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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03065-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03065-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Salomón Salas Quintero con relación a la vulneración al derecho fundamental al debido proceso, por no configurarse la mora judicial alegada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03065-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03065-00
Accionante: Salomón Salas Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B

Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso en interés superior del adulto mayor, con
ocasión de la supuesta mora en la decisión del recurso de apelación presentado
por el municipio de Leticia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 91001-33-33-001-2019-00077-01.

Decisión: Negar el amparo en relación con la violación al derecho fundamental
al debido proceso, por no configurarse la mora judicial alegada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela que instauró el señor Salomón Salas Quintero, en nombre propio, contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso,
ocurrida con ocasión de una supuesta mora judicial dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con el radicado 91001-33-33-001-2019-00077-01.
II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos1

En el año 2017, luego de agotar el trámite de conciliación2 extrajudicial, el señor
Salomón Salas Quintero instauró una demanda laboral ante el Juzgado Primero
Promiscuo del Circuito de Amazonas en contra el municipio de Leticia
(Amazonas), con el fin de que se declarara la existencia de una relación laboral
encubierta a través de contratos de prestación de servicios, la cual fue resuelta a
su favor mediante sentencia de 293 de marzo de 2019.

1
Índice 3 del aplicativo SAMAI, Expediente: 91001-33-33-001-2019-00077-00. Hechos y
actuaciones procesales ver link del expediente: 91001333300120190007700 - OneDrive
(sharepoint.com)
2
Seguido ante la Procuraduría 220 Judicial para asuntos administrativos de Leticia. Constancia
con radicación núm. 20 del 30 de agosto de 2016.
3
Índice 27, del link del expediente 91001333300120190007700 - OneDrive (sharepoint.com)
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03065-00
Accionante: Salomón Salas Quintero

Inconforme con la decisión anterior, el Municipio de Leticia interpuso un recurso
de apelación4, el cual fue remitido para su conocimiento al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Cundinamarca5.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad de la sentencia
proferida por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Amazonas, y decidió
remitir por competencia6 el proceso a los Juzgados Administrativos del Circuito
de Leticia (reparto).

Las pretensiones de la acción presentada ante el Juzgado Único Administrativo
del Circuito Judicial de Leticia fueron las siguientes:

«Primera. Que se declare la existencia de la relación laboral entre el
demandante SALOMÓN SALAS QUINTERO y el MUNICIPIO DE LETICIA,
como un contrato realidad y no de prestación de servicios, en los contratos
y periodos:

• Contrato N. 177 del 6 de mayo de 2013
• Contrato N. 004 del 2 de enero de 2014
• Contrato N. 151 del 7 de julio de 2014
• Contrato N. 0028 del 5 enero de 2015
• Contrato N. 226 del 1 de junio de 2015.

Segunda. Que se ordene en consecuencia, la liquidación y pago de las
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que tiene derecho en
virtud de su vínculo laboral y su desvinculación sin justa causa:

a) Cesantías Art 249 C.S.T $2.580.000
b) Prima de servicios Art 306 C.S.T $2.580.000
c) Vacaciones Art 186 C.S.T $1.290.000
d) Auxilio de trasporte Art 23 C.S.T $2.300.000
e) Dotación de vestido y calzado Art 230 C.S.T $1.500.000
f) Aportes a salud, riesgos laborales Ley 100 de 1993 salud $2.600.000
y Riesgos $150.0001.

Tercera. Reconocimiento de indemnización integral por la injusta
terminación de su contrato según el cual prestó sus servicios como
trabajador de la entidad. El valor correspondiente a este concepto es de
$10.900.000.

Cuarta. Ordenar el pago efectivo e indexación de las sumas
correspondientes a prestaciones sociales compartidas, durante el 5 de
mayo de 2013, hasta el 1 de enero de 2016.

Quinta. Condenar como consecuencia al Municipio de Leticia, como
reparación del daño ocasionado, al pago de gastos y costas procesales,
así como agencias en derecho.» (sic en toda la cita).

4
Índice 41 del link del expediente en sharepoint.
5
Índice 29, ibidem.
6
Índice 33, ibidem.

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Acción de Tutela
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Accionante: Salomón Salas Quintero

El Juzgado Único Administrativo7 del Circuito Judicial de Leticia, mediante
sentencia del 18 de septiembre8 de 2020, notificada el 21 de septiembre de la
misma anualidad, resolvió favorablemente las pretensiones del demandante y
declaró la existencia de una relación laboral encubierta a través de contratos de
prestación de servicios y condenó al Municipio de Leticia al pago de las
prestaciones sociales adeudadas.

La providencia referida fue apelada por la demandada, mediante recurso de
fecha 5 de octubre de 2020, que fue concedido el 12 de noviembre de 2020.

El 19 de octubre de esa anualidad, la apoderada envió al Tribunal accionado una
solicitud de impulso procesal.

Mediante auto del 22 de noviembre de 202210, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda Subsección B, admitió el recurso de apelación,
el cual fue notificado al accionante el 1411 de noviembre de 2023.

El 5 de diciembre de 202312 el expediente ingresó al despacho para fallo. El 20
de marzo de 202413 la apoderada de la parte actora remitió solicitud de impulso
procesal.

2.2. Fundamento jurídico

La parte actora sustenta su acción indicando que la Corte Constitucional en
innumerables sentencias ha determinado la obligación que atañe a los
operadores judiciales de impartir pronta justicia, lo que no se ha cumplido en el
caso concreto.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«PRETENSIONES

PRIMERA.

Se ampare mediante Tutela, el DERECHO AL DEBIDO PROCESO,
vulnerado por la morosidad en la actuación judicial, por parte de los
magistrados responsables de tramitar el recurso de Apelación.

SEGUNDA.

7
El despacho indicó que los términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo de
2020 y el 30 de septiembre con ocasión de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
8
Índice 35, del link del expediente en sharepoint.
9
Índice 3, del aplicativo SAMAI.
10
Índice 6, del aplicativo SAMAI.
11
Índice 10, del aplicativo SAMAI.
12
Índice 12, del aplicativo SAMAI.
13
Índice 16, del aplicativo SAMAI.

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Acción de Tutela
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Accionante: Salomón Salas Quintero

Se ordene al Magistrado JORGE RODRIGO ROMERO ROMERO, dar el
impulso procesal necesario a fin de que la Sala se pronuncie sobre el
recurso de Apelación que está en su despacho desde el 3 de febrero de
2021». (sic en toda la cita).

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida el 4 de julio de 2024 por el Despacho
sustanciador y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B como accionado y al Municipio de Leticia como
tercero interesado en el resultado del proceso.

2.4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B en su calidad de accionado, manifestó que admitió el recurso
presentado y ordenó correr traslado para alegatos de conclusión. Indicó además
que, en la próxima sesión de la Subsección, se someterá el proyecto de fallo a
consideración de la Sala.

El Municipio de Leticia guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema
jurídico se circunscribe a responder si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B incurrió en una mora judicial
injustificada y vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante
en su condición de adulto mayor, con ocasión del trámite de recurso de apelación
pendiente de resolver por parte de este, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con el radicado 91001-33-33-001-2019-00077-01.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991,
reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, «Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por

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Accionante: Salomón Salas Quintero

la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección inmediata,
oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración, de los
derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades, o de los
particulares en casos concretos y excepcionales.

La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales que
permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable.

En este caso la parte accionante alegó la vulneración de su derecho fundamental
al debido proceso con ocasión de la mora en la resolución del recurso de
apelación presentado por el Municipio de Leticia contra la providencia del 18 de
septiembre de 2020 proferida por el Juzgado Único Administrativo del Circuito
Judicial de Leticia, razón por la cual, a continuación, se analizará si en efecto se
puede predicar la existencia de una mora judicial en el caso objeto de estudio.

3.4. La acción de tutela en los eventos de mora judicial

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es
originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos14.

Al respecto, indicó la jurisprudencia constitucional que la tardanza en el
cumplimiento de los términos judiciales constituye una mora judicial injustificada
cuando (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo;
y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones
por parte de la autoridad judicial. Se ha explicado además que es excepcional la
posibilidad del juez de tutela de alterar el orden de fallo, ya que el ordenamiento
jurídico consagra el deber de someterse a un sistema de turnos, con algunas
salvedades reconocidas por el legislador15.

Así las cosas, procede la acción de tutela en los casos de mora judicial
injustificada, siempre y cuando se acredite la inexistencia de otro medio de
defensa judicial y que se esté ante la posible materialización de un daño, cuyos
perjuicios se tornen irreparables.

14
Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010, magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
15
Corte Constitucional, sentencia T 441 de 2015, magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero
Pérez.

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Aunado a lo anterior, frente a la mora judicial justificada, ha precisado la Corte
Constitucional que según las circunstancias del caso, es posible (i) negar la
violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sometiendo al interesado al sistema de turnos; (ii) ordenar
excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está
en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora
judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con
las condiciones de espera particulares del afectado; o (iii) disponer un amparo
transitorio en relación con los derechos fundamentales comprometidos, mientras
la autoridad judicial competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la
controversia planteada, en aquellos casos en que se está ante la posible
materialización de un daño cuyos perjuicios no puedan ser subsanados.

3.4.1. Análisis de la presunta mora judicial en el caso concreto

La parte accionante considera que se presentó una mora judicial en el trámite de
respuesta al recurso de apelación que presentó su contraparte con ocasión de la
providencia del 18 de septiembre de 2020 proferida por el Juzgado Único
Administrativo del Circuito Judicial de Leticia, con lo que supuestamente se
vulneró su derecho fundamental al debido proceso por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

Ahora bien, del material probatorio allegado al plenario y de la revisión del estado
del proceso en la actualidad, se encuentra lo siguiente:

• El Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de Leticia, mediante
sentencia anticipada del 18 de septiembre de 2020, notificada el 21 de
septiembre de la misma anualidad resolvió favorablemente las
pretensiones del demandante declarando la existencia de un contrato de
trabajo entre las partes y condenando al Municipio de Leticia.

• La providencia referida fue apelada por la demandada, con recurso
calendado de fecha 5 de octubre de 2020, que fue concedido el 12 de
noviembre de 2020.

• El proceso fue asignado por reparto el 3 de febrero de 2021 al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección B.

• El 1 de octubre de esa anualidad la apoderada remitió al Tribunal
accionado solicitud de impulso procesal.

• El 19 de julio de 2022, la apoderada del accionante remitió nuevamente
solicitud de impulso procesal al Tribunal accionado.

• Mediante auto del 22 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, admitió el recurso de
apelación, el cual fue notificado al accionante el 14 de noviembre de 2023.

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• El 5 de diciembre de 2023 el expediente ingresó a despacho para fallo. El
20 de marzo de 2024 la apoderada de la parte actora remitió solicitud de
impulso procesal.

• El 2616 de julio de 2024 el Tribunal indicó en su respuesta a la acción, que
en la próxima sesión de la Subsección se someterá el proyecto de fallo a
consideración de la Sala.

Así las cosas, para la Sala no resulta viable en este momento procesal declarar
que la autoridad judicial accionada está incursa en una conducta de mora
judicial17 injustificada, pues de acuerdo con la información suministrada por el
Tribunal el proyecto de fallo ya pasará a consideración de la Sala.

Desafortunadamente en la actualidad, la congestión en los despachos judiciales
se ha convertido en un hecho notorio y no podría endilgársele arbitrariamente
negligencia a esa corporación en la resolución del asunto, toda vez que es de
conocimiento público la carga laboral excesiva que existe en la jurisdicción.

Ahora bien, lo que, en definitiva, no puede perderse de vista, es la condición de
sujeto especial de protección del accionante al tratarse de un adulto mayor18, ni
la necesidad de garantizarle a estas personas soluciones efectivas al momento
de impartir justicia.

Cabe recordar que en el asunto que nos ocupa, estamos hablando de una
persona que en el próximo mes de agosto cumple 94 años, circunstancia que
debe ser tenida en cuenta por el fallador para resolver a la mayor brevedad
posible el recurso de apelación referido.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado en los
siguientes términos con relación a la decisión a adoptar por parte del juez
constitucional cuando se trata de un sujeto de especial protección:

«(ii) ordenar excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo,
cuando el juez está en presencia de un sujeto de especial protección
constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y
tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera
particulares del afectado19. “(…)”».

Por otro, lado impuso como imperativa esa protección para las
personas de la tercera edad por parte del Estado:

16
Índice 14 del aplicativo SAMAI.
17
Corte Constitucional Sentencia SU-179 de 2021, magistrado ponente: Alejandro Linares
Cantillo. “Si se comprueba que se trata de mora judicial justificada, no existe violación de los
derechos al debido proceso (en su faceta de obtener decisión sin dilaciones injustificadas y dentro
del plazo razonable) y acceso a la administración de justicia, comoquiera que la dilación en la
resolución del proceso no es imputable a la negligencia del tribunal de casación, sino a otras
causas, por ejemplo, problemas estructurales de congestión judicial”.
18
Constitución Política de Colombia. Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán
para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su
integración a la vida activa y comunitaria. “(…)” Negrilla fuera de texto.
19
Corte Constitucional. Sentencia SU-179 de 2021.

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«Tratándose de los derechos de las personas de la tercera edad, los
deberes que se imponen al Estado resultan imperiosos para procurar
verdaderas condiciones materiales de existencia digna20. De esa manera,
las personas que se encuentran en la mencionada categoría son
acreedoras de una especial protección, proveniente no sólo del
Estado sino de los miembros de la sociedad.». Negrilla fuera de texto.

En consecuencia, procede la Sala a negar la acción invocada con relación a la
vulneración al derecho fundamental al debido proceso, por no configurarse la
mora judicial alegada con respecto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, pero con respecto a este último, le solicitará
resolver el recurso de apelación presentado por el Municipio de Leticia de la
manera más rápida que le sea posible, en consideración a que el señor Salomón
Salas Quintero, es una persona que goza de especial protección constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Salomón Salas Quintero con
relación a la vulneración al derecho fundamental al debido proceso, por no
configurarse la mora judicial alegada, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada la sentencia de tutela remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con aclaración de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

20
Corte Constitucional. Sentencia T-801 de 1998.

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Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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