Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03002-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03002-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03002-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
30 de agosto de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03002-00
Demandante: Brenda Ingris Fontalvo Arzuaga
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03002-00
Demandante: BRENDA INGRIS FONTALVO ARZUAGA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
Temas: Tutela contra autoridades administrativas. Acción de tutela contra
acto administrativo que desvinculó a docente nombrada en
provisionalidad en cargo de carrera. Improcedencia cuando puede
contar con otro medio de defensa judicial y no se acude
previamente a la autoridad administrativa
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Brenda Ingris Fontalvo Arzuaga1, quien actúa en
nombre propio, contra la Presidencia de la República – Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerio de Educación
Nacional y el departamento del Atlántico – Secretaría de Educación
Departamental, con el objeto de que se acceda al amparo constitucional de sus
derechos fundamentales al trabajo, estabilidad en el empleo, mínimo vital, salud,
vida en condiciones dignas y justas, los cuales considera vulnerados,
presuntamente, por la desvinculación de su cargo como docente en
provisionalidad con ocasión del nombramiento en periodo de prueba de unos
docentes que ocuparon una posición de elegibilidad en la lista de elegibles
conformada luego de haberse adelantado el concurso de méritos No. 2165 de
2021.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destacan los siguientes:
La demandante es licenciada en lenguas modernas, tiene 48 años de edad y se
ha desempeñado por un total de 5 años como docente provisional vinculada a la
Secretaría de Educación del Atlántico para cubrir vacantes definitivas, contando
como último periodo desde el 9 de junio de 2022 hasta el 21 de enero de 2024.
1 Presentada el 12 de junio de 2024.
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Demandante: Brenda Ingris Fontalvo Arzuaga
Mediante Convocatoria No. 2165 de 2021, la Comisión Nacional del Servicio
Civil convocó a concurso abierto de méritos para proveer los cargos en vacancia
definitiva de directivos, docentes pertenecientes al sistema especial que prestan
su servicio en establecimientos educativos que atienden población ubicada en
los municipios del departamento del Atlántico, en el cual la accionante participó.
El Ministerio de Educación Nacional a través de la Circular No. 024 de 21 de julio
de 2023, dispuso una serie de regulaciones sobre los nombramientos
provisionales, en virtud de las cuales dichos encargos son la última alternativa
que tiene la autoridad nominadora para proveer una vacante definitiva.
El 19 de diciembre de 2023, la Secretaría de Educación Departamental del
Atlántico dispuso a través de la Resolución No. 4262 nombrar en periodo de
prueba a unos educadores en la planta docente y directivo, elegidos a través del
proceso de selección No. 2165 de 2021.
El 16 de enero de 2024, la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico
por medio de la Resolución No. 0062 terminó los nombramientos provisionales
de la planta de cargos de personal docente y directivo docente del departamento
del Atlántico, por lo que retiró a la accionante de su cargo con ocasión del
nombramiento en periodo de prueba de quienes ocuparon una posición de
elegibilidad en la lista de elegibles conformada en el concurso de méritos No.
2165 de 2021, y en virtud de los criterios establecidos en el Decreto 1075 de
2015.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela en defensa de sus derechos
fundamentales al trabajo, estabilidad en el empleo, mínimo vital, salud, vida en
condiciones dignas y justas, presuntamente vulnerados por la Presidencia de la
República – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Atlántico – Secretaría de
Educación Departamental, con ocasión de su desvinculación del cargo como
docente provisional en el departamento del Atlántico, en virtud de un concurso
de méritos.
En ese sentido, sostuvo que a pesar de reunir los requisitos previstos en la ley,
esto es, la idoneidad profesional como docente, atender las necesidades
objetivas dentro del servicio público educativo y ser objeto de evaluaciones
positivas sobre su trabajo, las autoridades accionadas la retiraron de su cargo,
en virtud de un concurso público celebrado por la Secretaría de Educación del
Atlántico y la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Indicó que emerge una clara violación de sus derechos fundamentales por parte
de las autoridades accionadas, al “darle un carácter absoluto, dogmático y
exegético a lo dispuesto exclusivamente por el artículo 125 Superior y obviando,
como consecuencia de lo anterior el resto de los desarrollos normativos producto
de la labor del Constituyente del 91”.
En consecuencia, señaló que la interpretación privilegiada que las autoridades
accionadas le otorgan al artículo 125 de la Constitución Política puede excluir las
disposiciones establecidas en el preámbulo y los artículos 2, 5, 13, 25 y 53 de la
Carta Política, por lo que insiste en una “interpretación armónica y sistemática
del texto Superior”.
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Así mismo, hizo referencia a la sentencia C-535 de 12 de julio de 2012 de la
Corte Constitucional, relativa a la interpretación en forma sistemática y armónica
de todos los preceptos contenidos en la Constitución Política.
Para terminar, sostuvo que la condición de los docentes provisionales es de
“desechables y desplazados por el Estado de sus puestos de trabajo y
condenados a la ignominia y la inopia”, por lo que se necesita la actuación
inmediata de la Presidencia de la República para que logre garantizar unas
condiciones óptimas y dignas a los profesionales de la educación.
3. Pretensiones
En el escrito inicial de la acción de tutela formuló las siguientes:
“1. Presumir mi buena fe dentro de la presente acción.
2. Tutelar los derechos constitucionales fundamentales reseñados en esta acción como
violentados por la acción y omisión de la parte accionada, esto es, mis derechos
constitucionales y fundamentales al TRABAJO, a la ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, al
MÍNIMO VITAL y, subsidiariamente, a la SALUD y a una VIDA EN CONDICIONES
DIGNAS Y JUSTAS.
3. Declarar que de la vulneración sistemática del Estado de precisas disposiciones
constitucionales emerge una violación grave, masiva y recurrente de derechos
fundamentales (1); inescindiblemente ligada a la falta de cumplimiento de ciertas
autoridades de sus obligaciones constitucionales y legales (2), lo que activa la
necesaria intervención de los jueces constitucionales de tutela y ameritan la adopción
de medidas urgentes y vinculantes y no interpartes sino erga omnes o generales (3)
que pongan límites a un Estado omisivo y violador del propio marco constitucional que
lo rige.
4. Exhortar vinculantemente al estado para que evite repetir la vulneración de los
derechos en esta acción invocados y adopte medidas urgentes tendientes a resarcir
daños y afectaciones y a restituir el imperio de la Carta”.
Con ocasión del requerimiento efectuado por auto de 19 de junio de 2024, la
parte actora señaló la siguiente pretensión:
“Se proteja mi derecho constitucional al trabajo y la supremacía de los artículos
constitucionales que invoco y desconocidos sobre la base de privilegiar el artículo 125
Superior sin efectuar un análisis sistémico de la totalidad del texto constitucional lo que
deriva en que contra mí se configure a partir de la no protección de derechos (plural)
fundamentales y un Estado de Cosas Inconstitucional”.
4. Pruebas relevantes
En el expediente reposa copia de la Resolución No. 0062 de 16 de enero de
2024, expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, por
medio de la cual dio por terminado unos nombramientos provisionales de la
planta de cargos de personal docente y directivo docente del departamento del
Atlántico, financiada con recursos del sistema general de participaciones.
5. Trámite procesal
Por auto de 19 de junio de 2024, previo a decidir sobre la admisión de la
demanda, la magistrada sustanciadora requirió a la parte accionante para que
indicara con la mayor claridad posible y de manera precisa i) las autoridades o
entidades demandadas, ii) los hechos, iii) las pretensiones objeto de tutela y iv)
las razones en que sustenta la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales invocados en el escrito, cuya respuesta se allegó por medio de
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memorial de 26 de junio de 20242.
En consecuencia, por auto de 11 de julio de 2024, la magistrada sustanciadora
dispuso la admisión de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa
providencia a la demandante, a la autoridades accionadas -Presidencia de la
República – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la
Nación – Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Atlántico –
Secretaría de Educación Departamental, y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 231733 a
231738 de 16 de julio de 2024 con el fin de poner en conocimiento de las partes
el contenido de la citada providencia3.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico
El secretario de educación departamental solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela, por cuanto la misma no satisface el requisito general de
subsidiariedad.
Sostuvo que la parte actora cuenta con otros mecanismos judiciales para
controvertir la legalidad del acto administrativo que pretende dejar sin efectos
jurídicos, razón por la cual debió acudir ante la jurisdicción contencioso
administrativa.
Por otra parte, indicó que la desvinculación de la accionante no ocurrió de forma
arbitraria, dado que su retiro fue en virtud de la obligación de nombrar a quien
por mérito superó el concurso de méritos y tampoco fue un acto sorpresivo, toda
vez que la señora Fontalvo Arzuaga tenía pleno conocimiento de la
obligatoriedad de ofertar los cargos provistos en provisionalidad.
Adicionalmente, sostuvo que de las pruebas allegadas al proceso no se puede
identificar que la accionante goza de una estabilidad laboral reforzada, puesto
que no hay evidencia que demuestre que la accionante sea un sujeto de
especial protección constitucional.
Por último, advirtió que existe temeridad por duplicidad de acciones de tutela
sobre los mismos hechos, toda vez que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Barranquilla resolvió una demanda de tutela por los mismos hechos, con
identidad en las partes, causa petendi y objeto, a la que se asignó el radicado
No. 08001-31-53-005-2024-00166-00.
6.2. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó la desvinculación del
trámite constitucional, al evidenciar que se configuró la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
2
Visible a índice 9 en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
3 Las partes fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo electrónico:
adeatlantico@gmail.com;profesorabrendaimm@gmail.com; contacto@presidencia.gov.co;
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co;
notificacionesjudiciales@funcionpublica.gov.co; notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co:
notificacionesjudiciales@atlantico.gov.co; atencionalciudadano@atlantico.gov.co;
notificacionestutelas@atlantico.gov.co y notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.
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Sostuvo que el ministerio carece de competencia para efectuar nombramientos
y/o desvinculaciones del personal docente y directivo docente, dado que eso es
responsabilidad exclusiva del nominador, es decir, para el caso sub examine, la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico.
Argumentó que “los nombramientos provisionales no impiden que se
implementen los órdenes de provisión de vacantes definitivas definidos en el
artículo 2.4.6.3.9. del Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015 adicionado por
el Decreto 490 de 2016, pues, la misma naturaleza transitoria hace que se
condicione su existencia hasta tanto opere alguno”.
En ese sentido, indicó que los nombramientos en provisionalidad son un medio
para proveer transitoriamente empleos docentes, a lo que agregó que tratándose
de vacantes definitivas, los mismos permanecerán hasta cuando se provea el
cargo en período de prueba o propiedad.
Señaló que la Secretaría de Educación del departamento del Atlántico en
cumplimiento del artículo 125 de la Constitución Política y lo dispuesto en la Ley
909 de 2004, ofertó a concurso abierto de méritos sus empleos en vacancia
definitiva del sistema especial de carrera de docente.
Afirmó que la provisión de los empleos del Estado a excepción de los cargos
elegidos por elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley, se fundamenta única y
exclusivamente en el mérito, el cual se presenta como un principio constitucional
que permea la función pública.
Precisó que los empleados vinculados mediante un nombramiento en
provisionalidad gozan de una estabilidad relativa o intermedia y, por lo tanto,
están sujetos a una posible desvinculación cuando como producto de un
concurso de méritos una persona sea titular del derecho a proveer el empleo
ofertado.
Finalmente, expresó que carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto
que no existe una conexión fáctica o jurídica entre el objeto de la acción de tutela
y la autoridad accionada.
6.3. Respuesta del Departamento Administrativo para la Presidencia de la
Republica - DAPRE
La apoderada judicial de la entidad solicitó la desvinculación de la misma por
falta de legitimidad en la causa por pasiva. Adicionalmente, pidió que se declare
improcedente la acción de tutela ante la inexistencia de una acción u omisión
imputable y por la ausencia del requisito general de subsidiariedad.
En primer lugar, manifestó que de los alegatos interpuestos por la parte actora
se desprende que cuestiona las actuaciones realizadas por la Secretaría de
Educación Departamental del Atlántico y la Comisión Nacional del Servicio Civil -
CNSC, - entidad que posee autonomía administrativa y presupuestal, por lo que
el DAPRE no tiene ningún tipo de injerencia en sus decisiones y tampoco tiene
la competencia funcional de intervenir en los concursos de méritos promovidos
por ellos.
En segundo término, sostuvo que la acción de tutela no cumple con el requisito
general de subsidiariedad, en la medida en que la accionante hace un reclamo
por un proceso de selección adelantando directamente por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, lo que puede ser controvertido a través del medio de control de
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nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del cual podría solicitar una
medida cautelar de suspensión provisional del proceso de selección.
Por último, indicó que no existe evidencia de que se presentó alguna acción u
omisión por parte de la entidad que transgrediera los derechos fundamentales
alegados por la actora, por lo que no es posible endilgar la supuesta amenaza
en cabeza del DAPRE.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019),
la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestiones previas
2.1. De la alegada temeridad de la acción de tutela
2.1.1. La Secretaría de Educación Departamental del Atlántico alegó que la parte
actora interpuso una acción de tutela por los mismos hechos, con identidad de
las partes, causa petendi y objeto, a la que se le asignó el radicado No. 08001-
31-53-005-2024-00166-00.
2.1.2. Cabe resaltar que conforme con lo establecido en el artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991, “cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción
de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes (…)”.
En armonía con aquel precepto, se prevé que quien acude a este mecanismo de
protección constitucional, efectúe el juramento de no haber presentado otra
petición idéntica. De esta manera, se busca salvaguardar el principio de
seguridad jurídica que resguarda las decisiones adoptadas por los jueces de la
República, así como mantener los efectos de la cosa juzgada que implica “que
las partes no puedan discutir de nuevo sus pretensiones cuando ellas fueron resueltas,
toda vez que dicho principio concede a las sentencias el carácter de inmutables,
definitivas, vinculantes y coercitivas4”.
La Corte Constitucional ha definido la temeridad que deriva de lo establecido en
el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 como “el resultado de un ejercicio abusivo
del derecho, y de un comportamiento opuesto a la lealtad procesal, tendiente a
satisfacer intereses individuales sin fundamento legal o constitucional, y en desmedro
de los derechos de los demás ciudadanos, en relación con el acceso efectivo de la
jurisdicción5”.
También ha señalado que hay temeridad “al emplear irrazonablemente el
mecanismo constitucional, en procura de una nueva decisión, a sabiendas de que el
asunto ya fue decidido previamente6”. En ese orden ha señalado los siguientes
elementos que corresponde verificar al juez de tutela para evidenciar la
configuración de la temeridad: (i) identidad de hechos; (ii) identidad de
demandante; (iii) identidad de sujeto accionado; y (iv) falta de justificación para
interponer la nueva acción.
4
Sentencia T-644 de 2014. M.P. (E) Martha Victoria Sáchica Méndez.
5
Sentencia SU-377 de 2014 M.P. María Victoria Calle Correa.
6
Sentencia T-147 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Conforme a los lineamientos expuestos por la Corte, la ausencia de cualquiera
de los elementos referidos impide la configuración de la de temeridad de la
acción de tutela. En consecuencia, es deber del juez de tutela no solo comprobar
la existencia de unos requisitos procedimentales, sino también de evaluar las
circunstancias particulares del asunto para garantizar el acceso a la
administración de justicia de la parte accionante.
De igual manera, es imprescindible que el examen de los presupuestos que
determinan la temeridad se lleve a cabo considerando las circunstancias
actuales que afectan el caso en cuestión, en lugar de limitarse a un análisis
meramente formal. En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-1104
de 20087 dispuso que la declaratoria de improcedencia de la tutela por temeridad
debía analizarse cuando el fundamento de la acción de tutela se fundamenta en:
“(i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia o indefensión, propio
de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii) en el asesoramiento
errado de los profesionales del derecho; (iii) en la consideración de eventos nuevos
que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron
en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como
base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los
derechos fundamentales del demandante: y por último (iv) se puede resaltar la
posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional
profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a
un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con
anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y
con la misma pretensión.”
2.1.3. En el asunto bajo examen, la Sala observa que la acción de tutela con
radicado No. 08001-31-53-005-2024-00166-00 fue presentada por la señora
Brenda Ingris Fontalvo Arzuaga contra la Secretaría de Educación del
Departamental del Atlántico y la Comisión Nacional del Servicio Civil, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, debido proceso,
mínimo vital y acceso a cargos públicos, por la desvinculación de su cargo de
docente en provisionalidad.
En el escrito de la demanda se solicitó:
“3.1. DECLARAR que las accionadas han vulnerado mis derechos fundamentales al
trabajo, debido proceso, mínimo vital y acceso a cargos públicos.
3.2. TUTELAR mis derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, mínimo vital y
acceso a cargos públicos.
3.3. Que, como consecuencia de lo anterior, ORDENE a la accionada el reintegro del
cargo que venía desempeñando como docente, en los mismos términos —o
mejores— a los del momento en que fui retirada (o)
3.4. ORDENAR a la accionada que se abstenga de desconocer los derechos de los
docentes nombrados en provisionalidad”.
En sentencia de 28 de junio de 2024, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Barranquilla, decidió:
“PRIMERO: No acceder a la protección invocada por el accionante BRENDA INGRIS
FONTALVO ARZUAGA contra la Secretaría de Educación del Atlántico y la Comisión
Nacional del Servicio Civil, por improcedente.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito la presente decisión
de conformidad con el Decreto 2591 de 1991”.
La decisión no fue impugnada por ninguna de las partes.
7 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Ahora bien, en el presente trámite, la accionante interpuso la acción
constitucional contra la Presidencia de la República – Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación
Nacional y la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, con el
propósito que se protejan los derechos fundamentales al trabajo, estabilidad en
el empleo, mínimo vital, salud, vida en condiciones dignas y justas vulnerados,
supuestamente, con el retiro de su cargo en provisionalidad debido al
nombramiento del cargo en período de prueba.
La Sala observa que ante estas circunstancias, la triple identidad queda
desvirtuada en la acción de tutela de la referencia al no compartir una identidad
en el sujeto demandado, por cuanto el proceso con radicado No. 08001-31-53-
005-2024-00166-00 se dirigió contra la Secretaría de Educación Departamental
del Atlántico y la Comisión Nacional del Servicio Civil, mientras que en el
presente caso la parte demandada se compone por la Presidencia de la
República, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico.
Así mismo, la Sala evidencia que las tutelas analizadas no comparten una causa
petendi, pues la primera tutela estaba enfocada en ordenarle a la Secretaría de
Educación Departamental del Atlántico el reintegro del cargo que venía
desempeñando como docente, mientras que la segunda, por estar dirigida contra
la Presidencia de la República, cuestiona de manera general la orientación de la
política pública de los docentes en el país que al final, a su juicio, terminan por
transgredir su derecho fundamental al trabajo.
De otra parte, la Sala no encuentra que la conducta desplegada por la señora
Fontalvo Arzuaga haya sido con intenciones maliciosas o dolosas que
constituyan hechos indicativos de mala fe en la instauración de la solicitud de
amparo de la referencia.
Así las cosas, conforme a la normatividad aplicable y a la jurisprudencia
constitucional, la Sala estima que entre las acciones de tutela no se configuran
los elementos previstos en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 para
rechazar la acción de tutela por temeraria.
2.2. De las solicitudes de desvinculación
La Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República y el Ministerio de Educación Nacional, argumentaron que no se
configura la legitimación en la causa por pasiva, debido a que consideran que no
realizaron ninguna acción u omisión que haya vulnerado los derechos
fundamentales alegados por la accionante.
De conformidad con el escrito de tutela, la Sala observa que la alegada
vulneración iusfundamental la parte actora la hace recaer en las precitadas
entidades, toda vez que, a su juicio, la Presidencia de la República tiene el deber
de reformar el sistema educativo y el Ministerio de Educación Nacional fue la
entidad que emitió las directrices a los entes territoriales, sobre la forma en la
que debían actuar respecto de los docentes nombrados en provisionalidad.
Luego es sobre esos alegatos que la Sala deberá realizar el estudio de
procedencia inicialmente de la acción de tutela, con el fin de establecer si se
habilita el estudio de fondo respecto de esas alegaciones.
En esas condiciones, no se accederá a la solicitud de desvinculación formulada
por la Presidencia de la República -Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y el Ministerio de Educación Nacional.
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3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si la Presidencia de la República –
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de
Educación Nacional y el departamento del Atlántico – Secretaría de Educación
Departamental, vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, estabilidad en
el empleo, mínimo vital, salud, vida en condiciones dignas y justas, por la
desvinculación de su cargo como docente en provisionalidad con ocasión del
nombramiento en período de prueba de unos docentes que ocuparon una
posición de elegibilidad en la lista de elegibles conformada luego de haberse
adelantado el concurso de méritos No. 2165 de 2021.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos
El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado
dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.
En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.
En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito
de la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone
que la eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el
juez de tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el
accionante.
En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente
como mecanismo principal para proteger derechos de rango constitucional o
legal que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de
actos administrativos”, toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador
estableció diferentes medios de control en la jurisdicción contencioso
administrativa, que se presumen idóneos para restablecer el derecho
conculcado.
No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un
perjuicio irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio
de amparo y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la
aplicación del acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute,
mientras se surte el respectivo proceso.
Dentro del marco expuesto, es importante tener en cuenta que la Corte
Constitucional en diferentes pronunciamientos ha reiterado el carácter residual y
excepcional de la tutela, por lo que, en principio, no constituye el mecanismo
adecuado para controvertir las actuaciones administrativas. Al respecto, en la
sentencia T-514 de 2003, reiterada por las sentencias T-451 de 2010 y T-956 de
2011, expresó lo siguiente:
“La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente
como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que
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resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos
como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda
evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos
casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo
7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del
Decreto 2591 de 1991), mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo”.
Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de 5 de marzo de 2014, consideró que no todo perjuicio
irremediable conduce a la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio,
pues es necesario que además de esa entidad, tal daño sea injustificado, que no
provenga de una acción legítima de la autoridad contra quien se interpone, que
en términos generales corresponde a lo que la jurisprudencia sobre la materia,
tanto de la Corte Constitucional como de esta Corporación, han denominado
presupuestos de procedibilidad.
Precisado lo anterior, se observa que, con la finalidad de garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia, el cual se puede ver afectado por la
extensa duración de los procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa,
a petición del interesado, debidamente sustentada en el respectivo medio de
control, el juez podrá decretar las medidas cautelares que considere necesarias
para salvaguardar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia.
Al respecto, el capítulo XI del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) ha dispuesto las medidas cautelares como
un mecanismo de defensa provisional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es
evitar un perjuicio irremediable, razón por la que es deber del actor agotar dicho
medio, en primer término, debido a la naturaleza residual y subsidiaria de la
acción de tutela. Según el artículo 230, las medidas cautelares, podrán ser: i)
preventivas, cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa con el
fin de evitar un perjuicio irremediable o la agravación de los efectos; ii)
conservativas, cuando el juez ordena mantener la situación o que se restablezca
al estado en que se encontraba antes de la conducta vulneradora o
amenazadora; iii) anticipativas, cuando se ordene la adopción de una decisión
administrativa; iv) suspensivas, cuando se ordene suspender provisionalmente
los efectos de un acto administrativo.
Así mismo, el artículo 234 del CPACA se refiere a las medidas cautelares de
urgencia las cuales pueden ser adoptadas por el juez o magistrado desde la
presentación de la solicitud sin previa notificación a la otra parte, siempre y
cuando se evidencie que por la urgencia no es posible agotar el trámite previsto
en el artículo 233 del mismo estatuto procesal.
En suma, la acción de tutela no es el medio judicial idóneo para debatir la
legalidad de actos administrativos, pues para el efecto la Ley 1437 de 2011
establece diferentes medios de control en los que son procedentes las medidas
cautelares contempladas en dicha normatividad. Solo en casos muy
excepcionales, en los que sea evidente la configuración de un perjuicio
irremediable o que el mecanismo de defensa judicial ordinario no goza de la
idoneidad requerida, le corresponde al juez constitucional restablecer los
derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
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5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. La señora Brenda Ingris Fontalvo Arzuaga, quien actúa en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República – Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación
Nacional y el departamento del Atlántico – Secretaría de Educación
Departamental, al considerar que vulneraron sus derechos fundamentales al
trabajo, estabilidad en el empleo, mínimo vital, salud, vida en condiciones dignas
y justas. Lo anterior, al encontrarse inconforme con la Resolución No. 0062 de
16 de enero de 2024, por medio de la cual la Secretaría de Educación del
departamento del Atlántico la retiró de su cargo como docente en provisionalidad
con ocasión del nombramiento en periodo de prueba de quienes ocuparon una
posición de elegibilidad en la lista de elegibles conformada luego de haberse
adelantado el concurso de méritos No. 2165 de 2021.
En ese contexto, la Sala estudiará el asunto en dos partes. Primero se abordará
la desvinculación de la docente nombrada en provisionalidad en una vacante
definitiva, y luego se analizará la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegada en relación con la Presidencia de la República.
5.2. En lo que hace relación con la desvinculación de la docente nombrada en
provisionalidad en una vacante definitiva, la Sala anticipa que declarará la
improcedencia, tal como se expone a continuación:
La accionante pretende que el juez de tutela ordene al Ministerio de Educación
Nacional y el departamento del Atlántico – Secretaría de Educación
Departamental, que la reintegren a su cargo de docente en provisionalidad con
el fin de proteger sus derechos fundamentales al trabajo, estabilidad en el
empleo, mínimo vital, salud, vida en condiciones dignas y justas.
Al respecto, la Sala considera que de conformidad con los argumentos
expuestos en la demanda de tutela, la actora, de considerarlo procedente, puede
cuestionar a través del medio de nulidad y restablecimiento del derecho 8 la
Resolución No. 0062 de 16 de enero de 2024, en la que se dispuso la
terminación del nombramiento en provisionalidad en el cargo de docente que
desempeñaba la accionante, a partir de las causales de nulidad del artículo 137
de la Ley 1437 de 2011. Y de ser el caso, solicitar que se profiera una medida
cautelar en virtud de lo establecido en los artículos 230 y 231 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Adicionalmente, la Sala considera que la accionante no alegó un perjuicio
irremediable en el escrito de tutela, ni allegó prueba al menos sumaria que
evidencie su configuración y amerite la intervención inmediata del juez de tutela.
Así las cosas, la acción de tutela presentada contra el Ministerio de Educación
Nacional y el departamento del Atlántico – Secretaría de Educación
Departamental fue interpuesta con desconocimiento del requisito general de
subsidiariedad y, en esa medida, se debe declarar su improcedencia.
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ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del
daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto
es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
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5.3. Por otra parte, la Sala también declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo dirigida a la Presidencia de la República, porque no se evidencia la
vulneración de los derechos fundamentales alegados por la accionante, debido a
que dentro del expediente de tutela no obra prueba alguna de que la señora
Fontalvo Arzuaga haya acudido siquiera ante la autoridad pública demandada
para solicitar el reintegro a su cargo.
En ese sentido, no es posible afirmar la existencia de una transgresión de
derechos fundamentales por parte de la Presidencia de la República, si la
interesada ni siquiera ha elevado solicitud ante esa autoridad pública, ya que ha
recurrido exclusivamente a la interposición de la acción de tutela y no ha
permitido que dicha entidad se manifieste sobre lo aquí pedido.
En efecto, la Sala observa que los argumentos de la accionante son solo
afirmaciones sin sustento, pues alega la vulneración de sus derechos ius
fundamentales al considerar que la desvinculación de su cargo en
provisionalidad fue realizada de manera ilegítima al desconocer varios preceptos
constitucionales; sin embargo, no precisa cuáles fueron las acciones u omisiones
por parte de la entidad que generaron la transgresión de sus garantías.
De conformidad con lo anterior, sin la existencia de un acto concreto de
vulneración por parte de la autoridad accionada a uno de los derechos
fundamentales invocados en la demanda de tutela, no hay conducta específica
activa u omisiva de la cual proteger a la señora Fontalvo Arzuaga.
Por último, se ordenará a la Secretaría General del Consejo de Estado que
restringa en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI el acceso a la
información obrante en el expediente de la referencia relacionada con la historia
clínica de la accionante9, en razón a la reserva de la que goza ese documento de
conformidad con el artículo 3410 de la Ley 23 de 1981 y el numeral 3° del artículo
24 de la Ley 1437 de 2011.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República y el Ministerio de Educación Nacional.
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por
la señora Brenda Ingris Fontalvo Arzuaga contra la Presidencia de la República
– Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Atlántico – Secretaría de
Educación Departamental, por las razones aquí expuestas.
9 Visible a índice 23 en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
10 «La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento
privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del
paciente o en los casos previstos por la Ley».
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Tercero. ORDÉNASE a la Secretaría General del Consejo de Estado que
restringa en el aplicativo SAMAI el acceso a la información obrante en el
expediente de la referencia, relacionada con la historia clínica de la accionante.
Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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