Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02993-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02993-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02993-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
26 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02993 01
Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra actos que ordenaron el decomiso de
mercancías y decidieron el recurso de reconsideración. No se configura el
defecto fáctico alegado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 25 de julio de 2024, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró
improcedente la solicitud de amparo.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
La sociedad Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.), por medio de
apoderado, promueve acción de tutela contra la providencia del 22 de febrero de 2024,
que dictó la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la que confirmó el fallo
del 30 de abril de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, en descongestión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
1.2. Pretensiones
La accionante formula las siguientes súplicas:
1. Tutelar los derechos fundamentales al [debido proceso], al acceso efectivo a la
administración de justicia consagrados en la Constitución Política de Colombia.
2. Declarar que [en] la providencia en referencia, la Sección Primera del Consejo
de Estado, transgrede los artículos 29, 228, 229 y 13 de la Constitución Política de
Colombia.
3. Ordenar anular los actos administrativos demandados con los efectos jurídicos
consecuentes.
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la accionante a través de su apoderado señala los
siguientes:
i) Llevó a cabo operaciones de importación de mercancías concernientes a
subpartidas arancelarias relacionadas con perfumes, para ello agotó los trámites
previstos en la ley con el fin de obtener el «levante de las mercancías», una vez
cumplidas y en virtud de la libre disposición inherente a ese acto dispuso el traslado y
ubicación de los bienes en zona aduanera secundaria, según la infraestructura y
mecanismos logísticos disponibles como usuario comprador.
ii) Como se describe en la sentencia cuestionada, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) realizó acciones de control posterior o de fiscalización
dirigidas a verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, en desarrollo de
ellas consideró procedente dictar el acto de aprehensión de mercancías en las
cantidades insertas en las respectivas actas previstas en el citado procedimiento.
iii) Según el trámite en vía gubernativa y como consta y se destaca en el fallo del 22
de febrero de 2024, radicó el respectivo escrito de objeciones con miras a impedir la
expedición del acto de decomiso; no obstante, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) emitió la Resolución 1-03-238-421-636-1-004119 «con fecha
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impuesta en el documento de 8 de agosto de 2011» ordenando la incautación de la
mercancía importada.
iv) Contra esa decisión interpuso recurso de reconsideración según lo dispuesto en el
artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, en el que también se solicitaron pruebas que
fueron negadas mediante el Auto 03-236-408-110-951 del 29 de septiembre de 2011,
confirmado por Auto 03-236-408-110-973 del 10 de octubre de 2011.
v) La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dictó el Auto 03-236-408-
101-1071 del 18 de noviembre de 2011, decretando pruebas de oficio y mediante
Resolución 03-236-408-601-00134 del 27 de febrero de 2012, resolvió el recurso de
reconsideración modificando el artículo 1.º de la Resolución 1-03-238-421-636-1-
004119 del 8 de agosto de 2011 y negó la ocurrencia del silencio administrativo
positivo.
vi) A través de apoderado impetró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra los aludidos actos y cumplido el trámite legalmente previsto en la instancia el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia negando las pretensiones.
Seguidamente presentó recurso de apelación que se decidió desfavorablemente por
el Consejo de Estado, Sección Primera, en fallo del 22 de febrero de 2024.
1.4. Fundamentos jurídicos
La accionante alega que con la sentencia acusada se vulneraron sus derechos al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad e incurrió en
defecto fáctico, por las siguientes razones:
i) Los yerros en la decisión del Consejo de Estado se configuran a partir de la
valoración que efectuó del auto mediante el que la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) decretó pruebas de oficio, pero no solo de su estimación, sino de las
consideraciones que hace para justificar la suspensión por tres meses del término con
el que contaba la entidad para resolver de fondo el recurso de reconsideración, asunto
determinante en el resultado del caso y que, de haber sido apreciado en su real y
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Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
prístino contenido otro hubiera sido el sentido en relación con el reconocimiento de los
derechos que le asistían.
ii) El fallo que se ataca mediante la presente acción de tutela pretende convalidar el
vencimiento del término con el que contaba la DIAN para decretar las pruebas, pero lo
más grave, es que indica que en la decisión que las denegó, se ordenaron pruebas de
oficio, lo que produjo una suspensión de tres meses al término que tenía la entidad
para decidir de fondo, lo cual resulta completamente ajeno a las evidencias
demostrativas obrantes en el proceso, con lo cual se abre camino a invalidar la
sentencia atacada.
iii) Lo anterior, trae como consecuencia que el plazo con el que la DIAN contó para
desatar el recurso de reconsideración nunca se suspendió y, por tanto, al haber
proferido la decisión el 12 de febrero de 2012, esto es, más de dos meses después del
término, operó el silencio administrativo positivo a favor de PERCOINT S.A.
iv) Ahora bien, se destaca que en el auto del 18 de noviembre de 2011, mediante el
que la entidad accionada, de manera tardía, decretó pruebas de oficio no había
ninguna que debía practicarse en el exterior; por consiguiente, no había lugar a la
suspensión para pronunciarse de fondo.
1.5. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto del 14 de junio de 2024, que ordenó
notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Primera, como
demandados. Así mismo, se dispuso la notificación al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, y a la Dirección Nacional de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así como a las demás partes, personas y/o
entidades que hayan participado en el proceso ordinario con radicado 25000 23 24 000
2012 00766 02 como terceros interesados en las resultas de esta acción, para que
dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el
respectivo informe.
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Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
1.6. Intervenciones
1.6.1. Del Consejo de Estado, Sección Primera. El consejero doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes solicita declarar la improcedencia de la solicitud de tutela o
en su defecto, denegar las pretensiones de la demanda, por los siguientes motivos:
i) La controversia planteada por la accionante carece de relevancia constitucional, en
razón a que pretende reabrir un problema jurídico que ya resuelto por el juez ordinario.
ii) En efecto, en lo atinente a cuál era el término con el que contaba la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para decidir el recurso de reconsideración y
cuándo se expidieron los actos demandados, ya fue zanjada por el juez ordinario, de
acuerdo con las normas y jurisprudencia que resultaba aplicable y, por tanto, no es
procedente utilizar el mecanismo de amparo como una tercera instancia para discutir
las conclusiones a las que arribó el órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativa.
iii) Tampoco habría lugar al amparo de los derechos fundamentales invocados, porque
según el artículo 515 del Estatuto Aduanero contra el acto que decida de fondo procede
el recurso de reconsideración, el cual debe resolverse en el término de tres meses
contados a partir de la fecha de su interposición. Por su parte, el numeral 1 prevé que
el periodo probatorio será de dos meses si es en el país y de tres meses cuando deban
practicarse en el exterior y correrá a partir de la ejecutoria del acto que las decretó. Y,
el artículo 519 establece que el incumplimiento de los términos para decidir es
perentorio y su incumplimiento dará lugar al silencio administrativo positivo y en casos
de mercancía aprehendida da lugar a la entrega.
iv) Con fundamento en esas disposiciones se tuvieron como hechos para resolver el
problema jurídico planteado en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
25000 23 24 000 2012 00766 02, relacionado con el incumplimiento del término para
decidir de fondo la situación jurídica de la mercancía aprehendida a PERCOINT S. A.
v) Se destaca que la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas
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de Bogotá expidió un auto de pruebas de oficio en consideración a la necesidad de
tomar una decisión motivada, las cuales no eran aquellas que fueron negadas.
vi) Igualmente, en aplicación del artículo 515, numeral 1 del Estatuto Aduanero, la
administración decidió suspender por tres meses el término para resolver el recurso
de reconsideración, por cuanto requirió la práctica de pruebas en el exterior, la cual,
según el auto de pruebas era «[…] 4. Solicitar a la Coordinación RILO y Auditoria de
Denuncias de Fiscalización de la Dirección de Gestión de Fiscalización de esta
Entidad, la verificación de autenticidad de las facturas comerciales soporte de las
declaraciones de importación relacionadas en el punto 2 del auto […]», dicha
verificación a las facturas de venta debía hacerse con el proveedor en el exterior, las
cuales, estaban amparadas con las declaraciones de importación aportadas.
vii) Lo anterior se pudo constatar en el acervo probatorio allegado al expediente,
puntualmente en el folio 2631, del tomo 13 y el folio 5090 del tomo 29, en el que la
administración realizó un exhorto para la verificación de las mencionadas facturas, que
como se mencionó, requería la validación con el proveedor en el exterior, lo que es
suficiente para habilitar la facultad de suspender el término para resolver la
reconsideración por tres meses, tal como lo establece la norma a la que se hizo
alusión.
viii) Así que, contrario a lo dicho por la sociedad demandante, el término que tenía la
autoridad aduanera para resolver el recurso de reconsideración no vencía el 1.º de
diciembre de 2011, toda vez que el 18 de noviembre de 2011, ocho días antes de que
se venciera dicho plazo, expidió un auto que decretaba pruebas en el exterior, el cual
quedó ejecutoriado el 25 de noviembre de 2011, quedando suspendido por tres meses
más. En ese contexto, la fecha para proferir el acto que decidía vencía el 27 de febrero
de 2012, día en el cual se expidió la resolución acusada.
ix) Finalmente, respecto del argumento relacionado con la fecha de la Resolución 1-
03-238-421-636-1-004119, que la demandante sostiene que los efectos de esta
empiezan, no desde su fecha de expedición, esto es, el 8 de agosto de 2011, sino a
partir de su notificación, esto es, 9 del mismo mes y año, se recuerda que el artículo
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Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
512 del Decreto 2685 de 1999, dispone que a partir del día en que se presente el
escrito de objeciones la DIAN tiene cuarenta y cinco días para decidir de fondo, siempre
que no se hubieren decretado pruebas o se hubieren denegado las solicitadas.
x) Así mismo, el parágrafo de esa disposición señala que dentro del término para
decidir de fondo no se entiende incluido el referido al plazo para realizar la notificación,
el cual debe surtirse en la forma y oportunidad señalada en los artículos 564 y 567 de
esa codificación; en consecuencia, no es de recibo el argumento de la accionante
relativo a que el término para definir la situación jurídica de la mercancía aprehendida
debía ser el mismo para su notificación.
1.6.2. Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A. El magistrado Felipe Alirio Solarte Maya dio contestación a la demanda
en los siguientes términos:
i) La acción de tutela se pretende utilizar como mecanismo de defensa principal, puesto
que las súplicas de la demanda están dirigidas a que se declare la nulidad de actos
administrativos, más no a que se efectúe un estudio constitucional de una sentencia
emitida en derecho dentro de un proceso contencioso-administrativo.
ii) Se persigue reabrir el debate fáctico y probatorio que fue descartado en el proceso
ordinario para acceder a las pretensiones de la demandante, siendo este mecanismo
improcedente para tal finalidad, porque se intenta reemplazar al juez natural por el de
tutela para discutir el fondo del asunto, desconociendo que el proceso de la sociedad
PERCOINT S. A., ya cursó en dos instancias, en donde la controversia fue resuelta en
derecho, con atención a las normas propias de la acción regulada en el Decreto 1 de
1984.
iii) De la lectura atenta del escrito de tutela, se observa que se plasman similares
argumentos a los expuestos en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y
lo confronta con lo decidido en segunda instancia por el Consejo de Estado, sin que
con ellos se demuestre la existencia de una vulneración a los derechos fundamentales
de la solicitante.
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Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
iv) En el asunto, el debate es enteramente legal con el fin de conseguir que se
revoquen las decisiones adoptadas en derecho por los jueces contencioso-
administrativos, así como también, que se realice el estudio de legalidad, en sede de
tutela, de las resoluciones 1-03-283-421-636-1-004119 del 8 de agosto de 2011, 03-
236-408-601-00134 del 27 de febrero de 2023, y 03-2396-408-656-296 del 24 de abril
de 2012.
1.6.3. De la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La señora Diana
Astrid Chaparro Manosalva, subdirectora de representación externa, pidió declarar
improcedente la solicitud de amparo, ante la inexistencia de vulneración de derechos
fundamentales.
i) Las autoridades judiciales accionadas no vulneraron el debido proceso a la sociedad
demandante, ya que el simple hecho de proferir una sentencia contraria a los intereses
de este no materializa por sí sola una violación a esa garantía, es imprescindible
demostrar que el administrador de justicia actuó sin ningún fundamento jurídico o
probatorio al momento de tomar la decisión, además de impedir el derecho de defensa
y contradicción, para acreditar su quebrantamiento.
ii) En el caso objeto de estudio, es menester señalar que las autoridades judiciales en
ningún momento actuaron de manera arbitraria ni vulneraron los derechos de la
accionante, ya que su decisión se fundamentó en el material probatorio aportado
durante el juicio ordinario y en la normativa aplicable al caso concreto; por
consiguiente, dentro de las circunstancias alegadas no se logra establecer algún tipo
de vulneración al debido proceso u otro derecho fundamental, puesto que, el actuar de
las autoridades judiciales estuvo ajustado a derecho y fue realizado de manera
motivada.
1.7. La sentencia que se impugna
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante fallo del 25 de julio de 2024 declaró
improcedente la acción de tutela, por lo siguiente:
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i) Frente a los señalamientos de la parte actora y una vez verificado el expediente
ordinario, se advierte que la acción de tutela no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional.
ii) En cuanto al momento en que la DIAN profirió la declaración oficiosa de pruebas, la
parte actora se limitó a enunciar, brevemente, que la entidad ya había resuelto de
forma negativa sobre los elementos solicitados y que el auto del 18 de noviembre de
2011 se dictó por fuera del periodo probatorio; sin embargo, no especificó de qué
manera esto podía afectar la decisión final que adoptó el Consejo de Estado, Sección
Primera.
iii) Debe señalarse que, el fundamento de la acción de tutela, y que coincide con el de
la demanda ordinaria, es que, a juicio de la accionante, en el proceso administrativo
se configuró el acto ficto o presunto positivo de que trata el artículo 519 del Decreto
2685 de 1999 en concordancia con el artículo 515 ibidem; sin embargo, ese precepto
establece los plazos para proferir decisiones de fondo, que para el caso concreto
corresponde a aquella con la que se resolvió el recurso de reconsideración.
iv) En ese sentido, no se explicó qué fundamento legal o jurisprudencial obligaba a la
Sección Primera a anular los actos sancionatorios con base en una supuesta
extemporaneidad al momento de decretar pruebas, pues la conclusión a la que llega
la demandante relativa a que dicho fenómeno impedía que operara la suspensión del
término para desatar el recurso de reconsideración, se queda en una mera expresión
subjetiva sin mayor desarrollo, en especial, sin un sustento de naturaleza
iusfundamental que haga imperativa la intervención del juez de tutela.
v) Siendo así, aunque la Sección Primera del Consejo de Estado no se pronunció
expresamente respecto de si el Auto 03-236- 408-101-1071 de 18 de noviembre de
2011 había sido emitido dentro del periodo probatorio o no, lo cierto es que la sociedad
demandante tampoco justificó con suficiencia de qué manera esto podía tener alguna
incidencia en la resolución final.
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Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
vi) En gracia de discusión, si PERCOINT S. A. consideraba que era un asunto que debía
resolver la autoridad accionada, siempre tuvo a su disposición la solicitud de adición a
la sentencia, por lo que el argumento no solo carece de relevancia constitucional, sino
que tampoco cumpliría con el requisito de la subsidiariedad.
vii) Respecto de la segunda modalidad del cargo, esto es, que la Sección Primera del
Consejo de Estado no valoró correctamente el decreto de pruebas de oficio que realizó
la DIAN, en el entendido de que allí no se ordenaba ninguna que requiriera practicarse
en el exterior, se advierte que tampoco supera la exigencia analizada.
viii) Al respecto se observa que, en el fallo del 22 de febrero de 2024, se evidenció que
en el Auto 03-236-408-101-1071 de 18 de noviembre de 2011 se dispuso la verificación
de autenticidad de unas facturas comerciales. A su vez, que para esa tarea la entidad
necesitó librar exhortos para obtener pruebas en el exterior, como se verifica en el folio
5090 del expediente ordinario y al que hizo referencia la autoridad accionada.
ix) Sobre ese punto, la accionante es reiterativa en que ese acto no especificó que
requiriera la obtención de pruebas en el exterior; sin embargo, es innegable que la
Sección Primera hizo un seguimiento a la práctica de esas pruebas, y encontró que, a
partir del folio 5090 del expediente, la entidad demandada, en cumplimiento de dicho
decreto probatorio, tramitó solicitudes en el extranjero.
x) En ese orden de ideas, al margen de si la decisión de la sentencia fue acertada, lo
cierto es que no se acredita en qué consistió el actuar irracional o arbitrario de la
Sección Primera del Consejo de Estado, ya que lo que se advierte es que esa autoridad
no se limitó al texto del auto de 18 de noviembre de 2011, sino que analizó la
integralidad del plenario para establecer la forma en que se practicaron las pruebas
allí decretadas.
xi) Siendo así, es claro que lo pretendido por la sociedad actora es que el juez de tutela
adopte una forma de valoración probatoria que le sea favorable a sus intereses y
desconozca el criterio adoptado por el juez natural. Aunado a que la corporación
accionada es una alta corte, por lo que, a causa de su calidad de órgano de cierre, el
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Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
requisito de la relevancia constitucional debe ser más estricto, y con las
manifestaciones de la solicitud de tutela no se evidencia cumplido.
1.8. Impugnación
La accionante impugna la providencia anterior, para que se revoque y, en su lugar, se
ordene la devolución del expediente a la Sección Quinta del Consejo de Estado, a fin
de que falle de fondo el caso concreto. Al respecto aduce lo siguiente:
i) Se advierte a todas luces la ligereza con que la primera instancia se toma el asunto,
al confundir los antecedentes, como contexto, y la descripción de lo ocurrido en la vía
gubernativa y en la jurisdicción, presentes en los acápites iniciales de la demanda, con
los hechos que generaron la vulneración, razón por la cual, lo «desencadenado es una
suerte de deshilvanados ataques en procura de negar a toda costa el amparo de los
derechos fundamentales en juego», por razones de forma.
ii) En la demanda de tutela de manera ordenada y esquemática y con suficiente
claridad se dedicó un capítulo a la relevancia constitucional del caso, que curiosamente
no se analizó por el a quo ni siquiera se trajo a colación y, por ende, tampoco se
desvirtuó.
iii) Allí se describió la manera en que la decisión atacada por vía de tutela transgredió
la Constitución en el contenido y alcance del derecho fundamental al debido proceso,
en la medida en que soslayar la contabilización de términos resulta de un ejercicio
objetivo en el que el juez valora la prueba dando por no demostrado el hecho o la
circunstancia que aquella emerge clara y objetivamente, dimensión negativa
reconocida por la Corte Constitucional como constitutiva de defecto fáctico y que
comprende las omisiones en la apreciación de pruebas determinantes para identificar
la veracidad de los hechos examinados por el juez.
iv) El asunto que se discute es de relevancia constitucional, porque se desarrolla con
fundamento en normas de carácter constitucional y en jurisprudencia y no de la manera
como lo presenta el fallo impugnado, sin referencia alguna a los argumentos de la
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Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
demanda, sino «actuando por su propia cuenta, como rueda suelta, en un ejercicio
unívoco en desmedro de la recta administración de justicia» comoquiera que se trata
de garantías fundamentales por lo que es indispensable remitirse a lo expuesto en el
libelo de demanda, para indicar que, en efecto, se cumple con la mencionada
exigencia.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Quinta de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la
sociedad Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.) contra la sentencia
del 22 de febrero de 2024, que profirió el Consejo de Estado, Sección Primera, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000 23 24 000
2012 00766 02.
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que, para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 7 de junio de 2012, la sociedad Perfumes y Cosméticos Internacionales
(PERCOINT S. A.), por medio de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo contra la Resolución 1-03-283-421-636-1-004119 del 8 de
agosto de 2011, proferida por la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá mediante la que se decomisó una mercancía por
valor de $ 2.529.164.286, la Resolución 03-236-408-601-00134 del 27 de febrero de
2012, que desató el recurso de reconsideración y la Resolución 03-236-408-656-296
del 24 de abril de 2012, que decidió el recurso de reposición interpuesto contra el
artículo 2.º del anterior acto, con el fin de que se declararan nulas y obtener la
reparación del daño.6
2.4.2. El 30 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C en descongestión, profirió fallo dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicación 25000 23 24 000 2012 00766 00, en el
que resolvió lo siguiente:7
PRIMERO.- NIÉGUESE la excepción de falta de requisito de procedibilidad promovida
por la parte demandada.
SEGUNDO.- DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO.- ABSTIÉNESE de condenar en costas.
CUARTO.- DEVUÉLVASE a la actora el remanente que hubiere a su favor por concepto
de los gastos ordinarios del proceso.
6 Índice 27, del expediente electrónico.
7 Índice 27, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 02993 01
Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
[…]
2.4.3. El 22 de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera, al desatar el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la providencia
anterior, decidió lo siguiente:8
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de abril de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en
descongestión, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.
[…]
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.5.1.1. Considera la Sala que, contrario a lo que decidió la primera instancia, el caso
en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate que
plantea la parte actora gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.
2.5.1.2. En el presente asunto, se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en
cuanto se censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión que
se propuso dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 25000 23 24 000 2012 00766 02.
2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», por cuanto el fallo objeto de
reproche constitucional data del 22 de febrero de 2024, se notificó por edicto el 11 de
marzo de 2024, quedó ejecutoriado el 18 de marzo de 2024 y la presente acción de
tutela se radicó en la Secretaría General el 11 de junio de 2024,9 es decir, dentro del
8 Índice 27, del expediente electrónico.
9 Índice 1, del expediente electrónico.
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Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
término de los seis meses que señaló esta corporación como prudencial para el
ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».
2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos frente a los que se alega vulneración».
2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión
que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa al interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que en el asunto se cumplen las
exigencias que habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir la providencia del 22
de febrero de 2024, que emitió el Consejo de Estado, Sección Primera.
2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto fáctico
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005, establece que se está en
presencia de un defecto fáctico cuando al examinarse la providencia judicial objeto de
la tutela «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».10
En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa —omisiva— de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera, comprende estimaciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la apreciación de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
10 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 02993 01
Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
una acción de tutela en este cuando se observa que es manifiestamente arbitraria. En
palabras de la Corte:
[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de
la evaluación probatoria del juez de conocimiento.11 [Negrillas fuera del texto]
En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica
de manera tan evidente que su decisión se muestra forzada y contradictoria con la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.
2.5.2.2. El defecto alegado
La sociedad Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.) alega que el
Consejo de Estado, Sección Primera, vulneró sus derechos al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad e incurrió en defecto fáctico, al
proferir la sentencia del 22 de febrero de 2024 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), para que se declararan nulas la Resolución 1-03-283-421-
636-1-004119 del 8 de agosto de 2011, proferida por la División de Gestión de
Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá por medio de la cual se
decomisó una mercancía por valor de $ 2.529.164.286, la Resolución 03-236-408-601-
00134 del 27 de febrero de 2012, a través de la que se decidió el recurso de
reconsideración y la Resolución 03-236-408-656-296 del 24 de abril de 2012, que
desató el recurso de reposición interpuesto contra el artículo 2.º del anterior acto; en
consecuencia, se restablecieran sus garantías fundamentales con la reparación del
daño.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005.
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 02993 01
Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
Pues bien, la Sección Primera de esta corporación para confirmar el fallo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión,
que denegó las pretensiones formuladas por la accionante examinó el acervo obrante
en el expediente y para determinar el término en que se expidió la Resolución 1-03-
238-421-636-1-004119, efectuó el siguiente análisis probatorio:
167. El 28 de abril de 2011, conforme con el acta de hechos No. 81-09230, los
funcionarios acudieron a la bodega de la demandante, ubicada en Codabas, para
informarle al representante legal de la empresa que realizarían un inventario total
de la mercancía para verificar la ocurrencia de las causales de aprehensión y
decomiso establecidas en el artículo 502 del Decreto 2685.
168. De igual manera, se tiene demostrado que mediante auto No. 0136-0036 de
29 de abril de 2011, la jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá comisionó a varios funcionarios para que
realizaran visitas de control aduanero y verificación de mercancía durante los días
“[…] 29, 30 de abril y 01, 02 de mayo de 2011 […]”.
169. Con fundamento en lo anterior se continuó con la elaboración del acta de
hechos No. 81-092 fechada el 30 de abril de 2011, además los funcionarios
levantaron el acta No. 11-228, en el que resaltaron que, a las 00:50 horas “[…] se
procedió a trasladar al depósito habilitado Almagrario Fontibón, 577 cajas en el
vehículo de placa ALA 282 y 132 cajas en el vehículo SOS 984 […] para continuar
con el cotejo total del inventario realizado […].
170. Se observa, igualmente, que mediante las actas de hechos Nos. 90-00108 y
11- 228 se plasmó que sobre las 10:45 del día 30 de abril “[…] se procedió a
trasladar el vehículo tipo camión de placas GKC 277 […] en el cual se trasladaron
125 cajas que contienen perfumes de diferentes marcas y tamaños, la mercancía
se traslada a la bodega de Almagrario Fontibón […] siendo las 14:30 […] se
procede a descargar los vehículos de placas GKC 277, ALA 282 y SOS 984 […] con
cajas que contienen perfumes y lociones de diferentes marcas y tamaños para su
posterior revisión […]”.
171. Y, mediante acta de hechos de la misma fecha 30 de abril, sin número, se
precisó que sobre las 21:00 horas se había realizado inventario encontrando que
[…] no se presentaron la declaraciones de importación que demuestran su legal
introducción al territorio nacional […] por lo que se procede a la aprehensión de las
mercancías importadas de acuerdo con las causales señaladas y establecidas en
los literales 1.6 y 1.28 del artículo 502 del Estatuto Aduanero […] ya que no
cumplen con los rotulados, estampillas, leyendas o sellos […]
172. Como resultado de lo anterior, mediante acta de aprehensión No. 834-03-
0574 FISCA[…], los funcionarios de la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá aprehendieron la totalidad de las
fragancias que se encontraron en la bodega de la sociedad Perfumes y Cosméticos
Internacionales Percoint S.A., al considerar que se configuraron las causales de
los numerales 1.6 y 1.28 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
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Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
173. Frente a esa aprehensión, el 9 de mayo de 2011[…], la demandante presentó
objeciones con el objeto de que se declarara desvirtuada las mencionadas
causales y se ordenara la devolución de la mercancía.
174. De acuerdo con el auto comisorio 136-0377 de 6 de mayo de 2011[…] ,
funcionarios de la misma División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá realizaron el reconocimiento y avalúo de la
mercancía aprehendida, por lo que emitieron el documento de ingreso, inventario
y avalúo de mercancías No. 3903112044035 .
175. El 12 de mayo de 2011, se emitió una adición al acta de aprehensión No. 834-
03-0574 FISCA[…], la cual señaló que el valor de la mercancía aprehendida era de
un total comercial de $ 2.529.164.286. Además, advirtió que esa adición “[…] hace
parte integral del Acta No. 03-0574 FISCA del 30 de abril de 2011, dándose por
terminada esta, advirtiendo que contra ella podrá presentarse objeción […]”.
176. El 31 de mayo de 2011[…], la parte demandante radicó una adición de las
objeciones, en el que complementó el documento de objeciones de 9 de mayo de
2011 y solicitó pruebas.
177. Con auto No. 134-01660 de 3 de junio de 201138, se aperturó el expediente
DM 2011 2011 1660 por el jefe de Grupo Interno de Secretaría de la División de
Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.
178. Mediante la Resolución No. 1-03-238-421-636-1-004119 de 8 de agosto de
2011, la jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional
de Aduanas de Bogotá definió la situación jurídica de la mercancía aprehendida y
resolvió decomisarla por incurrir en las causales previstas en los numerales 1.6 y
1.28 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999. Acto administrativo notificado a la
demandante el 10 de agosto de 2011.
179. También se encuentra el recurso de reconsideración presentado por la
sociedad Perfumes y Cosméticos Internacionales Percoint S.A, el 1° de septiembre
de 2011[…], en contra de la resolución que decretó el decomiso de la mercancía.
180. Mediante los autos 03-236-408-110-951 de 29 de septiembre de 2011 y 03-
236- 408-110-973 de 10 de octubre de 2011, la División de Gestión Jurídica de la
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá negó las pruebas solicitadas[…]. Sin
embargo, posteriormente, mediante de auto 02-236-408-110-1071 de 18 de
noviembre de 2011, ordenó de oficio la práctica de pruebas.
La Sección Primera destacó que a través de la Resolución 03-236-408-601-134 del 27
de febrero de 2012, la jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional
de Aduanas de Bogotá desató el recurso de reconsideración, confirmando la
Resolución 1-03-2038-421-636-1-004119 del 8 de agosto de 2011 «ordenando el
decomiso de la totalidad de la mercancía aprehendida por la causal 1.28 del artículo
502 del Decreto 2685 de 1999 y, 3.415 unidades por la causal 1.6 ibidem».
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 02993 01
Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
Con fundamento en lo anterior concluyó que el aludido acto fue expedido el último día
del plazo de los cuarenta y cinco previstos en el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999,
en consecuencia, le asistía razón a la primera instancia en cuanto expuso que no se
podía contabilizar dicho término desde el 9 de mayo de 2011, cuando se presentó el
primer escrito de objeciones, porque se desconocería la adición del Acta de
Aprehensión 834-03-0574 FISCA del 12 de mayo de 2011, en la que se hizo el
reconocimiento y avalúo de la mercancía, así como el radicado el 31 de mayo de 2011.
Sobre el particular hizo el siguiente pronunciamiento:
184. Nótese que la propia adición del acta de aprehensión indicó que hacía parte
integral del acta No. 834-03-0574 FISCA del 30 de abril de 2011 y que, además de
que esta debía entenderse por finalizada y que contra aquella procedía la objeción.
185. Sobre la fecha de 9 de agosto de 2011 que alega el recurrente como día en
el cual se expidió el acto acusado, la Sala resalta que si bien es cierto que dicha
fecha aparece al final de la Resolución No. 1-03-238-421-636-1-004119, también
lo es que la misma se refiere al momento en el cual la empresa de correo certificado
Servientrega envió la comunicación de ese acto administrativo a la empresa
demandante, quien finalmente la recibió el 10 de agosto de 2011, según sello de
recibido[…].
En relación con el término en que se emitió la Resolución 03-236-408-601-134,
mediante la cual se decidió el recurso de reconsideración, la Sección Primera realizó
el siguiente estudio:
186. Finalmente, sobre el término para expedir la Resolución No. 03-236-408-601-
134, la Sala observa que, el parágrafo[…] del artículo 515 y los incisos 3º y 4º del
artículo 511[…] del Decreto 2685 prevén que el término para resolver el recurso de
reconsideración se suspende por el tiempo que dure el periodo probatorio, el cual
puede ser de hasta 3 meses cuando se practiquen en el exterior, y correrá a partir
de la ejecutoria del acto que las decretó.
187. En el presente asunto se observa que, si bien el 1° de septiembre de 2011, la
demandante presentó recurso de reconsideración y que, mediante los autos 03-
236- 408-110-951 de 29 de septiembre de 2011 y 03-236-408-110-973 de 10 de
octubre de 2011, la autoridad aduanera negó las pruebas solicitadas, también lo
es que, el 18 de noviembre de 2011, la División de Gestión Jurídica de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá decretó unas pruebas de oficio, unas de ellas
con práctica en el exterior[…], suspendiendo el término para la decisión del recurso.
188. Así que, contrario a lo dicho por la sociedad demandante, el término que tenía
la autoridad aduanera para resolver el recurso de reconsideración no vencía el 1º
de diciembre de 2011, toda vez que el 18 de noviembre de 2011, 8 días antes de
que se venciera dicho término, expidió un auto que decretaba pruebas en el
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 02993 01
Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
exterior, el cual quedó ejecutoriado el 25 de noviembre de 2011, quedando
suspendido el mismo por 3 meses más.
Consideró la Sección Primera de esta corporación y así lo señala al dar contestación
a la demanda de tutela, que debido a que la entidad demandada decretó pruebas de
oficio, una de las cuales debía practicarse en el exterior, como se puede constatar en
el acervo probatorio allegado al expediente, puntualmente en los folios 2631 del Tomo
13 y 5090 del Tomo 29, la administración libró un exhorto para la verificación de la
autenticidad de las facturas comerciales soporte de las declaraciones de importación
relacionadas en el auto de pruebas 02-236-408-110-1071 de 18 de noviembre de
2011, lo que resultaba suficiente para que la entidad demandada suspendiera el
término para resolver la reconsideración por tres meses como lo prescribe el artículo
515, numeral 1 del Decreto 2685 de 1999. Al respecto, señaló lo siguiente:
188. Así que, contrario a lo dicho por la sociedad demandante, el término que tenía
la autoridad aduanera para resolver el recurso de reconsideración no vencía el 1°
de diciembre de 2011, toda vez que el 18 de noviembre de 2011, 8 días antes de
que se venciera dicho término, expidió un auto que decretaba pruebas en el
exterior, el cual quedó ejecutoriado el 25 de noviembre de 2011, quedando
suspendido el mismo por 3 meses más.
189. En ese contexto, tomando en cuenta la suspensión antes mencionada, la
fecha para proferir el acto administrativo que resolvía el recurso de reconsideración
vencía el 27 de febrero de 2012, día en el cual se expidió el acto acusado.
Con base en lo expuesto, estimó la Sección Primera que no se desconocieron los
artículos 23, 29, 209 y 228 de la Constitución ni los artículos 512, 515 y 519 del Decreto
2685 de 1999, porque el plazo para dictar el acto que decide sobre la situación jurídica
de la mercancía aprehendida, no incluye la notificación, entonces, como la Resolución
1-03-238-421-636-1-004119, se emitió el 8 de agosto de 2011, esto es, dentro del
término legal y la Resolución 03-236-408-601-134 el 27 de febrero de 2012, no se
podía concluir que se hubiera configurado el silencio administrativo positivo, alegado
por la apelante.
Así las cosas, contrario a lo que alega la accionante, la Sección Primera apreció el
caudal probatorio obrante en el plenario y estudió cada uno de los medios
demostrativos que lo llevaron a determinar que tanto el acto de decomiso como el que
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 02993 01
Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
decidió el recurso de reconsideración se expidieron dentro de los términos previstos
en la legislación aduanera y estableció fehacientemente las razones por las cuales en
el asunto no se configuró el silencio administrativo positivo aducido por la parte actora.
La Sala considera que la motivación expuesta por la autoridad demandada para dar
solución a la litis, no se advierte irracional ni caprichosa o que haya incurrido en
desafueros como aduce la accionante, en tanto es justamente en el ámbito valorativo
donde el juez, a partir de las reglas de la sana crítica, cuenta con una mayor libertad
de análisis para alcanzar la verdad de los hechos que interesan al caso.
El no estar de acuerdo con las estimaciones que efectúa el operador judicial, como
ocurre en el presente asunto, no justifica el uso de la acción de tutela para su
contradicción como si se tratara de una tercera instancia menos cuando se trata de
una sentencia proferida por una alta corte, que exige una mayor rigurosidad en su
interposición.
En tales condiciones, lo que se advierte es que la parte actora está inconforme con la
lógica y estudio dado por el fallador en el análisis del asunto y utiliza la acción de tutela
para plantear un examen de las probanzas, que, a su juicio, es el que debe darse,
circunstancia que el juez constitucional no puede avalar no solo porque no es de su
competencia realizar este tipo de valoraciones, sino porque el defecto fáctico está
estructurado en específicas causales referenciadas por la Corte Constitucional y en
ninguno de los eventos previstos se encuentra la posibilidad de estudiar la prueba bajo
consideraciones propias del juez de tutela, como lo pretende la accionante.
Al respecto, la Sala ha sido constante en sostener que la tarea de decidir ante distintos
medios probatorios cuál o cuáles de ellos, y con qué concreto alcance, deben ser
utilizados para la resolución de un determinado supuesto litigioso es una materia de
mera interpretación y valoración, conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica
de la prueba, que en virtud del artículo 176 del Código General del Proceso constituye
una función exclusiva de los órganos judiciales ordinarios.
El juzgador de la causa es el que puede apreciar y valorar de la manera más certera
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Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
el material probatorio que obra dentro de un proceso, sin que al juez de tutela le esté
permitido «convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto», como lo pretende la
accionante en esta oportunidad.
Así las cosas, la Sala estima que en la providencia emitida por la autoridad accionada
no se advierte una actuación constitutiva de vía de hecho que vulnere los derechos
fundamentales de la parte demandante, en tal virtud, se denegará la protección
reclamada por la sociedad Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.).
3. Conclusión
La Sala concluye que en la providencia del 22 de febrero de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, que confirmó el fallo del 30 de abril de 2015,
dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C, en descongestión, no se incurrió en el defecto alegado por la parte actora.
En tal sentido, la Sala procederá a revocar la sentencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo
impetrada por Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 25 de julio de 2024, que dictó el Consejo de Estado,
Sección Quinta, mediante la que declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar,
negar el amparo solicitado por la sociedad Perfumes y Cosméticos Internacionales
(PERCOINT S. A.), conforme a la parte considerativa que antecede.
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Demandante: Perfumes y Cosméticos Internacionales (PERCOINT S. A.)
Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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