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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02973-00

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02973-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Ramón José Cabrales Camacho y otros, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. www.consejodeestado.gov.co 15 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-02973-00 Accionante: Ramón José Cabrales Camacho y otros Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02973-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

8 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02973-00
Accionante: Ramón José Cabrales Camacho y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo
– Sección Tercera – Subsección B y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales de la dignidad humana, libertad personal, acceso a
la administración de justicia y debido proceso. Análisis de la configuración de las
causales específicas de defecto fáctico, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente.

Decisión: Se niegan las pretensiones de la acción de tutela al no demostrarse la
configuración de los defectos alegados por el accionante.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo decide la acción de tutela
que instauró el señor Ramón José Cabrales Camacho y otros, quienes actúan
por conducto de apoderado judicial, en contra del Consejo de Estado – Sala de
lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B y contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, dignidad humana en relación con el derecho a la
reparación integral de las víctimas del conflicto armado y a la libertad personal,
ocurrida con ocasión de la expedición de las sentencias proferidas dentro del
proceso tramitado bajo el radicado 25000-23-36-000-2018-00565-01 (67-576).

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2.1.1. El 29 de julio de 2015 la Policía Nacional – Grupo Graos Dos solicitó
ante la Fiscalía 29 orden de interceptación de comunicaciones a ciertos
números telefónicos que se sospechaba pertenecían a integrantes de
la guerrilla del ELN en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

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Accionante: Ramón José Cabrales Camacho y otros

2.1.2. El mismo 29 de julio de 2015 la Fiscalía 29 (DINATE) emitió orden de
interceptación de los aludidos abonados telefónicos por un periodo de
180 días.

2.1.3. Durante el periodo comprendido entre el 31 de agosto y 2 de
septiembre de 2015, analistas de comunicaciones de la Policía
Nacional – DIJIN, encargados de realizar las interceptaciones de los
teléfonos celulares, tuvieron conocimiento de un plan para secuestrar
al señor Ramón José Cabrales Camacho. No obstante, pese a contar
con dicha información, los aludidos funcionarios no informaron a sus
superiores al respecto.

2.1.4. El día 3 de septiembre de 2015 el señor Ramón José Cabrales
Camacho fue secuestrado por la guerrilla del ELN, a la salida de su
finca en la vereda El Venadillo – Los Sauces, cuando fue interceptado
por cuatro sujetos armados que se desplazaban en una camioneta.

2.1.5. El 23 de marzo de 2016 el señor Cabrales Camacho fue puesto en
libertad, una vez su esposa llegó a un acuerdo con sus secuestradores
para el pago de una suma que ascendía a doscientos diez millones de
pesos.

2.1.6. El 7 de junio de 2018, el señor Ramón José Cabrales Camacho, su
esposa, hijos y padres presentaron demanda de reparación directa en
contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército
Nacional, Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación y
municipio de Ocaña, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios
ocasionados como consecuencia del secuestro del que fue víctima
desde el 3 de septiembre de 2015 hasta el 23 de marzo de 2016.

2.1.7. El proceso de reparación directa recayó en primera instancia en el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección
C e identificado bajo radicado 25000-23-36-2018-00565-00, que en
sentencia de 10 de junio de 2021 declaró la falta de legitimación en la
causa por pasiva de los accionantes, con excepción del señor Ramón
José Cabrales Camacho y negó las pretensiones.

2.1.8. La parte actora presentó recurso de apelación, y el Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
el 30 de noviembre de 2023 profirió sentencia de segunda instancia en
la que confirmó la anterior decisión.

2.2. Fundamento jurídico

La parte accionante señaló que hay lugar a amparar sus derechos
fundamentales, pues en las decisiones judiciales accionadas se incurrió en las

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siguientes causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial:

• Defecto fáctico en su dimensión negativa por ausencia de material
probatorio que soporte la decisión, al considerar que, tanto en primera
como en segunda instancia, se realizó una valoración arbitraria o
caprichosa del acervo.

Al respecto, se expuso que en el expediente existían pruebas suficientes
para determinar que las entidades demandadas estaban enteradas de que
se iba a realizar un secuestro y no tomaron las medidas adecuadas y
necesarias para proteger la integridad del señor Cabrales Camacho.

Concretamente hizo referencia a los informes de 19 y 20 de noviembre de
2015 y de 23 de febrero de 2016 emitidos por la policía judicial, en los que
se realizaron intercepciones de las comunicaciones de alias “Barbas”,
quien realizaba labores de espionaje a comerciantes con el fin posterior
de secuestrarlos. Por lo que, si bien en dichas informaciones no se indica
el nombre del accionante como objetivo de secuestro del grupo al margen
de la ley, las autoridades si tenían conocimiento del lugar en donde iba a
ocurrir la comisión del delito, de manera que no se desplegó ninguna
actuación para impedirlo.

• Desconocimiento del precedente, pues no tuvieron en cuenta las
providencias judiciales proferidas por la Corte Constitucional que han
indicado el deber de las autoridades estatales en el mantenimiento del
orden público y a los derechos de reparación integral por los daños
sufridos con los que cuentan las víctimas del secuestro y conflicto
armado1. Precisó que las providencias judiciales fueron emitidas sin que
se valoraran los argumentos de fondo respecto a la responsabilidad del
estado sobre las víctimas directas e indirectas del secuestro del señor
Ramón José Cabrales.

• Por último, anotó que se incurrió en una violación directa de la
Constitución, pues con las decisiones judiciales se desconocieron los
derechos a: i) la dignidad humana en relación con el derecho a la
reparación integral de las víctimas en el conflicto armado (artículos 1 y 13
de la C.P); ii) derecho a la libertad y seguridad personal (artículo 28 C.P),
dado que si bien el daño no fue configurado por agentes estatales, las
autoridades públicas no cumplieron con el deber de proteger al
accionante, comoquiera que no tuvo la reacción inmediata al secuestro, el
cual consiste en realizar un plan candado; iii) derecho al debido proceso
al no contar con un recurso judicial efectivo, pues las decisiones judiciales
se refirieron a aspectos formales sin que se analizara el fondo del asunto.

1
Corte Constitucional, sentencias T-114/2015 y T054/17.

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2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«PRIMERA. Que se TUTELEN Y PROTEJAN los siguientes derechos
fundamentales del señor RAMÓN JOSÉ CABRALES CAMACHO y de su
familia que fueron vulnerados por las Entidades accionadas:

(i) A la administración de justicia en relación con el derecho a contar con
un recurso judicial efectivo: Constitución Política, artículos 29 y 229;
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25).

(ii) A la dignidad humana en relación con el derecho a la reparación integral
de las víctimas del conflicto armado: Constitución Política, artículo 1;
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5.2).

(iii) A la libertad personal: Constitución Política, artículo 28; Convención
Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7).

SEGUNDA. Que, a fin de proteger los derechos fundamentales del señor
RAMÓN JOSÉ CABRALES CAMACHO y su familia, se ordene al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, como el
Consejo de Estado sala de Contencioso Administrativo, Sección tercera,
Subsección B que efectúen un estudio de fondo sobre las pretensiones
propuestas en la acción de reparación directa y en este sentido se
garantice el derecho a la reparación integral que le asiste a la víctima de
secuestro y su familia».

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida a través del auto de 9 de julio de 2024, por medio
del cual se dispuso la notificación al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera Subsección B y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca- Sección Tercera Subsección C como accionados y al Ministerio
de Defensa, Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la
Fiscalía General de la Nación y el Municipio de Ocaña, como terceros con interés
en el resultado del proceso; y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General
del Proceso.

2.4.1. El Ministerio del Interior señaló que las pretensiones del accionante se
encuentran al margen de su competencia, de manera que alegó falta de
legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación del proceso2.

2.4.2. El consejero ponente de la decisión accionada de segunda instancia
proferida por el Consejo de Estado Sala de Contencioso Administrativo, Sección
tercera, Subsección B, presentó escrito de contestación, exponiendo que la
providencia y el expediente del medio de control de reparación directa accionado

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contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de tutela tome
la decisión que en derecho corresponda3.

2.4.3 La Policía Nacional, a través de la Secretaría General – Grupo Asuntos
Legales contestó el escrito tutelar solicitando que se negaran las súplicas de la
misma. En efecto, expresó la inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales de la entidad, dada la ausencia probatoria para determinar la
responsabilidad patrimonial extracontractual a cargo del Estado en el caso del
señor Cabrales Camacho.

Además, consideró que el camino procesal que tomó el accionante no resulta ser
idóneo, pues con ello se busca revivir las etapas procesales de un proceso
ordinario que contó con todas las garantías del caso para cuestionar las
decisiones que allí se adoptaron4.

2.4.4 La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la acción incoada se torna
improcedente porque no se presentó dentro de los 6 meses siguientes a la
aparente vulneración de los derechos fundamentales alegados.

Solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía para
responder a las pretensiones de tutela, comoquiera que no fue la autoridad que
profirió las decisiones judiciales accionadas. En todo caso, expuso que no existió
vulneración al derecho fundamental al debido proceso, ni al acceso a la
administración de justicia, por lo que solicitó además que se declarara la
improcedencia de la tutela5.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección considera que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si en las providencias proferidas
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección C
y por el Consejo de Estado Sala de Contencioso Administrativo, Sección tercera,
Subsección B incurrieron en las causales específicas de procedibilidad del
defecto fáctico, desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación
directa de la Constitución Política.

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Índice 20 del aplicativo SAMAI.
4
Índice 22 del aplicativo SAMAI.
5
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Previamente, es menester determinar si el escrito presentado por el apoderado
de Ramón José Cabrales Camacho y otros, cumple con los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un

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efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos que dieron lugar a
la presentación de la acción de tutela como los derechos presuntamente
vulnerados están plenamente individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la ejecutoria de la providencia cuestionada de segunda (11 de
enero de 2024) hasta la radicación de la acción de tutela (11 de junio de 2024).

3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental
como consecuencia del defecto fáctico, desconocimiento del precedente
jurisprudencial y violación directa de la Constitución Política en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia, con la
precisión de que se hará un análisis de los defectos en los que pudo haber
incurrido el Consejo de Estado en la decisión del 30 de noviembre de 2023, por
tratarse de aquella en la que se resolvió el recurso de apelación, y en la que
eventualmente se pudo materializar la vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes.

En ese orden de ideas, se proceden a estudiar la configuración de las causales
invocadas

3.4 El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional1 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa2, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la

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circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez.

b. Una dimensión positiva3, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios» 4.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez
que ordinariamente conoce de un asunto.

3.4.1 Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el caso
concreto

A este respecto, la parte accionante consideró que las entidades accionadas
incurrieron en un defecto fáctico en su dimensión negativa, al considerar que, en
las sentencias judiciales proferidas, tanto en primera como en segunda instancia,
se valoraron de forma caprichosa las pruebas.

Al respecto, se argumentó que en el expediente obraban las pruebas suficientes
para determinar que las entidades demandadas en el proceso ordinario estaban
enteradas, previo a su consumación, de que se iba a realizar el secuestro del
señor Cabrales Camacho, a partir de las interceptaciones de los abonados
telefónicos de sus secuestradores. Y que, si bien en las conversaciones
transliteradas no se mencionó el nombre del señor Cabrales Camacho, lo cierto
era que las autoridades públicas sí tenían conocimiento del lugar en donde se iba
a realizar el secuestro. Por lo que, al no tomar las medidas necesarias para la
protección del accionante, se podía concluir que actuaron de manera negligente,
y, por tal razón, eran responsables del daño antijurídico sufrido.

Ahora bien, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Tercera Subsección B, en la sentencia del 30 de noviembre de 2023 mediante la
cual se confirmó la sentencia proferida por el a quo, argumentó lo siguiente:

«24. En el informe del investigador de campo FPJ11 de 20 de noviembre de
201514, emitido por la Policía Judicial y dirigido a la Fiscalía 29 Dirección

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Nacional de Fiscalías Especializadas contra el Terrorismo, se relacionan
cronológicamente las siguientes comunicaciones:

“24/08/2015: Barbas le dice a HD [un hombre desconocido] que lo
complicado es que el tipo llega tipo 15:00, 18:00, 20:00, que no tiene horario
fijo, que el único horario fijo que tiene el muchacho es en la mañana, pero
que el movimiento en la mañana es todo bien, Barbas le dice que Chadi mire
el movimiento y que en la noche se reúnen para cuadrar esa vaina, que para
mirar eso hoy y mañana a ver si sale a la misma hora y cuánto dura, HD le
dice que la idea es que Barbas valore todo (…) 25/08/2015: un HD le dice a
Barbas que parece que el Tío va para la finca, que, si va para la finca para
ir a visitarlo de una vez, Barbas le dice “yo estoy pegadito”, hombre
desconocido le pregunta que, si está en la camioneta, Barbas le dice que, si
“la tengo a la mano”, hombre desconocido que va a tocar que pase y lo
recoja pero que ya lo llama (…). [Minutos después] HD le dice [a Barbas]
que mejor se recojan. 2/09/ 2015: Barbas le dice a un hombre desconocido
que la novia de él está por ahí (se refiere al sujeto a secuestrar), pero que
hay bastante carro y que está jugando en la cancha, hombre desconocido le
dice que para donde él está todo bueno, y que como mira la vaina, Barbas
que eso está oscuro y la gente está en la cancha (…). [Minutos más tarde]
Barbas dice que el partido ya terminó pero que no mira la novia en la banca
(objetivo)”

25. En otro informe en el que obran las transliteraciones de las
conversaciones interceptadas consta:

“25/08/2015. HD [hombre desconocido] llama a alias BARBAS y le dice que
se encuentra trabajando desde temprano porque la comida hay que
rebuscársela de alguna forma, que el encargo bajo y subió nuevamente,
alias BARBAS pregunta que hasta donde acompañó al abuelo (víctima) y
HD le dice que estuvo con el abuelo (víctima) hasta el supermercado (…) y
lo subió nuevamente a la casa (…) [Horas más tarde] alias BARBAS le dice
que está ahí esperando a ver que noticias hay y le pregunta que, si el tío ya
se guardó, HD le dice que no sabe, que hoy no subió por allá, que toca
esperar hasta mañana para tener nuevas noticias (…) [Horas más tarde] HD
llama a alias BARBAS y le dice (…) que ya el encargo llegó (víctima) que ya
toca dejarlo para mañana, alias BARBAS le dice que el también salió a dar
una vuelta por allá y le pregunta si el tío llegó con toda la cúpula, HD le dice
que sí, que llegó con toda la familia (…) 3/09/2015. alias BARBAS le marca
a HD y le pregunta que qué ha averiguado sobre la nevera (víctima), HD le
dice que él estuvo por allá por el centro acompañando al señor (víctima),
que está por ahí con el vecino (víctima), y que ya van para arriba, que ya
van bajando (…) 3/09/2015, a las 18:22 horas, alias BARBAS le marca a un
HD y le dice que le diga al amigo del bigote que el tío (víctima) que ya
trabajaron, HD le dice que bueno, que no está, que toca mañana, alias
BARBAS le dice que bueno, que le diga que ya trabajaron, que el pollo
(víctima) está bien, que ya está a punto de encontrarse con el otro
muchacho, con el pintao, HD le dice que ya toca en la mañanita organizar
eso (…)”.

26. En el informe de 19 de noviembre de 201516 se refiere:

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“4/09/2015: un HD le dice a alias Barbas que ya empezaron las noticias de
Ocaña, y dice que eso hay es puro polocho, Barbas le dice que le grabe eso
en el celular y le envía, HD le pone al teléfono la noticia en la que están
hablando del secuestro de un reconocido comerciante de nombre Ramón
José Cabrales y ganadero de Ocaña, la noticia dice que fue el jueves a las
cinco de la tarde en el sector semiurbano de Venadillo”.

27. Con base en el contenido de los informes, la Sala observa que ni la
Policía ni la Fiscalía tenían conocimiento cierto del secuestro que la
organización delincuencial había planeado en contra de Ramón José
Cabrales Camacho previo a que efectivamente se materializara el delito. Por
una parte, tal como lo señaló el tribunal, en las conversaciones no se
advierte una referencia directa ni indirecta respecto de la víctima. En efecto,
los victimarios en sus conversaciones emplearon un lenguaje inusual para
comunicarse entre ellos, es así como se refieren a la víctima como “el
muchacho”, “el encargo”, “el abuelo”, “la novia”, “el tío”, “la nevera”, entre
otras denominaciones. Tampoco hicieron referencia a un lugar específico,
solo señalaron, de manera general, “la finca”, “la cancha”, “el
supermercado”, a partir de lo cual no era posible identificar una ubicación
precisa.
28. Por otra parte, las transliteraciones y los informes fueron emitidos y
puestos a disposición de la Fiscalía meses después de ocurrido el secuestro
(informes de Policía Judicial de 19 y 20 de noviembre de 2015 emitidos
dentro de la investigación penal con radicado No.
110016000097201500106) y, solo con la valoración de otras pruebas, se
relacionó el contenido de dichas conversaciones con la cronología del
secuestro narrado por el grupo familiar de la víctima en la investigación
adelantada por esos hechos (informe de Policía Judicial de 23 de febrero de
2016 en la investigación penal con radicado No. (sic)
544986106113201580643) 17. Por último, cabe destacar que la única
conversación en la que hacen referencia a la víctima por su nombre y
apellidos es aquella en la que uno de los interlocutores le refiere a otro que
las autoridades iniciaron la búsqueda del secuestrado, es decir, cuando ya
se había materializado el hecho.

29. Tampoco está demostrado que las entidades demandadas,
especialmente la Policía, actuara con negligencia en la atención del caso.
Según consta en el oficio de 27 de julio de 2017 emitido por el Departamento
de Policía de Norte de Santander, el protocolo a seguir en caso de un
secuestro “es el plan candado el cual es el cierre de vías dentro del perímetro
urbano con el fin de cercar y /o bloquear la posible evasión al control policial
por parte de los delincuentes (…) después de activar el plan candado el
Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) asume la
investigación y toma contacto con los familiares, en lo cual se activan los
mecanismos investigativos técnicos para la posible ubicación y rescate del
plagiado (…)”18. En concordancia, en el acta de 7 de septiembre de 2015
del Consejo de Seguridad, consta que “el mismo jueves se tomó contacto
con el General Palomino y el sábado con el General Jerez, asimismo se
tomó comunicación con los comandantes departamentales tanto de policía
como del ejército los cuales manifestaron que una vez conocidos los hechos
se estructuró la estrategia para dar con la liberación del ciudadano (…) se
hicieron movimientos de tropa y se están haciendo las operaciones de

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inteligencia (…) se está realizando el proceso de recolección de información,
se están haciendo todos los esfuerzos institucionales” 19. En el expediente
también obra la investigación penal adelantada por el delito de secuestro en
contra de Ramón José Cabrales Camacho, es decir, en este caso, no se
probó negligencia por parte de las entidades demandadas.

(…)

31. Por último, la Sala advierte que en el proceso no hay denuncias o
solicitudes de protección presentadas por la víctima ante las autoridades,
distintas a aquellas que justificaron la adopción de medidas de protección
por la Policía, en conjunto con la Unidad Nacional de Protección, ante el
riesgo verificado que enfrentaba la Ramón José Cabrales Camacho
después de su liberación24.

32. En definitiva, no se probaron los supuestos fácticos necesarios para que
se configure la responsabilidad del Estado por omisión ante daños
ocasionados por terceros: no se probó que las autoridades tuvieran
conocimiento previo sobre la existencia de un riesgo sobre la libertad e
integridad de la víctima, tampoco que existiera una grave alteración del
orden público en la que se conociera públicamente el riesgo que afrontaba,
ni se demostró que el afectado pusiera en conocimiento una situación
específica que hiciera previsible el daño25, por lo que la Sala negará las
pretensiones de la demanda. (…)»

De la lectura de la providencia objeto de la acción de tutela no se advierte una
interpretación arbitraria o caprichosa del acervo, porque se confirmó la decisión
de primera instancia a partir de un ejercicio intelectivo razonable, según el cual
en las conversaciones telefónicas interceptadas no se realizó una referencia
directa ni indirecta respecto de la víctima lo que impedía individualizarlo previo a
los hechos; adicionalmente, se pudo establecer que una vez se dio noticia del
secuestro se realizó el plan candado, y solo de forma posterior se pudo identificar
que los criminales se referían en sus comunicaciones al señor Cabrales
Camacho.

A partir de lo anterior, en criterio de la Sala considera que no es posible afirmar
que las autoridades judiciales accionadas hayan incurrido en un defecto fáctico
por indebida valoración de las pruebas, pues, la providencia objeto de la acción
de tutela está estructurada de manera racional y lógica, y se fundamentó en un
análisis apegado a las reglas de la sana crítica.

Así las cosas, se advierte que la parte accionante pretende que se avale la
interpretación que considera es la acertada, basándose en los mismos medios
de prueba que fueron estudiados en el proceso ordinario.

Conforme con lo anterior, se advierte que tanto el razonamiento como la
valoración probatoria realizados por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera Subsección B, son razonables, coherentes y

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apegados al ordenamiento jurídico por lo que no es posible predicar la existencia
de un defecto fáctico.

3.6. Desconocimiento del precedente.

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de
igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente la igualdad ante la
ley sino también la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades y
específicamente la igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte
de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica
y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma
forma6.

En ese sentido, el precedente judicial7 es la figura jurídica que sirve como
dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento,
pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho8.

En ese orden la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un
antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido9. Al respecto, ha
aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que
se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista
fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho que
guían al juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter
orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al
momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las razones para
apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”10.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un precedente,
cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado; (ii) la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado constituye la
pretensión del caso presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada
en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación”11

Ahora bien, el sometimiento al precedente no puede convertirse en una camisa
de fuerza para el juzgador, por lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido
que las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes

6
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006,
T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
7
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional
precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a
un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos,
debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”
8
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis,
2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.
9
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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previos, bien sean estos verticales u horizontales 12, siempre y cuando cumplan
con (i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del que se va
a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber de señalar
una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que
manifiesten las razones por las cuales se apartan de la regla jurisprudencial;
elementos con los que, en palabras de la misma Corte, se protege el carácter
dinámico del derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial13.

3.6.1 Análisis de la configuración del desconocimiento del precedente.

Al respecto, la parte accionante afirmó que las decisiones judiciales enjuiciadas
desconocieron el precedente emitido por la Corte Constitucional en relación con
el mantenimiento del orden público, así como el derecho a la reparación integral
de las víctimas del conflicto armado por los daños sufridos, para lo cual trajo a
colación las sentencias T-114/2015 y T-054/2017.

Sobre ello, debe advertir la Sala que dichas sentencias no son aplicables al caso
concreto, pues como se indicó previamente, el precedente judicial se aplica una
vez se constate que los hechos de ambos casos guardan similitud, lo que no se
observa que ocurra en el análisis conjunto de las providencias aludidas y el caso
bajo estudio.

En efecto, las sentencias T-114/2015 y T-054/2017 expedidas por la Corte
Constitucional tratan, por una parte, sobre la indemnización integral de tipo
administrativa que recae sobre el Estado en favor de las víctimas del conflicto
armado en aplicación a lo dispuesto en la Ley 1448 de 201114 y sus decretos y
resoluciones reglamentarias; y, por la otra, sobre la reparación integral que las
víctimas deben tener en los procesos judiciales penales, cuando se configure la
responsabilidad a cargo del autor del delito, en los términos de la Ley 975 de
2005.

Por tanto, es claro que las premisas sobre las que se erigen las sentencias en
cita no se adecuan al caso concreto, de manera que no es factible argüir su falta
aplicación.

Por ende, se considera que no se configuró la causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial de desconocimiento del
precedente.

3.5. La violación directa de la Constitución Política como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial

12
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior
jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas
decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para
resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
13
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

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En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

«Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre otros
eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho
defecto se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional
en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una
interpretación claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite su
declaración por alguna de las partes en el proceso.

Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe
señalar que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen
mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y,
en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción
de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados”»15.

3.5.1. Análisis de la configuración de la violación directa de la Constitución
Política en el caso concreto.

En el caso concreto, la parte accionante invocó la vulneración directa de la
Constitución Política porque considera que en las sentencias objeto de reproche
se desconocieron los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la libertad
y seguridad personal, pues si bien el daño no fue configurado por agentes
estatales, las autoridades públicas no cumplieron con el deber de protegerlo.

Alegó igualmente la violación al debido proceso, comoquiera que las decisiones
adoptadas se refirieron únicamente a aspectos formales sin que se analizara el
fondo del asunto.

Sobre este último punto, esto es, la violación al debido proceso, la Sala no emitirá
pronunciamiento, pues el recurso se fundamentó en la aparente carencia de
análisis de fondo en que incurrieron las autoridades judiciales al momento de
expedir sus decisiones. Sin embargo, se advierte que, con precedencia, al
estudiarse la configuración del defecto fáctico, se indicó que las sentencias objeto
de reproche se fundamentaron en la totalidad de las pruebas allegadas al

15
Corte Constitucional, sentencia SU 873 de 13 de noviembre de 2014, magistrada ponente:
María Victoria Calle Correa.

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expediente, de modo que sí se realizó un análisis de fondo y, por tanto, no puede
advertirse una violación al debido proceso en los términos alegados.

Ahora bien, en cuanto a la violación directa de la Constitución por los derechos
fundamentales a la dignidad humana, libertad y seguridad personal al considerar
la parte accionante que las autoridades judiciales no cumplieron con el deber de
protegerlo para evitar el secuestro perpetrado; debe advertirse que, contrario a
lo considerado por la parte accionante, la interpretación con base en la cual se
declaró la ausencia de responsabilidad de las entidades del Estado en las
sentencias accionadas se encuentra acorde con la Constitución Política.

En efecto, de la lectura de las sentencias proferidas, se observa que las
autoridades si realizaron un estudio a partir de los elementos de la cláusula
general de responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la
Constitución Política, y llegaron a la conclusión de que en el caso concreto no
había lugar a imputar el daño sufrido por el señor Cabrales Camacho y su grupo
familiar al Estado, comoquiera que no había elementos suficientes para que las
autoridades hubieran adoptado acciones preventivas respecto del referido
ciudadano, y que los hechos le eran atribuibles a un tercero.

Por tanto, al no encontrarse acreditado que en el caso bajo estudio las
autoridades públicas demandadas, previo al secuestro del señor Cabrales
Camacho, tuvieran conocimiento sobre su realización, bien sea a través de
solicitudes de protección que antes del suceso este hubiera presentado; o porque
el asunto fuera de público conocimiento, de modo que fuera necesario que las
autoridades adelantaran las gestiones de protección del caso; es claro que, no
podía considerarse, como expone el actor, el desconocimiento de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana y la libertad, pues, al llevarse a cabo el
proceso de reparación directa, dentro de su trámite no se logró determinar y
endilgar responsabilidades al Estado a partir del análisis de las pruebas obrantes,
con base en el estudio de los elementos constitutivos que para tal efecto
determina el artículo 90 de la Constitución Política.

En conclusión, la Sala encuentra que hay lugar a negar las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia, al no demostrarse la configuración del defecto
fáctico alegado por la parte accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Ramón José Cabrales
Camacho y otros, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

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Accionante: Ramón José Cabrales Camacho y otros

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada la sentencia de tutela remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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