Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03008-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03008-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03008-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
4 de julio de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03008-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03008-00
Accionante: Municipio El Playón- Santander
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Tema: Tutela contra providencia judicial que declaró la invalidez del Acuerdo
Municipal núm. 002 del 23 de febrero de 2024, que autorizaba al
alcalde del municipio el Playón a contratar empréstitos con destino a
mejorar la malla vial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el alcalde del municipio El
Playón- Santander, en contra del Tribunal Administrativo de Santander.
ANTECEDENTES
El alcalde del municipio El Playón- Santander instauró acción de tutela en aras
de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por la autoridad
judicial antes mencionada, con ocasión de la providencia de 10 de mayo de 2024,
emitida dentro de la revisión del Acuerdo Municipal núm. 002 del 23 de febrero
del presente año con radicado 68001-23-33-000-2024-00275-00.
HECHOS
El alcalde del municipio el Playón- Santander manifestó que presentó proyecto
de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL
PARA CONTRATAR EMPRESTITOS (sic) CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE
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PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO
DEL PLAYON (sic) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, el cual fue
aprobado, sancionado y publicado como Acuerdo Municipal núm. 002 del 23 de
febrero de 2024 y, dentro de los 5 días que consagra el artículo 82 de la Ley 136
de 1994 envió copia del acto al gobernador del departamento.
Alegó que el 5 de abril de 2024 le notificaron al municipio auto de trámite del
proceso de revisión del acuerdo ya referenciado con radicado 68001-23-33-000-
2024-00275-00, por lo que remitió escrito donde se argumentó la validez del acto
al correo sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co, el cual “no fue rebotado, no fue
rechazado, no se informó que no estuviera en uso, como tampoco en su texto se
indicó que solo era utilizado para notificaciones”.
Que el 10 de mayo de 2024 el Tribunal Administrativo de Santander profirió fallo
donde declaró la invalidez del Acuerdo; no obstante, al revisar la decisión en el
acápite de antecedentes no se observa que el despacho hiciera alusión a los
argumentos planteados por el municipio, por lo que solicitó que se emitiera una
nueva sentencia donde se tuvieran en cuenta estos. Petición que fue negada bajo
el entendido que el escrito se debió radicar única y exclusivamente en la
ventanilla virtual de SAMAI.
El accionante considera que el Tribunal le transgrede los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, dado
que, si bien no se radicó el memorial en SAMAI o en el correo indicado por el
funcionario, lo cierto es que se envió a un correo institucional, a través del cual
se habían notificado decisiones dentro del mismo proceso y, además el texto del
documento “no manifestaba que ese correo era exclusivo para notificaciones”,
situación que indujo en error a la persona encargada de remitir el escrito.
Adicionalmente, adujo que el hecho de que el correo no rebotara o fuera
rechazado generó una expectativa legítima de que el mensaje había sido enviado
correctamente.
Trajo a colación una sentencia del 28 de abril de 2021 STC4523-2021 con
radicado 11001-02-03-000-2021-01204-00 donde la Corte Suprema de Justicia
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amparó por encontrar configurada la causal de exceso ritual manifiesto, al
considerar que el recurso de apelación se envió en término, solo que a una
dirección de correo institucional diferente.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados, se revoque el fallo del 10 de
mayo de 2024 y, en su lugar, se emita una nueva decisión donde se tengan en
cuenta los argumentos expuestos frente a la validez del Acuerdo Municipal núm.
002 del 23 de febrero del mismo año.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 13 de junio de 2024 se dispuso su admisión y se ordenó notificar a la
autoridad judicial accionada y como terceros interesados en las resultas del
proceso a la Gobernación de Santander y al Concejo municipal de El Playón
Santander
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Santander rindió informe donde señaló que el
4 de abril de 2024 admitió la solicitud de revisión del Acuerdo Municipal núm.
002 del 23 de febrero de 2024; se fijó en lista y se efectuó el 16 del mismo mes
y año; el 3 de mayo pasó al despacho, el secretario en el informe dejó constancia
de que el Ministerio Público y el municipio el Playón no se habían pronunciado;
el 10 de igual mes y año se profirió sentencia de única instancia y el 30 se
rechazó la solicitud de revocatoria de la decisión.
Solicitó que se rechace por improcedente la tutela, porque el accionante lo que
pretende a través de esta, es controvertir la decisión que declaró la invalidez del
acto. Adicionalmente, adujo que el trámite de revisión prevé la posibilidad de
que cualquier persona pueda defender u oponerse a la legalidad del acuerdo,
pero no tiene carácter adversarial, pues “solo resulta viable tener en cuenta las
razones y/o argumentos propuestos por el gobernador”.
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Frente al argumento de que no se tuvo en cuenta el documento enviado por el
municipio el Playón al correo sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co indicó que en
el acto de notificación se les informó de manera expresa a las partes que el
medio para radicar demandas, memoriales y demás escritos es la ventanilla
virtual de SAMAI.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el accionante, para lo cual se abordarán los
siguientes temas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales y II) el caso concreto.
I) Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a
la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
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(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar
a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen
de lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que
no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,
la Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
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En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedencia de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto
que habilite el amparo constitucional.
II) Caso concreto
El alcalde del municipio el Playón- Santander solicitó la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales considera transgredidos por el Tribunal Administrativo de
Santander a través de la providencia de 10 de mayo de 2024 que declaró la
invalidez del Acuerdo Municipal núm. 002 del 23 de febrero de 2024, por no tener
en cuenta los argumentos que este remitió al correo
sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co.
Encuentra la Sala que el caso se cumple con los requisitos de procedencia de la
tutela contra decisión judicial pues a) el asunto reviste marcada relevancia
constitucional en la medida que debe establecerse si se vulneran los derechos
fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia invocados por
el actor, por un exceso ritual manifiesto b) el accionante no cuenta con otro medio
de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de
inmediatez, pues la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de la providencia; d) no se invoca una irregularidad procesal y e) la
tutela no se dirige contra un fallo de tutela.
Revisada la sentencia controvertida a través de esta acción, se evidencia que el
Tribunal Administrativo de Santander declaró la invalidez del Acuerdo Municipal
núm. 002 del 23 de febrero de 2024, por contrariar el artículo 2.° de la Ley 358
de 1997, al disponer:
“PRIMERO: Autorícese al Alcalde del Municipio de El Playón -Santander para
que efectúe los trámites pertinentes tendientes a obtener un empréstito hasta por
la suma de MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1600.000.000) M/CTE
con destino a financiar el Mantenimiento correctivo, preventivo y operativo de la
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Maquinaria de propiedad y/o en custodia del Municipio de El Playón Santander;
para EL Mejoramiento y Rehabilitación de la red vial terciaria del El Playón
Santander.”
A juicio del Tribunal el acuerdo desconoce la ley, porque el objetivo del empréstito
es cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de la maquinaria que tiene el
municipio y no está destinado para la inversión.
Consideró que el gasto relacionado con la reparación de las maquinarias debió
ajustarse a lo previsto en el artículo 17 del Estatuto Orgánico de Presupuesto y
contemplar las erogaciones necesarias para mantener en buen uso estas y, así
no tener que cubrir esos gastos con un empréstito.
En relación con el trámite de revisión de la validez de un acuerdo municipal la
Corte Constitucional1, señala como características: 1) es un control concurrente
y mixto donde confluye la iniciativa del gobernador y se complementa con la
actividad judicial de los tribunales administrativos; 2) es un procedimiento
autónomo e independiente frente a las demás acciones constitucionales y
legales; 3) es una acción que solamente puede tramitarse por iniciativa del
gobernador, pero una vez cumple los requisitos de procedibilidad cualquier
persona puede intervenir para defender o impugnar los acuerdos municipales o
los actos del alcalde (Decreto 1333/86, artículo 121). También puede intervenir
el alcalde, el personero y el concejo municipal, a quienes el gobernador debe
remitir copia del escrito presentado ante el tribunal (Decreto 1333/89, artículo
120); 4) es rogada, porque el control que ejerce está circunscrito a los cargos del
gobernador o de los intervinientes en el proceso, sin que ello impida al tribunal
tomar en consideración otras normas relevantes para la decisión, especialmente
las de rango constitucional y 5) dentro de este no existen propiamente partes en
sentido estricto, en la medida en que no hay una pretensión que una parte formula
frente a otra2.
La Sala no observa que el Tribunal Administrativo de Santander le transgreda al
accionante los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, por el hecho de no haber tenido en cuenta los
1 Sentencia T 119 de 2003
2 Sentencia T 201 del 2000
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argumentos que este remitió de manera equivocada al correo
sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co, en vez de radicarlo en la ventanilla de la
plataforma de SAMAI, como lo indicó la autoridad accionada en el correo de
notificación del auto que admitió el trámite.
No es posible predicar un exceso ritual manifiesto, cuando claramente en el acto
de notificación se informó cual era el canal para el envío de los memoriales, sin
embargo no se acató dicha instrucción. Tampoco es exigible que el memorial
enviado a un correo de notificaciones fuera remitido y anexado al expediente, al
no ser un canal de recepción y, por lo mismo, no podía el Tribunal tener en cuenta
un memorial que no obraba en el expediente.
El asunto al que se hace referencia en fallo del 28 de abril de 2021 STC4523-
2021 con radicado 11001-02-03-000-2021-01204-00 difiere del caso bajo estudio
en que a) allí se indica que el memorial se envió a un correo institucional, no se
señala que el correo fuera de notificaciones; b) al tratarse de un recurso, la
declaratoria de desierto tiene como causa directa el no recibo del memorial en el
despacho. En este punto es importante observar que la revisión de los acuerdos
municipales es un asunto de puro derecho, donde se compara el acuerdo con las
normas constitucionales y legales, según los cargos presentados por el
gobernador; de tal manera que, si bien el municipio está facultado para intervenir
en defensa del Acuerdo, la decisión no dependía de dicha intervención.
En el presente caso, como ya se expresó no se observa la vulneración de los
derechos fundamentales al actor y tampoco se estructura un defecto de la
providencia por exceso ritual manifiesto; en consecuencia, se negará el amparo
solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Negar el amparo invocado por el municipio el Playón- Santander, de
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acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC
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