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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-02928-00

Fecha
26 de julio de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-02928-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de conformidad con las razones ut supra. 31 Obra en certificado E158673034B05898 ED76B4C7B1985E2F 7FEEE9C8213E928E 2D7523A213994F06, índice 22, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado 25000234100020230015001 en la plataforma Samai de esta Corporación. 32 Obra en certificado 7BC36B2DC09CD287 5ED3D04DF255F5BB 7D10C3DBE6EE3A3B A7793AA8DC6B9E9C, índice 28, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado 25000234100020230015001 en la plataforma Samai de esta Corporación. 33 Obra en certificado D17B8516089CC183 59F78EAFBF020219 C2EAA773E32EAE6C 6982520A9688A62F, índice 25, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado 25000234100020230015001 en la plataforma Samai de esta Corporación. 34 Obra en certificado 1BB5D1F62058632F D70D3A3CE7036B8A 5DB495A59793022B 7383A44D923D87E8, índice 41, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado 25000234100020230015001 en la plataforma Samai de esta Corporación. 13 Radicación: 11001031500020240292800 Accionantes: Fernando Pico Chacón Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-02928-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

26 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001031500020240292800
Accionante: Fernando Pico Chacón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la tutela1 presentada por el accionante, a través de apoderado
judicial, en contra de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

Fernando Pico Chacón interpuso tutela en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de defensa y de contradicción, así como de los
principios de legalidad y publicidad que considera vulnerados, debido a que no fue
notificado en correcta forma en el proceso de nulidad electoral con radicado No.
25000234100020230015001, en el cual funge como demandado y, además, porque
se negó el incidente de nulidad por él presentado en el marco del proceso ya citado.

2.- Hechos

2.1.- El accionante informó que mediante Decreto 2346 del 28 de noviembre del
2022 fue designado, con carácter provisional, como consejero de relaciones
exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones
Exteriores, adscrito al consulado general de Colombia en Bilbao, España.

2.2.- Por los hechos descritos y, al considerar relevante que el actor de tutela no
hace parte del escalafón de la carrera diplomática y consular, la señora Mildred
Tatiana Ramos Sánchez presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral, en la cual solicitó la anulación del nombramiento mencionado,

1 Obra en el certificado 9D85A1AAC9C2961A 659D60B474F6080D 0B8ED16961F4D18A
D57703B2A6B93A3D, índice 2 en el expediente de tutela digital.

2

Radicación: 11001031500020240292800
Accionantes: Fernando Pico Chacón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

contenido en el Decreto 2346 de 28 de noviembre de 2022 expedido por el
presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores.

2.3.- El trámite le correspondió a la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca bajo el radicado No. 25000234100020230015000
que, según informa el accionante, omitió notificarlo en debida forma.

2.3.1.- La mentada autoridad judicial dictó sentencia del 23 de noviembre de 20232,
en la cual negó las pretensiones de la demanda tras considerar que para el día 28
de noviembre de 2022, fecha en la cual se profirió el acto acusado, no existía
personal de la carrera diplomática y consular inscrito en el escalafón habilitado para
ser nombrado en el cargo que ostentaba el señor Pico Chacón.

2.4.- Inconforme, la parte activa de la litis interpuso recurso de apelación3 y este fue
desatado por la Sección Quinta del Consejo de Estado4 que, mediante sentencia
del 29 de febrero de 2024, revocó lo decidido por el a quo, pues encontró evidente
que existían funcionarios disponibles que hacen parte de la carrera diplomática y
consular para ocupar la vacante del cargo de consejero en el cual fue nombrado el
hoy accionante y, por ello, no era viable acudir al nombramiento provisional para
designarlo en esa posición.

2.5.- Posteriormente, el señor Pico Chacón5 elevó solicitud de aclaración y adición
de la sentencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores6, de su lado, incoó pedido de
adición sobre la decisión del ad quem. Ambas peticiones fueron resueltas de
manera negativa mediante auto del 21 de marzo de 20247.

2 Obra en certificado 2048ABE74E22FEA2 E1E94401432D2235 A39AACBCDF44FE13 894C860112060DED,

archivo 37Fallo, índice 8.
3 Ibidem archivo 39ACTOR-REC-APELA.
4 Obra en certificado 38A153C236D3A13C 22B0ACB0B8DDFDD0 3B7AD744E5D6A79E
AF3E989A795B7BBC, índice 19, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado
25000234100020230015001 en la plataforma Samai de esta Corporación.
5 Obra en certificado 3B3EBCAC365765F0 C3DC27235716BD8E EBE42B46C0CFB68E 72C0402025C38734,

índice 24, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado 25000234100020230015001 en la
plataforma Samai de esta Corporación.
6 Obra en certificado E158673034B05898 ED76B4C7B1985E2F 7FEEE9C8213E928E 2D7523A213994F06,

índice 22, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado 25000234100020230015001 en la
plataforma Samai de esta Corporación.
7 Obra en certificado 7BC36B2DC09CD287 5ED3D04DF255F5BB 7D10C3DBE6EE3A3B
A7793AA8DC6B9E9C, índice 28, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado
25000234100020230015001 en la plataforma Samai de esta Corporación.

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Accionantes: Fernando Pico Chacón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
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2.6.- Finalmente, el actor de tutela interpuso incidente de nulidad8, el 6 de marzo de
2024, pues consideró que se incurrió en la causal de indebida notificación del auto
admisorio por no haberse agotado de forma personal y por cuanto los avisos se
publicaron en la ciudad de Bogotá y no en Bilbao, lugar en el cual residía en razón
al cargo que ocupaba.

2.7.- Mediante providencia del 11 de abril de 20249 la Sección Quinta del Consejo
de Estado resolvió negar la solicitud de nulidad presentada.

3.- Fundamentos de la acción de tutela

3.1.- El accionante estima que los convocados incurrieron en un defecto
procedimental absoluto, así:

“(…) [S]e evidencia un defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad
judicial actuó al margen del procedimiento establecido, por la indebida
notificación al demandado FERNANDO PICO CHACON, lo cual ace (sic) que
se violen sus derechos fundamentales”10.

3.2.- Adicionalmente, expuso que el incidente de nulidad fue interpuesto antes de
que quedara en firme la sentencia del 29 de febrero de 2024 y resuelto después de
que aquella cobró ejecutoria.

4.- Pretensiones de la acción

En el escrito introductorio se solicitó i) tutelar los derechos fundamentales alegados,
ii) declarar la nulidad del proceso radicado con el No. 25000234100020230015001
desde el auto admisorio de la demanda y iii) se disponga la continuidad en el cargo
de Fernando Pico Chacón como Consejero de Relaciones Exteriores, código 1012,
grado 11 de la Planta Global del Ministerio de Relaciones Exteriores – en
provisionalidad – adscrito al Consulado General de Bilbao, hasta tanto no se
resuelva el proceso seguido en su contra como demandado.

8 Obra en certificado D17B8516089CC183 59F78EAFBF020219 C2EAA773E32EAE6C 6982520A9688A62F,

índice 25, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado 25000234100020230015001 en la
plataforma Samai de esta Corporación.
9 Obra en certificado 1BB5D1F62058632F D70D3A3CE7036B8A 5DB495A59793022B 7383A44D923D87E8,

índice 41, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado 25000234100020230015001 en la
plataforma Samai de esta Corporación.
10 Obra en el escrito de tutela folio 25.

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Accionantes: Fernando Pico Chacón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1.- Mediante auto del 12 de junio del 202411 el Despacho Ponente admitió la
acción de tutela y ordenó su notificación.

5.2.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca12 allegó el expediente ordinario.

5.3.- La Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que:

“1. No existe el defecto procedimental propuesto, ni se desconocieron los
derechos fundamentales alegados. La Sección Quinta expuso y aplicó las
normas al caso de manera adecuada, como un reflejo de la autonomía judicial.
2. La parte accionante busca reabrir un debate finalizado, en debida forma, en
el que no se transgredió garantía constitucional alguna, pues, lo que realmente
se advierte es su descontento con la decisión.
(…)

Al respecto, debo resaltar que la corporación decidió con base en la normativa
que regula el trámite de la notificación en los procesos contenciosos, sin que se
advierta el desconocimiento de los derechos fundamentales derivados de dicha
actuación.

De otra parte, el tutelante afirma que el incidente de nulidad fue presentado
previo a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, que puso fin al
proceso de nulidad electoral. Sin embargo, este es un aspecto que no estuvo
en discusión en el auto de 11 de abril de 2024, pues en el mismo se concluyó
respecto de la oportunidad y se estudió de fondo la solicitud.

Adicionalmente, es preciso advertir que, aunque no se trate de una situación
relacionada con las actuaciones de la Sección Quinta, debe ponerse de
presente que, en el trámite de la primera instancia, el tribunal le solicitó al
Ministerio de Relaciones Exteriores que notificara al demandado y dicha entidad
acudió al proceso, en procura de defender la legalidad del acto acusado” 13.

5.4.- El Ministerio de Relaciones Exteriores14 solicitó ser desvinculado del trámite de
tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que las actuaciones
judiciales sobre las cuales se realizan los reproches por parte del accionante no
fueron ejecutadas por esa cartera ministerial.

11 Obra en certificado B6877973F9FAC7A7 25F31AAAE6B31FD9 67E4C73911EA944C 9F50D7B029E7CE9C,

índice 4.
12 Obra en certificado 2048ABE74E22FEA2 E1E94401432D2235 A39AACBCDF44FE13 894C860112060DED,

índice 8.
13 Obra en certificado 7413FA2BCD00570D 1F8D4A2C2DD38B21 AC6AE41296E1B10E 4587A587782C2D4F,

índice 10.
14 Obra en certificado 68B1B778A9272FE1 87CA5F3375905BD8 5EB0BFA7ABDE18B0 E15534F394DDE6C,

índice 12.

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5.5.- Mildred Tatiana Ramos Sánchez, en calidad demandante dentro del proceso
de nulidad electoral, presentó memorial15 en el que solicitó que se declare la
improcedencia del amparo porque no se cumple con los requisitos generales ni
específicos que debe contener una acción de tutela en contra de providencias
judiciales.

5.6.- Fernando Pico Pachón allegó documento16 mediante el cual se opuso al
pronunciamiento de Mildred Ramos y reiteró los argumentos del escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada en contra de
la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la Sección Quinta del Consejo de Estado de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Cuestión previa

El accionante incoó la presente acción tuitiva en contra de la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Quinta
del Consejo de Estado, sin embargo, esta Sala llevará a cabo el estudio solo de
cara a la autoridad de segunda instancia, en tanto esta fue la que puso fin al proceso
ordinario y resolvió la solicitud de nulidad presentada por el actor en el marco del
proceso de nulidad electoral.

3.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales del accionante.

15 Obra en certificado 54B44E3993BE63DD 3B458D5A1DD210E9 FB21A6659A20976A BDEBE3E8315CB593,

índice 16.
16 Obra en certificado 3BF2E31BCE54F6FE 5632C34FF9C3D12B 54986170F828A4EB
E2CEFA8B4ED226CA, índice 20.

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4.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005 señaló como requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra de providencias judiciales los
denominados generales: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela
tenga relevancia constitucional, (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petición
cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que en el evento de fundamentarse la
solicitud de tutela en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales del actor;
(v) que el ciudadano identifique en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de sus derechos y que, de ser posible, hayan sido cuestionados al
interior del proceso judicial y; (vi) que el fallo censurado no sea de tutela.

5.- Verificación del cumplimiento de los requisitos generales en el caso
concreto

El accionante propuso dos cargos. En primer lugar, indicó que el auto admisorio de
la demanda no se notificó en debida forma y, en segundo lugar, que el incidente de
nulidad fue interpuesto antes de que quedara en firme el fallo de segunda instancia
dentro del medio de control de nulidad electoral y solo se resolvió después de la
ejecutoria de la sentencia.

A continuación, esta Sala estudiará si se acredita el requisito de relevancia
constitucional respecto al primero de los cargos y el presupuesto de la suficiencia
en la argumentación respecto a la segunda de las censuras.

5.1.- Relevancia constitucional

5.1.1.- Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”17.

17 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.

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En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber18: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 202219, frente al
requisito de relevancia constitucional, señaló que era necesario verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.

5.1.2.- En el caso concreto, el tutelante alega que el proceso de nulidad electoral
con radicado No. 25000234100020230015000, en el cual fungió como demandado,
se adelantó sin que a él se le hubiera notificado el auto admisorio en debida forma
y, por esa razón, no tuvo la oportunidad de hacer uso de su derecho de defensa y
contradicción en el marco del medio de control ya mencionado.

5.2.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que la solicitud de amparo no satisface
el requisito de relevancia constitucional, en punto de la censura analizada, pues se
advierte como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por la
colegiatura convocada dentro del medio de control de nulidad electoral, como si este
mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

5.2.1.- Al verificar los argumentos vertidos en el auto que resuelve la solicitud de
nulidad procesal por indebida notificación, proferido por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, se dilucida el siguiente análisis:

“34. La Sala anticipa que negará la nulidad alegada, por indebida notificación
del auto admisorio, puesto que, revisado el trámite del proceso dicha

18 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
19 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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providencia se puso en conocimiento del demandado mediante el mecanismo
legal dispuesto para tal fin. Así pues, se garantizó su debido proceso para que
ejerciera su derecho de defensa, conforme con las ritualidades procesales de
ley.

35. Como sustento de lo anterior, la Sala hará un recuento de las actuaciones
procesales relativas a la notificación del accionado en el curso del proceso:

i) Mediante auto de 31 de enero de 2023 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, admitió del medio de control
de nulidad electoral y ordenó la notificación personal del señor Fernando Pico
Chacón, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 277 del
CPACA.

Sin embargo, en el párrafo subsiguiente, indicó que de no ser posible la
notificación personal dentro de los dos días siguientes a la expedición de dicho
auto, deberá realizarse conforme a lo previsto en los literales b) y c) del artículo
ibidem; es decir, mediante la notificación por aviso.

Sumado a lo anterior, el a quo también ordenó al Ministerio de Relaciones
exteriores comunicar al señor Fernando Pico Chacón, mediante correo
electrónico oficial de la existencia del proceso.

ii) El 10 de febrero de 2023 la señora Mildred Tatiana Ramos Sánchez allegó
memorial mediante el cual puso en conocimiento del a quo la publicación del
aviso correspondiente en dos periódicos de amplia circulación con sus
respectivos anexos; documentación que también remitió al Ministerio de
Relaciones Exteriores.

36. Al respecto, valga la pena precisar que el demandado, en el memorial
mediante el cual formuló la solicitud de nulidad estudiada, inicialmente indicó
que no procedía la notificación por aviso, sin embargo, reconoció que la
demandante cumplió con las exigencias previstas en el artículo 277 del CPACA,
relativas a este mecanismo de notificación, situación que fue debidamente
probada al interior del proceso y en el curso de la primera instancia.

37. No obstante, el señor Fernando Pico Chacón alega que la publicación del
aviso debió realizarse en dos periódicos de amplia circulación de la ciudad de
Bilbao, España. Lo anterior, en consideración a la circunscripción administrativa
y territorial de su nombramiento.

38. Para resolver tal planteamiento, es necesario analizar a detalle el artículo
que se cita a continuación:

ARTÍCULO 277. CONTENIDO DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA Y
FORMAS DE PRACTICAR SU NOTIFICACIÓN. Si la demanda reúne los
requisitos legales se admitirá mediante auto, en el que se dispondrá: 1. Que se
notifique personalmente al elegido o nombrado, con sujeción a las siguientes
reglas:

(…)

b) Si no se puede hacer la notificación personal de la providencia dentro de los
dos (2) días siguientes a su expedición en la dirección informada por el
demandante o este manifiesta que la ignora, se notificará al elegido o nombrado,
sin necesidad de orden especial, mediante aviso que se publicará por una vez
en dos (2) periódicos de amplia circulación en el territorio de la respectiva
circunscripción electoral.

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c) El aviso deberá señalar su fecha y la de la providencia que se notifica, el
nombre del demandante y del demandado, y la naturaleza del proceso,
advirtiendo que la notificación se considerará surtida en el término de cinco (5)
días contados a partir del día siguiente al de su publicación.

Igualmente, en el aviso de publicación se informará a la comunidad de la
existencia del proceso, para que cualquier ciudadano con interés, dentro del
mismo término anterior, intervenga impugnando o coadyuvando la demanda, o
defendiendo el acto demandado.

La copia de la página del periódico en donde aparezca el aviso se agregará al
expediente. Igualmente, copia del aviso se remitirá, por correo certificado, a la
dirección indicada en la demanda como sitio de notificación del demandado y a
la que figure en el directorio telefónico del lugar, de lo que se dejará constancia
en el expediente.

39. En tal sentido, de la norma en cita se puede concluir que la publicación del
aviso debe realizarse en dos periódicos de amplia circulación en la respectiva
circunscripción electoral.

40. Sin embargo, debido a que en el presente caso no se está demandado un
acto de elección, sino uno de nombramiento, debe interpretarse por analogía la
ubicación territorial donde debe llevarse a cabo la publicación del aviso. Es
decir, debido a que el acto demandado obedece a un nombramiento en
provisionalidad, la publicación del aviso debe realizarse en el territorio o lugar
donde se expidió el acto; por lo tanto, para el caso que hoy se debate,
corresponde realizarse en la ciudad de Bogotá”20.

5.3.- En atención a lo anterior, la Sala advierte que la autoridad criticada realizó un
estudio minucioso del expediente tanto en primera como en segunda instancia, a
partir del cual constató que la notificación personal del auto admisorio de la
demanda se ordenó de conformidad con lo previsto en el literal (a) del artículo 277
del CPACA, y en caso de que ello no fuera posible, como en efecto sucedió, se
procedió con la publicación del aviso conforme lo establecen los literales (b y c) del
artículo ibidem.

5.4.- Resulta claro entonces que el accionante pretende utilizar este mecanismo
como si la tutela se tratara de una instancia adicional, pues como se vio, las críticas
relativas a la indebida notificación del auto admisorio de la demanda de nulidad
electoral se discutieron y resolvieron en el marco del proceso natural.

6.- En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la

20 Obra en certificado 1BB5D1F62058632F D70D3A3CE7036B8A 5DB495A59793022B 7383A44D923D87E8,

índice 41, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado 25000234100020230015001 en la
plataforma Samai de esta Corporación.

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Radicación: 11001031500020240292800
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Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
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discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

6.1.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada21, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario22.

7.- Claridad en la exposición de los hechos que generan la vulneración y los
derechos vulnerados

7.1.- En relación con el requisito de identificación suficiente de los hechos y
argumentos de tutela, la Corte Constitucional ha señalado que pese al carácter
informal de la acción, los peticionarios se encuentran en el deber de precisar “las
circunstancias concretas que dan lugar a la afectación del derecho”23, con el fin de
delimitar el campo en el que le es posible actuar al juez constitucional, razón por la
que no son procedentes las solicitudes de amparo fundamentadas en
“planteamientos vagos, contradictorios, equívocos o ambiguos”24. De esta manera,
el Alto Tribunal consideró que “no se trata de rodear a la acción de tutela de
exigencias formales contrarias a su naturaleza, sino de exigir que el actor tenga
claridad y sea diligente en cuanto a la explicación del origen de la afectación de sus
derechos y que dé cuenta de ello al momento de pretender su protección
constitucional”25.

Entonces, le corresponde al accionante identificar de manera razonable la situación
por la que, a su juicio, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales, lo que supone la exigencia de una carga mínima de argumentación,
que le permita al juez constitucional comprender con suficiente claridad y de manera

21 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
22 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
23 Corte Constitucional, sentencia T-265 de 2014.
24 Ibídem.
25 Ibídem.

11

Radicación: 11001031500020240292800
Accionantes: Fernando Pico Chacón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

precisa el debate en torno a la vulneración de las garantías fundamentales
invocadas26.

En razón de lo anterior, el requisito general de identificación suficiente de los hechos
y argumentos de la tutela le exige al solicitante que desarrolle una exposición clara
sobre los motivos por los cuales la providencia judicial cuestionada vulnera sus
derechos fundamentales, que deberá ser coherente y contener un mínimo de
razonabilidad, pues la informalidad no puede desconocer la necesidad de claridad
y suficiencia de la petición, ni puede trasladar al juez del amparo la carga de
construir el argumento de tutela27. Lo cual en todo caso, no implica que el juez
constitucional revise la suficiencia de los argumentos expuestos para demostrar la
incursión de la providencia en el defecto alegado, pues esta es una tarea propia del
análisis de fondo28.

7.2.- En el caso bajo estudio, se adujo que el incidente de nulidad fue interpuesto
antes de que quedara en firme la sentencia de segunda instancia dentro del medio
de control de nulidad electoral y solo fue resuelto hasta después de la ejecutoria del
fallo.

En punto de lo último, las actuaciones procesales relacionadas con la queja descrita
se surtieron así: la sentencia de segunda instancia fue proferida el 29 de febrero de
202429, posteriormente el señor Pico Chacón30 y el Ministerio de Relaciones

26 “(…) El accionante cumpla con unas cargas argumentativas y explicativas mínimas, al identificar los derechos

fundamentales afectados y precisar los hechos que generan la vulneración. No se trata de convertir la acción
de tutela, de por sí informal, en un mecanismo ritualista, sino de exigir unas cargas procesales razonables para
conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir
una providencia judicial. En esto, resulta fundamental que el juez interprete adecuadamente la demanda, con el
fin de evitar que imprecisiones intrascendentes sean utilizadas como argumento para declarar la improcedencia
del amparo, lo que contrariaría la esencia misma y rol constitucional de la acción de tutela. Cuando se trate de
un defecto procedimental, el actor deberá además argumentar por qué, a su juicio, el vicio es sustancial, es
decir, con incidencia en la resolución del asunto y/o afectación de los derechos fundamentales invocados. A
pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas pretenden que se evidencie la
transgresión de los derechos fundamentales, con suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine
realizando un indebido control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta
de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la que de verificarse
determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia judicial”. Corte Constitucional, sentencia SU-585
de 2017.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28

de marzo de 2019. Rad. 2019-00816-00.
28 Ibídem.
29 Obra en certificado 38A153C236D3A13C 22B0ACB0B8DDFDD0 3B7AD744E5D6A79E
AF3E989A795B7BBC, índice 19, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado
25000234100020230015001 en la plataforma Samai de esta Corporación.
30 Obra en certificado 3B3EBCAC365765F0 C3DC27235716BD8E EBE42B46C0CFB68E 72C0402025C38734,

índice 24, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado 25000234100020230015001 en la
plataforma Samai de esta Corporación.

12

Radicación: 11001031500020240292800
Accionantes: Fernando Pico Chacón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Exteriores31 elevaron solicitudes para que se aclarara y adicionara la sentencia y
para que solo se adicionara, respectivamente, pedidos que fueron resueltos de
manera negativa mediante auto calendado el 21 de marzo del mismo año32,
finalmente, el actor de tutela interpuso incidente de nulidad33 el 6 de marzo de 2024,
el que, luego del trámite de rigor, se negó mediante providencia del 11 de abril del
corriente34.

7.2.1.- Como fundamento del cargo mencionado, el accionante no expuso ningún
argumento que le permita a este Despacho lograr entender de qué manera el iter
procesal descrito influyó en la afectación a sus prerrogativas fundamentales, razón
por la cual el alegato respecto a la oportunidad en la que se presentó y decidió el
incidente de nulidad en el asunto mencionado deviene improcedente, por cuanto no
se satisface el requisito de identificación suficiente de los hechos y argumentos que
sustentan la transgresión alegada. Ciertamente no se ve cómo el hecho de que el
escrito de nulidad se hubiera radicado el 6 de marzo de 2024 y se hubiera resuelto
el 11 de abril del año que avanza, luego de que los pedidos de aclaración y adición
sobre la sentencia se solventaran, amenaza o vulnera sus derechos fundamentales.

8.- Con fundamento en las consideraciones expuestas la Sala declarará
improcedente el amparo constitucional objeto de estudio.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de conformidad con las
razones ut supra.

31 Obra en certificado E158673034B05898 ED76B4C7B1985E2F 7FEEE9C8213E928E 2D7523A213994F06,

índice 22, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado 25000234100020230015001 en la
plataforma Samai de esta Corporación.
32 Obra en certificado 7BC36B2DC09CD287 5ED3D04DF255F5BB 7D10C3DBE6EE3A3B
A7793AA8DC6B9E9C, índice 28, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado
25000234100020230015001 en la plataforma Samai de esta Corporación.
33 Obra en certificado D17B8516089CC183 59F78EAFBF020219 C2EAA773E32EAE6C 6982520A9688A62F,

índice 25, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado 25000234100020230015001 en la
plataforma Samai de esta Corporación.
34 Obra en certificado 1BB5D1F62058632F D70D3A3CE7036B8A 5DB495A59793022B 7383A44D923D87E8,

índice 41, en el expediente ordinario de nulidad electoral con radicado 25000234100020230015001 en la
plataforma Samai de esta Corporación.

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Radicación: 11001031500020240292800
Accionantes: Fernando Pico Chacón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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