Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03071-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03071-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-03071-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., primero (1.°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
Demandada: Sección Quinta del Consejo de Estado
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de subsidiariedad
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Carlos Alberto Bryan Uribe contra
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sección Quinta
del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir los autos de 9 de noviembre de
2023, 30 de abril de 2024 y 4 de junio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de
radicación 110010328000202200109-00, vulneró su derecho fundamental invocado
supra.
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Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, “[…] Arnold Josué Brown Meza, por intermedio de apoderado
judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral,
con el fin de obtener la nulidad del formulario E-26 CAM de 23 de marzo de 2022
del Consejo Nacional Electoral, en el cual se declaró la elección del señor Jorge
Méndez Hernández y Elizabeth Jay – Pang Díaz, como representantes a la Cámara
por el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
periodo 2022-2026, Expediente 2022-00109-00. […]”.
4. Indicó que, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral con el fin de que se declarara la nulidad del acto que
declaró la elección de los representantes a la Cámara por el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina para el periodo 2022-2026.
5. Sostuvo que, “[…] Las demandas fueron acumuladas en el proceso con
Radicado No. 11001032800020220019000 (sic) […]”.
6. Señaló que, después de ser admitidas y acumuladas las demandas, la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 23 de agosto de 2023, citó
a audiencia inicial, la cual se celebró el 30 de agosto de 2023 y en la que se saneó
el proceso y se resolvieron las excepciones previas y mixtas propuestas por los
demandados en sus escritos de contestación; diligencia que se suspendió con
ocasión del recurso de súplica presentado por la parte actora contra el auto que
rechazó por extemporánea la reforma a la demanda.
7. Afirmó que, el 9 de noviembre de 2023, se dio continuación a la audiencia
inicial, en el marco de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado fijó el litigio,
se pronunció respecto de las pruebas y negó por innecesarios e inconducentes
algunos medios probatorios solicitados por la parte demandante.
8. Manifestó que, mediante auto de 6 de marzo de 2024, se prescindió de la
audiencia de pruebas, se ordenó correr traslado del material probatorio para alegar
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Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
de conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto sobre la
legalidad del acto enjuiciado.
9. Indicó que, con memorial de 5 de abril de 2024, presentó solicitud de nulidad
procesal de lo actuado en la diligencia celebrada el 9 de noviembre de 2023, con
fundamento en el numeral 5.° del artículo 133 del Código General del Proceso, al
considerar que debido a la mala y escasa señal de internet en ese momento no le
fue posible controvertir las decisiones adoptadas en el transcurso de la audiencia.
10. Advirtió que, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 30
de abril de 2024, resolvió:
“[…] PRIMERO: Rechazar de plano la solicitud de nulidad propuesta por el apoderado
judicial del señor Carlos Alberto Bryan Uribe, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Rechazar la solicitud probatoria formulada por la parte demandante en el
escrito de nulidad, por las razones expuestas en esta providencia. […]”.
11. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Por lo anterior, se concluye, que en el caso en concreto el apoderado de la parte
demandante dejó fenecer la primera etapa del proceso contencioso electoral, sin
elevar la solicitud de nulidad que ahora nos convoca, por lo que no es procedente
esperar hasta la última etapa, correspondiente a los alegatos de conclusión para
advertir dicha circunstancia, la cual, no se aviene a hechos nuevos que le permitieran,
excepcionalmente, desconocer el principio de preclusividad que rige para esta clase
de peticiones.
En efecto, corresponde a los sujetos procesales ejercer de manera activa los
derechos de contradicción y defensa, así como presentar los argumentos y pruebas
que pretendan hacer valer en el proceso, no siendo posible guardar argumentos para
esgrimirlos en etapas posteriores, debido a que éstas son preclusivas; esto es, cada
una clausura la anterior sin posibilidad de replantear lo ya decidido en ellas; por ende,
si algún sujeto procesal se siente afectado por las decisiones adoptadas debe hacerlo
saber de manera inmediata con el fin de que el juez de la causa proceda al
saneamiento del proceso y, si es del caso, decrete su nulidad, haciendo prevalecer
de esta forma siempre el derecho por encima del proceso.
En armonía con lo que se viene exponiendo, cabe recordar al apoderado del señor
Carlos Alberto Bryan Uribe que de conformidad con lo establecido en el artículo 284
de la Ley 1437 de 2011 «la formulación extemporánea de nulidades se rechazará de
plano y se tendrá como conducta dilatoria del proceso. Contra el auto que rechaza de
plano una nulidad procesal no habrá recursos». […]”.
[…]
“[…] Frente a solicitud de decretar de oficio las pruebas que fueron negadas en la
audiencia inicial, observa el despacho que lo pretendido por el peticionario es revivir
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Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
las etapas probatorias que ya fenecieron al interior del proceso, decisión que pudo
controvertir en la audiencia inicial y no lo hizo. Se recuerda que las pruebas de oficio
es una figura que no se puede emplear para suplir la oportunidad que se (sic) tenían
las partes para controvertir la decisión que sobre las mismas se adoptó […]”.
12. Sostuvo que, mediante auto de 4 de junio de 2024, la Sección Quinta del
Consejo de Estado, resolvió:
“[…] RECHAZAR POR IMPROCEDENTE los recursos de reposición y en subsidio,
de queja interpuestos por el apoderado del actor Carlos Alberto Bryan Uribe contra
el auto del 30 de abril de 2024, que rechazó de plano por extemporánea la solicitud
de nulidad procesal presentada por el recurrente. […].
12.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Dicha salvedad también se encuentra contemplada en la normativa especial
que regula el trámite del medio de control de nulidad electoral, esto es, el artículo
284 de la Ley 1437 de 2011, el cual precisa que «la formulación extemporánea de
nulidades se rechazará de plano y se tendrá como conducta dilatoria del proceso.
Contra el auto que rechaza de plano una nulidad procesal no habrá recursos».
Pues bien, esta norma es muy clara en señalar que contra el auto que rechaza de
plano una nulidad procesal no procede ningún recurso, de manera que los recursos
de reposición y en subsidio, de queja formulados por el apoderado del actor Carlos
Alberto Bryan Uribe contra el auto del 30 de abril de 2024, resultan improcedentes.
[…].
La solicitud de tutela
Pretensiones
13. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Tutelar mis derechos al debido proceso, al derecho a la defensa y al
contradictorio o cualquier otro derecho que a raíz del análisis de los hechos
planteados usted considere resulten vulnerados, toda vez que EL CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA, en
providencia del 09 de noviembre de 2023 incurrió en defecto fáctico, debido a que el
juez despachó de manera desfavorable las pruebas de manera arbitraria, caprichosa
e irracional e incurrió en defecto sustantivo por indebida motivación.
2. QUE SE DEJE SIN EFECTO la providencia del 09 de noviembre de 2023, proferido
(sic) por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta,
durante la celebración de la audiencia inicial dentro del proceso de nulidad electoral.
3. ORDENAR al Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Quinta, que, en el término de esta providencia, profiera una nueva decisión dentro del
proceso de nulidad electoral promovido, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos por la Ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis para
realizar el decreto de pruebas. […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
13.1. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que1:
“[…] Corolario de lo expuesto, se observa que el Honorable Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativa – Sección Quinta, incurrió al menos en DOS de los
mencionados vicios o defectos (Defecto Fáctico y desconocimiento del precedente),
que se presentaron con ocasión a la providencia de fecha 09 de noviembre de 2023.
[…]”.
[…]
“[…] En el caso que nos ocupa, dentro de la oportunidad legal correspondiente, se
solicitó el decreto de unas pruebas, que el despacho accionado negó decretar la
práctica de las pruebas solicitadas, como lo son las testimoniales y las pruebas
trasladas, las cuales si resultan necesarias y útiles para esclarecer los hechos de la
demanda de nulidad electoral, y han debido decretarse toda vez que éstas reúnen las
condiciones de legalidad, conducencia, pertinencia y utilidad, teniendo en cuenta que
van dirigidas a investigar los hechos denunciados.
Durante la celebración de la audiencia inicial celebrada el pasado 09 de noviembre de
2023, surgieron imprevistos que escaparon de la voluntad de mi apoderado Dr.
HUMBERTO ALFONSO DIAZ COSTA, no pudo tener acceso con treinta (30) minutos
de antelación, a través del vínculo enviado por la Secretaría de la Sección Quinta,
debido a las fallas tecnológicas en la conexión de internet, por motivos de fuerza mayor,
pues la señal del operador de internet utilizado, se encontraba congestionada en gran
parte de la ciudad de Santa Marta, por lo que debió trasladarse a diferentes lugares en
búsqueda de la señal de internet, debido a que en su oficina no había recepción de la
misma, por tal motivo, solo pudo hacerlo 31 minutos después de iniciada la audiencia
tal como lo sustento en los hechos de este escrito, los cuales son de total conocimiento
del despacho accionado.
El Honorable Consejero, al continuar con la audiencia pese a las interferencias
presentadas, vulnera mis derechos al debido proceso, a la defensa y el contradictorio,
toda vez que imparte decisiones que no fue posible controvertir, principalmente en lo
que tiene que ver con el decreto de pruebas, incurriendo así en la causal de nulidad
establecida en el numeral 5° del artículo 133 del Código General del Proceso, cuando
procedió a negar la práctica de pruebas al considerarlas innecesarias, no obstante, el
decreto de éstas si resulta necesario y útil para esclarecer los hechos de la demanda
de nulidad electoral, y han debido decretarse toda vez que éstas reúnen las condiciones
de legalidad, conducencia, pertinencia y utilidad, teniendo en cuenta que van dirigidas
a investigar los hechos denunciados. […]”.
[…]
“[…] Aclaro al respecto que en el momento en el cual se notificaron las decisiones
adoptadas por el despacho no se presentó recurso alguno, porque el Dr. DIAZ COSTA
tenía el micrófono cerrado, por tal razón NO quedó ejecutoriada la decisión, con
respecto al saneamiento del proceso, advirtiendo que no aconteció ninguna
irregularidad que viciara el trámite de la audiencia, tampoco pudo interponer recurso
sobre lo decidido, porque el Magistrado Ponente no corrió traslado, como tampoco
ordenó habilitar los micrófonos a los presentes a la audiencia, reitero los cuales fueron
cerrados por orden de él. […]”.
[…]
1 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
“[…] El Auto que rechaza el incidente de nulidad vulnera lo establecido en el artículo
134 del C.G.P., el cual establece la oportunidad y trámite de las nulidades, ordenando
al juez que las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que
se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]”.
Actuación
14. El Despacho sustanciador, mediante auto de 20 de junio de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Quinta del
Consejo de Estado; y iii) vinculó al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, al Partido Cambio Radical, al Partido Liberal Colombiano,
a Arnold Josué Brown Meza, a Jorge Méndez Hernández, a Elizabeth Jay – Pang
Díaz y a Claudia Viviana Muñetón Londoño, en calidad de terceros con interés
legítimo, concediéndoles un término de tres (3) días para que rindieran informes sobre
el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
15. La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó i) declarar improcedente la
solicitud de tutela; y, subsidiariamente, ii) negar las pretensiones de la acción de
tutela, por las siguientes razones:
“[…] Se resalta que el apoderado del señor Carlos Alberto Bryan Uribe en el proceso
electoral no indicó que presentaba problemas de conectividad ni su intervención se
vio afectada por inconvenientes técnicos. Incluso, no demostró más allá de toda duda,
que el supuesto problema de conectividad le afectara participar, ni allegó pruebas
contundentes que permitieran entender que esa falla tecnológica en efecto así se
materializó. […]”.
[…]
“[…] Acorde con lo anterior, el suscrito estima, que el peticionario no cumplió el
requisito de subsidiariedad2, no solo por el hecho de que el proceso electoral aun (sic)
continua (sic) su curso, sino que emplea la vía del amparo constitucional, para reabrir
un debate probatorio que ya fue zanjado en el marco del proceso de nulidad electoral
en el que participó a través de sus distintas etapas y en el que tuvo la oportunidad de
presentar los recursos de ley, sin que hubiese hecho uso de alguno de ellos. […]”.
[…]
“[…] En esa medida, el actor pretende revivir la etapa probatoria para, de forma tardía
y extemporánea, presentar recursos contra la decisión de negar las testimoniales por
él solicitadas, oportunidad que dejó pasar al interior de la acción electoral sin que
haya hecho uso de ellos, lo cual es un propósito ajeno a la acción de tutela,
2 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Primera sentencia del 19 de noviembre de 2021. Rad: 20001-
23-33-000-2021-00332-01. M.P Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado, Sección Primera sentencia
del 5 de agosto de 2021. Rad: 11001-03-15-000-2021-03116-00. M.P Hernando Sánchez Sánchez
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Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
mecanismo del que se ha reiterado que no constituye una tercera instancia de los
procesos judiciales.
Sumando a lo anterior, se evidencia que tampoco se cumple con el requisito de
inmediatez, pues la decisión que se cuestiona y la cual el actor pretende «SE DEJE
SIN EFECTO la providencia del 09 de noviembre de 2023, proferido por el Consejo
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, durante la
celebración de la audiencia inicial dentro del proceso de nulidad electoral»3 fue
proferida y notificada el 9 de noviembre de 2023 y la acción de tutela fue presentada
el 14 de junio de 2024, es decir más 7 meses después de ejecutoriada la decisión que
se controvierte. […]”.
16. El Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Partido Cambio Radical, solicitaron ser desvinculados del presente trámite de tutela,
toda vez que, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.
17. La Sección Quinta del Consejo de Estado allegó copia digital del expediente
del proceso adelantado en ejercicio medio de control de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 110010328000202200109-00.
18. Arnold Josué Brown Meza, Jorge Méndez Hernández, Elizabeth Jay – Pang
Díaz y Claudia Viviana Muñetón Londoño guardaron silencio en esta oportunidad
procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
19. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
3 Pretensión número dos de la acción de tutela.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
Generalidades de la acción de tutela
20. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
Falta de legitimación en la causa por pasiva
21. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
22. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
23. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
7 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[8].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
24. La Sala advierte que el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional
del Estado Civil y el Partido Cambio Radical solicitaron su desvinculación, por
cuanto, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.
25. Al respecto, es preciso indicar que el Consejo Nacional Electoral, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Partido Cambio Radical fueron
vinculados al proceso de tutela de la referencia como terceros con interés, en la
medida en que fueron vinculados como terceros intervinientes en el medio de control
de nulidad electoral cuestionado por el actor; es decir, que les asiste interés en el
resultado del proceso de la referencia.
26. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, al Consejo Nacional
8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Partido Cambio Radical,
les asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
27. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto del Consejo Nacional
Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Partido Cambio Radical.
Problema jurídico
28. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de la subsidiariedad.
29. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; procediendo posteriormente a iv) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
30. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
31. Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
32. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
33. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.
34. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
35. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
36. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de subsidiariedad.
Acerca del requisito general de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales
37. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 199114, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
38. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir
la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un
perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos
mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos
fundamentales.
39. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional15:
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
14 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
15 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200916 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.
Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.
En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.
Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo
que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.
Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o
están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”
7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii)
la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.
16 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el
mismo sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la
jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio
de defensa judicial.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
40. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
41. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
42. Atendiendo a que, la Corte Constitucional17 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
17 Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
Análisis del caso concreto
43. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sección Quinta
del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir los autos de 9 de noviembre de
2023, 30 de abril de 2024, y 4 de junio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de
radicación 110010328000202200109-00, vulneró su derecho fundamental invocado
supra.
44. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
45. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
46. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
46.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
110010328000202200109-00.
Solución del caso concreto
47. Como fundamento de su solicitud de tutela, el actor manifestó18:
18 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
“[…] Corolario de lo expuesto, se observa que el Honorable Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativa – Sección Quinta, incurrió al menos en DOS de los
mencionados vicios o defectos (Defecto Fáctico y desconocimiento del precedente),
que se presentaron con ocasión a la providencia de fecha 09 de noviembre de 2023.
[…]”.
[…]
“[…] En el caso que nos ocupa, dentro de la oportunidad legal correspondiente, se
solicitó el decreto de unas pruebas, que el despacho accionado negó decretar la
práctica de las pruebas solicitadas, como lo son las testimoniales y las pruebas
trasladas, las cuales si resultan necesarias y útiles para esclarecer los hechos de la
demanda de nulidad electoral, y han debido decretarse toda vez que éstas reúnen las
condiciones de legalidad, conducencia, pertinencia y utilidad, teniendo en cuenta que
van dirigidas a investigar los hechos denunciados.
Durante la celebración de la audiencia inicial celebrada el pasado 09 de noviembre de
2023, surgieron imprevistos que escaparon de la voluntad de mi apoderado Dr.
HUMBERTO ALFONSO DIAZ COSTA, no pudo tener acceso con treinta (30) minutos
de antelación, a través del vínculo enviado por la Secretaría de la Sección Quinta,
debido a las fallas tecnológicas en la conexión de internet, por motivos de fuerza mayor,
pues la señal del operador de internet utilizado, se encontraba congestionada en gran
parte de la ciudad de Santa Marta, por lo que debió trasladarse a diferentes lugares en
búsqueda de la señal de internet, debido a que en su oficina no había recepción de la
misma, por tal motivo, solo pudo hacerlo 31 minutos después de iniciada la audiencia
tal como lo sustento en los hechos de este escrito, los cuales son de total conocimiento
del despacho accionado.
El Honorable Consejero, al continuar con la audiencia pese a las interferencias
presentadas, vulnera mis derechos al debido proceso, a la defensa y el contradictorio,
toda vez que imparte decisiones que no fue posible controvertir, principalmente en lo
que tiene que ver con el decreto de pruebas, incurriendo así en la causal de nulidad
establecida en el numeral 5° del artículo 133 del Código General del Proceso, cuando
procedió a negar la práctica de pruebas al considerarlas innecesarias, no obstante, el
decreto de éstas si resulta necesario y útil para esclarecer los hechos de la demanda
de nulidad electoral, y han debido decretarse toda vez que éstas reúnen las condiciones
de legalidad, conducencia, pertinencia y utilidad, teniendo en cuenta que van dirigidas
a investigar los hechos denunciados. […]”.
[…]
“[…] Aclaro al respecto que en el momento en el cual se notificaron las decisiones
adoptadas por el despacho no se presentó recurso alguno, porque el Dr. DIAZ COSTA
tenía el micrófono cerrado, por tal razón NO quedó ejecutoriada la decisión, con
respecto al saneamiento del proceso, advirtiendo que no aconteció ninguna
irregularidad que viciara el trámite de la audiencia, tampoco pudo interponer recurso
sobre lo decidido, porque el Magistrado Ponente no corrió traslado, como tampoco
ordenó habilitar los micrófonos a los presentes a la audiencia, reitero los cuales fueron
cerrados por orden de él. […]”.
[…]
“[…] El Auto que rechaza el incidente de nulidad vulnera lo establecido en el artículo
134 del C.G.P., el cual establece la oportunidad y trámite de las nulidades, ordenando
al juez que las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que
se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
48. La Sala considera que, la solicitud de tutela no cumple con el requisito
general de procedencia de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, en
la medida en que, de conformidad con el material probatorio obrante en el
expediente, se observa que el medio de control de la referencia se encuentra en
trámite, es decir, este no ha sido definido por el juez natural de la causa.
49. Al respecto, la Sala advierte que el proceso se encuentra pendiente para
proferir sentencia por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, como se
observa a continuación19:
50. En ese orden de ideas, como lo ha señalado esta Sección20 no se cumple el
requisito general de procedencia de subsidiariedad, en la medida que el proceso se
encuentra en trámite:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados los recursos
que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone
fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela como
una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en el trámite
de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además,
no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el curso
del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela
judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su estudio en sede de
19 Cfr. https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001031500020170300600.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio de
control aún está en trámite. […]”.
51. Al respecto, esta Corporación21 ha considerado que:
“[…] Al respecto la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201322, advirtió
que al analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso
ha culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es
un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un
perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite23; (ii) no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios24; y (iii) se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”25”.26 […]”.
[…]
“[…] Y, solo en el evento que la parte actora considere que éstas irregularidades
procesales subsisten luego de ejecutoriada la sentencia o la providencia que ponga
fin al proceso, es posible acudir de manera subsidiaria a la acción de tutela, se
reitera, luego de agotados los mecanismos ordinarios y extraordinarios al alcance de
las partes en el desarrollo del proceso judicial […]”. (Resaltado del texto original)
52. En ese orden de ideas, en el caso sub examine no se cumple el requisito
general de procedencia de subsidiariedad, en la medida en que aún se encuentra
en trámite el medio de control cuestionado por el actor, por lo que se desconoce la
incidencia que eventualmente podría llegar a tener la presunta irregularidad que se
advirtió en el escrito de tutela.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
22 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
23 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
24 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
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Núm. único de radicación: 110010315000202403071-00
Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
Análisis del perjuicio irremediable
53. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
54. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional27:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”28[…]”.
55. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre en
una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de su derecho fundamental.
56. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
27 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
Conclusiones de la Sala
57. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional
del Estado Civil y el Partido Cambio Radical, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó el actor
contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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Actor: Carlos Alberto Bryan Uribe
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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