Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02933-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02933-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02933-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
26 de septiembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02933-01
Demandante: Jorge Ignacio Uribe Velásquez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-02933-01
Demandante JORGE IGNACIO URIBE VELÁSQUEZ
Demandado COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Proceso
disciplinario. Defecto procedimental. Sanción abogado por actuar
encontrándose sancionado. Requisitos de procedencia de la acción
de tutela: la relevancia constitucional y la subsidiariedad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Jorge Ignacio Uribe
Velásquez, contra la sentencia del 31 de julio de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, que resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Jorge
Ignacio Uribe Velásquez, actuando en nombre propio, en contra de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia”.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 7 de junio de 20241, el señor Jorge Ignacio Uribe Velásquez interpuso acción de
tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
En consecuencia, las pretensiones de la tutela son las siguientes:
“Abogase, ante el Juez Constitucional de Primera Instancia en la presente causa, se tutelen
los derechos fundamentales invocados, como lo son el DEBIDO PROCESO – DENEGACION
DE JUSTICIA – DERECHO DE DEFENSA - DERECHO AL JUEZ O TRIBUNAL
COMPETENTE CON OBSERVANCIA DE LAS FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO.
Consecuentemente a ello se ordene a la autoridad disciplinaria accionada se sirva entrar a
resolver sobre la nulidad ciñéndose para ello en la realidad procesal dada la inexistencia de la
extemporaneidad deprecada, seguidamente se ordene dejar sin efectos la publicación de la
sanción en mi contra hasta tanto no se resuelva de fondo el tema de la nulidad valida y
oportunamente interpuesta, si el Honorable Juez Constitucional, lo considera pertinente se
ordene a la autoridad Disciplinaria, que se pronuncie frente a la Resolución No.56372,
Aprobado acta No. 220, fechada de 21.10.200, MP. JOSE FRANCISCO VISCAYA ACUÑA,
al impedimento que ostentan al estar cobijados por una actuación en una Acción de Nulidad
Electoral, en el Rdo. No. 11001-03-28-000-2021-00006-00, MP. ROCIO ARAUJO OÑATE,
acción donde quedó claramente establecida y admitida las consecuencias legales de la SU-
355-2020, por todos y cada uno de los Magistrados elegidos para el periodo 2021-2029, que
1 Escrito de tutela presentada al correo de tutelas en línea.
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conforman la CNDJ. No obstante, de considerar pertinente en su sabiduría que la orden de
apremio constitucional deba proferirse de forma definitiva, se ordene la protección definitiva
de mis derechos ius fundamentales, ordenando la nulidad de lo actuado tanto en primera como
en segunda instancia, pues dese ahora puede advertirse una decisión tan incongruente al
resolverse el recurso de reposición y en subsidio el de súplica al auto de 29.05.2024, que en
aras de un mayor desgaste de la Justicia, se acoja una decisión definitiva a una problemática
tan evidente; advierto y pongo de presente que este suscrito se atendrá a lo que bien tenga
en decidir este Juez Colegiado Constitucional. Pues no se trata de proteger la garantía
fundamental de un juicio justo, sino la defensa de la Constitución, lo que no aconteció en el
trámite disciplinario de la referencia, pues la sanción que se impone deriva de una sanción
que carece de validez LEGAL, FORMAL Y MATERIAL, pues quien la profirió es un simple
ciudadano que no tiene la competencia para ello por haberse cumplido su periodo
constitucional y aunado a ello la sentencia de 2ª instancia proferida al interior del trámite
Rdo.05001110200020140125600, sentencia calendada de 28.03.2019, cuyo ponente la
exmagistrada Garzón de Gómez e igualmente suscrita por el exmagistrado SANABRIA
BUITRAGO se advierte la falta de quorum deliberatorio conforme lo disponía la ley 270 de
1996, en su art. 54.
Los derechos fundamentales invocados, son de verdadera relevancia constitucional, al punto
de que he sido sancionado por un Juez que cuando profirió la sentencia sancionatoria ya no
era Juez de la República, con ello se evidencia que la falta de Juez Competente y las formas
propias de cada juicio son considerados por las legislaciones internacionales como derechos
esenciales y son protegidos por los estados como es el caso de Colombia, en el Pacto de San
José de Costa Rica y otros donde se compromete a la lucha y protección de los derechos
fundamentales de los ciudadanos y extranjeros residenciados en Colombia.
La orden proferida en relación a la Nulidad deprecada y que debe resolverse dada la
inexistencia de la extemporaneidad, debe versar dicha resolución sobre dicha nulidad, que no
obvie el pronunciamiento en referencia a la Resolución No.56372, Aprobado acta No. 220,
fechada de 21.10.200, MP. JOSE FRANCISCO VISCAYA ACUÑA, y la SU-335-2020 y dicho
pronunciamiento debe enmarcarse en una relación directa con las referidas providencias, pues
se ha pretendido hacer valer una convalidación ilegal y falta de sustento constitucional, por la
Jurisdicción Disciplinaria, por tanto, se abstengan de sancionar sin exponer la procedencia de
la sanción en identidad con lo puntos ya expuestos y que se advierta que en adelante, en
asuntos de igual identidad fáctica y jurídica como el que nos convoca, no se incurra en los
mismos defectos, pues dicha actitud es a todas luces contraria a la Constitución y la Ley,
generadora de un desgaste del aparato judicial que tiene tan comprometida su labor de diario,
para que una autoridad judicial que tiene el deber legal de conocer y entender las
consecuencias de un actuar como el denunciado en este acción de estirpe constitucional”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Jhonnatan Alexis Duque formuló queja disciplinaria en contra del
abogado Jorge Ignacio Uribe Velásquez con ocasión del proceso ejecutivo
hipotecario que el quejoso promovió en contra del señor Gustavo de Jesús
Giraldo Restrepo y que se adelanta ante el Juzgado Primero de Ejecución del
Circuito de Medellín, en el que se dispuso el embargo de un porcentaje de un
inmueble de propiedad del ejecutado.
2.2. El señor Jhonnatan Alexis Duque estableció comunicación con Jorge Ignacio
Uribe Velásquez quien le manifestó que era el abogado del señor Gustavo de
Jesús Giraldo Restrepo. Dijo haber sido tratado de forma irrespetuosa por
parte del profesional del derecho quien, no estaba reconocido dentro del
proceso como abogado del ejecutado.
2.3. El señor Jorge Ignacio Uribe Velásquez presentó memorial dirigido al proceso
ejecutivo en el que pretendía acumular una demanda ejecutiva en la que
figuraba como demandante, por lo que para el quejoso, el señor Uribe
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Velásquez había comprado unos supuestos créditos de un acreedor con
hipoteca de primer grado, por lo que consideró que se trataba de un fraude
procesal y una simulación.
Por tal motivo, el señor Jhonnatan Alexis Duque presentó la correspondiente
denuncia penal, indagó por los antecedentes disciplinarios del abogado Uribe
Velásquez y encontró que tenía varias sanciones, una de ellas vigente, lo que
le impedía actuar como abogado y concluyó que, por tal razón, al parecer era
por lo que no había representado al señor Giraldo Restrepo.
2.4. Por lo anterior, Jhonnatan Alexis Duque presentó queja disciplinaria en contra
del señor Jorge Ignacio Uribe Velásquez.
Del asunto disciplinario conoció en primera instancia la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia (radicación Nro. 050001-25-02-000-2021-00565-
00) autoridad que, en sentencia del 31 de agosto de 2023 declaró
disciplinariamente responsable a título de dolo al abogado Jorge Ignacio Uribe
Velásquez y, lo sancionó con 8 meses de suspensión en el ejercicio de la
profesión, por trasgredir el régimen de incompatibilidades previsto en el
estatuto de la abogacía, aceptar mandatos y activar la jurisdicción ordinaria
civil, aun cuando estaba inhabilitado para ejercer la profesión de abogado.
2.5. El abogado sancionado apeló la anterior decisión, y en el mismo escrito
presentó solicitud de nulidad al considerar que se configuraban las 3 causales
de nulidad previstas en el artículo 98 de la Ley 1123 de 20072.
2.6. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en sentencia del 24 de enero de
2024 (notificada por correo electrónico el 23 de febrero de 2024), negó la solicitud
de nulidad propuesta y confirmó la decisión sancionatoria de primera instancia.
En relación con la solicitud de nulidad, indicó que el investigado no había
invocado las razones en las que se fundaba cada causal, sino que se había
limitado a referir de manera general que concurrían en el caso concreto y, que
no se advertía la falta de competencia, la violación al derecho de defensa del
disciplinable, ni la existencia de irregularidades sustanciales que afectaran el
debido proceso.
Al referirse a los argumentos del recurso de apelación, precisó que no sería
objeto de estudio el argumento relacionado con la competencia para suscribir
sentencias por parte de los doctores Julia Emma Garzón de Gómez y Pedro
Sanabria, en consideración a que el periodo del nombramiento de cada uno
era de 8 años y finalizó en el año 2016, y que no le correspondía estudiar ese
cargo, ya que no se estaba investigando a los ex magistrados sino al abogado
Jorge Ignacio Uribe Velásquez.
Precisó que el argumento relacionado con que la sentencia sancionatoria
proferida por los ex magistrados Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria no
cumplió la mayoría de la votación, no era de recibo porque si bien los citados
magistrados excedieron su periodo constitucional de 8 años, aquellos habían
2 “ARTÍCULO 98. CAUSALES. Son causales de nulidad:
1. La falta de competencia.
2. La violación del derecho de defensa del disciplinable.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”.
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fungido como magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura hasta que se posesionaron los miembros de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
En ese sentido, advirtió que cualquier irregularidad frente a la sentencia,
incluyendo la presunta ausencia de quórum para expedir esa providencia,
debió ponerse de presente en ese asunto judicial, de manera que, la referida
decisión producía plenos efectos al haber adquirido ejecutoria y por tanto, el
profesional estaba obligado a acatar la sentencia y no ejercer la profesión
mientras estaba vigente la sanción.
Del segundo cargo propuesto en el recurso de apelación, relacionado con la
vulneración del principio non bis in ídem al haber sido sancionado dos veces
por la misma falta, consideró la Comisión Nacional que, los hechos
investigados y sancionados por la Corporación en esa oportunidad diferían de
los analizados en el asunto en concreto, ya que los correspondientes al
proceso disciplinario No. 2019-01633-01 atendían a que el abogado Uribe
Velásquez actuó en la demanda declarativa contra la Sociedad Agencia de
Aduanas Aero Marítimo de Colombia S.A.S., en representación de los señores
Ricardo Bernal Camacho, Nury Amanda Hernández y Natalia Bernal
Hernández, adelantada por el Juzgado 26 Civil Municipal de Medellín y que,
en el asunto de la referencia, el investigado se sancionó porque actuó con
suspensión en los procesos (i) civil con radicado 2019-00069-00, adelantado
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín y, (ii) penal con SPOA
050016000718-2017-00013-00, adelantado por el Juzgado 26 Penal Municipal
con funciones de conocimiento de Medellín.
En consecuencia, frente a este aspecto concreto, dijo que no se evidenciaba
que la falta calificada en uno y otro proceso correspondiera a los mismos
hechos o situación fáctica.
2.7. El abogado sancionó presentó solicitud de aclaración y adición de la sentencia,
lo que se negó por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en providencia
del 29 de febrero de 2024 (notificada por correo electrónico el 20 de mayo de 2024).
Consideró la comisión que la solicitud era improcedente, teniendo en cuenta
el alcance de la aclaración y adición de providencias judiciales, pues que no
se advertía que la Comisión hubiera dejado de pronunciarse acerca de algún
punto sometido a su análisis en el recurso de apelación, ni tampoco que la
cuestionada sentencia tuviera frases ambiguas o dudosas que figuraran en su
parte resolutiva o que influyeran en ella.
Del análisis hecho a los argumentos contenidos en la solicitud de aclaración y
adición que había formulado el actor el 27 de febrero de 2024, se observaba
la reiteración de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, que
habían sido resueltos de fondo por la Corporación. Sostuvo que el sancionado
insistió en que la decisión que dio origen a la incompatibilidad por la que fue
acusado, no había nacido a la vida jurídica por cuanto 2 de los magistrados
habían superado el periodo constitucional, lo que se había resuelto en la
providencia de segunda instancia.
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2.8. El accionante presentó solicitud de nulidad el 22 de mayo de 2024 contra la
sentencia de segunda instancia proferida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, la que se negó en providencia del 29 de mayo de 2024
(notificada por correo electrónico el 6 de junio de 2024).
La Comisión sostuvo que el argumento había girado en torno a la falta de
competencia del juez disciplinario, sustentando todo ello, en la presunta
ilegalidad de la sentencia que originó su sanción del 28 de marzo de 2019
proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura cuya Magistrada Ponente fue la doctora Julia Emma Garzón de
Gómez, argumentando que al momento de proferirse la misma, los
Magistrados que integraron la Sala (Julia Emma Garzón de Gómez y Pedro
Alonso Sanabria Buitrago) habían superado el periodo de ocho años
considerando que por tal razón carecía de competencia para emitirla, por lo
que no existía fundamento alguno para la declaratoria de su responsabilidad.
En ese sentido, indicó que dicho aspecto ya había sido resuelto en la
providencia expedida por la Corporación y que se le había reiterado en el auto
que negó la aclaración y adición de esa providencia, por la que debía estarse
a lo resuelto en esas decisiones, además de considerar extemporánea la
solicitud de nulidad, teniendo en cuenta que la misma se había presentado el
22 de mayo de 2024 y que, desde el 1° de marzo de 2024, la decisión de
segunda instancia había cobrado ejecutoria.
3. Fundamentos de la acción
A lo largo del escrito de tutela, el actor presenta una serie de inconformidades que
la Sala encuadra en un presunto defecto procedimental, en relación con la decisión
del 29 de mayo de 2024 por la que se negó la solicitud de nulidad presentada contra
la sentencia de segunda instancia del 24 de enero de 2024 proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial en el proceso disciplinario identificado con la
radicación Nro. 050001-25-02-000-2021-00565-00/01.
Sostuvo que la decisión del 29 de mayo de 2024 por la que se resolvió negar la
solicitud de nulidad, le fue notificada el 6 de junio de 2024 y que, en ese sentido no
era cierto lo manifestado en la providencia en relación con la extemporaneidad en
la presentación de la solicitud de nulidad, al haberse presentado dentro del término,
ya que la decisión de segunda instancia se le había notificado el 20 de mayo de
2024 y la presentación del escrito de nulidad había sido el 22 de mayo de 2024, por
lo que se había presentado a tiempo.
De otra parte, manifestó que la Comisión Nacional había sido omisiva en relación
con la situación de los magistrados Julia Emma Gómez de Garzón y Pedro Alonso
Sanabria Buitrago, que pretendieron perpetuarse en el cargo, con un evidente
despropósito legal.
En ese sentido recordó que las decisiones emitidas por los anteriores magistrados
carecían de sustento por falta de competencia, en la medida que habían excedido
el periodo constitucional y que, precisamente eso hacía que el fallo sancionatorio
emitido en su momento por esos dignatarios careciera de validez.
Señaló que la presente tutela tenía un carácter transitorio y que, agotaría los
mecanismos ordinarios esto es, el recurso de reposición y en subsidio súplica contra
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el auto por el que se le negó la nulidad presentada, que le fue notificado el 6 de junio
de 2024, pero que acudía a este mecanismo de protección constitucional de manera
transitoria hasta que se resolviera el recurso oportunamente presentado.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 14 de junio de 2024, el juez de tutela de primera instancia admitió
la demanda de tutela y, ordenó notificar a las partes accionante y accionadas.
Dispuso la vinculación como tercero con interés al señor Jhonnatan Alexis
Duque y a los demás intervinientes dentro del proceso disciplinario radicado
bajo el Nro. 05001-11-02-000-2021-00565-00/01 y, negó la medida provisional
solicitada.
4.2. Posteriormente por auto del 5 de julio de 2024, el a quo rechazó por
improcedente el recurso de reposición presentado contra la anterior decisión
por la que se admitió la demanda de tutela y se negó la medida provisional
solicitada.
4.3. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, rindió informe en el que indicó
que la tutela no era una tercera instancia y que, en diversas ocasiones había
intentado reabrir la discusión, en una oportunidad, presentando solicitud de
aclaración y adición de sentencia y, en otra, incidente de nulidad, todos
despachados de forma desfavorable, lo que, a juicio de la comisión, era la
reiteración de un mismo aspecto ya resuelto, en relación con la falta de
competencia por parte del juez disciplinario.
4.4. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia3, el señor
Jonnathan Alexis Duque y los demás intervinientes del proceso
disciplinario, no se pronunciaron en esta oportunidad.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 31 de julio de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, declaró improcedente la presente acción de tutela.
Consideró que no había lugar a hacer un pronunciamiento de fondo, al no estar
acreditado el requisito de la relevancia constitucional por entender la tutela como
una instancia adicional. Dijo que era evidente que el actor buscaba un nuevo análisis
de lo ya resuelto por el juez ordinario y que, los argumentos que presentaba en la
demanda de tutela eran los mismos que se habían propuesto en el recurso de
apelación.
Advirtió que lo planteado por la parte demandante era discutir nuevamente si los
magistrados Julia Emma Garzón de Gómez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago
habían excedido su periodo constitucional de 8 años lo cual, según el actor,
implicaba la falta de competencia para decidir el proceso disciplinario, aspecto con
respecto al que se había aclarado que “los funcionarios fungieron como magistrados de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura hasta que se
posesionaron los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
3 La Comisión Seccional allegó el enlace de acceso al expediente disciplinario.
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6. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión. Su argumento se centró en la falta de
competencia de los magistrados Julia Emma Garzón de Gómez y Pedro Alonso
Sanabria Buitrago quienes, insiste, excedieron su periodo constitucional de 8 años,
lo que no era permitido por la Constitución ni por la ley.
Dijo que el a quo había interpretado de manera errada la cuestión objeto de debate,
pues que en momento alguno se dijo que los actuales magistrados de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial no fueran competentes, que de hecho lo eran, pero
que sus decisiones comprometían sus derechos fundamentales.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
3.1. Advierte la Sala que el accionante encaminó sus argumentos a cuestionar la
decisión del 29 de mayo de 2024 por la que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial negó la solicitud de nulidad propuesta por el actor en contra de la
sentencia de segunda instancia del 24 de enero de 2024.
En ese orden de ideas, verificados los fundamentos de la acción se encuentra
que desde el inicio, la parte actora cuestionó de un lado, la oportunidad en la
presentación de la nulidad y, de otro, la insistencia en la presunta falta de
competencia de dos magistrados que, según manifiesta el actor, quienes
suscribieron la providencia que lo sancionó disciplinariamente, cuando habían
excedido el periodo constitucional para el que habían sido nombrados.
También manifestó que había presentado recurso de reposición y en subsidio
súplica contra la decisión del 29 de mayo de 2024 por la que se negó la
solicitud de nulidad, por lo que incluso, la tutela tenía el carácter de transitoria.
3.2. En el fallo de primera instancia constitucional, el juez de tutela declaró
improcedente la acción de tutela por no estar acreditado el requisito de la
relevancia constitucional amparado en que, lo que buscaba el actor era reiterar
estos argumentos en relación con la competencia de los magistrados que en
su momento habían suscrito una providencia, según el actor, sin competencia
para ello, lo que había sido propuesto con anterioridad en el recurso de
apelación contra la decisión disciplinaria de primer grado y que había sido
resuelto de manera suficiente por el juez disciplinario de segunda instancia.
3.3. Teniendo en cuenta lo anterior, con base en los antecedentes expuestos, y por
tratarse de una tutela contra providencia judicial, la Sala determinará si le
asistió razón al juez de primera instancia al declarar la improcedencia de la
acción de tutela a falta del requisito de la relevancia constitucional por
reiteración de argumentos.
También considera oportuno la Sala referirse al requisito de la subsidiariedad
en la medida que, el actor manifestó desde el inicio en la solicitud de amparo,
que había presentado recursos contra la decisión de nulidad cuestionada, de
manera que, se abordará este aspecto, igualmente en consideración a que se
trata de una tutela contra una providencia judicial en firme.
3.4. Solo en caso de superar dicho análisis, y de encontrar satisfechos los
requisitos generales de procedibilidad, se determinará si al proferir la
providencia del 29 de mayo de 2024, en el marco del proceso disciplinario Nro.
05001-11-02-000-2021-00565-00/01, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, incurrió en un presunto defecto procedimental.
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4. Requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que
son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»8. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios argumentos
para atacar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que
se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
8 Ibidem.
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La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue
es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia
iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural9.
Con base en el último criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las inconformidades
ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de tutela, entonces, verificar
que la acción no se esté utilizando como una instancia adicional al proceso en el
cual se profirió la providencia atacada.
Para tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son
iguales.
En caso de que se trate de los mismos argumentos es factible que el juez de tutela
concluya que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia
adicional, pues que lo perseguido por el tutelante es insistir en los argumentos
planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el juez de tutela, a
diferencia del primero, acceda a sus pretensiones.
5. Análisis del caso
5.1. Con fundamento en las reglas expuestas previamente, la Sala considera que
la acción de tutela analizada se está empleando como una instancia adicional,
pues esta última es una reiteración de los argumentos presentados en el
proceso disciplinario en relación con el punto concreto de la competencia de
dos de los magistrados que suscribieron una providencia sancionatoria en
contra del actor, a juicio del accionante, sin competencia para ello, al haber
excedido el periodo para el que habían sido designados.
Este argumento lo presentó en varias oportunidades, esto es, en el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia proferida por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia el 24 de enero de 2024,
posteriormente en la solicitud de aclaración y adición de la sentencia resuelta
en providencia del 29 de febrero de 2024 y, finalmente en la solicitud de nulidad
que se resolvió en providencia del 29 de mayo de 2024 y que es la decisión
que se cuestiona en esta oportunidad.
5.2. Se advierte que los argumentos propuestos por la parte actora en el escrito de
nulidad presentado contra la decisión emitida en segunda instancia por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, coincide con los fundamentos del
escrito de tutela:
9 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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5.2.1. Se refirió a los periodos de los Magistrados Julia Emma Garzón de
Gómez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, quienes se posesionaron en
sus cargos de Magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, integrada por 7 Magistrados, para un periodo de 8
años, no reelegibles y cuyo periodo era personal y no requería acto
administrativo, por lo que no comprendía cómo se habían excedido de
tal periodo, lo que se traducía en un actuar contrario a la Constitución y
la ley de la judicatura y en especial del Consejo Nacional de Disciplina
Judicial, lo que devenía en una clara e innegable incongruencia e
ilegalidad del fallo emitido en su contra.
5.2.2. Que en su caso era a todas luces antijurídico y absurdo desde todo
punto de vista legal, pretender que unos funcionarios que ejercieron el
cargo de Magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura se les prorrogara su calidad de magistrados, contrariando
la constitución y la Ley, por lo que sus actos y decisiones posteriores al
vencimiento de su periodo, carecían de validez.
5.2.3. Dijo que, dada la falta de calidad de Magistrados de los ciudadanos
enunciados, la ponencia de la doctora Julia Emma Garzón de Gómez
por la que se confirmó una sanción en su contra en el trámite del otro
proceso disciplinario, por haber actuado como abogado durante el
término que había sido sancionado como abogado, supuestamente
suspendido por un ciudadano, no era válido.
5.3. En el escrito de tutela, la parte actora presentó los mismos argumentos, que
la Sala encauzó desde la presunta configuración de un defecto procedimental:
5.3.1. Hizo referencia nuevamente a la competencia de los magistrados de la
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y, sostuvo que
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial había sido omisiva en
relación con la situación de los magistrados Julia Emma Gómez de
Garzón y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, que pretendieron
perpetuarse en el cargo, con un evidente despropósito legal.
5.3.2. Dijo que, en ese orden de ideas, las decisiones emitidas por los
anteriores magistrados carecían de sustento por falta de competencia,
en la medida que habían excedido el periodo constitucional y que,
precisamente eso hacía que el fallo sancionatorio emitido en su
momento por esos dignatarios careciera de validez.
5.4. La decisión del 29 de mayo de 2024 emitida por el Consejo Nacional de
Disciplina Judicial, con el propósito de resolver la nulidad propuesta, luego de
hacer un recuento de los hechos probados, encontró que debía negarse la
solicitud de nulidad, con fundamento en lo siguiente:
[…]
“En primer lugar debe precisarse que el artículo 101 de la Ley 1123 de 2007, tiene
consagrados los principios orientadores para declarar las nulidades y su convalidación,
que alejan a la Sala de decretar de forma automática la nulidad frente a la existencia de
cualquier vicio, lo cual permite significar, que solo se acude a la nulidad, cuando no exista
otro remedio para subsanar la irregularidad presentada, pues mientras aquella se pueda
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remediar sin lesionar las garantías fundamentales de los sujetos procesales, el juez
disciplinario deberá encaminarse por enderezar la actuación.
En otro sentido precisa la Corporación que los principios cardinales y fundamentales del
derecho sancionador, esto es, el debido proceso, el derecho a la defensa y principio de
legalidad, deben ser igualmente examinados con toda rigurosidad, cuando en el devenir
procesal surgen manifiestos vicios sustanciales e insubsanables, que puedan perjudicar
un interés legítimo de un sujeto procesal o del mismo Estado Social de Derecho, lo cual
se evidencia en el caso concreto.
Precisado lo anterior, en el proceso objeto de estudio el disciplinado alegó la nulidad del
trámite aduciendo la existencia de irregularidades sustanciales que afectaban el debido
proceso, así como también falta de competencia del juez disciplinario, sustentando todo
ello, en la presunta ilegalidad de la sentencia que originó su sanción del 28 de marzo de
2019 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura cuya Magistrada Ponente fue la doctora Julia Emma Garzón de Gómez,
argumentando que al momento de proferirse la misma, los Magistrados que integraron la
Sala (Julia Emma Garzón de Gómez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago) habían superado
el periodo de ocho años considerando que por tal razón carecía de competencia para
emitirla; por lo que no existía fundamento alguno para la declaratoria de su
responsabilidad.
Siendo este el principal punto de disenso sobre el cual se sustentan todos los alegatos
del peticionario debe señalarse que dicho aspecto ya fue resuelto en la providencia
expedida por la Corporación y se le reiteró en el auto que negó la aclaración y adición de
esa providencia, razón por la cual deberá estarse a lo resuelto en esas decisiones.
Además, se advierte que la presente solicitud de nulidad se efectuó el 22 de mayo de
2024, cuando se advierte conforme a la constancia visible en el archivo 038 del expediente
cuaderno de segunda instancia, que desde el 1° de marzo de 2024, la decisión de la
Comisión cobró ejecutoria, siendo por tanto totalmente extemporánea la petición de
nulidad. Por lo expuesto por este Despacho”.
[…]
5.5. De acuerdo con el anterior recuento, evidencia la Sala que, el actor ha venido
insistiendo a lo largo del proceso disciplinario, en la falta de competencia de
los magistrados Julia Emma Garzón de Gómez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago
quienes excedieron su periodo constitucional en tal dignidad y suscribieron una
providencia sancionatoria en su contra dentro de otro proceso disciplinario,
que dice, es por lo que en el actual proceso disciplinario seguido en su contra
(radicación Nro. 050001-25-02-000-2021-00565-00) y cuyas decisiones se atacan
en la presente acción, se le acusa de haber actuado como abogado aun
teniendo una sanción anterior lo que hacía que se incurriera en falta a título de
dolo, cuando, dice, esa sanción no tuvo un piso jurídico al haberse suscrito por
juez sin competencia para ello.
Tal circunstancia, fue aclarada en las distintas providencias proferidas por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso disciplinario cuya
providencia es objeto de cuestionamiento en la presente acción (radicación Nro.
050001-25-02-000-2021-00565-00):
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Providencia del 29 de febrero de Providencia del 29 de mayo de
Sentencia de segunda instancia 2024 por la que se resuelve 2024 por la que se niega la
del 24 de enero de 2024 aclaración y adición a la solicitud de nulidad presentada
sentencia contra la sentencia de cierre
De manera previa se resuelve “En ese orden, teniendo en cuenta “En primer lugar debe precisarse
petición de nulidad presentada por el alcance de la aclaración y adición que el artículo 101 de la Ley 1123
el actor con el recurso de apelación, de providencias judiciales, en el de 2007, tiene consagrados los
de la siguiente manera: caso bajo estudio, se advierte la principios orientadores para
improcedencia de la solicitud declarar las nulidades y su
“1. De la nulidad solicitada: elevada por el disciplinado, pues no convalidación, que alejan a la Sala
Advierte esta instancia judicial que se advierte que la Comisión hubiera de decretar de forma automática la
el disciplinado en el recurso de dejado de pronunciarse acerca de nulidad frente a la existencia de
apelación solicitó la nulidad, por algún punto sometido a su análisis cualquier vicio, lo cual permite
cuanto, según su criterio, se en el recurso de apelación, ni significar, que solo se acude a la
configuraron las 3 causales de que tampoco que la cuestionada nulidad, cuando no exista otro
trata el artículo 98 de la Ley 1123 de sentencia contenga frases remedio para subsanar la
2007. ambiguas o dudosas que figuren en irregularidad presentada, pues
su parte resolutiva o que influyan en mientras aquella se pueda remediar
(…) ella. sin lesionar las garantías
fundamentales de los sujetos
En ese orden de ideas, se resalta En efecto, al analizar los procesales, el juez disciplinario
que el investigado no invocó las argumentos contenidos en la deberá encaminarse por enderezar
razones en que se funda cada solicitud de aclaración y adición la actuación.
causal, simplemente se limitó a formulada el 27 de febrero de 2024,
referir que concurren en el presente se observa que el memorialista se En otro sentido precisa la
asunto, sin que esta instancia limitó a reiterar sus argumentos de Corporación que los principios
avizore en que consistiría, ya que alzada, los cuales fueron objeto de cardinales y fundamentales del
no advierte: (i) falta de resolución en el asunto de fondo por derecho sancionador, esto es, el
competencia; (ii) violación del la Corporación. debido proceso, el derecho a la
derecho de defensa del defensa y principio de legalidad,
disciplinable, como tampoco, (iii) la En efecto, nótese como estos están deben ser igualmente examinados
existencia de irregularidades centrados en que la decisión que con toda rigurosidad, cuando en el
sustanciales que afecten el debido dio origen a la incompatibilidad que devenir procesal surgen
proceso. Además que, en virtud del aquel incumplió, según su criterio, manifiestos vicios sustanciales e
principio de limitación no podría la no nació a la vida jurídica por insubsanables, que puedan
Corporación entrar a suplir las cuanto 2 de los magistrados habían perjudicar un interés legítimo de un
falencias argumentativas en la superado el periodo constitucional, sujeto procesal o del mismo Estado
alzada que delimitan el ámbito de frente a ello, en la sentencia, se citó Social de Derecho, lo cual se
análisis de la Sala. En tal sentido, la providencia de esta Corporación, evidencia en el caso concreto.
no prosperará ninguna causal de del M.P. Juan Carlos Granados
nulidad perseguida”. Becerra, del 3 de agosto de 2022, Precisado lo anterior, en el proceso
radicado No.
11001-01-02-000- objeto de estudio el disciplinado
2016-03289-00, en un caso con alegó la nulidad del trámite
similares características a las del aduciendo la existencia de
presente objeto de estudio, puesto irregularidades sustanciales que
que dentro de este fallo se analizó afectaban el debido proceso, así
la Sentencia de Unificación 174 de como también falta de competencia
la Corte Constitucional, del 3 de del juez disciplinario, sustentando
junio de 2021, y el acto legislativo todo ello, en la presunta ilegalidad
02 de 2015, donde quedó superado de la sentencia que originó su
este tema (…) sanción del 28 de marzo de 2019
proferida por la Sala Jurisdiccional
Asimismo, en la providencia de 24 Disciplinaria del Consejo Superior
de enero de 2024, se resaltó que el de la Judicatura cuya Magistrada
investigado no invocó las razones Ponente fue la doctora Julia Emma
en que se funda cada causal de Garzón de Gómez, argumentando
nulidad, simplemente se limitó a que al momento de proferirse la
referir que concurrían en el misma, los Magistrados que
presente asunto, sin realizar un integraron la Sala (Julia Emma
análisis respecto a que por Garzón de Gómez y Pedro Alonso
consideró que se configuraba una Sanabria Buitrago) habían
nulidad distinta a la resolución del superado el periodo de ocho años
argumento de alzada expuesto. considerando que por tal razón
Así las cosas, como las figuras carecía de competencia para
procesales de aclaración y adición emitirla; por lo que no existía
no se instituyeron para cuestionar la fundamento alguno para la
validez y suficiencia de los declaratoria de su responsabilidad.
fundamentos fácticos y normativos
de una decisión judicial, sino “para
conjurar las deficiencias de
naturaleza formal enunciadas en
los ya citados artículos 285 y 287
del Código General del Proceso”,
habrá de negarse la solicitud del
letrado”.
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Providencia del 29 de febrero de Providencia del 29 de mayo de
Sentencia de segunda instancia 2024 por la que se resuelve 2024 por la que se niega la
del 24 de enero de 2024 aclaración y adición a la solicitud de nulidad presentada
sentencia contra la sentencia de cierre
Siendo este el principal punto de
disenso sobre el cual se sustentan
todos los alegatos del peticionario
debe señalarse que dicho aspecto
ya fue resuelto en la providencia
expedida por la Corporación y se le
reiteró en el auto que negó la
aclaración y adición de esa
providencia, razón por la cual
deberá estarse a lo resuelto en esas
decisiones.
Además, se advierte que la
presente solicitud de nulidad se
efectuó el 22 de mayo de 2024,
cuando se advierte conforme a la
constancia visible en el archivo 038
del expediente cuaderno de
segunda instancia, que desde el 1°
de marzo de 2024, la decisión de la
Comisión cobró ejecutoria, siendo
por tanto totalmente extemporánea
la petición de nulidad. Por lo
expuesto por este Despacho”.
Del fondo del asunto, se resuelven
los fundamentos del recurso de
apelación sobre el punto, de la
siguiente forma:
“De manera previa, es menester señalar
que el argumento correspondiente a que,
(i) la doctora Julia Emma Garzón de
Gómez incurrió en una situación
antijurídica al suscribir sentencias sin ser
magistrada, junto con el doctor Pedro
Sanabria puesto que el periodo del
nombramiento de cada uno era por 8
años, el cual finalizó en el año 2016, no
será objeto de estudio.
Ello porque no es del resorte estudiar la
conducta alegada y menos porque no se
está investigando a los ex magistrados,
pues el asunto de la referencia atiende al
comportamiento sancionado por el
abogado Jorge Ignacio Uribe Velásquez,
de manera que esta instancia se relevará
de hacer pronunciamiento adicional.
Aclarado lo anterior, pasa entonces a
desatarse cada argumento de la alzada
en los términos que pasan a exponerse.
La sentencia proferida por los ex
magistrados Julia Emma Garzón y Pedro
Sanabria, por medio de la cual lo
sancionaron, no cumplió la mayoría de la
votación, en consideración a que esos 2
votos no son válidos, puesto que para la
fecha ya no hacían parte de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura. Sobre el
particular, es menester indicar que, si
bien los magistrados Julia Emma Garzón
de Gómez y Pedro Alonso Sanabria
Buitrago excedieron su periodo
constitucional de 8 años, lo cierto es que
aquellos fungieron como magistrados de
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura hasta
que se posesionaron los miembros de
esta Comisión”.
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5.6. Como puede verse, el accionante utiliza la acción de tutela para insistir en un
punto que, fue resuelto en la sentencia de segunda instancia del 24 de enero
de 2024 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y en las decisiones
posteriores que se han emitido en el proceso disciplinario cuya providencia de
nulidad ataca por esta vía, de manera suficiente.
En este sentido, como lo anunció el juez de tutela de primera instancia, lo que
pretende la parte accionante es que la acción de tutela se convierta en una
nueva posibilidad para plantear los argumentos resueltos de manera suficiente
por el juez natural, buscando que este mecanismo constitucional se convierta
en una instancia adicional, lo que escapa a la competencia del juez
constitucional que está en clave de garantizar los derechos fundamentales y
que, sea de paso decir, no se advierten desconocidos con la providencia que
se cuestiona.
5.7. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela
contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores
razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación
sostenida por la parte tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y
propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma
una vulneración de derechos fundamentales.
De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que
de manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
5.8. En ese sentido, al no evidenciarse el cumplimiento de uno de los requisitos de
procedencia de tutela contra providencia judicial, en este caso el de la
relevancia constitucional, no es posible verificar aspectos relacionados con el
fondo del asunto, razón por la que la Sala confirmará la decisión de primera
instancia por la que se declaró la improcedencia de la presente acción.
6. La subsidiariedad como requisito de procedencia y su análisis en el caso
concreto.
6.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».
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A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede
cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá
como mecanismo transitorio de protección.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la
existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor. Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte
Constitucional manifestó:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)»10.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición,
pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
6.2. En el caso, tampoco se advierte cumplido este requisito, teniendo en cuenta
que el actor manifestó en el escrito de tutela que, pese haber presentado la
presente acción como un mecanismo transitorio, lo cierto es que en la
actualidad había presentado recurso de reposición y en subsidio súplica contra
la decisión del 29 de mayo de 2024 por la que se negó el incidente de nulidad
10 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
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propuesto, incluso, con los anexos del escrito de tutela, allegó el escrito del
recurso con fecha 7 de junio del presente año que presentó en el respectivo
proceso disciplinario.
Al respecto, encuentra la Sala que, como lo manifiesta el mismo actor, está en
trámite el proceso actualmente en relación con la providencia que se cuestiona
pues lo cierto es que, contra la decisión presentó unos recursos que deberán
ser resueltos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y, tal como se
indicó en líneas precedentes, la misma Corte Constitucional ha indicado que
la tutela no puede converger con vías judiciales diversas ya que no puede ser
algo que quede a elección discrecional del interesado, de manera que, ante la
posibilidad de presentar recursos contra las respectivas decisiones, en lo
posible siempre debe prevalecer la acción ordinaria y ya, en casos muy
excepcionales la acción constitucional, pero no como lo indica el mismo actor,
que se presenten las mismas inconformidades pero de manera simultánea en
uno y otro asunto, pues la tutela no puede ser entendida como un medio
alternativo.
6.3. Ahora bien, en relación con la manifestación de haber acudido al presente
mecanismo constitucional de manera transitoria, advierte la Sala que no se
evidencia una gravedad o perjuicio inminente que implique la intervención del
juez constitucional en el presente asunto, pues lo cierto es que si bien existe
una sanción en contra del disciplinado, no hay elementos distintos que
hubieran sido demostrados por el actor, señor José Ignacio Uribe Velásquez
encaminados a demostrar que se encuentra en una situación tal que implique
adoptar medidas extraordinarias para salvaguardar derechos fundamentales
que estuvieran en inminente riesgo.
De manera que, la sanción impuesta en los procesos disciplinarios,
concretamente en este último seguido en su contra y frente al que acusa una
de las providencias allí proferidas, no puede tener la connotación de perjuicio
irremediable para acceder a la tutela al menos de manera transitoria.
6.4. En este orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad, lo que no sucede en el
presente asunto.
7. Conclusión
Por las razones expuestas en la presente providencia, la Sala confirmará la decisión
de primera instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A que declaró improcedente la presente acción, pero por lo dicho en
esta sentencia, esto es, no solo por no estar acreditado el requisito de la relevancia
constitucional, sino también el de la subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02933-01
Demandante: Jorge Ignacio Uribe Velásquez
FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 31 de julio de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, pero por las razones
expuestas en la presente providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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