Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02901-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02901-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02901-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
22 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02901-01
Solicitante: MARÍA ISABEL GALLARDO ORTIZ
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. INMEDIATEZ-
Su desconocimiento desvirtúa el carácter urgente del amparo. SUBSIDIARIEDAD-No se agotaron los medios de
defensa procedentes. RECURSO DE REPOSICIÓN- Procede contra todos los autos salvo norma legal en
contrario, según lo dispuesto por el artículo 242° CPACA. SUBSIDIARIEDAD-La tutela no procede para subsanar
omisiones propias de las partes. TUTELA-No procede para interferir en las decisiones que están pendientes en
el proceso ordinario.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la solicitante contra el fallo proferido
el 25 de julio de 2024, por el Consejo de Estado-Sección Primera, que declaró
improcedente el amparo.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 6 de junio de 2024, María Isabel Gallardo Ortiz, a través de apoderado judicial,
formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, que alega vulnerado por el Tribunal Administrativo
del Atlántico-Sala de Decisión Oral A, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, la Nación-
Ministerio del Trabajo y la Nación-Ministerio de Salud y Protección Social, con
ocasión de la providencia del 16 de noviembre de 2023, proferida en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho1 que interpuso contra la Unidad
1
Identificado con número de radicado: 08001-23-33-000-2018-00660-00
2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02901-01
Solicitante: María Isabel Gallardo Ortiz
Acción de tutela – Sentencia segunda instancia
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social-UGPP y otros.
En virtud del amparo, solicita que el derecho alegado sea tutelado y que se ordene
a las autoridades accionadas a:
«Reconocer acción de nulidad y restablecimiento del derecho resolución 001085 de
2011 violación al debido proceso por el cual se reconoce el 50% de una pensión de
sobreviviente y se deja en suspenso el 50% restante»
2. Hechos relevantes
María Isabel Gallardo Ortiz presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, la Nación-Ministerio del
Trabajo y la Nación-Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior con el fin que
se le reconozca la totalidad de una pensión de sobreviviente.
El asunto actualmente está en trámite en primera instancia, en el Tribunal
Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral A que, por auto del 16 de
noviembre de 2023, la autoridad realizó un control de legalidad a las actuaciones
adelantadas hasta ahora al interior del proceso y resolvió darle trámite de sentencia
anticipada, prescindiendo de la audiencia inicial.
Como fundamento fáctico, la parte actora expresó:
«HECHOS
1) PRIMERO: En el proceso se emite providencia donde se reconoce pensión a mi
poderdante.
2) SEGUNDO: Mi poderdante no tiene ninguna clase de ingresos mensuales para su
vida digna y derecho a salud.
3) TERCERO: Se encuentra en trámite un recurso de reposición subsidio apelación
presentado de considerarse necesario siendo que ya ha transcurrido un tiempo
prudencial para reconocer pensión.»
3. Fundamentos de la solicitud
3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02901-01
Solicitante: María Isabel Gallardo Ortiz
Acción de tutela – Sentencia segunda instancia
La solicitante pretende que su derecho al debido proceso sea tutelado. Si bien la
solicitud no es clara ni precisa respecto de los fundamentos fácticos y lo que pretende
con el amparo, es posible dilucidar que considera vulnerado el derecho mencionado
con ocasión a la decisión del 16 de noviembre de 2023, por medio de la cual el
Tribunal accionado resolvió prescindir de la audiencia inicial y dio trámite de
sentencia anticipada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
en el que la accionante funge como demandante.
La solicitante hace referencia al artículo 35 ley 1437 de 2011, según el cual, las
autoridades promoverán la participación ciudadana y asegurarán el derecho de
contradicción, o contribuir a la pronta adopción de decisiones. Seguido a esto,
manifiesta:
«Las sentencias definen si se va resolver mediante acto administrativo; en este caso
particular el reconocimiento de la pensión a mi poderdante por petición de las partes
o de oficio no realizar la audiencia de inicio. Pero en el presente caso esta contestada
la demanda y es un proceso administrativo la vía administrativa (vía gubernativa) este
agotado motivo de la presente demanda razón rogada de realizar la audiencia inicial
trámite respectivo debido proceso. Se enfatiza, ya lo reconocido en providencia
emitida por el despacho respectivo tribunal sala 04 administrativo radicado 660-2018
siendo inviable desconocer el derecho reconocido en providencia y reconocer
pensión y pago a mi poderdante. No puede ser mas gravosa la situación a mi
poderdante en el presente proceso; motivo de la presente acción de tutela mi
poderdante carece de recursos económicos actualmente y necesita un ingreso
mensual para su subsistencia. Finalmente de considerarse necesario por
encontrarse escrito con pensión se realice animo conciliatorio de reconocimiento de
la misma permitido en ley.»
De lo anterior, es posible dilucidar que la vulneración al derecho mencionado se
entiende ocasionada, por un lado, al haber dado trámite al proceso para proferir
sentencia anticipada y, por otro lado, puesto que la pensión reclamada aún no ha
sido reconocida ni pagada en su favor.
4. Trámite de primera instancia
El 12 de junio de 2024 se inadmitió la acción de tutela. Se concedió un término a la
solicitante para que indicara de manera clara los hechos que motivan su
presentación, la acción u omisión que reprocha de las autoridades que acciona y
para que expresara con claridad sus pretensiones. El 19 de junio de 2024 la
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02901-01
Solicitante: María Isabel Gallardo Ortiz
Acción de tutela – Sentencia segunda instancia
accionante aportó escrito en el que atendió el requerimiento y procedió a aclarar la
acción de tutela. El 28 de junio siguiente se admitió la acción de tutela y se ordenó
su notificación a las autoridades accionadas.
En el escrito de contestación, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP solicitó su
desvinculación al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues
no vulneró el derecho fundamental alegado. Adujo que, si bien la solicitud no es del
todo clara, lo que pretende la accionante con la solicitud es dar un impulso procesal
al proceso ordinario. Sostuvo que no tiene competencia para efectuar lo pretendido
en el escrito de tutela, pues impulsar el proceso es parte de las funciones asignadas
a las autoridades judiciales.
El Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral A solicitó que se
declare improcedente el amparo, pues la solicitud no es clara respecto de lo que se
pretende. A pesar de lo anterior, sostuvo que, a partir del análisis del escrito, lo que
parece que pidió la accionante, fue el reconocimiento de la pensión de sobreviviente,
objeto de estudio en el trámite ordinario. De otro lado, considero que no es dable que
censure, vía tutela, la decisión del 16 de noviembre de 2023, pues la accionante no
interpuso el recurso de reposición procedente y, por tanto, no agotó las herramientas
con las que contaba para controvertir la decisión. Además, sostuvo que:
es claro que la actora incurre en un error interpretativo, al considerar que la fijación
del litigio es una decisión definitiva sobre la cual el Tribunal y la parte demandada se
encuentran obligadas a reconocerle de manera inmediata una pensión de
sobreviviente, tema que solicita sea estudiado en esta instancia, pero que además
no es de relevancia constitucional por ser un debate estrictamente legal que se
abordará en la sentencia.
También remitió copia digital el expediente ordinario.
Las demás partes guardaron silencio respecto de la solicitud.
Mediante sentencia del 25 de julio de 2024, el Consejo de Estado-Sección Primera
declaró improcedente el amparo en la medida que la solicitud de tutela no ofreció
mayor claridad respecto de las pretensiones y los hechos descritos. Adujo que no
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02901-01
Solicitante: María Isabel Gallardo Ortiz
Acción de tutela – Sentencia segunda instancia
cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues, en virtud del artículo 242 del
CPACA la actora tenía la posibilidad de presentar recurso de reposición contra la
providencia del 16 de noviembre de 2023, previo a la presentación de la solicitud de
tutela. Sin embargo, aquella no justificó dicha inactividad, ni acreditó la existencia de
un perjuicio irremediable para que la acción de tutela procediera como un mecanismo
transitorio. También consideró que, al tratarse de un asunto que está en trámite, la
intervención del juez de tutela, en principio, se encuentra vedada.
La solicitante impugnó. Pidió que se revoque la sentencia de primera instancia,
proferida por el A Quo, y que se reconozca, a su favor, la pensión de sobrevivientes
solicitada. El 26 de agosto de 2024 se concedió la impugnación.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP pidió que la decisión proferida en primera
instancia fuera confirmada.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 25 de julio de 2024, proferida por el Consejo de Estado-Sección
Primera, que declaró improcedente el amparo.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la C. Pol y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La
Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera instancia
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo
n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02901-01
Solicitante: María Isabel Gallardo Ortiz
Acción de tutela – Sentencia segunda instancia
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.
Inmediatez
La acción de tutela es un mecanismo residual para la protección inmediata de
derechos fundamentales y un remedio de aplicación urgente. Si el amparo se dirige
contra una providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia que se impugna en tutela4.
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que
esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa
no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados5.
Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el
objeto de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los
2
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
3
Ibidem.
4
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-422 del 16 de octubre de 2018 [fundamento jurídico 49].
5
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02901-01
Solicitante: María Isabel Gallardo Ortiz
Acción de tutela – Sentencia segunda instancia
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías
legítimas de defensa y reconocimiento de derechos fundamentales6.
La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela es improcedente para
cuestionar actuaciones judiciales bajo trámite, ya que se cuenta con la posibilidad de
agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento, salvo que esos
mecanismos no existan o se pretenda evitar un perjuicio irremediable.7 La Corte
Constitucional, en sentencia SU-062 de 2018, estableció las razones principales que
refuerzan el requisito de subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:
«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió
el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia (…). [L]a
acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de
subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una
persona sólo puede ser procesada por su juez natural.
En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman un
proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de
los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido
proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la vulneración o
amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha
dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las
irregularidades procesales que puedan afectarle.
Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no
pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido
definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el
principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia
u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones
a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica».
Caso concreto
6
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las
sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de
2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, C.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
8
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02901-01
Solicitante: María Isabel Gallardo Ortiz
Acción de tutela – Sentencia segunda instancia
La solicitante considera que las autoridades accionadas se encuentran vulnerando
su derecho fundamental al debido proceso con ocasión de la providencia de 16 de
noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante el
cual prescindió de la audiencia inicial y fijó el litigio. Por lo anterior, pide que sea
reconocida en su favor la totalidad de una pensión de sobreviviente, la cual está
siendo estudiada por el Tribunal accionado.
La providencia cuestionada se notificó por estado el 17 de noviembre de 2023,
(según índice 27, del expediente ordinario SAMAI) y el 20 de noviembre siguiente
se envió correo electrónico de la notificación. De conformidad con lo anterior, los
seis meses que la jurisprudencia ha previsto como un plazo razonable para su
interposición se agotó el 20 de mayo de 2024. Como la solicitud de tutela se
interpuso el 6 de junio de 2024, el amparo no cumple con el requisito de inmediatez
por lo que la tutela es improcedente. Además, la accionante no expuso razones que
permitan flexibilizar el requisito de inmediatez en este asunto.
No obstante, la Sala advierte que, la solicitud tampoco cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues la accionante tenía a disposición el recurso de reposición contra
el auto del 16 de noviembre de 2023. En efecto el artículo 242 del CPACA, dispone
que el recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal que
predique lo contrario. Por lo anterior, la acción de tutela no resulta procedente como
mecanismo alternativo ante la posibilidad de interponer recursos ordinarios. En
consecuencia, la tutela es improcedente porque existía otro medio de defensa judicial
y no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable.
Como el proceso se encuentra en curso y pendiente de ser resuelto por la autoridad
judicial accionada, no es posible que el juez de tutela interfiera en la actuación, pues
esta se encuentra vigente y bajo la dirección del juez natural del asunto.
La tutela, como mecanismo constitucional subsidiario, no puede ser utilizada con el
fin de subsanar errores de procedimiento cometidos por quien la presenta. Lo
anterior, desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela como mecanismo supletivo
de protección de los derechos fundamentales, permitiendo que la parte accionante
se beneficie de sus propias omisiones al no haber presentado, por el canal
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02901-01
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Acción de tutela – Sentencia segunda instancia
adecuado, comunicado y dispuesto por la autoridad accionada, el pronunciamiento
que ahora reprocha no fue tenido en cuenta en la providencia enjuiciada8.
Por último, la Sala advierte que, la accionante pide que le sea reconocida y pagada,
en su favor, la totalidad de una pensión de sobrevivientes, sin embargo, conforme al
criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional, por regla general las acreencias
laborales no son susceptibles de amparo por vía de tutela debido que el
ordenamiento jurídico de la jurisdicción ordinaria laboral o la contenciosa
administrativa tienen mecanismos idóneos y eficaces para la defensa judicial, según
el caso. Estimó que de manera excepcional se ha contemplado la procedencia del
amparo para obtener el pago de las acreencias cuando se afecta el mínimo vital del
solicitante,9 situación que no fue acreditada por la accionante.
En virtud de lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 25 de julio de 2024,
proferida por el Consejo de Estado-Sección Primera, que declaró improcedente la
solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de julio de 2024, por el Consejo
de Estado-Sección Primera, que declaró improcedente la solicitud de tutela de María
Isabel Gallardo Ortiz contra el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión
Oral A, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP, la Nación-Ministerio del Trabajo y la
Nación-Ministerio de Salud y Protección Social.
8
Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2015, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez: La acción de tutela no es
un medio alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma
indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello, cuando quiera que las
personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus derechos
fundamentales están siendo transgredidos. Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a consideración del
juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad.
9
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-043 del 16 de febrero de 2018 [fundamento jurídico 11].
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02901-01
Solicitante: María Isabel Gallardo Ortiz
Acción de tutela – Sentencia segunda instancia
SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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