Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03121-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03121-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-03121-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
20 de septiembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03121-01
Demandante: Carmen Alicia Rodríguez Palacios
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-03121-01
Demandante CARMEN ALICIA RODRÍGUEZ PALACIOS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, SALA PRIMERA DE
DECISIÓN
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defectos por
desconocimiento del precedente jurisprudencial y fáctico. Medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Contrato realidad.
Prueba del elemento subordinación.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Carmen Alicia Rodríguez
Palacios, contra la sentencia del 16 de julio de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, que resolvió:
“PRIMERO. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Carmen Alicia Rodríguez
Palacio, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Chocó, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia”.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de junio de 20241, la señora Carmen Alicia Rodríguez Palacios interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de
Decisión, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, los derechos
adquiridos y la primacía del derecho sustancial sobre el procesal.
En consecuencia, formuló como pretensiones las siguientes:
“1. Se AMPAREN los derechos fundamentales invocados como vulnerados por la parte actora,
por considerar que, las decisiones tomadas por los accionados están inmersas en una
vía de hecho, ya que desconocieron los mandatos de la sentencia de unificación dictada
el 09 de septiembre de 2021, dictada dentro del proceso con radicación Nro.
05001233300020130114301 (1317-2016).
2. Por lo anterior y siguiendo los principios de inmutabilidad e intangibilidad de las
sentencias, cosa juzgada y la seguridad jurídica:
Se le ORDENE al Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó:
Que dentro de un término máximo de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la
decisión tomada, emita una nueva providencia en la que tenga en cuenta los mandatos
de la sentencia de unificación ya referida y desconocida dentro de la Página 3 de 14
1 Escrito de tutela radicado al correo de tutelas en línea.
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Demandante: Carmen Alicia Rodríguez Palacios
sentencia Nro. 109 de abril 30 de 2024 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Chocó.
3. Si las anteriores pretensiones, son falladas favorablemente, se oficie a la Procuraduría
Departamental, por parte del señor Magistrado Ponente, para que vigile el cumplimiento
inmediato de la presente acción, para así evitar dilaciones y demoras injustificadas por
parte del accionado, ya que estas decisiones son de cumplimiento inmediato, tal como lo
expresan las sentencias de tutela Nros. T - 942 del 2000 y T - 098 del 2002”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Carmen Alicia Rodríguez Palacios se vinculó con la Caja de
Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom en Liquidación, en la ciudad
de Quibdó, para prestar sus servicios como Gestora y como Auxiliar
Administrativa, mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios
desde el 1º de abril de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013.
2.2. El 5 de marzo de 2014 la accionante solicitó a la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones, Caprecom en Liquidación, el reconocimiento de la relación
laboral encubierta el consecuente reconocimiento de las prestaciones sociales
a las que consideró tener derecho, a lo que no se dio respuesta por la entidad.
2.3. Por lo anterior, la señora Carmen Alicia Rodríguez Palacios en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Caja
de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom en Liquidación, con el fin
de que se declarara la nulidad del acto ficto negativo resultante de la petición
del 5 de marzo de 2014 y, en consecuencia, se reconociera la existencia de la
relación laboral encubierta y se ordenara el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir.
2.4. En primera instancia conoció el Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó
(proceso Nro. 27001-33-33-003-2014-00421-00) que, en sentencia del 15 de
diciembre de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda.
En criterio del juzgado, se demostró la existencia del elemento subordinación,
pues que de la revisión del material probatorio obrante en el expediente era
posible concluir que la hoy accionante cumplía horario de 8 horas, las
funciones estaban dentro del giro ordinario de la entidad ya que debido a su
labor como asistente administrativa no podía determinar el ejercicio de sus
labores a su libre albedrio. En relación con la remuneración, dijo que se le
pagaba periódicamente y que estaba sujeta a la disponibilidad presupuestal
de la entidad.
2.5. La decisión se apeló por la parte demandada. Conoció en segunda instancia
el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión que, en
providencia del 30 de abril de 2024 <<notificada el 10 de mayo de 20242>>, revocó
la decisión y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Luego de la revisión hecha al material probatorio, el tribunal indicó que obraban
informes de supervisión administrativa a los contratos suscritos entre la
demandante y la entidad demandada en los que la coordinadora de la IPS de
2 Información obtenida del aplicativo SAMAI, índice 9 del expediente ordinario de segunda instancia.
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Caprecom Quibdó, verificó los aspectos de orden contractual que habían sido
cumplidos, pero advirtió que más allá de esto, no se lograba acreditar el
cumplimiento de órdenes de un jefe inmediato, llamados de atención o
memorandos, así como tampoco el cumplimiento de un horario.
Agregó que se evidenciaban varias interrupciones en su vinculación con la
entidad, lo que indicaba que la demandante no podía encontrarse en las
mismas condiciones de otros empleados públicos de la planta de personal de
la entidad, ya que desempeñaba personalmente distintas labores que según
las necesidades del servicio fueran requeridas en el momento, de manera que,
para el tribunal, era necesario que la contratista demostrara la existencia del
elemento subordinación en los respectivos contratos.
3. Fundamentos de la acción
De acuerdo con los argumentos presentados en el escrito de tutela por la parte
actora, en la providencia del 30 de abril de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 27001-33-33-003-2014-00421-00/01, se
estructuran los defectos por desconocimiento del precedente jurisprudencial y
fáctico, por las siguientes razones:
3.1. Defecto por desconocimiento del precedente. Señaló que se había
desconocido la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de
septiembre de 2021, expediente Nro. 05001-23-33-000- 2013-01143-01
(1317-2016), en el que se abordó lo relacionado con el contrato de prestación
de servicios, la relación laboral encubierta o subyacente, temporalidad,
solución de continuidad, pago de prestaciones sociales y aportes al sistema
de Seguridad Social en salud.
Consideró que se desconoció la relación de subordinación con Caprecom y la
existencia de una relación laboral encubierta y censuró que no se tuviera en
cuenta que había laborado en forma ininterrumpida y que había llevado a cabo
las mismas funciones de los empleados de la planta de personal.
Citó apartes de la sentencia del 17 de octubre de 2017 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente Nro. 52001-23-33-
000-2014-00062-01, con ponencia de la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez,
en relación con la naturaleza del contrato de prestación de servicios y de los
elementos esenciales que debían demostrarse para establecer una relación
laboral encubierta.
3.2. Defecto fáctico. De acuerdo con lo manifestado por la accionante, se
desconoció que el mismo Caprecom en la contestación de la demanda,
reconoció que la contrató para llenar el vacío que tenían en su planta de
personal, que de los contratos y los informes allegados como prueba se
evidenciaba que se encontraba subordinada, de las declaraciones rendidas se
demostraba que estaban escondiendo la relación laboral y que se desconoció
el concepto de la procuraduría donde con total claridad demostraba todas las
falencias que se gestaron al contratar a través de Órdenes de Prestación de
Servicios a la hoy accionante.
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4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 25 de junio de 2024, el juez de tutela de primera instancia admitió
la demanda de tutela y, ordenó notificar a las partes accionante y accionada.
Dispuso la vinculación como tercero con interés a la Caja de Previsión Social
de Comunicaciones Caprecom, en liquidación, quien fue parte demandada en
el proceso ordinario, al Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó quien fue
juez de primera instancia y a la Procuraduría Judicial 186 para Asuntos
Administrativos de Quibdó, Chocó.
4.2. El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión, rindió
informe en el que manifestó que lo que buscaba la parte actora era controvertir
la decisión emitida en segunda instancia y buscar en la tutela una instancia
adicional, por lo que no se cumplía con el requisito de relevancia constitucional.
Adicionalmente, dijo debieron agotarse todos los recursos y que en este caso
no se había agotado el recurso extraordinario de revisión.
4.3. El Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó, la Caja de Previsión Social
de Comunicaciones Caprecom, en liquidación y la Procuraduría Judicial
186 para Asuntos Administrativos de Quibdó, Chocó, no se pronunciaron
en esta oportunidad.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 16 de julio de 2024, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, negó las pretensiones de la presente acción de tutela.
Advirtió que el Tribunal Administrativo del Chocó analizó el contenido de los
contratos de prestación de servicios para advertir que las diferentes labores
desempeñadas por la actora no eran inherentes a la prestación de los servicios de
salud, por cuanto sus funciones concernían a lo relacionado con los procesos de
contratación de la entidad.
Además, que se había evidenciado que se habían presentado varias interrupciones
en su vinculación con la demandada, lo que mostraba que no se encontraba en
similares condiciones a otros empleados públicos de la planta de personal y que, en
general, no se había demostrado la existencia del elemento subordinación, que sus
funciones se ejercieran bajo una continua dependencia de órdenes por parte de
funcionarios de la entidad.
Concluyó que la autoridad judicial demandada había realizado una valoración
coherente y razonable del acervo probatorio allegado al proceso ordinario y que se
había concluido que no obraban suficientes elementos de juicio para evidenciar el
elemento subordinación, por lo que no era procedente declarar la existencia de una
relación laboral encubierta a favor de la actora.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión. Manifestó su inconformidad en relación con lo
resuelto por el juez de tutela de primera instancia y, citó unos precedentes
jurisprudenciales del Consejo de Estado en relación con los elementos para la
estructuración de una relación laboral encubierta.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
3.1. De acuerdo con la decisión de tutela de primera instancia, advierte la Sala que
se hizo un estudio conjunto en relación con las inconformidades que fueron
planteadas por la accionante en el escrito de tutela, encontrando que no se
advertía un desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la materia,
3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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así como tampoco una indebida valoración de las pruebas que llevaran a
concluir la existencia del elemento subordinación que permitiera establecer
una relación laboral encubierta.
3.2. En ese sentido, teniendo en cuenta el escrito tanto de tutela como de
impugnación y conforme lo resuelto en primera instancia, corresponde
establecer a la Sala si asistió razón al juez de tutela de primer grado en negar
las pretensiones de la demanda de tutela al encontrar que la decisión del 30
de abril de 2024 emitida por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera
de Decisión, en el medio de control con la radicación Nro. 27001-33-33-003-
2014-00421-00/01, incurrió en los presuntos defectos por desconocimiento del
precedente y fáctico, al estar acreditada la subordinación como elemento para
establecer la existencia de un contrato realidad.
4. Análisis conjunto de los defectos por desconocimiento del precedente y
fáctico en el caso concreto.
4.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo
son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión
del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado
en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación”.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); iii)
que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); iv) que el
juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para separarse
del precedente).
El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: i) cuando
se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través
de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata
de sentencias de unificación.
De otra parte, el defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto,
práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la
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decisión. En efecto, la Corte Constitucional7 ha dicho que el defecto fáctico es
un error relacionado con asuntos probatorios y, además, reconoce que tiene
dos dimensiones: una dimensión negativa y una positiva.
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso8; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión9; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo10.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión11;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia12.
La Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la protección
constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se identifique que el
juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error ostensible y
flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la decisión 13. En
suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los requisitos de
razonabilidad y trascendencia14.
Bajo la anterior premisa, la jurisprudencia constitucional ha indicado que, en
razón a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico
debe ser de carácter “extremadamente reducido”, dado que es en el juicio de
valoración probatoria donde adquieren mayor trascendencia estos principios15.
4.2. De la revisión hecha a la decisión que es objeto de cuestionamiento por parte
de la accionante, lo primero que debe resaltar la Sala es que no se trata de
personal de la salud sino de labores de orden administrativo al interior de
Caprecom en Liquidación. Al respecto precisó la sentencia del Tribunal
Administrativo del Chocó, lo siguiente:
“Bajo este panorama, vale precisar las obligaciones del contratista, pactadas en las ordenes
de prestación de servicios; en ese sentido se tiene:
‘(…)
1) Lograr la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual.
2) Dirigir, controlar y evaluar el cumplimiento de las políticas, normas, procesos,
procedimientos, planes y programas que tengan que ver con el desarrollo de sus
obligaciones.
3) Presentar informes que determine el supervisor del contrato.
4) Acudir a la liquidación del contrato cuando sea citado por la entidad.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
11 Ibidem.
12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-226 de 2013. C.P. Alexei Julio Estrada.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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5) Presentar una vez terminado el contrato, el informe final de ejecución y remitir copia del
mismo a la Subdirección Administrativa de CAPRECOM’. Posteriormente, a partir de los contratos de prestación de servicios suscritos entre la
demandante y la entidad demandada en el mes de junio de 2013, se pactaron las siguientes
obligaciones a cargo del contratista así:
‘1. Cumplir con el objeto de la orden de conformidad con las especificaciones señaladas en el presente
documento
2. Acreditar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integrar (Salud, Pensión y Riesgos Laborales),
de acuerdo con los porcentajes fijados por las normas respectivas, en cumplimiento del artículo 50
de la Ley 789 de 2022, en concordancia con la Ley 812 de 2003, el Decreto 4982 de 2007, Ley 100
de 1993, Ley 987 de 2003, Ley 1122 de 2007 y Ley 1562 de 2012. 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y obstáculos. 4. Prestar el servicio contratado, con parámetros de calidad y de acuerdo con las normas establecidas
según la profesión u oficio. 5. Dar aviso oportuno de aquellos aspectos que puedan generar obstáculos para el desarrollo de la
prestación del servicio. 6. Suministrar la información oportuna al Supervisor del contrato sobre el estado del mismo. 7. Presentar al supervisor de la orden de Prestación de Servicios el respectivo informe de actividades
objeto de la presente orden, con el fin de que se expida la certificación mediante la cual se establece
el cumplimento de las actividades para el pago de los honorarios. 8. Apoyar a la División de Contratos y Licitaciones de la Entidad adelantando los procesos de
Contratación Directa, Adiciones y Prorrogas que le sean asignados, en las Etapas Precontractual,
Contractual y Pos Contractual. 9. Ceñirse a lo dispuesto en el manual de contratación de la Entidad en desarrollo de los procesos
contractuales. 10. Realizar trámites, seguimientos y llevar hasta su culminación los procesos de incumplimientos que
se presenten en CAPRECOM. 11. Dar cumplimiento a las directrices de la Subdirección Jurídica respecto de los procesos a su cargo. 12. Adelantar procesos de Invitación Pública y Privada que le sean asignados, en la etapa
precontractual contractual y post contractual. 13. Diligenciar los datos requeridos en los sistemas de información de la Entidad para efectos del
seguimiento de los procesos contractuales. 14. Prestar asesoría a las Direcciones Territoriales en materia contractual cuando se requiera. 15. Revisar las pólizas que se alleguen con ocasión de los contratos suscritos. 16. Desarrollar las funciones encargadas de forma oportuna, con claridad y en los términos solicitados,
sin demoras, ni dilaciones. 17. Suministrar la información oportuna al Subdirector Jurídico y al Jefe de División de Contratos y
Licitaciones sobre el estado y desarrollo de cada uno de los procesos contractuales. 18. Obrar con lealtad y buena fe en desarrollo de los procesos contractuales, evitando dilaciones y
obstáculos. 19. Rendir los informes solicitados por el jefe de la División de Contratos y Licitaciones y la Subdirección
Jurídica. 20. Realizar, al finalizar el contrato, entrega formal al supervisor administrativo, de un informe de
actividades y de los expedientes contractuales que tenga a su cargo, de lo que se remitirá copia de
la misma a la Subdirección Jurídica Nivel Central para análisis del Jefe de División de Contratos y
Licitaciones, quien dará el visto bueno a la misma y sin el cual el supervisor por ningún motivo
podrá emitir la certificación de cumplimento para el pago, so pena de las sanciones disciplinarias a
que hubiere lugar. 21.
Las demás asignadas por el supervisor del contrato y que se deriven del objeto contractual.’
De lo descrito se puede observar que las diferentes labores desempeñadas por la actora no
eran inherentes a la prestación de los servicios de salud, por cuanto sus funciones concernían
a lo relacionado con los procesos de contratación de la entidad”.
4.3. Ahora bien, en punto a la resolución del caso, es posible advertir que el
desarrollo de la providencia que se cuestiona, inició con la enunciación del
marco tanto normativo como jurisprudencial, este último a partir de la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda SUJ-025-
CE-S2-2021 (radicación 05001-23-33-000-2013-01143-01), en la que se
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establecieron los parámetros a tener en cuenta para identificar la existencia de
una relación laboral encubierta o subyacente por contratos de prestación de
servicios.
A partir de ahí, el tribunal conforme con las pruebas allegadas al expediente,
verificó que si bien estaba acreditada la prestación personal y el pago de una
retribución o valor por el servicio prestado, el elemento subordinación no
estaba demostrado, pues que no existía prueba de la exigencia de órdenes,
llamados de atención o memorandos, así como el cumplimiento de un horario,
sin que esto implicara el deber de acudir a cumplir con las obligaciones
pactadas e igualmente, encontró que existieron distintas interrupciones en la
vinculación de la señora Carmen Alicia Rodríguez Palacios con la entidad, lo
que indicaba que no podía encontrarse en las mismas condiciones de otros
empleados de planta de la entidad.
La sentencia cuestionada, hizo la siguiente reseña en relación con el
precedente de unificación mencionado en precedencia y que extrañó la
accionante:
“12. De la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021.
El H. Consejo de Estado, en su Sección Segunda, ha proferido sentencia de unificación con
el objetivo de frenar el uso indiscriminado13 del contrato de prestación de servicios, mediante
el cual, las administraciones públicas pretenden esconder u ocultar verdaderas relaciones de
trabajo. En dicha providencia, el H. Consejo de Estado destacó algunos elementos para que
el operador jurídico pudiera evidenciar si frente a determinadas situaciones fácticas se podía
entender que efectivamente se trata de la existencia de un vínculo laboral, a saber:
(…)
Conforme a la anterior Sentencia de unificación, siempre y cuando confluyan los elementos
ya reseñados y se alleguen al plenario todos los elementos de prueba que permitan establecer
que en un contrato de prestación de servicios profesionales se disfrazó una verdadera relación
laboral, el juez de lo contencioso administrativo no le queda otro camino que reconocer que la
entidad debe pagar por dicho concepto, todos los salarios y prestaciones sociales y demás
emolumentos, pues la labor realizada era de las que se requieren de manera constante dentro
de la entidad pública. Ahora bien, también ha sido objeto de pronunciamiento por parte del
Consejo de Estado, respecto de los elementos que configuran la relación laboral enmascarada
en un contrato de prestación de servicios, más específicamente en cuanto al elemento de la
subordinación, pues no se puede hablar de una simple coordinación para desarrollar el objeto
contractual, sino que esa persona está bajo las órdenes de un superior, cumple turnos,
horarios, desdibujándose de esta manera las características propias de un contrato u orden
de prestación de servicio.
Al analizar el caso concreto, hizo las siguientes consideraciones de cara a lo
probado en el proceso:
“Se observan además, Informes de Supervisión Administrativa a los contratos suscritos entre
la demandante y la entidad demandada en los que la Coordinadora de la IPS Clínica
Caprecom Quibdó verifica las siguientes situaciones contractuales cumplidas, tales como:
• Pagar los valores pactados en contraprestación de los servicios contratados.
• Suministrar los documentos y elementos necesarios para la ejecución del contrato.
• Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
• Verificar y dejar constancia del pago de salud y pensiones por parte del contratista.
Más allá de ello, no se logra acreditar el cumplimento de órdenes de un jefe inmediato,
llamados de atención o memorandos; aunado a ello, no se evidencia el cumplimiento de un
horario; de hecho, ha de precisarse que en las vinculaciones por contratos de prestación de
servicios es considerable que el contratista deba cumplir con sus obligaciones teniendo en
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cuenta las condiciones indispensables para el desarrollo efectivo de la actividad contratada,
en el que se incluye el cumplimiento de un horario sin que ello traduzca necesariamente la
configuración del elemento de subordinación.
Así mismo se evidenciaron varias interrupciones en su vinculación con la entidad, lo cual indica
que la demandante no podía encontrarse en las mismas condiciones de otros empleados
públicos de la planta de personal de la entidad, en tanto desempeñaba personalmente labores
diferentes que según la necesidad del servicio se requerían en el momento
Así las cosas, era menester que la contratista, demostrara la existencia del elemento
denominado subordinación en los respectivos contratos, lo cual dependiendo del respectivo
análisis quedara probado con suficiencia la efectividad de la relación laboral reclamada.
Bajo ese entendido y en virtud del principio de causa petendi 20, le correspondería en este
caso a la parte demandante la demostración de los supuestos de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que persigue (artículo 167 del Código General del Proceso), para
probar sin lugar a dudas, que una vez vistos en contexto los elementos de acatamiento de
órdenes, cumplimiento de turnos y desempeño de funciones inherentes al objeto de la entidad
en las mismas condiciones que los empleados de planta, prestación del servicio continua,
permanente y habitual y no esporádico u ocasional, es dable colegir indiscutiblemente que se
configuró el elemento de la subordinación, pues dicho sea de paso, cualquiera de estos
factores visto aislada y desarticuladamente no constituyen per se la dependencia predicada
del contrato laboral.
En este caso, no quedó demostrado que la contratista debía someterse ineludiblemente a las
órdenes e instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo, modo
y lugar que estos impusieran, es decir, que no ejercían de manera autónoma e independiente
la actividad para la cual fue contratada.
Lo anterior podía probarse, se insiste, a través de oficios, llamados de atención, memorandos
de los cuales se advirtiera la imposición de órdenes e instrucciones sobre la forma de prestar
el servicio más allá de lo que razonablemente debía realizar la contratista en virtud de la
actividad contratada; las que demostraran las sanciones o el uso del poder disciplinario del
nominador por el incumplimiento de las funciones contratadas, el incumplimiento de un horario
fijado exclusivamente por la entidad; las que acreditaran el deber de disponibilidad permanente
como los registros de llamadas y comunicaciones en ese sentido, y que superaran lo
contratado en caso de que por la actividad requerida así se necesitase; y en materia de
testimonios, los cuales no se practicaron en este asunto, la asertividad, razonabilidad y
completitud de los dichos de estos que permitieran establecer la forma en que se exigía el
cumplimiento de un horario no convenido con el contratista, la forma en que se daban las
órdenes e instrucciones, las consecuencias de su incumplimiento, entre otras.
Advierte la Sala que, en el presente asunto, no se aportaron pruebas documentales ni de
carácter testimonial que permitieran conocer la manera en que se desarrolló la relación laboral
entre la demandante y CAPRECOM; inclusive, por sí solos, el objeto de cada uno de los
contratos de prestación de servicios, no permiten establecer que, para el desarrollo de las
actividades, hubo necesaria dependencia y subordinación”.
4.4. A partir de las consideraciones hechas en la sentencia, es posible concluir que,
en realidad se trató de una ausencia probatoria por parte de la demandante, a
quien correspondía demostrar la existencia de los elementos de la relación
laboral encubierta, en concreto el de la subordinación, sin que, como lo indica
el tribunal existieran pruebas documentales ni testimoniales que permitieran
llegar a una conclusión distinta.
De manera que, aspectos como la no observancia de lo manifestado en la
contestación de la demanda en su momento por parte de Caprecom, no puede
entenderse como un desconocimiento de la prueba, pues el juez ordinario lo
que hace es ponderar los argumentos de las partes y verificar si las pruebas
allegadas al plenario dan cuenta o no de las manifestaciones que se hacen, lo
que como indicó la providencia, no ocurrió.
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En relación con las declaraciones que dice, probaban la relación laboral, no
indicó en concreto las declaraciones de quiénes eran las que daban cuenta de
esas afirmaciones, en el expediente ordinario es posible evidenciar como lo
anunció el acta de la audiencia de pruebas, que se rindieron dos
declaraciones, las de las señoras Diana Paola Mosquera y Brinnay Córdoba
Rodríguez, solicitadas por la actora como prueba, pero la accionante no indicó
si eran estas u otras declaraciones las que se habían desconocido por parte
del tribunal y en concreto, con respecto a qué afirmaciones, de manera que no
es posible entender un desconocimiento con una afirmación de carácter
general.
Del concepto del procurador que en criterio de la actora fue desconocido,
tampoco se trata de un medio de prueba sino de la manifestación que hace el
Ministerio Público al decidir intervenir en un proceso ordinario, lo que, si bien
es revisado por el juez natural, no se trata de un concepto de obligatorio
acatamiento, de manera que, también hace parte de la revisión conjunta que
debe hacerse del caso.
4.5. Finalmente, no se advierte un desconocimiento del precedente jurisprudencial,
por el contrario, el tribunal partió de los criterios y lineamientos allí dispuestos
para, conforme lo probado en el expediente y los hechos concretos del caso,
verificar si se acreditaban los elementos de la relación laboral, lo que como
quedó expuesto, no se evidenció por el juez natural.
Ahora bien, las sentencias que citó en el escrito de impugnación, de un lado,
no fueron mencionadas en el escrito de tutela inicial y, de otro, se trata de
precedentes anteriores a la sentencia de unificación, pues se citan sentencia
de los años 2003, 2005 y 2008 emitidas por la Sección Segunda del Consejo
de Estado en cada una de sus subsecciones, por tal razón, no pueden ser
tenidos como antecedentes que debieran ser observados por el tribunal, pues
dicha autoridad judicial estaba en el deber de revisar un precedente posterior
y de unificación, lo que en efecto ocurrió en la decisión que se analiza en esta
oportunidad.
5. Conclusión
Conforme lo expuesto en precedencia, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que
negó las pretensiones de la acción de tutela, al no estructurarse los defectos
propuestos por la accionante.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el del 16 de julio de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por las consideraciones
que anteceden.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
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3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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