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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02868-01

Fecha
10 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02868-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 23 de agosto de 2024 por la Sala Cuarta Especial de Decisión que negó la solicitud de pérdida de investidura del congresista David Ricardo Racero Mayorca. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02868-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

10 de diciembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02868-01
Solicitantes: Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D. C., diez (10) de diciembre dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Pérdida de investidura
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02868-01
Solicitantes: Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno
Granados
Demandado: David Ricardo Racero Mayorca

Tema: Violación de topes máximos de financiación privada de campañas
electorales. Se confirma la decisión de negar las pretensiones
porque no se acreditó la configuración objetiva de la causal de
pérdida de investidura invocada en la demanda. El demandado
pertenecía a una lista cerrada y, por lo tanto, no le es aplicable la
regla sobre topes de gastos individuales prevista en el artículo 24
de la Ley 1475 de 2011 para las listas con voto preferente. Tampoco
es procedente aplicar la regla sobre tope de gastos individuales a
las listas cerradas a partir del razonamiento sobre la
constitucionalidad de la ley expuesto en la apelación.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por los solicitantes contra la
sentencia dictada el 23 de agosto de 2024 por la Sala Cuarta Especial de
Decisión que negó la petición de pérdida de investidura del congresista David
Ricardo Racero Mayorca.

La sala es competente para proferir esta providencia por disposición del artículo
2 de la Ley 1881 de 2018.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 7 de octubre de 2024. El
Ministerio Público no intervino en el trámite de la segunda instancia.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de los solicitantes

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 5 de junio de 2024
por los señores Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados.

2.- Los solicitantes pidieron declarar la pérdida de investidura del congresista
David Ricardo Racero Mayorca por la causal consagrada en el artículo 109 de la

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Solicitantes: Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados

Constitución Política, consistente en <<la violación de los topes máximos de
financiación de las campañas>>. Alegaron que el demandado violó tanto los
límites de financiación privada de campaña como los límites de gastos regulados
en los artículos 23 y 24 de la Ley 1475 de 2011, respectivamente.

3.- Según las afirmaciones de la demanda, el congresista demandado incurrió en
esta causal de desinvestidura porque:

3.1.- Se inscribió como candidato para la elección de representantes a la Cámara
para la circunscripción de Bogotá, D. C., periodo 2022-2026, por la coalición
programática denominada <<Pacto Histórico>>, con el aval del Movimiento
Alternativo Indígena y Social – MAIS. La referida coalición presentó para esa
elección una lista conformada por dieciocho (18) candidatos.

3.2.- En el artículo 5 de la Resolución 0227 de 2021, el Consejo Nacional
Electoral fijó la suma de veinte mil noventa y tres millones quinientos
dieciséis mil seiscientos cincuenta y ocho pesos ($20.093.516.658) como
límite de gastos de campaña para las listas correspondientes a circunscripciones
con un censo electoral superior a cinco millones y un (5.000.001) ciudadanos, el
cual era aplicable para la circunscripción de Bogotá, D. C.1

3.3.- Al dividir el tope de gastos fijado por el Consejo Nacional Electoral por el
número de los dieciocho (18) candidatos inscritos por la coalición programática
<<Pacto Histórico>>, se obtiene que el límite de gastos individuales de campaña
de cada candidato inscrito en esa lista ascendía a mil ciento dieciséis millones
trescientos seis mil cuatrocientos ochenta y un pesos ($1.116.306.481).

3.4.- De conformidad con el primer inciso del artículo 23 de la Ley 1475 de 20112,
el demandado estaba sujeto a los siguientes límites para la financiación privada
de su campaña:

a.- El límite global de la financiación privada no podía superar la suma de mil
ciento dieciséis millones trescientos seis mil cuatrocientos ochenta y un
pesos ($1.116.306.481), equivalente al tope de gastos.

b.- El límite de contribuciones y donaciones individuales no podía superar la suma
de ciento once millones seiscientos treinta mil seiscientos cuarenta y ocho pesos
($111.630.648), equivalente al diez por ciento (10%) del tope de gastos.

1 Para la fecha de las elecciones, la circunscripción de Bogotá, D. C., tenía un censo electoral de cinco

millones novecientos sesenta y siete mil quinientos dieciocho (5.967.518) sufragantes.
2 <<Ningún partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos, candidato o campaña, podrá obtener

créditos ni recaudar recursos originados en fuentes de financiación privada, por más del valor total de gastos
que se pueden realizar en la respectiva campaña. Tampoco podrá recaudar contribuciones y donaciones
individuales superiores al 10% de dicho valor total>>.

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3.5.- De acuerdo con el informe de cuentas presentada por la coalición <<Pacto
Histórico>>, las fuentes de financiación y los gastos de campaña del demandado
superaron los topes legales porque:

a.- Los gastos de la campaña del congresista demandado ascendieron a dos mil
cuatrocientos noventa y cinco millones cuatro mil ochocientos ochenta y
ocho pesos ($2.495.004.888).

b.- El congresista demandado reportó las siguientes fuentes de financiación
privada para su campaña: (i) un crédito realizado con la entidad financiera Confiar
Cooperativa Financiera por el valor de mil seiscientos millones de pesos
($1.600.000.000); (ii) créditos de particulares por el valor de novecientos
ochenta y tres millones cincuenta y nueve mil cuarenta pesos
($983.059.040) y (iii) una donación proveniente de una persona natural por el
valor de dos millones de pesos ($2.000.000).

4.- En relación con la culpabilidad del congresista demandado, los solicitantes
señalaron que <<el análisis relativo a la conducta del congresista demandado, en
el contexto de la violación de los topes máximos de financiación de su campaña,
revela un comportamiento que debe ser sancionado con la pérdida de investidura
debido a su grave culpabilidad. (…) En efecto, el congresista Racero, con una
sólida formación académica que incluye títulos en Filosofía, una maestría en
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y estudios de
doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en la misma
Universidad debería estar plenamente consciente de las implicaciones legales y
éticas de su comportamiento. Sin embargo, al superar los topes máximos de
gastos autorizados –relacionados con créditos de entidades financieras, créditos
de personas naturales, jurídicas y donaciones de particulares– Racero no solo
infringió las disposiciones del artículo 23 y 24 de la Ley 1475 de 2011, sino que
también actuó en abierta contradicción con el artículo 109 constitucional (…)>>.

B. Posición del congresista convocado

5.- El congresista demandado se opuso a la petición y expuso los siguientes
argumentos:

5.1.- De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 1475 de 2011, la violación de los
límites al monto de gastos de campañas electorales de los congresistas da lugar
a la pérdida de investidura. Sin embargo, para que la desinvestidura sea
procedente se requiere que esta deba estar <<debidamente comprobada>>. Por
tal razón, a juicio del congresista demandado, solo puede solicitarse la pérdida
de investidura por esta causal luego de que el Consejo Nacional Electoral, en
ejercicio de sus competencias, haya establecido la violación de los topes de
gastos de campaña, lo cual no ha sucedido en este caso. Por el contrario, al
reconocer el derecho de pago por reposición de votos a favor de la coalición

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<<Pacto Histórico>> en la Resolución 4426 de 2022, la autoridad electoral
concluyó que esa colectividad no sobrepasó los topes de financiación y gastos
de campaña.

5.2.- La demanda se basa en una lectura equivocada del artículo 24 de la Ley
1475 de 2011 porque:

a.- De acuerdo con el tercer inciso de esa norma, <[e]l monto máximo de gastos
se fijará por cada candidato a cargo uninominal o por lista de candidatos a
corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto preferente el
monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el
resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de
candidatos inscritos>>.

b.- En consecuencia, la norma consagra dos reglas distintas para la fijación de
los montos máximos de gastos de campañas electorales, según se trate de listas
cerradas o de listas con voto preferente: en el caso de las listas cerradas, el
Consejo Nacional Electoral solo fija el tope de gastos para la totalidad de la lista;
en cambio, en el caso de las listas con voto preferente, además del tope fijado
para la lista, existe un tope individual de gastos que se obtiene de dividir el tope
total de la lista por el número de candidatos.

c.- Por lo tanto, <<[e]n las listas cerradas, según la normatividad citada, la
valoración del cumplimiento de topes se hace sobre la integralidad de la lista,
independientemente del mecanismo o procedimiento que la gerencia de la
campaña haya determinado para la distribución interna de los recursos en los
reportes. Luego no es posible que, después de ser certificado el cumplimiento de
los límites de ingresos y gastos de financiación de campaña para la totalidad de
la lista, como está probado en este caso, se acuse a uno de sus integrantes de
exceder, precisamente, esos mismos límites>>.

d.- Debido a esta distinción, el demandado no violó los topes de gastos fijados
por el Consejo Nacional Electoral porque la lista por la cual fue elegido era
cerrada y no con voto preferente, lo que impedía aplicar la regla sobre fijación de
topes individuales de gastos prevista en el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011.

5.3.- En todo caso, los solicitantes no cumplieron la carga argumentativa
requerida para evidenciar la culpabilidad del demandado porque:

a.- Para evidenciar su actuar gravemente culposo, se limitaron a hacer referencia
a su hoja de vida, capacidades y trayectoria, lo cual invierte de forma irregular la
carga de la prueba de este elemento subjetivo.

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b.- La financiación de la campaña del demandado estuvo sometida a una
adecuada vigilancia, auditoría y control de conformidad con el ordenamiento
jurídico y el acuerdo de coalición que dio origen a la lista por la cual fue elegido.

C. Sentencia recurrida

6.- En la sentencia dictada el 23 de agosto de 2024, la Sala Cuarta Especial de
Decisión negó la solicitud de pérdida de investidura. La sala acogió los
argumentos de la contestación de la demanda y consideró que no se acreditó la
configuración objetiva de la causal de desinvestidura alegada por los siguientes
motivos:

6.1.- El demandado no violó el límite máximo del monto de gastos fijado por el
Consejo Nacional Electoral porque:

a.- Con los documentos allegados al proceso se acreditó que la lista por la cual
fue elegido el demandado era cerrada, es decir sin voto preferente.

b.- El tercer inciso del artículo 24 de la Ley 1475 de 2011 solo impone un límite
individual de gastos de campaña para las listas con voto preferente, el cual se
obtiene de dividir el monto máximo de gastos establecido por el Consejo Nacional
Electoral para la lista entre el número de sus integrantes. Sin embargo, ese límite
individual no es aplicable a las listas cerradas, como lo proponen erróneamente
los solicitantes.

c.- En conclusión, <<(…) lo propuesto por la parte accionante, al indicar que en
el presente caso el límite máximo de gastos autorizado por candidato es de
$1.116.306.481, no encuentra sustento jurídico en el principio de tipicidad, por
cuanto el legislador estatutario previó dicho límite individual, únicamente, para las
listas inscritas con voto preferente, circunstancia que no aplica a la lista inscrita
por la coalición “Pacto Histórico” que, como quedó demostrado de manera
precedente, fue mediante voto no preferente (…)>>.

6.2.- No se demostró la violación de los límites de financiación privada señalados
en el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011 porque:

a.- De acuerdo con esa norma: (i) el monto total de créditos y recursos originados
en fuentes de financiación privada que podía recibir la campaña del demandado
no podía superar el valor total de gastos de campaña fijado por el Consejo
Nacional Electoral en la Resolución 0227 de 2021, que ascendía a veinte mil
noventa y tres millones quinientos dieciséis mil seiscientos cincuenta y
ocho pesos ($20.093.516.658); y (ii) el monto máximo que podía recibir la
campaña del demandado por concepto de donaciones o contribuciones
individuales era de dos mil nueve millones trescientos cincuenta y un mil
seiscientos sesenta y cinco ($2.009.351.665), suma que se obtiene del

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porcentaje equivalente al diez por ciento (10%) del monto máximo de financiación
fijado en la Resolución 0227 de 2021.

b.- Con los documentos allegados al proceso se acreditó que: (i) <<solo una
persona natural efectuó aportes a la campaña del accionado David Ricardo
Racero Mayorca por valor de $2.000.000>>, es decir, dentro de los límites de
donaciones o contribuciones individuales que podía recibir el demandado; (ii)
<<el valor reportado por contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en
especie, que hicieron los particulares ($983.059.040) –formulario 6.2 B– a la
campaña del señor Racero, fue inferior al monto total de gastos que se podían
realizar en la campaña a la Cámara de Representantes por la circunscripción
territorial de Bogotá>>; y (iii) <<el crédito de entidades financieras
($1.600.000.000) que se reputó al señor Racero, según consta en el formulario
7.2 B ($1.600.000.000), tampoco superó el límite establecido de los
$20.093.516.658. Frente a esto, valdría la pena acotar que dicho crédito consta
o proviene de un contrato de pignoración que fue suscrito por el partido político
Polo Democrático Alternativo, que hizo parte de la enunciada coalición>>.

6.3.- Finalmente, la primera instancia destacó que al proceso se allegó la
Resolución 4426 del 24 de agosto de 2024, en la cual el Consejo Nacional
Electoral auditó los informes de gastos e ingresos reportados por la coalición
<<Pacto Histórico>> para efectos de reconocerle el derecho a la reposición de
gastos de campaña.

D. Recurso de apelación

7.- Los solicitantes piden que se revoque el fallo de primera instancia y, en su
lugar, se decrete la pérdida de investidura del congresista convocado. En el
recurso formulan los siguientes reparos:

7.1.- Insisten en que el límite de gastos de la campaña electoral del demandado
era de mil ciento dieciséis millones trescientos seis mil cuatrocientos
ochenta y un pesos ($1.116.306.481), cifra obtenida de dividir el límite de gastos
fijado por el Consejo Nacional Electoral en el artículo 5 de la Resolución 0227 de
2021 para las listas correspondientes a circunscripciones con un censo electoral
superior a cinco millones y un (5.000.001) ciudadanos entre dieciocho (número
de candidatos inscritos por la coalición <<Pacto Histórico>> para la elección de
representantes a la Cámara por la circunscripción de Bogotá, D. C.) En concreto,
sostienen que el tope de gastos de campaña del demandado se debe fijar así
porque:

a.- El artículo 109 de la Constitución Política ordena limitar el monto de los gastos
en los que pueden incurrir los candidatos en las campañas electorales, sin hacer
excepciones. Es decir, sin distinguir si estos pertenecen a listas cerradas o con
voto preferente.

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b.- En consecuencia, el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011 es incompatible con
ese mandato constitucional porque no reguló los límites de gastos individuales
para los candidatos que pertenecen a listas cerradas. En ese sentido, destacan
que <<[e]l hecho de NO limitar los gastos individuales de los candidatos de las
listas con voto NO preferente, rompe, viola el principio democrático que exige que
en la contienda electoral deben participar en condiciones de igualdad de quienes
conforman las listas con voto preferente y de quienes participan con voto no
preferente. Por lo tanto, resulta contrario al principio superior de igualdad electoral
que debe presidir las campañas y al no participar en igualdad de armas en cuanto
al tope de gastos individuales de quienes conforman listas con voto preferente y
No preferente, viola el principio superior de la igualdad electoral>>. Para
sustentar la inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley 1475 de 2011 citan
extractos de la sentencia C-1153 de 2005, en la que la Corte Constitucional se
pronunció sobre la constitucionalidad de la norma contenida en la Ley 996 de
2005 que fija los topes máximos para las contribuciones de los particulares a las
campañas presidenciales.

c.- <<En la sentencia de la Corte Constitucional C-490-11 que declaró exequible,
entre otros, el artículo el 24 de la ley 1475 de 2011, inexplicablemente no [se]
abordó la diferencia existente en las listas con voto preferente en relación con los
gastos individuales de sus integrantes en las campañas electorales, el cual era y
es el resultado de dividir el total de gastos fijados para la lista por el número de
sus integrantes y guardó silencio en cuanto a cómo se debía determinar los
gastos individuales de los integrantes de las listas con VOTO NO PREFERENTE,
lo cual a nuestro criterio viola la garantía de los principios de transparencia,
igualdad y pluralismo político y la moralidad pública>>.

7.2.- Con base en la anterior premisa, sostienen que el congresista demandado
violó los topes de fuentes de financiación privada establecidos en el artículo 23
de la Ley 1475 de 2011 porque:

a.- Según esa disposición, el límite de créditos y fuentes de financiación privada
que podía recibir el demandado era equivalente al tope de gastos de campaña
en los que podía incurrir, es decir de mil ciento dieciséis millones trescientos
seis mil cuatrocientos ochenta y un pesos ($1.116.306.481).

b.- Sin embargo, se acreditó que el valor total de los créditos originados en
fuentes de financiación privada que recibió el demandado ascendió a dos mil
cuatrocientos noventa y cinco millones cuatro mil ochocientos ochenta y
ocho pesos ($2.495.004.888), <<cifra [que] se desglosa en NOVECIENTOS
OCHENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA
PESOS ($983.059.040) provenientes de la fuente de financiación que consagra
el numeral 3º del artículo 20 de la Ley 1475 de 2011 (según consta en el anexo
6.2B del aplicativo "Cuentas Claras") y MIL SEISCIENTOS MILLONES DE

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PESOS ($1.600.000.000) obtenidos a través de créditos en entidades financieras
legalmente autorizadas (también registrado en el anexo 6.2B del mismo
aplicativo).

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

8.- La demanda fue presentada dentro del término de cinco años consagrado en
el artículo 6 de la Ley 1881 de 2018, que empieza a correr a partir del día
siguiente al de la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida de
investidura: (i) el 13 de mayo de 2022 la coalición <<Pacto Histórico>> presentó
el informe consolidado de ingresos y gastos de la campaña electoral adelantada
para las elecciones de la Cámara de Representantes para la circunscripción de
Bogotá, D. C.3 celebradas el 13 de marzo del 2022, y (ii) la demanda se presentó
el 5 de junio de 2024.

9.- En la demanda, los solicitantes alegaron que el congresista demandado violó
tanto los límites de financiación privada de campaña como los límites de gastos
regulados en los artículos 23 y 24 de la Ley 1475 de 2011, respectivamente. Sin
embargo, los reparos de la apelación se limitaron a insistir en que el demandado
violó los topes de financiación provenientes de fuentes privadas regulados en el
artículo 23 de la mencionada ley. En consecuencia, de conformidad con el
artículo 320 del CGP, la sala únicamente estudiará este punto.

F. Anuncio de la decisión

10.- Con los documentos allegados al proceso se acreditó que el congresista
demandado se inscribió como candidato a la elección para de la Cámara de
Representantes para la circunscripción de Bogotá, D. C., por la lista cerrada
presentada por la coalición <<Pacto Histórico>> y que resultó elegido. Estos
hechos no fueron controvertidos por las partes4, las cuales tampoco
controvirtieron las pruebas relativas a las fuentes de financiación y los gastos en
los que incurrió el demandado en la campaña5.

11.- Teniendo en cuenta que el debate planteado solo es jurídico, la sala
confirmará la sentencia de primera instancia teniendo en cuenta simplemente que

3 Según la certificación expedida el 17 de agosto de 2022 por el Fondo Nacional de Financiación de Partidos

y Campañas Electorales del Consejo Nacional Electoral.
4 Estos hechos se acreditaron con: (i) el acuerdo de coalición suscrito por los partidos y movimientos Polo

Democrático Alternativo, Alianza Democrática Ampliada, el movimiento político Colombia Humana, el
Movimiento Alternativo Indígena y Social, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano para
inscribir la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá, D. C., para
el periodo 2022-2026 (índice 27 de Samai); (ii) el formulario E-8 de inscripción de la candidatura del
demandado (índice 2 de Samai) y (iii) el acto que declaró la elección de los representantes a la Cámara por
la circunscripción de Bogotá, D. C., para el periodo 2022-2026.
5 En particular, los informes presentados por el congresista demandado y la coalición <<Pacto Histórico>>

al Consejo Nacional Electoral.

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al demandado, quien se inscribió en una lista cerrada, no le es aplicable la regla
sobre topes de gastos individuales prevista en el artículo 24 de la Ley 1475 de
2011 para las listas con voto preferente.

12.- No es procedente aplicar la regla sobre el tope de gastos individuales a las
listas cerradas, a partir de las consideraciones sobre la constitucionalidad del
artículo 24 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 propuesta por los solicitantes. Con
base en esas consideraciones, la sala no puede realizar la aplicación analógica
de reglas previstas para otros supuestos de hecho ni llenar omisiones legislativas,
como lo pretenden los solicitantes. Ello implicaría violar el principio de legalidad
que le impone a la sala el deber de sancionar con pérdida de investidura solo las
conductas del demandado que se estructuren como causal para la imposición de
esa sanción. Y tampoco es posible inaplicar disposiciones legales a través de la
excepción de constitucionalidad con base en cargos de inconstitucionalidad
formulados en abstracto cuando la Corte Constitucional ha declarado su
exequibilidad, como sucede en este caso.

13.- En la primera parte de esta providencia se explicarán las razones por las
cuales no es aplicable a las listas cerradas la regla sobre topes individuales de
gastos consagrada en el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011; en la
segunda se expondrán los motivos por los cuales es improcedente declarar la
pérdida de investidura con base en los argumentos de constitucionalidad
expuestos en la apelación.

G. La regla sobre topes individuales de gastos consagrada en el artículo
24 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 no es aplicable a las listas
cerradas

14.- Los solicitantes piden declarar la pérdida de investidura del demandado con
base en la causal prevista en el inciso séptimo del artículo 109 de la Constitución
Política, según la cual <<[p]ara las elecciones que se celebren a partir de la
vigencia del [Acto Legislativo 01 de 2009], la violación de los topes máximos de
financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con
la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por
la violación de este precepto>>.

15.- La Ley Estatutaria 1475 de 2011 establece una estrecha correlación entre
los límites de financiación provenientes de fuentes privadas y los topes de gastos
de campaña electorales, pues la fijación de los primeros depende de los
segundos. Así lo dispone el artículo 23 de esa ley:

<<ARTÍCULO 23. LÍMITES A LA FINANCIACIÓN PRIVADA. Ningún partido,
movimiento, grupo significativo de ciudadanos, candidato o campaña, podrá
obtener créditos ni recaudar recursos originados en fuentes de financiación
privada, por más del valor total de gastos que se pueden realizar en la respectiva

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campaña. Tampoco podrá recaudar contribuciones y donaciones individuales
superiores al 10% de dicho valor total.

La financiación originada en recursos propios, del cónyuge, compañero
permanente o parientes en el grado que autoriza la ley, no estará sometida a los
límites individuales a que se refiere esta disposición pero en ningún caso la
sumatoria de tales aportes o créditos podrá ser superior al monto total de gastos
de la campaña. El valor de los créditos de cualquier origen tampoco estará
sometido a límites individuales.

Con posterioridad a las campañas y previa autorización del Consejo Nacional
Electoral, las obligaciones pendientes de pago se podrán cancelar con la
condonación parcial de créditos o con recursos originados en fuentes de
financiación privada y dentro de los límites individuales señalados en esta
disposición, pero tales condonaciones, aportes o contribuciones no tendrán el
carácter de donaciones ni los beneficios tributarios reconocidos en la ley para
este tipo de donaciones>>.

16.- En consecuencia, para determinar los límites de los dineros que pueden
recibir los candidatos a elecciones por voto popular provenientes de fuentes de
financiación privada se deben tener en cuenta las reglas sobre los topes de
gastos de campañas electorales fijados en los siguientes términos en el artículo
24 de esa misma ley estatutaria:

<<ARTÍCULO 24. LÍMITES AL MONTO DE GASTOS. Los límites de gastos de
las campañas electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección
popular serán fijados por el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de
cada año, teniendo en cuenta los costos reales de las campañas, el
correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para la
financiación estatal de las mismas.

Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral
con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar
periódicamente los estudios que correspondan con el objeto de garantizar que
los límites al monto de gastos fijados reflejen el valor real de las campañas
electorales.

El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato a cargo uninominal
o por lista de candidatos a corporaciones de elección popular. En el caso
de listas con voto preferente el monto máximo de gastos por cada uno de
los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de
gastos de la lista por el número de candidatos inscritos. El Consejo Nacional
Electoral señalará, adicionalmente, el monto máximo que cada partido o
movimiento con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral
institucional a favor de sus candidatos o listas.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia
de la presente ley, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda
realizarán el estudio base para la actualización de los costos reales de las
campañas>> (resaltado en negrilla por fuera del texto original).

17.- Como lo señaló acertadamente la primera instancia, el artículo 24 de la Ley
Estatutaria 1475 de 2011 prevé dos reglas distintas para la fijación de los límites
de gastos para las campañas electorales para elecciones por voto popular:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02868-01
Solicitantes: Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados

17.1.- Una regla para las elecciones a cargos uninominales o para las elecciones
a corporaciones públicas con listas cerradas, según la cual corresponde al
Consejo Nacional Electoral fijar el tope de manera global.

17.2.- Una regla especial para las elecciones de corporaciones públicas con listas
con voto preferente, según la cual el Consejo Nacional Electoral, además de fijar
el tope de manera global, debe establecer un tope individual para cada integrante
de la lista, el cual se obtiene <<de dividir el monto máximo de gastos de la lista
por el número de candidatos inscritos>>.

18.- En consecuencia, no es posible aplicar al caso del demandado la segunda
regla de fijación de topes de gastos individuales, como lo pretenden los
solicitantes, porque el señor Racero Mayorca pertenecía a una lista cerrada y no
a una lista con voto preferente.

H. La improcedencia de los argumentos de constitucionalidad
expuestos en el recurso para fundamentar la petición de pérdida de
investidura

19.- La excepción de inconstitucionalidad permite inaplicar una norma legal
cuando las particularidades del caso concreto hacen que la aplicación de la
norma viole un precepto constitucional. En otras palabras, la excepción de
inconstitucionalidad presupone la constitucionalidad de la aplicación de la norma
legal a los demás casos y permite su inaplicación a un caso concreto porque,
debido a sus particularidades, su aplicación se torna en inconstitucional.

20.- Según la Corte Constitucional, la inaplicación de una norma legal vía
excepción de inconstitucionalidad solo procede en tres casos, cuando: <<(i) La
norma es contraria a los cánones superiores y no se ha producido un
pronunciamiento sobre su constitucionalidad. (ii) La regla fundamental válida y
vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria
de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del
Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o
nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso. O (iii) En virtud, de la
especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma
acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento
iusfundamental>>6.

21.- Para la sala no es de recibo extender la aplicación de la regla de fijación de
topes de gastos individuales prevista en el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1475
de 2011 al caso del demandado por la vía de la excepción de inconstitucionalidad,
como lo pretenden los solicitantes, porque:

6 Corte Constitucional. Sentencia T-681 de 2016, citada en la sentencia SU-599 de 2019.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02868-01
Solicitantes: Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados

21.1.- A través de la excepción de inconstitucionalidad solo se permite la
inaplicación de disposiciones de menor jerarquía normativa; esta figura no
permite la aplicación analógica de disposiciones legales en eventos de omisiones
legislativas, como se solicita en la apelación. Extender la aplicación de una regla
por vía de analogía a un caso para el cual no fue prevista por el Legislador no
corresponde a una inaplicación de normas.

21.2.- Debido a que la Corte Constitucional ya declaró la exequibilidad de esa
disposición, no es posible solicitar su inaplicación con base en argumentos
abstractos de inconstitucionalidad, como se plantea en la apelación. En efecto,
por tratarse de una ley estatutaria, la Corte Constitucional realizó un control previo
de la constitucionalidad de esa disposición en la sentencia C-490 de 20117. Al
analizar el inciso tercero de esa disposición, la Corte Constitucional concluyó que
la fijación de límites de gastos distintos para las listas cerradas y las listas con
voto preferente era constitucional. Al respecto, señaló lo siguiente:

<<(…) El inciso tercero señala las reglas y criterios para la fijación del monto
máximo de gastos por parte del Consejo Nacional Electoral, de manera que se
determinará de manera diferencial teniendo en cuenta (i) si se trata de un
candidato a cargo uninominal o por lista de candidatos a corporaciones de
elección popular; y (ii) si se trata de listas con voto preferente, caso en el cual se
calculará el monto máximo de gastos para cada uno de los integrantes de la lista,
de manera proporcional, esto es, dividiendo el monto máximo de gastos de la
lista por el número de candidatos inscritos. (iii) Adicionalmente, esta norma
determina que el Consejo Nacional Electoral señalará el monto máximo que se
puede invertir en la campaña electoral institucional a favor los sus candidatos o
listas, por parte de cada partido o movimiento con personería jurídica. (…)

78.2 Evidencia la Sala que esta disposición se aviene con el mandato
constitucional contenido en el artículo 109 de la Constitución Política, en
tanto que el legislador estatutario (i) se encuentra limitando, por expresa
autorización de la Carta Política, el monto de los gastos que los partidos,
movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos, puedan realizar
en las campañas electorales; y (ii) por tanto fija mediante ley las reglas y
criterios para limitar los gastos de los partidos, movimientos, grupos significativos
de ciudadanos o candidatos, en las campañas electorales, en relación con
aspectos tales como la entidad encargada, los tiempos de fijación, los criterios a
tener en cuenta (inciso primero); la obligación de realización de estudios para fijar
el límite al monto de gastos (inciso segundo); las reglas y criterios diferenciales
para la fijación del monto máximo de gastos para los candidatos a cargo
uninominal o por lista de candidatos a corporaciones de elección popular,
y de listas con voto preferente, así como el monto máximo que se podrá
invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o
7 Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las sentencias dictadas por ese tribunal en ejercicio del

control previo de constitucionalidad de las leyes estatutarias hacen tránsito a cosa juzgada absoluta, lo que
implica que por regla general no pueden ser demandadas nuevamente en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad. Sin embargo, esa corporación ha sostenido que excepcionalmente es procedente
demandar la inconstitucionalidad de las leyes estatutarias, luego de su control previo de constitucionalidad,
cuando se advierta un vicio de forma posterior al control previo de constitucionalidad o cuando se presente
una modificación posterior de la Constitución o de la conformación de las normas que integran el bloque de
constitucionalidad. En ese sentido, ver Corte Constitucional. Sentencia C-332 de 2020. M.P.: Luis Guillermo
Guerrero Pérez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02868-01
Solicitantes: Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados

listas, por parte de cada partido o movimiento con personería jurídica,
determinado por el Consejo Nacional Electoral (inciso tercero).

Considera la Sala que este artículo se encuentra regulando una trascendental
materia, como es la relativa a los límites de gastos de las campañas electorales
de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, y que lo hace
de una manera razonable y proporcional, utilizando criterios que garantizan
la igualdad, la transparencia, el pluralismo político y la moralidad pública, y
que otorgan competencias al Consejo Nacional Electoral para establecer
estos límites, por lo que no se encuentra objeción alguna desde el punto de
vista constitucional.

78.3. Finalmente, encuentra la Sala que esta disposición se encuentra en plena
armonía con las reglas jurisprudenciales que en relación con los límites a los
montos de los gastos que las organizaciones políticas ha establecido esta
Corporación, en cuanto el legislador otorga la importancia debida a la limitación
del monto de los gastos de las campañas electorales para la garantía de los
principios de transparencia, igualdad y pluralismo político.

Por lo tanto, la Sala declarará la exequibilidad del artículo 24 del presente
Proyecto de Ley estatutaria, en la parte resolutiva de esta providencia. (…)>>

21.3.- A través de la figura de la excepción de inconstitucionalidad los solicitantes
pretenden que se declare la pérdida de investidura del congresista demandado
con base en la aplicación analógica de una regla que, por las ya razones
expuestas, el Legislador no consagró para el caso de las listas cerradas. Dicha
aplicación analógica viola el principio de legalidad en materia de juicios
sancionatorios.

La Corte Constitucional ha señalado lo siguiente sobre la prohibición de la
analogía en los juicios sancionatorios:

<<El principio de legalidad, como parte integrante del debido proceso, está
consagrado en el artículo 29 del Estatuto Superior, en estos términos: “Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio”. La Declaración Universal de Derechos humanos
(arts. 9, 10 y 11) y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (arts 9-3-4, 14 y 15)
lo incluye entre las garantías y derechos de todo procesado.

Dicho principio que rige tanto las actuaciones judiciales como las administrativas,
está integrado, a su vez, por otros dos principios: el de reserva legal y el de
tipicidad. De conformidad con el primero sólo el legislador está
constitucionalmente autorizado para consagrar conductas infractoras de carácter
delictivo, contravencional o correccional, establecer penas restrictivas de la
libertad o sanciones de carácter administrativo o disciplinario, y fijar los
procedimientos penales o administrativos que han de seguirse para efectos de
su imposición. De acuerdo con el segundo, el legislador está obligado a describir
la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más
clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el
hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o
disciplinario.>>8

8 Corte Constitucional. Sentencia C-921 de 2001 citada en la sentencia SU-515 de 2013.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02868-01
Solicitantes: Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados

Y en el caso específico de los juicios de pérdida de investidura, el Consejo de
Estado ha precisado:

<<En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, en particular, en cuanto se refiere a la
observancia de los principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad –que
implica que las causales son taxativas, de interpretación restrictiva y no hay lugar
a aplicar normas por analogía y que la duda razonable se debe interpretar en
favor del demandado–, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.>>9

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 23 de agosto de 2024 por la
Sala Cuarta Especial de Decisión que negó la solicitud de pérdida de investidura
del congresista David Ricardo Racero Mayorca.

SEGUNDO: COMUNÍQUESE lo dispuesto en esta sentencia a la Mesa Directiva
de la Cámara correspondiente, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del
Interior para lo de su cargo, de conformidad con el artículo 15 de la ley 1881 de
2018.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

Con firma electrónica
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de septiembre de 2021,

expediente 11001-03-15-000-2020-00517-01 (PI). M.P.: Hernando Sánchez Sánchez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02868-01
Solicitantes: Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados

Con firma electrónica
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado

Con firma electrónica
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

Con firma electrónica
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Magistrada

Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado

Con firma electrónica
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Magistrado

Con firma electrónica
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Magistrado

Con firma electrónica
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Con firma electrónica
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrada

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado

15

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02868-01
Solicitantes: Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados

Con firma electrónica
MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrada

Con firma electrónica
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Magistrado

Con firma electrónica
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado

Con firma electrónica
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Magistrada

Con firma electrónica
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Magistrado

Con firma electrónica
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado

Con firma electrónica
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado

Con firma electrónica
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado

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