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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03010-01

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03010-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 3 de julio de 2024 proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03010-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

3 de octubre de 2024

Demandantes: Pablo Enrique Fajardo Avendaño y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03010-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D. C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03010-01
Demandantes: PABLO ENRIQUE FAJARDO AVENDAÑO Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación presentada por los accionantes contra la
providencia del 3 de julio de 2024, proferida por la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Pablo Enrique
Fajardo Avendaño y otros.

ANTECEDENTES

1.1 Solicitud de amparo

El señor Pablo Enrique Fajardo Avendaño y otros1, a través de apoderado
judicial, interpusieron acción de tutela contra del Consejo de Estado, Sección
Tercera Subsección A y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el
fin de que les sean amparados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la reparación integral y de acceso a la
administración de justicia.

Consideraron vulneradas dichas garantías con ocasión de la providencia del
20 de noviembre de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, mediante la cual se confirmó la dictada el 27 de
febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que
declaró la falta de legitimación en la causa por activa y negó las
pretensiones, dentro del proceso del medio de control de reparación directa
formulado por los accionantes contra la Nación-Ministerio de Defensa
Nacional- Ejército Nacional y la Nación-Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional con radicado 76001-23-31-000-2010-01868-00/01.

1 María Elena Avendaño Fajardo, Pablo Dinael Fajardo Avendaño, Saul Fajardo Avendaño,

Gloria Leonor Fajardo Avendaño, Arbey Fajardo Avendaño, Yony Fernando Fajardo
Avendaño, Adelmo Fajardo Avendaño y Anyela Yanine Hurtado Jiménez.
1

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Demandantes: Pablo Enrique Fajardo Avendaño y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03010-01

1.2 Pretensiones

En concreto, solicitaron lo siguiente:

“7.1. Solicito respetuosamente se amparen los derechos fundamentales al
debido proceso legal, al acceso a la administración de justicia, a la reparación
integral y a la igualdad de los accionantes, los cuales vulnerados por la
sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 20 de noviembre de 2023 y notificada por
edicto del 20 de noviembre del mismo año.

7.2. En consecuencia, solicito que se deje sin efecto la precitada sentencia y,
en su lugar, se ordene a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado incorporar mediante prueba de oficio los registros civiles de
nacimiento de la víctima y sus familiares, con el fin de proferir una sentencia
que analice el fondo del asunto sometido a debate”.

La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:

1.3 Hechos

El señor Pablo Enrique Fajardo Avendaño y otros, por intermedio de
apoderado judicial instauraron en ejercicio del medio de control de reparación
directa demanda contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional- Ejército
Nacional y la Nación-Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional,
proceso que correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Expusieron como fundamento de la pretensión de responsabilidad y pago de
los perjuicios causados la falla del servicio, derivada del operativo
antisecuestro realizado el 16 de marzo de 2009 por parte de agentes del
Gaula del Ejército Nacional y del CTI de la Fiscalía General de la Nación en
el cual resultó muerto el señor Fabio Enrique Fajardo Avendaño.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 27 de febrero
de 2019, declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la
causa por activa, como consecuencia de no haber cumplido los
demandantes con la carga probatoria de allegar los registros civiles de
nacimiento y de matrimonio, con los cuales acreditara su parentesco con el
fallecido y negó las pretensiones de la demanda.

Interpuesto el recurso de apelación por los demandantes, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, en el trámite de la segunda
instancia, mediante auto del 21 de octubre de 2019, negó la solicitud de
decretar como prueba los registros civiles acompañados, por no ajustarse a
ninguno de los eventos previstos en el artículo 214 del Código Contencioso
Administrativo2. En sentencia del 20 de noviembre de 2023 el ad-quem

2 Código Contencioso Administrativo. Decreto 01 de 1984
“Artículo 214 Cuando se trate de apelación de sentencia, las partes podrán pedir pruebas,
que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
2

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confirmó la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

Advirtió la autoridad judicial que con motivo de la decisión adoptada por el a-
quo la parte actora consciente de su omisión probatoria allegó los registros
civiles de nacimiento de la víctima, de los padres, de los hermanos, así como
también de matrimonio, sin que haya manifestado justificación alguna por la
tardanza en su incorporación.

Consideró que la situación objeto de estudio, no es de aquellas que obligue a
la autoridad judicial hacer uso de sus facultades oficiosas en materia
probatoria o “flexibilizar” la carga probatoria y aceptar otros medios de
convicción para acreditar el hecho susceptible de prueba.

Lo anterior, porque el parentesco de las personas se acredita con el registro
civil correspondiente como lo establece el Decreto 1260 de 1970, sin que sea
posible suplirlo con una prueba de naturaleza diferente, cuya inexistencia o
imposibilidad absoluta de acceder a ellos sea por motivos no imputables a la
parte actora eventos no acreditados en el transcurso del proceso, cuya
inobservancia de la carga probatoria y consecuencia desfavorable fue
avizorada con la sentencia de primera instancia.

De igual manera, indicó que imponer al juez en todos los casos hacer uso de
la facultad oficiosa o flexibilizar el análisis probatorio para establecer la
prueba del presupuesto de la legitimación en la causa de los demandantes,
rompe el principio de la imparcialidad y en consecuencia, el equilibrio entre
los extremos procesales.

Concluyó que fue acertada la decisión del a-quo al declarar probada de
oficio la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes,
motivo por el cual confirmó la sentencia recurrida.

1.4 Sustento de la vulneración

Los accionantes señalaron que las autoridades accionadas incurrieron en
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
a la reparación integral y de acceso a la administración de justicia como
consecuencia de los defectos fáctico, procedimental, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial.

En cuanto al defecto procedimental absoluto indicaron que la accionada
pretermitió el deber legal de decretar en los términos del artículo 169 del

1. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte
que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para
su perfeccionamiento.
2. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para
pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos
hechos.
3. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
4. Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el numeral anterior.

3

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CCA una prueba de oficio con cargo a la parte demandante para que
allegara al plenario los registros civiles con los que se acreditara el
parentesco para con el fallecido, con el fin de esclarecer un asunto
fundamental del proceso.

En cuanto al defecto fáctico, afirmaron que la jurisprudencia constitucional
ha identificado que se produce cuando “la ley le confiere el deber o facultad de
decretar la prueba y la autoridad no lo hace por razones que no resultarían
justificadas. Esto se funda en que la ley ha autorizado al juez a decretarlas de oficio
cuando existen dudas y hechos que aún son oscuros e impiden adoptar una
decisión definitiva3”.

Sostuvieron que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial al
apartarse el funcionario de las sentencias proferidas por los tribunales de
cierre en casos que presentan identidad o similitud en sus elementos
fácticos dictadas con anterioridad a la decisión adoptada, para lo cual refirió
las sentencias T-264 de 2009, T-817 de 2012, T-926 de 2014, T-339 de
2015, T-113 de 2019 y SU 355 de 2017 dictadas por la Corte Constitucional.

Con relación al defecto de violación directa de la Constitución, manifestaron
que la sentencia materialmente es un fallo inhibitorio, ya que de reconocer
no poder analizar el fondo del asunto porque carecía de una prueba, se
imponía al Tribunal accionado decretar una prueba de oficio con el fin evitar
un fallo que vulnera el derecho de acceso a la administración de justicias de
la parte actora, víctimas de un error del Estado, proceder con el que se
vulnera los mandatos de los artículos 2, 4, 5, 6, 143, 28, 29,228 y 229 de la
Constitución Política.

1.5 Trámite de la acción de amparo en primera instancia

Mediante auto del 14 de junio de 2024, el magistrado ponente de la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A.

De igual forma, vinculó como terceros con interés al comandante del Ejército
Nacional, al director de la Policía Nacional y al fiscal general de la Nación.

Efectuadas las notificaciones respectivas4, se presentaron las siguientes:

1.6. Intervenciones

1.6.1. Fiscalía General de la Nación

Mediante escrito enviado por correo electrónico a la Secretaría General del
Consejo de Estado, suscrito por la abogada de la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, precisó que el reproche está
3 Corte Constitucional. Sentencia T-113 de 2019.
4 Mediante correo electrónico del 18 de junio de 2024 enviado a los accionados y terceros

con interés.
4

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dirigido en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
por lo tanto, no es la entidad llamada a cesar la vulneración de los derechos
que afirma el accionante le están siendo transgredidos, por lo cual se atiene
a lo que sea probado en el curso de la acción.

De igual manera manifestó que la acción de tutela resulta improcedente por
cuanto el accionante no sustentó las causales específicas de procedibilidad,
pretende retrotraer actuaciones procesales y no sustentó la configuración del
defecto en el que incurrió la entidad demandada.

En consecuencia, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva y desvincular a la fiscalía general, así como también declarar la
improcedencia de la acción de amparo iniciada por el señor Pablo Enrique
Fajardo y su grupo familiar.

1.6.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

En comunicación remitida a la Secretaría General del Consejo de Estado, el
magistrado ponente de la decisión cuestionada manifestó que el asunto
carece de relevancia constitucional ya que el objetivo consiste en que se
reestudie los supuestos fácticos, probatorios y jurídicos con los cuales se
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y
se negó las pretensiones de la demanda.

Concluyó que la tutela persigue reabrir un debate ya concluido con
cuestionamientos ya definidos por la Subsección, lo cual trasgrede el fin de la
acción constitucional, sin que de modo alguno su ejercicio puede erigirse
como una tercera instancia.

1.6.3. Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional

A través de la jefe del Área Jurídica de la Secretaría General de la entidad,
indicó que respecto a la Policía Nacional existe falta de legitimación en la
causa por pasiva toda vez que la institución no fue parte en el medio de
control de reparación directa con radicado 76001-23-31-000-2020-01868-01
como se evidencia en la consulta realizada en el sistema de gestión del
Consejo de Estado- Samai- cuya imagen plasma en su escrito.

Por lo tanto, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, requiriendo determinar si los argumentos expuestos por la actora
en la acción de tutela tienen o no mérito de veracidad.

1.6.4. Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional

Indicó el director de la Dirección de Negocios General del Departamento
Jurídico del Ejército Nacional que la competencia directa es del Ministerio de
Defensa Nacional representado por el Ministro Iván Velásquez Gómez a
quien se le corre traslado de la admisión de tutela con sus respectivos
anexos, conforme a envío realizado al correo electrónico
ceoju@buzonejercito.mil.co.

5

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1.7 Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, en sentencia del 3
de julio de 2024, negó la desvinculación de la Fiscalía General de la Nación y
del Ministerio de Defensa- Policía Nacional. De igual manera declaró
improcedente la acción de tutela al no encontrar acreditado el requisito
general de procedibilidad de la relevancia constitucional.

Expuso que de la lectura integral del escrito de amparo se estableció que
todos los defectos tienen íntima relación directa con la omisión por parte de
la autoridad judicial de cumplir el deber legal consagrado en el artículo 169
del Decreto 01 de 1984 para decretar como prueba de oficio la documental
consistente en los registros civiles de nacimiento y matrimonio con los cuales
se acreditaba el parentesco de los demandantes para con el señor Fabio
Enrique Fajardo.

En ese orden, se determinó que el fin de la acción de tutela fue el de discutir
nuevamente los argumentos ampliamente debatidos, analizados y decididos
en el trámite del recurso de apelación, con miras a que el juez en uso de sus
facultades decretara de oficio la prueba de los registros civiles, con los
cuales se acreditaba la legitimación para actuar de los demandantes.

Indicó que el ad-quem al momento de confirmar la sentencia del 27 de
febrero de 2019, consideró que no era posible hacer uso de su facultad
oficiosa o flexibilizar el análisis probatorio para verificar la prueba del
parentesco, ya que ello es admitir que a cargo del juzgador correspondía la
verificación y adopción de todos los medios a su alcance para suplir la carga
probatoria de una de las partes, lo que a todas luces rompe el principio de
imparcialidad y desconoce el equilibrio de las partes.

Concluyó que los planteamientos expuestos en la acción de amparo son
similares a los planteados en el recurso de apelación, los que tienen como
único fin el de revivir la controversia en cuanto a la facultad del juez de
decretar como prueba de oficio los documentos ya mencionados, lo que
constituye un debate meramente legal y probatorio propio del trámite del
proceso ordinario, respecto del cual le está vedado pronunciarse el juez
constitucional.

1.8. Impugnación

Mediante escrito enviado a la Secretaría General del Consejo de Estado el
apoderado de los accionantes impugnó la sentencia con fundamento en que
carece de consideraciones constitucionales sobre el asunto planteado,
limitándose a un estudio puramente legalista más propio de una hipotética
tercera instancia y no al control constitucional que se espera en el ámbito de
los derechos fundamentales.

Con fundamento en las sentencias SU-768 de 2014, T-113 de 2019, T-615
de 2019 reiteró que la omisión en el decreto de una prueba de oficio
necesaria para esclarecer un punto oscuro de la controversia constituye una
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afectación a los derechos al acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a la reparación integral , enfoque no tuvo en cuenta la sala, por el
contrario, la sentencia impugnada se limita a reproducir los argumentos
legalistas expuestos por el juez ordinario en segunda instancia para negar la
aplicación de la prueba de oficio.

En consecuencia, solicitó se revoque la providencia para conceder el amparo
constitucional.

1.9. Trámite en segunda instancia

Mediante providencia del 5 de septiembre de 2024, la Sala declaró infundado
el impedimento manifestado por el magistrado ponente de la presente
decisión, así como también el manifestado por la magistrada Gloria María
Gómez Montoya a través de auto del 3 de octubre del presente año.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer la impugnación presentada por la
parte demandante contra la providencia del 3 de julio de 2024, proferida por
la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto
Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar el fallo adoptado en primera instancia, que declaró improcedente
por falta de relevancia constitucional la acción de tutela instaurada.

Para el efecto, se estudiará: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) el estudio de la relevancia constitucional y, iii) el caso
concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema6.

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN

DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

2.4. Estudio sobre la relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 20229, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de
relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico
en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía
era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la
causa.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-573 del 2019, al momento de
estudiar los requisitos de procedibilidad en sede de revisión, encontró que la
acción de tutela carecía de relevancia constitucional.

En el citado anterior fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga
un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo,
enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.

El tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una

7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01.
Demandante: Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
8

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instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal10” (Énfasis de la Sala).

El alto órgano de cierre, luego de abordar los criterios que debe reunir una
solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el
requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de
tutela no cumplía con este postulado, puesto que:

i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

ii) involucraba un debate eminentemente legal,

iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,

iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.5. Caso concreto

La parte actora cuestionó la providencia del 20 de noviembre de 2023
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A mediante
la cual confirmó la sentencia del 27 de febrero de 2019 dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso del medio de
control de reparación directa con radicado 76001-23-31-000-2010-01868-
00/01.

En primera instancia la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado, en decisión del 3 de julio de 2024, declaró improcedente la acción de
tutela al no encontrar acreditado el requisito general de procedibilidad de la
relevancia constitucional.

Indicó que los defectos invocados apuntaban a reabrir la controversia
planteada en el trámite del recurso de apelación en cuanto a la facultad del
juez ordinario con base en el artículo 169 del Decreto 01 de 1984 de decretar
pruebas de oficio, de manera concreta la documental de los registros civiles

10 Sentencia SU 573 de 2019.

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de nacimiento y matrimonio con los cuales se acreditaba el parentesco de los
demandantes para con el señor Fabio Enrique Fajardo, falencia en la se
fundó la declaratoria de oficio de la excepción de falta de legitimación en la
causa por activa y negación de las pretensiones, confirmada en la sentencia
proferida por el Consejo de Estado inicialmente referida.

Así mismo expuso que el debate planteado tenía el carácter meramente legal
y probatorio propio del trámite del proceso ordinario, respecto del cual le está
vedado al juez constitucional pronunciarse, lo que acredita que no se
superaron los eventos definidos en la sentencia SU-573 de 2019 de la Corte
Constitucional para su estudio.

El requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de la
acción de tutela tiene tres finalidades, a saber:

“… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional11 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad12; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales13 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces14”.

Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de
tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario,
el juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan
su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial
de la solicitud de amparo.

En efecto, de las argumentaciones expuestas en la acción de tutela que
sustentan los defectos fácticos, procedimental, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial invocados, se
advierte que no se indicó ninguna que permita analizar el alcance de los
derechos fundamentales invocados de cara a la decisión judicial
cuestionada.

Por el contrario, se funda en enrostrarle a la autoridad judicial la obligación
de decretar pruebas de oficio para enmendar su propia omisión en el
cumplimiento de la carga de la prueba y las oportunidades probatorias
señaladas en el ordenamiento procesal vigente15 bajo la óptica de los

11 “Sentencia C-590 de 2005.”
12 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
13 “Sentencia C-590 de 2005.”
14 “Sentencia T-102 de 2006.”
15 “Código de Procedimiento Civil

Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”
“Artículo 183. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas
deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de tos términos y
oportunidades señalados para ello en este código.
…”
Decreto 01 de 1984
10

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Demandantes: Pablo Enrique Fajardo Avendaño y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03010-01

accionantes de tratarse de un punto oscuro o dudoso, como también abogar
por el cumplimiento de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la reparación integral.

En tal sentido la autoridad accionada en la providencia que se cuestiona al
confirmar la declaratoria de la falta de legitimación en la causa por activa,
estableció:

“44. Sin embargo, en ninguno de los demás estadios procesales
previos, la parte actora mencionó ni mucho menos probó alguna
justificación frente a la tardanza para allegar tales registros civiles con el
fin de acreditar el parentesco; por el contrario, la parte actora prefirió
cuestionar la conducta del juez de instancia, en cabeza de quien puso la
carga de suplir su conducta abiertamente omisiva, amén de que ni si
quiera hizo mención a la configuración de alguna de las causales
contempladas en el artículo 214 del C.C.A. y le bastó con argüir que al
juez le corresponde –según su dicho, de manera indistinta y absoluta-
suplir las falencias probatorias en que incurren las partes en un proceso,
so pretexto de garantizar que su decisión no se aparte del sendero de la
justicia material.”

Los accionantes no acreditaron que la decisión adoptada sea consecuencia
de una conducta caprichosa o arbitraria que contraríe la autonomía e
independencia que se predica de las providencias judiciales.

La Sala establece que la parte actora pretende utilizar la acción
constitucional como mecanismo para revivir la controversia ya zanjada,
cuestión que no impacta la garantía de los derechos fundamentales
invocados tras confirmar la decisión de primera instancia, lo que evidencia
convertir el trámite ordinario en una tercera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 3 de julio de 2024 proferida por la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Notifíquese esta providencia en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Artículo 168. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se
aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del
Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de
practicarlas y criterios de valoración.

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Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03010-01

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los 10 días siguientes al de la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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