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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03052-01

Fecha
13 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03052-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de julio de 2024, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela. 8 Radicación: 11001-03-15-000-2024-03052-01 Accionante: Joaquín Romero Carrillo Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03052-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03052-01
Accionante: Joaquín Romero Carrillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Intereses
moratorios por pago tardío de mesadas pensionales / CONFIRMA
IMPROCEDENCIA – Falta de relevancia constitucional. Reproches carecen de carga
argumentativa y se pretende reabrir un debate jurídico ya zanjado por el juez natural

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 18 de julio de 2024 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 13 de junio de 2024 el señor Joaquín Romero Carrillo, a través de apoderada
judicial, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, el Juzgado Quince Administrativo de Cali y la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y seguridad social2.

2.
Solicitó que se dejaran sin efectos las sentencias proferidas el 5 de diciembre de
2022 y 7 de diciembre de 2023 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 3 que promovió contra Colpensiones, encaminado a obtener el
reconocimiento de intereses moratorios por pago tardío de sus mesadas
pensionales, de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

1 Juzgado Quince Administrativo de Cali y Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
2 También se refiere al principio de favorabilidad.
3 Expediente 76001-33-33-015-2016-00179-02.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03052-01
Accionante: Joaquín Romero Carrillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

3.
En la referida providencia se confirmó la sentencia de 5 de diciembre de 2022,
mediante la cual el a quo4 negó las pretensiones de la demanda.

4.
El tutelante afirmó que nació el 21 de julio de 1953 y laboró en la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca del 9 de junio de 1980 al 31 de enero de
2011. El entonces Instituto de Seguros Sociales ISS le reconoció pensión de vejez,
mediante Resolución 1024 de 5 de febrero de 2010, dejando en suspenso el pago
hasta cuando se acreditara el retiro del servicio. En cumplimiento de ello, el 4 de
febrero de 2011 allegó ante el ente de previsión social el acto administrativo 320-15
de 17 de enero de esa anualidad, por cuyo conducto se le aceptó la renuncia al cargo
que desempeñaba, a partir del 1º de febrero de 2011. No obstante, con Resolución
GNR 15742 de 20 de diciembre de ese año se deja nuevamente en suspenso su
ingreso a nómina; determinación contra la que el 13 de enero de 2012 interpuso
recurso de apelación, desatado a través de Resolución VPB 94 de 7 de enero de
2014, en el sentido de conceder dicha prestación social a partir del 1º de febrero de
2011 en cuantía de $2.710.214 y ordenó se le cancelaran $98.106.826 por concepto
de mesadas causadas desde esa fecha hasta el 30 de diciembre de 2013 y
$8.401.420 por mesadas adicionales de diciembre durante ese interregno. La
erogación se ingresó en la nómina de enero de 2014, cuyo pago se realizó en febrero
de ese año.

5.
En razón de lo anterior, solicitó el reconocimiento de los intereses moratorios en
los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por cuanto se le pagaron sus
mesadas después de 3 años de haber adquirido el derecho pensional, lo cual le fue
negado por Colpensiones con Resoluciones GNR 139027 de 13 de mayo de 2015 y
VPB 7906 de 16 de febrero de 2016.

6.
Indicó que se incurrió en defecto sustantivo. Se efectuó una interpretación
errónea del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y se inobservó el artículo 9 de la Ley
797 de 2003. No se tuvo en cuenta que la Administración tardó más de 3 años en
ingresarlo en nómina, tiempo que supera los 4 meses estipulados en el artículo 9 de
la Ley 797 de 2003 para tal efecto. Conforme a dicha normativa, la mora en el pago
de las mesadas se origina a partir del día siguiente al vencimiento de aquel lapso,
pues es el otorgado para definir oportunamente la petición pensional e ingresar dicha
prestación a nómina de pensionados.

7.
Se configuró desconocimiento del precedente. Se desatendieron las sentencias
de la Corte Suprema de Justicia (Sala Laboral)5, en las que en casos similares al
suyo concedieron los intereses moratorios reclamados, y los fallos C-601 de 2000 y
SU-65 de 2018 de la Corte Constitucional, el primero de los cuales declaró exequible
el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Ni de dicha norma ni de las aludidas

4 Juzgado Quince Administrativo de Cali.
5 28 de noviembre de 2002, radicación 18273; 20 de octubre de 2004, radicado 23159; 24 de febrero de 2005,

radicado 23759; 15 y 20 de octubre de 2008, radicaciones 34814 y 30550, respectivamente; 25 de noviembre de
2008, radicación 33164, y 31 de marzo de 2009, radicación 33761.
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Accionante: Joaquín Romero Carrillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

providencias es dable inferir que los intereses de mora solo procedan cuando se
presente mora en la cancelación de la mesada pensional luego de su
reconocimiento. Por el contrario, se deduce que aquellos intereses se generan a
partir del día siguiente al vencimiento del término que tenía la administradora de
pensiones para reconocer y pagar la pensión de vejez.

8.
Además, en la sentencia SL 3130 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia se
precisó que tales intereses moratorios también proceden por las diferencias
pensionales que se causen por el pago incompleto de las mesadas.

9.
También se presentó la causal de violación directa de la Constitución. Se
trasgredieron los artículos 13, 29, 48 y 53 superiores, al desconocer la prerrogativa
de pago oportuno y reajuste periódico de la pensión, desde cuando se cumplieron
los requisitos legales para la adquisición del derecho pensional, y al reconocimiento
de intereses moratorios por la demora en la inclusión en nómina y pago de las
mesadas causadas desde el 1º de febrero de 2011, lo cual solo ocurrió en febrero
de 2014, es decir, 3 años después de adquirido el derecho.

B. Sentencia de primera instancia

10.
Mediante sentencia de 18 de julio de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela, al no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional. Estimó que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por las autoridades judiciales accionadas y la tutela no se instituye
en una tercera instancia con el fin de reabrir el debate jurídico resuelto por el juez
natural. Ello desconocería el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional.

C. La impugnación

11.
La parte actora indicó que el asunto reviste de relevancia constitucional, toda vez
que pretende que se aplique en debida forma la normativa que se aviene al caso, así
como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional
sobre la materia, en igualdad de condiciones para todos los pensionados,
independientemente si los litigios se exponen en la jurisdicción ordinaria o en la
contencioso administrativa.

12.
El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 no distingue ni condiciona a que el pago de
los intereses de mora se causen solo respecto de las mesadas que se dejen de pagar
a partir del ingreso a nómina de pensionados, de ser así la entidad podrá tardarse
uno, dos o tres o más años para resolver la solicitud pensional e incluir en nómina
de pensionados, como ocurrió en su caso. Se demostró que aunque la pensión
estaba reconocida y su inclusión en nómina estaba en suspenso hasta la
acreditación del retiro del servicio, lo cual se aportó el 4 de febrero de 2011, el ente
pensional solo lo incluyó en nómina mediante Resolución de 7 de enero de 2014 y

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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

sufragó las respectivas mesadas en febrero de 2014.

13.
Por lo anterior, proceden los intereses moratorios por las mesadas causadas del
1º de febrero de 2011 al 31 de enero de 2014, cuyo retroactivo se reconoció con el
aludido acto administrativo y se ingresó en nómina en el mes de febrero de 2014, es
decir, 4 meses después que tenía Colpensiones para resolver la solicitud pensional,
dado que la Resolución que demostraba el retiro del servicio se aportó el 5 de febrero
de 2011, en esa medida, aquellos intereses se causaron desde el 5 de junio de esa
anualidad.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

14.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.

F. Análisis del caso concreto

15.
La Sala comparte la decisión adoptada por el a quo, por lo que se confirmará la
improcedencia del presente trámite constitucional. No se satisface el requisito de
relevancia constitucional, pues, a pesar de que el accionante invocó las causales
específicas de procedibilidad de la tutela de defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, sus argumentos están
encaminados a obtener una decisión judicial diferente a la adoptada por el juez
natural de la causa, lo que contraría la naturaleza excepcional de la tutela, al intentar
convertirla en una instancia adicional al proceso, como se expone a continuación.

16.
La parte actora aduce que se incurrió en defecto sustantivo porque se inaplicó de
manera indebida el artículo 1417 de la Ley 100 de 1993 y se inobservó el artículo 98
de la Ley 797 de 2003, al no tener en cuenta que la Administración tardó más de 3
años en ingresarlo en nómina. Considera que la mora reclamada se debe tener como
configurada a partir del día siguiente al vencimiento del término previsto por el
mencionado artículo 9 para que la entidad administradora de pensiones resuelva una
solicitud pensional.

17.
El Tribunal accionado no desconoció la normativa que aplicable al caso, diferente
es que haya tenido en cuenta que si bien la pensión del tutelante le fue reconocida

6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7 “Intereses de mora. A partir del 1 de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales

de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a
su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe
el pago”.
8 “(...)

Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada
la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no
podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte”.
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con Resolución 1024 de 5 de febrero de 2010, su pago se dejó en suspenso hasta
cuando se acreditara el retiro definitivo del servicio, lo cual demostró el 4 de febrero
de 2011, al allegar a la Administración el acto administrativo de aceptación de
renuncia a partir del 1º de febrero de 2011. Sin embargo, con Resolución 15742 de
20 de diciembre de 2011, se dejó en suspenso el trámite prestacional hasta cuando
se aportaran certificaciones en las que constaran la calidad de empleado público o
trabajador oficial y los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, lo cual se zanjó con Resolución VPB 94 de 7 de enero de 2014, al
reconocer el disfrute de la prestación desde el 1º de febrero de 2011, con ingreso a
la nómina de enero de 2014 y con pago para el mes de febrero siguiente.

18.
Con base en la aludida situación el Tribunal accionado concluyó que Colpensiones
canceló al demandante las mesadas desde su reconocimiento, lo cual ocurrió en
enero de 2014, para ser pagada en febrero, y el retroactivo de las mesadas causadas
del 1º de febrero de 2011 al 31 de enero de 2014, por lo que no había lugar a
intereses moratorios.

19.
Precisó que para que se causaran dichos intereses se debía incurrir en mora en
el pago de las mesadas con posterioridad al reconocimiento pensional, lo que no
ocurrió en ese caso. Dicho reconocimiento prestacional se originó con la Resolución
VPB 94 de 7 de enero de 2014 y no con la Resolución 2014 de 5 de febrero de 2010,
pues aunque se haya concedido el derecho pensional, su disfrute quedó en
suspenso hasta el retiro del servicio. En esa medida, aclaró que los intereses
moratorios proceden en caso de mora en el pago de las mesadas, mas no por la
tardanza de la administración de expedir el acto de reconocimiento pensional.

20.
Por lo anterior, no se efectuó una indebida interpretación del artículo 141 de la Ley
100 de 1993, dado que la postura adoptada por el Tribunal accionado corresponde
a la postura pacífica que sobre el tema de debate ha decantado la Sección Segunda
de esta Corporación. Según la misma, el pago de los intereses de mora de que trata
dicho precepto legal, se aplica solo en aquellos casos en que la prestación social ya
fue concedida y su reconocimiento y pago no se encuentran sujetos a discusión, en
sede administrativa o judicial9. Lo cual implica que no era indispensable acoger el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003 para desatar el litigio.

21.
También se alega que se desatendieron sentencias de la Corte Suprema de
Justicia (Sala Laboral), en las que se concedieron las súplicas en controversias

9 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, fallo del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-

000-2014-02587-01, Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, fallo del 2 de mayo de 2018,
radicado 25000-23-42-000-2013-05069-01, Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A, sentencia del
23 de agosto de 2018, radicado 05001-23-33-000-2014-00523-01, Consejo de Estado - Sección Segunda -
Subsección A, sentencias del 3 de diciembre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-04672-01(3170-2019) y
del 6 de mayo de 2021, radicado 1700123-33-000-2015-00014-01, Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B, fallo de 8 de junio de 2023, radicado 13001-23-33-000-2017-00011-01, Consejo de Estado -
Sección Segunda – Subsección A, fallo del 6 de julio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2014-00489-01, entre
otras.
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similares a la que él suscitó. Así como los fallos C-601 de 2000 y C-65 de 2018 de la
Corte Constitucional.

22.
La parte actora no invoca puntualmente cuáles reglas jurisprudenciales fueron
desatendidas por el Tribunal accionado. Se limita a afirmar que no se observó el
criterio referente a la causación de intereses moratorios cuando se incurre en mora
por parte de la administración en pagar las mesadas pensiones. Sin embargo, como
se anotó en precedencia, no es que se haya omitido tal pauta, sino que no se
cumplían los supuestos fácticos que ello exigía. No se incurrió en mora para pagar
las mesadas luego del respectivo reconocimiento pensional.

23.
Además, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia no comparten identidad
fáctica con la situación expuesta por el actor. En la sentencia de 20 de noviembre de
2002 10 el litigio versó sobre dichos intereses, cuando la pensión fue reconocida
mediante una decisión judicial, y, en todo caso, como la prestación se causó con
anterioridad a la Ley 100 de 1993 y se reconoció conforme a los Decretos 3135 y
1848 de 1968, no es dable aplicar el mencionado artículo 141.

24.
En el fallo 20 de octubre de 200411, pese a que el reconocimiento pensional tuvo
lugar con antelación a la Ley 100, sí se aplicó el artículo 141 de la Ley 100 de 1993,
en razón a que se consideró que una pensión de vejez del régimen de transición con
fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, normativa que ha sido
integrada al régimen de prima media con prestación definida, debe entenderse como
una pensión que es susceptible de que se aplique dicho artículo 141 para sancionar
la mora en el pago de las mesadas.

25.
En similares términos se pronunció en la providencia de 24 de febrero de 200512,
máxime cuando allí se examinó un asunto que concernía a una pensión de
sobrevivientes, en los términos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Se determinó
que, a pesar de que el causante debía cumplir unos requisitos fijados en normas
anteriores a aquella ley (Acuerdo 49 de 1990), lo cierto es que la concesión de la
prestación se estudió conforme al mencionado artículo 46.

26.
Dicho criterio de hacer extensivo el artículo 141 a pensiones reconocidas en los
términos del Acuerdo 049 de 1990, se adoptó también en los fallos de 1513 y 1714 de
octubre y 2515 de noviembre de 2008.

27.
En cuanto a los anteriores pronunciamientos judiciales, resulta evidente que no se
abordó el problema jurídico expuesto en este asunto, es decir, desde cuándo se
generan los aludidos intereses moratorios, sino que trataron pleitos en los que no se

10 Radicación 18273.
11 Radicación 23159.
12 Radicación 23759.
13 Radicación 34814.
14 Cabe precisar que a pesar de que el actor consigna como fecha de la sentencia el 20 de octubre de 2008, lo

cierto es que corresponde al 17 de los mismos mes y año. Radicación 30550.
15 Radicación 33164.

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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

tenía certeza sobre la procedencia del reconocimiento de aquellos, dada la normativa
y momento a partir de los cuales se concedió la prestación social.

28.
En la sentencia de 31 de marzo de 200916, se sostuvo que el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993 debía acogerse “no solo cuando habiéndose reconocido una
prestación hay mora en su pago, sino también cuando esa prestación no se ha
reconocido en el término establecido en la ley y por esa razón no se han comenzado
a pagar las mesadas correspondientes”. Criterio que se reiteró en la sentencia
SL3130-2020, en la que se agregó que “los intereses moratorios proceden a partir
del día siguiente al vencimiento de los 4 meses que confiere la ley para resolver la
solicitud. (CSJ SL4985-2017)”.

29.
Sobre las dos anteriores sentencias cabe anotar que si bien es cierto que en estas
se expone el criterio de la parte actora, también lo es que dicha providencia no
constituye precedente judicial de obligatoria observancia para el Tribunal accionado,
puesto que fue dictada por la Corte Suprema de Justicia, es decir, por la jurisdicción
ordinaria, Corporación que no es el superior funcional de dicho Tribunal.

30.
Por otro lado, la tesis defendida por el actor, según la cual los intereses moratorios
se causan antes de que la Administración expida el respectivo acto de
reconocimiento pensional, no fue planteada en las sentencias que se relacionaron
de la Corte Constitucional ni fue abordado el problema jurídico acerca del momento
en que dichos intereses se causan, sino sobre la obligación de los entes de previsión
social de asumir los respectivos intereses por la cancelación tardía de las mesadas,
sin inmiscuirse acerca de que la mora se constituya a partir del vencimiento del lapso
con que contaba la entidad para decidir sobre la solicitud prestacional.

31.
En la sentencia C-601 de 2000 17 , se decidió sobre la demanda de
inconstitucionalidad presentada contra los apartes «A partir del 1º de enero de 1994»
y «de que trata esta ley» contenidos en el precitado artículo 141, los cuales fueron
declarados exequibles, porque no vulneraban el derecho a la igualdad. En esa
providencia se anotó que “las entidades de seguridad social están obligadas a
indemnizar a los pensionados por la cancelación tardía de las mesadas pensionales
atrasadas que se les adeudan, pues el artículo 53 de la Carta es imperativo y
contundente al disponer que el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al
reajuste periódico de las pensiones”.

En ese mismo sentido, en el fallo de unificación SU-65 de 201818 sostuvo que “las
32.

entidades encargadas del reconocimiento de prestaciones propias del sistema de
seguridad social están obligadas a reconocer el pago de intereses por mora a los
pensionados a quienes se les ha reconocido su derecho prestacional en virtud de un
mandato legal, convencional o particular. Inclusive, ello sucede con independencia

16 Radicación 33761.
17 M. P. Fabio Morón Díaz.
18 M. P. Alberto Rojas Ríos.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03052-01
Accionante: Joaquín Romero Carrillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

de que su derecho haya sido reconocido con fundamento en la Ley 100 de 1993 o
una ley o régimen anterior, por lo que la moratoria se causa por el solo hecho de la
cancelación tardía de las mesadas pensionales, en aplicación del artículo 53
Superior”.

33.
En ese orden de ideas, no se observa alguna regla jurisprudencial que hubiere
sido desatendida por el Tribunal demandado y, en todo caso, las sentencias
invocadas como desconocidas no constituyen precedente alguno, es decir, no
revisten de obligatoria observancia. Por el contrario, se advirtió que aquella
Corporación acogió el precedente que sobre la materia ha fijado el Consejo de
Estado, como máxima autoridad en la jurisdicción contencioso administrativa.

34.
De igual manera, no se evidencia violación directa de la Constitución, porque se
atendió la normativa y la jurisprudencia que correspondía a la controversia suscitada
por el accionante, lo cual impide que se configure algún tipo de afectación
constitucional, máxime cuando el asunto involucra un aspecto de índole netamente
económico. El accionante lo que pretende es el pago de unos intereses moratorios,
cuya negativa no comporta una vulneración a un derecho de raigambre constitucional
fundamental, más aún cuando es claro que cuenta con una pensión y el no pago de
esa sanción no configura una afectación a su mínimo vital.

35.
Así las cosas, el reproche de la parte actora refleja, además de una carencia en
la argumentación con miras a demostrar la afectación constitucional que alega, es
una inconformidad con la manera como el juez natural de la controversia la zanjó, lo
cual no habilita el estudio de fondo de la tutela, pues no basta para tal efecto invocar
derechos fundamentales que se estiman vulnerados y unas causales específicas de
procedibilidad de la tutela y expresar un desacuerdo con la decisión judicial atacada.

36.
Por las anteriores consideraciones, se torna evidente la falta de cumplimiento del
presupuesto de relevancia constitucional que impusiera examinar el fondo de este
asunto. La tutela no fue constituida para emplearse como una instancia adicional en
un litigio surtido en debida forma, máxime cuando la decisión censurada no comporta
arbitrariedad alguna y no se despliega la carga argumentativa suficiente para poner
en evidencia los yerros constitucionales planteados.

37.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, que declaró la
improcedencia del trámite constitucional.

38.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de julio de 2024, proferida por la
Sección Primera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela.
8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03052-01
Accionante: Joaquín Romero Carrillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE19
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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