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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03017-01

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03017-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 9 de julio de 2024 por la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente el depreco constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03017-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

11 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03017-01
Accionante: Juan Carlos Rueda Mejía
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad – legitimación en la causa por activa. Decisión: Se modifica el fallo de primera
instancia.

La Sala decide la impugnación1 presentada, en calidad de convocante, por Juan Carlos
Rueda Mejía en contra del fallo de tutela proferido el 9 de julio de 20242 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La solicitud de amparo constitucional

El 12 de junio de 20243 el accionante radicó tutela4 en procura de la protección de sus
garantías fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia, las que considera vulneradas con las providencias proferidas el 19 de julio de
2023 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bucaramanga y el 24 de enero
de 2024 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante las cuales se dispuso
la terminación del proceso disciplinario No. 68001250200020220127700/01.

1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 18, con certificado A524974CF9A3A529
87A926DBA636840D 6DC4609FED7CA8AA 96215D74524A9108.
2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 14, con certificado 20B5FF7295E6E9FD

9C51DF5B9AB878A9 25F6E7C75E005462 55FA0960633CBDA7.
3 Obra correo electrónico en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 8F999A84DC3F2B68

64349C7FE20FBD9C B69E5639120A332F E15127B78853CCDB.
4 Obra escrito de tutela a folios 1-13 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado

591E75650C137FCA A37F4B8C29585125 F79B2082ED63970C 49C7117231EEC79D.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03017-01
Accionante: Juan Carlos Rueda Mejía
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
1.2.- Hechos

1.2.1.- En agosto de 2022 Juan Carlos Rueda Mejía presentó queja en contra de la
abogada Luisa Fernanda Durán Galvis. Al respecto, explicó que, en abril de 2018,
contrató a la referida profesional para que radicara un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del inspector de policía de Bucaramanga por unas
actuaciones que derivaron en el cierre de su establecimiento de comercio. Agregó que le
pagó la suma de COP$1.500.000, sin embargo, Durán Galvis no realizó la labor
encomendada5. Este asunto fue conocido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Santander bajo el radicado No. 68001250200020220127700.

1.2.2.- El a quo disciplinario, en audiencia del 19 de julio de 2023, dispuso la terminación
del proceso, en tanto la abogada denunciada realizó numerosas actuaciones para
obtener la documentación requerida para promover la demanda, lo que denota que no
existió negligencia de su parte, ya que adelantó todas las gestiones que le fueron posibles
para lograr el recaudo de los medios de convencimiento que se necesitaban6.

1.2.3.- Inconforme, el quejoso interpuso apelación en contra del proveído referido. En
providencia del 24 de enero de 20247 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó
la determinación recurrida. Al respecto, indicó que la profesional efectuó múltiples
actividades con el propósito de iniciar el asunto que le fue encargado, por ende, no estaba
comprobada la negligencia y era claro que no se radicó la demanda por cuestiones ajenas
a la disciplinada; finalmente, compulsó copias para que se investigara la conducta de
Julián Alberto Gamboa Meza. En auto del 21 de febrero siguiente8 la colegiatura referida
corrigió el nombre de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander.

1.3.- Fundamentos de la acción de tutela

El tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, puesto que las
providencias denunciadas archivaron la queja disciplinaria sin analizar de manera
correcta las pruebas aportadas, pues no tuvieron en consideración el objeto del contrato

5 A folios 14-15 del archivo subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 591E75650C137FCA A37F4B8C29585125

F79B2082ED63970C 49C7117231EEC79D.
6 A folios 28-29 del archivo subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 591E75650C137FCA A37F4B8C29585125

F79B2082ED63970C 49C7117231EEC79D.
7 A folios 14-15 y 27-43 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 591E75650C137FCA

A37F4B8C29585125 F79B2082ED63970C 49C7117231EEC79D.
8 A folios 16-25 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 591E75650C137FCA

A37F4B8C29585125 F79B2082ED63970C 49C7117231EEC79D.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03017-01
Accionante: Juan Carlos Rueda Mejía
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
de servicios legales suscrito con la investigada. Según él, se configuró un defecto fáctico,
por cuanto hubo una valoración indebida del material probatorio, lo que llevó a una
decisión injusta. Alegó que las pruebas demostraban que la disciplinada actuó de manera
negligente al no presentar la demanda dentro de la oportunidad legal. Además, sostuvo
que la abogada realizó acciones innecesarias, como la presentación de tutelas y
peticiones que no eran los mecanismos apropiados.

Rueda Mejía expresó que hubo un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
porque las autoridades convocadas aplicaron un rigorismo procesal que obstaculizó la
justicia material. Señaló que se centraron en aspectos formales y dejaron de lado una
investigación integral que podría haber mostrado la falta disciplinaria. Afirmó también que
en segunda instancia presentó pruebas y elevó reproches que no fueron debidamente
valorados, sobre la falsedad en que incurrió Julián Alberto Gamboa, que, sin serlo, se
presentó como abogado.

Reiteró el peticionario que fue engañado por Gamboa Meza, quien, sin estar habilitado
para ejercer el derecho, actuó en conjunto con la abogada Durán Galvis; argumentó que
los jueces disciplinarios debieron investigar este aspecto en profundidad y no escudarse
en que, por no tratarse de un profesional del derecho, carecían de competencia para
procesarlo. Reiteró que su acción de tutela es procedente al ser evidente que no se
valoraron adecuadamente los elementos de prueba.

Finalmente, Rueda Mejía reprochó que la decisión de archivar la queja fue tomada con
base en una interpretación errónea de la normativa aplicable, como el CPACA, y reprochó
que se desconocieron los mecanismos jurídicos que permiten demandar sin necesidad
de contar con la totalidad de las pruebas en sede administrativa.

1.4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito introductorio se solicitó (i) tutelar los derechos cuya omisión se alega; (ii)
dejar sin efectos las providencias que dispusieron la terminación del trámite y que se
decida nuevamente el asunto conforme con las pruebas y el ordenamiento jurídico; y (iii)
exhortar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que actúe según los
postulados del debido proceso.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03017-01
Accionante: Juan Carlos Rueda Mejía
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1.- Mediante auto del 14 de junio de 2024 la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y vinculó a la abogada Luisa Fernanda Durán Galvis. También
ordenó notificar a las partes y a la vinculada.

2.2.- La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, tras realizar un repaso
de las actuaciones del proceso disciplinario, indicó que, en su parecer, no se cumplían
los requisitos generales de procedibilidad y no se vulneraron los derechos fundamentales
denunciados, pues actuó en apego a las normas aplicables y dentro de los parámetros
procesales correspondientes.

2.3.- La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó que se rechace o se niegue el
depreco, por cuanto no se cumplen los requisitos de procedencia y no se acreditó la
conculcación de los derechos fundamentales; a su vez, precisó que esta vía no puede
usarse para revivir términos u oportunidades procesales. En adición a ello, señaló que
Rueda Mejía, en su calidad de quejoso, pudo aportar medios de convicción y apelar la
decisión, pero no tiene derecho a cuestionar las pruebas aportadas por la abogada
investigada, en los términos de la Ley 1123 de 2007.

3.- Fallo de tutela de primera instancia

La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de julio de 2024,
negó el amparo por considerar que Luisa Fernanda Durán Galvis realizó las gestiones
necesarias para el caso de su cliente. Además, desestimó el argumento relativo a un
defecto procedimental por no investigar a Julián Alberto Gamboa Meza, ya que este no
es abogado y no era objeto del proceso. Acotó que la decisión de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial no incurrió en errores, se expidió con base en la ley y la
jurisprudencia, y no vulneró derechos fundamentales. Ultimó que la inconformidad del
demandante con el fallo no justifica el uso de la tutela como una tercera instancia.

4.- Razones de la impugnación

En contra de la providencia referida, la parte actora presentó impugnación, en la cual
alegó que no se estudió adecuadamente la vulneración de sus derechos fundamentales.
Afirmó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no analizó correctamente la

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03017-01
Accionante: Juan Carlos Rueda Mejía
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
responsabilidad de la abogada denunciada y que su comportamiento llevó a que
acaeciera la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Reiteró que la profesional del derecho fue negligente, lo que le impidió reclamar sus
derechos. Insistió en que hubo un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
pues la autoridad de segunda instancia no se pronunció sobre lo ocurrido con Julián
Alberto Gamboa, a pesar de que la ley se lo exigía.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 9 de julio de 2024 por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto
2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

Esta Sala limitará su análisis a la providencia de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, en atención a que fue esta la que resolvió la apelación propuesta por Rueda
Mejía y la que puso fin al trámite disciplinario.

3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03017-01
Accionante: Juan Carlos Rueda Mejía
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
de procedibilidad9 y de procedencia10 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.

4.- Verificación del cumplimiento del requisito de legitimación en la causa en el
caso concreto

4.1.- La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción
sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las
pretensiones que se aducen y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien
deben reclamarse y controvertirse estas. Así estarían definidas la legitimación en la causa
por activa y por pasiva, respectivamente.

En materia de tutela, la legitimación en la causa tiene fundamento en el artículo 10º del
Decreto 2591 de 1991, que dispone que toda persona amenazada o vulnerada en sus
derechos fundamentales podrá ejercer la aludida acción, por sí mismo o a través de un
representante judicial, o mediante un agente oficioso, cuando el titular de las
prerrogativas no esté en condiciones de promover su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por activa es un
requisito sine qua non para que el juez constitucional pueda pronunciarse de fondo sobre
el asunto puesto en su conocimiento11 y ha hecho énfasis en la titularidad de los derechos
fundamentales reclamados12.

En esa línea argumentativa, la acción de tutela busca la vigencia efectiva de los derechos
inalienables, inherentes y esenciales al ser humano13, por lo que se dirige a solventar en
forma inmediata la situación de hecho que está generando la vulneración o amenaza de
aquellos, con el fin de restablecer su goce. Por ende, el titular de los derechos
fundamentales, quien es el legitimado para intentar el amparo constitucional, puede ser

9 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de

los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
10 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto

fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
11 Sentencia T-416 de 1997.
12 Sentencias T-086 de 2010, T-176 de 2011 y T-511 de 2017.
13 Sentencia T-02 de 1992.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03017-01
Accionante: Juan Carlos Rueda Mejía
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
una persona natural o jurídica, cuya condición de sujeto de derechos y obligaciones
estará vigente durante el transcurso de su vida o existencia14. En palabras de la Corte
Constitucional, “[q]uien no tenga la condición de persona - natural o jurídica - propiamente
hablando, no es sujeto de derechos fundamentales (…)” 15 , salvo que se acredite
debidamente la sucesión procesal16.

4.2.- En materia de procesos disciplinarios, el artículo 89 de la Ley 734 de 2002
determinaba que únicamente tienen la calidad de partes el investigado, el defensor y el
Ministerio Público, sin que esta condición le esté otorgada al quejoso, como se observa:

“Artículo 89. Sujetos Procesales en la Actuación Disciplinaria. Podrán intervenir en la actuación
disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando
la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso
de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política.
(…)”.

Tal regulación fue reiterada en el artículo 109 de la Ley 1952 de 2019, el cual previó
textualmente:

“(…) Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su
defensor, el Ministerio Publico, cuando la actuación se adelante en la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y las Comisiones Secciona les de Disciplina Judicial (…) Esta misma condición
la ostentarán las víctimas de conductas violatorias de derechos humanos y el Derecho
Internacional Humanitario, así como de acoso laboral.”.

En el mismo sentido, esta corporación, actuando como juez de tutela, esgrimió la tesis
que sigue:

“30. De lo anterior se concluye que en el proceso disciplinario no hay víctimas, en consideración
a la imputación que en él se formula, por lo que se diferencia claramente el papel del denunciante
en el proceso penal del que cumple el quejoso en el disciplinario.

31. En efecto, una persona que actúa en calidad de víctima en un proceso penal concurre como
titular de los derechos conculcados con la conducta punible que es investigada y al mismo tiempo
puede hacerlo en calidad de sujeto procesal, y tiene la facultad de intervenir para que se
garanticen sus derechos al conocimiento de la verdad, a la realización de la justicia y a la
reparación del daño. Por el contrario, no puede concurrir en el proceso disciplinario porque este
‘remite a una imputación que se basa en la infracción de deberes funcionales y no en la
vulneración de derechos de terceros’.

32. En virtud de las consideraciones expuestas en precedencia, esta Sala advierte que, así como
los derechos del quejoso se encuentran limitados en sede disciplinaria, por no tener la calidad

14 Sentencias T-269 de 1993 y T-249 de 1998.
15 Sentencia T-269 de 1993.
16 Sentencia T-236 de 2018.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03017-01
Accionante: Juan Carlos Rueda Mejía
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
víctima, sujeto procesal o interviniente en el mismo, la perspectiva de análisis del juez de tutela
debe restringirse a los derechos expresamente consagrados en su favor”17.

4.3.- En el caso concreto Juan Carlos Rueda Mejía, quien formuló la queja que originó el
proceso disciplinario, funda su depreco en que supuestamente la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial no valoró adecuadamente los medios de prueba que obraban en el
expediente, pues pasó por alto el objeto del contrato suscrito con la abogada; además,
expuso que estaba acreditada la negligencia de la denunciada y que las actuaciones en
que se basó la defensa de la investigada eran innecesarias. Así mismo, sostuvo que hubo
un exceso ritual manifiesto, pues se privilegiaron aspectos formales sobre la verdad
sustancial, y no se analizaron en debida forma los documentos y los argumentos que
propuso en el curso de la segunda instancia. Finalmente, cuestionó la indebida
interpretación y el desconocimiento de las normas que regían el asunto.

4.4.- Pese a lo expuesto, el convocante carece de legitimación en la causa por activa,
pues no identificó la forma en que la decisión de terminación proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial vulnera o puede llegar a conculcar sus derechos
fundamentales. En punto de ello, esta Sala, por considerarla ajustada al ordenamiento
jurídico, acogerá la postura uniforme del Consejo de Estado18, según la cual el quejoso,
en el marco de un proceso disciplinario, es titular del derecho al debido proceso y está
legitimado para incoar un trámite constitucional para reclamar esa garantía únicamente
cuando se le cercena la posibilidad de (i) formular o ampliar la queja, (ii) aportar pruebas,
o (iii) recurrir la decisión de archivo o el fallo absolutorio.

4.5.- En esa medida, la Sala estima que no se dan los presupuestos propios de la
legitimación en la causa por activa en materia de tutela, pues la parte actora no denunció
ni demostró estar inmersa en alguna de las causales puntuales en las que se habilita su
intervención en el proceso disciplinario, a contrario sensu, se observa que las autoridades
judiciales le dieron trámite a su queja y le permitieron elevar recursos, así como aportar
medios de prueba.

5.- En consecuencia, se modificará el fallo impugnado, para declarar la improcedencia de
las súplicas sub examine.

17 Consejo de Estado, sentencia del 29 de agosto de 2019, rad. 11001-03-15-000-2019-03676-00, CP. Rocío Araujo

Oñate.
18 Ver en sentencias del 28 de mayo de 2020, rad. 11001-03-15-000-2019-05072-01; del 3 de octubre de 2019, rad.

11001-03-15-000-2019-03946-00; y del 9 de marzo de 2006, rad. 76001-23-31-000-2005-04341-01.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03017-01
Accionante: Juan Carlos Rueda Mejía
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 9 de julio de 2024 por la Sección Segunda
del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente el depreco
constitucional, de conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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