3 a la FAC a través del Oficio núm. OFI24-00095269
/ GFPU 13080000; respecto de las preguntas 2, 3 y 10, las envío por
competencia a la UNP mediante el Oficio núm. OFI24-00102479 /
GFPU 13080000; y el 29 de mayo de 2024 le dio respuesta, a las
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preguntas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 de la referida petición por medio del
Oficio núm. OFI24-00105382 / GFPU 13080000.
Señaló que evidenció que el 11 de junio de 2024 el COMANDO
GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES envío la información
solicitada en los interrogantes 1 y 3 de competencia de la FAC al
MINDEFENSA, a través del Oficio núm. 0124006726402 / MDN-
COGFM-OASLE-1.10.
Advirtió que la UNP por medio del Oficio núm. OFI24-000346678 de
19 de junio de 2024 dio traslado de las preguntas 2 y 3 al DAPRE y
mediante Oficio núm. RS20240704092835 de 4 de julio de 2024 el
MINDEFENSA dio respuesta al actor frente a los interrogantes 1 y 3
parcialmente.
Afirmó que el DAPRE pese a que dio respuesta al interrogante 9 y
10 de la solicitud, no lo hizo de fondo, comoquiera que no le brindó
la información al actor sobre el valor de los vehículos que adquirió ni
del contratista al que le realizó la compra de conformidad con la
petición, por lo que, a su juicio, fue una respuesta parcial.
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Sostuvo que la UNP le devolvió la solicitud del actor al DAPRE frente
a los interrogantes 2 y 3 porque consideró que no era de su
competencia; sin embargo, no lo hizo así en cuanto al interrogante
10, razón por la cual indicó que dicha entidad omitió el deber de
pronunciarse sobre ésta y, en consecuencia, de dar una respuesta de
fondo.
Manifestó que teniendo en cuenta lo anterior y una vez analizadas
las respuestas a los interrogantes planteados en la petición del actor,
se observaba lo siguiente:
“[…] (1) los puntos No. 2, 3 (parcial – transporte terrestre), 9 y 10
no han sido atendidos de fondo; (2) las preguntas No. 4, 5, 6, 7, 8 y
11 obtuvieron respuesta el 29 de mayo de 2024, por parte de la
Presidencia de la República, mediante Oficio No. OFI24- 00105382 /
GFPU 1308000018, esto es, previo al trámite de la acción de tutela;
y (3) las preguntas No. 1 y 3 (parcial – transporte aéreo) tuvieron
respuesta mediante Oficio No. RS20240704092835 de 4 de julio de
202419, por parte del Ministerio de Defensa Nacional con información
remitida por la FAC dentro de su órbita de competencia, es decir,
posterior a la presentación de la acción de tutela […]”.
Concluyó que debía ampararse el derecho fundamental de petición
al no haberse acreditado la respuesta de fondo y completa a los
interrogantes 2, 3, 9 y 10, por lo que ordenó al DAPRE y a la UNP
que diera respuesta a las preguntas 9 y 10. Asimismo, puso de
presente que debido a que las solicitudes 2 y 3 tuvieron múltiples
remisiones interadministrativas entre el DAPRE y la UNP, las
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cuales han indicado que no tienen competencia para contestar
esos interrogantes, ordenó a esta última para que promoviera el
conflicto negativo de competencias ante la Sala de Consulta y
Servicio Civil de esta Corporación.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
III.1.- La UNP impugnó la decisión proferida por el a quo, reiterando
los argumentos de la contestación inicial y, además, solicitó declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera que en
cumplimiento a la sentencia de primera instancia dentro de la acción
de tutela de la referencia, dio respuesta al actor frente a las
preguntas 9 y 10, a través del Oficio núm. OFI24-00047562 de 15
de agosto de 2024.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
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establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
Cuestión Previa
Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el
doctor GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, mediante escrito
obrante en el índice 4 del expediente digital 6, manifiesta que se
declara impedido para actuar dentro del proceso de la referencia por
cuanto la señora Margarita María Revelo Ramírez, compañera
permanente de su hermano el señor Carlos Alberto Osorio
Cifuentes, actualmente ocupa el cargo de Asesora del DAPRE,
entidad accionada por, presuntamente, no contestar el derecho de
petición invocado por el actor.
Por lo anterior, considera que se encuentra incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código
Procedimiento Penal -en adelante CPP-.
6
El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial, SAMAI.
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Para resolver, SE CONSIDERA:
La causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 del CPP, prevé lo
siguiente:
“[…] Causales de impedimento.
Son causales de impedimento:
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad, tenga interés en la actuación procesal. […]”
(Resaltado fuera del texto original).
A juicio de la Sala, los hechos que soportan el impedimento
manifestado por el señor consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO
CIFUENTES, configuran la causal alegada, toda vez que su cuñada7
se desempeña actualmente como Asesora del DAPRE, entidad
accionada por, presuntamente, no contestar el derecho de petición
invocado por el actor, objeto de la presente solicitud de amparo.
7
Parentesco, por cuanto los cuñados se encuentran en segundo grado de afinidad, de conformidad con
el artículo 47 del CC, el cual prevé: “Afinidad legítima. Afinidad legítima es la que existe entre una
persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. La línea o
grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califica por
la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así,
un varón está en primer grado de afinidad legítima, en la línea recta, con los hijos habidos por su mujer
en anterior matrimonio; y en segundo grado de afinidad legítima, en la línea transversal, con
los hermanos legítimos de su mujer”.
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Consecuente con lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el citado consejero para intervenir en la acción
constitucional de la referencia, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19918. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política".
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En el presente caso, el actor pretende obtener el amparo de su
derecho fundamental de petición, el cual estima vulnerado por la falta
de respuesta a la solicitud que elevó el 14 de mayo de 2024 ante el
DAPRE.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA de esta Corporación que, a través de
providencia de 24 de julio de 2024, denegó las solicitudes de
desvinculación presentadas por el MINDEFENSA, FAC, el
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES y la UNP;
amparó el derecho fundamental de petición del actor y, en ese
sentido, ordenó al DAPRE y la UNP que profirieran una respuesta de
fondo respecto a los interrogantes 9 y 10; denegó la solicitud de
amparo de tutela respecto de los interrogantes 4, 5, 6, 7, 8 y 11;
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a las
preguntas 2 y 3 (parcial-transporte aéreo); exhortó a la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA para que en lo sucesivo
comunicara los oficios remisorios a los peticionarios, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-9; y,
finalmente, ordenó a la UNP que promoviera el respectivo conflicto
9
En adelante el CPACA.
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negativo de competencia ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado.
Como consecuencia de lo anterior, la decisión proferida en primera
instancia fue impugnada por la UNP alegando que en cumplimiento
de la sentencia de primera instancia le dio respuesta al actor
mediante el Oficio núm. OFI24-00047562 de 15 de agosto de 2024
y, por tal razón, solicitó declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado.
En ese orden de ideas, la Sala circunscribirá su estudio a los
argumentos expuestos en la impugnación y procederá a determinar
si la UNP dio cumplimiento a la orden impartida en la sentencia de
primera instancia y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado solicitada.
En ese entendido, la Sala observa que el a quo ordenó, entre otros,
a la UNP dar respuesta a los interrogantes 9 y 10 de la solicitud del
actor que se transcriben a continuación:
“[…] 9. Informe sobre el número de vehículos adquiridos por el
DAPRE (Carros y Motocicletas), entre el 7 de agosto de 2022 hasta la
fecha, indicando: - Número de vehículos adquiridos - Valor - Tipo de
vehículo - Contratista a los que se les compraron los vehículos
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10. Informe indicando número de vehículos que contaba la
Presidencia de la República, para la seguridad del Señor Presidente y
Vicepresidente de la República antes del 7 de agosto de 2022. -
Discriminado para cada cargo (Presidente y Vicepresidente) […]”.
Al respecto, la Sala advierte que con el escrito contentivo de la
impugnación, la UNP allegó el Oficio núm. OFI24-00047562 de 15
de agosto de 202410, por medio del cual manifestó que, en
cumplimiento del fallo proferido en primera instancia dentro de la
acción de tutela de la referencia, le dio respuesta al actor, así:
“[…] Asunto: Respuesta a los interrogantes 9 y 10 de derecho de
petición presentado por el H. Representante a la Cámara MIGUEL
ABRAHAM POLO POLO - Cumplimiento a fallo de tutela de primera
instancia del 24 de julio de 2024, proferido por la Subsección B,
Sección Tercera, Sala de lo Contencioso administrativo del Consejo
de Estado.
Honorable Representante Polo,
La Oficina Asesora Jurídica (OAJ) de la Unidad Nacional de Protección
(UNP) fue notificada del fallo de primera instancia emitido el 24 de
julio de 2024, por la Subsección B, Sección Tercera, Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del
proceso de la acción de tutela que usted presentó en contra de la
Presidencia de la República y otros, bajo el número de radicado
11001-03-15-000-2024-02846-00.
Dentro del presente fallo de tutela, el Honorable Consejo de Estado
resolvió lo siguiente:
“TERCERO: ORDENAR al Departamento Administrativo de
Presidencia de la República y a la Unidad Nacional de Protección que,
en un término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de
esta providencia, profieran respuesta de fondo respecto de los
interrogantes No. 9 y 10, respectivamente, de la solicitud de
información presentada por Miguel Abraham Polo Polo”
10
Visible en el índice núm. 48 del expediente digital de primera instancia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
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En estricto cumplimiento de lo ordenado por el H. Consejo de Estado,
se procede a suministrar la información requerida, dando respuesta
a los interrogantes No. 9 y 10 planteados en la petición que usted
presentó ante la Dirección del Departamento Administrativo de la
Presidencia (DAPRE) el 19 de abril de 2024.
“9. Informe sobre el número de vehículos adquiridos por el
DAPRE (Carros y Motocicletas), entre el 7 de agosto de 2022
hasta la fecha, indicando:
• Número de vehículos adquiridos
• Valor
• Tipo de vehículo
• Contratista a los que se les compraron los vehículos”
Sobre el particular, resulta importante traer a colación lo establecido
en el Decreto 2647 del 30 de diciembre de 2022:
“ARTÍCULO 1. Objeto. Corresponde al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República asistir al Presidente
de la República en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y
suprema Autoridad Administrativa en el ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales y prestarle el apoyo administrativo
necesario para dicho fin. El Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República tendrá como denominación abreviada la
de -Presidencia de la República-, la cual será válida para todos los
efectos legales.
[…]
ARTÍCULO 4. Funciones generales del Departamento
Administrativo de la Presidencia. El Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, tendrá las
siguientes funciones generales:
[…]
2. Organizar, dirigir, coordinar y realizar las actividades
necesarias que demande el Presidente de I:a República, para
el ejercicio de las facultades constitucionales que le
corresponde ejercer, en relación con los órganos del Estado que
integran las ramas del poder público y los demás órganos estatales,
autónomos e independientes.
[…]
4. Organizar, asistir y coordinar las actividades necesarias
que demande el Presidente de la República, para el ejercicio
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de las facultades constitucionales que le corresponde ejercer
como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa”.
(Negrillas y subrayado fuera de texto)
En este entendido, se puede concluir que es responsabilidad del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
(DAPRE) organizar y coordinar las actividades que el Presidente de
la República requiera. En consecuencia, es el DAPRE quien debe
proporcionar la información sobre el número de vehículos adquiridos
(carros y motocicletas) desde el 7 de agosto de 2022 hasta la fecha
actual.
“10. Informe indicando número de vehículos que contaba la
Presidencia de la República, para la seguridad del Señor
Presidente y Vicepresidente de la República antes del 7 de
agosto de 2022. - Discriminado para cada cargo (Presidente
y Vicepresidente)”
Sobre el particular, me permito informar que, la Entidad debe
abstenerse de proporcionar la información solicitada, dado que tanto
el ex presidente y el ex vicepresidente de la República actualmente
continúan con medidas de protección, por ende, la información
requerida goza de RESERVA, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 13 del art. 2.4.1.2.2 del Decreto 1066 de 2015 sobre los
principios que rigen las acciones en materia de prevención y
protección. Según lo establecido en la disposición normativa
mencionada:
“Principios. Además de los principios constitucionales y legales que
orientan la función administrativa, las acciones en materia de
prevención y protección, se regirán por los siguientes principios:
Numeral 13. Reserva Legal: La información relativa a
solicitantes y protegidos del Programa de Prevención y
Protección es reservada. Los beneficiarios de las medidas
también están obligados a guardar dicha reserva.” (Negrillas
fuera del texto)
En concordancia con lo anterior, el numeral 3 del artículo 2.4.1.2.47
del mencionado Decreto señala que la Unidad Nacional de Protección
tiene la responsabilidad de manejar de forma reservada toda la
información sobre los beneficiarios una vez que se inicia la ruta de
protección, reserva que solo puede ser levantada a través de
mandato judicial.
Adicionalmente, la Ley 1712 de 2014, también conocida como Ley
de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional, establece en su artículo 18 (corregido parcialmente por el
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artículo 1 del Decreto Ley 2199 de 2015) que se puede denegar el
acceso a información pública clasificada si su divulgación pudiese
causar un daño a Derechos Fundamentales, como el derecho a la
vida, la salud o la seguridad de las personas, derechos que son
protegidos por la UNP en virtud de las medidas de protección
otorgadas por la Entidad.
Así las cosas, la UNP, en el marco del desarrollo del evaluado y/o
beneficiario, se encuentra obligada a recopilar datos personales y
sensibles que tienen carácter reservado, imponiéndose la obligación
de conservar, proteger y gestionar de manera cautelosa la
información recopilada, incluyendo las comunicaciones y actos
administrativos de los beneficiarios, así como el trámite y el estudio
del nivel de riesgo. Esta obligación legal está respaldada
principalmente por el artículo 74 de la Constitución Política y la
jurisprudencia que establece límites para el acceso a la información
reservada, como se evidencia, por ejemplo, en la Sentencia C - 951
de 2014.
En estos términos me permito dar respuesta a las preguntas No. 9
y 10, dando estricto cumplimiento al fallo de primera instancia
emitido el 24 de julio de 2024, por la Subsección B, Sección Tercera,
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro
del proceso de la acción de tutela que usted presentó en contra de
la Presidencia de la República y otros, bajo el número de radicado
11001-03-15-000-2024-02846-00 […]”.
Pese a lo anterior, la Sala observa que la UNP no allegó la constancia
de envío de la citada respuesta al correo electrónico que el actor
suministró en la solicitud elevada el 14 de mayo de 2024 para efecto
de ser notificado.
En ese sentido, se evidencia que con la información que puso de
presente la entidad demandada con el escrito contentivo de la
impugnación y el citado Oficio no puede entenderse satisfecho el
derecho fundamental de petición alegado, toda vez que según la
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jurisprudencia de la Corte Constitucional, uno de los componentes
del núcleo esencial del derecho de petición es que la entidad ante
quien se presente una solicitud comunique lo decidido al peticionario,
independientemente de que la respuesta sea favorable o no, razón
por la que para cumplir con dicha garantía constitucional la UNP tiene
la obligación de enviarle la respuesta al actor.
En efecto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, respecto del
derecho de petición, en sentencia C-818 de 201111, estableció que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
11
M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de
lo decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se
debe acceder a lo pedido […]”. (Resaltado y subrayado fuera
del texto)
Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que el derecho de petición
es considerado fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque
mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como el
de información, participación política y libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
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posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido.
Por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se
incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental
de petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 201512 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
refirió así la citada Ley:
“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
12
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que
sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se
podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención
de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado,
precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se encuentra probado que
la UNP haya notificado o entregado una respuesta directa a los
interrogantes 9 y 10 de la solicitud efectuada por el actor, la Sala
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encuentra que se continúa vulnerando el derecho fundamental de
petición invocado.
Consecuente con lo anterior, teniendo en cuenta que ningún otro
punto de la controversia fue objeto de impugnación, la Sala
confirmará la decisión de primera instancia que amparó el derecho
de petición presentado por el actor, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor
Consejero doctor GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para
intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, se le separa
del conocimiento del mismo.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de septiembre de 2024.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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