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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02933-00

Relevancia constitucional

Fecha
31 de julio de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02933-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Jorge Ignacio Uribe Velásquez, actuando en nombre propio, en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02933-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

31 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02933-00

Accionante: JORGE IGNACIO URIBE VELÁSQUEZ

Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / IMPROCEDENCIA – Se acudió a la acción de
tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso disciplinario.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Jorge Ignacio Uribe Velásquez, de conformidad con lo consagrado en
el Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 7 de junio de 2024 la parte accionante, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

Hechos relevantes

1 Que ingresó para fallo el 17 de julio de 2024.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02933-00
Accionante: Jorge Ignacio Uribe Velásquez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

2. El 11 de abril de 2021 el señor Jhonnatan Alexis Duque presentó queja
disciplinaria en contra del señor Jorge Ignacio Uribe Velásquez con base en los
siguientes hechos:

1. Se adelantó proceso ejecutivo hipotecario en el Juzgado 1º de Ejecución de
Penas del Circuito de Medellín con el radicado No. 2015-01174, en contra del señor
Gustavo de Jesús Giraldo Restrepo.

2. Dentro del proceso se embargó el 11.30% del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 012-63 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardota.

3. Se contactó (el quejoso) con el abogado del señor Gustavo Giraldo vía telefónica,
quien según su dicho le respondió de manera grosera y le indicó “que yo como
abogado haga lo que tenga que hacer (sic)”.

4. El investigado no aparecía reconocido como abogado del señor Giraldo dentro
del proceso, no obstante, evidenció que presentó escrito con la finalidad de
acumular demanda ejecutiva.

5. En la demanda se dejó constancia que supuestamente se habían comprado unos
presuntos créditos de un acreedor con hipoteca en primer grado. Sin embargo, con
anterioridad (el quejoso) se había comunicado con el vendedor, quien le informó
que no existía ningún crédito vigente en esa hipoteca, pero que nunca fue cancelada
y “casualmente después aparece cediendo unos títulos por valores muy altos, por
lo que considero es un claro fraude procesal y simulación, y por ende radiqué
denuncia ante la Fiscalía, la cual tiene el spoa 050016000248201904401 (sic)”.

6. Por lo anterior, indagó sobre los antecedentes disciplinarios del investigado y se
percató que tenía varias sanciones, como una suspensión por 1 año desde julio de
2019, de manera que no podía actuar como abogado.

7. Señaló que el doctor Uribe Velásquez debió renunciar a su calidad de abogado
dentro de los expedientes en los que representaba a alguna de las partes, como los
adelantados en los Juzgados 5º Laboral del Circuito de Medellín, 1º Civil del Circuito
de Medellín, 2º Civil Municipal de Medellín y 13 Penal del Circuito de Medellín.

8. En julio de 2020, (el quejoso) se comunicó con abogado investigado vía
WhatsApp, para señalarle que lo ideal era que retirara la demanda que pretendía
acumular y los recursos presentados, ya que se soportaba en unos títulos que nunca
habían existido y con los que hizo incurrir en error al juez, que de lo contrario
interpondría denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude
procesal y que acudiría ante la DIAN para revisar lo relativo a la declaración del
impuesto de la supuesta venta del crédito.

9. Como respuesta a lo anterior, obtuvo mensajes ofensivos, groseros y le indicó
que lo denunciaría por extorsión ante la Fiscalía. Luego, a finales “de marzo de
2021, me llamó y me dijo que no me metiera mas en problemas por esa finca, que
no sabía con quién me estaba metiendo que dejara eso así, que lo que iba a tener
era problemas, todo esto, palabras que considero una amenaza en contra de mi
integridad, y que claramente buscan por parte del mencionado abogado, que yo
desista de realizar mi labor legal (sic)”.

3. El proceso correspondió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia que, por medio de sentencia del 31 de agosto de 2023, declaró
responsable disciplinariamente al accionante por quebrantar los deberes
establecidos en los numerales 14 y 19 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02933-00
Accionante: Jorge Ignacio Uribe Velásquez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

incurrir en la falta descrita en el artículo 39, con incompatibilidad de que trata el
artículo 29 numeral 4, ibidem, calificada a título de dolo, sancionándolo con
suspensión en el ejercicio de la profesión de ocho (8) meses.

4. Contra dicha decisión el demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, a través de providencia
del 24 de enero de 2024, confirmó lo fallado en primera instancia.

Pretensiones

5. Solicita la parte accionante lo siguiente:

“Abogase, ante el Juez Constitucional de Primera Instancia en la presente causa,
se tutelen los derechos fundamentales invocados, como lo son el DEBIDO
PROCESO – DENEGACION DE JUSTICIA – DERECHO DE DEFENSA -
DERECHO AL JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE CON OBSERVANCIA DE LAS
FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO.

Consecuentemente a ello se ordene a la autoridad disciplinaria accionada se sirva
entrar a resolver sobre la nulidad ciñéndose para ello en la realidad procesal dada
la inexistencia de la extemporaneidad deprecada, seguidamente se ordene dejar
sin efectos la publicación de la sanción en mi contra hasta tanto no se resuelva de
fondo el tema de la nulidad valida y oportunamente interpuesta, si el Honorable Juez
Constitucional, lo considera pertinente se ordene a la autoridad Disciplinaria, que se
pronuncie frente a la Resolución No.56372, Aprobado acta No. 220, fechada de
21.10.200, MP. JOSE FRANCISCO VISCAYA ACUÑA, al impedimento que
ostentan al estar cobijados por una actuación en una Acción de Nulidad Electoral,
en el Rdo. No. 11001-03-28-000-2021-00006-00, MP. ROCIO ARAUJO OÑATE,
acción donde quedo claramente establecida y admitida las consecuencias legales
de la SU-355-2020, por todos y cada uno de los Magistrados elegidos para el
periodo 2021-2029, que conforman la CNDJ. No obstante, de considerar pertinente
en su sabiduría que la orden de apremio constitucional deba proferirse de forma
definitiva, se ordene la protección definitiva de mis derechos ius fundamentales,
ordenando la nulidad de lo actuado tanto en primera como en segunda instancia,
pues dese ahora puede advertirse una decisión tan incongruente al resolverse el
recurso de reposición y en subsidio el de Suplica al auto de 29.05.2024, que en aras
de un mayor desgaste de la Justicia, se acoja una decisión definitiva a una
problemática tan evidente; advierto y pongo de presente que este suscrito se
atendrá a lo que bien tenga en decidir este Juez Colegiado Constitucional. Pues no
se trata de proteger la garantía fundamental de un juicio justo, sino la defensa de la
Constitución, lo que no aconteció en el trámite disciplinario de la referencia, pues la
sanción que se impone deriva de una sanción que carece de validez LEGAL,
FORMAL Y MATERIAL, pues quien la profirió es un simple ciudadano que no tiene
la competencia para ello por haberse cumplido su periodo constitucional y aunado
a ello la sentencia de 2ª instancia proferida al interior del trámite
Rdo.05001110200020140125600, sentencia calendada de 28.03.2019, cuyo
ponente la exmagistrada Garzón de Gómez e igualmente suscrita por el
exmagistrado SANABRIA BUITRAGO se advierte la falta de quorum deliberatorio
conforme lo disponía la ley 270 de 1996, en su art. 54.

Los derechos fundamentales invocados, son de verdadera relevancia
constitucional, al punto de que he sido sancionado por un Juez que cuando profirió
la sentencia sancionatoria ya no era Juez de la República, con ello se evidencia que
la falta de Juez Competente y las formas propias de cada juicio son considerados

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02933-00
Accionante: Jorge Ignacio Uribe Velásquez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

por la legislaciones internacionales como derechos esenciales y son protegidos por
los estados como es el caso de Colombia, en el Pacto de San José de Costa Rica
y otros donde se compromete a la lucha y protección de los derechos fundamentales
de los ciudadanos y extranjeros residenciados en Colombia.

La orden proferida en relación a la Nulidad deprecada y que debe resolverse dada
la inexistencia de la extemporaneidad, debe versar dicha resolución sobre dicha
nulidad, que no obvie el pronunciamiento en referencia a la Resolución No.56372,
Aprobado acta No. 220, fechada de 21.10.200, MP. JOSE FRANCISCO
VISCAYA ACUÑA, y la SU-335-2020 y dicho pronunciamiento debe enmarcarse en
una relación directa con las referidas providencias, pues se ha pretendido hacer
valer una convalidación ilegal y falta de sustento constitucional, por la Jurisdicción
Disciplinaria, por tanto, se abstengan de sancionar sin exponer la procedencia de la
sanción en identidad con lo puntos ya expuestos y que se advierta que en adelante,
en asuntos de igual identidad fáctica y jurídica como el que nos convoca, no se
incurra en los mismos defectos, pues dicha actitud es a todas luces contraria a la
Constitución y la Ley, generadora de un desgaste del aparato judicial que tiene tan
comprometida su labor de diario, para que una autoridad judicial que tiene el deber
legal de conocer y entender las consecuencias de un actuar como el denunciado en
este acción de estirpe constitucional”. (sic en toda la cita)

Fundamentos de la demanda de tutela

6. El accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, por cuanto considera que
las providencias acusadas se expidieron por un juez que no tenía competencia y
desconociendo las formas propias de cada juicio.

7. Alega que los magistrados que integran la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial incurrieron en un conflicto de intereses porque “fueron partes de la Acción
de Nulidad Electoral adelantada ante EL CONSEJO DE ESTADO, Rdo. radicado
No. 11001-03-28-000-2021-00006-00, MP. ROCIO ARAUJO OÑATE, dicho trámite
se dejó en claro a los hoy Magistrados de la CNDJ los alcances de la SU-355/2020
de la Corte Constitucional, entre dichos alcances, lo denunciado por la Honorable
Sala Penal de esta Corporación, cuyos Magistrados, en la Resolución No.56372,
Aprobado acta No. 220, fechada de 21.10.200, MP. JOSE FRANCISCO
VISCAYA ACUÑA, se deja claramente explicado por el Ponente de la Sala Penal,
lo referente a la conducta desplegada por los ciudadanos Pedro Alonso Sanabria
Buitrago y Julia Emma Garzón de Gómez, lo cual coincide con los argumentos y
decisiones del fallo ante el CONSEJO DE ESTADO en la referida Acción de
Nulidad Electoral, en donde como se itera fueron sujetos procesales la totalidad
de los magistrados de la CNDJ periodo 2021 – 2029”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02933-00
Accionante: Jorge Ignacio Uribe Velásquez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

8. De igual modo, señala la ilegalidad de la providencia proferida por los magistrados
Julia Emma Gómez de Garzón y Pedro Alonso Sanabria Buitrago quienes no
detentaban la calidad de magistrados “al perpetuarse en su cargo; omitiéndose el
pronunciamiento sobre la providencia que contiene la Resolución No.56372,
Aprobado acta No. 220, fechada de 21.10.200, MP. JOSE FRANCISCO VISCAYA
ACUÑA, providencia que le puso punto final al abuso desmedido de parte de los
ciudadanos JULIA EMMA GOMEZ DE GARZON - PEDRO ALONSO SANABRIA
BUITRAGO, abuso que no sé porque razón o motivo los magistrados electos para
ejercer en la CNDJ periodo 2021-2029”.

Trámite en primera instancia

9. Por medio de auto del 14 de junio de 2024, se admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como accionados, y al señor
Jhonnatan Alexis Duque y a los demás intervinientes dentro del proceso disciplinario
radicado bajo el núm. 05001-11-02-000-2021-00565-00/01 como terceros con
interés. De igual modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

10. En la misma providencia se negó la medida provisional solicitada consistente en
la suspensión de los efectos de la sanción disciplinaria, decisión contra la cual el
accionante presentó reposición. Dicho recurso fue resuelto a través de providencia
del 5 de julio de 2024 que rechazó por improcedente lo pedido.

Intervenciones

11. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó que se declare
improcedente la acción de la referencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional y porque la tutela no es una tercera instancia para controvertir lo ya
resuelto por el juez natural de la causa.

12. Sostuvo que el accionante centró la demanda en debatir asuntos sobre las
cuales la Comisión ya se pronunció en cuatro oportunidades, a saber:

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02933-00
Accionante: Jorge Ignacio Uribe Velásquez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

“El primero de ellos, fue al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto
por el disciplinable en contra de la sentencia del 31 de agosto de 2023 proferida por
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, mediante la cual se
declaró responsable disciplinariamente por quebrantar el deber establecido en los
numerales 14 y 19 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir en la falta descrita
en el artículo 39, con incompatibilidad de que trata el artículo 29 numeral 4, ibídem,
calificada a título de dolo, sancionándolo con suspensión en el ejercicio de la
profesión de ocho (8) meses, resolviéndose en esta oportunidad, el cargo de la
alzada que correspondía a la calidad de ciudadanos y no de Magistrados de los
doctores Julia Emma Garzón de Gómez y Pedro Sanabria, aduciendo que la
providencia por ellos proferida era ilegal; negándose el argumento planteado al
ratificar la competencia que detentaban los mismos para participar en la sala del 28
de marzo de 2019.

Efectuadas las notificaciones de rigor, el 28 de febrero de 2024 la Secretaría Judicial
de la Corporación pasó al Despacho solicitud de aclaración y adición formulada por
el abogado disciplinado en donde por segunda vez pretendía insistir en los
argumentos de la alzada, requerimiento que fue negado por esta Magistrada el 29
de febrero de 2024.

En vista de lo anterior, el 22 de mayo de 20241, el disciplinado promovió incidente
de nulidad en contra del fallo de segunda instancia, reprochando por tercera vez:
una presunta vulneración al principio de imparcialidad, al haberse negado la
solicitud de aclaración y adición anteriormente mencionada, resaltando que los
Magistrados que integraban la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrían en
actos contrarios a la Constitución y a la Ley al haber sido sujetos procesales en
calidad de demandados dentro del proceso de nulidad electoral ante el Consejo de
Estado con radicado No. 2021-00006-00; misma que denegada el 29 de mayo de
2024.

En razón a ello, el 7 de junio de 2024 el disciplinado interpuso recurso de reposición
y súplica en contra de la anterior decisión del 29 de mayo del presente año,
reiterando por cuarta vez una violación al derecho al debido proceso y al principio
de imparcialidad bajo los mismos fundamentos, siendo esta resulta
desfavorablemente por la suscrita Magistrada el 18 de junio de 2024”.

13. Indica que para demostrar el proceder del accionante basta con sólo realizar
una lectura del escrito de tutela, en donde es posible verificar tales omisiones,
evidenciándose que el reparo concerniente a la falta de competencia del juez
disciplinario fue atendido por la autoridad judicial accionada en los puntos
estudiados en el recurso de apelación, así como también en las posteriores
providencias, por lo que reitera “que el accionante pretende acudir a una ‘tercera
instancia’, desconociendo su naturaleza subsidiaria y excepcional, insistiendo en
puntos de vista que ya fueron estudiados y resueltos por esta jurisdicción”.

14. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia remitió el enlace
de la investigación disciplinaria con radicado núm. 05001-25-020-000-2021-00565-
00.
II. C O N S I D E R A C I O N E S

Cuestión previa

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02933-00
Accionante: Jorge Ignacio Uribe Velásquez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

15. La Sala encuentra que el accionante presentó un nuevo “recurso” en el cual
solicita que se aclare “cuál es la sentencia de la Honorable Corte Constitucional que
contiene el sustento legal que le sirvió de base a este estrado para RECHAZAR
POR IMPROCEDENTE el recurso de reposición oportunamente interpuesto, y una
vez conocida dicha providencia se sirva adicionar a la presente actuación con la
decisión que en derecho corresponda”.

16. Frente a esto, tal como se señaló en el auto del 5 de julio de 2024, el artículo 7°
del Decreto Ley 2591 de 1991 establece: “el auto que resuelve sobre medidas
provisionales (…) no admite recurso alguno de acuerdo con lo previsto en el artículo
7 del Decreto 2591 de 1991”, norma de obligatorio cumplimiento para los jueces
constitucionales por tratarse de la ley estatutaria que regula el trámite de las
acciones de tutela.

17. Esto ha sido respaldado por la Corte Constitucional, al señalar:

“5. En ese orden de ideas, atendiendo (i) a la naturaleza especial del procedimiento
de tutela y (ii) a que el auto que resuelve sobre medidas provisionales, adoptado
por la Sala Plena de la Corte Constitucional, no admite recurso alguno de acuerdo
con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, la Sala rechazará por
improcedentes los recursos interpuestos contra el Auto dictado por esta Sala el 29
de julio de 2010, mediante el cual se adoptó medida provisional y, por lo tanto,
ordenó la suspensión provisional de las sentencias relacionadas en el numeral 4 del
presente Auto”2.

18. Resuelto lo anterior, en aplicación del principio de prevalencia de lo sustancial
sobre lo procedimental, esta Subsección entrará a resolver lo planteado en la tutela
con el fin de evitar una dilación injustificada de los términos de la acción. Máxime,
que cualquier pronunciamiento sobre la medida provisional en este estadio del
proceso resulta inane en atención al pronunciamiento que profiere la Sala en esta
oportunidad.

Caso concreto

2 Corte Constitucional. Auto 287 de 2010.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02933-00
Accionante: Jorge Ignacio Uribe Velásquez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

19. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en la
presente acción por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.

20. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces3.

21. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber4:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para
proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial.

22. Revisada la demanda, se evidencia que el señor Jorge Ignacio Uribe Velásquez
acudió a la acción de tutela con el propósito que se estudie nuevamente si, como
se discutió en el trámite del proceso disciplinario, los magistrados que dictaron la
sentencia del 31 de agosto de 2023, tenían competencia para ello.

23. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural, que en la presente acción se plantearon los mismos
argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de apelación contra la

3 Sentencia T–422 de 2018.
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02933-00
Accionante: Jorge Ignacio Uribe Velásquez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

providencia de segunda instancia, tal como fue citado por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, a saber:

“[…] refirió que: “pues detrás de todo este tema está de por medio el poder de la
ciudadana JULIA EMMA GARZON DE GOMEZ, que de verdad se siente el temor o
la omisión de los Magistrados de la Comisión Seccional o Nacional de ponerle fin a
una situación, tan baja y antijurídica como la que plantea este apelación, ahora
pretende la 1ª instancia endilgarme responsabilidad de dicha situación, cuando es
apenas claro que lo que se pone en evidencia en esta fase procesal, no lo conocen
ni siquiera los jueces de la Republica resulta inconcebible que unos simples
ciudadanos puedan suscribir sentencias, ¿algo fuera del contexto constitucional,
verdad? (sic)”.

Aunado a lo anterior, preciso que la actitud de los Magistrados de la Comisión
Seccional y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial era defender en contra
de la Constitución y de la Ley una actuación ilegal, como era que el periodo de los
magistrados de la anterior Sala Jurisdiccional Disciplinaria Julia Emma Garzón y
Pedro Sanabria, quienes se posesionaron el 9 de septiembre y 21 de agosto de
2008, respectivamente, finalizó al cumplir 8 años, conforme lo conceptuó la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y la Sala Plena Penal de la Corte
Suprema de Justicia en providencia del 21 de octubre de 2020, expediente con
radicado No. 56372.

Por ende, resaltó que los mencionados ex magistrados cumplieron su periodo en el
año 2016, por consiguiente, concluyó que para la fecha en que profirió la sentencia
de segunda instancia, esto es, el 28 de marzo de 2019, la doctora Garzón y el doctor
Sanabria ya no eran magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, por ende, el proyecto solo tuvo 3 votos a favor, sin que
se cumpliera su mayoría para su aprobación, ya que no se pueden tener en cuenta
los 2 correspondientes a esos ex magistrados referidos.

De otro lado, resaltó que en el presente asunto se incurrió en la vulneración del
principio non bis in idem, porque dentro del asunto disciplinario que se adelantó en
su contra bajo el radicado No. 2019-01633-01 se sancionó por la misma causa, de
manera que no es dable emitir castigo 2 veces por la misma falta.

Finalmente, solicitó se declare la nulidad en los términos del artículo 98 de la Ley
1123 de 2007, al considerar que se presentan las 3 causales y que, en caso de
negarse su pedimento, se revoque la decisión de primera instancia.

24. Aspectos que fueron analizados y resueltos de manera razonada en la
providencia del 24 de enero de 2024, que decidió el recurso de apelación, bajo los
siguientes fundamentos:

“[...]

(ii) La sentencia proferida por los ex magistrados Julia Emma Garzón y Pedro
Sanabria, por medio de la cual lo sancionaron, no cumplió la mayoría de la votación,
en consideración a que esos 2 votos no son válidos, puesto que para la fecha ya no
hacían parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura.

Sobre el particular, es menester indicar que, si bien los magistrados Julia Emma
Garzón de Gómez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago excedieron su periodo
constitucional de 8 años, lo cierto es que aquellos fungieron como magistrados de
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura hasta que
se posesionaron los miembros de esta Comisión.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02933-00
Accionante: Jorge Ignacio Uribe Velásquez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Al respecto, en un caso de similares características respecto a que los ex
magistrados carecían de competencia por vencimiento de su periodo constitucional,
esta Comisión anotó:

“Al respecto es necesario indicar que no le asiste razón a la doctora GLORIA
PATRICIA MONTOYA ARBELÁEZ, dado que no es cierto que la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hubiese estado indebidamente
conformada, puesto que si bien los doctores Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia
Emma Garzón de Gómez, superaron su periodo constitucional de 8 años, ellos
fungieron como magistrados de la mencionada Corporación, hasta el momento en
el que se produjo la posesión de los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.

Véase que este tema quedó superado, con lo decidido en la Sentencia de
Unificación 174, proferida el 3 de junio de 2021, donde la Corte Constitucional indicó:

“(…) esta Sala considera que tampoco le asiste razón al magistrado… en cuanto al
tercer argumento relacionado con la extensión de los periodos constitucionales de
los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.

9. En el Auto 278 de 2015, la Sala Plena de esta Corporación concluyó que de
acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015,
se entendía que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial no se posesionaran, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura debían continuar en el ejercicio de sus
funciones. Por lo tanto, conservarían no solo la función jurisdiccional disciplinaria
(…)

10. La Corte se pronunció en el mismo sentido en la sentencia C-582 de 2016, al
señalar que, si bien se inhibía por inepta demanda para estudiar el artículo 19 del
Acto Legislativo 02 de 2015, era necesario aclarar que hasta tanto se integrara la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial los actuales magistrados de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ejercerían
únicamente las funciones que les corresponden como integrantes de dicha sala.

11. Aunado a lo anterior, en la sentencia SU-355 de 2020, la Corte evidenció la
problemática que generó la sentencia del 6 de febrero de 2018 proferida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, pero no por ello
invalidó las decisiones que en ese periodo hubieran sido adoptadas por los entonces
magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.(…)

13. En consecuencia, los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura tenían competencia para adoptar la decisión de segunda instancia
en el proceso de la referencia (…)”

De esa forma, se advierte que los magistrados Julia Emma Garzón de Gómez y
Pedro Alonso Sanabria Buitrago ostentaban plena competencia para participar en
la Sala del 28 de marzo de 2019, por medio de la cual, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sentencia proferida
en primera instancia el 30 de noviembre de 2017.

En todo caso, valga precisar que cualquier irregularidad frente a esa sentencia,
incluyendo la presunta ausencia de quórum para expedir esa providencia, debió
ponerse de presente en ese asunto judicial. Pues lo cierto es que, como
acertadamente lo expuso la Seccional de instancia, la referida decisión producía
plenos efectos al haber adquirido ejecutoria, de ahí que el profesional estaba
obligado a acatar la sentencia y no ejercer la profesión mientras estaba vigente la
sanción de suspensión de 1 año en su contra.

En consecuencia, se negará la prosperidad del argumento de alzada.

(iii) Se vulneró el principio non bis in ídem, porque dentro del asunto disciplinario
que se adelantó en su contra bajo el radicado No. 2019-01633-01 se sancionó por
la misma causa, de manera que no es dable emitir castigo 2 veces por la misma
falta.

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02933-00
Accionante: Jorge Ignacio Uribe Velásquez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Para el efecto, se traen a colación los argumentos, imputación fáctica y valoración
jurídica de la falta endilgada al investigado en la decisión emitida dentro del asunto
con radicado No. 2019-01633-01 proferida el 25 de mayo de 2023, con ponencia
del Magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla, al interior de la Corporación, de la
siguiente manera:

“La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, mediante sentencia del
30 de junio de 2021, declaró responsable al abogado JORGE IGNACIO URIBE
VELÁSQUEZ, de infringir en la falta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de
2007, al incurrir en la incompatibilidad consagrada en el numeral 4° artículo 29
ibidem, con lo cual transgredió el deber consagrado en el numeral 14° del artículo
28 ídem, en la modalidad de dolo. En consecuencia, le impuso la sanción de
suspensión por el término de dos (2) meses y multa equivalente a dos (2) S.M.L.M.V.
para el año 2019.

Lo anterior al considerar que, el disciplinable presentó la demanda declarativa contra
la Sociedad Agencia de Aduanas Aero Marítimo de Colombia S.A.S., en
representación de los señores Ricardo Bernal Camacho, Nury Amanda Hernández
y Natalia Bernal Hernández, la cual fue admitida el 29 de enero de 2019 por el
Juzgado 26 Civil Municipal de Medellín y mediante auto del 24 de julio de 2019, se
ordenó correr traslado de las excepciones de mérito de la parte demandada por el
término de tres (3) días a la parte demandante.

En tal sentido, el día 30 de julio de 2019, el doctor JORGE IGNACIO URIBE
VELÁSQUEZ, radicó ante el Juzgado un escrito mediante el cual se pronunciaba
con respecto al traslado de las excepciones de mérito presentadas por la parte
demanda y solicitaba se decretara la práctica de unas pruebas. No obstante,
evidenció que el disciplinable, tenía dos sanciones disciplinarias, entre ellas la que
inició el 25 de julio de 2019, por el término de un (1) año.

Situación por la que el 23 de agosto de 2019, el abogado sustituyó el poder al colega
Luis Fernando Arboleda Vargas, sin embargo, dicha sustitución no fue aceptada por
el Juzgado, por cuanto consideró que al estar suspendido de la profesión no podía
dar trámite al memorial de sustitución17. Consecuente de lo anterior, observó que
el 11 de septiembre de 2019, los demandantes confirieron poder al abogado Luis
Fernando Arboleda Vargas, para que los representara en el proceso verbal sumario
en el que venía actuando el disciplinable y a quien se le reconoció personería
jurídica para actuar el día 16 de septiembre de 2019.

De otra parte, resaltó la certificación expedida por el oficial mayor de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, en la que constató que mediante oficio
del 16 de julio de 2019, se le notificó al disciplinable la decisión de segunda instancia
a la siguiente dirección: Trasversal 49 C No. 59 C - 05 Oficina 603 de Medellín,
dirección que corresponde a una de las registradas en el Registro Nacional de
Abogados, de esta manera, encontró materializada la falta prevista en el artículo 39
en concordancia con los numerales 14 del artículo 28 y 4° del artículo 29 de la Ley
1123 de 2007.(…)

8. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

(…) RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR por improcedente la solicitud de nulidad propuesta por el
disciplinable JORGE IGNACIO URIBE VELÁSQUEZ, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de junio de 2021, proferida por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, mediante la cual declaró
responsable al abogado JORGE IGNACIO URIBE VELÁSQUEZ, de incurrir en la
falta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, al infringir la incompatibilidad
consagrada en el numeral 4° artículo 29 ibidem, con lo cual transgredió el deber
consagrado en el numeral 14° del artículo 28 ídem, a título de dolo y en
consecuencia, le impuso la sanción de suspensión por el término de dos (2) meses
y multa equivalente a dos (2) S.M.L.M.V. (…)”.

En virtud de lo anterior, se resalta que los hechos investigados y sancionados por
la Corporación en esa oportunidad difieren de los analizados en el asunto en
concreto. Ello, porque los correspondiente al proceso disciplinario No. 2019-01633-
01 atienden a que el abogado Uribe Velásquez actuó en la demanda declarativa

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02933-00
Accionante: Jorge Ignacio Uribe Velásquez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

contra la Sociedad Agencia de Aduanas Aero Marítimo de Colombia S.A.S., en
representación de los señores Ricardo Bernal Camacho, Nury Amanda Hernández
y Natalia Bernal Hernández, adelantada por el Juzgado 26 Civil Municipal de
Medellín.

Ahora bien, en el asunto de la referencia, el investigado se sancionó porque actuó
con suspensión los procesos (i) civil con radicado 2019-00069-00, adelantado por
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín y, (ii) penal con SPOA
050016000718-2017-00013-00, adelantado por el Juzgado 26 Penal Municipal con
funciones de conocimiento de Medellín.

Con base en lo expuesto, no se evidencia que la falta calificada en uno y otro
proceso corresponda a los mismos hechos o situación fáctica, por ende, no se
encuentra vulnerado el principio non bis in ídem.

Por las consideraciones expuestas, no habrá lugar a declarar la prosperidad de los
argumentos de alzada señalados en su escrito de apelación, de manera, que no es
posible acceder a la solicitud de absolver de responsabilidad disciplinaria al doctor
Uribe Velásquez, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró probada la infracción a los deberes establecidos en los numerales 14 y 19
del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y por ello, la incursión en la falta descrita en
el artículo 39, con incompatibilidad de que trata el artículo 29 numeral 4, ibídem,
calificada a título de dolo.

25. En síntesis, lo planteado por la parte demandante es nuevamente discutir si los
magistrados Julia Emma Garzón de Gómez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago
excedieron su periodo constitucional de 8 años lo cual, según plantea, les quitaba
competencia para decidir el proceso disciplinario; aspecto en el cual ya se aclaró
que “los funcionarios fungieron como magistrados de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura hasta que se posesionaron los
miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

26. En este contexto, la Sala estima que la tutela ejercida por el actor busca
prolongar el debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso ordinario,
situación que claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya que no
hay argumento que identifique la cuestión debatida como un asunto de genuina
relevancia constitucional.

27. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte demandante
es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y
razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción
de tutela mencionada debido al incumplimiento del requisito mencionado
anteriormente.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02933-00
Accionante: Jorge Ignacio Uribe Velásquez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

28. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, se declarará improcedente la
petición de amparo por el incumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Jorge Ignacio Uribe Velásquez, actuando en nombre propio, en contra de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF.

13

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