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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02918-00

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02918-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por el señor Emerson Eduardo Charris García en contra del Tribunal Administrativo de La Guajira y los Tribunales de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Radicado: 11001-03-15-000-2024-02918-00 Demandante: Emerson Eduardo Charris García Arbitramento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Guajira, conformados para los procesos 023-2014 y 001-2018, respectivamente. Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02918-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

25 de julio de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02918-00
Demandante: Emerson Eduardo Charris García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02918-00
Demandante: Emerson Eduardo Charris García
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros

Temas: Tutela contra providencia judicial. Incumplimiento de requisitos de
procedibilidad. Falta de inmediatez y subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por Emerson Eduardo Charris García
en contra del Tribunal Administrativo de La Guajira y los Tribunales de Arbitramento
del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Guajira,
conformados para los procesos 023-2014 y 001-2018, respectivamente.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Emerson Eduardo Charris García, quien actúa en calidad de
veedor, promovió demanda en orden a que se tutele su derecho fundamental al
debido proceso y al derecho colectivo a la defensa del patrimonio público.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02918-00
Demandante: Emerson Eduardo Charris García

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejen sin efectos los laudos
arbitrales del 11 de septiembre de 2015 y 18 de diciembre de 2018, emitidos por los
Tribunales de Arbitramento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de La Guajira, conformados para los procesos 023-2014 y 001-2018,
respectivamente, y, en su lugar, que se ordene proferir nuevos laudos arbitrales en
ambos procesos, respetando el debido proceso y atendiendo la jurisprudencia
contenciosa sobre la materia.

De igual forma, que se dé traslado del expediente de tutela, en la mayor brevedad
posible, a los entes de control para que inicien las investigaciones de rigor, en
especial a la Contraloría General de la República para que inicie las investigaciones
de naturaleza fiscal de los funcionarios por su conducta omisiva durante el trámite del
Tribunal de Arbitramento y en el ejecutivo que se inició con base en dicho laudo,
poniendo en peligro el patrimonio público del distrito de Riohacha.

Asimismo, solicitó como medida provisional, en aras de evitar un perjuicio
irremediable, que se suspendan los procesos ejecutivos que cursan ante el Tribunal
Administrativo de La Guajira, bajo los radicados 44001-23-40-000-2016-01291-00 y
44001-23-40-000-00268-00 y, en consecuencia, que se levanten las medias
cautelares de embargo proferidas hasta que se decida de fondo la acción de tutela.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) Mediante Laudo Arbitral del 11 de septiembre de 2015, proferido por el Tribunal de
Arbitramento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Riohacha, conformado para el proceso con radicado 023 de 2014, promovido por la
sociedad Interaseo S.A. ESP en contra del municipio de Riohacha, fue condenado el
ente territorial a la suma de $6.455.654.544 (capital), $2.493.878.000 (intereses
moratorios) y $712,382.845 (costas procesales) para un total de $9.661.915.389.

ii) Con sustento en dicho título de recaudo, la sociedad Interaseo S.A. ESP presentó
demanda ejecutiva en contra del municipio de Riohacha, con el fin de que se librara

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Demandante: Emerson Eduardo Charris García

mandamiento de pago por las sumas reconocidas y, sus respectivos intereses
moratorios, al cual se le asignó el radicado 44001-23-40-000-2016-01291-00.

iii) Dentro del proceso ejecutivo el Tribunal Administrativo de La Guajira ha realizado,
entre otras, las siguientes actuaciones: a) el 23 de febrero de 2017, libró
mandamiento de pago en contra del distrito de Riohacha por valor de
$9.661.915.389, más los intereses moratorios causados desde la ejecutoria del laudo
arbitral y hasta el día que se realizara el pago efectivo de la obligación; b) el 28 de
marzo de 2019, modificó la liquidación del crédito presentada por la demandante,
señalando que la liquidación del crédito, una vez incluido el valor determinado en la
providencia, era por la suma de $16.228.020.950; c) el 25 de julio de 2022, negó la
solicitud de medida cautelar presentada por el ejecutante y, en su lugar, decretó el
embargo sobre los dineros del distrito de Riohacha, excluidos los recursos
inembargables, hasta la suma de $20.000.000.000, sin exceder de la tercera parte de
las rentas brutas que son embargables, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 16 del artículo 594 del CGP; y d) el 2 de octubre de 2023, autorizó la entrega
a Interaseo S. A. ESP del título judicial por valor de $825.000.000.

iv) Ahora bien, a través de Laudo Arbitral del 18 de diciembre de 2018, adoptada por
el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de La Guajira, para el proceso con radicación 001 de 2018, constituido por
Interaseo S. A. S. ESP en contra del Distrito de Riohacha, fue condenado el ente
territorial al pago de $10.313.225.990,00 (capital) y $1.262.985.000,00 (costas
procesales) para un total de $11.576.210.990.

v) El 10 de agosto de 2020, la sociedad Interaseo S. A. S. ESP presentó demanda
ejecutiva en contra del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, a la que se
le asignó el radicado 44001-23-40-000-2020-00268-00, con el fin de obtener el pago
de la cantidad reconocida en el referido laudo arbitral, junto con el pago de los
intereses moratorios causados sobre las sumas de dinero, a partir del 4 de febrero de
2019 y hasta la fecha cierta en que se produjera el pago total de la obligación, como
al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho.

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vi) Dentro de dicho proceso, el Tribunal Administrativo de La Guajira ha efectuado las
siguientes actuaciones: a) el 10 de noviembre de 2020, libró mandamiento de pago
en contra del distrito de Riohacha y en favor de Interaseo S. A. S. ESP, por los valores
expresamente determinados en el laudo arbitral del 18 de diciembre de 2018; b) el 17
de mayo de 2022, ordenó seguir adelante con la ejecución y practicar la liquidación
del crédito; c) el 23 de junio de 2023, modificó la liquidación del crédito presentada
por la parte ejecutante, fijándola a corte 30 de abril de 2023 en la suma de
$17.604.262.50, pero por auto del 27 de octubre de 2023, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, revocó la decisión y, en su lugar, ordenó realizar una
nueva liquidación del crédito; y d) según se observa en la plataforma Samai, el
proceso fue devuelto al Tribunal Administrativo de La Guajira el 21 de noviembre de
2023 e ingresó a despacho el 30 de noviembre siguiente, para obedecer y cumplir lo
resuelto por el superior, por lo que próximamente se hará una nueva liquidación del
crédito, siendo lo subsiguiente el embargo de las cuentas y el pago insoluto.

vii) La ciudadanía de Riohacha se enteró de la existencia de los procesos ejecutivos
en contra del distrito de Riohacha —promovidos con ocasión de los laudos arbitrales
del 11 de septiembre de 2015 (proceso 023 de 2014) y 18 de diciembre de 2018
(proceso 001 de 2018)— con ocasión de la noticia publicada el pasado 6 de
diciembre de 2023 en el Diario del Norte (periódico impreso), dentro del cual se
aprecian las declaraciones rendidas por el secretario de Hacienda de Riohacha,
doctor Diego Lanao.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de la accionante, en los referidos laudos arbitrales se cometieron yerros de
carácter procedimental y sustancial que afectaron ostensiblemente su derecho al
debido proceso y, consecuencialmente, al patrimonio público del distrito de
Riohacha, en atención a las siguientes circunstancias:

i) Defecto procedimental. Configurado por: a) el decreto oficioso de la prueba pericial,
vulnerando el principio a la igualdad del ente territorial, comoquiera que se suplió la
inactividad procesal de Interaseo S. A. ESP, y b) la extralimitación del objeto de la
prueba pericial decretada oficiosamente por los Tribunales de arbitramento de 2014 y

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2018, al referirse el perito en sendas ocasiones a aspectos de orden jurídico de
competencia exclusiva y excluyente de los Tribunales de Arbitramento.

ii) Defecto sustantivo. Dado lo siguiente: a) la manifiesta inexistencia de nexo causal
entre el hecho generador del daño —no entrega del lote— y el daño; b) la no
estructuración de los elementos configurativos de la responsabilidad estatal con
sustento en la teoría de la imprevisión; c) la inexistencia de la prueba de la alteración
de manera anormal y grave de la ecuación económica del contrato; d) el no haberse
determinado el cuestionario que el perito debía absolver; e) el incumplimiento de los
incisos 3 y 4 del artículo 12 de la Ley 1563 de 2012 que prevén la comunicación a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo que implicó la falta de
competencia de los árbitros en el radicado 023 de 2014 para continuar con el trámite
del proceso arbitral; y f) la ausencia de aprobación por parte Ministerio de Justicia y
del Derecho de la reforma total a los estatutos del centro integral de solución de
conflictos de la Cámara de Comercio de La Guajira, con violación manifiesta del
artículo 51 de la Ley 1563 de 2012.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 24 de junio de 2024, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez
Vargas admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a los árbitros
de los Tribunal de Arbitramento de los procesos 023 de 2014 y 001 de 2018 del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Riohacha; y a
Interaseo S. A. E. S. P., como al distrito de Riohacha, en calidad de terceros
interesados en las resultas del proceso, remitiéndoles copia de la solicitud de tutela
para que, dentro del término de tres (3) días, ejercieran su derecho de defensa, si a
bien lo tenían, y rindieran el respectivo informe. De igual forma, ordenó requerir al
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Riohacha para que
enviara copia digital de los expedientes 023 de 2014 y 001 de 2018.

1.2.2. El 2 de julio de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del
proveído al señor Emerson Eduardo Charris García, al Centro de Conciliación y
Arbitraje ante la Cámara de Comercio de Riohacha, al municipio de Riohacha y a

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Interaseo S. A. E. S. P.; y el 4 de julio siguiente, a los árbitros Jussica Barros Zúñiga,
Víctor de Luque Escolar, Wilson Herrera Llanos y Albert Diomar López Barros.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de
La Guajira. El 5 de julio de 2024, la representante legal suplente y directora, Karina
Yohana Henríquez Torres, solicitó no acceder a las pretensiones, en atención a los
siguientes argumentos:

i) La acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, pues el Tribunal de
Arbitramento para el proceso 023 se conformó en el año 2014, y el del proceso 001
se conformó en el año 2018, por lo que han transcurrido 10 años para el primero y 6
años para el segundo.

ii) La Ley 1563 de 2012, Estatuto del Arbitraje Nacional e Internacional, establece el
procedimiento para los trámites arbitrales, en consonancia con el Código General del
Proceso. En este sentido, el Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara
de Comercio de la Guajira aplica las disposiciones de la referida ley a través de
Tribunales Arbitrales específicamente conformados para cada proceso.

iii) No existen sanciones por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho para el
Centro por falta de cumplimiento de requisitos en los procedimientos o falta de
aprobación para el funcionamiento del Centro Integral de Solución de Conflictos de la
Cámara de Comercio de La Guajira, lo cual se puede verificar en la página SICAAC,
que es el Sistema de Información de Conciliación Arbitraje y Amigable Composición
del Ministerio, por lo que no existe justificación para el argumento del accionante.

1.3.2. El Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. El 4 de julio de 2024,
el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Roger Mario Romero Pinto, manifestó
coadyuvar las pretensiones de tutela. Señaló que es del caso conceder las
pretensiones de tutela en aras de impedir un perjuicio irremediable al erario del
distrito de Riohacha, toda vez que los señalamientos jurídicos planteados en el libelo
no fueron tenidos en cuenta dentro de los laudos arbitrales y que ello desencadenó

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en los procesos ejecutivos con radicado 44001-23-33-003-2016-01291-00 y 44001-
23-40-000-2020-00268-00, que actualmente cursan ante el Tribunal Administrativo
de La Guajira, y cuyos títulos de recaudo lo constituyen los laudos arbitrales
enjuiciados en la acción de tutela.

1.3.3. La Sociedad Interaseo S. A. S. ESP. El 5 de julio de 2024, la representante
legal para asuntos judiciales, Piedad Cecilia Otálvaro Ochoa, solicitó no acceder a
las pretensiones de amparo, dados los siguientes argumentos:

i) No se cumple con el requisito de inmediatez. Aunque el accionante argumenta el
presunto desconocimiento de la decisión sobre la cual gira la pretendida vulneración,
en concreto, el hecho de que un medio de comunicación publicó la noticia de manera
reciente, ello no constituye argumento válido para efectos de determinar el
cumplimiento del requisito.

ii) Los laudos arbitrales de fechas 11 de diciembre de 2015 y 18 de diciembre de
2018, proferidos por el Tribunal de Arbitramento convocado por Interaseo S.A.S E.S.P.
en contra del Distrito de Riohacha constituyen títulos ejecutivos válidos, de acuerdo
con lo señalado en el artículo 297 del CPACA, por cuanto fueron decisiones: a)
proferidas por un Tribunal Arbitral legalmente constituido; b) que se encuentran en
firme, al no haberse interpuesto solicitudes de aclaración y complementación, ni
tampoco recurso de anulación; y c) en las que se señaló de forma expresa y clara
una obligación de pago a cargo del distrito de Riohacha.

1.3.4. La árbitro Jussica Barros Zúñiga. El 6 de julio de 2024, solicitó desestimar
las pretensiones, dado lo siguiente:

i) La acción de tutela impetrada por el accionante carece de legitimidad en la causa
por pasiva, comoquiera que no se puede ir en contra de un tribunal inexistente, ya
que el Tribunal de Arbitramento, a la luz de la Ley 1563 de 2012, se conforma para
conocer y resolver de la controversia y una vez se profiere el laudo arbitral, se
desintegra, sumado a que han transcurrido varios años desde que se pronunciaron
los árbitros de los tribunales conformados, pues ha transcurrido el término de 10
años para el primero y 6 años para el segundo.

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ii) Además, lo que pretende el accionante es reabrir un debate meramente legal, de
carácter privado y con efectos estrictamente económicos, que ya fue definido ante
las instancias judiciales correspondientes. La acreencia que hoy tiene el distrito de
Riohacha no es responsabilidad de los árbitros que conformaron el entonces Tribunal
de Arbitramento, sino responsabilidad exclusiva y directa de la negligencia del
entonces jefe de Oficina Jurídica Distrital, pues pese a contar con la oportunidad
procesal para defenderse y contradecir lo resuelto, actuó de manera omisiva, pues
no contestó la demanda, ni tampoco hizo presencia en las audiencias del respetivo
proceso arbitral.

1.3.5. El árbitro Wilson Herrera Llanos. El 8 de julio de 2024, solicitó rechazar las
pretensiones planteadas, según los siguientes argumentos:

i) El accionante trata temerariamente, a través de planteamientos espurios de
amparo tutelar, de deshacer dos decisiones judiciales ejecutoriadas hace 10 y 6
años, contra las cuales no se ejercieron debidamente las defensas que permite la ley
y que le fueron otorgadas procesalmente en forma rigurosa, pues en el curso del
trámite no se plantearon peticiones procesales de nulidad, no se solicitó la revisión
de los procesos, ni tampoco se ejerció el recurso extraordinario de anulación, con lo
cual se establece, sin lugar a dudas, la plena sanidad del trámite, que, además, fue
avalado por la presencia del Ministerio Público como prenda máxima de garantía de
su legalidad. Es claro a simple vista que el accionante rebasó cualquier expectativa
de tiempo, por amplia y permisiva que fuera, para interponer la acción de tutela.

ii) En ejercicio de igual temeridad, presentó la demanda de tutela contra los árbitros
que fungieron como tales en los trámites que concluyeron con los laudos
supuestamente ilegales ignorando ex profeso el texto del artículo 35 de la Ley 1563
de 2012, sobre cesación de funciones de los Tribunales Arbitrales y su consecuente
pérdida total de competencia y existencia.

1.3.6. El árbitro Víctor de Luque Escobar. El 8 de julio de 2024, manifestó
adherirse a los fundamentos de los alegatos presentados por los árbitros Jussica
Barros Zúñiga y Wilson Herrera Llanos.

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2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir los laudos arbitrales del 11 de
septiembre de 2015 y 18 de diciembre de 2018, emitidos por los Tribunales de
Arbitramento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La
Guajira, conformados para los procesos 023-2014 y 001-2018, respectivamente. En
caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de las referidas
providencias se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte
actora.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen

1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.

2.3.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales

El inciso tercero del artículo 116 de la Constitución Política dispone que los
particulares pueden ser transitoriamente investidos de la función de administrar
justicia para dictar fallos en derecho o en equidad, en los términos que establezca la
ley. Esta habilitación constituye el fundamento constitucional para que los

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particulares ejerzan dicha atribución a través de mecanismos alternativos de solución
de conflictos como el arbitramento y su naturaleza jurídica comporta un acto
jurisdiccional cuyas actuaciones tienen el alcance de surtir efectos de cosa juzgada.

Precisamente, el carácter jurisdiccional y sus efectos implican que los laudos
arbitrales se asimilen a las sentencias judiciales con el propósito de examinar la
procedencia de la acción de tutela. Sobre el particular, en la sentencia T-244 de
2007, la Corte Constitucional se pronunció en los siguientes términos:

En síntesis, el proceso arbitral es materialmente un proceso judicial, y el laudo arbitral
es el equivalente a una sentencia judicial en la medida que pone fin al proceso y
desata de manera definitiva la cuestión examinada, adicionalmente los árbitros son
investidos de manera transitoria de la función pública de administrar justicia, la cual
además legalmente ha sido calificada como un servicio público, por tal razón no cabe
duda que en sus actuaciones y en la decisiones que adopten los tribunales arbitrales
están vinculados por los derechos fundamentales, y que la tutela es procedente
cuando estos sean vulnerados o amenazados con ocasión de un proceso arbitral.

La equivalencia —material— que existe entre el laudo arbitral y la providencia judicial
activa de manera excepcional la procedencia de la tutela como mecanismo de
protección de los derechos fundamentales, los cuales pueden verse afectados por
las decisiones emanadas y el procedimiento llevado a cabo por los tribunales de
arbitramento.

En la sentencia de unificación SU-837 de 2002, la Sala Plena de la Corte
Constitucional determinó que los administradores de justicia, sean permanentes o
temporales, no están exentos de cumplir con lo previsto en la Constitución, de tal
manera que mediante la solicitud de amparo es factible controvertir sus actos
jurisdiccionales, siempre y cuando estos vulneren de manera directa el derecho
fundamental al debido proceso o al acceso a la administración de justicia.

La jurisprudencia constitucional también ha sido particularmente enfática en cuanto al
carácter excepcional de la procedencia de la acción de tutela contra laudos
arbitrales, el procedimiento que se adelanta ante los tribunales de arbitramento y las
decisiones que resuelven los recursos de anulación, señalando que la procedibilidad
está sometida, en principio, a las reglas fijadas en la sentencia C-590 de 2005.

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Demandante: Emerson Eduardo Charris García

Las precitadas condiciones se recapitularon con el fin de reiterar que estas no dan
lugar a la equivalencia absoluta entre los laudos y las providencias judiciales para
efectos de la acción de tutela, ya que el carácter especial de la justicia arbitral incide
en que se deba hacer un examen de procedibilidad —tanto de los requisitos
generales, como especiales—, más riguroso. Efectivamente, a partir de la sentencia
de unificación SU-500 de 2015 se precisó que la razón para realizar un estudio más
estricto reside fundamentalmente en que se trata de un escenario en el cual se ha
expresado la voluntad de las partes de apartarse de la jurisdicción ordinaria y
someterse a la decisión que adopte un tribunal de arbitramento.

La decisión de las partes de marginarse de la justicia ordinaria constituye un
elemento esencial que implica procurar al máximo la permanencia del fallo proferido
por la jurisdicción arbitral, la cual no debe condicionarse a una posterior ratificación o
cuestionamiento por parte de la jurisdicción a la cual las partes expresamente
renunciaron. En palabras de la Corte Constitucional «acudir a la justicia arbitral
implica una derogación específica, excepcional y transitoria de la administración de
justicia estatal, derivada de la voluntad de las partes en un conflicto transigible».3

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio que obra dentro del expediente de tutela, la
Sala establece lo siguiente:

i) El 8 de octubre de 2014, la Sociedad Interaseo S. A. por intermedio de apoderado,
solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Riohacha,
la integración de un Tribunal de Arbitramento para que dirimiera la controversia
suscitada con el municipio de Riohacha, en razón al incumplimiento de las cláusulas
33 y 38 del contrato de concesión n°. 36 de 2007, el cual tenía como fin la prestación
del servicio público de aseo en el municipio.

ii) El 11 de septiembre de 2015, el Tribunal de Arbitramento 023-2014 del Centro
Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de Riohacha,
conformado por los árbitros Albert Diomar Barros López, Víctor Manuel de Luque

3
Sentencia SU-174 de 2007.

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Demandante: Emerson Eduardo Charris García

Escobar, Wilson Herrera Llanos y Cristobal Armando Maya Vega, emitió laudo
arbitral en los siguientes términos:

PRIMERO: Declarar el incumplimiento parcial del contrato de concesión n°. 036 del 27
de junio de 2007, suscrito entre el municipio de Riohacha-Guajira con la empresa
Interaseo S. A. ESP, para la concesión del servicio de aseo en la ciudad de Riohacha,
por parte del municipio de Riohacha consistente en la no entrega a su tiempo y en las
condiciones técnicas y administrativas acordadas del lote obligado para el diseño,
construcción y funcionamiento de un relleno sanitario certificado en la ciudad de
Riohacha, departamento de la Guajira.

SEGUNDO: Declarar así mismo el incumplimiento parcial del mencionado contrato en lo
referente al pago de los costos causados por la disposición final de residuos sólidos
prestada y ejecutada por el convocante Interaseo S.A. ESP, durante el lapso
comprendido entre el mes de febrero de 2012 hasta el mes de septiembre de 2014,
de acuerdo a lo establecido en el proceso, obligación a la que estaba sometido el ente
convocado en este Tribunal por la imposibilidad consecuencial de lograrse el diseño,
construcción y manejo del relleno sanitario certificado y la subsecuente efectividad de
sus costos al usuario, dados a partir del incumplimiento a que se refiere el numeral
anterior.

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condena al municipio
de Riohacha en el departamento de la Guajira al pago a la empresa Interaseo S.A. ESP,
de los costos de la disposición final de residuos sólidos en el lote o botadero del
municipio según las cuentas presentadas, revisadas y confirmadas pericialmente por la
cantidad de seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones seiscientos cincuenta y
cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos ($6.455.654.544,oo), por concepto de
capital del mencionado servicio causado.

CUARTO: Como consecuencia igualmente de las dos anteriores declaraciones se
condena al Municipio de Riohacha en el Departamento de la Guajira al pago a la
empresa Interaseo S.A. ESP, de la suma de dos mil cuatrocientos noventa y tres
millones ochocientos setenta y ocho mil pesos ($2.493.878.000) por concepto de
intereses moratorios generados por la falta de pago del servicio a que se contrae este
proceso y que han sido avalados por la pericia contable ordenada por este Tribunal.

[…]

iii) La empresa Interaseo S. A. ESP, a través de apoderado judicial, presentó demanda
ejecutiva en contra del Distrito de Riohacha, a la que se le asignó el radicado 44001-
23-33-003-2016-01291-00 en orden a que se librara mandamiento de pago por valor
de $9.661.915.389 más los intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la
providencia hasta la fecha cierta del pago, con base en el título ejecutivo consistente
en el laudo arbitral proferido en su favor por el Tribunal de Arbitramento de la ciudad
de fecha 11 de septiembre de 2015.

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Demandante: Emerson Eduardo Charris García

iv) El 23 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo de La Guajira libró
mandamiento de pago en contra del distrito de Riohacha por valor de $9.661.915.389
más los intereses moratorios causados desde la ejecutoria del laudo arbitral y hasta
el día que se realizara el pago efectivo de la obligación, tasados de acuerdo con lo
establecido en el artículo 192 del CPACA.

v) El 6 de marzo de 2018, la Sociedad Interaseo S. A. por intermedio de apoderado,
solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Riohacha,
la integración de un Tribunal de Arbitramento para que dirimiera la controversia
suscitada con el Distrito de Riohacha, en razón al incumplimiento de las cláusulas 33
y 38 del contrato de concesión n°. 36 de 2007, el cual tenía como fin la prestación del
servicio público de aseo en el municipio.

vi) El 18 de diciembre de 2018, el Tribunal de Arbitramento 001-2018 del Centro
Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de Riohacha,
conformado por los árbitros Jussica Barros Zúñiga, Víctor Manuel de Luque Escobar
y Cristóbal Armando Maya Vega, emitió laudo arbitral en los siguientes términos:

PRIMERO: Declarar el incumplimiento parcial del contrato de concesión n°. 036 del 27
de junio de 2007, suscrito entre el municipio de Riohacha-Guajira con la empresa
Interaseo S. A. ESP, para la concesión del servicio de aseo en la ciudad de Riohacha,
por parte del municipio de Riohacha consistente en la no entrega a su tiempo y en las
condiciones técnicas y administrativas acordadas del lote obligado para el diseño,
construcción y funcionamiento de un relleno sanitario certificado en la ciudad de
Riohacha, departamento de la Guajira.

SEGUNDO: Declarar así mismo el incumplimiento parcial del mencionado contrato en lo
referente al pago de los costos causados por la disposición final de residuos sólidos
prestada y ejecutada por el convocante Interaseo S.A. ESP, durante el lapso
comprendido entre el mes de octubre de 2014 hasta el mes de enero de 2017, de
acuerdo a lo establecido en el proceso, obligación a la que estaba sometido el ente
convocado en este Tribunal por la imposibilidad consecuencial de lograrse el diseño,
construcción y manejo del relleno sanitario certificado y la subsecuente efectividad de
sus costos al usuario, dados a partir del incumplimiento a que se refiere el numeral
anterior.

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condena al distrito
de Riohacha en el departamento de la Guajira al pago a la empresa Interaseo S.A. ESP,
de los costos de la disposición final de residuos sólidos en el lote o botadero del
municipio según las cuentas presentadas, revisadas y confirmadas pericialmente, todo
por un valor de seis mil cuatrocientos sesenta y cinco millones novecientos setenta y
nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos ($6.465.979.434) M/L y unos intereses
que ascienden a la cantidad de tres mil ochocientos cuarenta y siete millones
doscientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y seis pesos ML $3.847.246.556

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M/L generados por la falta de pago del servicio a que se contrae este proceso y que
han sido avalados por la pericia contable ordenada por este Tribunal para un total de
diez Mil trescientos trece millones doscientos veinticinco mil novecientos noventa
pesos M/L $10.313.225.990.

[…]

vii) El 10 de agosto de 2020, la sociedad Interaseo S. A. S. ESP, a través de
apoderado, promovió demanda ejecutiva en contra del Distrito de Riohacha, a la que
se le asignó el radicado 44001-23-40-000-2020-00268-00, a fin de que se librara
mandamiento de pago por la suma derivada del auto arbitral del 18 de diciembre de
2018, del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de La Guajira.

viii) El 10 de noviembre de 2020, a través de auto 277, el Tribunal Administrativo de
La Guajira, Despacho 03, ordenó al distrito de Riohacha – La Guajira, por conducto
de su representante legal, cumplir las obligaciones que de manera clara y expresa se
reconocieron en favor de la sociedad Interaseo S. A. S. ESP, en el laudo arbitral
proferido el 18 de diciembre de 2018 por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara
de Comercio de La Guajira.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

Examinados los elementos del caso, se observa prima facie que la presente acción
de tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad relacionados con la
inmediatez en su interposición y la subsidiariedad, según se pasa a explicar:

En primer lugar, se tiene que en el caso se controvierten los laudos arbitrales del 11
de septiembre de 2015 y 18 de diciembre de 2018, emitidos por los Tribunales de
Arbitramento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La
Guajira, conformados para los procesos 023-2014 y 001-2018; y según se aprecia
del aplicativo Samai, la acción de tutela fue radicada en la Secretaría General del
Consejo de Estado el 6 de junio de 2024, es decir, 8 y 5 años después de que fueron
proferidos los laudos arbitrales.

Si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término de
caducidad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, dado el carácter

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preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, su
interposición debe darse dentro de un término razonable y proporcionado a
partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos
fundamentales. Lo anterior, en aras de i) proteger derechos de terceros, ii) impedir
que el amparo se convierta en un factor de inseguridad jurídica y iii) evitar su uso
como herramienta supletoria de la negligencia en la agencia de derechos,
desnaturalizando con ello su finalidad.4

Así, en sentencia del 5 de agosto de 2014, el Consejo de Estado, Sala Plena, acogió
como regla general un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, como tiempo razonable para determinar si la acción de
tutela contra providencia judicial se ejercía oportunamente. Lo anterior, luego de
explicar que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, por encontrarse en juego los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

En ese entendido, se tiene, entonces, que en el caso se desconoció el término
prudencial de los seis meses establecido por la jurisprudencia para la presentación
de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, el cual no busca otra cosa
que garantizar la eficacia de la protección invocada y evitar satisfacer las
pretensiones de aquellos que, por su inactividad, acudieron inoportunamente a
solicitar el amparo constitucional.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que el examen de la inmediatez no
se reduce a verificar el paso del tiempo entre el hecho generador de la vulneración
de un derecho fundamental y la interposición del amparo constitucional, sino que,
además, debe estudiarse la razonabilidad del plazo, de acuerdo con los hechos de
cada caso concreto;5 por lo que, en aras de determinar que no existe una tardanza
injustificada o irrazonable al momento de acudir a la acción de tutela, la Corte evaluó
dicho periodo a partir de las siguientes reglas:

“[…] (i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o

4 La Sentencia T-187 de 2012 presenta la línea jurisprudencial al respecto.
5 Ver las Sentencias T-158 de 2006, T-792 de 2007, T-1028 de 2010, T-584 de 2011 y T-433 de 2016.

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imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la
inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela
sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan […].6

Por tanto, le corresponde al operador judicial determinar, en cada caso, si existen
razones válidas para la inactividad, si permanece la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales y/o si la parte actora se encuentra en un estado de
debilidad manifiesta que haga desproporcionada la interposición de la acción de
tutela en el plazo prudencial de los seis meses.

No obstante, una vez analizadas las circunstancias y los hechos en los que se
sustenta la solicitud de amparo, la Sala no encuentra un factor relevante que
sustente la inactividad para solicitar la defensa de los derechos fundamentales, pues
no es argumento válido para justificar la tardanza en interponer la acción de tutela
que la ciudadanía de Riohacha se enteró de la existencia de los procesos ejecutivos
en contra del distrito de Riohacha —promovidos con ocasión de los laudos arbitrales
del 11 de septiembre de 2015 (proceso 023 de 2014) y 18 de diciembre de 2018
(proceso 001 de 2018)— con la noticia publicada el 6 de diciembre de 2023, por
parte del Diario del Norte, en la que se dieron a conocer las declaraciones rendidas
por el secretario de Hacienda de Riohacha, doctor Diego Lanao. Consiguientemente,
en el plenario tampoco se evidencia que se cumpla con alguno de los criterios

6 Sentencia T-253 de 2015.

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establecidos por la jurisprudencia para que se configure un perjuicio irremediable,7
que pretermita el requisito de procedencia de la acción.

Es de indicar que el requisito de inmediatez no responde a motivaciones caprichosas
sino al amparo del orden judicial y social, partiendo del presupuesto de que cuando
una persona realmente encuentre afectados sus derechos fundamentales de forma
grave, acudirá inmediata y diligentemente al juez constitucional para solicitar su
restablecimiento. Debe tenerse en cuenta que lo que se busca con el cumplimiento
del requisito de la inmediatez es la garantía de los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica de que están investidas las decisiones judiciales.

Así las cosas, no se evidencia que en el asunto se cumpla el examen de inmediatez
requerido, pues además de que se superó el término previsto como prudencial para
la presentación de la acción, no se identifican circunstancias justificantes para la
interposición tardía y, por contera, para pretermitir este requisito de procedencia, por
lo que se impone su rechazo.

En segundo lugar, se advierte que contra los laudos arbitrales del 11 de septiembre
de 2015 y 18 de diciembre de 2018, emitidos por los Tribunales de Arbitramento del
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Guajira,
conformados para los procesos 023-2014 y 001-2018, respectivamente, procedía el
recurso extraordinario de anulación, del cual no se evidencia que se haya hecho uso.

Según la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela contra providencia judicial
no cumple con el requisito de subsidiariedad cuando se verifica i) que el proceso está
en trámite, ii) que no se han agotado los medios de defensa judiciales
ordinarios y extraordinarios, iii) que se utiliza como un instrumento para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico, y iv) que el asunto que dio lugar al defecto no fue previamente
alegado.8

7 Los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional

para que proceda la tutela como mecanismo judicial para evitar un perjuicio irremediable son: su
inminencia, su urgencia, su gravedad y su impostergabilidad.
8 Ver entre otras, la sentencia SU-062 de 2018.

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Y en términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, 9 contra el
laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, el cual deberá
interponerse dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación o la de la
providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición, ante el tribunal
arbitral, debidamente sustentado, con indicación de las causales invocadas.

En el caso, se controvierte la configuración de los defectos i) procedimental, por el
decreto oficioso de la prueba pericial, y extralimitación del objeto dicha prueba, al
referirse el perito en sendas ocasiones a aspectos de orden jurídico de competencia
exclusiva y excluyente de los Tribunales de Arbitramento; y ii) sustantivo, por a)
inexistencia de nexo causal entre el hecho generador del daño y el daño, b) la no
estructuración de los elementos configurativos de la responsabilidad estatal con
sustento en la teoría de la imprevisión; c) la inexistencia de la prueba de la alteración
de la ecuación económica del contrato; d) el no haberse determinado el cuestionario
que el perito debía absolver; e) el incumplimiento de los incisos 3 y 4 del artículo 12
de la Ley 1563 de 2012 que prevén la comunicación a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado; y f) la ausencia de aprobación por parte Ministerio de
Justicia y del Derecho de la reforma total a los estatutos del centro integral de
solución de conflictos de la Cámara de Comercio de La Guajira, con violación
manifiesta del artículo 51 de la Ley 1563 de 2012.

En juicio de la Sala, los argumentos planteados por el accionante no son del resorte
de la acción de tutela, sino que hacen parte del ámbito excepcional del recurso
extraordinario de anulación, y en ese orden de ideas, no corresponde al juez
constitucional verificar situaciones que deben ser examinadas en dicho recurso.

A su turno, sobre la afectación del derecho colectivo al patrimonio público, la acción
de tutela también se torna improcedente, en virtud a que no se cumplen las
condiciones para desplazar la acción de protección de los derechos e intereses
colectivos prevista en el artículo 144 del CPACA.

9 Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras

disposiciones.

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Sobre el particular, en la sentencia del 18 de noviembre de 2021,10 la Corte
Constitucional, señaló:

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia SU-1116 de 2001,
reiterada, posteriormente, en Sentencias T-197 de 2014, T-343 de 2015 y T-596 de
2017, entre otros, unificó los criterios materiales de procedencia de la acción de tutela
por perturbación de derechos colectivos:

Conexidad. Debe existir conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la
vulneración o amenaza del derecho fundamental, de suerte que «el daño o la
amenaza del derecho fundamental sea consecuencia inmediata y directa de la
perturbación del derecho colectivo».

Legitimación. El peticionario debe ser la persona directamente afectada en su
derecho fundamental, dada la naturaleza subjetiva de la acción de tutela.

Prueba de la amenaza o vulneración. La amenaza o vulneración a los derechos
fundamentales no debe ser hipotética, sino real, es decir, debe estar probada en el
expediente.

Objeto de la pretensión o efecto hipotético de la orden judicial. La orden judicial
del juez de tutela debe orientarse al restablecimiento del derecho fundamental
afectado y «no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su
decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza».

Estos criterios materiales de procedencia tienen por objeto establecer pautas
relativamente precisas para determinar cuándo, a pesar de la alegación de una
violación de derechos colectivos, procede la acción de tutela.

Luego de la adopción de la Ley 472 de 1998 la Corte también estableció la
importancia de realizar en ese tipo de casos un juicio de eficacia de la acción
popular allí regulada.11 Se hace necesario entonces, que los jueces analicen los
casos sometidos a su conocimiento para determinar si la acción procedente es la
acción consagrada en la ley 472 de 1998, o la acción de tutela, pues ésta tiene que
conservar su naturaleza de mecanismo subsidiario al que debe recurrirse
únicamente cuando esté demostrado que, a través del ejercicio de la acción popular
no sea posible el restablecimiento del derecho fundamental que ha resultado
lesionado o en amenaza de serlo por la afectación de un derecho de carácter
colectivo. Para el efecto, entonces, se hará necesario demostrar que, pese a
haberse instaurado la acción popular, ésta no ha resultado efectiva para lograr la
protección que se requiere.

Conforme a ello, la Corte precisó la incidencia en el juicio de procedencia de la
acción de tutela para el amparo de derechos colectivos cuando su violación
implicara al mismo tiempo la afectación de derechos fundamentales. En esa
dirección sostuvo que la acción de tutela podría interponerse únicamente i) cuando
se verifica que con la acción popular no ha sido posible la protección solicitada o (ii)
se cumplen los requisitos para concederla como medio transitorio de protección.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 11001-03-15-000-2021-06618-00
(AC), actor: Jesús David Suárez López.
11 En la actualidad acción de protección de los derechos e intereses colectivos prevista en el artículo

144 del CPACA,

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Destacó además este Tribunal que «la acción popular se convertirá en el
mecanismo idóneo para lograr no sólo el restablecimiento del derecho colectivo,
sino los individuales que pueden resultar lesionados, como miembros de la
comunidad afectada», es decir, que mediante la acción popular pueden protegerse –
como ya se ha señalado– no solo derechos colectivos, sino también aquellos
fundamentales que resulten lesionados a causa de la afectación de los primeros.

En sub judice, las circunstancias traídas como fundamento de la pretendida violación
del derecho al patrimonio público no dan cabida para excluir de la aplicación el
requisito de subsidiariedad, toda vez que ellas no resultan relevantes para pretermitir
esta exigencia; y en ese sentido, la presente acción de tutela no supera el examen
de procedencia requerido.

Finalmente, la Sala evidencia que, aunque la acción de tutela también se presentó en
contra del Tribunal Administrativo de La Guajira, no se dirigió ninguna pretensión
hacia dicha autoridad. En todo caso, es válido señalar que comoquiera que los
procesos ejecutivos que se tramitan en dicha corporación se encuentran actualmente
en trámite, en etapa de liquidación del crédito, la utilización de la acción de tutela se
hace totalmente improcedente.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala rechazará la acción de tutela interpuesta en
contra de los Tribunales de Arbitramento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de La Guajira, conformados para los procesos 023-2014 y 001-
2018, respectivamente y del Tribunal Administrativo de La Guajira.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por el señor Emerson Eduardo
Charris García en contra del Tribunal Administrativo de La Guajira y los Tribunales de

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Arbitramento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La
Guajira, conformados para los procesos 023-2014 y 001-2018, respectivamente.

Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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