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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03010-00

Fecha
3 de julio de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03010-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Niégase las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, por las razones expuestas en la presente providencia. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03010-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

3 de julio de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, tres (3) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03010-00
Demandante: PABLO ENRIQUE FAJARDO AVENDAÑO Y OTROS
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
MUERTE DE CIVIL EN OPERATIVO MILITAR. SE
DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron sus derechos fundamentales en el marco del medio de control de reparación directa
con ocasión de las providencias que declararon la falta de legitimación en la causa por activa, por
cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico, procedimental, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial; sin embargo, se declarará improcedente
el amparo por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado por los señores Pablo
Enrique Fajardo Avendaño, María Elena Avendaño Fajardo, Pablo Dinael Fajardo
Avendaño, Saul Fajardo Avendaño, Gloria Leonor Fajardo Avendaño, Arbey Fajardo
Avendaño, Yony Fernando Fajardo Avendaño, Adelmo Fajardo Avendaño y Anyela
Yanine Hurtado Jiménez en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y de
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para la protección de su
derecho fundamental del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia
consagrados en los artículos 29, 13 y 229 de la Carta Política, presuntamente vulnerados
con ocasión de los fallos proferidos el 27 de febrero de 2019 y el 20 de noviembre de
2023 por dichas autoridades judiciales.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03010-00
Demandante: Pablo Enrique Fajardo Avendaño y otros
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción1 la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 16 de marzo de 2009, mientras el señor Fabio Enrique Fajardo se encontraba
trabajando en su cultivo de tomate y habichuela ubicado en la finca El Diamante de la
vereda La Camelia, en un terreno que tomó en arriendo se llevó a cabo un operativo
antisecuestro en el que participaron agentes del GAULA del Ejército Nacional y del CTI
de la Fiscalía, quienes ingresaron al lote y dispararon de manera arbitraria causándole la
muerte.

2) Con ocasión de lo anterior, los familiares de la víctima presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional, con el fin de que se les declarara responsables de los perjuicios
causados por la muerte violenta del señor Fabio Enrique Fajardo.

3) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 2, mediante sentencia del 27 de febrero
de 2019, declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa, debido a que la parte demandante no cumplió con la carga de allegar las pruebas
que permitieran probar su parentesco con la víctima; esto es, los registros civiles de
nacimiento y matrimonio.

4) La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que reprochó que el a quo
no hubiera ejercido sus facultades para decretar como prueba de oficio que se allegaran
los documentos necesarios para comprobar el parentesco; asimismo, allegó los registros
civiles de nacimiento de los demandantes y el registro civil de matrimonio entre el señor
Fabio Fajardo Avendaño y Anyela Hurtado Jiménez para que fueran valorados en la
segunda instancia.

1 La demanda de la referencia fue presentada el 12 de junio de 2024.

2 Proceso con radicación 76001-23-31-000-2010-01868-00/01.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03010-00
Demandante: Pablo Enrique Fajardo Avendaño y otros
Acción de tutela
5) Mediante auto del 21 de octubre de 2019 la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado resolvió negar la solicitud de pruebas elevada por la parte actora
porque no se enmarcó en ninguno de los supuestos comprendidos en el artículo 214 del
Decreto 01 de 1984.

6) Surtido el término de traslado para alegar de conclusión, el Ejército Nacional manifestó
su conformidad con la decisión de primera instancia, mientras que la parte demandante
guardó silencio.

7) En sentencia de 20 de noviembre de 20233, se confirmó la decisión de primera
instancia, por cuanto, si bien con la apelación se allegaron los registros civiles de
nacimiento y de matrimonio, no era posible tenerlos en cuenta para probar el parentesco,
debido a que fueron aportados de manera extemporánea y sin el cumplimiento de los
requisitos previstos en el artículo 214 del Decreto 01 de 1984.

8) De igual manera, manifestaron que esa situación no implicaba que excepcionalmente
el juez pudiera hacer uso de sus facultades oficiosas en materia probatoria ni permitía
“flexibilizar” la carga de la prueba y aceptar otros medios de convicción para demostrar
el parentesco.

2. El fundamento de la vulneración

Los demandantes señalaron que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus
derechos fundamentales con ocasión de los fallos proferidos el 27 de febrero de 2019 y
el 20 de noviembre de 2023, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico,
procedimental, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
judicial.

En cuanto al defecto fáctico, indicaron que se omitió el deber de decretar la prueba de
oficio necesaria para analizar el fondo del asunto con el fin de otorgar una solución
definitiva al debate planteado y no una mera decisión inhibitoria.

Pese a que se reconoció que el material probatorio allegado al proceso era insuficiente
para resolver el asunto, el juez omitió la facultad y el deber legal de decretar como prueba
de oficio los registros civiles que probaran la legitimación material de los demandantes.

3 Decisión que fue notificada por edicto electrónico el 12 de diciembre de 2023.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03010-00
Demandante: Pablo Enrique Fajardo Avendaño y otros
Acción de tutela
Si bien existían indicios que apuntaban a la existencia de parentesco entre los
demandantes y la víctima, las autoridades demandadas optaron por negar la valoración
de los registros civiles que fueron aportados con el recurso de apelación.

Por otra parte, señalaron que se incurrió en un defecto procedimental, debido a que se
pretermitió el deber legal consagrado en el artículo 169 del Decreto 01 de 1984 de
decretar una prueba de oficio con el fin de esclarecer puntos dudosos de la controversia.

Transcurrieron más de trece años sin que la administración de justicia realizara la más
mínima acción positiva para sanear el proceso con el objeto de materializar los derechos
de las víctimas y evitar una sentencia inhibitoria.

Asimismo, manifestaron que se violó de manera directa la Constitución, debido a que no
se observaron los artículos 2, 4, 5, 6, 13, 28, 29, 228 y 229 de la Carta Política que
establecen la obligación del juez de decretar una prueba de oficio para evitar proferir un
fallo que vulnerara el derecho de acceso a la administración de justicia de los
demandantes.

Por último, afirmaron que se desconoció el precedente judicial contenido en algunas
sentencias de la Corte Constitucional4, en las cuales se dispuso que era deber del juez
decretar las pruebas necesarias para aclarar puntos confusos de la contienda, con el fin
de permitir materializar el derecho sustancial.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de la siguiente
súplica:

“7.1. Solicito respetuosamente se amparen los derechos fundamentales al
debido proceso legal, al acceso a la administración de justicia, a la reparación
integral y a la igualdad de los accionantes, los cuales vulnerados por la
sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 20 de noviembre de 2023 y notificada por
edicto del 20 de noviembre del mismo año.

7.2. En consecuencia, solicito que se deje sin efecto la precitada sentencia y,
en su lugar, se ordene a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado incorporar mediante prueba de oficio los registros civiles de nacimiento
de la víctima y sus familiares, con el fin de proferir una sentencia que analice el
fondo del asunto sometido a debate.”. (archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI-).

4 Sentencias T-264 de 2009, T-817 de 2012, T- 926 de 2014, T-339 de 2015, SU-355 de 2017, T-113 de

2019

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03010-00
Demandante: Pablo Enrique Fajardo Avendaño y otros
Acción de tutela

4. Actuación procesal

Mediante auto del 14 de junio de 2024, se admitió la demanda y se ordenó la notificación
al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, asimismo, al
comandante del Ejército Nacional, al director de la Policía Nacional y al fiscal general de
la Nación, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, por cuanto lo cual se pretende es que se analice
nuevamente el argumento referente a la omisión en la valoración de los registros civiles
de los demandantes, asunto que fue resuelto en la sentencia de segunda instancia.

En el fallo cuestionado se advirtió que, en ninguno de los demás estadios procesales
previos, la parte actora mencionó ni mucho menos probó alguna justificación frente a la
tardanza para allegar los registros civiles con el fin de acreditar el parentesco; por el
contrario, prefirió cuestionar la conducta del juez de instancia, en cabeza de quien puso
la carga de suplir su conducta abiertamente omisiva.

La Fiscalía General de la Nación afirmó que, como no es la autoridad llamada a cesar la
vulneración de los derechos fundamentales que invoca la parte demandante, se debe
declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

La Policía Nacional solicitó su desvinculación del mecanismo constitucional, debido a que
la omisión que se reprocha en la acción de tutela corresponde al Consejo de Estado,
organismo judicial que no depende ni se encuentra dentro de la estructura interna de esa
institución.

El Ejército Nacional solicitó su desvinculación de la acción de tutela, puesto que no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la parte demandante.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03010-00
Demandante: Pablo Enrique Fajardo Avendaño y otros
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El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca allegó en medio magnético el expediente
de reparación directa, pero no hizo pronunciamiento alguno frente a las pretensiones de
la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, con el fin de que se protejan sus derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia
presuntamente vulnerados con ocasión de los fallos proferidos el 27 de febrero de 2019
y el 20 de noviembre de 2023, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico,
procedimental, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
judicial.

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Demandante: Pablo Enrique Fajardo Avendaño y otros
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La Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional solicitaron que
se les desvinculara de la acción de tutela, debido a que no les asistía responsabilidad
alguna por la presunta vulneración de los derechos invocados por la parte demandante,
pues la omisión que se reprochó correspondía a una actuación del Consejo de Estado,
organismo judicial que no depende ni se encuentra dentro de la estructura interna de esas
instituciones.

Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a las solicitudes de
desvinculación en consideración a que dichas autoridades fueron vinculadas como
terceros con interés, pues fungieron como demandados en el proceso de reparación
directa, en el cual se profirieron las providencias objeto del presente estudio.

Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que si bien en el proceso de acción
de tutela se alegaron los defectos procedimental, fáctico, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que a partir de la
lectura integral del escrito de amparo se advierte que todos esos reparos, en realidad,
tienen íntima relación directa con la presunta omisión de la autoridad judicial demandada
de cumplir el deber legal consagrado en el artículo 169 del Decreto 01 de 1984 de
decretar como prueba de oficio los registros civiles para demostrar el parentesco; por
consiguiente, se procederá a realizar el análisis únicamente frente al primero de los
defectos mencionados pues los argumentos relacionados con los otros también
constituyen un defecto procedimental, por lo que se valorarán desde esa óptica.

No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las
razones que procederán a exponerse:

1) La parte demandante indicó que la autoridad judicial demandada pretermitió el deber
legal consagrado en el artículo 169 del Decreto 01 de 1984 de decretar como prueba de
oficio que se allegaran los registros civiles que probaran el parentesco entre los
demandantes y la víctima, los cuales eran necesarios para aclarar puntos confusos de la
contienda y permitir materializar el derecho sustancial.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03010-00
Demandante: Pablo Enrique Fajardo Avendaño y otros
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2) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación
presentado en contra del fallo de 27 de febrero de 2019, con miras a que el juez hiciera
uso de sus facultades para decretar como prueba de oficio que se allegaran los registros
civiles de nacimiento y matrimonio para lograr determinar la legitimación para actuar de
los demandantes. De manera expresa, en el recurso de alzada se indicó lo siguiente:

“Es así, como en total desacuerdo con la normatividad procedimental el a
quo no ejerce sus amplias facultades para decretar pruebas de oficio y
lograr escrudiñar la realidad que se debatía en este estadio procesal, pues
pasados 10 años del inicio del proceso, concluye que no queda demostrado
el parentesco por la ausencia de los respectivos registros civiles de
nacimiento y de matrimonio, declarando probada la falta de legitimación en
la causa por activa.

(…).

De esta manera, el a-quo en aplicación de la teoría de los presupuestos
para lograr el estudio del fondo del asunto y el ejercicio de los deberes
del juez para lograr la efectividad del derecho sustancial, debió en la etapa
de admisión y/o pruebas requerir al demandante para que allegara los
registros civiles que echaba de menos para comprobar el parentesco del
señor FABIO ENRIQUE FAJARDO AVENDAÑO (Q.E.P.D).

Bajo esta circunstancia, se puede apreciar por parte del Tribunal del Valle
del Cauca la inaplicación del precedente de la Sentencia de Unificación
de la Honorable Corte Constitucional SU768/14 de dieciséis (16) de octubre
de dos mil catorce (2014), teniendo como Magistrado Ponente al doctor JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO, en donde se hace un estudio de las facultades
del juez como director del proceso.

(…).

Teniendo de presente los postulados anteriores y la legislación vigente,
el quo, en cumplimiento de sus buenos oficios debió requerir a los
accionantes y decretar la prueba idónea a su parecer para llegar a concluir
el parentesco, siendo que desde el momento de a presentación de la demanda
hasta la fecha de la sentencia transcurrieron aproximadamente diez (10) años
y no se resuelve el fondo del asunto, si existe o no la responsabilidad del estado
por los hechos acecidos el 16 de marzo de 2009, en el Municipio de Caicedonia.
(…).”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI- negrillas
del original).

3) Por su parte, en el fallo del 20 de noviembre de 2023, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de declarar probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes, en consideración a que
no era posible hacer uso de su facultad oficiosa o flexibilizar el análisis probatorio para
verificar la prueba del parentesco, pues, ello supondría poner bajo su cargo la verificación
y adopción de todos los medios a su alcance para suplir la carga probatoria de una de
las partes, lo que a todas luces rompería el principio de imparcialidad y desconocería el
equilibrio entre los extremos procesales, en los siguientes términos:

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“44. Sin embargo, en ninguno de los demás estadios procesales previos, la
parte actora mencionó ni mucho menos probó alguna justificación frente
a la tardanza para allegar tales registros civiles con el fin de acreditar el
parentesco; por el contrario, la parte actora prefirió cuestionar la conducta del
juez de instancia, en cabeza de quien puso la carga de suplir su conducta
abiertamente omisiva, amén de que ni si quiera hizo mención a la
configuración de alguna de las causales contempladas en el artículo 214
del C.C.A. y le bastó con argüir que al juez le corresponde –según su
dicho, de manera indistinta y absoluta- suplir las falencias probatorias en
que incurren las partes en un proceso, so pretexto de garantizar que su
decisión no se aparte del sendero de la justicia material.

45. Ante la aportación de dichos medios de convicción por fuera de la
oportunidad legalmente establecida y amén de que su solicitud tampoco
se enmarcó dentro de las condiciones previstas en el artículo 214 del
C.C.A., esta Corporación resolvió negar su incorporación en esta
instancia.

46. A todas luces, la situación que es objeto de estudio en el sub lite, no es
de aquellas que implican que excepcionalmente el juez contencioso
administrativo haga uso de sus facultades oficiosas en materia probatoria
ni pretenda “flexibilizar” la carga probatoria y aceptar otros medios de
convicción para demostrar el hecho susceptible de prueba.

47. En primer término, porque como ha quedado suficientemente estudiado, el
parentesco de las personas se acredita con el registro civil de
conformidad con el Decreto 1260 de 1970, prueba que no puede ser
sustituida por una de naturaleza testimonial o documental.

48. En segundo lugar, en tanto no se trata de una situación particular de la
que se desprenda la inexistencia de los registros civiles requeridos ni la
imposibilidad absoluta de la parte actora de acceder a dicha prueba por
motivos que no le fueran imputables y, finalmente, en tanto no existe
ningún elemento del caso concreto que lleve si quiera a considerar que
con la decisión adoptada en primera instancia se hubiera configurado una
grave afectación a un derecho fundamental de los demandantes, quienes
con dicho fallo únicamente vieron materializadas las consecuencias
desfavorables que acarrea la inobservancia de la carga probatoria legalmente
dispuesta.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI- negrillas de la Sala).

4) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte actora expuso similares planteamientos a los expuestos en el
recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión jurídica
relacionada con la omisión en la obligación del juez de decretar como prueba de oficio
los registros civiles que acreditaran el parentesco, con el fin de evitar un fallo que
vulnerara el derecho de acceso a la administración de justicia de los demandantes
quienes, además eran víctimas de un error del Estado, así:

“En la presente acción de amparo constitucional surge evidente que la
Magistratura accionada pretermitió el deber legal consagrado en el
artículo 169 del CCA de decretar una prueba de oficio con el fin de
esclarecer un asunto fundamental del proceso. En efecto, la omisión de
sus deberes legales y constitucionales desembocó en una sentencia
inhibitoria, toda vez que reconoce explícitamente que no puede abordar el

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Demandante: Pablo Enrique Fajardo Avendaño y otros
Acción de tutela
fondo de la cuestión al considerar que se configuró la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa. Así lo señaló la providencia objeto de
amparo:

(…).

Dado que en el plenario obraban pruebas sumarias e indiciarias sobre el
parentesco de los demandantes con la víctima (declaraciones, entrevistas
ante la Fiscalía, apellidos idénticos entre los demandantes y la víctima) el
deber legal y constitucional que tenía el Consejero Ponente era decretar
una prueba de oficio con cargo a la parte demandante con el fin de que
allegara al plenario los registros civiles.

(…).

Con el fin de no redundar en los argumentos expuestos a lo largo de esta
solicitud de amparo, valga decir que la Judicatura accionada reconoció que
el material probatorio en el que se basó era inadecuado. Pese a un
reconocimiento de semejante calibre, omitió su facultad y deber legal de
decretar la prueba de oficio que habría servido para aclarar la
controversia. Así las cosas, edificó su fallo sobre unas bases probatorias
inadecuadas, que tenía la posibilidad y la obligación de subsanar para cumplir
con su papel de Juez Director del Proceso. En consecuencia, la sentencia
objeto de amparo también incurrió en un defecto fáctico.”. (archivo disponible
en medio magnético a través del aplicativo SAMAI – negrillas de la Sala).

5) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación, los cuales fueron resueltos en el fallo del 20 de noviembre de 2023 y se
dirigieron de manera exclusiva a que se declarara que hubo una omisión del fallador por
no decretar de oficio que se allegaran los registros civiles que acreditaran el parentesco
entre los demandantes y la víctima, los cuales eran necesarios para aclarar puntos
confusos de la contienda y permitir materializar el derecho sustancial.

6) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada en
la providencia objeto de tutela, luego de valorar todo el material probatorio allegado al
expediente, concluyó que había lugar a confirmar la decisión de primera instancia, en el
entendido que no era procedente que excepcionalmente se hiciera uso de la facultad
oficiosa en materia probatoria y que se flexibilizara la carga de la prueba, pues, la parte
actora inobservó su obligación legal y no mencionó ni mucho menos probó alguna
justificación frente a la tardanza para allegar los registros civiles que eran indispensables
para acreditar el parentesco.

7) Lo anterior recobra mayor sentido si se tiene en cuenta que la providencia atacada fue
expedida por una Alta Corte, eventos en los cuales el análisis de procedibilidad debe ser
mucho más riguroso en orden a establecer si se incurrió en una actuación a todas luces
arbitraria e ilegítima, así:

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03010-00
Demandante: Pablo Enrique Fajardo Avendaño y otros
Acción de tutela

“[L]la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta
Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de
los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto
respeto a la independencia de los jueces ordinarios.5”. (negrillas de la Sala).

8) En esa medida, única y exclusivamente cuando se advierta prima facie que la
providencia proferida por un tribunal de cierre contiene una decisión abiertamente
incompatible con la Constitución la tutela será procedente, sin que en ningún caso la mera
diferencia de criterios constituya una razón válida para justificar la intervención del juez
constitucional, por cuanto:

“La tutela contra providencias judiciales de las altas Cortes es más
restrictiva, en tanto: ‘sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con
la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los
demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una
percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.6”
(negrillas adicionales).

9) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal y probatorio que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.

10) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

5 Corte Constitucional, sentencia SU - 573 de 2019, CP Carlos Bernal Pulido.

6 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, CP José Fernando Reyes Cuartas.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03010-00
Demandante: Pablo Enrique Fajardo Avendaño y otros
Acción de tutela

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

2º) Niégase las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía General de la
Nación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, por las razones expuestas en la
presente providencia.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Ausente con excusa
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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