Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03134-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03134-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03134-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
13 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03134-00
Accionante: Jairo Lotta
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Concede amparo respecto de una pretensión /
Declara improcedente otra pretensión por falta de subsidiariedad
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por Jairo Lotta en contra del
Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá y la Policía Nacional.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 18 de junio del año en curso, el señor Jairo Lotta instauró demanda de tutela,
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición y libre
locomoción.
2.
De acuerdo con su relato, el 28 de febrero de 2024 solicitó a la Unidad
Administrativa Especial de Migración Colombia que le informara si para esa fecha
existía en la base de datos de la entidad alguna orden de carácter judicial o
administrativo que restringiera su salida del país. En caso afirmativo, pidió que se le
indicara el número de radicado del expediente dentro del cual se impuso esa
restricción, el juzgado de conocimiento y la causa que dio origen a la misma.
3.
En respuesta a dicha solicitud, el 4 de marzo siguiente, la entidad le indicó que en
su sistema de información no obraba ninguna anotación proveniente de juzgados y/o
autoridades administrativas a su nombre. Sin embargo, le informó que registraba
asuntos judiciales, los cuales debían ser consultados ante la Policía Nacional.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03134-00
Accionante: Jairo Lotta
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
4.
En atención a ello, el 6 de marzo de la presente anualidad radicó una solicitud ante
la institución policial con el objeto de que se le informara si para ese momento
reposaba en las bases de datos de la entidad alguna medida judicial o administrativa
que restringiera su salida del país. De ser así, solicitó dar a conocer los datos de la
providencia judicial mediante la cual se ordenó esa restricción, el número del
expediente dentro del cual fue proferida, así como la vigencia de la medida.
5.
Mediante oficio número GS-2024-051754 del 2 de abril de 2024, la Policía Nacional
le indicó que en el sistema aparecía registrado un impedimento de salida del país,
ordenado mediante el oficio 4180 del 3 de abril de 1981 por el Juzgado Civil de
Menores de Bogotá, dentro del proceso de alimentos con radicado número 11001. A
su vez, precisó que para realizar la actualización de la anotación señalada, se
requiere que las autoridades judiciales que dispusieron su inserción remitan a la
Dirección de Investigación Criminal e Interpol y/o cualquiera de sus Seccionales, las
decisiones judiciales correspondientes.
6.
Según el actor, para la fecha en que fue impuesta la medida de restricción, el
conocimiento de los procesos de alimentos le correspondía a los Jueces Civiles de
Menores, pero posteriormente esa competencia se trasladó a los jueces de familia
del domicilio del menor de edad, acorde a lo previsto en el Código General del
Proceso.
7.
En consideración a lo anterior, el 9 de mayo del año en curso solicitó al Consejo
Superior de la Judicatura que le informara: (i) el despacho de la jurisdicción ordinaria
civil en su especialidad de familia que asumió el conocimiento del expediente
tramitado ante el Juzgado Civil de Menores de Bogotá D.C., bajo el radicado 11001;
(ii) el estado actual de ese proceso; y, (iii) el mecanismo judicial diseñado para
solicitar el levantamiento de la medida cautelar que aparece a su nombre en los
registros de la Policía Nacional. Esto último, teniendo en cuenta que actualmente su
hija, quien era la titular del derecho de alimentos en el año 1981, no se encuentra
bajo ninguno de los supuestos de hecho contemplados en el artículo 411 del Código
Civil.
8.
El 10 de mayo siguiente, el Consejo Superior de la Judicatura trasladó el asunto
por competencia al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Este último, a su
vez, lo remitió al Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles
Laborales y de Familia de Bogotá.
9.
En virtud de lo anterior, el 14 de mayo de 2024 el referido Centro de Servicios le
comunicó al peticionario la información que arrojaba la plataforma de Consulta de
Procesos de la Rama Judicial con la búsqueda por su nombre, para lo cual anexó
una captura de pantalla. Además, le remitió el directorio institucional para efectos de
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03134-00
Accionante: Jairo Lotta
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que direccionara sus requerimientos al despacho judicial encargado de conocer del
proceso en cuestión.
10.
El actor consideró que no se le otorgó una respuesta de fondo, pues en la consulta
de procesos referida aparecen relacionados diferentes expedientes judiciales en los
que obran como parte personas homónimas, sin que ninguno de ellos se relacione
con el proceso objeto de consulta. Por esa razón, el 15 de mayo del año en curso
pidió al Centro de Servicios que atendiera de forma oportuna e integral su solicitud.
11.
El 20 de mayo de 2024, la oficina le indicó que la consulta en el sistema de Reparto
Judicial -SARJ- no arrojó registro alguno relacionado con la información requerida,
toda vez que la herramienta tecnológica se encuentra sistematizada desde el año
2002. Motivo por el cual le sugirió remitir la petición ante los primeros 15 Juzgados
de Familia para que revisaran en sus bases de datos, igualmente le suministró las
respectivas direcciones de correo electrónico, aclarándole que debía dirigir su
solicitud directamente ante los despachos judiciales, sin involucrar el correo del
Centro de Servicios.
12.
También le advirtió que la efectividad del reporte que arroja la página de Consulta
de Procesos de la Rama judicial una vez se filtra la búsqueda por el nombre del
sujeto procesal, depende de que al momento de radicar las demandas se hayan
aportado todos los datos, por lo cual le recomendó realizar la búsqueda en la
plataforma, en donde podría encontrar no solo la información de los Juzgados
Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá, sino de todas especialidades, en todo el
territorio nacional.
13.
La parte actora sostuvo que, si bien el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo
específico para el levantamiento de medidas cautelares, éste requiere de la
existencia e identificación del proceso judicial en el que se dictó la medida. No
obstante, en su caso, luego de haber agotado todos los medios para obtener la
información sobre el proceso en cuestión, le fue informado que no se halló ningún
registro, por lo que le es imposible acudir por la vía ordinaria a solicitar el
levantamiento de la medida.
14.
Adujo que la falta de respuesta de fondo frente a las solicitudes en las que pidió
información acerca de la orden de carácter judicial o administrativo que impide su
salida del país, no sólo comporta una vulneración a su derecho fundamental de
petición, sino también a su libertad de locomoción que, aunque puede estar sujeta a
restricciones, no existe un fundamento legal que respalde la existencia de la medida,
puesto que no se cumple ninguno de los supuestos de hecho para que su hija
continúe siendo titular del derecho de alimentos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03134-00
Accionante: Jairo Lotta
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
15.
De ahí que la acción de tutela se constituya como el mecanismo idóneo para
obtener la protección de los derechos que reclama, en aras de evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable.
16.
Como pretensión principal, solicitó que se profiera una orden de carácter judicial
dirigida a la Policía Nacional mediante la cual se disponga el levantamiento de la
medida cautelar de impedimento de salida del país, por haberse superado las causas
que dieron sustento a la misma y al no existir un despacho judicial ante el cual pueda
dirigirse para elevar tal requerimiento. De manera subsidiaria, pidió que se ordene a
la accionadas informar a la parte demandante el despacho que actualmente conoce
el proceso objeto de búsqueda.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
17.
Mediante auto de 21 de junio de 2024, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;
(ii) notificar de su presentación a las accionadas; (iii) vincular al Centro de Servicios
Judiciales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá y al Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, en calidad de terceros interesados; y (iv)
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
18.
Durante el trámite de tutela, se allegaron las siguientes intervenciones:
(i) Consejo Superior de la Judicatura – Centro de Documentación Judicial
(Cendoj)2
19.
Solicitó ser desvinculado del trámite de tutela, toda vez que remitió de manera
oportuna la solicitud presentada por el accionante el 9 de mayo de 2024 a la entidad
que consideró competente para conocer de la misma, esto es, al Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá. Lo cual fue comunicado al peticionario. Y, en todo caso,
el 25 de junio siguiente atendió la petición, indicándole a la parte actora que la
información incorporada en el Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificado
es un reflejo de lo que incluyen directamente tanto los despachos como las
Corporaciones Judiciales.
20.
Por su parte, expuso que el Cendoj funge como administrador funcional del portal
web de la Rama Judicial, mientras que el sistema de Consulta de Procesos es
administrado por la Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, cuya finalidad es dar publicidad y facilitar la
consulta a los usuarios. Aclaró que esa herramienta digital no constituye un registro
de antecedentes penales y/o disciplinarios, pues únicamente las condenas
2 Intervención digital contenida en 5 folios.
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Accionante: Jairo Lotta
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
proferidas en sentencias judiciales de forma definitiva tienen la calidad de
antecedentes penales.
(ii) Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá 3
21.
Informó que el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles,
Laborales y de Familia de Bogotá es un órgano técnico y administrativo adscrito a la
Dirección Seccional, que tiene a su cargo la radicación y entrega de las demandas
y/o comisión en los distintos juzgados de la especialidad civil, laboral y familia en la
categoría de circuito, municipal y pequeñas causas.
22.
Acorde con lo anterior, quien tiene la competencia para realizar el levantamiento
de la medida cautelar que restringe su salida del país es el juez que dispuso su
decreto y no el Centro de Servicios. Por consiguiente, solicitó su desvinculación de
la acción constitucional ante la falta de legitimación en la causa por pasiva.
(iii) Policía Nacional - Dirección de Investigación Criminal e Interpol4
23.
Indicó que, una vez verificado su sistema de información, encontró a nombre del
accionante la anotación de un impedimento de salida del país, ordenado mediante el
oficio 4180 del 3 de abril de 1981 por el Juzgado Civil de Menores de Bogotá, dentro
del proceso de alimentos con radicado número 11001, pero no evidenció la
radicación de algún oficio o alguna providencia judicial que permitiera la cancelación,
modificación y/o actualización de los registros que aparecen en sus bases de datos.
24.
Precisó que la Policía Nacional no cuenta con la facultad para cancelar o eliminar
de las bases de datos antecedentes penales de manera autónoma, sino que su
función se circunscribe actualizar la información allí consignada de acuerdo a lo que
le sea comunicado por parte de las autoridades judiciales competentes. De esta
manera, la Seccional de Investigación Criminal de Cundinamarca funge como
administradora de una base de datos que se actualiza diariamente, pero con la
información que remiten las autoridades judiciales competentes a nivel nacional.
25.
Por lo que en el evento en que el ciudadano esté interesado en que se actualice
o rectifique la información que sobre él reposa en el sistema de la entidad, puede
acudir por las vías ordinarias para el efecto, remitiendo a la entidad las providencias
judiciales respectivas, sin necesidad de acudir al mecanismo constitucional,
conforme lo previsto en la Ley 1581 de 20125.
3 Intervención digital contenida en 9 folios.
4 Intervención digital contenida en 4 folios.
5 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.”
5
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26.
Por todo lo expuesto, aseveró que no ha vulnerado en forma alguna los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, en tanto su actuar se ha ajustado a
derecho.
(v) Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá6
27.
Adujo que, de la lectura del escrito de tutela, no se evidencia que el actor haya
endilgado algún actuar en su contra que considere transgresor de los derechos
fundamentales que invoca. Tampoco encontró en sus bases de datos algún escrito
radicado por el demandante. Por ello, estima que carece de legitimación en la causa
por pasiva, en tanto no tiene la competencia para atender lo pretendido por la parte
actora, pues a quien le corresponde ordenar el levantamiento de la medida de
restricción de salida del país, es el despacho judicial que tiene a su cargo el
conocimiento del asunto.
28.
En todo caso, esgrimió que la Corporación estaría atenta a lo que se resuelva en
el presente trámite de tutela, a efectos de determinar si, resulta procedente, activar -
de oficio- el mecanismo de vigilancia judicial, en caso de que los Juzgados de Familia
de conocimiento no decidieran acerca de la petición del accionante.
29.
Rendidos los informes respectivos, el proceso ingresó nuevamente al Despacho
del Consejero Ponente. No obstante, previo a adoptar una decisión de primera
instancia, se advirtió la necesidad de complementar los elementos de juicio obrantes
en el expediente. Motivo por el cual, a través de auto del 15 de julio de 2024, se
requirió a la Policía Nacional para que remitiera copia de la providencia judicial o, en
su defecto, del oficio que recibió por parte de la autoridad judicial correspondiente
que dio lugar al registro de la medida cautelar que aparece en sus bases de datos
que restringe la salida del país del accionante.
30.
En respuesta a ese requerimiento, además de reiterar los argumentos expuestos
en la contestación de la demanda, la Seccional de Cundinamarca de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol aportó copia de un oficio expedido el 27 de abril de
1981 por la División de Laboratorios e Identificación de la Sección de Registros
Delictivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (Das), remitido a la
Policía Nacional, donde se informó sobre la restricción de salida del país impuesta al
accionante por Juzgado Segundo Civil de Menores de Bogotá, dentro de un proceso
de alimentos.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
6 Intervención digital contenida en 3 folios.
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Accionante: Jairo Lotta
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
31.
La Sala no desvinculará del trámite de tutela al Consejo Superior de la Judicatura,
ni al Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales y de
Familia de Bogotá, en la medida que, ambas entidades, tuvieron conocimiento de la
solicitud mediante la cual el actor pidió información sobre la medida cautelar que
reposa a su nombre y frente a la cual reprocha la falta de una respuesta de fondo.
Por lo que, en ese escenario, de advertirse que resultan competentes para tramitar
este asunto, serían las llamadas a responder por la vulneración alegada en caso de
ser constatada.
D. Derecho de petición como instrumento para la materialización de otras
garantías constitucionales
32.
De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política “toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución”. Así, el derecho de petición tiene
una finalidad doble; por un lado, permite que los interesados presenten peticiones
respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una contestación oportuna,
eficaz, de fondo y congruente con los requerimientos que plantea el peticionario.
33.
Según lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1755 de 20157, en ejercicio de esa
prerrogativa, el peticionario cuenta con la posibilidad de solicitar información, la
intervención de una autoridad, consultar, examinar y requerir copias de documentos,
formular consultas, quejas, denuncias y reclamos, entre otras cosas.
34.
De esta manera, el alcance del derecho fundamental de petición no se limita al
simple hecho de interponer una solicitud ante una autoridad o un particular, sino que
se erige como una herramienta o instrumento que permite a los sujetos la
materialización de otras garantías constitucionales, como por ejemplo el acceso a la
información o el acceso efectivo a la administración de justicia, entre otras.
35.
En tal sentido, la Corte Constitucional8 ha considerado que la transgresión del
derecho fundamental de petición puede derivar en una afectación al acceso a la
administración de justicia, cuando la falta de respuesta o su negativa frente a un
requerimiento en particular se imponen como barreras para que el ciudadano inicie
alguna acción judicial o pueda ejercer su defensa adecuadamente en un proceso
que se haya promovido en su contra. En esa medida, el Alto Tribunal ha sido enfático
en señalar que en aquellos eventos en que las autoridades o los particulares fungen
como sujetos pasivos de una petición deben abstenerse de obstruir a los
peticionarios el acceso al aparato judicial.
7 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
8 En sentencia T-317 de 2019.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03134-00
Accionante: Jairo Lotta
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
E. Análisis del caso concreto
36.
En el caso bajo estudio, el actor acudió al juez de tutela por la falta de una
respuesta de fondo frente a una serie de solicitudes en las que ha pedido información
con el fin de conocer la autoridad judicial que conoció o tiene conocimiento del
proceso dentro del cual le fue impuesta la medida cautelar que restringe su salida
del país, así como la ubicación del expediente.
37.
Por consiguiente, pretende que, como consecuencia del amparo, se ordene el
levantamiento de la medida cautelar en cuestión, por haberse superado las causas
que dieron sustento a la misma y por no existir un despacho judicial ante el cual se
pueda dirigir tal requerimiento. De manera subsidiaria, pidió que se ordene a las
accionadas informar cuál es la autoridad judicial que en la actualidad tiene a su cargo
el conocimiento del proceso dentro del cual se decretó esa medida.
38.
De entrada, debe señalarse que la pretensión principal no satisface el presupuesto
de subsidiariedad, comoquiera que el juez constitucional no tiene la facultad para
ordenar directamente el levantamiento de una medida cautelar decretada en el
marco de un proceso judicial ordinario. La autoridad judicial que ordenó su decreto,
dentro del marco de las competencias que le han sido atribuidas, es a quien, en
principio, le correspondería disponer el levantamiento de la medida, bien sea, de
manera oficiosa o a solicitud de parte. Igualmente, será el sujeto interesado el
encargado de gestionar tal levantamiento.
39.
De la revisión del acervo probatorio, se observa que el operador judicial que
decretó la medida cautelar de restricción de salida del país en contra del señor Jairo
Lotta, fue el Juzgado Segundo Civil de Menores de Bogotá al interior del proceso de
alimentos tramitado con número de radicado 11001 que, vale destacar, data del año
1981.
40.
Tal como lo afirmó el tutelante, los Juzgados Civiles de Menores existentes para
esa fecha pasaron a ser Juzgados de Familia conforme lo establecido en el Decreto
2272 de 1989 9 , que fue derogado posteriormente por medio de la Ley 1564 de
201210, a través de la cual, entre otras cosas, se introdujeron algunas reglas relativas
a la competencia de los jueces para conocer de los diversos asuntos a cargo de la
jurisdicción ordinaria según su especialidad.
41.
De lo anterior, se colige que aunque es cierto que los Juzgados Civiles de Menores
fueron suprimidos, también lo es que los asuntos que tenían a su cargo debieron
9 “Por el cual se organiza la jurisdicción de familia, se crean unos despachos judiciales y se dictan otras
disposiciones.”
10 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.”
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03134-00
Accionante: Jairo Lotta
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
haber sido repartidos a otros despachos judiciales con el propósito de que continuara
su trámite, entre ellos, en el que se decretó la medida cautelar de restricción de salida
del país del accionante.
42.
Por lo que, en principio, el accionante debe dirigirse directamente a la autoridad
judicial a la que le fue trasladado ese asunto para solicitar su levantamiento o requerir
la constancia de que previamente cesaron los efectos de esa cautela.
43.
Sin embargo, no puede pasarse por alto que ello no ha sido posible ante la falta
de certeza sobre la existencia y la ubicación del proceso, muy a pesar de las distintas
solicitudes que ha elevado el accionante con el fin de obtener esa información, pero
frente a las cuales no se le ha otorgado una respuesta de fondo, lo que le ha impedido
dirigirse directamente a la autoridad competente para el efecto y, en esa medida,
resulta procedente un amparo, pero de cara a la solicitado en la pretensión
subsidiaria.
44.
En efecto, se tiene que, luego de que le fuera informado por parte de la Policía
Nacional sobre la anotación que reposaba a su nombre en las bases de datos de la
entidad y la cual únicamente podía ser actualizada o cancelada con la respectiva
providencia judicial que así lo ordenara, en un actuar diligente y en aras de agotar
los mecanismos que tenía a su alcance para obtener el levantamiento de la medida
cautelar, el accionante solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que le informara:
(i) el despacho de la jurisdicción ordinaria civil en su especialidad de familia que
asumió el conocimiento del expediente tramitado ante el Juzgado Civil de Menores
de Bogotá D.C., bajo el radicado 11001; (ii) el estado actual de ese proceso y; (iii) el
mecanismo judicial diseñado para solicitar el levantamiento de la medida cautelar
que aparece a su nombre en los registros de la Policía Nacional.
45.
Esa petición fue remitida por competencia al Consejo Seccional de la Judicatura
de Bogotá que, a su vez, la trasladó al Centro de Servicios Administrativos para los
Juzgados Civiles Laborales y de Familia de Bogotá. Este último, asumió la
competencia para conocer de la solicitud y le comunicó al peticionario la información
que arrojaba la plataforma de Consulta de Procesos de la Rama Judicial con la
búsqueda por su nombre, para lo cual anexó una captura de pantalla. Además, le
remitió el directorio institucional para efectos de que direccionara sus requerimientos
al despacho judicial encargado de conocer del proceso en cuestión.
46.
No obstante, el actor consideró que no se le otorgó una respuesta de fondo, pues
en la consulta de procesos referida aparecen relacionados diferentes expedientes
judiciales en los que obran como parte personas homónimas, sin que ninguno de
ellos se relacione con el proceso objeto de consulta. Por esa razón, pidió al Centro
de Servicios que atendiera de forma oportuna e integral su solicitud.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03134-00
Accionante: Jairo Lotta
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
47.
En virtud de lo anterior, la oficina le indicó que la consulta en el sistema de Reparto
Judicial -SARJ- no arrojó registro alguno relacionado con la información requerida,
toda vez que la herramienta tecnológica se encuentra sistematizada desde el año
2002. Motivo por el cual le sugirió remitir la petición ante los primeros 15 Juzgados
de Familia para que revisaran en sus bases de datos y le suministró las respectivas
direcciones de correo electrónico.
48.
Para esta Subsección ninguna de las respuestas otorgadas por el Centro de
Servicios satisface los requisitos establecidos jurisprudencialmente para que se
entiendan constitucionalmente válidas, en tanto no constituyen una respuesta de
fondo.
49.
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional 11 ha señalado que la
contestación de fondo supone que la respuesta otorgada por la autoridad sea: (i)
clara, esto es, inteligible y de fácil comprensión; (ii) precisa, es decir, que atienda lo
pedido sin acudir a información impertinente o argumentos evasivos; y (iii)
congruente, de tal forma que abarque lo pedido.
50.
De acuerdo con la anterior, la Sala encuentra que la contestación otorgada por el
Centro de Servicios no comporta una respuesta de fondo, sino que, en su lugar, se
trata de una respuesta evasiva, que no atiende lo pedido y ciertamente resulta
insuficiente para abarcar la problemática planteada por el peticionario, pues termina
imponiéndole la carga excesiva y desproporcionada de acudir directamente a los
diferentes juzgados de familia existentes en todo el territorio nacional para obtener
la información requerida, sin ofrecer alguna razón concreta y puntual respecto al
proceso objeto de búsqueda, cuando lo cierto es que es su obligación adelantar
todas las gestiones necesarias para localizarlo, dada la función que le ha sido
asignada en cuanto al manejo de los expedientes judiciales y los recursos que tiene
a su alcance para desplegar las acciones correspondientes.
51.
Según el Acuerdo No. PSAA15-10445 del 2015, al Centro de Servicios le
corresponde velar por la custodia y buen manejo de todos los documentos que se
produzcan en cumplimiento de las funciones de los jueces y el mismo centro de
servicios, así como organizar, administrar y custodiar el archivo físico y tecnológico
de procesos judiciales que conocen los juzgados a los cuales prestan la función de
apoyo. Sin mencionar que expresamente tienen la función de atender al público, que
comporta competencias como facilitar la consulta de expedientes y contestar
peticiones.
52.
Por ende, aun cuando no se desconoce que se trata de un proceso que data de
varios años atrás, por lo que pudo haber estado a cargo de diferentes despachos
11 Corte Constitucional, Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En ese mismo sentido, ver
sentencias T-430 de 2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019 y T-230 de 2020.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03134-00
Accionante: Jairo Lotta
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
judiciales y oficinas administrativas, lo cual dificulta la labor de ubicarlo, ello no obsta
para que el Centro de Servicios se abstenga de su deber de informar esa situación
al actor, siempre que se hubiesen desplegado todas las gestiones pertinentes para
su búsqueda.
53.
No obstante, en este caso, no se evidencia algún actuar diligente por parte del
Centro de Servicios para atender el requerimiento hecho por el accionante. Por el
contrario, en un principio se limitó a indicarle sobre la posibilidad de la consulta en la
página web de Consulta de Procesos de la Rama Judicial, donde precisamente no
obra ninguna información relacionada con el expediente y, luego, cuando el actor le
pone de presente esa situación, se limita a realizar una búsqueda en una plataforma
tecnológica que fue sistematizada a partir del año 2002, pese a que tiene
conocimiento de la antigüedad del expediente, lo que hace probable que no haya
sido digitalizado, sino que se encontrara de manera física en una oficina de Archivo.
54.
Por lo tanto, aunque le asiste razón al Centro de Servicios en afirmar que a quien
le corresponde ordenar el levantamiento de la medida cautelar es a la autoridad
judicial a la cual le haya correspondido el conocimiento de asunto, lo cierto es que
para ello resulta indispensable que el usuario conozca el operador judicial al cual
debe dirigirse o, por lo menos, que tenga alguna información clara y concreta
respecto a lo sucedido con el expediente y así poder ejercer los mecanismos que
correspondan para obtener el levantamiento de la medida. Sin embargo, se reitera,
esa información no le ha sido suministrada, en un claro desconocimiento de su
derecho fundamental de petición.
55.
Además, se advierte que la ausencia de una respuesta de fondo frente a la
solicitud del actor, no solo deriva en una transgresión a su derecho fundamental de
petición, sino también al acceso efectivo a la administración de justicia y,
consecuentemente, a su libertad de locomoción, pues la falta de certeza sobre la
existencia y ubicación del expediente dentro del cual se ordenó la medida que
restringe su salida del país, se impone como un verdadero obstáculo para que pueda
acudir directamente ante la autoridad judicial que corresponda para solicitar el
levantamiento de la medida y, por consiguiente, que la Policía Nacional retire,
actualice o rectifique la información que reposa en sus bases de datos.
56.
En consecuencia, la Sala dispondrá la protección del derecho fundamental de
petición del señor Jairo Lotta, a fin de que el Centro de Servicios Administrativos para
los Juzgados Civiles Laborales y de Familia de Bogotá resuelva de fondo la solicitud
del actor. Para lo cual deberá indicar claramente: (i) la ubicación del expediente que
dio origen a la anotación que reposa en la base de datos de la Policía, precisando si
se encuentra en algún despacho judicial o, en su defecto, si está archivado, dando a
conocer la oficina física en la que reposa; y (ii) la última autoridad judicial que conoció
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03134-00
Accionante: Jairo Lotta
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de ese asunto. En caso de no ser posible ubicarlo, deberá informar al actor esa
situación, para que pueda adelantar el trámite que corresponda.
57.
Así, una vez se aclare lo relativo al proceso dentro del cual se decretó la medida,
el actor cuenta con la posibilidad de acudir directamente a la autoridad judicial que
le indique el Centro de Servicios, para solicitar el levantamiento de la medida. O, en
su defecto, en caso de no ser posible ubicar el expediente ni el juez que conoció del
asunto, puede dirigirse a la Policía Nacional a efectos de darle a conocer lo sucedido
con el expediente y, con fundamento en ello, realizar el reclamo respectivo, en los
términos del artículo 15 12 de la Ley 1581 de 2012, con el fin de que se corrija,
actualice o suprima la información que sobre él reposa en la base de datos de la
entidad.
58.
Frente a las eventuales determinaciones que se adopten en el marco de ese
procedimiento administrativo, el demandante también podrá acudir a la
Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- para que, en el marco de sus
competencias, adelante las investigaciones correspondientes y, como resultado de
ello, ordene las medidas que sean necesarias, en caso de advertir una posible
afectación a su derecho de habeas data. Para tales efectos, la SIC cuenta con la
facultad de disponer el bloqueo temporal de los datos, en el evento en que se
identifique un riesgo cierto de vulneración de derechos fundamentales y advierta que
el bloqueo resulta necesario para protegerlos, mientras se adopta una decisión
definitiva13.
59.
En las condiciones anotadas, resulta claro que, una vez obtenga la información
respectiva sobre el expediente en cuestión, la parte actora tiene a su disposición
diversos mecanismos tanto administrativos como judiciales que resultan idóneos y
eficaces para obtener el fin perseguido.
60.
Cabe recordar que, por virtud de su carácter subsidiario, la acción de tutela
únicamente procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una
solicitud de tutela, el interesado debió, previamente, haber agotado todos los
recursos idóneos y eficaces que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar
la situación que amenaza o lesiona sus derechos.
61.
De ahí que, en este caso, le esté vedado al juez de tutela ordenar directamente el
levantamiento de la medida cautelar que restringe la salida del país del accionante.
12 “El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos debe ser
objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de
los deberes contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo ante el Responsable del Tratamiento o el
Encargado del Tratamiento (…)”.
13 Artículo 21 de la Ley 1581 de 2012.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03134-00
Accionante: Jairo Lotta
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Máxime, cuando no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que
permitiera habilitar la intervención del juez constitucional, pues el actor se limitó
alegar una afectación a su libre locomoción en términos generales, sin exponer
alguna situación concreta de tal gravedad, que evidenciara la necesidad de adoptar
medidas transitorias e impostergables en sede de tutela.
62.
Por lo reseñado anteriormente, la Sala declarará la improcedencia de la
pretensión principal por no acreditar el cumplimiento del presupuesto de
subsidiariedad. Mientras que, en lo que respecta a la pretensión subsidiaria,
concederá el amparo del derecho fundamental de petición de la parte actora, para lo
cual ordenará al Centro de Servicios para los Juzgados Civiles Laborales y de
Familia de Bogotá que atienda de fondo la solicitud presentada por el actor el 9 de
mayo de 2024, en los términos indicados previamente.
63.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo en lo relacionado con
la pretensión principal, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Jairo Lotta. En
consecuencia, ordenar al Centro de Servicios para los Juzgados Civiles Laborales y
de Familia de Bogotá que, en el término de diez (10) días, brinde una respuesta de
fondo frente a la solicitud elevada por el accionante el 9 de mayo de 2024. Para ello,
deberá indicar de forma concreta: (i) la ubicación del expediente que dio origen a la
anotación que reposa en la base de datos de la Policía, precisando si se encuentra
en alguna oficina administrativa, en un despacho judicial o si está archivado y en qué
oficina; y (ii) la última autoridad judicial que conoció de ese asunto. En caso de no
ser posible ubicarlo, deberá informar al actor esa situación, a efectos de que este
último adelante el trámite que corresponda.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
13
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03134-00
Accionante: Jairo Lotta
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace o.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
14 VF
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