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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02936-00

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02936-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Distrito de Cartagena de Indias. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2024-02936-00 Accionante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en lo que respecta a los cargos por desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. TERCERO: NEGAR el amparo por los cargos relacionados con la alegada configuración de los defectos fáctico y sustantivo. CUARTO: Se ordena NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02936-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

30 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02936-00
Accionante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – instancia adicional.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la acción de tutela formulada por la señora Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 6 de junio de 2024, la señora Hermelina Milagros Meñaca Caparroso promovió
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, con el fin de que se
dejara sin efectos la sentencia de 17 de noviembre de 20232, proferida en el marco
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3 que promovió junto
a su núcleo familiar4 contra el Distrito de Cartagena de Indias; con el propósito de
que se declarara la nulidad del Decreto 0703 del 8 julio de 2020, por medio del cual
se declaró la insubsistencia de su nombramiento.

2.
Mediante sentencia del 28 de junio de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Cartagena concedió parcialmente las pretensiones de la demanda. Indicó
que el Distrito de Cartagena no tuvo en cuenta la discapacidad auditiva que padecía
la señora Hermelina Meñaca y que fue comunicada previamente a la entidad
territorial. Hubo un trato discriminatorio por parte del alcalde distrital de Cartagena,
quien se expresaba de manera inapropiada hacia la demandante al tratarla de sorda.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificada el 19 de febrero de 2024.
3 Radicado 13001-33-33-004-2021-00032-01.
4 Oscar Alfonso Marín Villalba, María Ángel Marín Meñaca, Bertha Caparroso Villa, Rossana María y Bertha Lucia

Meñaca Caparroso y Daniel De La Valle Meñaca.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02936-00
Accionante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3.
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante fallo de 17 de noviembre de 2023
revocó la decisión del A quo, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.
Estimó que previo a la declaratoria de insubsistencia de la demandante no hubo
ninguna queja por acoso laboral. Además, los medios probatorios incorporados al
expediente no permitieron vislumbrar que hubiera existido conductas persistentes y
demostrables de acoso laboral en los términos descritos por la Ley 1010 de 2006. El
retiro de la demandante no tuvo como sustento algún motivo de discriminación por
razones políticas o de salud, ya que la declaratoria de insubsistencia respondió
únicamente al ejercicio de la facultad discrecional de la entidad y a la búsqueda de
mejora en el servicio.

4.
La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, trabajo y seguridad social, al incurrir en los
siguientes defectos:

5.
Violación directa de la Constitución Política, teniendo en cuenta que
desconoció el conjunto de deberes, garantías y protecciones contemplados en la
Constitución y en el bloque de constitucionalidad, especialmente las derivadas de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer. Citó el artículo 11 del mencionado instrumento internacional, y las sentencias
T-878 de 2004, T-590 de 2017, T-400 de 2022 y T- 172 de 2023, todas relacionadas
con el enfoque de género.

6.
Sostuvo que el Tribunal accionado vulneró la Constitución Política por no dar
aplicación dicho enfoque y, con ello: (i) desvió la atención del caso y le restó
relevancia, abordándolo como un simple asunto de ejercicio de la facultad del
nominador al desvincular un empleado de libre nombramiento y remoción; (ii) realizó
una valoración probatoria defectuosa, que desconoció las dificultades probatorias
tanto de la violencia y el acoso laboral; (iii) revictimizó a la actora; (iv) dejó de valorar
indicios y otros medios de prueba que permitían acreditar que su desvinculación
tenía que ver con actos de discriminación por su estado civil y situación de salud y;
(v) desaprovechó la oportunidad de que el caso fuera simbólico y pedagógico
impidiendo normalizar formas de violencia contra las mujeres.

7.
Defecto fáctico y sustantivo, toda vez que las pruebas permitían vislumbrar las
conductas de acoso descritas en la ley 1010 de 2006.

8.
Manifestó que el alcalde de manera personal y pública, a través de sus redes
sociales, expuso que las razones de su desvinculación fueron por ser la esposa de
Oscar Marín (concejal de la oposición) y por su situación de salud. Informó que a la
demanda se habían aportado los links de los videos donde se podía evidenciar
directamente la declaración, pero los mismos fueron borrados. Se aportaron
imágenes del momento en que él hablaba de ella, y se observaban los comentarios
despectivos que promovieron sus ofensas. Así mismo, que su manera de referirse a

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02936-00
Accionante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

ella era con expresiones como “la del dolor de oído”, “la esposa del concejal” o “no
acepto malandrines”, entre otras formas de violencia y acoso que se ilustraban en
los pantallazos que desestimó el Tribunal Administrativo de Bolívar.

9.
Frente a la afirmación de la accionada relacionada con que su desvinculación
respondió únicamente al ejercicio de la facultad discrecional de la entidad y a la
búsqueda de mejora en el servicio, arguyó que no había ninguna prueba que
respaldara esa afirmación. Está probado que no se buscó la mejora del servicio,
debido a que no se vinculó a nadie después de su retiro.

10.
Expresó que el fallador de segunda instancia trajo a colación una afirmación
equivocada, teniendo en cuenta que no se trata de nombrar de forma inmediata el
reemplazo de la persona desvinculada, pero se debe proceder al nombramiento de
un empleado, teniendo en cuenta que dejar vacío el empleo público y nunca nombrar
a nadie en el mismo, no mejora de ninguna manera el servicio, y no es acorde con
los fines de razonabilidad y proporcionalidad de la facultad discrecional.

11.
Sustentó que de las pruebas del proceso se podía determinar la existencia de las
siguientes conductas de acoso laboral, consagradas en el artículo 2 de la ley 1010
de 2006: (i) maltrato laboral, por las expresiones que utilizaba el alcalde respecto de
ella; (ii) persecución laboral, por la evidente arbitrariedad en su contra y la de su
familia; (iii) discriminación laboral, al recibir un trato diferenciado negativo por
género, al condicionarla por su estado civil y de salud; (iv) entorpecimiento laboral,
debido a que fue víctima de obstaculización en el cumplimiento de sus funciones,
ocultación y privación de información; (v) inequidad laboral, por la no asignación de
funciones en menosprecio de su condición de mujer trabajadora y; (vi) desprotección
laboral, teniendo en cuenta que el comportamiento violento del empleador puso en
riesgo su integridad, recibiendo bullying y comentarios de terceros.

12.
A su juicio, el Tribunal Administrativo de Bolívar no le dio el valor legal de
presunción de acoso laboral a las siguientes conductas repetidas y públicas llevadas
a cabo por el alcalde: (i) expresiones injuriosas y ultrajantes; (ii) comentarios hostiles
y humillantes de descalificación profesional; (iii) injustificadas amenazas de despido
que hizo públicamente; (iv) burlas ante varias personas, por sus limitaciones de
salud; (v) la alusión pública a hechos pertenecientes a su intimidad; (vi) cambio
brusco del lugar de trabajo y la no asignación de trabajo e información y; (vii) trato
discriminatorio en relación a sus compañeros.

13.
Arguyó que se dejó de valorar el testimonio de Marianela Mendoza, en el cual se
indicó que después de la desvinculación de la actora no se nombró otro funcionario
en su reemplazo. Además, cuestionó el hecho que el tribunal accionado haya
manifestado que de aquel sólo se podía extraer “que no haya habido ninguna
directriz en contra de la señora Hermelina”, como si las formas de probar las
conductas constitutivas de acoso fueran a través de un anuncio, circular o directivas
públicas dirigidas a los equipos de trabajo. No le dio valor real y contextual al resto
de la información dada, en cuanto la testigo manifestó percibir de manera directa que

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02936-00
Accionante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

la señora Meñaca no estaba cumpliendo las funciones porque estuvo sin carga
laboral y había tensión en el ambiente por ese motivo.

14.
Reseñó que es extraño que el accionado haya exigido o reprochado que no se
hubieran especificado a otros funcionarios como víctimas de acoso, para validar que
ella lo fue, si los medios de prueba permitían evidenciar, el conjunto de conductas
que atentaban contra su dignidad. Explicó que se debe tener en cuenta el testimonio
de Shirley Torres Acosta, quien informó que el alcalde tenía un “libro blanco”, en el
cual a través de redes sociales denunciaba supuestos actos de corrupción de
anteriores funcionarios del distrito, y dentro del cual fue que se refirió de forma
discriminatoria contra ella.

15.
Informó que los videos fueron eliminados por el alcalde de sus redes sociales,
pero el impacto social que causó fue ampliamente conocido en la ciudad, teniendo
características de hecho notorio, dada la viralización que tenían en redes sociales
para amplios sectores de la ciudad.

16.
Explicó que frente a los testigos Bertha Estela Castro Alcázar, Shirly Torres
Acosta, Ana Luisa Gómez y Néstor Rafael de la Valle Vélez, no era dable que el
Tribunal los haya desestimado por no hacer parte de la Administración Distrital para
la época de los hechos, cuando lo que se pretendía probar con ellos eran los ataques
del alcalde de la época, que se realizaron por redes sociales con amplia divulgación,
por ende, no era necesario estar en el entorno de trabajo para conocerlas; con lo
cual es evidente la indebida valoración de la prueba testimonial por parte del
Tribunal.

17.
Agregó que tampoco es cierto que la señora Shirly Torres Acosta y Néstor de la
Valle sean testigos de oídas; pues en ningún momento lo manifestaron, todo lo
contrario, evidenciaron las circunstancias directas de tiempo, modo y lugar, que
permitían dar credibilidad a sus testimonios, pero fueron desechados por el Tribunal.

18.
Alegó que no es cierto que los testimonios de Bertha Castro y Ana Luisa Gómez
solo sirvieron para probar la supuesta afectación que produjo el aire acondicionado
en la salud de la demandante, debido a que pusieron de presente el proceso
evolutivo y la naturaleza de enfermedad laboral y que la actora fue víctima de
violencia y acoso laboral por parte del alcalde, quien la sometió a la burla pública y
la discriminación por su condición de salud.

19.
Indicó que el recorte de prensa, así como las pruebas de la transmisión en vivo
de Facebook evidencian los motivos y finalidades del alcalde al haber expedido el
acto administrativo que la declaró insubsistente. Afirmó que, si bien la confesión y la
publicación ocurrieron de manera posterior, los hechos a los que se refieren son lo
acontecido en el acto administrativo objeto de controversia.

20.
Desconocimiento del precedente judicial, porque se desconocieron las
sentencias T-172 de 2023, T-400 de 2022, T-590 de 2017 y T-878 de 2014.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02936-00
Accionante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

21.
Adicionalmente la sentencia presenta contradicciones y desconoce múltiples
providencias que inclusive citó el Tribunal en los fundamentos de esta, tales como
las proferidas: (i) el 14 de mayo de 2020, radicado 47001-23-33-000-2017-00088-01,
referente a la desviación de poder; (ii) el 18 de mayo de 2023, radicado 76001-23-
33-000-2016-01812-01, relacionada con la facultad discrecional de desvinculación
de un empleado de libre nombramiento y remoción y; (iii) el 20 de abril de 2023,
radicado 25000-23-42-000- 2016-05531-01, así como la SU-049 de 2017,
concernientes con la estabilidad laboral reforzada en cabeza del empleado que
ocupe un cargo de libre nombramiento y remoción, con ocasión a su situación de
salud.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

22.
Mediante auto de 17 de junio de 20245, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad judicial demandada y se vinculó al distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias, así como a Oscar Alfonso Marín Villalba, María Ángel Marín
Meñaca, Bertha Caparroso Villa, Rossana María y Bertha Lucia Meñaca Caparroso,
en calidad de terceros interesados. Así mismo, se ordenó comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo, y se solicitó el
expediente ordinario. Por auto de 22 de julio de 20246, se vinculó a Daniel De La
Valle Meñaca, como tercero interesado.

(i) Tribunal Administrativo de Bolívar7.

23.
Sostuvo que la parte actora pretende reabrir el debate sobre la valoración de las
pruebas incorporadas al proceso, tratando de convertir esta acción en una tercera
instancia, sin que se pueda entrever sumariamente un análisis arbitrario de los
elementos de convicción aportados al expediente judicial.

24.
Explicó que la demandante tergiversa las consideraciones que se hicieron frente
a la existencia de un hecho notorio en la sentencia de segunda instancia. Explicó
que el objetivo de la Sala era desvirtuar que las actuaciones de acoso endilgadas al
alcalde de aquella época eran de conocimiento público para el juez y el común de
las personas que tienen una cultura media. Es decir, no se podía iniciar un análisis
del caso partiendo bajo la premisa de que el mandatario local era una persona
acosadora, pues no se trata de un “hecho notorio”, como lo puede ser algún
acontecimiento histórico o una pandemia mundial. Así pues, le correspondía a la
parte actora probar este supuesto de hecho.

25.
Adujo que el enlace electrónico al que hace referencia la actora actualmente se
encuentra fuera de servicio, por lo cual, nunca fue posible valorar su contenido en la
sentencia.

5 Notificado el 21 de junio y 5 de julio de 2024.
6 Notificado el 25 de julio de 2024.
7 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 4 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02936-00
Accionante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(ii) Distrito de Cartagena de Indias8.

26.
Indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que las
pretensiones van dirigidas contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por tanto, es
esa judicatura quien tiene las competencias jurídicas para administrar justicia y de
esta forma adoptar una decisión de fondo en el caso en concreto, y no la alcaldía.
Por ende, solicitó ser desvinculada.

(iii) Bertha Caparroso, Bertha Meñaca, Daniel de la Valle Meñaca, Rossana
Meñaca, Oscar Alfonso Marín y María Ángel Marín Muñeca -terceros
vinculados9.

27.
En escritos separados, pero bajo la misma base, arguyeron que coadyuvaban en
su integridad la acción de tutela, teniendo en cuenta su condición de miembros del
núcleo familiar de la actora, quienes vivieron y sufrieron de manera directa el
conjunto de afectaciones que aquella experimentó como consecuencia de la
violencia, acoso y maltrato del alcalde para la época de los hechos, en los términos
que ya se encuentran detallados en la acción de tutela. Indicaron que también tienen
derecho a la reparación por ese momento oscuro y doloroso que injustificadamente
experimentaron por la conducta abusiva de la autoridad administrativa más
importante de la ciudad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestión previa

28. En relación con el escrito de intervención del Distrito de Cartagena de Indias en el

que solicitó su desvinculación del presente trámite, esta Colegiatura encuentra que
no es procedente acceder a dicha petición, en atención a que la vinculación a este
proceso fue en calidad de tercero con interés, por cuanto cualquier decisión favorable
a la parte actora podría tener repercusiones en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho dentro del cual es parte demandada; por ende, en
garantía del derecho fundamental al debido proceso es necesaria su intervención.

D. Análisis de caso concreto

29. La revisión de los planteamientos aducidos en el escrito de tutela, así como de

las pruebas allegadas al plenario y de la decisión cuestionada, llevan a indicar que
el asunto no supera el requisito de relevancia constitucional, por los siguientes
motivos.

30.
Los yerros relacionados con violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial carecen de carga argumentativa; debido
a que la parte actora no expone los motivos específicos de su configuración.

8 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 4 folios.
9 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 4 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02936-00
Accionante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

31.
Frente al primero, la parte actora únicamente aduce que se desconoce el conjunto
de deberes, garantías y protecciones contemplados en la Constitución y en el bloque
de constitucionalidad, e intenta explicar que el asunto no se abordó con enfoque de
género sino como un simple asunto de ejercicio de la facultad del nominador al
desvincularla de un empleo de libre nombramiento y remoción, sin que se le diera la
relevancia que tenía.

32.
Sin embargo, no expone (i) si en la solución del caso se dejó de interpretar y
aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (ii) si
se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata,
(iii) si no se tiene en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución
o, (iv) si el juez omitió aplicar la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de que la
norma a la que se sujeta el caso es incompatible con el texto superior; presupuestos
necesarios para encontrar acreditado el defecto por violación directa de la
Constitución.

33.
En consonancia con lo anterior, al realizar una lectura de los argumentos
esbozados por la señora Meñaca no se encuentra una explicación certera y concreta
tendiente a indicar los motivos por los cuales el tribunal accionado desconoció la
constitucional al momento de dictar el fallo acusado, debido a que sólo hace
apreciaciones generales frente al tema.

34.
Por otra parte, frente al desconocimiento del precedente judicial, también se
observa una falta de carga argumentativa, en la medida en que la actora si bien trae
a colación y cita una serie de sentencias dictadas por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, se advierte que no identifica ni exterioriza el motivo por el cual
aquellas son aplicables a su caso concreto, debido a que no expone la similitud de
los casos, problemas jurídicos, ni la ratio decidendi desconocida, es decir, no
sustenta debidamente las razones por las cuales dichos proveídos, en efecto,
constituyen precedente aplicable al caso concreto.

35.
Con base en lo anterior, es claro que la actora no cumple con la carga
argumentativa mínima requerida para que el juez constitucional realice un análisis
de fondo del asunto. En ese sentido, se debe resaltar que si bien la acción de tutela
se caracteriza por su informalidad, lo cierto es que tratándose de un amparo
constitucional interpuesto en contra de una providencia judicial es necesario que se
indique en qué consiste la vulneración de los derechos fundamentales alegados y,
en particular, que se explique de qué forma la providencia censurada se constituyó
en una actuación contraria al orden jurídico.

36. Por otra parte, en cuanto a los defectos fáctico y sustantivo, si bien se acreditan

los presupuestos generales de procedencia, no se observa la configuración de las
referidas causales específicas de procedibilidad.

37. La Subsección encuentra que (i) el asunto reviste de relevancia constitucional,

dado que los reproches planteados delimitan una posible valoración arbitraria de los

7

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Accionante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

elementos de hecho y de derecho, puestos a consideración del Tribunal por una
persona que se identifica como sujeto de especial protección, por concurrir en ella
una discapacidad y la condición de víctima, tanto de acoso laboral como de violencia
de género, situaciones que alega como desconocidas por la autoridad judicial; (ii) se
supera el presupuesto de la subsidiariedad, pues contra la decisión objeto de
reproche no procede otro mecanismo judicial, toda vez que fue dictada en segunda
instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) la tutela se instauró el 6 de junio de 2024,
es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación del fallo acusado (19 de
febrero de 2024), lapso que la jurisprudencia constitucional ha fijado como razonable
para tal propósito; (iv) se identificaron los hechos que ocasionaron la vulneración
constitucional alegada, así como las prerrogativas superiores que presuntamente
resultaron afectadas; y, (v) no se controvierte una sentencia emitida dentro de un
trámite de tutela.

38. A pesar lo anterior, se observa que los argumentos esbozados para sustentar los

referidos defectos, están soportados en una mera diferencia interpretativa entre el
extremo accionante y la autoridad judicial accionada, sin que realmente se advierta
una vulneración real de los derechos fundamentales invocados.

39. En efecto, para esta Sala resulta evidente la afirmación anterior, en la medida en

que, una vez revisado el expediente y el fallo acusado, se observa que el Tribunal
Administrativo de Bolívar no solo tuvo en cuenta todo el material probatorio aportado
al proceso, sino que también, frente a cada una de las pruebas realizó una
apreciación acorde con el principio de autonomía judicial y libre apreciación. Sin que
se denote que la decisión acusada haya sido arbitraria, parcializada, caprichosa o
contraria a derecho.

40. Así, se tiene que la función principal del juez contencioso administrativo era
verificar si se dieron los supuestos para declarar la nulidad del acto acusado de
acuerdo con los reparos que le actora esgrimió, tales como falsa motivación y
desviación del poder, acto que, valga recalcar, se presume legal.

41. En el caso concreto, la autoridad judicial accionada después de verificar la
naturaleza del cargo que tenía la señora Hermelina Meñaca, el cual era un empleo
de libre nombramiento y remoción, entre otras cosas, entró a revisar si existía mérito
para declarar la nulidad del acto acusado con base en la desviación de poder.

42.Para ello, indicó que la parte demandante no logró probar que hubiesen existido
conductas de acoso laboral con anterioridad a la desvinculación de su cargo; esto,
toda vez que no hubo ninguna queja por ese motivo, según la información reportada
por el Comité de Convivencia Laboral de la Alcaldía Distrital de Cartagena; sumado
a que los demás medios probatorios tampoco demostraban el acoso en los términos
descritos por la Ley 1010 de 2006. Además, que no podía endilgarle conductas de
hostigamiento e intimidación al alcalde distrital de Cartagena, con base en
especulaciones que evidentemente no eran de conocimiento público. También que

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

no se especificó quiénes fueron los demás funcionarios que sufrieron de acoso
laboral por parte del mandatario local.

43. Respecto de los demás elementos probatorios concluyó que tampoco permitían

acreditar que la desvinculación de la demandante se debió por represalias
personales y políticas. En cuanto a los testimonios de Bertha Estela Castro Alcázar,
Shirly Torres Acosta, Ana Luisa Gómez Veroy y Néstor Rafael de la Valle Vélez
sostuvo que no trabajaban en la alcaldía distrital de Cartagena para el año 2020,
fecha en la que se posesionó el alcalde William Dau Chamatt; por lo que los
declarantes no podían dar una versión amplia y detallada de la forma en que la
señora Hermelina Meñaca desempeñaba sus servicios en la Secretaría de Hacienda
Distrital para esa anualidad. Sumado a que lo único que precisaron las señoras
Bertha Castro Alcázar y Ana Luisa Gómez fue la supuesta afectación que produjo el
condensador del aire acondicionado hacia la capacidad auditiva de la accionante.

44. En cuanto a los testigos Shirly Torres Acosta y Néstor de la Valle Vélez, adujo que

ambos manifestaron que obtuvieron información sobre el presunto acoso laboral por
las explicaciones que les realizaba la propia demandante. De esta manera, estimó
que solamente pueden considerarse como testigos de oídas, ya que no presenciaron
directamente los hechos.

45. Agregó que el único testimonio que podría vislumbrar alguna conducta constitutiva

de acoso laboral sería el recibido de la señora Marianella Mendoza quien compartía
lugar de trabajo con la demandante para el año 2020. Sin embargo, la declarante
afirmó que no le constaba que hubiera existido alguna directriz en contra de la señora
Hermelina Meñaca y, que lo más relevante que indicó fue que percibía un ambiente
tenso y que la demandante no había continuado en sus funciones, sin ahondar en
las razones por las cuales pudieron haberse generado esas situaciones.

46. Arguyó que el recorte de prensa y las capturas de pantalla allegados por la parte

actora hacen referencia a un hecho posterior al retiro de la señora Hermelina
Meñaca. En consecuencia, no podrían tomarse en cuenta para desvirtuar la legalidad
del acto que desvinculó a la actora, pues revelan acontecimientos producidos
después de la expedición del acto acusado y del reintegro de la demandante por vía
de tutela. Además, precisó que el link referenciado por la parte demandante se
encontraba fuera de servicio, por ende, no se pudo corroborar la veracidad de las
afirmaciones endilgadas al alcalde. Teniendo en cuenta lo anterior, no encontró
probada la conducta de acoso laboral señalada por la parte demandante y, por
consiguiente, concluyó que el acto acusado preservaba su legalidad y la finalidad de
procurar la mejora del servicio.

47. Por último, analizó los temas relacionados con que el debido cumplimiento de las

funciones no generaba ningún fuero de estabilidad laboral; también, la estabilidad
laboral reforzada en los cargos de libre nombramiento y remoción, dentro de la cual
estudio el hecho que la actora no probó que su incapacidad fuese conocida por su
empleador previamente a su retiro, ni se encontraba en una condición que dificultara

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02936-00
Accionante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

su desempeño laboral y, finalmente, que la desvinculación de la demandante no se
produjo por motivos de discriminación, debido a que con base en todo lo anterior, se
pudo constatar que el retiro no tuvo como sustento las limitaciones auditivas que
presentaba, pues la declaratoria de insubsistencia respondió únicamente al ejercicio
de la facultad discrecional de la entidad y a la búsqueda de una mejora en el servicio.

48. Ahora, si bien la actora indica que el alcalde de la época la acosaba laboralmente

debido a que a través de una transmisión en vivo, en sus redes sociales, hizo
declaraciones irrespetuosas y discriminatorias en su contra, lo cual prueba con los
testimonios, enlaces, pantallazos de esa sesión en vivo y el informe de prensa; de la
lectura del fallo acusado, se tiene que, contrario a lo percibido por la actora, aquella
no logró llevar al juez natural al convencimiento de que su desvinculación se produjo
por su condición de salud o su filiación política, que derivaron en acoso laboral.

49. Pues tal como se vio, la accionada hizo un análisis serio y completo de todas las

pruebas documentales y testimoniales allegadas al plenario y, les dio un valor que
esta Sala de Subsección no vislumbra como arbitrario o parcializado. Simplemente
no encontró que las mismas fueran suficientes para endilgarle al alcalde del distrito
de Cartagena una conducta de acoso laboral, por lo que el acto acusado mantenía
su presunción de legalidad.

50. La actora alega que no se valoraron los testimonios en debida forma, a pesar de

que a través de ellos los testigos declararon percibir de manera directa que ella no
estaba cumpliendo las funciones porque estuvo sin carga laboral, había tensión en
el ambiente por eso motivo y que el alcalde la expuso en sus redes en el “libro
blanco”. Además, que unos no eran testigos de oídas porque vivieron de forma
directa la situación y, con otros testimonios se pretendía probar los ataques del
alcalde los cuales eran de público conocimiento. Respecto a todo lo anterior, se
observa que la actora no expone el motivo por el cual los mismos tienen la
potencialidad de cambiar la decisión objeto de debate, máxime cuando de la lectura
de aquellos no se observa que se profundice de forma alguna acerca de las
motivaciones reales de la desvinculación de la actora, pues de cierto modo, estos
solo los conoce la persona que profiere el acto de desvinculación. Por lo que los
testimonios son indicios de lo que podría haber sucedido, pero no una prueba directa.
En tal sentido, la valoración judicial sobre esa causal de nulidad responde a la
evaluación integral del acervo probatorio, a partir del cual el juez puede valorar
situaciones que lo lleven a considerar que la decisión administrativa no se ajustó a
fines legal y constitucionalmente aceptados; ejercicio, que efectivamente llevó a cabo
el Tribunal, aunque con resultados adversos a lo pretendido por la accionante.

51. Además, de los testimonios de Bertha Castro y Ana Luisa Gómez, no se ve, como

lo afirma la actora, que en ellos se haya indicado que la señora Meñaca haya sido
víctima de violencia y acoso laboral por parte del alcalde.

52. Aunado a lo anterior, aunque es válida la inconformidad de la actora relacionada

con que no era necesario especificar qué otros funcionarios fueron víctimas de

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02936-00
Accionante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

acoso; así como la afirmación que se hizo referente a que no había ninguna directriz
contra ella; la Sala no vislumbra la incidencia de aquellas manifestaciones en el fallo
debatido, ni su relevancia para cambiar la decisión, pues simplemente fueron unos
argumentos de apoyo, pero no la base de esta.

53. Del mismo modo, en cuanto a la transmisión en vivo, el recorte de prensa y los

pantallazos de los que alude se exponen los motivos por los cuales se le desvinculó;
no solo es claro que la accionada los tuvo en cuenta al momento de proferir el fallo,
sino que también en virtud del principio de libre valoración de la prueba, determinó
que fueron expedidos con posterioridad al acto acusado, interpretación que no se
encuentra contraria a derecho, ni se torna arbitraria, teniendo en cuenta que
corresponden con la realidad probatoria. Sumado a que el link no funcionó al estar
fuera de servicio, situación que escapa del control del juez ordinario.

54. Por último, a pesar de que la accionante indica que está probado que no se buscó

la mejora del servicio debido que no se vinculó a nadie después de su retiro; solo
resta indicar que, como la demandante no logró demostrar que el motivo de su
desvinculación fue por desviación del poder, por su situación de salud o su
orientación política, es claro que la presunción de legalidad del acto acusado se
mantiene incólume, y por ello se entiende que la declaratoria de insubsistencia se
dio en ejercicio de la facultad discrecional del nominador y la búsqueda de mejora
del servicio.

55.
Bajo el anterior escenario, esta Sala advierte que la decisión acusada se profirió
por la autoridad judicial accionada en ejercicio de su autonomía judicial y en
aplicación de los criterios de libre apreciación probatoria y sana crítica. Sumado a
que el juez ordinario valoró de forma razonable el acervo probatorio, de cara a los
reproches puestos a su consideración, confrontándolo con las perspectivas legales
y jurisprudenciales respectivas. Motivo por el cual no observa esta Sala de
Subsección alguna razón para censurar el estudio fáctico y normativo realizado por
la autoridad judicial accionada.

56.
En virtud de lo anterior se declarará improcedente la solicitud de amparo en lo
relativo a los cargos por desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución y; se negará el amparo por la alegada configuración de los defectos
fáctico y sustantivo.

57.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Distrito de
Cartagena de Indias.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02936-00
Accionante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en lo que respecta a
los cargos por desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

TERCERO: NEGAR el amparo por los cargos relacionados con la alegada
configuración de los defectos fáctico y sustantivo.

CUARTO: Se ordena NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

10 VF

12

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