Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03090-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03090-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-03090-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
24 de octubre de 2024
Demandante: Diego Fernando Arango Ospina
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03090-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03090-01
Demandantes: DIEGO FERNANDO ARANGO OSPINA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial
Revoca sentencia de primera instancia – para en su lugar
declarar improcedencia por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 16 de julio de 2024, por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 11 de junio de 20241, el señor Diego Fernando Arango Ospina, presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Tercero
Administrativo de Guadalajara de Buga, con el fin de que se protegieran sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión a las sentencias proferidas el 24 de octubre de 2022 y el 7 de diciembre de
2023 por las autoridades judiciales dentro del medio de control de protección
derechos e intereses colectivos identificado con el radicado 76111-33-33-003-2018-
00255-00/01.
1 Índice 02 Aplicativo Samai.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Diego Fernando Arango Ospina
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03090-01
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
«[…]
3. se ordene adelantar una liquidación adicional art 27 de la ley 1429 del 2010
haciendo el llamado al liquidador dentro de la acción popular a fin de que lleve a feliz
término y adjudique los bienes inmuebles que quedaron por fuera
4. resolver el contrato firmado por el alcalde del municipio de Guadalajara de Buga
con las empresas Aguas de Buga sin el cumplimiento del lleno de los requisitos de ley
y sin ser el nudo propietario de esos bienes, mediante el CONTRATO DE USUFRUCTO
GOCE Nº SVSP -3000-011-2018 del 14 de septiembre de 2018 que comprende la
infraestructura de acueducto y alcantarillado como está plenamente demostrado en la
acción popular por parte del abogado Doctor Jorge Iván Mendoza 3 Radicado: 11001-
03-15-000-2024-03090-00 Demandante: Diego Fernando Arango Ospina y en la
presente acción tutelar y que dichos documentos reposan en el expediente del proceso
de la acción popular de la cual su despacho puede solicitar el traslado del expediente
[…]»2
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos3 relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
El señor Diego Fernando Arango Ospina inició medio de control de protección de
derechos colectivos en contra del municipio de Guadalajara Buga y el Concejo
Municipal del mismo municipio, en el que solicitó la protección de los derechos
colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la libre
competencia económica, el derecho de los usuarios presuntamente amenazados
con ocasión del proyecto de acuerdo municipal «por medio del cual se autoriza al
alcalde municipal para adelantar el proceso o actuación contractual que en derecho
corresponda para transferir el uso y el goce de la infraestructura de acueducto y
alcantarillado, de propiedad del municipio a una empresa de servicios públicos
domiciliarios».
La demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Guadalajara de Buga, bajo el radicado 76111-33-31-003-2018-00255-00, que
mediante sentencia del 24 de octubre de 2022, declaró probada la excepción de
«Inexistencia de la afectación de los derechos colectivos mencionados» y negó las
pretensiones de la demanda.
2 Transcripción literal del escrito de la tutela
3 Indice 02 Aplicativo Samai
2
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Demandante: Diego Fernando Arango Ospina
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03090-01
Como fundamento de su decisión, adujo que se demostró que el mayor accionista
de la empresa liquidada Embuga S.A. ESP era el municipio de Guadalajara de
Buga y el proceso liquidatario se surtió mediante la escritura pública 2204 del año
2000 a través de la cual se entregaron los bienes que conformaban los activos y
pasivos de esa prestadora dentro de los cuales se encontraba la infraestructura de
las redes de acueducto y alcantarillado con las cuales se ha garantizado a todos los
habitantes del municipio de Guadalajara de Buga la prestación del servicio público.
Así mismo, concluyó que la Junta Directiva de Embuga S.A. ESP transfirió el
contrato de usufructo que esa entidad había suscrito con Aguas de Buga S.A. al
ente territorial, y con ello no se lesionó el objeto del contrato, que no es otro que la
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, o por lo menos no fue
demostrado en el expediente.
Inconforme con esta decisión el señor Diego Fernando Arango Ospina interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Quinta del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca4, mediante sentencia del 7 de diciembre de 2023,
en la que confirmó la decisión recurrida
Reiteró los fundamentos del juez de primera instancia y resaltó que, conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, la acción popular no es un mecanismo
supletivo de otras acciones, por ejemplo, la de controversias contractuales para
estudiar la legalidad del proceso contractual.
La anterior sentencia se notificó el 14 de diciembre de 20235 y cobró ejecutoria el
12 de enero de 20246
1.4. Fundamento de la acción de tutela
La parte actora advirtió que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, pues en sus providencias del 24 de octubre de 2022 y 7 de diciembre de
2023, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda con
aseveraciones infundadas y sin sustento legal.
Solicitó que el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
sea revisado pues el alcalde del municipio de Guadalajara de Buga no tenía
facultades para firmar contrato con Aguas de Buga S.A. ESP.
Así mismo, el accionante alegó que durante el trámite de dicha acción estuvo
desprovisto de abogado y si bien es cierto no expresa los defectos en los que
incurrieron las autoridades judiciales accionadas, en las providencias proferidas en
4 76111 33 31 003 2018 00255 01
5 Índice 016 Aplicativo Samai
6 Índice 017 Aplicativo Samai
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Demandante: Diego Fernando Arango Ospina
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
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el proceso 76111-33-33-003-2018-00255-00/01, sus argumentos definen un defecto
procedimental toda vez que adujo que se desconoció que el alcance de la acción
interpuesta era para que se efectuara una adjudicación adicional conforme a lo
dispuesto en el artículo 27 de la ley 1429 de 2010 y defecto fáctico toda vez que se
dejó de practicar la inspección judicial (visita ocular) solicitada por el accionante en
la demanda con el fin de verificar los hechos expuestos en la misma y, en el proceso
se vinculó al señor Rubén Darío Ríos Gallego en audiencia de pacto de
cumplimiento para escucharlo como testigo de los hechos desconociendo su calidad
de gerente y liquidador de Embuga S.A. ESP.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 19 de junio de 20247 se admitió la acción de tutela contra el
Juzgado Tercero del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y se ordenó vincular en calidad de terceros con
interés jurídico, al alcalde y al Concejo Municipal de Guadalajara de Buga; y a la
empresa Aguas de Buga S.A. E.S.P.
Así mismo, se ordenó la notificación al accionante8, al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca,9 al municipio de Guadalajara de Buga10, al Concejo Municipal de
Guadalajara de Buga11, a empresas Aguas de Buga ESP12 y al Juzgado Tercero del
Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, siendo notificado el Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Guadalajara de Buga 13
Posteriormente, mediante auto del 23 de septiembre de 202414, se puso en
conocimiento del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Guadalajara de Buga, la nulidad de carácter saneable toda vez que, en el escrito
de tutela, se indicó que era la entidad accionada pero no fue mencionada en el auto
que admitió la tutela, ni notificada de esa misma providencia, quien procedió a dar
respuesta a la presente acción sin alegar la nulidad puesta de presente.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones15 ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes:
7 Indice 04 Aplicativo Samai
8 Notificación al correo electrónico diegoarango631@hotmail.com.co
9 Notificación al correo electrónico jchavesb@cendoj.ramajudicial.gov.co
sgtadmincli@notificacionesrj.gov.co s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
10 Notificación al correo electrónico contactenos@guadalajaradebuga-valle.gov.co
notificaciones@buga.gov.co
11 Notificación al correo electrónico concejobuga@gmail.com
12 Notificación al correo electrónico info@aguasdebuga.com.co
13 Notificación al correo electronico j03ccbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co
14 Indice 04 Aplicativo Samai
15 Índice 07 Aplicativo Samai
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1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca16
Expuso que no desconoció el trasfondo de lo que pretendía la acción popular,
distinto es que no compartiera la posición del accionante, pero sí se pronunció sobre
la adjudicación de bienes, como consta en la parte considerativa de la sentencia de
segunda instancia, que igualmente abordó la titularidad sobre los bienes
consistentes en las redes de acueducto y alcantarillado.
De otra parte, remitió el enlace del expediente digital
1.6.2. Aguas de Buga S.A. ESP 17
Señaló que no ha vulnerado los derechos del accionante. Se opuso a las
pretensiones de la tutela por cuanto pretende el reconocimiento de un interés
económico, por lo que consideró que no supera el requisito de subsidiariedad.
Agregó que, el accionante desde años atrás ha pretendido con la utilización de las
diversas acciones, el pago de acreencias laborales, llevando a la administración de
justicia a un desgaste innecesario y contribuyendo a la congestión de los despachos
judiciales. Finalmente, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
1.6.3. Municipio de Guadalajara de Buga18
Indicó que el accionante reprocha una situación probatoria que fue surtida en debida
forma de acuerdo a la legislación vigente y cuyas etapas procesales fueron
precluidas satisfactoriamente sin ningún vicio de nulidad dentro del proceso.
Agregó que el accionante persiste en que los bienes de las redes de alcantarillado
y acueducto son propiedad de la extinta Empresa de Servicios Públicos de Buga –
Embuga S.A ESP. lo cual es una postura equivocada dado que mediante escritura
pública 2204 del 29 de septiembre de 2002, se protocolizó el proceso liquidatario de
dicha entidad adjudicando la propiedad al municipio de Guadalajara de Buga.
Destacó que en la actualidad a través de Contrato No. SVSP -3000- 011-2018 se
concedió el uso y el goce de la infraestructura de acueducto y alcantarillado a la
empresa Aguas de Buga S.A ESP lo cual se acompasa con certificado emitido por
la Cámara de Comercio de Buga en el que se constata que la sociedad EMBUGA
S.A ESP fue totalmente liquidada y no tiene existencia jurídica en la actualidad.
Por último, expuso que el municipio carece de legitimación en la causa por pasiva,
dado que los hechos expuestos en el escrito de tutela son del resorte de los
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17 Índice 10 Aplicativo Samai
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directores judiciales; sin embargo, señaló que defienden las providencias acusadas,
por cuanto lo actuado se encuentra conforme a derecho.
1.6.4. Juzgado Tercero Civil del Circuito de Guadalajara de Buga19
Manifestó que no le ha correspondido a ese despacho el conocimiento de proceso
adelantado por Diego Fernando Arango Ospina, y que las decisiones que se
reprochan como violatorias de derechos fundamentales fueron emitidas por el
Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad del Circuito de Buga y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, lo que da lugar a no emitir pronunciamiento
alguno y/o remitir piezas procesales.
1.6.5. Concejo Municipal de Guadalajara de Buga20
Solicitó su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva, en
tanto no ostenta facultad alguna respecto a las súplicas expuestas por el accionante,
pues ante tal autoridad no se ha presentado ninguna de las acciones u omisiones
expresadas en el escrito de tutela, ni es la competente para otorgar respuesta y
solución al conflicto enunciado en la solicitud constitucional.
1.6.6. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de
Buga21
La titular del despacho expuso que la sentencia de primera instancia de fecha 24 de
octubre de 2022, es el resultado de la valoración conjunta y juiciosa del material
probatorio que reposa en el medio de control protección de los derechos e intereses
colectivos; sin que se avizore vulneración de los derechos y garantías
fundamentales invocados por el actor.
Remitió vínculo o enlace de acceso al expediente 76111-33-31-003-2018-00255-
00.
1.7. Sentencia de primera instancia22
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 16
de julio del 2024, negó el amparo solicitado por el señor Diego Fernando Arango
Ospina, para el efecto afirmó que la autoridad judicial demandada realizó una
valoración fáctica y probatoria acorde con la normatividad y jurisprudencia
aplicables, de tal manera, la decisión judicial cuestionada se sustentó en el estudio
de las pruebas aportadas al proceso y con observancia del debido proceso.
19 Índice 12 Aplicativo Samai
20 Índice 13 y 14 Aplicativo Samai
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Señaló que la inspección judicial solicitada por el demandante, no fue decretada,
pues la juez de primera instancia, en audiencia de pacto de cumplimiento, resolvió
su exclusión.
En cuanto a la asignación de un abogado al demandante o la asistencia de la
Defensoría del Pueblo, señaló que el medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos puede ser ejercido por toda persona natural o jurídica, por sí
mismo o quien actúe en su nombre; y agregó que, con relación al Defensor del
Pueblo debe tenerse que se trata de una potestad otorgada para que actúe en
acciones populares, pero no implica que su intervención sea obligatoria.
Con relación a la adjudicación de bienes, manifestó que el tribunal no desconoció la
demanda de acción popular; por lo contrario, no compartió la tesis planteada por la
parte demandante.
Así mismo, insistió en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de algún derecho fundamental, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Expuso que, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la valoración
efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
En esta providencia se negó la solicitud de declaratoria de falta de legitimación en
la causa por pasiva del municipio y el Concejo Municipal de Guadalajara de Buga.
Esta sentencia fue notificada el 12 de agosto de 202423
1.8. Impugnación24
El accionante radicó impugnación el 15 de agosto de 2024 en contra del fallo del 16
de julio del 2024.
Reiteró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no realizó una valoración
fáctica y probatoria acorde con la normatividad y jurisprudencia aplicable.
Señaló que se desconoció que la sentencia 284 del 3 de diciembre de 2018,
proferida el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que se declaró la
nulidad del Acuerdo No. 058 de agosto 17 de 2018 expedido por el Concejo
Municipal de Guadalajara de Buga por medio del cual se autorizó al alcalde
municipal para adelantar el proceso o acto contractual para garantizar la continuidad
en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, razón por la cual, el
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alcalde del municipio de Guadalajara de Buga no tenía facultades legales para
celebrar el contrato especial de uso y goce No. SVSP-3000-011-2018 del 14 de
septiembre de 2018 con la sociedad Aguas de Buga S.A. E.S.P. Argumentos que
no fueron expuestos en el escrito inicial de la tutela.
Adujo que está plenamente probado que el patrimonio público está siendo
vulnerado, porque el municipio de Guadalajara de Buga es el que percibe los
ingresos mensuales que la sociedad Aguas de Buga S.A. E.S.P. paga por el uso y
goce de los bienes que conforman la infraestructura para la prestación del servicio
público de acueducto y alcantarillado, sin que los bienes sean de su propiedad.
Agregó que no consta en la Escritura Pública No. 2.204 del 29 de septiembre de
2000 de la Notaría Segunda del Círculo de Buga, que los activos que integran la
infraestructura para la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado
le hubiesen sido adjudicados al municipio de Guadalajara de Buga en la liquidación
voluntaria de la sociedad Empresa de Servicios Públicos de Guadalajara de Buga
S.A. ESP
Reiteró que los bienes que conforman la infraestructura para la prestación del
servicio público de acueducto y alcantarillado en el municipio de Buga le deben ser
restituidos a Embuga S.A. E.S.P., ello exige que se haga una «adjudicación
adicional»; conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 1429 de 2010.
II. CONSIDERACIONES.
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la
accionante, contra la sentencia proferida el 16 de julio de 2024, por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
Aguas de Buga S.A. ESP solicitó su desvinculación del trámite de la presente
acción.
Revisada su solicitud, se advierte que no se accederá a la desvinculación puesto
que su vinculación al proceso se dio en calidad de tercero con interés.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida el 16 de julio de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, por lo cual, se resolverá los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la sala analizará lo siguiente:
¿Si el Juzgado Tercero Administrativo de Guadalajara de Buga y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia del accionante, con las providencias
proferidas dentro del proceso 76111-33-33-003-2018-00255-00/01, al incurrir en el
defecto factico y procedimental?
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y (iii) el caso
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 25,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema26.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
sentencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales27. Sin
embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros se haría ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201428, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María
Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
26 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
27 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
9
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Constitucional en la sentencia C-590 de 200529, para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo dispone el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia30 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.
Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud
de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad adjetiva, esto es:
i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela;
iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del
derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202231 establece las reglas para
determinar si un asunto objeto de tutela contra providencia judicial carece de
relevancia constitucional.
29 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
30 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590
de 2005.
31 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03090-01
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal32 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico33; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional34.
32 Sentencia SU-573 de 2019.
33 Sentencia SU-103 de 2022.
34 Sentencia SU-103 de 2022.
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[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal35”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales36”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto37, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal38. (Resaltado de la Sala)
Así mismo, señaló que tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de
amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional no cumplía con este postulado, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii)
planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación
de los derechos fundamentales invocados.
2.6. Caso concreto
Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación y las pruebas
incorporadas al trámite de tutela, la Sala revocará la decisión de primera instancia
y en su lugar declarara la improcedencia por cuanto no supera el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que, es evidente que la parte actora pretende
con este mecanismo constitucional reabrir discusiones jurídicas resueltas por el juez
ordinario y no demostrar la vulneración de derechos fundamentales presuntamente
35 Sentencia SU-103 de 2022.
36 Sentencia SU-128 de 2021.
37 Sentencia SU-573 de 2019.
38 Ib.
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quebrantados con ocasión de la providencia proferida en segunda instancia dentro
del medio de control reprochado.
En el escrito de tutela, se argumentó que, el Juzgado Tercero Administrativo de
Guadalajara de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
toda vez que no contó con la representación de un abogado. Además, adujo que se
desconoció que el alcance de esa acción era que se efectuara una adjudicación
adicional conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 1429 de 2010 y se dejó
de practicar la inspección judicial solicitada con el fin de verificar los hechos de la
demanda.
Ahora, si bien es cierto el accionante no expresa los defectos en los que incurrieron
las autoridades judiciales accionadas, en las providencias proferidas en el proceso
76111-33-33-003-2018-00255-00/01, sus argumentos se definen como defecto
fáctico por cuanto alega que no se practicó la inspección judicial solicitada en la
demanda y procedimental porque adujo que era exigible que se realizara una
«adjudicación adicional»; conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 1429
de 2010 y en la práctica de la prueba ocular.
En el presente asunto, la parte accionante pretende reabrir el debate probatorio que
fue zanjado y decidido por el juez natural, toda vez que insiste que los activos que
conforman la infraestructura para la prestación del servicio público de acueducto y
alcantarillado no son de propiedad del municipio de Guadalajara de Buga, en el
escrito de tutela reclama la práctica de la prueba de inspección judicial, la cual en
su oportunidad procesal no fue decretada por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, y en el escrito de impugnación, reitera en
la adjudicación adicional conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 1429 de
2010, desconociendo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca indicó que,
de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, una vez liquidada Embuga S.A.
ESP se transfirió al municipio de Guadalajara de Buga la infraestructura de redes
de acueducto y alcantarillado y se cedió el contrato de usufructo que había suscrito
con la empresa Aguas de Buga S.A. ESP, con el cual se garantiza a todos los
habitantes del citado ente territorial la prestación del servicio público
Los argumentos expuestos por la parte actora sustentan su inconformidad con las
decisiones de las autoridades judiciales accionadas al negar las pretensiones de la
demanda en el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos, la controversia propuesta por la parte accionante no se relaciona con el
alcance, contenido o aplicación de un derecho fundamental.
Además, en el escrito de impugnación trae argumentos nuevos, indicando que las
autoridades judiciales accionadas desconocieron la sentencia 284 del 3 de
diciembre de 2018, proferida el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la
que se declaró la nulidad del Acuerdo No. 058 de agosto 17 de 2018 expedido por
el Concejo Municipal de Guadalajara de Buga por medio del cual se autorizó al
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alcalde municipal para adelantar el proceso o acto contractual para garantizar la
continuidad en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, razón por la
cual, el alcalde del municipio de Guadalajara de Buga no tenía facultades legales
para celebrar el contrato especial de uso y goce No. SVSP-3000-011-2018 del 14
de septiembre de 2018 con la sociedad Aguas de Buga S.A, los cuales no fueron
expuestos en su escrito inicial de tutela; motivo por el cual, la Sala se abstendrá de
referirse al respecto, pues hacerlo en este caso, desconocería los derechos
fundamentales como a la defensa y al debido proceso de la contraparte, quien no
tuvo la oportunidad de oponerse a los mismos, así como la doble instancia al no
existir pronunciamiento del a quo sobre el particular.
De tal suerte que los razonamientos expuestos en esta instancia constitucional no
están justificados en una vulneración a derechos fundamentales, sino a una
inconformidad con una decisión que no es acorde con sus intereses. Esta situación
resulta contraria a la naturaleza del juez constitucional que está llamado a proteger
aquellas garantías fundamentales vulneradas y a proferir decisiones encaminadas
a restablecer las mismas.
Partiendo de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela no está llamado a
reemplazar al juez de la causa y a decidir las controversias de las instancias
ordinarias, máxime si resulta evidente que se trata de una inconformidad con un
aspecto que ya fue resuelto por una autoridad judicial que apunta a convertir la
acción de tutela en una tercera instancia.
Así las cosas, para la Sala la solicitud de amparo constitucional, interpuesta por el
señor Diego Fernando Arango Ospina no cumple con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora enuncia la
trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, esa presunta afectación que pretende discutir tiene origen
en un debate de interpretación procedimental y probatorio del juez natural. La
competencia del juez constitucional se restringe a la protección efectiva de las
garantías constitucionales y no a estudiar las inconformidades con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
2.7. Conclusión
En este sentido, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar
declarará improcedente la acción de tutela formulada por la parte accionante, toda
vez no superó el requisito de relevancia constitucional.
III. FALLA
PRIMERO NIEGÁSE la desvinculación de Aguas de Buga S.A. ESP, conforme a lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia
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SEGUNDO REVOCAR la sentencia del 16 de julio de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, para en su lugar DECLARAR
IMPROCEDENTE de la acción de tutela formulada por el señor Diego Fernando
Arango Ospina toda vez no superó el requisito de relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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