Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03067-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03067-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03067-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03067-01
Demandante: Empresa de Transporte del Tercer Milenio1
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Defectos fáctico y sustantivo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Transmilenio S.A., en contra de la
sentencia proferida el 2 de agosto de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud2
Transmilenio S.A. promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso,
los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 30 de
noviembre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Primera, en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-0324-
000-2013-00301-00.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, demanda contra la Superintendencia de Transporte, con el fin de cuestionar
la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales, en el marco de lo
regulado por el artículo 85 de la Ley 222 de 1995, se ordenó su control y vigilancia.
ii) El Consejo de Estado, Sección Primera en sentencia de única instancia proferida
el 30 de noviembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que
1 En adelante Transmilenio S.A.
2 Ver índice 2 de Samai en el expediente 11001031500020240306700. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_FIRMADAFINALTUTELACO(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Empresa de Transporte del Tercer Milenio-
Transmilenio S.A.
no se acreditaron los cargos de falta de competencia, falsa motivación ni violación al
debido proceso, pues, previo a la adopción de la medida de control, la
superintendencia le hizo varios requerimientos y visitas que la justificaron, ante la
existencia de mora en la implementación del sistema de tarjetas.
iii) Sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la autoridad judicial
demandada al incurrir en defecto fáctico, toda vez que no tuvo en cuenta las pruebas
que acreditaban la inexistencia de actuaciones atribuibles a Transmilenio S.A., en la
demora para implementar el sistema de tarjetas de que trató el Decreto 309 de 2009
para el SITP.
En defecto sustantivo, al interpretar erróneamente los artículos 41 y 42 del Decreto
101 de 20003; el 287 de la Constitución Política; el 8 de la Ley 336 de 1996; el 41, 42
y 44 del Decreto 101 de 2000; el 11 del Decreto 170 de 20014; y la Resolución 5579
de 2006 del Ministerio de Transporte, y desatender las normas que si eran aplicables
al caso concreto, toda vez que aquellas determinan la competencia de inspección
control y vigilancia de la Superintendencia de Transporte respecto de las entidades
que integran el sector y Sistema Nacional de Transporte. Asimismo, aplicó
indebidamente la sentencia C-637 de 2001 de la Corte Constitucional.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERA: Que se CONCEDA a la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER
MILENIO TRANSMILENIO S.A., el amparo constitucional a sus derechos fundamentales
de ACCESO A LA ADMNINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO, y DERECHO
DE DEFENSA, consagrados en los artículos 29 de la Constitución Nacional.
SEGUNDA: Que se PROCEDA, en consecuencia, a dejar sin efectos el fallo del treinta
(30) de noviembre de 2023, proferido en única instancia por el Consejo de Estado - Sala
de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho No. 11001 0324 000 2013 00301 00, promovido por
TRANSMILENIO S.A en contra de LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y
TRANSPORTES, HOY SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Consejo de Estado, Sección Primera5 solicitó se declarara improcedente
el amparo pretendido, toda vez que no se acreditó los requisitos generales de
procedibilidad, específicamente, el de la relevancia constitucional, pues, no se explicó
cómo se afectó el núcleo esencial de los derechos invocados por la parte
demandante, quien se limitó a exponer como la Sala realizó una interpretación
3 […] Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones
[…]
4 […] Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo
Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros […]
5 Ver índice 10 de SAMAI en el expediente 11001031500020240306700. Archivo denominado
«20CONTESTACION DE_202403067InformeTute(.pdf) NroActua 10»
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supuestamente contraría de las normas aplicables, lo cual dejó ver que se trata de
un asunto de mera legalidad.
Que tampoco se superó el requisito de la subsidiariedad, pues, la empresa
demandante contaba con el recurso extraordinario de revisión, por cuanto solicitó la
protección a su derecho fundamental del debido proceso, y según el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 procedería por nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso.
1.2.2. La Superintendencia de Transporte6 solicitó que se declarara improcedente
la petición de amparo, por cuanto no se acreditaron los requisitos generales de
procedibilidad, específicamente, el de la subsidiariedad, toda vez que no ha ejercido
el recurso extraordinario de revisión; además, tampoco se acreditaron los requisitos
específicos alegados.
1.3 Sentencia de primera instancia7
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia del 2 de agosto
de 2024 declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no se acreditó
el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional, pues, no se
argumentó la posible vulneración de derechos fundamentales, limitándose la
discusión planteada al contenido de normas que regulan la competencia de la
Superintendencia de Transporte para adoptar medidas de inspección, vigilancia y
control, por lo que se trató de un asunto de mera legalidad, donde la verdadera
intención es continuar una discusión ya fue zanjada por el juez de conocimiento.
1.4. Escrito de impugnación8
Transmilenio S.A impugnó la decisión del a quo, para lo cual indicó que el asunto si
tiene relevancia constitucional, pues, existió una afectación desproporcionada de los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso y
defensa, así como del principio de autonomía territorial, consecuencia de los defectos
sustantivo y fáctico alegados, al desconocer la distribución de competencias para el
ejercicio de la función de inspección, control y vigilancia de la actividad
transportadora, entre la Nación y las entidades territoriales.
Refirió que no es correcto afirmar que el defecto sustantivo constituye un asunto de
mera legalidad, pues, conllevó a que la corporación judicial demandada en su
providencia se apartara del marco judicial aplicable, toda vez que el hecho que
Transmilenio S.A., haga parte del sistema de transporte nacional, no significa que
para todos los eventos se encuentra sometida a la inspección, vigilancia y control de
6 Ver índice 12 de SAMAI en el expediente 11001031500020240306700. Archivo denominado
«23_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONDETUTE(.pdf) NroActua 12»
7 Ver índice 15 de SAMAI en el expediente 11001031500020240306700. Archivo denominado
«26Sentencia_20240306700BARRERAMU(.pdf) NroActua 15»
8 Ver índice 20 de SAMAI en el expediente 11001031500020240306700. Archivo denominado
«31RECIBEMEMORIAL_IMPUGNACIONTUTELATRA(.pdf) NroActua 20»
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la Superintendencia de Transporte, lo cual le corresponde a la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.12 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y
analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde
verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente»
como se indica en aquella decisión.
9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo13, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,15 el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.16
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir si: ¿el Consejo de
Estado, Sección Primera vulneró los derechos fundamentales de Transmilenio S.A.
con ocasión de la sentencia del 30 de noviembre de 2023, mediante la cual negó las
pretensiones de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la
Superintendencia de Transporte la sometió a control y vigilancia, con la que incurrió,
presuntamente, en defectos fáctico y sustantivo?
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado por
el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.
Expuesto lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de
la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide
lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto fáctico
En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que se le atribuye a la sentencia
objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 19 tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»20, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»21. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»22.
Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.3. Defecto sustantivo
En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto17. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto
encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una
facultad absoluta18, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden
jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho.
El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
17 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
18 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
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norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que
se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe
ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además, la
irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la
autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales
de los sujetos procesales19.
2.4.4. Sobre el caso concreto
Transmilenio S.A. acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 30 de noviembre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Primera por
la que negó las pretensiones de nulidad de los actos administrativos mediante los
cuales se le sometió a control y vigilancia por parte de la Superintendencia de
Transporte.
Lo anterior, según se insistió en el escrito de impugnación, al considerar que la
referida decisión judicial incurrió en defecto fáctico, toda vez que no tuvo en cuenta
las pruebas que daban cuenta de la inexistencia de actuaciones atribuibles a
Transmilenio S.A. en la demora para implementar el sistema de tarjetas de que trató
el Decreto 309 de 2009 para el SITP.
Asimismo, en defecto sustantivo al interpretar erróneamente la normativa que rige la
competencia de inspección control y vigilancia de la Superintendencia de Transporte
respecto de las entidades que integran el sector y Sistema Nacional de Transporte.
Al respecto, la Sala aclara que los mencionados defectos van a ser estudiados en
conjunto, por cuanto todos están dirigidos a cuestionar la decisión de la autoridad
judicial demandada de no declarar la nulidad de los actos administrativos acusados,
pues, de acuerdo con el decir de la parte actora, las normas que regulan la materia y
el material probatorio obrante en el plenario daban cuenta que Transmilenio S.A. no
es sujeto de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia de
Puertos y Transporte.
Para mayor claridad de asunto, la Sala recuerda el análisis normativo y probatorio
efectuado por el Consejo de Estado, Sección Primera en lo referente a la
19 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
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competencia de la Superintendencia de Transporte para ejercer las funciones de
inspección, vigilancia y control respecto de la Transmilenio S.A., así
«[…] 8.1. Expedición de los actos administrativos sin competencia
Ahora bien, descrito las normas que regulan la competencia de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, a continuación, nos referiremos a aquellas relacionadas con la
creación y funcionamiento de la empresa Transmilenio, para llegar a la conclusión que sí
hace parte del Sistema Nacional de Transporte, dado que es una dependencia del sector
descentralizado que cumple funciones relacionadas con la actividad de transporte.
Mediante Acuerdo Nro. 04 de 1999 el Concejo Distrital de Bogotá autorizó al Alcalde
Mayor, conjuntamente con otras entidades del orden distrital para que constituyeran la
Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A.-, bajo la forma jurídica de
una sociedad por acciones.
Por su parte en el decreto 319 de 2006, se definió el plan maestro de movilidad para
Bogotá Distrito Capital. Entre otras definiciones, se estableció que la empresa
Transmilenio S.A., como “ente gestor del transporte masivo, tiene la responsabilidad de la
integración, evaluación y seguimiento de la operación del SITPC. En consecuencia, le
corresponde adelantar los procesos de selección necesarios para poner en marcha la
integración con el actual sistema de transporte colectivo”. Esta misma competencia, fue
ratificada en el decreto 309 de 2009.
Ahora bien, según lo dispuesto anteriormente, resulta claro que la Superintendencia de
Puertos y Transporte por delegación del Presidente de la República ejerce las funciones
de inspección, vigilancia y control respecto del sector y sistema nacional de transporte, a
su vez, son parte de este sistema los organismos de tránsito y transporte, tanto terrestre,
aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de las entidades territoriales y demás
dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden, que
tengan funciones relacionadas con esta actividad.
Por su parte, la Empresa Transmilenio S.A., es una sociedad gestora del Sistema de
Transporte Público Masivo, que entre otras funciones debe gestionar, planificar y
organizar dicho sistema.
En consecuencia, si bien la Empresa Transmilenio S.A., según lo dispuesto en el Acuerdo
04 de 1999 y los decretos reglamentarios, no presta directamente el servicio de transporte,
si ejerce funciones relacionadas y conexas con la actividad de transporte, esto en su
calidad de empresa gestora, por lo que se reitera si hace parte del Sistema Nacional de
Transporte.
Establecido lo anterior, no habría duda entonces respecto a la competencia de la
Superintendencia de Puertos y Transporte para someter a control a la Empresa
Transmilenio S.A., pues al hacer parte del sistema, es sujeto pasivo de las funciones de
inspección, vigilancia y control que le fueron delegadas.
[…]
8.2.1. Falsa motivación en derecho.
Bajo estos parámetros, en el caso concreto resulta evidente que en el acto mediante el
cual se resolvió el recurso de reposición se invocaron normas que no lo fueron en el acto
inicial, lo que fue una consecuencia del recurso de reposición instaurado por la entidad en
la actuación administrativa, lo cierto es que en ambos se invocaron los decretos 101 de
2000, 1016 modificado por el decreto 2741 y la ley 222 de 1995, que fueron eventualmente
complementadas con la referencia a la ley 105.
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Ahora bien, como se explicó en detalle al momento de analizar el primer cargo, en la ley
105 se establece cuáles son las entidades que hacen parte del sector y sistema nacional
de transporte; en el artículo 41 del decreto 101 de 2000, se define que la Superintendencia
ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control respecto del sistema de tránsito
y transporte; en el artículo 42 del decreto 1016 modificado por el decreto 2741 se
enlistaron los sujetos pasivos de estas funciones.
En consecuencia, las normas en que se sustentaron los actos acusados definen el alcance
de la competencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte, así como los sujetos
pasivos de las funciones que le fueron delegadas y finalmente, habilitan a tomar la
decisión de sometimiento a control, es decir, en principio el cargo no está llamado a
prosperar dado que es el marco normativo procedente.
En consecuencia, a las anteriores consideraciones, estima la Sala que el cargo de falsa
motivación en derecho no está llamado a prosperar, por lo que se seguirá con el estudio
del cargo de falsa motivación de hecho.
8.2.2. Falsa motivación de hecho.
En el antecedente primero, se señaló una visita realizada el 25 y 26 de 2012 a la Secretaría
de Movilidad, de la cual se levantó un informe en el que se registró que el 13 de abril de
2012 la Contraloría Distrital realizó una advertencia por el “riesgo de daño al patrimonio
público, que eventualmente puede generarse por la no observancia de los cronogramas
pactados para la fase de implementación de todos los componentes del Sistema Integrado
de Transporte Público – SITP”.
Adicionalmente se registró que hacía falta la entrega de información a los usuarios y a la
ciudadanía en general. Así como los atrasos en las obras necesarias para la entrada en
operación del sistema.
[…]
Analizado en su conjunto, la motivación de hecho planteado en los actos acusados, con
los medios probatorios allegados al presente proceso, contrario a lo afirmado por la
entidad demandante, se advierte que si era cierta la demora en la implementación del
sistema de tarjetas concebido en el decreto 309 y normas siguientes por las cuales se
adoptó el sistema integrado de transporte público para Bogotá, dado que habían pasado
dos años, sin que los administradores adoptaran e implementaran las medidas necesarias
para garantizar, una vez entrado en operación el sistema, este funcionara adecuadamente
debido a las diferentes tarjetas que existían para realizar los pagos, lo que sea de paso
fue un hecho notorio para la época en que se adoptó la medida de control por parte de la
Superintendencia.
En consecuencia, tampoco está llamado a prosperar el cargo por falsa motivación de
hecho planteado por la entidad demandada.
8.3. Del cargo de vulneración al debido proceso.
En este entendido, como ya quedó probado en este caso, la Superintendencia previo a la
adopción de la medida de control realizó una serie de requerimientos y visitas que
justificaron la medida de control temporal adoptada, para que se implementara un plan de
acción que permitiera adoptar las medidas necesarias para garantizar la implementación
del sistema de tarjetas de recaudo y superar la situación evidenciada. Durante este
proceso, y como también quedó probado en el presente caso, la empresa Transmilenio
S.A. atendió los requerimientos de la Superintendencia en los cuales tuvo la oportunidad
de expresar y justificar las medidas que estaba adoptando para superar la situación que
se venía presentando y adicionalmente, ejerció su derecho de defensa, pues contra la
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decisión que adoptó la medida de control y ordenó la implementación del plan de acción
interpuso recurso de reposición […]» [sic].
Como se observa, la autoridad judicial demandada realizó un estudio de los cuatro
cargos de nulidad planteados por la empresa demandante, en conjunto con las
pruebas allegadas al plenario y la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso, lo
cual le llevó a concluir que en el presente caso los cargos no estaban llamados a
prosperar, toda vez que Transmilenio S.A. hace parte del Sistema Nacional de
Transporte, por lo que la Superintendencia de Transporte era competente para
expedir los actos acusados
Asimismo, se analizó en conjunto la normativa aplicable al caso, dentro de las cuales
se destacan las que Transmilenio S.A. invocó, relacionadas con el tema de la
delegación en transporte y las competencias de vigilancia correspondientes a la
Superintendencia de Transporte, caso distinto es que la interpretación realizada por
la corporación judicial demandada no fuera la favorable para sus intereses, ni se le
otorgara el alcance que pretendido.
La Sala no desconoce que el reproche principal de la empresa demandante es que
era a la Alcaldía Mayor de Bogotá, y por delegación a la Secretaría Distrital de
Movilidad, a quien le correspondía inspeccionarla, vigilarla y controlarla, no obstante,
se advierte que al respecto se explicaron amplia y detalladamente las razones por las
cuales la competencia recaía sobre la Superintendencia de Transportes. Además,
tampoco se acreditó el menoscabo de su derecho al debido proceso, toda vez que
quedó demostrado que previo a la adopción de la medida de control, la demandada
le realizó los requerimientos previos necesarios.
De conformidad con lo descrito y de acuerdo con los antecedentes del caso, se
encuentra, que las actuaciones de la autoridad judicial demandada lejos de configurar
los defectos fáctico y sustantivo alegados, fueron realizadas conforme a la
jurisprudencia y normas aplicables, apoyadas en el material probatorio obrante en el
proceso, del cual efectuó la interpretación que consideró más ajustada al caso
concreto, sin que la diferencia respecto del estudio de las pruebas aportadas
configure una indebida valoración.
En esas condiciones, y en razón a que lo que existe es una inconformidad con el
resultado de la valoración efectuada por el juez natural, que no es atacable vía tutela
en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se
impone negar la solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo
no puede convertirse en una tercera instancia.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03067-01
Demandante: Empresa de Transporte del Tercer Milenio-
Transmilenio S.A.
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas los cargos en los que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión del a
quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de
Transmilenio S.A., en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado,
Sección Primera.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 2 de agosto de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A. en la
solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Primera, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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