Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03071-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03071-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-03071-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03071-01
Accionante: Carlos Alberto Bryan Uribe
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Tema: Tutela contra las decisiones judiciales adoptada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado el 9 de noviembre de 2023, el 30 de abril de 2024 y el 4 de
junio de 2024, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral seguido bajo el radicado 11001-03-28-000-2022-00109-00, por
la vulneración al derecho fundamental al debido proceso. Estudio de las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial de
defecto fáctico, defecto sustantivo y de desconocimiento del precedente.
Decisión: Se modifica parcialmente la decisión de primera instancia que declaró
improcedente el amparo solicitado por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, para en su lugar: rechazar por improcedente la acción con
respecto a los reproches relativos al acta de audiencia inicial del 9 de noviembre
de 2023 por no cumplir con el requisito de subsidiariedad y de inmediatez y negar
las pretensiones relacionadas con los defectos endilgados a las providencias del
30 de abril de 2024 y de 24 de junio de 2024 por no configurarse estos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 1 de
agosto de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual declaró improcedente la acción presentada por no cumplir con
el requisito de subsidiariedad y que declaró no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Nacional Electoral,
la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Partido Cambio Radical.
II. ANTECEDENTES
El señor Carlos Alberto Bryan Uribe, a nombre propio, instauró acción de tutela
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de
su derecho fundamental al debido proceso con ocasión de la expedición de las
decisiones judiciales contenidas en el acta de la audiencia inicial del 9 de
noviembre de 2023 que negó la práctica de unas pruebas solicitadas por la parte
actora y fijó el litigio, así como del auto del 30 de abril de 2024, que rechazó de
plano la solicitud de nulidad procesal en contra de las anteriores decisiones y del
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Acción de Tutela
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Accionante: Carlos Alberto Bryan Uribe
auto del 4 de junio de 2024, que rechazó por improcedente el recurso de
reposición y en subsidio de queja interpuestos por el apoderado del accionante,
dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral seguido bajo el radicado 11001-03-28-000-2022-00109-00.
2.1. Hechos1
Del escrito de tutela y de los documentos del expediente se puede apreciar que
el señor Carlos Alberto Bryan Uribe, a través de su apoderado judicial, presentó
demanda electoral2 para obtener la nulidad del acto que declaró la elección de
los representantes a la Cámara por el departamento del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, para el periodo 2022- 2026.
El 30 de agosto de 2023 se realizó la audiencia inicial, que fue suspendida debido
a un recurso de súplica presentado por la parte actora contra el auto que rechazó
la reforma de la demanda por extemporánea.
La diligencia se reanudó de manera virtual el 9 de noviembre de 2023 y mediante
providencia de esa fecha, se negó la solicitud de pruebas realizada por la parte
demandante al considerar que estas estaban encaminadas a probar cargos que
fueron suprimidos en el escrito de subsanación de la demanda y otros que se
tornaron improcedentes para acreditar los hechos admitidos.
El accionante alegó que su abogado no pudo estar presente de manera continua
en la diligencia debido a problemas de conexión a internet en la ciudad de Santa
Marta, lo que afectó su derecho de defensa y contradicción en cuanto a la
negativa a decretar las pruebas solicitadas y la posibilidad de pronunciarse
respecto de la fijación del litigio, ya que su permanencia fue intermitente, como
se puede evidenciar en la grabación de la audiencia.
El 113 de enero de 2024, el señor Humberto Alfonso Díaz Acosta (apoderado del
actor en el proceso electoral), actuando en nombre propio, presentó una acción
de tutela contra la hoy accionada con supuestos fácticos similares a los que se
narraron en la acción objeto de estudio, en la que cuestionó la negativa del
decreto de las pruebas solicitadas por parte de la Sección Quinta en su
providencia del 9 de noviembre de 2023, y en la que alegó la existencia de los
defectos fáctico y de desconocimiento del precedente también endilgados en esta
acción, con idénticas pretensiones a la actual.
Mediante sentencia del 1 de febrero de 2024, notificada el 7 de febrero de la
misma anualidad, la Sección Segunda Subsección A de esta corporación negó
el amparo del derecho al debido proceso invocado por el señor Díaz Acosta y
declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de
1 Índice 2 del aplicativo SAMAI.
2 Expediente 2022-00042-00.
3 Expediente con radicado 11001-03-15-000-2024-00096-00. Escrito de tutela visible en el índice
2 del aplicativo SAMAI.
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subsidiariedad4, decisión que fue confirmada por la Sección Segunda Subsección
B mediante providencia del 4 de abril de 2024.
El accionante indicó que, mediante auto del 6 de marzo de 2024, se prescindió
de la audiencia de pruebas y se ordenó el traslado del material probatorio para
alegar de conclusión.
Expuso que, mediante memorial del 5 de abril de 2024, solicitó la nulidad procesal
de la diligencia del 9 de noviembre de 2023, escrito en el que argumentó que la
mala señal de internet le impidió controvertir las decisiones adoptadas durante la
audiencia, e invocó el numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso
como sustento de la petición.
Manifestó que la Sección Quinta de esta corporación mediante auto del 30 de
abril de 2024 rechazó de plano por extemporánea su solicitud de nulidad
procesal, así como la petición de pruebas contenida en su escrito, con el
argumento de que el actor dejó fenecer la etapa del proceso contencioso electoral
sin controvertir las decisiones adoptadas de forma oportuna.
En ese entendido, adujo que las etapas procesales son preclusivas y perentorias
y que contra el auto que rechaza de plano una nulidad procesal no proceden
recursos. Asimismo, puso de presente que las pruebas de oficio no están
diseñadas para suplir la oportunidad de las partes de controvertir la decisión que
sobre las mismas se adopte.
Así las cosas, mediante auto del 4 de junio de 2024 la Sección Quinta del Consejo
de Estado rechazó por improcedente el recurso de reposición y en subsidio de
queja presentado por el accionante, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 284 de la Ley 1437 de 2011.
2.2. Fundamento jurídico
La parte accionante argumentó que se vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, ya que en su sentir la autoridad judicial continuó con la diligencia del 9
de noviembre de 2023 sin tener en cuenta las dificultades de conexión que él
enfrentaba y en el desarrollo de esta le negó pruebas que consideraba
fundamentales para la prosperidad de las pretensiones de la demanda sin que
haya podido controvertir tal decisión.
Así las cosas invocó la existencia de las siguientes causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial:
2.2.1. Defecto fáctico: Afirmó que el despacho incurrió en este al no decretar de
oficio las pruebas testimoniales y las trasladadas solicitadas por el actor, toda vez
que en su criterio estas eran pertinentes, conducentes y útiles.
4 Las instancias de tutela fundamentaron sus decisiones en que el actor no agotó el recurso de
súplica, no probó la existencia de un perjuicio irremediable, no respaldó con pruebas los
problemas de conectividad de la zona y no realizó ninguna oposición en la audiencia del 9 de
noviembre de 2023.
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Entre sus argumentos expuso que ante la falta de acceso a los medios
tecnológicos para la celebración de una audiencia virtual por cualquiera de las
partes, se podría interrumpir la diligencia y que si dichas circunstancias se
alegaban antes de la vista pública daban lugar a la reprogramación de la sesión.
Manifestó que tuvo limitaciones de comunicación en la audiencia, por lo que no
presentó ninguna observación dentro de su desarrollo, y agregó que los
micrófonos estaban cerrados, por lo que no quedó ejecutoriada la decisión ya
que presuntamente no se le corrió traslado.
2.2.2. Defecto sustantivo: a pesar de que no se invocó expresamente esta
causal, en virtud de la facultad de interpretación que le asiste al juez se advierte
que la parte accionante consideró que al desarrollarse la diligencia en las
condiciones expuestas se configuró la nulidad de las actuaciones en los términos
del artículo 133 del Código General del Proceso, por lo que no era de recibo en
su concepto que la Sección Quinta rechazara el recurso presentado, pues de
acuerdo a su interpretación normativa lo que debía haber hecho la autoridad era
negarlo y darle trámite al recurso de alzada.
Adujo que el auto que rechazó el incidente de nulidad en su criterio vulneró lo
establecido en los artículos 133,134 y 135 del Código General del Proceso, que
debían seguirse por remisión normativa de los artículos 296 y 306 de la Ley 1437
de 2011, pues de acuerdo con estas, el juez no podía rechazar la nulidad
invocada, ya que esta podía solicitarse en cualquiera de las instancias.
2.2.3. Defecto por desconocimiento del precedente: Se limitó a referenciar
unas sentencias sin fundamentar como estas encuadrarían en su caso concreto,
así como una supuesta “vía de hecho” que no desarrolló en su escrito.
2.3. Pretensiones
La parte accionante solicitó:
«[…] 1. Tutelar mis derechos al debido proceso, al derecho a la defensa y
al contradictorio o cualquier otro derecho que a raíz del análisis de los
hechos planteados usted considere resulten vulnerados, toda vez que EL
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ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA, en providencia del 09 de
noviembre de 2023 incurrió en defecto fáctico, debido a que el juez
despachó de manera desfavorable las pruebas de manera arbitraria,
caprichosa e irracional e incurrió en defecto sustantivo por indebida
motivación.
2. QUE SE DEJE SIN EFECTO la providencia del 09 de noviembre de
2023, proferido (sic) por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Quinta, durante la celebración de la audiencia
inicial dentro del proceso de nulidad electoral.
3. ORDENAR al Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Quinta, que, en el término de esta providencia, profiera una nueva
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decisión dentro del proceso de nulidad electoral promovido, teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos por la Ley y la jurisprudencia que
versa sobre la presente Litis para realizar el decreto de pruebas. […]». (Sic
en toda la cita)
2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante auto del 20 de junio de 20245, en el que ordenó notificar a los
magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado en su calidad de
accionada y vincular al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional
del Estado Civil, al Partido Cambio Radical, al Partido Liberal Colombiano, a
Arnold Josué Brown Meza, a Jorge Méndez Hernández, a Elizabeth Jay – Pang
Díaz y a Claudia Viviana Muñetón Londoño, en calidad de terceros con interés
en el resultado del proceso.
2.4.1. El Consejo6 Nacional Electoral-CNE, a través de su profesional
universitario de la Oficina Jurídica, solicitó ser desvinculado de la acción por no
estar legitimado en la causa por pasiva, ni ser responsable de la vulneración de
los derechos fundamentales del actor.
2.4.2. El Partido Cambio Radical7, a través de su director jurídico nacional,
indicó que no estaba legitimado en la causa por pasiva y no podía resolver de
fondo la pretensión del actor de dejar sin efecto la providencia del 9 de noviembre
de 2023 proferida por la Sección Quinta de esta corporación.
2.4.3. La Sección Quinta8 del Consejo de Estado, a través del consejero Luis
Alberto Álvarez Parra, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no
cumplir con los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad o en su defecto,
negar el amparo y las pretensiones formuladas por el actor, toda vez que no hubo
violación de los derechos fundamentales del tutelante al proferir el auto de
pruebas del 9 de noviembre de 2023, dentro del proceso electoral 11001-03-28-
000-2022-00109- 00, 11001-03-28-000-2022-00042-00 (acumulado).
2.4.4. No se realizaron más intervenciones.
2.5. Sentencia Impugnada9
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 1 de agosto de
2024, declaró improcedente la solicitud de tutela por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad, para lo cual señaló que el proceso de nulidad electoral se
encuentra en curso y está al despacho para sentencia.
5 Índice 5 del aplicativo SAMAI.
6 Índice 11 del aplicativo SAMAI.
7 Índice 9 del aplicativo SAMAI.
8 Índice 14 del aplicativo SAMAI.
9 Índice 22 del aplicativo SAMAI.
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Asimismo, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional
del Estado Civil y el Partido Cambio Radical.
Por otro lado, sostuvo que no se evidenció la existencia de un perjuicio
irremediable.
2.6. Impugnación10
El actor se limitó a reiterar los argumentos de su escrito de tutela sin profundizar
en ellos y solicitó revocar el fallo de primera instancia.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Problemas jurídicos
De conformidad con lo expuesto, existen tres problemas jurídicos a resolver, que
se circunscriben a establecer lo siguiente:
i. ¿Es posible predicar que no se cumplió en el caso concreto con el
requisito de la subsidiariedad?
ii. ¿La presente acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez
respecto de las decisiones adoptadas en el trámite de la audiencia
inicial del 9 de noviembre de 2023 expedida dentro del medio de control
de nulidad electoral seguido bajo el radicado 11001-03-28-000-2022-
00109-00, que negó la práctica de unas pruebas solicitadas por la parte
actora y fijó el litigio?
iii. ¿Se configuraron las causales específicas de procedibilidad de defecto
fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente respecto de
los autos del 30 de abril de 2024 y del 4 de junio de 2024?
Teniendo en cuenta que los interrogantes expuestos forman parte de la misma
acción, pero tienen consideraciones diferentes, se resolverán en ese orden, no
sin antes precisar cuáles son los requisitos generales de procedencia de la
acción.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
10 Índice 20 del aplicativo SAMAI.
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fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí
que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4. Del requisito de subsidiariedad.
3.4.1. El requisito de subsidiariedad de las acciones de tutela
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Acción de Tutela
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Accionante: Carlos Alberto Bryan Uribe
Dentro de los requisitos que se erigieron como de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales se incluyen los siguientes:
«Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última (…)»11.
Como se puede evidenciar, uno de los requisitos generales de procedibilidad
consiste en que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance
de la persona afectada. En consecuencia, se debe hacer uso de los mismos o
señalar las razones por las cuales se renuncia a ello por la amenaza de que se
configure un perjuicio irremediable.
El argumento de improcedencia en comento, tiene sustento en los deberes
jurídicos que tienen las partes en el trámite de los procesos judiciales para
impugnar o controvertir las decisiones con las que están en desacuerdo y
cuya oportunidad se establece en cada uno de los estatutos que rigen el proceso
de que se trate.
Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, el establecimiento de los
recursos y demás oportunidades procesales tienen por objeto que el mismo
funcionario judicial o su superior funcional reexaminen la actuación censurada y
la modifiquen o revoquen.
Visto lo anterior, el juez de tutela no podrá declarar procedente una solicitud de
amparo en donde la parte interesada en controvertir la decisión judicial, no ejerció
su derecho en tiempo o simplemente dejó de cumplir con los formalismos
11 Corte Constitucional, sentencia C – 590 de 8 de junio de 2005, magistrado ponente: Jaime
Córdoba Triviño.
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establecidos en la legislación procesal, por desconocimiento o falta de diligencia,
o cuando aún no se haya adoptado una decisión definitiva en relación con
la solicitud en el trámite del proceso.
3.4.2. Análisis de la subsidiariedad en el caso concreto
En el caso concreto se advierte que la parte accionante cuestionó diferentes
providencias: en primer lugar, las decisiones adoptadas en el trámite de la
audiencia inicial del 9 de noviembre de 2023, específicamente las relacionadas
con la fijación del litigio y el decreto y práctica de pruebas.
Frente a estas, es menester recordar que el artículo 302 del Código General del
Proceso establece que las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan
recursos.
Pues bien, en la diligencia del 9 de noviembre de 202312, no se interpuso ningún
recurso en contra de las decisiones en las que se fijó el litigio y se decretaron las
pruebas a practicar, por lo que frente a estas es preciso señalar que no se cumple
con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.
Incluso si en gracia de discusión se aceptara que por problemas técnicos no fue
posible interponer los recursos, es preciso señalar que tampoco se cumple con
el requisito de inmediatez para cuestionar las providencias adoptadas el 9 de
noviembre de 2023, dado que la acción de tutela se radicó el 14 de junio de 2024,
es decir, transcurridos algo más de siete (7) meses desde la ejecutoria de las
decisiones, por lo que es evidente que no se interpuso en un plazo razonable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carga de la
argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la
distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el
momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de
justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales
y consolida los efectos de la sentencia13.
Es importante reiterar que el juez constitucional parte de la presunción que si se
está ante una vulneración de derechos fundamentales que requiere medidas
urgentes, inaplazables e inmediatas el titular del derecho afectado debe procurar
su protección lo antes posible; contrario sensu, la demora excesiva e injustificada
para controvertir una decisión judicial pone en tela de juicio la urgente necesidad
de la protección constitucional que se puede obtener vía acción de tutela y, antes
bien, revela una afectación al principio de seguridad jurídica en caso de existir un
derecho reconocido a una contraparte procesal.
Por lo anterior, encuentra la Sala que, en relación con la providencia del 9 de
noviembre de 2023, la parte accionante no cumplió con los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de
12 Índice 95 del aplicativo SAMAI 11001-03-28-000-2022-00109-00.
13 Corte Constitucional Sentencia SU-184 de 2019, magistrado ponente: Alberto Rojas Ríos.
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subsidiariedad e inmediatez, razón por la cual se confirmará la decisión de
rechazar por improcedente la acción al respecto.
Ahora bien, esta Sala no comparte el criterio adoptado por la Sección Primera del
Consejo de Estado en lo que respecta a las decisiones del 30 de abril de 2024 y
del 4 de junio de 2024 para declarar que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, porque si bien es cierto que para la fecha en que fue adoptada la
decisión de primera instancia no existía una sentencia, la decisión de una
solicitud de nulidad puede comprometer el derecho fundamental al debido
proceso o afectar en forma grave el derecho de defensa de una de las partes.
Luego, es menester poner de presente que frente a la decisión del 30 de abril del
2024 se interpuso el recurso de reposición y en subsidio de queja, por lo que se
llega a la conclusión de que frente a este si se cumplió con el requisito de
subsidiariedad.
Por último, frente al auto del 4 de junio de 2024 se advierte que no había lugar a
interponer ningún recurso por lo que se entiende acreditado el cumplimiento del
referido requisito.
Por tal razón se modificará parcialmente la sentencia del 1 de agosto de 2024,
en lo que tiene que ver con los autos del 30 de abril y 4 de junio de 2024, respecto
de los cuales se analizará si cumplen los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, y los específicos
que hayan sido alegados.
3.5. Análisis de los requisitos generales de procedencia de la acción frente
a las decisiones del 30 de abril y del 4 de junio de 2024.
3.5.1. En relación con estas providencias, la Sala advierte que la pretensión de
amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.5.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
3.5.1.2. Así mismo se advierte que las providencias objeto de tutela carecen de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.5.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», toda vez que con respecto al
auto del 30 de abril de 2024 no han transcurrido más de 6 meses desde la
notificación de la providencia, teniendo en cuenta que esta se realizó el 2 de mayo
de 2024.
Igual circunstancia se da con respecto al auto del 4 de junio de 2024 teniendo en
cuenta que este fue notificado en la misma fecha, por lo cual también se interpuso
en un plazo razonable.
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3.5.1.4. El asunto a resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración ius fundamental como
consecuencia de los defectos sustantivo, de desconocimiento del precedente y
fáctico en los que presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada con las
providencias reprochadas.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia en los
autos objeto de censura, partiendo de las características generales de los
defectos reprochados:
3.6. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional14 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa15, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva16, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios»17.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
14 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-
456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
15 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
16 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle
Correa.
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3.7. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»18.
En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
18 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.
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con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»19.
Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.
3.8. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente
vinculante.
En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que
a pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive
desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la
jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la
regla de la doctrina probable.
La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición20, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró
19 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
20 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del
precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.
Respecto del precedente vertical21, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta
conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es
vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que
exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por
consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada,
que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y
previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la
autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión
judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la
eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima,
que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las
decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por
razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de
coherencia a su interior22.
Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso23. De esta forma, la Corte
Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica
el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que
analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe
ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».
Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único
posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y
salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del
precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera
suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial
que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las
exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por tanto no podrá
reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá
efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación24.
21 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
22 Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez
Caballero.
23 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
24 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un
juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que
un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones
sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual.
De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación
objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las
decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga
de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando
a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección
decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación
del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento
en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al
precedente25.
En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional
por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de
arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se
encuentran en idénticas circunstancias frente a la ley.
3.9. Análisis de los defectos endilgados en relación con el auto del 3026 de
abril de 2024:
El 5 de abril de 2024, la parte accionante presentó un incidente de nulidad en
contra de las providencias adoptadas en el trámite de la audiencia inicial, en la
que reiteró que tuvo problemas de conectividad y en la que afirmó que la decisión
objeto de cuestionamiento debió dejarse sin efectos puesto que no se tuvo en
cuenta el artículo 134 del Código General del Proceso que establece «la
oportunidad y trámite de las nulidades, las cuales podrán alegarse en cualquiera
de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si
ocurrieren en ella».
Asimismo, indicó con respecto a los requisitos para alegar la nulidad lo previsto
en el artículo 135 de la norma precitada que un aparte establece que: «El juez
rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las
determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como
excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien
carezca de legitimación», con lo que aparentemente indicaría que no se aplicó la
norma correctamente.
25 En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente
importante de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de
extensión de la jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibidem.
26 Índice 157 del aplicativo SAMAI, expediente 11001-03-28-000-2022-00109-00
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Finalmente, sostuvo que al no decretarse las pruebas solicitadas antes de la
audiencia inicial, ni ordenar su práctica de oficio, la accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso.
En relación con estos argumentos, la Sección Quinta realizó el siguiente análisis:
«De conformidad con lo establecido en el artículo 284 de la Ley 1437 de
2011, se tiene que «las nulidades de carácter procesal se regirán por lo
dispuesto en el artículo 207 de este Código». En consonancia con lo
anterior, en el último artículo mencionado, se dispuso que corresponde al
juez la función de ejercer el control de legalidad del proceso con el fin
único de sanearlo de vicios que puedan acarrear nulidades, los cuales,
salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas
siguientes.
Por otra parte, el artículo 208 de la regulación antes mencionada, con el
propósito de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, de
acuerdo con la remisión normativa de los artículos 296 y 306 de la Ley
1437 de 2011 indicó que las causales de nulidad serán las previstas en
el artículo 133 del Código General del Proceso, las cuales tienen las
características de ser taxativas, de aplicación e interpretación restrictiva,
y están dirigidas a solucionar los vicios e irregularidades que invalidan la
respectiva actuación judicial.
En esa medida, el referido artículo 133 del CGP revió lo siguiente:
ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo
o en parte, solamente en los siguientes casos: (…)
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar
pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo
con la ley sea obligatoria.
(…) PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por
subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que
este código establece.
Adicionalmente, el artículo 136 ibidem estableció que las nulidades se
consideran saneadas, entre otros casos, en el evento en que la parte que
podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla. Así
mismo, el artículo 284 de la Ley 1437 de 2011, previó una consecuencia
jurídica para las nulidades que se alegan por fuera de la oportunidad
respectiva, para lo cual refirió que «La formulación extemporánea de
nulidades se rechazará de plano y se tendrá como conducta dilatoria del
proceso».
De las normas antes invocadas, es pertinente indicar que el juez cumple
un papel primordial en el curso del proceso, pues tiene a su cargo la
dirección del mismo y, en especial, evitar que se configuren las
circunstancias que generen nulidades procesales, es por ello que la Ley
1437 de 2011 si bien se ocupó de regular ciertos aspectos sobre este
tópico, de igual forma también se encargó de complementarlo con las
disposiciones que se encuentran contenidas en el Código General del
Proceso, las cuales desarrollaron la temática de forma completa. En esa
medida, teniendo en cuenta las disposiciones de los referidos estatutos,
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es labor del juez sanear el proceso, en aras de evitar que se configure
alguna de las causales que originen una nulidad y, además, es deber de
las partes ponerlas en conocimiento en el momento que la misma se
evidencie».
Por otra parte, en la referida providencia se señaló que el actor se presentó a la
audiencia media hora después de lo programado, incumpliendo el protocolo que
se tenía previsto para advertir posibles problemas de conectividad de los
asistentes. Además, sostuvo que este «no indicó que presentaba problemas de
conectividad ni su intervención se vio afectada por inconvenientes técnicos».
A lo anterior agregó que el accionante elevó su solicitud de nulidad en el momento
en que se vencía el término para presentar los alegatos de conclusión, sin alegar
hechos nuevos, dejando fenecer la etapa procesal electoral en la que pudo
presentarla y en la que, además, se surtió el saneamiento de que trata el artículo
180 de la Ley 1437 de 2011, sin que se manifestara oposición a este, por lo que
atendiendo el hecho de que las etapas son preclusivas, rechazó de plano la
solicitud del actor por extemporánea.
Con relación al decreto de oficio de las pruebas que le fueron negadas al
accionante en la audiencia inicial, la autoridad judicial manifestó que no se puede
pretender suplir la oportunidad que tenían las partes para controvertir la decisión
adoptada sobre las mismas por lo que era improcedente revivir etapas que ya
habían fenecido, pues con ello se vulnerarían la igualdad y equilibrio entre las
partes.
En relación con la argumentación expuesta en la providencia, la Sala considera
que la Sección Quinta no incurrió en las causales específicas de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial porque la interpretación
normativa y la valoración probatoria fueron razonables, y en ellas no se puede
evidenciar una actitud caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial.
Por el contrario, en el auto del 30 de abril de 2024 se puede advertir un estudio
plausible de las normas que rigen la ritualidad del proceso de nulidad electoral y
las reglas específicas respecto de la proposición de incidentes, desde la
perspectiva de la preclusividad de las etapas procesales,
Cabe agregar que la parte accionante no desarrolló el cargo relativo al
desconocimiento del precedente por lo que la sala llega a la conclusión de que
en la referida providencia no se incurrió en ninguna de las causales invocadas,
por lo que no hay lugar a dejarla sin efectos.
3.10. Análisis de los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del
precedente en el auto del 4 de junio27 de 2024:
El 6 de mayo de 2024, el actor interpuso un recurso de reposición y en subsidio
de queja contra el auto del 30 de abril de 2024 que como ya se advirtió rechazó
el incidente de nulidad presentado por extemporáneo. El accionante expuso en
27 Índice 169 del aplicativo SAMAI, expediente 11001-03-28-000-2022-00109-00
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sede ordinaria las causales del rechazo de plano de la nulidad procesal,
sosteniendo que la accionada no podía rechazar su solicitud sino que debía
negarla, adicionalmente reiteró los planteamientos de la nulidad invocada.
Ahora bien, en relación con los recursos presentados, la autoridad judicial
censurada realizó el siguiente análisis basado en los requisitos de procedencia
de estos:
«Pues bien, al respecto, se impone recordar que el artículo 242 del
CPACA, modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021, en punto
del recurso de reposición, establece lo siguiente:
Artículo 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos
los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y
trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso.
(Subrayado fuera de texto).
Conforme al aparte destacado, es claro que la nueva literalidad del
precepto dotó al recurso de reposición de una mayor amplitud en punto a
su procedencia a diferencia del texto original de la Ley 1437 de 201128.
En efecto, el recurso de reposición dejó de ser subsidiario o supletorio,
tal como estaba previsto en el régimen anterior, para convertirse en un
recurso principal y con vocación de universalidad. Actualmente, procede
contra todo tipo de autos, salvo norma expresa en contrario.
En cuanto a la oportunidad y trámite procesal que se le debe dar al
recurso de reposición, el legislador dispuso expresamente la remisión a
las normas del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012 –, entre
las cuales se encuentran los artículos 318 y 319.
Por su parte, el recurso de queja constituye un medio de impugnación
consagrado, entre otros objetivos, para posibilitar que el superior conozca
y decida el recurso de apelación cuando este ha sido denegado por el
juez a quo. Así lo prescribe el artículo 245 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 65 de la Ley 2080 de 202129:
Artículo 245. Queja. Este recurso se interpondrá ante el superior cuando
no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación, para que
esta se conceda, de ser procedente. Asimismo, cuando el recurso de
apelación se conceda en un efecto diferente al señalado en la ley y
cuando no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y
unificación de jurisprudencia previstos en este código. Para su trámite e
interposición se aplicará lo establecido en el artículo 353 del Código
General del Proceso.
Sobre el particular, la Sala Electoral30 ha precisado que la decisión que
habilita su interposición es la que deniega la concesión del recurso de
apelación o de los extraordinarios, es decir, la que los rechaza sin
remitirlo al superior para su estudio de fondo, por lo que al juez de la queja
28 Artículo 242. Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos
que no sean susceptibles de apelación o de súplica. En cuanto a su oportunidad y trámite se
aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. (Subrayado fuera de texto)
29 Aplicable al proceso electoral en virtud de la cláusula remisoria del artículo 296 del CPACA.
30 Consejo de Estado. Sección Quinta, auto de 7 de diciembre de 2017. Expediente No. 13001-
23-33-000- 2015-00807-02, M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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le está encomendado analizar solamente su procedencia o la corrección
de la concesión de su efecto.
Ahora bien, precisa el despacho que, el artículo 243 A del CPACA,
adicionado por el artículo 63 de la Ley 2080 de 2021, consagra las
providencias que no son susceptibles de recursos ordinarios, así:
ARTÍCULO 243A. PROVIDENCIAS NO SUSCEPTIBLES DE
RECURSOS ORDINARIOS. No son susceptibles de recursos ordinarios
las siguientes providencias: (…)
14. En el medio de control electoral, además de las anteriores, tampoco
procede recurso alguno contra las siguientes decisiones: las de admisión
o inadmisión de la demanda o su reforma; las que decidan sobre la
acumulación de procesos; las que rechacen de plano una nulidad
procesal, y las que concedan o admitan la apelación de la sentencia.
(Subrayado fuera de texto).
Dicha salvedad también se encuentra contemplada en la normativa
especial que regula el trámite del medio de control de nulidad electoral,
esto es, el artículo 284 de la Ley 1437 de 2011, el cual precisa que «la
formulación extemporánea de nulidades se rechazará de plano y se
tendrá como conducta dilatoria del proceso. Contra el auto que rechaza
de plano una nulidad procesal no habrá recursos».
Pues bien, esta norma es muy clara en señalar que contra el auto
que rechaza de plano una nulidad procesal no procede ningún
recurso, de manera que los recursos de reposición y en subsidio, de
queja formulados por el apoderado del actor Carlos Alberto Bryan
Uribe contra el auto del 30 de abril de 2024, resultan improcedentes.
[…]». Negrilla y subrayado fuera de texto.
Visto lo anterior, se advierte que en la providencia del 4 de junio de 2024 no se
realizó una interpretación arbitraria o caprichosa de la normativa que se refiere a
las nulidades procesales, ni se valoró indebidamente alguna prueba, y mucho
menos se desconoció un precedente con carácter vinculante, puesto que la
literalidad de la norma habilita a la autoridad judicial a rechazar de plano las
nulidades procesales.
En ese orden de ideas, se observa que la Sección Quinta del Consejo de Estado
expuso con claridad los motivos de improcedencia del recurso atendiendo a lo
establecido en la normativa vigente y basada en la valoración probatoria.
En ese sentido, se observa que los argumentos expuestos por la parte accionante
solo se predican respecto de la interpretación que considera acertada de la
normativa respecto al rechazo de plano de su solicitud de nulidad procesal y a
los posibles recursos a interponer contra esa decisión, pero ello no supone la
afectación de sus derechos fundamentales ni alguna otra garantía que se
desprenda del núcleo esencial del derecho al debido proceso.
Así las cosas, no se puede considerar que la interpretación normativa o la
valoración probatoria sean arbitrarias, puesto que, independientemente del
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03071-01
Accionante: Carlos Alberto Bryan Uribe
acierto o no de las decisiones, estas resultan razonables y no producto del
capricho de la autoridad judicial accionada.
En conclusión, la Sala encuentra que no hay lugar amparar los derechos
fundamentales del señor Carlos Alberto Bryan Uribe al no demostrarse la
configuración de los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del
precedente alegados por este.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Modificar parcialmente la sentencia del 1 de agosto de 2024 que
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no acreditar el requisito de
subsidiariedad. En su lugar,
Segundo: Rechazar por improcedente la acción con de tutela respecto de las
providencias adoptadas en el trámite de la audiencia inicial que se llevó a cabo
el 9 de noviembre de 2023 por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez.
Tercero: Negar las pretensiones de la acción de tutela por no configurarse los
defectos alegados en relación con los autos del 30 de abril y del 4 de junio de
2024 proferidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Quinto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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