Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02934-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02934-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02934-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
23 de septiembre de 2024
Radicado: 11-001-03-15-000-2024-02934-01
Accionante: José de Jesús Villero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado número: 11-001-03-15-000-2024-02934-01
Accionante: José de Jesús Villero
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Vinculados: UGPP y otro
Referencia: Acción de tutela
Tema: acción de tutela contra providencia judicial.
Subtema 1: requisitos generales de procedibilidad.
Subtema 2: Identificación razonable de hechos y de argumentos/relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por José de Jesús Villero en contra de la
sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 25 de julio de
2024, que negó el amparo constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
José de Jesús Villero radicó escrito de tutela en procura de la protección de sus
derechos fundamentales y garantías a la igualdad, a la confianza legítima, a la
“prelación de la Constitución sobre las demás normas, a la obligación de proveer de
eficacia los derechos fundamentales, a “la primacía de los derechos humanos” y al
principio de favorabilidad, que consideró vulneradas por el Tribunal Administrativo
del Cesar y el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar.
Lo anterior, con ocasión de la expedición de las providencias judiciales del 9 de
noviembre de 2023 -adicionada el 30 del mismo mes y año- y del 14 de febrero de
2020 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en
contra de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) y de la Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Protección S.A (Protección S.A), radicado con el número
20001333300320150027100/01.
1.2. Hechos probados relevantes1
1.2.1. José de Jesús Villero radicó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en la que pidió la anulación de las resoluciones RDP
010352 del 27 de marzo de 2014, RDP 014342 del 8 de mayo de 2014, y 028500
del 18 de septiembre de 2014 expedidas por la UGPP.
Por consiguiente, pidió que se declarara ineficaz su afiliación o traslado de la Caja
Nacional de Previsión Social (CAJANAL EICE) al Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad (RAIS), que se condenara a Protección S.A. a trasladar a CAJANAL
1 Construidos a partir de las piezas procesales del expediente ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado al número 20-001-33-33-003-2015-0027100/01.
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(UGPP) el capital acumulado; así como a la UGPP, a reconocer y pagarle la pensión
de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, las mesadas adicionales de junio y de
diciembre de cada año, así como los intereses moratorios liquidados hasta el
momento de la causación de las mesadas pensionales.
Subsidiariamente pidió la declaratoria de ineficacia del traslado efectuado el 27 de
agosto de 2004 de CAJANAL al RAIS, y condenar, por un lado, a Protección S.A. a
trasladarle a la UGPP el pago de los rendimientos acumulados en la cuenta
individual, y exigirle a esta última el pago de la pensión de jubilación de la Ley 71
de 1988, las mesadas adicionales de diciembre, los intereses moratorios liquidados
por mes y el pago de las costas ocasionadas por el proceso.
Dentro del acápite de normas violadas y de concepto de violación, el demandante
explicó que aconteció una infracción directa de disposiciones superiores así como
un desconocimiento de precedentes de la Corte Constitucional contenidos en las
sentencias C-789 de 2002 y otras dictadas el 9 de septiembre de 2008, el 22 de
noviembre de 2011 y el 24 de marzo de ese mismo año por la Corte Suprema de
Justicia, toda vez que se surtió su traslado al RAIS sin que mediara su autorización,
faltándole tan solo 10 años para acceder a la prestación en el Régimen de Prima
Media con Prestación Definida (RPMPD).
En este orden, pidió que se le aplicara la línea jurisprudencial según la cual en esta
clase de eventos es procedente la declaratoria de ineficacia del traslado, máxime
cuando no se advierte que media el conocimiento y la aceptación del interesado.
1.2.2. El Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda en sentencia del 14 de febrero de 2020, en la que
declaró la nulidad total de las resoluciones RDP 010352 del 27 de marzo de 2014 y
RDP 028500 del 18 de septiembre de 2014, y de forma parcial, de la Resolución
RDP 014342 del 8 de mayo de 2014, todas expedidas por la UGPP.
Dejó sin efectos la afiliación que el 25 de agosto de 2004 efectuó el señor José de
Jesús Villero a Protección S.A., a quien le ordenó el traslado a la UGPP el capital
que por todo concepto haya acumulado el actor en su cuenta individual y sus
rendimientos financieros; y, como consecuencia, condenó a la UGPP a que una vez
le trasladara el capital acumulado por el señor Jesús Villero, debía verificar que el
mismo no fuera inferior al monto total del aporte legal que le hubiere correspondido
de haber permanecido en el RPMPD.
En caso negativo, le indicó a la UGPP que debía brindarle al actor la posibilidad de
aportar el dinero que le hiciera falta para completar esta exigencia, por lo que solo
en “caso positivo” procedería a reconocer y pagar la pensión de jubilación
equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados en los
últimos 10 años de servicio y que estuvieren enlistados en el artículo 1 de la Ley 62
de 1985, sobre los cuales se hayan hecho los aportes efectivos al sistema
pensional. Prestación económica que solo se haría efectiva una vez acreditados los
55 años de edad y los 20 años de servicio.
Para motivar esta resolutiva, denotó que Jesús Villero Daza tenía 43 años de edad
el 1 de abril de 1994, cuando entró a regir la Ley 100 de 1993, y 16 años laborados
en el sector público, por lo cual era beneficiario del régimen de transición que
posibilitaba el traslado en cualquier tiempo del RPMPD al RAIS, y viceversa. De
suerte que, está permitido su retorno siempre que se acrediten los requisitos
exigidos en la normatividad aplicable, sin perder los beneficios de la transición.
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Soportó su decisión en la sentencia C-130 de 2013 de la Corte Constitucional según
la cual solo los beneficiarios del régimen de transición que tuvieran 15 años o más
de servicios cotizados al 1 de abril de 1994, podían trasladarse en cualquier tiempo
del RAIS al RPMPD, sin perder los beneficios, caso en el cual debían transferirse
los beneficios depositados en la cuenta individual siempre que no fueran inferiores
al monto total del aporte que hubiera correspondido al RPMPD; y, de no ser posible
hacer esta equivalencia, tendría que brindarle al beneficiario la posibilidad de
aportar el dinero necesario en un plazo razonable.
1.2.3. Inconforme con esta decisión, interpusieron recursos de apelación tanto el
señor De Jesús Villero como la UGPP. El primero insistió en la ineficacia del traslado
por la falta de autorización y aludió a la impertinencia de fundamentar la decisión en
el fallo C-789 de 2002 de la Corte Constitucional, puesto que la irregularidad
provenía de la ilicitud advertida, en tanto el traslado careció de la firma del
interesado y se realizó dentro de los 10 años anteriores a la prestación, de tal forma
que era irrelevante los 15 años de servicio o su equivalencia en semanas cotizadas.
Cuestionó que el reconocimiento pensional no podía quedar atado al pago de una
suma dineraria que permitiera alcanzar el monto total del aporte legal en el RPMPD,
pues si bien esto fue una exigencia contenida en el Decreto 3800 de 2003, “que fue
reglamentado por la Corte Constitucional en la sentencia C-789 de 2002”, este acto
fue declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del
6 de abril de 2011. En este sentido, cuestionó que el juez se haya abstraído de
reconocer la pensión y haya dejado este aspecto en manos de la UGPP, por lo que
exigió la modificación del proveído para resolver su derecho de fondo, al ser
beneficiario del régimen de transición, titular de la reglamentación dispuesta en las
leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.
A su turno, la UGPP reiteró que el solicitante carecía de la condición de beneficiario
del régimen de transición, que perdió una vez ocurrió el traslado al RAIS el 27 de
agosto de 2004, motivo por el cual no estaba probada la falta de autorización para
que se surtiera el traslado, más bien la intencionalidad defraudatoria del
demandante al intentar corregir el cambio una vez se percató de las bondades del
RPMPD, lo que sumó a que de conformidad con estos parámetros, era Protección
S.A. la entidad ante la cual debía tramitar el reconocimiento prestacional. Pidió la
revocación de la sentencia de primera instancia para que, en su reemplazo, fueran
negadas las súplicas de la demanda.
1.2.4. El Tribunal Administrativo del Cesar dictó sentencia el 9 de noviembre de
2023 en la que confirmó el fallo de primera instancia. Como fundamentos para
adoptar su decisión, se valió del contenido de la sentencia proferida el 6 de abril de
2011 por la Sección Segunda del Consejo de Estado2 en lo concerniente a las
modalidades de financiación pensional en Colombia y su operatividad. Y, aludió al
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que
inicialmente preveía el cambio por una sola vez cada tres años, pero cuyo contenido
debía ser interpretado de forma conexa con la sentencia C-789 de 20023 de la Corte
Constitucional, bajo cuyo amparo las personas que se hubieren trasladado al RAIS
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de abril de 2011, expediente con radicación
interna número 1095-07.
3 Decisión en la que, entre otras, se dispuso que: “En tal medida, la Corte establecerá que los incisos
4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 resultan exequibles en cuanto se entienda que los
incisos no se aplican a las personas que tenían 15 años o más de trabajo cotizados para el momento
de entrada en vigor del sistema de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, conforme a lo
dispuesto en el artículo 151 del mismo estatuto”.
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y cumplieren con 15 años o más de servicios cotizados para el momento de entrada
en vigencia del régimen pensional dispuesto por la Ley 100 de 1993, podrían
regresar al RPMPD en cualquier tiempo.
Frente al caso concreto, tuvo por probado que el señor Jesús Villero para el
momento en que se produjo el supuesto traslado del RPMPD al RAIS tenía
consolidado su derecho a la aplicación del régimen de transición, y fue afiliado a
Protección S.A., pese a que negó haber suscrito el documento que así lo acredita.
Por tanto, como para el 27 de agosto de 2004 tenía 53 años de edad y más de 18
de servicio, satisfacía a plenitud los requisitos previstos por el artículo 2 de la Ley
797 de 2003 que modificó parcialmente el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, por lo
cual el cambio de régimen devenía ineficaz por estar prohibido.
En ese orden, argumentó que José de Jesús Villero no perdió su derecho a que le
fuera aplicado el régimen de transición, de suerte que procedía reconocerle su
pensión de jubilación en los términos que dispusiera la UGPP, una vez adelantadas
las gestiones que resultaren pertinentes. Particularmente precisó, que estas debían
estar encaminadas a determinar si los valores cotizados al RAIS corresponderían a
los que hubiere devengado en el RPMPD, a partir de una delimitación y de una
liquidación de los aportes en el RAIS que permitan una adecuada contrastación con
los del RPMPD, con el objeto de incidir en el reconocimiento prestacional. Así pues,
expresó la necesidad de que la UGPP agotara un procedimiento aritmético a partir
del cual pudiera definirse la favorabilidad para el demandante y, en estos términos,
confirmó el fallo de primera instancia.
1.2.5. El demandante solicitó aclarar y adicionar la sentencia de segunda instancia
en cuanto a los siguientes puntos: (i) si se le ordenó a la UGPP reconocer la pensión
de jubilación del actor, y si lo fue en términos de la Ley 33 de 1985 o de la Ley 71
de 1988; (ii) si cumplió o no con los requisitos exigidos para la prestación solicitada;
e (iii) indicar la fecha a partir de la cual debe hacerse efectivo el pago de las
mesadas pensionales, y si estas prescribieron o no.
1.2.6. El Tribunal Administrativo del Cesar negó la aclaración al expresar que las
decisiones de instancia brindaron claridad en cuanto al reconocimiento de la
prestación y la normatividad aplicable al asunto, pero adicionó el fallo del 9 de
noviembre de 2023, en el sentido de declarar prescritas las mesadas pensionales
del señor José de Jesús Villero desde la fecha de estructuración del derecho hasta
el 11 de marzo de 2011. Esto, por cuanto el demandante solo adquirió el estatus
pensional hasta el 28 de enero de 2006, cuando cumplió los 55 años de edad, y
presentó reclamación ante la UGPP con fines de reconocimiento pensional el 11 de
marzo de 2014. Esta decisión fue notificada por Estado el 1 de diciembre de 2023.
1.3. Pretensiones y argumentos de tutela
El señor José de Jesús Villero pidió el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia, dejar sin efectos el numeral 5 de la sentencia de primera instancia
y la parte motiva del fallo del 9 de septiembre de 2023, adicionado el 30 de
noviembre de la misma calenda, en lo atinente al condicionamiento para acceder a
la pensión de jubilación.
Argumentó que las providencias enjuiciadas incurrieron en defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia del 6 de abril
de 2011 del Consejo de Estado dentro del expediente 11001032500020070005400
(1095-2007). Puntualmente, al imponerle un requisito adicional consistente en
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sufragar cualquier valor adicional que sobrepasara el aporte legal que hubiera
realizado de haber permanecido en el RPMPD, a pesar de que, por un lado, no
consintió el traslado efectuado; y, por otro lado, está imposibilitado para cumplir con
tales condiciones comoquiera que es una persona de la tercera edad que carece de
trabajo, a quien además ya se le declaró ineficaz su traslado, y está sometido, para
su manutención, a la caridad provista por sus familiares cercanos.
Explicó que el artículo 3 del Decreto 3800 de 2003 exigía que para la conservación
en el régimen de transición de quienes se trasladaran del RAIS al RPMPD, el saldo
de la cuenta de estas personas no podía ser inferior al aporte que hubieran tenido
de haber permanecido “en él y los rendimientos que se hubiere obtenido”. Empero,
el Consejo de Estado declaró la nulidad de este acto administrativo, comoquiera
que excedió la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional. Asimismo, anuló el
último inciso del artículo 3 del aludido decreto, al encontrar que revestía de una
conexidad directa con el literal b).
De conformidad con ello, la alta corte discurrió que, de una comparativa entre las
exigencias impuestas por el Decreto 3800 de 2003 y la Corte Constitucional para la
declaratoria de exequibilidad de los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, la disposición reglamentaria resultaba lesiva puesto que quienes pretendían
ser acogidos por el régimen de transición no contaban con los saldos y rendimientos
suficientes en su cuenta personal para igualar la rentabilidad del fondo común.
En estos términos, para su situación particular las accionadas dieron aplicación al
contenido de la sentencia C-789 de 2002 de la Corte Constitucional en línea con las
exigencias originalmente previstas por el Decreto 3800 de 2003, que le resultan de
imposible acatamiento, toda vez que, si bien ya obtuvo la declaratoria de ineficacia
de su traslado, una lectura financiera sugiere que la rentabilidad de los aportes del
RPMPD resulta notablemente superior a la del RAIS. Por ello, coligió que las
accionadas desconocieron los efectos ex nunc4 propios de la declaratoria de nulidad
del literal b) del artículo 3 del Decreto 3800 de 2003, pues le impusieron una
exigencia que está fuera del orden normativo, trasladable a la UGPP, como
condicionamiento para proceder con el reconocimiento de su pensión de jubilación.
Para robustecer su afirmación, invocó la sentencia T-818 de 2007 de la Corte
Constitucional en la cual reafirmó la necesidad de eliminar barreras de imposible
cumplimiento para ejercer el derecho al traslado. De suerte que, expresó que la
máxima cúspide constitucional reconoció la factibilidad de proceder con el traslado
del régimen así el solicitante no cumpliera con los requisitos dispuestos en la
sentencia C-789 de 2002, al punto que adujo que la paridad evidente entre ambos
regímenes escapaba de la naturaleza de la ineficacia del traslado, en tanto las altas
cortes no lo han prescrito.
Concluyó que existió un desconocimiento del precedente judicial en la medida en
que el Tribunal Administrativo del Cesar aminoró los cargos de la apelación, aunado
a que las accionadas no brindaron una explicación robusta que permitiera sustentar
las razones del apartamiento.
Ligado a lo expuesto, afirmó que el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado
Cuarto Administrativo de Valledupar desconocieron el principio de supremacía
4 “Y eso es así, porque, como también lo ha dicho el Consejo de Estado, ‘(...) el fallo de nulidad se
puede asimilar al de inexequibilidad porque naturalísticamente se trata del mismo fenómeno, la
diferencia radica en el órgano jurisdiccional que resuelva el conflicto (...)’”. Consejo de Estado,
Sección Cuarta, sentencia el 21 de julio de 2011, radicado interno 16356.
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constitucional dispuesto en el artículo 4 del texto superior por propiciar la
aplicación de un requisito fijado en la sentencia C-789 de 2002, y replicado en el
Decreto 3800 de 2003 que resultó anulado por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. De tal manera que, por la misma situación inadvirtieron el contenido
del artículo 230 de la Constitución Política que estatuye que la Ley es el margen de
definición según el cual los jueces deben motivar sus providencias.
En línea, reparó en el incumplimiento de las obligaciones que le asisten al Tribunal
Administrativo del Cesar atinentes a efectivizar los derechos fundamentales y hacer
que estos prevalezcan, de conformidad con los artículos 2 y 5 de la Constitución
Política, en tanto actuó en contravía de los artículos 13 y 125 del texto superior y
redujo a una dimensión mínima el derecho al mínimo vital, a partir de darle valor en
exclusiva a factores cuantitativos por encima de los cualitativos, que son los que
auspician un debido reconocimiento de la pensión de jubilación.
1.4. Trámite en primera instancia e intervenciones
1.4.1. El asunto correspondió conocerlo al Juzgado Quinto Administrativo de
Valledupar, quien lo remitió al Consejo de Estado el 5 de junio de 20245. De ahí que,
el consejero de Estado ponente de la Sección Cuarta de esta Corporación inadmitió
la demanda en auto del 12 de junio de 20246 con el fin de que la parte accionante
aportara el poder especial requerido para actuar en esta causa constitucional.
Como esta exigencia de subsanación fue suplida por el extremo activo 7, el consejero
de Estado admitió el escrito de tutela en auto del 24 de junio de 20248, en el que
ordenó vincular al director de la UGPP y al representante legal de Protección S.A.,
requirió a las secretarías pertinentes para el traslado del expediente ordinario y negó
la solicitud de inspección judicial. Decisión que se les notificó en debida forma a las
partes y a los interesados9. El apoderado del accionante allegó certificado de
existencia y representación legal de ALVAREZVANEGAS ABOGADOS SAS10.
1.4.2. El Tribunal Administrativo del Cesar11 reparó en que el accionante no hubiera
reprochado la falta de claridad e imprecisión relativa a la posibilidad de asumir el
pago de las diferencias que pudieran existir entre los aportes en ambos regímenes,
en la solicitud de adición y aclaración que presentó. Por lo que invocó en el escrito
de tutela argumentos que dejó de proponer en la oportunidad procedente, de lo cual
5 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 35A42FDEC22EAD2B
8D7A117432CBB877 63F4BF9D5E93318F 20FCF56961B9147C, ubicado en el índice 2 del
aplicativo SAMAI.
6 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 5525F6E9B7CAA445
0D643E5B0F0D78C0 7E68C24DD04D1340 15DA867D4F86219E, ubicado en el índice 4 del
aplicativo SAMAI.
7 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 2CC3C6370DEC1100
EF90B392D711D06A 6DF3997B21BBC42A 3ECFC494EA8ACD89, ubicado en el índice 8 del
aplicativo SAMAI.
8 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado B369DF794EAFC943
A6DD4655F697C258 F2DFC30845FEEA1C D1A13DBC884EC11A, ubicado en el índice 10 del
aplicativo SAMAI.
9 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 435EC0F997CF418D
E5B7A3DF5DC0E748 1920DCCCB2F55E69 FAD5838BA4A945DB, ubicado en el índice 13 del
aplicativo SAMAI.
10 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado
1BBABD3479567EB6 49E07C1F7B57B7C2 052567DFF015CEE7 0426593A1D8BA29D, ubicado
en el índice 14 del aplicativo SAMAI.
11 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado B8571EBACE0CC031
8B21994F72DE5FA9 7B94D595BC530534 583604D4020D92F6, ubicado en el índice 15 del
aplicativo SAMAI.
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Accionante: José de Jesús Villero
emana la insatisfacción del presupuesto de subsidiariedad. Suplicó la declaratoria
de improcedencia del amparo ante la carencia de una decisión arbitraria. Aportó la
copia del expediente digital.
1.4.3. Protección S.A.12 afirmó que el amparo era improcedente por inmediatez, en
la medida en que se superó el término de 6 meses previsto desde la expedición de
la decisión de segunda instancia, y por subsidiariedad, comoquiera que se acudió a
la tutela sin agotar las vías legales procedentes aunado a la falta de demostración
de un perjuicio irremediable. Agregó que el mecanismo era improcedente para
discutir aspectos legales cuya controversia correspondía a un proceso ordinario
laboral, sumado a que la pretensión objeto de amparo transgredía el principio de
sostenibilidad financiera del sistema.
Por último, se refirió a la legalidad de las actuaciones desplegadas por el Tribunal
Administrativo del Cesar, puntualmente al acatar las cargas mínimas de
transparencia que lo facultan para un apartamiento del precedente vertical. Destacó
que aun si se estudiara de fondo el asunto de cara a una aproximación laboral, no
se cumplirían los requisitos exigidos para otorgar el derecho reclamado, ante la
carente ineficacia o nulidad del acto de afiliación. Pidió que la demanda de tutela
fuera denegada.
1.5. Sentencia de tutela de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado dictó fallo el 25 de julio de 202413 en el
que encontró superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, como la relevancia constitucional, presupuesto
frente al cual destacó que “si existiera el error que alega la parte actora, se estaría
imponiendo una carga que no debería asumir para el reconocimiento de su pensión
de vejez”.
En cuanto al fondo del examen de procedencia, denotó que pese a que el Tribunal
Administrativo del Cesar omitió aludir al precedente judicial del 6 de abril de 2011,
sustentó su proveído en la sentencia SU-130 del 13 de marzo de 2013 de la Corte
Constitucional según la cual procedía el traslado de los afiliados en cualquier tiempo
del RAIS al RPMPD, siempre que tuvieran 15 años o más de servicios cotizados al
1 de abril de 1994, evento en el que debía enviarse el ahorro de la cuenta individual,
que no podía ser inferior al monto total del aporte legal que se hubiera tenido de
haberse conservado la afiliación al RPMPD. Adicionalmente, refirió que esta postura
había tenido acogimiento por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en el fallo del 18 de marzo de 2015 que estudió un caso similar al del
accionante, dentro del expediente con radicación interna 868-2009.
Puntualizó que el señor José de Jesús tenía 43 años de edad para el momento en
que entró a regir la Ley 100 de 1993 y 16 años de servicio en el sector público, por
lo cual era merecedor del régimen de transición previsto en la normativa. De suerte
que, el Tribunal Administrativo del Cesar adoptó su decisión en la postura imperante
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado para el estudio de casos en los
que se ve inmiscuido el traslado del RAIS al RPMPD en cualquier tiempo, que
incluso era posterior al fallo aducido como desconocido por el accionante.
12 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 8D006EC585976A96
4D5B9CBD5570F189 B8A1EC2F1CC4276C 67C2D2C2FB7BFD5F, ubicado en el índice 16 del
aplicativo SAMAI.
13 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado
F755D7B675B79362 059CDB2261C0F401 0BA3DE0B85BB3244 228BC309AD9B41A9, ubicado
en el índice 20 del aplicativo SAMAI.
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En consecuencia, concluyó que como el Tribunal Administrativo del Cesar observó
la regla fijada por la Corte Constitucional, no trasgredió los derechos fundamentales
del accionante, y a ello agregó que la sentencia proferida por el Consejo de Estado
el 6 de abril de 2011 declaró la nulidad parcial del artículo 3 del Decreto 3800 del 29
de diciembre de 2003, mas no lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, y que la sentencia
T-818 de 2007 no trató el tema de la verificación del monto a trasladar y fue dictada
con posterioridad a la unificación que le sirvió de sustento al Tribunal Administrativo
del Cesar. En estos términos, desestimó el cargo del actor y negó las pretensiones.
Esta decisión fue notificada en debida forma a los intervinientes14.
1.6. Impugnación
El señor José de Jesús Villero15 insistió en la afectación constitucional de su
garantía al mínimo vital, esta vez derivada del desconocimiento de la sentencia SU-
130 de 2013, puesto que carece de las condiciones socioeconómicas para sufragar
en una sola cuota la disparidad de los rendimientos causados en el RAIS en
comparativa con los que hubiera percibido en el RPMPD, lo cual contraviene la SU-
130 de 2013, que dispuso fue la cancelación de estos aportes en un plazo
razonable.
Así las cosas, cuestionó que como las providencias judiciales tuteladas fijaron un
pago puro y simple que dejó de atender criterios de razonabilidad, sufrió la
imposición de una carga desproporcionada que cercena el acceso a su pensión de
vejez, a la que legalmente tiene derecho por el acatamiento de los requisitos fijados
en la Ley 71 de 1988 y 33 de 1985, y la acumulación de un retroactivo desde el
2011 en adelante. En esta medida, de no contar con los dineros esperados se le
truncaría definitivamente la posibilidad de percibir la prestación económica.
Propuso que la única forma para garantizar el acceso a su pensión era descontar,
de su retroactivo pensional, las diferencias detectadas entre los rendimientos
financieros generados una vez comparados los dos regímenes pensionales, pues
en estos términos lo había efectuado la Corte Constitucional 16, el Consejo de
Estado y la Corte Suprema de Justicia17 en diversas oportunidades.
14 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 69F54222835B32DF
266929560A1B4768 C1BD21C668603929 D579A0395563E1D2, ubicado en el índice 25 del
aplicativo SAMAI.
15 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 1C82E98FA20379FC
491162F1D96289BA AC41F254D7AD62AC C3B2534CA86962EE, ubicado en el índice 26 del
aplicativo SAMAI.
16 Sentencia T-451 de 2022. “[...] cuando esta corporación ha estudiado eventos donde convergen
derechos de reconocimiento pensional y previos pagos de indemnizaciones sustitutivas o
devoluciones de saldos, ha optado por ordenar el descuento de aquellos montos resarcitorios
[sentencia SU-566 de 2019], o incluso ha instado a las entidades condenadas a llegar a acuerdos
de pago [sentencia SU-317 de 2021], que permitan la igual salvaguarda a la estabilidad financiera
del sistema general de pensiones y de los derechos a la pensión correspondiente”.
17 Sala de Casación Laboral, SL13645-2014: “A.- La L. 797/2003, art. 12, par 1o, es absolutamente
clara en señalar que no hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al amparo de
esta norma, si el ‘afiliado’ o causante ‘(...) hubiese tramitado o recibido una indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley’; nunca si los
beneficiarios hubiesen tramitado o recibido la indemnización sustitutiva, que es precisamente el caso
bajo estudio, pues si esto ocurre y en el proceso laboral se demuestra que el causante reunía las
exigencias contempladas en el régimen de transición para tener derecho a la pensión de vejez, el
pago de dicha indemnización sustitutiva, se ha de entender hecho a título provisional, y lo procedente
será ordenar la compensación, toda vez que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, per
se, implica que no había lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva”. (negrita y
subrayado fuera del texto original)”.
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Adicionalmente, expresó que discrepaba de la consideración de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado quien defendió la negativa del amparo en la aplicación de la
postura constitucional y laboral vigente, puesto que la sentencia SU-130 de 2013
previó una exigencia que no fue impuesta por el legislador. De forma tal que, se
han suscitado pronunciamientos posteriores por parte del Consejo de Estado18 y de
la Corte Constitucional, reveladores de la falta de consenso y postura pacifista en
cuanto al asunto. Tal resulta el caso de la sentencia proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 26 de enero de 2024, en la que a
pesar de tratarse la postura de constitucionalidad contenida en la SU-130 de 2013
y en la C-798 de 2002, dejó de exigírsele a la actora la equivalencia de los saldos
como propuesto para acceder al traslado del régimen y alcanzar el reconocimiento
pensional deprecado.
Destaco que, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
reconoció la improcedencia de la equivalencia de los aportes legales para recuperar
el régimen de transición en la sentencia SL609-201319, en tanto ello desbordaba el
margen de regulación propio del legislador. Por este motivo, adujo que únicamente
debía acreditar el cumplimiento de 15 años de servicio antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 así como la devolución tanto del saldo como de los
rendimientos a la cuenta individual del RAIS, mas no la equivalencia de los aportes
legales, porque así lo refrendaron las providencias20 SL1377-2020, SL1086-2020 y
SL-2929-2022.
Finalmente, la parte tutelante insistió en que es sujeto de especial protección
constitucional, condición a partir de la cual demandó un examen de mayor rigor que
no se limitara a la existencia de un pronunciamiento por la Corte Constitucional en
2013, con el fin de evitarle un perjuicio irremediable. Análisis que debía desplegar
el juez de segunda instancia en procura del respeto por el principio de favorabilidad.
Suplicó la revocación de la sentencia de primera instancia para, en su lugar, acoger
las pretensiones de la tutela. Y, a ello adicionó que, como “quien puede lo más
puede lo menos”, del ad-quem debía ordenarle al Tribunal Administrativo del Cesar
18 -Sección Segunda, sentencia del 6 de abril de 2011, radicado interno 1095-07: ““... De acuerdo
con todo lo anterior, se accederá a las pretensiones de la demanda declarando la nulidad del literal
b) del artículo 3o del Decreto 3800 de 2003 por cuanto, con las exigencias allí previstas, el ejecutivo
desbordó la potestad reglamentaria del artículo 189 numeral 11 de la Carta, en consideración a que
la norma reglamentada y el decreto no están referidos al mismo tema y el reglamentario no se ciñe
en un todo a la materia regulada. Tampoco el artículo reglamentado ni la jurisprudencia constitucional
que hace tránsito a cosa juzgada se refieren a la equivalencia entre el saldo y los rendimientos entre
ambos regímenes pensionales para que pueda proceder legalmente el regreso al Régimen de Prima
Media con Prestación Definida de aquellos afiliados señalados en el decreto, como sí se hizo en los
apartes objeto de la demanda”.
19 “El anterior panorama permite a la Sala concluir, que no resulta razonable exigir a quienes
pretenden recuperar el régimen de transición, una vez regresan del régimen de ahorro individual al
de prima media, y cumplen el requisito de 15 años o más de servicios o de cotizaciones a la entrada
en vigencia del sistema, además del traslado de todo el saldo de la cuenta de ahorro individual, la
equivalencia de los aportes legales, puesto que se trata de una exigencia que no fue contemplada
por el legislador”. El accionante expresó que la tesis aquí defendida fue reiterada en las sentencias
sSL3171-2024, SL3232-2014, SL6438-2015, SL18429-2016, SL15365-2017 y SL1342-2018.
20 “(...) Ahora, es criterio estable y pacífico en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
Corporación que los afiliados que se trasladen al RAIS pierden el régimen de transición, a menos
que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones tuvieran 15 años o más de servicios
laborados o cotizados. Esta categoría de afiliados puede trasladarse en cualquier tiempo al RPMPD,
conservando los beneficios del régimen de transición, situación muy distinta de la de quienes sean
titulares de la transición exclusivamente por edad,pues estos afiliados, así retornen nuevamente al
RPMPD en las oportunidades de ley, no pueden recuperar las prerrogativas de la transición
pensional prevista”.
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la modificación del fallo para que la UGPP descuente del retroactivo pensional la
diferencia entre los rendimientos financieros causados en el RAIS y los que habrían
tenido lugar en el RPMPD, y, en su defecto, le permita saldar el valor que
corresponda a dicha diferencia en un plazo razonable. La impugnación fue
concedida en auto del 16 de agosto de 202421 que se notificó debidamente22.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.
2.2. Legitimación en la causa
2.2.1. José de Jesús Villero está legitimado en la causa por activa, por cuanto fue
demandante en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho que
se tramitó bajo el radicado número20001333300320150027100/01.
2.2.2. El Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Administrativo de
Valledupar están legitimados en la causa por pasiva, ya que profirieron los fallos
del 9 de noviembre de 2023 -adicionado el 30 del mismo mes y año- y del 14 de
febrero de 2020 a los que la parte actora le atribuyó la violación de sus derechos.
En todo caso, la Sala precisa que el análisis de esta providencia se contraerá a la
decisión de segunda instancia, de carácter confirmatorio, en tanto fue la que resolvió
definitivamente la controversia.
2.3. Procedibilidad de la acción
La jurisprudencia constitucional ha establecido que, cuando una solicitud de amparo
va dirigida en contra de una providencia judicial, el juez de tutela debe, de forma
preliminar, analizar los requisitos generales de procedibilidad de la acción. Tales
condiciones son: (i) que la cuestión sea de relevancia constitucional23; (ii) que se
cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, esto es, que se hayan agotado todos
los medios de defensa judicial al alcance; (iii) que se cumpla el principio de
inmediatez; (iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea
decisiva en el proceso; (v) que se identifiquen, de manera razonable, los hechos
que generaron la vulneración de derechos fundamentales, así como los
derechos violados, “y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible”24; y (vi) que no se trate de una tutela contra
otra tutela25.
21 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 9DF7183D13A5D65F
29FB7133391CA545 9AC88069B23F07B8 7837C7697C717F3E, ubicado en el índice 29 del
aplicativo SAMAI.
22 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 08DF2C134CECEF78
4EE3FBD438ACD675 56AACA116CCA2439 779976B030B8C1FA, ubicado en el índice 32 del
aplicativo SAMAI.
23 En lo que respecta a este requisito, la Corte Constitucional indicó que este propende por que la
acción de tutela tenga un carácter excepcional que salvaguarde los principios de autonomía e
independencia judicial, de modo que, como las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada
"el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada”. Corte Constitucional. Sentencia SU-074 de 2022.
24 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
25 Corte Constitucional. Sentencia SU-332 de 2019, que reiteró el contenido de la Sentencia C-590
de 2005.
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La Sala verificará si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos
de identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración y de los
derechos vulnerados y de relevancia constitucional, para lo cual realizará un
recuento breve de su contenido, con el fin de aplicarlos al caso concreto.
La identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración impone
la exigencia, aunque mínima para el accionante, de exponer con claridad el
fundamento de la afectación de sus derechos fundamentales, lo que implica el
acatamiento de unas “cargas argumentativas y explicativas mínimas”26 que
permitan identificar “de manera razonable en qué consiste la violación alegada y
demuestre de qué forma la decisión cuestionada resulta abusiva y contraria al orden
jurídico”27. Todo esto con el fin de proscribir que el juez de tutela realice “un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces”28.
La razón de ser de esta exposición de hechos y argumentos reside precisamente
en preservar la autonomía judicial y el principio de cosa juzgada29, cuestión que no
supone que el juez constitucional esté llamado, en esta etapa del juicio de
procedibilidad, a revisar la suficiencia de los argumentos propuestos por la parte
para demostrar la configuración del defecto alegado, porque esto tendrá que ser
resuelto en el fondo del asunto y condicionaría la procedencia de la acción de tutela
al acatamiento de unas exigencias ritualistas contrarias a su naturaleza30.
Este presupuesto difiere, aunque está estrechamente ligado, con el de relevancia
constitucional que protege el carácter subsidiario de la acción de tutela; frente al
cual deberán observarse ciertos postulados, de modo que “el juez debe analizar: (i)
que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares y privadas; y (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales” 31,
que “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con los derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”32.
2.4. En el caso concreto, la parte tutelante invocó como defecto el sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial vertical contenido en la sentencia del
Consejo de Estado del 6 de abril de 2011, dictada dentro del expediente
11001032500020070005400 (1095-2007).
Sin embargo, cimentó la procedencia de esta causal específica en la imposición de
un requisito adicional consistente en sufragar el valor que habría tenido de haber
permanecido en el RPMPD, así como en que está imposibilitado para asumir el
referido costo por ser una persona de la tercera edad, y, en general, un sujeto de
especial protección constitucional.
Afirmaciones que lejos de sustentar en términos constitucionales por qué el fallo del
6 de abril de 2011 constituía precedente para su controversia, y de extraer de este
26 Corte Constitucional. Sentencia SU-379 de 2019.
27 Corte Constitucional. Sentencia T-447 de 2021.
28 Corte Constitucional. Sentencia SU-379 de 2019.
29 Ibídem.
30 Corte Constitucional. Sentencia T-130 de 2024.
31 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
32 Corte Constitucional. Sentencia T-044 de 2022.
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la regla jurídica concreta contenida en la ratio decidendi que fue inadvertida, residen
en motivos de ilegalidad, como la insistencia respecto a la ineficacia del traslado,
frente al que se pronunció el Tribunal Administrativo del Cesar, al denotar que quedó
probada la afiliación del actor a Protección S.A. -pese a que negó haber suscrito el
documento que así lo acredita- y en que satisfacía a plenitud los requisitos previstos
por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. Además, inadvierten que la oportunidad para
proponer estas situaciones socioeconómicas no es la demanda de tutela, sino el
proceso ordinario, con el fin de que el juez natural del asunto las pudiera considerar. En este orden, resulta palmario que el señor José de Jesús Villero pese a que
caracterizó el precedente a su juicio desconocido, como aquel en el que la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 3800 de 2003, omitió
aludir a cuál fue la regla que se fijó para resolver casos de traslados pendientes,
que dejó de atenderse en su situación puntual, de suerte que no logró advertir una
conexidad necesaria entre la declaratoria de ilegalidad del Decreto 3800 de 2003,
que esta Sala no discute, y el fallo que profirió el Tribunal Administrativo del Cesar. Al efecto, convendría destacar que en esta decisión el Tribunal Administrativo del
Cesar no hizo referencia alguna al contenido del Decreto 3800 de 2003, porque
basó su motivación en el régimen de transición estatuido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, y en que su interpretación debía estar acorde con la sentencia C-789
de 2002 de la Corte Constitucional. Inclusive, a diferencia de lo que discurrió el a-
quo constitucional, sí citó el contenido de la sentencia del 6 de abril de 2011 dictada
por la Sección Segunda de esta Corporación, pero en lo atinente a las modalidades
de financiación pensional en Colombia y a su operatividad. Visto lo anterior, desde la óptica del accionante el Tribunal Administrativo del Cesar
aplicó la sentencia C-789 de 2002 en línea con la reglamentación del Decreto 3800
de 2003, pero sin lograr establecer una comparativa diáfana según la cual las
disposiciones anuladas por el Consejo de Estado fueron trasmutadas al fallo que se
profirió en su proceso ordinario. A lo que habría que adicionar que, la mención a la
aplicación de la sentencia C-789 de 2002, por sí sola, enmarcada en un escenario
de una carga de imposible cumplimiento, no permite dilucidar la indebida aplicación
del precedente constitucional, de forma tal que el cargo del accionante se estructura
sobre la vigencia del Decreto 3800, en torno a la cual la providencia de segundo
grado no hizo mención. Es por ello que, el reparo del accionante de acuerdo con el cual el tribunal inadvirtió
los efectos ex nunc propios de la declaratoria de nulidad del Decreto 3800 de 2003,
carece de una argumentación suficiente que denote cuál es la exigencia específica
que pese a estar por fuera del “orden jurídico”, se materializó en el fallo ordinario. La cual, no podría suplir el juez de tutela al extraer lo decidido el 6 de abril de 2011,
y hacer un parangón con la sentencia de constitucionalidad proferida por la Corte
Constitucional -C-789 de 2002-, porque de hacerlo excedería la competencia que le
es propia. En este sentido, la pretensión de la parte actora, con fundamento en lo dispuesto
en la sentencia T-818 de 2017, de que se eliminen todas las barreras que impiden
el traslado así no estuvieran satisfechas las condiciones impuestas por la C-789 de
2002, comprende un cargo inconcluso que no está ligado a lo decidido en el litigio
objeto de tutela, en el que el Tribunal Administrativo del Cesar tuvo por demostrado
que para el momento en que se produjo el supuesto traslado del RPMPD al RAIS,
el señor José de Jesús Villero tenía consolidado su derecho a la aplicación del
régimen de transición.
Esto sumado a que, la parte accionante tampoco vinculó la
sentencia T-818 de 2017 a una regla atinente al monto a trasladar.
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Adicionalmente, los reparos tendientes a enrostrar que el Tribunal Administrativo
del Cesar aminoró los cargos de la apelación y omitió justificar su apartamiento, de
acuerdo con lo visto quedan reducidos a la falta de estructuración que se le exige a
quien alegue un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Ahora bien, los cargos del escrito de tutela también podrían subsumirse en la causal
autónoma denominada violación directa de la Constitución Política, de no ser porque
el extremo tutelante se limitó a cuestionar que la providencia judicial había aplicado
un requisito fijado en la sentencia C-789 de 2002, replicado en el Decreto 3800 de
2003, que fue anulado por la jurisdicción contenciosa-administrativa. Así que, no
ahondó de forma concreta en los motivos que llevaron a que se omitiera aplicar una
norma fundamental, verbigracia, porque la solución del caso dejó de lado la
interpretación conforme al precedente constitucional.
En línea con ello, al margen de que la parte accionante hubiera aducido que el fallo
transgrede sus derechos fundamentales por incurrir en una interpretación contraria
a la Constitución, a partir de la inobservancia de la excepción de inconstitucionalidad
dispuesta en el artículo 4 del texto superior, lo que está acreditado es que tildó a la
decisión de transgredir los artículos 2, 5, 13, 125 y 230 de la carta por dos razones
primordiales: la primera, derivada de la obligación que tienen los jueces de aplicar
la Ley por encima de cualquier otra fuente del Derecho; y, la segunda, atinente a
reducir el derecho fundamental al mínimo vital, a tal punto que solo se consideraran
factores cuantitativos y no cualitativos.
Apreciadas estas dos razones, la Sala encuentra que carecen de suficiencia para
revelar que se aplicaron postulados legales por encima de las previsiones de índole
constitucional. Todo lo contrario, ponen de manifiesto la interpretación del actor de
acuerdo con la cual por haberse acatado los lineamientos de la sentencia C-789 de
2002, se revivió el contenido del Decreto 3800 del 2003 que había sido derogado.
Por consiguiente, los cargos fundantes de este amparo redundan en dos móviles
estructurales: la aplicación del Decreto 3800 de 2003 por extensión de la C-789 de
2002, y la imposibilidad para cumplir las condiciones de pago.
Frente al primero, la Sala enfatiza su postura consistente en que este acto nulitado
no fue aplicado directamente al fallo del 9 de noviembre de 2023, al margen de que
de su anulación no se desprende necesariamente la alteración de los efectos de la
sentencia de constitucionalidad C-789 de 2002.
Aunado a que, el quedar atado al pago de una suma dineraria fue un aspecto
incorporado en la apelación interpuesta por el señor José de Jesús Villero en sede
ordinaria, que movió al Tribunal Administrativo del Cesar a confirmar el fallo de
primer grado amparado en el contenido de la C-789 de 2002.
En cuanto al segundo, precisa que la situación de imposibilidad no fue un aspecto
incorporado al escrito de apelación interpuesto por José de Jesús Villero, pese a
que a esa era la oportunidad legal para hacerlo, en la medida en que desde el fallo
del 14 de febrero de 2020 el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar ordenó
el traslado del capital a la UGPP, para lo cual debía verificarse si este era inferior al
monto total del aporte que le hubiere correspondido de haber permanecido en el
RPMPD, y en caso de que ello fuera así, tenía que brindarle al actor la posibilidad
de aportar el dinero que le hiciera falta para completar esta exigencia.
Por estas razones, la Sala considera que los cargos son improcedentes porque no
satisfacen el presupuesto de relevancia constitucional, aunado a que frente a los
asuntos que no se propusieron en la oportunidad procesal debida, se incumpliría el
requisito de identificación razonable de los hechos que generaron la violación.
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En tanto, este presupuesto exige, no solo el esfuerzo del accionante por describir la
situación que a su juicio viola o amenaza sus derechos fundamentales, sino “que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible” 33. Requisito que está ligado con el de subsidiariedad, que por su naturaleza
reprocha no haber propuesto los recursos judiciales que eran procedentes.
Agotados los reparos incorporados a la demanda de tutela, no se puede obviar que
el señor de Jesús Villero planteó en su impugnación nuevos argumentos como el
desconocimiento del precedente constitucional contenido en la sentencia SU-130
de 2013, al no contar con los recursos para solventar el pago, porque el fallo de
constitucionalidad previó una exigencia que no fue impuesta por el legislador -a tal
punto que se han suscitado pronunciamientos posteriores que han eliminado la
exigencia de los saldos como presupuesto para acceder al traslado del régimen así
como reconocido la improcedencia de la equivalencia de los aportes legales-, y toda
vez que la decisión judicial fijó un plazo puro y simple que soslayó la obligación de
permitir que se hiciera en uno razonable.
Planteamientos que más que constituir razones de disenso en contra de la sentencia
impugnada en sede de tutela, amplían el defecto específico invocado, razón por la
que no pueden ser considerados en esta segunda instancia, pues de hacerlo se le
cercenaría el debido proceso a la parte accionada, quien careció de la oportunidad
para controvertirlos.
Al margen de ello, de tenerse en cuenta, la inaplicación de la SU-130 de 2013 debió
haber sido invocada por el demandante en sede del recurso de apelación ordinario,
puesto que el traslado del capital con la posibilidad intrínseca de permitirle al actor
aportar el dinero que le hiciera falta para completar la existencia del aporte mínimo
legal, fue un aspecto decidido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar,
quien soportó su decisión en el fallo de unificación constitucional.
Sin embargo, la alzada propuesta por el señor Villero se limitó a cuestionar el quedar
sujeto a un pago de una suma dineraria propicio para alcanzar el aporte legal, sin
ahondar con amplitud en los reparos que ahora trae a colación en su impugnación,
puntualmente relacionados con la determinación de un plazo razonable.
En corolario, la alzada era el mecanismo natural procedente para que el accionante
sustentara la necesidad de dar aplicación a los criterios de razonabilidad contenidos
en la SU-130 de 2013, con el fin de que se proscribiera cualquier posibilidad de
tener que asumir una carga desproporcionada, que le truncara definitivamente el
percibimiento de la prestación económica.
Pero, como esperó hasta esta sede constitucional para desplegar tales reproches,
la tutela deviene improcedente por no satisfacer el requisito de identificación
razonable de los hechos y argumentos, presupuesto que, como se explicó, no se
satisface con el acatamiento de las cargas explicativas mínimas, pues esta es solo
una de sus facetas, sino que exige haber propuesto el cargo en sede ordinaria,
siempre que ello hubiere sido posible.
Es más, resulta cuestionable que el señor José de Jesús Villero haya planteado en
su impugnación, como única medida para garantizar el acceso a su pensión, que el
fallo de nulidad y restablecimiento ordene descontar de su retroactivo pensional las
diferencias percibidas entre los rendimientos financieros una vez comparados los
dos regímenes pensionales, pues pese a que ello pudo haber sido objeto de
diversos pronunciamientos por las altas cortes, dejó de proponerse en sede de la
33 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
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pluricitada apelación y deviene de una postura propia del accionante quien pretende
convertir la tutela en un juicio de corrección de la decisión judicial proferida.
De este modo, la Sala denota que el acatamiento de los requisitos fijados en la Ley
71 de 1988 y 33 de 1985, la acumulación del retroactivo desde 2011 en adelante, y
la acreditación del cumplimiento de los 15 años de servicio antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, sin la equivalencia de los aportes legales, son
aspectos del orden legal del juicio ordinario que no descubren una afectación para
los derechos fundamentales. Todo lo contrario, ponen en evidencia la intención que
tiene el actor de que se le otorgue una lectura alternativa a su litigio sin la exigencia
de la equivalencia de los aportes.
Por tanto, la censura del accionante según la cual su caso merece una atención de
mayor rigor por ser un sujeto de especial protección constitucional, no logra enervar
las consideraciones expuestas, comoquiera que el análisis esbozado, contrario a
fundarse llanamente en la existencia de un pronunciamiento por la Corte
Constitucional en 2013, examinó la procedibilidad del defecto sustantivo invocado y
de la violación directa de la Constitución, para lo cual se hizo mención a la SU-130
de 2013, pero porque a su contenido se ciñó el juez del proceso ordinario.
De suerte que, como la acción de tutela contra providencias judiciales está instituida
para salvaguardar derechos fundamentales, sin soslayar la autonomía y la
independencia judicial, no resulta razonable, aun en procura del respeto por el
principio de favorabilidad, introducir modificaciones al fallo objeto de amparo, pues
ello solo debe provenir de la prueba de la configuración de un defecto específico.
2.5. Por las razones expuestas, la Sala modificará la sentencia proferida el 25 de
julio de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que denegó las
pretensiones de la acción de tutela, para, en su lugar, declarar improcedente el
amparo por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia proferida el 25 de julio de 2024 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que denegó las pretensiones de la acción de tutela,
para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito.
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TERCERO. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VMP
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