Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03117-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03117-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-03117-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
18 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03117-00
Accionante: Darling Santiago Torres Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, a elegir y ser elegido
y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Proceso de nulidad
electoral.
Decisión: Rechazar por improcedente la acción de tutela por no acreditar el
requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo decide la acción de tutela
que instauró el señor Darling Santiago Torres Castro, a través de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, a
elegir y ser elegido y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal,
ocurrida con ocasión de la expedición de la sentencia del 11 de junio de 2024,
proferida dentro del trámite del proceso de nulidad electoral con radicado 76001-
23-33-000-2023-00862-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
De conformidad con lo narrado en el escrito de tutela se tendrán como hechos
relevantes los que a continuación se resumen:
2.1.2. El señor Darling Santiago Torres Castro en ejercicio del medio de control
de nulidad electoral, solicitó que se declarara la nulidad del acto administrativo
contenido en el formulario E-26-CON del 29 de octubre de 2023, a través del cual
se declaró la elección de la señora Eliza Mora Gamboa Rentería como concejal
del distrito de Buenaventura, para el periodo constitucional 2024-2027.
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2.1.3 Lo anterior, al considerar que existieron irregularidades en los documentos
electorales expedidos por las comisiones escrutadoras, específicamente, los
formularios E-14 y E-24, ya que, en su parecer, contienen datos contrarios a la
realidad y se modificaron algunas votaciones sin ningún tipo de justificación.
Asimismo, expuso que se excluyeron del cómputo y consolidación los resultados
de la mesa 11 del puesto 1 de la zona 6 ubicada en la institución educativa Simón
Bolívar.
2.1.4. Por reparto, el proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, dependencia judicial que mediante sentencia del 11 de junio de 2024
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se demostró ninguna
de las situaciones contempladas en el artículo 144 del Código Electoral y la
exclusión de algunos votos fue debidamente justificada.
2.1.5. Frente a la anterior decisión, el señor Darling Santiago Torres radicó
recurso de apelación, el cual fue concedido por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca a través de auto del 27 de junio, notificado el 28 de junio
siguiente.
2.2. Fundamento jurídico
Advierte la Sala que, si bien la parte accionante manifestó que la providencia
cuestionada adolece de los defectos fáctico, procedimental y desconocimiento
del precedente y expuso en qué consiste cada uno de ellos, lo cierto es que no
sustentó los motivos por los cuales considera que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca incurrió en estos.
2.3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«Primero. Tutelar los derechos fundamentales y constitucionales que le
asisten al señor Darling Santiago Torres Castro, identificado con cédula de
ciudadanía No. 94.444.536 de Buenaventura - Valle, en atención a lo
consagrado en la Constitución Política, a los fines esenciales del Estado
(art 2 CP), a la igualdad artículo 13 C.P, al debido proceso artículo 29 C.P,
prevalencia del derecho sustancial artículo 228 C.P., acceso a la
administración de justicia artículo 229 C.P. y elegir y ser elegido 40 C.P.
Segundo. Declarar la nulidad de la sentencia 105 del 11 de junio de 2024
proferido por el Magistrado Ponente RONALD OTTO CEDEÑO BLUME
del Tribunal Administrativo del Valle».
2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida por el Despacho sustanciador el 24 de junio de
2024 y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como
accionado y a la señora Eliza Nora Gamboa Rentería como tercera con interés
en el resultado del proceso.
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2.4.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por conducto del
magistrado ponente de la decisión objeto de reproche, manifestó que en ninguna
etapa procesal vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante y
concedió el recurso de apelación invocado por la parte accionante contra la
sentencia del 11 de junio de 2024, el cual se encuentra en curso ante el Consejo
de Estado, por lo que, solicitó rechazar por improcedente la presente acción de
tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
2.4.2. Eliza Nora Gamboa Rentería sostuvo que al accionante se le han
garantizado todos los derechos fundamentales, tanto así, que el señor Torres
Castro radicó la acción de tutela el mismo día que interpuso el recurso de
apelación que fue concedido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el
27 de junio de 2024.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, el problema jurídico se
circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró
los derechos fundamentales invocados por el señor Darling Santiago Torres
Castro al proferir la providencia del 11 de junio de 2024 mediante la cual negó
las pretensiones de la demanda de nulidad electoral radicada por el accionante.
Previamente, se deberá establecer la procedencia de la acción de tutela contra
la providencia judicial cuestionada.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
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decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
El requisito general de procedencia de la acción referido a la existencia de
recursos o medios de defensa judicial, supone aquellos eventos en los que la
petición presentada en la acción de tutela puede ser resuelta no sólo a través de
las acciones ordinarias u otros medios de defensa judicial, sino además cuando
las partes dentro de un proceso han contado con los mecanismos de defensa y
no han hecho uso de ellos, buscando ante tal omisión acudir a esta vía para que
se reviva la oportunidad procesal ya precluida.
El argumento de improcedencia en comento, tiene sustento en los deberes
jurídicos que tienen las partes en el trámite de los procesos judiciales para
impugnar o controvertir las decisiones con las que están en desacuerdo y cuya
oportunidad se establece en cada uno de los estatutos que rigen el proceso de
que se trate.
Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, el establecimiento de los
recursos y demás oportunidades procesales tienen por objeto que el mismo
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funcionario judicial o su superior funcional reexaminen la actuación censurada y
la modifiquen o revoquen.
Visto lo anterior, el juez de tutela no podrá declarar procedente una solicitud de
amparo en donde la parte interesada en controvertir la decisión judicial, no ejerció
su derecho en tiempo o simplemente dejó de cumplir con los formalismos
establecidos en la legislación procesal, por desconocimiento o falta de diligencia.
3.5.1. Análisis del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
El reproche de la parte demandante consiste, en síntesis, en que la decisión
proferida el 11 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
dentro del proceso de nulidad electoral, quebrantó sus derechos fundamentales
a la igualdad, debido proceso, a elegir y ser elegido y la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, al configurarse un defecto fáctico, procedimental y
desconocimiento del precedente.
Sobre el particular, la Sala advierte que el proceso de nulidad electoral fue
conocido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el cual profirió
sentencia de primera instancia el 11 de junio de 2024, a través de la cual negó
las pretensiones de la demanda.
La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación por parte del señor Darling
Santiago Torres Castro, el cual fue concedido por el Tribunal el 27 de junio de
2024 y admitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 15 de julio
calendario.
De conformidad con lo expuesto, esta Sala considera, que la presente acción de
tutela se torna improcedente, teniendo en cuenta que actualmente cursa en la
Sección Quinta de la Corporación, la segunda instancia del proceso de nulidad
electoral, el cual se encuentra en la etapa de admisión del recurso de apelación.
En ese orden de ideas, dado que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios
de protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar
los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos.
Por tal razón, la Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de
Estado rechazará por improcedente la presente acción, pues, se reitera, dentro
de las facultades del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las
herramientas judiciales idóneas para obtener la protección iusfundamental
quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se convertiría
irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de amparar
un derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento
de las funciones que le encomendó la carta a los jueces constitucionales.
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Accionante: Darling Santiago Torres Castro
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Rechazar por improcedente la solicitud de tutela formulada por Darling
Santiago Torres Castro, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
Segundo: De no ser impugnada esta providencia, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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