Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02926-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02926-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02926-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
18 de julio de 2024
Demandante: Yomaira Esther Salazar Castellanos
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral A
Rad: 11001-03-15-000-2024-02926-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02926-00
Demandante: YOMAIRA ESTHER SALAZAR CASTELLANOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA
DE DECISIÓN ORAL A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la
Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991.
I. ANTECEDENTES
1. Petición de amparo constitucional
La señora Yomaira Esther Salazar Castellanos, por medio de apoderado
judicial1 presentó solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión A, con el objeto de que se le protejan sus
derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, debido proceso,
tercera edad, a la salud, a la seguridad social y vía de hecho.
La accionante consideró que las garantías fueron vulneradas con el fallo del
8 de febrero de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión A, el cual negó las pretensiones de la demanda dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad del
Atlántico identificada con el radicado 08001-23-33-001-2015-00006-00.
1.2. Pretensiones.
Con base en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:
1 Abogado William Enrique Ramírez Medina T.P. No. 143.434 del C.S.J
1
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Demandante: Yomaira Esther Salazar Castellanos
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral A
Rad: 11001-03-15-000-2024-02926-00
1. Solicito muy respetuosamente al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, tutelar
los derechos fundamentales de IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, DEBIDO
PROCESO, TERCERA EDAD, A LA SALUD, A LA SEGURIDAD SOCIAL, VÍA DE
HECHO, vulnerados por el fallo de primera instancia, con fecha 08 de febrero de
2019, en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con Radicado No.
08001-23-33-001-2015-00006-00, Magistrada Ponente la Doctora JUDITH ROMERO
IBARRA, que le negaron la PENSION SUPLEMENTARIA DE JUBILACION POR
CONVENCION, y los demás principios constitucionales a la que tiene derecho mi
poderdante las Señora YOMAIRA ESTHER SALAZAR CASTELLANOS, o cualquier
otro derecho fundamental cuya violación resulte probada.
2. Que tutelados los Derechos a mi poderdante la señora YOMAIRA ESTHER
SALAZAR CASTELLANOS, se ordene dejar sin efecto la Sentencia de primera
instancia de fecha 08 de febrero de 2019, proferida por El HONORABLE TRIBUNAL
DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SECCIÓN A,
Magistrada Ponente la Doctora JUDITH ROMERO IBARRA, y en consecuencia se
sustituya y en donde se REVOQUE la sentencia y se condene a la Universidad del
Atlántico al reconocimiento y pago de la PENSION SUPLEMENTARIA DE
JUBILACION POR CONVENCION, reconocida en aplicación del artículo 9°, literal C
de la convención colectiva de trabajo de 1976 (vigente),
3. De acuerdo a lo anterior, Solicito muy comedidamente a los Honorables
Consejeros del Consejo de Estado, que se le ordene a la autoridad judicial
accionada, dicte sentencia sustitutiva, donde se REVOQUE, la sentencia de Primera
instancia de fecha 08 de febrero de 2019, en el proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, con Radicado No. 08001-23-33-001-2015-00006-00,
Magistrada Ponente la Doctora JUDITH ROMERO IBARRA.
4. Que de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, se le dé
cumplimiento inmediato a lo que el Honorable Consejo de Estado ordene 2.
2. Hechos
De lo expuesto por la actora y lo acreditado en el expediente, se extraen
como hechos jurídicamente relevantes los siguientes:
La tutelante laboró como mecanógrafa en la Universidad del Atlántico desde
1974, y mantuvo su cargo hasta el año de 1990 cuando ascendió al cargo de
auxiliar administrativo del nivel II desde el año 1975 hasta 1989;
posteriormente, fue ascendida al nivel I en a partir del 1º de enero de 1993.
La tutelante estuvo vinculada en la universidad, entre 1994 y el 18 de enero
de 2007, fecha en la que fue suprimido su cargo de la planta de personal.
A través de acto administrativo de 11 de noviembre de 2010, el Instituto de
Seguros Sociales, en adelante, ISS, reconoció a la demandante pensión de
jubilación con base en el 75% de su liquidación3.
2 Trascripción literal del texto original del escrito de demanda con posibles errores.
3Mediante Resolución No. 00016400 del 11 de noviembre de 2010, el ISS le reconoció
Pensión de Jubilación, con base en 1458 semanas cotizadas, con ingreso base de
2
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Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral A
Rad: 11001-03-15-000-2024-02926-00
Inconforme con su situación pensional, la actora elevó petición ante la
Universidad del Atlántico en la que pidió el pago de pensión suplementaria de
jubilación por convención, tras considerar que desde el 25 de enero de 1994
cumplió con veinte años de servicio en el ente universitario; de igual forma,
solicitó que se reajustara su pensión ya reconocida por el ISS y se decretara
la compartibilidad de la pensión extralegal, conforme al artículo 18 del
Decreto 758 de 1990.
Ante la falta de respuesta a la solicitud en mención, la tutelante instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, la cual fue tramitada por la Sección A del Tribunal Administrativo del
Atlántico con el radicado 08001-23-33-001-2015-00006-00, corporación que
mediante sentencia de 8 de febrero de 2019, denegó las pretensiones de la
demanda, tras considerar que el derecho a la pensión con base en la
convención colectiva se adquirió con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, por lo que ese tipo de prestación solo se reconocería
si se hubiera adquirido el estatus pensional con anterioridad a esa norma.
3. Sustento de la vulneración
La tutelante afirmó que la sentencia objeto de cuestionamiento incurrió en
defecto sustantivo, pues desconoció que la Ley 100 de 1993 entró en
vigencia el 30 de junio de 1995 y se aplica a aquellas personas que
adquirieron el estatus pensional antes del 30 de junio de 1997, en atención a
la declaratoria de inexequibilidad realizada por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-410 de 1997, por lo que sí tenía derecho a la aplicación de la
convención colectiva y, por ende, al reconocimiento de su pensión
convencional conforme al literal c del artículo 9º de la misma.
Invocó el desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de
unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado dentro del radicado 08001-23-31-000-2005-02866-03, al desconocer
los derechos adquiridos de los trabajadores.
Sostuvo que no se tuvieron en cuenta los cambios y modificaciones
realizados a la Ley 100 de 1993, en especial lo constatado en la Sentencia
C-410 de 1997, y no se aplicaron los principios de igualdad y favorabilidad en
materia pensional, teniendo en cuenta otros casos similares resueltos en
sentencia proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, bajo los
radicado 080012331000200503732-0, 08001-23-31-000-2005-02866-
03(2434 – 10), 08001-23-33- 001-2014-0006600, 08001-33-33- 008-2013-
liquidación de $1.236.362 y un porcentaje de liquidación del 75%.(tomado literal del escrito
de tutela)
3
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Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral A
Rad: 11001-03-15-000-2024-02926-00
003420- W, 11001-03-15-000-2019-00430-00 y 08001-23- 31-000-2006-
02529 02(0156-12).
4. Trámite de la solicitud de tutela
Mediante auto de 14 de junio de 2024, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora Salazar Castellanos contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, se ordenó notificar a los
magistrados que integran dicho tribunal, en calidad de terceros con interés a
los magistrados de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado4, así como a la Universidad del Atlántico y al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
5. Contestaciones
Surtidas las notificaciones, se recibieron las siguientes intervenciones:
5.1. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado señaló que el
escrito de tutela no cuestiona la presunta vulneración de los derechos
fundamentales por parte de la corporación y que, por lo contrario, dichas
vulneraciones se le adjudican a la decisión pronunciada por el tribunal
administrativo5 y que una vez consultada dicha providencia se advierte que
no fue objeto de recurso de apelación como lo dispone el artículo 243 del
CPACA. En suma, al no haber acudido a los mecanismos judiciales
ordinarios, como en este caso, la accionante no cumplió con el presupuesto
de subsidiariedad.
Del mismo modo el escrito resaltó que «la presente acción de tutela se
interpuso después de superados los seis (6) meses, contados después de
proferida y notificada la sentencia que ahora se cuestiona en instancia
constitucional, sin justificación alguna, de manera que se superó el término
prudencial para acudir a la solicitud de amparo»6, y concluye que encuentra
en la solicitud de amparo una solicitud de reabrir el debate como si fuera una
tercera instancia.
5.2. Las demás vinculadas se abstuvieron de contestar la demanda.
4 Dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho profirió la providencia del 18
de abril 2018, que confirmó el auto del 13 de octubre de 2016.
5 Sentencia de 8 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico
Sala de Decisión Oral A. M.P. JUDITH ROMERO IBARRA . Rad. 08001-23-33-001-2015-
00006-00.
6 Transcripción literal del escrito allegado por La Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado el 21 de junio de 2024.
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Sala de Decisión Oral A
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Corresponde a la Sala conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
2. Problema jurídico
La Sala determinará si se cumplen los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva y, de ser así, si la autoridad judicial accionada lesionó los derechos
fundamentales a la igualdad y no discriminación, debido proceso, tercera
edad, a la salud, a la seguridad social, vía de hecho, de la tutelante, con la
expedición de la sentencia del 8 de febrero de 2019, mediante la cual se
denegaron las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por la accionante contra la Universidad
del Atlántico.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20127, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.8
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
7 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
8 Ibídem.
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Sala de Decisión Oral A
Rad: 11001-03-15-000-2024-02926-00
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no
puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.9
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
9 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
6
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4. Requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo de amparo autónomo, residual y
subsidiario, que procede cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. La Corte Constitucional ha señalado que el requisito de
subsidiariedad conlleva el deber de agotar todos los medios de defensa –
ordinarios y extraordinarios– que tenga a su alcance para reclamar la
protección de sus derechos, antes de acudir a este mecanismo
constitucional.10
Este deber tiene dos excepciones, que hacen procedente la acción de
tutela, aunque el afectado cuente con otro medio de defensa judicial, éstos
son: (i) cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable o (ii) cuando, en correspondencia con la situación fáctica bajo
análisis, se pueda establecer que los recursos judiciales no son idóneos ni
eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
Esta exigencia de agotar los medios de defensa disponibles se hace más
estricta cuando se utiliza la acción de tutela para atacar providencias
judiciales, así lo ha precisado la Corte Constitucional: “la solicitud de amparo
constitucional contra las decisiones de los jueces solo procede cuando se
hubieren agotado todos los medios ordinarios o extraordinarios o,
excepcionalmente, cuando la protección resulte urgente para evitar un
perjuicio irremediable”. Y más adelante, enfatizó que “[e]n la medida en que
el amparo es un recurso subsidiario, es necesario que se agoten, antes de
interponerlo, la totalidad de los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa”11
Dicha corporación, de manera reiterada ha aclarado que los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios constituyen, por regla general, las
vías legítimas de defensa y reconocimiento de los derechos
fundamentales.12
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
5. Caso concreto
La parte actora controvierte la sentencia de 8 de febrero de 2019, proferida
por la autoridad judicial accionada, a través de la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Universidad del Atlántico radicado 08001-23-33-001-
10 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-263 de 2015.
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2015-00006-00.
Para tal efecto, alegó desconocimiento de precedente y la configuración en
un defecto sustantivo por la indebida aplicación de las normas en cuanto no
se tuvo en cuenta su situación particular al no analizar en debida forma su
derecho pensional como lo consolida la convención del trabajo de 1976, con
anterioridad al 30 de junio de 1997, a la luz de la sentencia C-410 del mismo año y
del artículo 146 de la ley 100 de 199313
Para resolver, se precisa que no se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad por los siguientes motivos:
De conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, «… Son
apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia…»
En el presente caso, la parte actora controvierte la sentencia de primera
instancia de 8 de febrero de 2019 emitida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión A, que negó las pretensiones de la demanda
elevadas por la tutelante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Universidad del Atlántico radicado 08001-23-33-001-2015-
00006-00.
Revisadas las actuaciones del expediente referenciado, y en concordancia
con lo manifestado por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado en la
intervención de la demanda14, se advierte que el fallo objeto de tutela no fue
apelado, por lo que no se agotó el mecanismo principal de defensa que era el
recurso de apelación, en los términos del artículo 243 de la Ley 1437 de
2011.
Así las cosas, se concluye que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, razón por la cual se declarará improcedente la presente
solicitud de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
13 Transcripción literal del escrito de tutela.
14 Corporación que fue vinculada en atención a que conoció de la segunda instancia del auto
que resolvió las excepciones propuestas por la demandada en el proceso ordinario.
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Sala de Decisión Oral A
Rad: 11001-03-15-000-2024-02926-00
FALLA
PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia, por no cumplir con el presupuesto de subsidiaridad.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
9
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