Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02936-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02936-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02936-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
7 de noviembre de 2024
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 02936 01
Demandante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 11001 03 15 000 2024 02936 01
Accionante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Tesis: Incumple el requisito de relevancia constitucional la acción de tutela
interpuesta en contra de una providencia judicial, si se pretende usar el mecanismo
constitucional como una instancia adicional al trámite ordinario.
ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 30 de agosto de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que resolvió declarar improcedente la acción de
tutela respecto de los cargos de desconocimiento del precedente y violación de la
Constitución y negó el amparo frente a los defectos fácticos y sustantivo.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El 6 de junio de 20241, la señora Hermelina Milagros Meñaca Caparroso,
actuando en nombre propio, instauró acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Bolívar, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la
dignidad humana, al debido proceso, a la administración de justicia, a la igualdad,
al trabajo y a la seguridad social, con ocasión de la sentencia proferida el 17 de
noviembre de 2023, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió la demandante en contra del Distrito Turístico y Cultural de
1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 02936 01
Demandante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
Cartagena de Indias, con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto 0703 del 8
de julio de 2020, mediante el cual se declaró la insubsistencia de su nombramiento en
la Secretaría de Hacienda.
Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Sírvase AMPARAR mis derechos fundamentales a la dignidad, al
debido proceso, a la igualdad, a la administración de justicia, al trabajo y a la
seguridad social al incurrir la sentencia del 17 de noviembre de 2023, notificada
el 19 de febrero de 2024, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLÍVAR – SALA DE DECISIÓN TERCERA, dentro del proceso con radicado
No. 13001-33-33-004-2021-00032-01, en los defectos que se exponen en la
presente acción.
SEGUNDA: Sírvase DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 17 de noviembre
de 2023 notificada el 19 de febrero de 2024, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, mediante la cual se revocó la sentencia del
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR.
TERCERA: Sírvase ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
– SALA DE DECISIÓN TERCERA que profiera una providencia en reemplazo,
en la que valore adecuadamente las especiales circunstancias fácticas y
probatorias del caso, aplicando el enfoque de género, en coherencia con
nuestro ordenamiento jurídico, en la cual se protejan mis derechos
fundamentales en los términos solicitados dentro del proceso judicial respectivo,
y sean reparados integralmente mis derechos afectados.”2
1.2. Como fundamento de las anteriores solicitudes, expuso los argumentos que
pasan a sintetizarse:
Indicó que trabajó en la Secretaría de Hacienda desde el año 2012 en el cargo de
asesor código 105, grado 47, durante 8 años continuos.
Afirmó que, en el ejercicio de sus funciones adquirió una enfermedad de origen laboral
conocida como hipoacusia de tipo neurosensorial bilateral, la cual generó afectación
en su calidad de vida y capacidad laboral, representando una pérdida auditiva del oído
derecho en un setenta y dos punto cinco por ciento (72.5%) y en el izquierdo del
sesenta y siete punto cinco por ciento (67.5%). Situación que fue informada al Distrito
de Cartagena por ser su empleador.
2 Visible en el folio 7 y 8 del escrito de demanda.
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Adujo que, se encuentra casada con el señor Óscar Marín Villalba, concejal para el
periodo 2020 - 2023, que ha tenido desacuerdos políticos con el alcalde de Cartagena,
el señor William Dau Chamatt.
Informó que, el mencionado mandatario territorial, realizó por medio de las redes
sociales, una serie de ofensas hacia su esposo; a su vez, inició en su contra actos de
acoso laboral como discriminación, persecución y entorpecimiento en las funciones de
violencia de género, con ocasión de su estado civil y de salud.
Arguyó que, al inicio del gobierno del señor Dau Chamatt, fue apartada de sus
funciones jurídicas, negándole el acceso a la información relacionada con la Secretaría
de Hacienda. En consecuencia, solicitó la reasignación de labores, pero no recibió
respuesta alguna. Resaltó que, debido a estas situaciones, le desencadenaron unos
episodios de estrés que llevaron a que el médico tratante le ordenara una incapacidad
laboral por el término de quince (15) días.
Señaló que, el 9 de julio de 2020, durante el periodo de incapacidad, le fue notificado
a través del aplicativo SIGOB el oficio No. AMC-OFI- 0062236-2020, en el cual se le
comunicaba que su nombramiento había sido declarado insubsistente mediante el
Decreto 0703 del 8 de julio de 2020.
Afirmó que, el Decreto 0703 del 8 de julio de 2020, se encontraba viciado de nulidad,
debido a que incurrió en infracción de la norma en que debía fundarse, expedición
irregular, falsa motivación y desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió,
ya que no fue expedido para mejorar el servicio público ni para proteger la función
pública, sino que fue en uso indebido del poder del nominador y con ocasión del acoso
laboral y violencia de genero.
Por otro lado, mencionó que interpuso la acción de tutela que cursó bajo el proceso
con radicado No. 13001 41 89 004 2020 00146 00, en el cuál en segunda instancia le
fue reconocido el derecho a la estabilidad laboral reforzada y se le ordenó al Distrito
de Cartagena reintegrarla en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Indicó que el
reintegro se realizó tras varias solicitudes y no le fueron pagados los salarios y
prestaciones sociales correspondientes al período que estuvo cesante.
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Demandante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
Manifestó que interpuso demanda con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Distrito de Cartagena, ante el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena, solicitando que se declarará la
nulidad del Decreto 0703 del 8 de julio de 2020 y como restablecimiento del derecho,
el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de
retiro del servicio hasta la de reintegro. El proceso se tramitó bajo el radicado No.
13001 33 33 004 2021 00032 00.
Mencionó que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena profirió
sentencia de primera instancia el 28 de junio de 2023, accediendo a la mayoría de las
pretensiones. Y que en contra de dicha decisión el Distrito de Cartagena y la actora
interpusieron recurso de apelación, admitidos por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Señaló que, el 17 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la
decisión del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena, argumentando
que no hubo quejas de acoso laboral antes de la declaración de insubsistencia de la
demandante y que las pruebas en el expediente no demostraban conductas de acoso
conforme a la Ley nro. 1010 de 2006. Además, concluyó que el retiro de la
demandante no se basó en motivos de discriminación política o de salud, sino que
respondió al ejercicio de la facultad discrecional de la entidad en busca de una mejora
en el servicio. Por lo tanto, consideró improcedente el reintegro laboral y el pago de
salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social e indemnizaciones por
perjuicios inmateriales.
La accionante afirmó que el Tribunal no aplicó un enfoque de género al analizar el
caso, vulnerando sus derechos fundamentales a la dignidad humana, el debido
proceso, igualdad, administración de justicia, trabajo y seguridad social.
Alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en defectos como desconocimiento
de precedentes judiciales, violación directa de la Constitución y defectos fácticos y
sustantivos.
Resaltó que se produjo una violación directa de la Constitución Política, debido a que
el a quo desatendió los deberes, garantías y protecciones establecidos en la
Constitución y en el bloque de constitucionalidad, concernientes a la eliminación de
las formas de discriminación en contra de la mujer.
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Indicó que el Tribunal Administrativo de Bolívar no efectuó una valoración probatoria
de cara al enfoque de género, desconociendo así el acoso laboral que fue el motivo
de la desvinculación por parte del alcalde del Distrito de Cartagena; al igual que, su
estado de salud y el hecho de estar casada con el señor Óscar Marín Villalba.
Alegó la existencia de defectos fácticos y sustantivos, toda vez que, consideró que las
pruebas presentadas permitían evidenciar las conductas de acoso descritas en la Ley
1010 de 2006, como son los videos y publicaciones en redes sociales donde el
representante del Distrito de Cartagena realizaba comentarios despectivos sobre la
actora y su relación con el mencionado cónyuge, que fueron desestimadas por el
Tribunal.
Resaltó que, se logró demostrar que con el Decreto 0703 del 8 de julio de 2020, no se
busca la mejora del servicio, sino excluir a la demandante de sus funciones, ya que no
se contrató a nadie tras su retiro.
Mencionó que se desconocieron las sentencias del 18 de mayo de 2023 y del 1 de
junio de 2023, proferidas por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de
Estado, Magistrado Ponente Carmelo Perdomo Cuéter, expedientes 76001 23 33 000
2016 01812 01 y 25000 23 42 000 2019 01135 01, respectivamente.
Expuso que, se dejaron de analizar de forma adecuada los testimonios de Marianela
Mendoza y Shirly Torres, con los que se lograba demostrar la desviación de poder del
alcalde del Distrito de Cartagena, pues adoptó la decisión de desvincular a la actora
basado en motivos personales, como es su estado civil, por la diferencia de partidos
políticos entre su esposo y la autoridad territorial.
Manifestó que, se desconoció el precedente judicial establecido en las sentencias de
la Corte Constitucional T 172 de 2023, T 400 de 2022, T 590 de 2017 y T 878 de 2014.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
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Demandante: Hermelina Milagros Meñaca Caparroso
2.1. La Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado, admitió la tutela a
través de auto de 17 de junio de 20243 y ordenó vincular en calidad de terceros
interesados al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, así como, a los señores Óscar
Alfonso Marín Villalba, María Ángel Marín Meñaca, Bertha Caparroso Villa, Rossana
María y Bertha Lucia Meñaca Caparroso, notificar al accionado, así como a la
Autoridad Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El Distrito de Cartagena4, solicitó que se desvinculara por falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, las pretensiones de la
demandante estaban dirigidas a una presunta vulneración de los derechos
fundamentales por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, en consecuencia, era
la llamada para resolver las solicitudes de las partes en el marco del proceso judicial
y no la Alcaldía Mayor de Cartagena.
2.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar5, a través de escrito de fecha 21 de
junio de 2024, manifestó que para que una tutela contra decisiones judiciales sea
procedente, debe cumplirse con el requisito de relevancia constitucional. Sin embargo,
en el presente caso con la tutela se busca reabrir el debate relacionado con la
valoración probatoria.
Indicó que la parte demandante malinterpreto las consideraciones realizadas en el fallo
del 17 de febrero de 2024, respecto de la existencia de un hecho notorio, ya que el
propósito de la providencia era demostrar que no se podía comenzar el análisis del
caso asumiendo que el funcionario local era un acosador, ya que recaía sobre la parte
actora la carga de probar dicha afirmación.
Finalmente, aclaró que el cargo de la demandante era de libre nombramiento y
remoción, lo que permitía al alcalde Distrital decidir sobre su continuidad y que la
pérdida de confianza también es una razón válida para la desvinculación de
empleados en estos cargos.
3 Visible índice 4 ibídem.
4 Visible índice 12 de Samai
5 Visible índice 15 Samai
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2.4. Los señores Bertha Caparroso Villa, Bertha Meñaca Caparroso y
Rossana Meñaca Caparroso, Óscar Alfonso Marín Villalba, Daniel de la Valle
Meñaca y María Ángel Marín Meñeca6, En documentos distintos, pero bajo la
misma fundamentación, solicitaron coadyuvar a la parte actora, dado que son
miembros de su núcleo familiar. Manifestaron que, sufrieron afectaciones por el acoso
y el maltrato del alcalde durante el tiempo en que ocurrieron los hechos.
Señalaron que, también tienen derecho a recibir una compensación por el período
difícil y doloroso que injustamente vivieron debido a la conducta abusiva de la
autoridad territorial.
2.5. Mediante auto del 22 de julio de 20247, se ordenó la vinculación de Daniel De
La Valle Meñaca, como tercero con interés.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, en providencia del
30 de agosto de 20248, resolvió negar la solicitud de desvinculación del Distrito de
Cartagena de Indias, al considerar que le asistía interés como tercero por ser parte
demandada dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
Señaló que los argumentos presentados por la actora en el escrito de la acción de
tutela relacionados con la violación directa de la Constitución y el desconocimiento
del precedente judicial no superaron el requisito de relevancia constitucional, por los
siguientes motivos:
Adujo que carecen de argumentación y una justificación sólida, ya que la
demandante no explicó de manera clara y específica cómo se configuraron estas
vulneraciones.
Asimismo, indicó que la demandante no expone si el Tribunal omitió aplicar
correctamente las disposiciones legales conforme a la Constitución o si se trató de
6 Visible índice 21, 22 y 31 de Samai
7 Visible índice 26 de Samai
8 Visible índice 35 de Samai
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una violación de un derecho fundamental, lo que impedía al juez constitucional
hacer un análisis de fondo sobre la presunta vulneración.
Arguyó que, frente al desconocimiento del precedente judicial, la actora citó varias
sentencias, pero no explicó cómo esas decisiones son aplicables a su caso.
Por otro lado, indicó que se encuentran acreditados los requisitos generales de
procedibilidad; pero que no se configuran los defectos fácticos y sustantivos
alegados.
Informó que el asunto superaba la relevancia constitucional, ya que los reproches
planteados delimitaban una posible valoración arbitraria de los elementos de hecho
y de derecho, que fueron puestos a consideración ante el Tribunal Administrativo de
Bolívar por una persona que se identifica como sujeto de especial protección. En
cuanto a la subsidiariedad, afirmó que se agotaron todos los medios de defensa,
debido a que se trata de un fallo de segunda instancia, que se encuentra
ejecutoriado; además la acción de amparo se instauró el 6 de junio de 2024, es
decir, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia del 19
de febrero de 2024.
Al entrar en el estudio de los defectos, señaló que los argumentos presentados se
fundaban en una simple diferencia de interpretación entre la accionante y el Tribunal
y no en una verdadera vulneración de sus derechos fundamentales, pues al verificar
el expediente, advirtió que se habían estudiado cada una de las pruebas aportadas
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo el principio
de autonomía judicial y libre apreciación, sin incurrir en arbitrariedades o decisiones
caprichosas.
Resaltó que la demandante no logró demostrar que hubiese existido acoso laboral
antes de su despido, ya que no se presentó ninguna queja ante el Comité de
Convivencia Laboral de la Alcaldía, ni tampoco las pruebas aportadas demostraron
el cumplimiento de los parámetros de la Ley 1010 de 2006.
Destacó que no era posible atribuirle al alcalde conductas de hostigamiento o
intimidación basadas en especulaciones sin pruebas públicas y tampoco se
identificó a otros empleados que hubiesen sido víctimas de acoso por parte este.
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Señaló que, respecto de las pruebas presentadas, los testimonios no lograron
demostrar que el despido de la accionante se originó en represalias políticas o
personales, pues las señoras Bertha Estela Castro Alcázar, Shirly Torres Acosta,
Ana Luisa Gómez Veroy y Nestor Rafael del Valle Vélez, no trabajaban en la
Alcaldía de Cartagena para el año 2020, fecha en que se posesionó el señor William
Dau Chamatt.
Manifestó que, el único testimonio que podría haber indicado algún tipo de acoso
fue el de Marianella Mendoza, quien trabajaba junto a la demandante, sin embargo,
la declarante afirmó que no le constaba ninguna directriz en contra de la señora
Hermelina Meñaca y aunque percibía un ambiente tenso en el trabajo, no profundizó
en las causas de esa tensión.
Comentó que, el hecho de que la demandante cumpliera con sus funciones no le
otorgaba un fuero de estabilidad laboral, especialmente en un cargo de libre
nombramiento y remoción. Además, examinó la estabilidad laboral reforzada,
concluyendo que la actora no demostró que su incapacidad fuera conocida por su
empleador antes de su retiro ni que esta afectara su desempeño laboral. De esta
forma, determinó que la desvinculación no se debió a discriminación por su
discapacidad auditiva, sino que obedeció al ejercicio discrecional de la entidad, en
busca de mejorar el servicio.
Argumentó que, aunque la accionante sostiene que no se buscó mejorar el servicio,
no logró demostrar que su desvinculación fue resultado de un abuso de poder, su
estado de salud o su orientación política. Por lo tanto, se mantiene intacta la
presunción de legalidad del acto impugnado.
Concluyó que, la declaración de insubsistencia se emitió en ejercicio de la facultad
discrecional del nominador y con el objetivo de mejorar el servicio.
Por último, declaró improcedente la solicitud de amparo en relación con las
acusaciones de desconocimiento de precedentes y violación directa de la
Constitución y negó el amparo respecto de los defectos fáctico y sustantivo.
IV. LA IMPUGNACIÓN
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La parte actora requirió que se revocara la decisión proferida en primera instancia
y, en su lugar, se tutelaran los derechos fundamentales invocados, para
fundamentar su petición reitero cada uno de los argumentos expuestos en el escrito
de tutela.
Adicionalmente, resaltó que la solicitud de amparo iba dirigida en contra de las
omisiones del Tribunal Administrativo de Bolívar, debido a que pasó por alto las
circunstancias particulares de los sujetos procesales y el enfoque de género para
evitar la violencia contra la mujer. Además, aseguró que fue revictimizada, cuando
la autoridad judicial concluyó que su despido había sido en cumplimiento del
ejercicio de la facultad discrecional de la entidad y en busca de un mejor servicio.
Insistió en que, la demandada desconoció las pruebas allegadas en el proceso
ordinario, las cuales permitían evidenciar las conductas de acoso contra la mujer y
a su vez, las que fueron analizadas incurrieron en el defecto fáctico, al favorecer al
victimario.
Mencionó que, el fallo de primera instancia debía ser derogado, pues era claro que
el Tribunal Administrativo de Bolívar había violado directamente la Constitución
Política con el fallo del 17 de febrero de 2024, al desconocer el derecho a la
igualdad, al no aplicar las perspectivas de género al juzgar su caso y al no tener en
cuenta el Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer – CEDAW. Además, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo y
desconoció el precedente judicial.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20219, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de
9 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
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2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las
acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.
5.2. Análisis de la Sala
5.2.1. De la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
Del requisito general de la relevancia constitucional
En la sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
Asimismo, la mencionada sentencia precisó que “los fundamentos de una decisión
de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de lo dicho, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–573 de 201910, el
alto tribunal constitucional explicó que este requisito persigue tres finalidades:
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. (…)”
10 M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-
103 de 2022.
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada
sentencia SU-215 de 202211, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve
al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y
del problema jurídico”.
De la constatación sobre la posible afectación a derechos fundamentales
Al respecto, es pertinente señalar que la Corte Constitucional, en las sentencias T–
422 de 2018, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022,
ha entendido que para la acreditación de este primer elemento es necesario que la
parte interesada, en el escrito de tutela: (i) invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (ii) exponga los motivos por los cuales considera que la sentencia
atacada está vulnerando tales derechos fundamentales y (iii) compruebe que la
transgresión supone un atentado contra el núcleo esencial de los derechos
invocados12.
11 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal”.
12 La Corte Constitucional en sentencia C-756 de 2008 ha entendido el núcleo esencial de un derecho
como: “esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un
necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un
derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica
al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también, puede verse
como la parte del derecho fundamental que no admite restricción porque en caso de hacerlo resulta
impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”.
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En otras palabras, para superar dicho elemento el Juez no puede limitarse a
convalidar el requisito general de la relevancia constitucional con la sola mención
de un derecho fundamental, sino que debe evaluar si, de acuerdo con los
argumentos expresados en el escrito correspondiente, hay amenaza o violación
efectiva del núcleo esencial del mismo. Por ende, únicamente cuando se observe
que la vulneración del derecho acontece en su núcleo esencial, es posible advertir
que el caso reviste la trascendencia necesaria para permitir que se logre exceptuar
en un juicio constitucional, el principio de cosa juzgada que orienta todo el
andamiaje institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico.
Impedir que se controviertan asuntos de mera legalidad o económicos en la
acción de tutela
En este punto, el Juez debe verificar que en la acción de amparo no tenga como
finalidad la protección de intereses económicos y/o se debatan asuntos meramente
legales, dado que éstos no tienen trascendencia constitucional. Al respecto, la Corte
Constitucional en sentencia SU-215 de 2022, señaló:
“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición
y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito de
relevancia constitucional (…) en la labor judicial la indebida aplicación de
normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos
fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta la
existencia, caracterización y definición del defecto sustantivo. En todo
caso, la relevancia constitucional exige que el accionante vincule la
discusión legal con la violación de una garantía fundamental o, en otros
términos, que explique con suficiencia el por qué la interpretación o
aplicación de una norma de rango legal afectó garantías
constitucionales”.
Para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido fallo de
unificación advirtió:
“Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra
sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente
en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos
arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre
otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se
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advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la
protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida
ante los jueces ordinarios.”.
Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia adicional
Por último, frente al tercer elemento, es pertinente señalar que en las sentencias
SU-215 de 2022 y SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción
del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se previene que el
recurso de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Dicho en otras palabras, en un proceso judicial el debate gira sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado y, por ende, la decisión del Juez se fundamenta precisamente en las
razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas
ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto, en los eventos en
los cuales la autoridad judicial decide precisamente sobre la controversia que se le
ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el
ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera
de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el Juez Constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del asunto, en el escaso término que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con
el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.
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Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho
a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida.
5.2.2. Caso concreto
Bajo estos parámetros jurisprudenciales, la Sala examinará el reclamo traído ante
el juez de tutela a la luz de cada uno de los tres (3) criterios que hacen parte del
requisito general de la relevancia constitucional para determinar si, en el presente
caso se acredita el requisito.
Para ello, debe tenerse en cuenta que la demandante invocó como vulnerados los
derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al trabajo y a la seguridad social, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 17 de febrero de 2024, emitida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicado 13001 33 33 004 2021 00032
00.
5.2.2.1. De la ausencia de una posible vulneración del núcleo esencial del
derecho fundamental invocado
En ese orden, la Sala deberá analizar las razones por las cuales la actora considera
que la autoridad judicial demandada vulneró los aludidos derechos fundamentales,
para determinar si, prima facie, dicha transgresión supone el desconocimiento de
sus núcleos esenciales.
• Frente al derecho a la dignidad humana
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que la dignidad humana se trata de
un derecho fundamental autónomo13 que equivale: “(i) al merecimiento de un trato
13 Al respecto, en la sentencia T – 881 del 17 de octubre de 2002 la Corte Constitucional se refirió al
concepto de dignidad humana, así: “(…) Una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente
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especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal; y (ii) a la facultad que tiene
toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Por
tanto, la dignidad humana se erige como un derecho fundamental, de eficacia
directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del
Estado”.14
En el caso concreto, la parte actora alega que la omisión de la autoridad judicial
accionada al no analizar el material probatorio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho a la luz del enfoque de genero afectó el mencionado
derecho. Sin embargo, revisado el contenido de este, la Sala no advierte la razón
por la que dicha situación implica su afectación y la parte actora, en el escrito de
tutela e impugnación, tampoco evidenció o sustentó los motivos por los que tal
omisión implica la vulneración del derecho.
• Frente al derecho al debido proceso
Pues bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el “conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
o del contenido de la expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de
dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa.
Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la
Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y
diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un
plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad
humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad
moral (vivir sin humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, del
enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad
humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en
este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional.
Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo”
14 Sentencia T – 291 del 2 de junio de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la
actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas”15
Visto lo anterior, no se evidencia alguna amenaza o afectación del núcleo esencial
del derecho al debido proceso del demandante, como quiera que: (i) el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitó ante el juez competente,
esto es el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena, en primera
instancia, y el Tribunal Administrativo de Bolívar, en segunda instancia; (ii) se
surtieron las etapas previstas en la ley; (iii) se garantizó el derecho de contradicción
y publicidad de las actuaciones adelantadas, ya que todas las decisiones se
notificaron y se concedió y resolvió el medio de impugnación procedente y,
finalmente (iv) las providencias proferidas en curso del proceso se fundamentaron
en derecho.
Bajo este entendido, con base en la tesis traída en la acción de tutela, no se observa
vulnerado el núcleo esencial del mencionado derecho, en tanto la accionante en
todo momento gozó de las garantías propias del debido proceso de la manera como
está previsto en el ordenamiento jurídico.
15 Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
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• Frente al derecho al acceso a la administración de justicia
La Corte Constitucional ha señalado que éste se encuentra integrado por las
siguientes categorías: (i) aquellas que versan sobre el acceso efectivo del ciudadano
al sistema judicial, (ii) las garantías previstas para el desarrollo del proceso, y (iii) las
que se vinculan con la decisión que se adoptó dentro del proceso en cuestión o en la
ejecución material del fallo.
En efecto, sobre el particular ese Tribunal Constitucional en sentencia T-799 de 2011,
manifestó:
“El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia se
encuentra consagrado en el artículo 229 de la norma superior en los
siguientes términos: Se garantiza el derecho de toda persona para
acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos
podrá hacerlo sin la representación de abogado.
Este derecho ha sido entendido como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las
instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan
la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los
derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por
la integridad del orden jurídico y por la debida protección o
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas
en la Constitución y la ley.16
Por medio de su ejercicio se pretende garantizar la prestación
jurisdiccional a todos los individuos, a través del uso de los mecanismos
de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De esta forma, el
derecho de acceso a la administración de justicia constituye un
presupuesto indispensable para la materialización de los demás
derechos fundamentales, ya que, como ha señalado esta Corporación
“no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las
formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice
adecuadamente dicho acceso”17. Por consiguiente, el derecho de acceso
a la administración de justicia se erige como uno de los pilares que
sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez
que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias
ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan
efectivos sus derechos.
(…)
16 Ver sentencias C-059 de 1993, C-544 de 1993, T-538 de 1994, C-037/96, T-268/96l, C-215/99,
C-163/99, SU-091/00, C-330/00, entre otras.
17 Corte Constitucional Sentencia T-268 de 1996.
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Como se puede observar el derecho en mención tiene un contenido
múltiple, del cual se pueden identificar tres categorías (i) aquéllas que
tienen que ver con el acceso efectivo de la persona al sistema judicial; (ii)
las garantías previstas para el desarrollo del proceso; y (iii) finalmente las
que se vinculan con la decisión que se adoptó dentro del proceso en
cuestión o la ejecución material del fallo.
La primera comprende: (i) el derecho de acción; (ii) a contar con
procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de
derechos y obligaciones18; y (iii) a que la oferta de justicia permita el
acceso a ella en todo el territorio nacional19. La segunda incluye el
derecho a (iv) que las controversias planteadas sean resueltas dentro de
un término prudencial y sin dilaciones injustificadas20; (v) que éstas sean
decididas por un tribunal independiente e imparcial; (vi) a tener todas las
posibilidades de preparar una defensa en igualdad de condiciones; (vii)
que las decisiones sean adoptadas con el pleno respeto del debido
proceso21; (viii) que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos
para el arreglo de controversias22; (ix) que se prevean herramientas
necesarias para facilitar el acceso a la justicia por parte de las personas
de escasos recursos23. La última de éstas abarca (x) la posibilidad
efectiva de obtener respuesta acorde a derecho, motivada y ejecutable;
y que (xi) se cumpla lo previsto en esta.
Del contenido del derecho de acceso a la administración de justicia se
hace evidente una estrecha relación con el debido proceso, ya que, solo
con la efectiva oportunidad y capacidad de impulsar pretensiones
jurisdiccionales, será posible garantizar un proceso justo, recto y
garantista, que decida sobre los derechos en controversia. Lo anterior ha
llevado a la Corte a sostener que el “acceso a la justicia se integra al
núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de que su
garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en
cuenta que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías
sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin
que se garantice adecuadamente dicho acceso”. 24” (Subrayas de la
Sala)
18 Corte Constitucional, Sentencias T-597de 1992; SU-067de 1993; T-451/93; T-268/96, entre otras.
19 Ver por ejemplo la sentencia C-157/98, en la cual la Corte encontró que no se vulneraba el derecho
a acceder a la justicia al exigir que la interposición de la acción de cumplimiento se hiciera ante los
Tribunales Administrativos, pues la ley establecía un mecanismo para facilitar el acceso en aquellos
sitios donde no hubiera Tribunales. Dijo entonces la Corte: “No se vulnera el derecho de acceso a la
justicia con la asignación de la competencia en los Tribunales Contencioso Administrativos, porque
aquél se garantiza en la medida en que las personas no tienen que acudir directa y personalmente
ante los respectivos tribunales a ejercer su derecho a incoar la acción de cumplimiento, porque
pueden remitir, previa autenticación ante juez o notario del lugar de su residencia, la respectiva
demanda, según las reglas previstas para la presentación de la demanda en el Código Contencioso
Administrativo, cuando el demandante no resida en la sede del Tribunal.”
20 Corte Constitucional, Sentencias T-399 de 1993; C-544 de 1993; T-416 de 1994; T-502 de 1997,
entre otras
21 Corte Constitucional, Sentencias T-046 de 1993; C-093 de 1993; C-301 de 1993; C-544 de 1933;
T-268 de 1996; C-742 de 1999, entre otras.
22 Corte Constitucional, Sentencias SU-067 de 1993; T-275 de 1994; T-416 de 1994; T-502 de 1997;
C-652 de 1997; C-742 de 1999, entre otras.
23 Corte Constitucional, Sentencias T-522 de 1994; C-037 de 1996; y C-071 de 1999, entre otras.
24 Corte Constitucional Sentencia T-268 de 1996.
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Asimismo, debe señalarse que la jurisprudencia constitucional ha señalado que el
derecho de acceso a la administración de justicia es una de las garantías que integra
el núcleo esencial del derecho al debido proceso25.
Al respecto, la Sala advierte que sí se le permitió el acceso al sistema judicial de
una forma adecuada a la demandante, se le otorgaron todas las garantías
necesarias al interior del proceso ordinario tramitado a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho y a su vez, tuvo un fallo con el cuan se
decisión el conflicto planteado al interior del mismo. Por lo tanto, no se observa que
existan aspectos que generen la vulneración del mencionado derecho fundamental.
• Frente al derecho a la igualdad
la Corte Constitucional ha sido clara en indicar en reiteradas ocasiones que este
principio, en términos generales, ordena dar un trato igual a quienes se encuentran
en la misma situación fáctica, y un trato diverso a quienes se hallan en distintas
condiciones de hecho. Bajo esta consideración en la sentencia C -178 de 201426,
indicó:
“Por ese motivo, la Sala recuerda que este principio es un mandato
complejo en un Estado Social de Derecho. De acuerdo con el artículo
13 Superior, comporta un conjunto de mandatos independientes y no
siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o
igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de
las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República
y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de
discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier
acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos
definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho
internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que
ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia
del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales.
(…)
En ese orden de ideas, la Corporación ha resaltado que el principio de
igualdad posee un carácter relacional, lo que significa que deben
25 Así lo ha entendido la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-248 de 2018, en la que
expresamente se indicó “De conformidad con los artículos 29, 31, 33 y 228 de la Constitución Política,
el debido proceso constitucional se integra por las siguientes garantías: (xiii) el derecho de acceso a
la administración de justicia.”
26 Referencia: expediente D-9874. Actor: Fabio Enrique Velásquez Arias. Magistrada Ponente:
María Victoria Calle Correa.
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establecerse dos grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser
contrastadas, antes de iniciar un examen de adecuación entre las
normas legales y ese principio. Además, debe determinarse si esos
grupos o situaciones se encuentran en situación de igualdad o
desigualdad desde un punto de vista fáctico, para esclarecer si el
Legislador debía aplicar idénticas consecuencias normativas, o si se
hallaba facultado para dar un trato distinto a ambos grupos; en tercer
término, debe definirse un criterio de comparación que permita analizar
esas diferencias o similitudes fácticas a la luz del sistema normativo
vigente; y, finalmente, debe constatarse si (i) un tratamiento distinto
entre iguales o (ii) un tratamiento igual entre desiguales es razonable.
Es decir, si persigue un fin constitucionalmente legítimo y no restringe
en exceso los derechos de uno de los grupos en comparación.
Por ese motivo, la Corte exige que las demandas por presunta violación
a la igualdad señalen, por lo menos, los grupos que serán objeto de
comparación; las circunstancias de hecho comunes a esos grupos, que
justifican iniciar el examen de igualdad; la existencia de un trato diverso,
a partir de un parámetro de comparación constitucionalmente relevante;
y la inexistencia de razones válidas desde el punto de vista
constitucional que justifiquen ese tratamiento distinto.” (Subrayas de la
Sala)
Así las cosas, revisado el escrito de la impugnación, la Sala encuentra que la parte
actora no indica ninguna circunstancia objeto de comparación, que admita acometer
el examen de igualdad o que permita determinar la existencia de una causa que
justifique el amparo constitucional.
• Frente al derecho fundamental al trabajo
La Corte Constitucional ha indicado que el núcleo esencial del derecho al trabajo
está compuesto por las siguientes garantías27:
“La acción de tutela procede como mecanismo de protección del derecho al
trabajo cuando:
1. Se desconoce el núcleo esencial del derecho al trabajo que consiste en toda
acción u omisión que impida el ejercicio de la facultad de desarrollar una labor
remunerada en un espacio y tiempo determinado.
Se desconoce el núcleo esencial del derecho cuando se evidencia un
desconocimiento de las condiciones dignas y justas en las que el trabajador
debe realizar su labor.
Hace parte del núcleo esencial la adecuada remuneración. La remuneración no
puede ser simplemente simbólica. Ha de ser adecuada al esfuerzo que implica
la tarea cumplida por el trabajador, a su preparación, experiencia, conocimiento
27 Corte Constitucional. Sentencia T-611 de 8 de junio de 2001. M.P Jaime Córdoba Triviño.
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y al tiempo durante el cual vincule su potencial de trabajo a los fines que
interesan al patrono. No puede congelarse indefinidamente.
2. La vulneración de un derecho conexo que conlleve el ataque injustificado del
núcleo esencial. No pertenece al núcleo la pretensión incondicional de ejercer
un oficio o cargo específico, en un lugar determinado ni la permanencia absoluta
en un cargo. El retiro del servicio no implica la prosperidad de la acción de tutela,
solamente hay lugar al estudio del caso, cuando existe debilidad manifiesta o
se trata una trabajadora embarazada.
3. Por el incumplimiento o retardo en la obligación de pagar el salario más la
prueba de vulneración al mínimo vital del trabajador. La situación económica de
la empresa no es óbice para dejar de pagar durante varios meses los salarios
de los empleados. Las acreencias laborales prevalecen incluso sobre cualquier
crédito concordatario.
4. El empleador da por terminado el contrato con justa causa pero faltó en el
procedimiento a los principios de buena fe al no expresar los hechos precisos e
individuales que provocan la justa causa de terminación para que así, la otra
parte tenga la oportunidad de enterarse de los motivos que originaron el
rompimiento de la relación laboral y pueda hacer uso del derecho a la defensa
y controvertir tal decisión si está en desacuerdo.
5. Se desconoce el principio fundamental de a trabajo igual salario igual. Un
tratamiento diferente que vulnere este principio se considera una discriminación,
es un trato diferente sin justificación racional ni razonable”. (Subrayas de la
Sala)
Así las cosas, de la lectura del escrito de demanda, no se advierten las razones por
las cuales la actora considera que se vulnera el derecho al trabajo, ya que la razón
de su inconformidad es la falta de valoración adecuada de las pruebas que fueron
aportadas en el proceso ordinario, como son los diferentes testimonios y los videos
publicados en las redes sociales. Por lo tanto, el reproche no pertenece al núcleo
esencial del derecho al trabajo, como quiera que dicha situación no implica un
impedimento en el desarrollo de una actividad; tampoco se controvierte el retardo
en el pago del salario; ni que un contrato se haya terminado por justa causa sin
expresar las razones de ello, o que se desconozca el principio de trabajo igual,
salario igual.
• Frente al derecho a la seguridad social
En cuanto al concepto de la seguridad social, la Corte Constitucional ha sostenido
que hace referencia a la totalidad de las medidas que propenden por el bienestar
de la población en lo relacionado con la protección y cobertura de unas necesidades
que han sido socialmente reconocidas, y ha explicado que según el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “el derecho a la seguridad social
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incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo
o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular
contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad,
invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos
excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los
hijos y los familiares a cargo”28
Pues bien, como se ha indicado de forma reiterada, la finalidad de la solicitud de
amparo es la revocatoria de un fallo proferido en desarrollo del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, debido a que la señora Meñaca Caparroso
considera que el estudio que efectuó la autoridad acusada no fue el debido, ya que
no tuvo en cuenta las diferentes situaciones de acoso laboral y violencia a la mujer
que conllevaron a que fuera despedida del cargo que cumplía en la Secretaría de
Hacienda del Distrito de Cartagena. Sin embargo, la Sala no advierte una
vulneración del derecho a la seguridad social, teniendo en cuenta que si se ordenara
lo pedido ello no garantizaría que las pretensiones del proceso ordinario fueran
acogidas.
5.2.2.2. De la discusión de asuntos de mera legalidad y de carácter
económico.
Sobre el particular, de la revisión de la demanda y del escrito de impugnación lo que
se advierte es que la actora no propuso un debate sobre asuntos constitucionales,
sino que el reparo que motivó la presentación de la solicitud de amparo es una
discusión meramente legal y económica. En efecto, de la lectura del libelo
introductorio lo que se extrae es que la accionante busca es que a través del Juez
Constitucional la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo nuevamente estudie
las pretensiones y las pruebas presentadas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, para que así se declare la nulidad del Decreto nro.
0703 del 8 de julio de 2020, expedido por el Distrito de Cartagena y en
consecuencia, se le realice el pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes
a la seguridad social dejados de percibir durante el tiempo que fue retirada del cargo
que desarrollaba en la Secretaría de Hacienda del citado territorio.
28 Corte Constitucional. Sentencia T-043 del 5 de febrero de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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5.2.2.3. Del uso de la acción de tutela como una instancia adicional dentro
del trámite ordinario
Frente a este punto, además de lo dicho por la jurisprudencia que viene de citarse,
cabe destacar que en el fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que
“los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de
decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar
el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un
mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos
fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra
en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es
decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los
distintos ámbitos del derecho”.
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos en los que
el interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración que el juez
natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción que generan en el
fallador las pruebas allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se
sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, o en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta
evidente que este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en
el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se desconocería la
autonomía e independencia del juez natural.
En este caso, la Sala advierte que la inconformidad planteada en la tutela y en la
impugnación gira en torno a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, para resolver en segunda instancia el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentado en contra del Decreto nro. 0703
del 8 de julio de 2020, por medio del cual se declaró insubsistente a la actora en el
cago que ejercía en la Secretaría de Hacienda en el Distrito de Cartagena. En
concreto, la señora Meñaca Caparroso plantea que la autoridad judicial no estudio
a la luz del enfoque de generó el material probatorio aportado dentro del proceso
ordinario, sin tener en cuenta que con este se evidenciaba que el acto administrativo
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se encontraba viciado por falsa motivación y desviación del poder, ya que en
realidad el fundamento de la decisión eran las diferencias que tenía la actora con el
representante de la ciudad por temas políticos, su situación de salud y el acoso
laboral.
Por lo tanto, para la Sala es evidente que la actora simplemente expone sus
inconformidades con la decisión que agotó el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho y que, pretende que el juez constitucional analice el asunto y emita una
nueva y distinta resolución sobre el particular, es decir, busca acceder a una
instancia adicional.
Es claro así mismo que, si bien la accionante invocó la protección de los derechos
al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, trabajo y
seguridad social, ella centro su controversia en atacar las conclusiones a las que
llegó la autoridad judicial demandada en relación con el proceso ordinario, sin
proponer una nueva discusión de verdadera índole constitucional. En otras
palabras, la demanda de amparo omite exponer la relación de los supuestos errores
en que incurrió el Tribunal Administrativo de Bolívar con la alegada vulneración de
los derechos fundamentales cuya protección solicita.
Ahora, es del caso precisar que, si bien la demandante alegó que el Tribunal
demandado no tuvo en cuanta que en el caso se discutía la violación de derechos
de un sujeto de especial protección, lo cierto es que dicha autoridad sí tuvo en
cuenta el estado de salud de la accionante y el presunto acoso laboral. Sin embargo,
lo que se buscaba con el proceso ordinario no era protección de esa calidad, sino
la nulidad de un acto administrativo.
Así las cosas, es claro que lo que se busca con el presente proceso es reabrir el
debate que ya fue estudiado por el juez natural, pues la actora considera que este
resolvió sin tener en cuenta el alcance que, según su parecer, le debió dar a las
pruebas recaudadas en el trámite ordinario.
En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra acreditado en
este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo relativo al tercer criterio
señalado en relación con los derechos fundamentales invocados.
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Siendo así, resulta innecesario el estudio sobre el posible cumplimiento de los
restantes presupuestos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial, lo que conduce a revocar el numeral tercero del fallo de tutela de 30 de
agosto de 2024, proferido por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado y modificar el numeral segundo, en el sentido de declarar improcedente en
su totalidad la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
5. FALLA
PRIMERO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia del 30 de agosto de 2024,
dictada por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, que denegó
el amparo de los cargos relacionados con los defectos fácticos y sustantivos.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia
del 30 de agosto de 2024, dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado, por las razones expuestas en esta providencia; el cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE los cargos expuestos en la acción
de tutela interpuesta por la señora Hermelina Milagros Meñaca Caparroso en
contra del Tribunal Administrativo de Bolívar.”
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes e intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 7 de noviembre de 2024.
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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