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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03136-00

Fecha
20 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03136-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Luz Ángela Diez Ruscher contra la sentencia proferida el veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa No. 76001-23-33-003-2015- 00346-01 (63085). SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales deberán ser liquidadas por la Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 y 255 del CPACA, 365 y 366 del CGP. Para el efecto, inclúyase por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), uno (1) para cada una de las entidades que intervino en este trámite, es decir, para la Nación - Rama Judicial y para la Fiscalía General de la Nación. TERCERO: En firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente previas las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03136-00

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

20 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03136-00 (5024)
Recurrente: Luz Ángela Diez Ruscher

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 16

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03136-00 (5024)
Recurrente: LUZ ÁNGELA DIEZ RUSCHER
Asunto: Causal 5° del artículo 250 del CPACA – nulidad originada en la sentencia

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión formulado contra la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023),
dentro del proceso de reparación directa No. 76001-23-33-003-2015-00346-01 (63085).

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa No. 76001-23-33-003-2015-00346-01 (63085)

1.1. El siete (7) de abril de dos mil quince (2015), los señores Luz Ángela Diez Ruscher, Hilda Luz Ruscher de Diez,
Hermann José Diez Ruscher, Juan Manuel Diez Ruscher, Eduardo José Velasco Diez y María Fernanda Diez Ruscher,
a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa en contra de la Nación - Rama Judicial y
de la Fiscalía General de la Nación, solicitando que fueran declaradas administrativamente responsables tanto por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en la tramitación del proceso penal al que fue vinculada la
señora Luz Ángela Diez Ruscher, como por la privación de la libertad de la que fue objeto y la cual calificaron como
injusta.

Como sustento de su demanda, en términos generales, indicaron que el diecinueve (19) de febrero de mil novecientos
noventa y nueve (1999) la Fiscalía Regional de Cali dictó orden de detención preventiva sin posibilidad de
excarcelación contra la señora Luz Ángela Diez Ruscher, como sindicada del delito de lavado de activos a través de
la compra de títulos de valores en la cooperativa en la que ejercía como gerente, en tanto por decisión del doce (12)
de junio de dos mil dos (2002) se le otorgó la libertad provisional, manteniendo su vinculación al proceso penal.

Señalaron que, mediante providencia de veinticinco (25) de marzo de dos mil nueve (2009), el Juzgado Segundo
Penal Especializado del Circuito de Cali dictó sentencia condenatoria, decisión que fue apelada y revocada por el
Tribunal Superior de Cali el veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013), autoridad que decretó la prescripción de
la acción penal.

En este contexto, la parte actora alegó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como
consecuencia de la conducta negligente de las autoridades demandadas en la investigación del ilícito endilgado, pues
el proceso penal se extendió por más de diez (10) años en los que la señora Diez Ruscher estuvo vinculada,
incurriendo en una clara mora en su tramitación y generando en ella afectaciones de toda índole. Además, solicitó

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Recurrente: Luz Ángela Diez Ruscher

que las accionadas fueran condenadas a pagar los perjuicios derivados de la privación de la libertad de la que fue
objeto la referida ciudadana, la cual tacharon de injusta1.

1.2. Mediante sentencia de veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.

Como sustento de su decisión, el a quo descartó el título de imputación de defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia bajo la consideración de que la prescripción de la acción penal se produjo por la complejidad
del delito que estaba siendo procesado, prescripción que tuvo lugar mucho tiempo después de que la señora Diez
Ruscher recobrara su libertad.

En ese sentido, explicó que el asunto debía examinarse como una privación de la libertad, respecto de la cual
consideró que el daño padecido no tenía la connotación de antijurídico, debido a que la detención preventiva se
sustentó en distintos elementos de prueba que permitían considerar que la demandante eventualmente había incurrido
en el delito de lavado de activos que se estaba investigando2.

1.3. Inconforme con esta decisión, la parte actora formuló recurso de apelación solicitando que se resolviera lo
relacionado con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, así como lo relativo a la mora judicial y
a la violación al debido proceso en el que, a su juicio, incurrieron las demandadas. Al respecto, aseguró que el daño
padecido estuvo ligado al hecho de que por más de diez (10) años la demandante estuvo sub judice hasta que
finalmente se decretó la prescripción de la acción penal. Por lo demás, consideró que la privación sí fue injusta, pues
constituye una carga pública que los ciudadanos no están en el deber de soportar3.

1.4. El recurso de apelación fue resuelto por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
decisión del veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), en la que se confirmó la sentencia de primera
instancia.

Para la autoridad de segunda instancia, la sola vinculación al proceso penal de la señora Diez Ruscher no generó
daño alguno ni constituyó una carga excesiva o desproporcionada. Asimismo, explicó que la parte actora no probó
que la alegada mora le hubiere causado un daño distinto al derivado de la privación de la libertad de la que fue objeto.

Además, la Subsección concluyó que la privación no podía ser calificada como injusta, toda vez que la conducta de
la víctima directa fue determinante en la imposición de la detención preventiva de la que fue objeto. Como sustento
de esta afirmación, la Sala puso de presente las contradicciones advertidas entre lo dicho por la señora Diez Ruscher
en la diligencia de indagatoria y las pruebas documentales obrantes en el expediente penal, las intercepciones
telefónicas recaudadas y las declaraciones rendidas por otros vinculados, situación que llevó al ente investigador a
inferir válidamente que la demandante sí había participado en el delito de lavados de activos que se estaba
investigando y, por ende, a la imposición de la medida de aseguramiento.

Por lo demás, la Sala dispuso condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante, fijando por este
último concepto el tres por ciento (3%) del valor de las pretensiones de la demanda para la primera instancia y la suma

1 Demanda disponible a folios 1 a 26 del PDF denominado “1.2015.00346.00” del enlace one drive contenido en el PDF
“031ED_LINKEXPEDIENTEDIGITA”, documento tipo ZIP “50RECIBEPRUEBAS_Memorial_OneDrive_20250317zip” del índice 31 de SAMAI.
2 Sentencia disponible en los folios 1 a 60 PDF denominado “V Cuaderno del Consejo de Estado” del enlace one drive contenido en el PDF

“031ED_LINKEXPEDIENTEDIGITA” de que trata el documento tipo ZIP “50RECIBEPRUEBAS_Memorial_OneDrive_20250317zip” del índice
31 de SAMAI.
3 Recurso disponible en los folios 41 a 85 del PDF denominado “V Cuaderno del Consejo de Estado” del enlace one drive contenido en el

PDF “031ED_LINKEXPEDIENTEDIGITA” de que trata el documento tipo ZIP “50RECIBEPRUEBAS_Memorial_OneDrive_20250317zip” del
índice 31 de SAMAI.
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Recurrente: Luz Ángela Diez Ruscher

equivalente a tres (3) smlmv en favor de la Rama Judicial y de seis (6) smlmv en favor de la Fiscalía General de la
Nación para la segunda instancia4.

2. El recurso extraordinario de revisión

El dieciocho (18) de junio de dos mil veinticuatro (2024), a través de apoderado judicial, la señora Luz Ángela Diez
Ruscher formuló recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el veintiuno (21) de marzo de dos mil
veintitrés (2023) por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, alegando la configuración de la
causal prevista en el numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”.

Como sustento del recurso, la parte actora afirmó que la sentencia acusada resulta violatoria del derecho al debido
proceso.

En primer lugar, sostuvo que la Subsección desconoció el precedente judicial aplicable, en particular, la sentencia
proferida el veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023) por el mismo consejero ponente de la providencia
acusada, dentro del proceso de reparación N° 76001-23-33-000-2015-003174-01, en la que se accedió a las
pretensiones de reparación que formuló otro sindicado en la misma investigación adelantada por el delito de lavados
de activos a la que estuvo vinculada la señora Diez Ruscher. A su juicio, no resultaba viable que, bajo unos mismos
supuestos fácticos, en un caso la decisión hubiere sido favorable y en otro denegatoria.

En segundo término, señaló que con la providencia acusada se vulneró el principio de presunción de inocencia y el
non bis in idem, al haberse ahondado en el análisis de la “culpa de la víctima”.
Además, insistió en la consideración de que hubo un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en la
tramitación del proceso penal que produjo un daño para la implicada, asunto que no se analizó a pesar de que estaba
debidamente probado.

Finalmente, la recurrente reprochó la condena en costas y agencias en derecho por considerarla excesiva, teniendo
en cuenta que la demanda de reparación se presentó de buena fe y sin temeridad, bajo el convencimiento de que
tiene derecho al reconocimiento de los perjuicios exigidos5.

3. Trámite del recurso y oposición

3.1. El doce (12) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) el recurso fue inadmitido; subsanados los yerros
evidenciados, por auto de veintisiete (27) de noviembre del referido año se admitió y se ordenó la notificación personal
de la Nación - Rama Judicial, de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado6.

3.2. Durante el término de traslado se presentaron las siguientes intervenciones:

3.2.1 La Fiscalía General de la Nación solicitó negar el recurso extraordinario, bajo la consideración de que se
está utilizando como una tercera instancia para que sean analizados, de nuevo, los fundamentos de la

4 Folios 191 a 203 del documento ibidem.
5 PDF denominado “3ED_Demanda” del índice 2 de SAMAI.
6 Índices 4 y 11 de SAMAI.

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responsabilidad estatal y se acceda a las pretensiones resarcitorias, lo que escapa al ámbito de esta herramienta
judicial7.

3.2.2 Por su parte, la Nación - Rama Judicial se opuso también a la prosperidad del recurso, por considerar
que la sentencia objeto de revisión no está incursa en causal de nulidad alguna, en tanto lo relacionado con la
antijuridicidad de la privación de la libertad de la que fue objeto la hoy recurrente fue analizado por los jueces de
instancia y esta herramienta no está prevista para controvertir las decisiones del juez natural 8.

3.2.3 A su turno, el Delegado del Ministerio Público, mediante Concepto No. 145 de 2024, solicitó que se
declare infundado el recurso de la referencia, toda vez que, contrario a lo sostenido por la parte actora, en la
sentencia recurrida el Consejo de Estado sí analizó lo relativo a la duración del proceso penal, solo que concluyó
que ello no constituía un daño antijurídico.

Además, señaló que la decisión acusada no vulneró el precedente judicial, pues la sentencia invocada no tiene
el carácter de unificación y los jueces deben proferir sus decisiones de acuerdo con la situación que se plantee
en cada litigio.

Por lo demás, indicó que lo relativo a la alegada vulneración de la presunción de inocencia tampoco constituye
causal de anulación, en los términos del recurso extraordinario9.

3.3. Por auto de doce (12) de marzo de dos mil veinticinco (2025) el Despacho Ponente decretó las pruebas del
proceso, teniendo como tales las documentales aportadas con el recurso. Igualmente, se ordenó la remisión integra
del expediente de reparación directa No. 76001-23-33-003-2015-00346-01 (63085), el cual fue enviado de forma
digital por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca10.

3.4. Encontrándose el proceso para adoptar la decisión correspondiente, mediante escrito de seis (6) de febrero de
dos mil veintiséis (2026) el Consejero de Estado Omar Joaquín Barreto Suárez presentó impedimento para conocer
del presente asunto11, el cual fue declarado infundado por la Sala Especial mediante auto del veinticinco (25) de ese
mismo mes y año12.

3.5. Cumplido lo anterior, el proceso entró al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda13.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala Especial de Decisión No. 16 es competente para tramitar y decidir el presente recurso extraordinario de
revisión, en los términos del inciso primero del artículo 249 del CPACA14, en concordancia con lo establecido en el

7 Índices 19 y 20 de SAMAI.
8 Índice 21 de SAMAI.
9 Índice 22 de SAMAI.
10 El auto de pruebas obra a índice 25 de SAMAI. Con el recurso, la recurrente aportó copia de algunas piezas del proceso de reparación

directa, así como la sentencia que alega como constitutiva de precedente vinculante. Por su parte, el expediente del proceso ordinario fue
puesto en conocimiento de las partes (índices 32 y 33 de SAMAI) sin que se planteara reproche alguno.
11 Índice 36 de SAMAI.
12 Índice 39 de SAMAI.
13 Índice 45 de SAMAI.
14 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo

de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. (…)”.
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numeral 1º del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019 ꟷReglamento Interno de la Corporaciónꟷ15, por tratarse de un
recurso contra una sentencia dictada por una Subsección del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida el veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa No. 76001-
23-33-003-2015-00346-01 (63085), se encuentra incursa en la causal de revisión contenida en el numeral 5º del
artículo 250 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esto es, “[e]xistir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales relacionadas con el recurso extraordinario
de revisión y la causal señalada por la parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.

3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar del carácter inmutable y de cosa
juzgada que por regla general tienen las decisiones judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales
que permiten sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte Constitucional en
sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento
jurídico sentencias que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de revisión se consagró en el artículo 185
del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al ordenamiento jurídico 16, siempre que se
configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley17. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 248
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.

Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia cuya revisión se precisa, de forma
que no puede entenderse como una instancia adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros
probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir
el debate surtido en el trámite ordinario18.

Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el análisis de este recurso tiene
interpretación restrictiva. En este sentido, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado
que “[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se
producen, con ocasión de su interposición, son de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas a las

15 “ARTÍCULO 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo: // 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo
de Estado”.
16 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter

absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de
revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata
pro veritate habertur’ para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta
y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del
Estado”.
17 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 17 de julio de 2013, radicación 11001-03-15-000-2012-00231-00.
18 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00.

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Recurrente: Luz Ángela Diez Ruscher

causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia.”19
(Se resalta).

De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos en la ley, sin que sea viable para
el juez flexibilizar las exigencias para su procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no
solo desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente contra la seguridad jurídica.

4. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso extraordinario de revisión

4.1. El numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
contempla como causal de revisión la de “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación.”

De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal demanda, de un lado, que haya tenido lugar
una nulidad originada en la sentencia y, del otro, que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo,
debido a que el legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha configurado una
“nulidad originada en la sentencia”, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha dotado de contenido
esta disposición20.

Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones “originadas en la misma sentencia
recurrida o en circunstancias sobrevinientes con influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de
alguna ritualidad sustantiva propia de la actuación”21.

En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto implica corroborar: i) que el vicio
alegado se originó en la sentencia, es decir, que se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) que
la anomalía es de tal magnitud que configura un defecto insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse
ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta22.

Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por regla general, no es posible “alegar
como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la
proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el
artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy, artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del
deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de
dictar sentencia’”23. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida
antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento
en el que la parte actora debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del
proceso.

En cuanto a la segunda exigencia, este órgano de cierre ha señalado que son dos los grupos de anomalías que
pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de la sentencia24: el primero, relacionado con irregularidades que

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020, radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01

(52456).
20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicado 11001-03-15-000-2017-02519-00.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicado 11001-33-31-035-2008-00180-01.
22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado 11001-03-15-000-2014-03093-00;

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-00894-00.
23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 13, sentencia del 7 de junio de 2016, radicado 11001-03-15-000-2015-02493-00.
24 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado 11001-03-15-000-1998-00157-01;

Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado 11001-03-15-000-2011-01639-00;
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00, y
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 2, sentencia del 1° de octubre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2013-02216-00.
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Recurrente: Luz Ángela Diez Ruscher

constituyen causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia y, el segundo, relativo a
los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar en la vulneración del artículo 29 Superior 25.

El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal previstas en el CPACA, en el Código de
Procedimiento Civil (CPC) o en el Código General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia. El segundo, a la inobservancia de aspectos procesales de tal transcendencia que tengan impacto en la
garantía del debido proceso26, lo cual excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que conciernan
al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma de aplicación de una determinada norma.

Así, según la jurisprudencia de esta Corporación27 y a modo enunciativo, una nulidad originada en la sentencia por
circunstancias distintas a las causales de nulidad procesal previstas en el CPACA o en el Código General del Proceso
puede acaecer en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que terminó por desistimiento,
transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii)
cuando el fallo aparece firmado por menor o mayor número de magistrados o cuando es adoptado con un número de
votos diferente al previsto en la ley; iii) cuando el fallo viola el principio de non reformatio in pejus; iv) cuando la
sentencia condena a quien no es parte dentro del proceso; v) cuando el fallo se profiere con falta de competencia o
de jurisdicción; vi) cuando se dicta sentencia con pretermisión de las instancias procesales previas; vii) cuando el
demandado es condenado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta; viii) cuando la sentencia carece totalmente de motivación, o ix) cuando la sentencia
carece de congruencia interna o externa.

4.2. Para lo que interesa a esta causa, debe resaltarse que la violación del derecho al debido proceso, previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política, puede dar lugar, eventualmente, a la causal de revisión de nulidad originada en
la sentencia, cuando quiera que se presenten irregularidades procesales que puedan tener incidencia en la tutela
judicial efectiva, como la expedición de sentencias inhibitorias, para lo cual “corresponderá al juez determinar si el
hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en comento”28.

Lo anterior, con la precisión de que este supuesto debe analizarse de manera restrictiva, pues no se trata de que al
alegar la violación a esta prerrogativa constitucional se permita controvertir la decisión adoptada por el juez de
instancia pretendiendo una corrección de la sentencia, sino de la materialización de una irregularidad procesal de tal
magnitud que ponga en riesgo el núcleo esencial de ese derecho29 .

En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia de que trata el numeral 5° del artículo
250 del CPACA impone acreditar, de un lado, que el recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual
no procede el recurso de apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una nulidad procesal de las que
tratan las codificaciones procesales o a un defecto con implicaciones graves en la garantía del debido proceso.

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, radicado 11001-03-15-000-2007-00653-00. Se

toma el resumen de la causal contenido en el radicado No. 11001-03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre
de 2016 proferida por la Sala Especial de Decisión No. 10, radicado 11001-03-15-000-2012-00230-00.
26 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-01415-00.
27 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 5, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado 11001-03-15-000-2009-00494-00;

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de abril de 2015, radicado 2008-35319-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N° 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión No. 4, sentencia del 23 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-04345-00; Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2019, radicado 11001-03-25-000-2013-00233-00; Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2019, radicado 11001-03-25-000-2014-00325-00, y Consejo de Estado, Sala Especial
de Decisión No. 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-00894-00.
28 Consejo de estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, radicación 11001-03-15-000-1998-

00153-01.
29 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de septiembre de 2024, radicación 11001-

03-25-000-2022-00333-00; Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 29 de agosto de 2024, radicación 11001-03-
25-000-2022-00332-00; consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2022, radicación 11001-03-26-000-
2021-00204-00 (67618).
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Recurrente: Luz Ángela Diez Ruscher

Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a realizar el análisis del presente asunto.

5. Caso concreto

De conformidad con lo anteriormente expuesto, corresponde a la Sala establecer si en el caso objeto de estudio se
materializaron los supuestos para la procedencia de la causal de revisión prevista en el numeral 5° del artículo 250
del CPACA.

5.1. Al respecto, lo primero que se advierte es que la sentencia del veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
que aquí se acusa, puso fin al proceso y, por tanto, no era pasible de recurso de apelación, en tanto se produjo por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado precisamente al resolver la alzada formulada por la
parte actora dentro del proceso de reparación directa No. 76001-23-33-003-2015-00346-01 (63085).

5.2. De acuerdo con la recurrente, la decisión bajo examen está incursa en la causal de que trata el numeral 5° del
artículo 250 del CPACA, por resultar violatoria del derecho al debido proceso debido a que no se tuvo en cuenta el
precedente judicial aplicable al caso concreto, no se resolvió adecuadamente lo relativo a la mora judicial al omitir el
estudio sobre esa tardanza injustificada y analizar el tema desde la perspectiva de la “culpa de la víctima”
⎯vulnerando con ello el principio de presunción de inocencia y el non bis in idem⎯, y se impuso una condena en
costas que calificó como excesiva.

Los referidos cargos, de configurarse, habrían tenido lugar con la sentencia y no en una etapa anterior, por lo que se
advierte procedente el estudio de fondo de la causal.

5.3. Pues bien, como atrás se indicó, aunque la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la violación del
derecho al debido proceso puede dar lugar a la causal de nulidad originada en la sentencia, ese supuesto está
reservado para la materialización de vicios procedimentales de tal magnitud que puedan llegar a afectar las garantías
constitucionales, lo cual deberá ser dilucidado caso a caso, con la advertencia de que, al efectuar ese análisis, el juez
de la revisión no puede perder de vista que “al amparo de la violación del debido proceso no es posible plantear
argumentos que tienen como propósito convertir el recurso extraordinario en una instancia adicional del proceso
ordinario precedente, pues este mecanismo no tiene como finalidad que las partes insistan en las razones por las
cuales consideran que las pretensiones iniciales tenían o no vocación de prosperidad.” 30.

Esto significa que, desde la perspectiva del recurso extraordinario de revisión, la violación del derecho al debido
proceso resulta restrictiva, pues al amparo de su desconocimiento no es posible cuestionar la decisión adoptada, ni
mucho menos intentar obtener una distinta a la proferida por el juez natural de la causa.

Aplicadas estas consideraciones al presente caso, la Sala advierte que ninguno de los argumentos en los que la
recurrente sustentó la violación al debido proceso configuran vicios procedimentales que tengan la vocación de afectar
la sentencia bajo estudio, al punto de declarar su nulidad. Por el contrario, la Sala observa que, en general, se trata
de reproches tendientes a cuestionar la decisión de instancia a efectos de que se acceda a las pretensiones
resarcitorias que fueron negadas.

5.3.1. Así, frente al primer argumento que sustenta la nulidad alegada, es necesario recordar que esta Corporación
de manera pacífica y consolidada ha concluido que el desconocimiento del precedente “no constituye un vicio formal
de la sentencia, en el que se pueda sustentar alguna de las causales previstas por el legislador para la procedencia
del recurso extraordinario de revisión”, sino, en realidad “una inconformidad de quien la recurre frente a las

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2022, radicación: 11001-03-26-000-2022-00025-

00 (67.994).
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Recurrente: Luz Ángela Diez Ruscher

consideraciones y decisión plasmadas por el Ad quem en la sentencia de segunda instancia, como consecuencia de
haber resuelto de manera desfavorable sus pretensiones”31.

En ese sentido, es claro que dicha censura no puede dar lugar a entender configurada la causal de nulidad originada
en la sentencia, pues ciertamente aquella está orientada a controvertir la decisión de instancia.

Pero, además, para este caso particular, la Sala observa que, tal y como lo indicó el Ministerio Público, el alegado
precedente judicial esgrimido por los accionantes, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, no fue una decisión de unificación sino un fallo que resolvió un asunto específico, con unas pruebas y
alegaciones particulares. Bajo el entendido de que cada proceso judicial tiene un desarrollo distinto, es perfectamente
posible que, partiendo de supuestos fácticos similares, en un caso el demandante haya logrado probar el sustento de
su reclamación y llevar al juez a la convicción de que debía accederse a sus pretensiones, mientras que en otro los
recursos argumentativos y probatorios planteados por el interesado lleven a la autoridad judicial a una conclusión
distinta, pues ciertamente cada caso se decide con las particularidades que de él se desprendan.

En ese sentido, decisiones diferentes en casos similares no implican, per se, desconocimiento del precedente, ni
tampoco vulneración al debido proceso, sino que responden a las particularidades propias de cada proceso que es
conocido por la jurisdicción.

5.3.2. Lo propio debe concluirse respecto de las supuestas fallas en la resolución del asunto que habrían llevado a la
vulneración del principio de presunción de inocencia y el non bis in idem, así como a la pretendida ausencia de
decisión sobre la mora judicial, argumentos que, lejos de dar cuenta de un vicio procedimental configurado en la
sentencia del veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), están orientados a cuestionar la decisión allí
contenida y la forma en la que el juez natural resolvió el conflicto puesto a su consideración, lo cual explica que la
carga de los mismos se encuentre en la exposición de las razones por las que la recurrente estima que la Subsección
debió acceder a las pretensiones resarcitorias ⎯poniendo de presente que “no es de mi conformidad ni la de mi
cliente, la decisión de instancia al no acceder al reconocimiento del pago de los daños y perjuicios causados a mi
poderdante”⎯, e insistiendo en que están acreditados los elementos de la responsabilidad estatal.

Sobre lo primero, es claro que las razones expuestas en el recurso están dirigidas a controvertir los análisis que
efectuó la Sala sobre la conducta de la investigada ─la cual, a su juicio, incidió en las decisiones adoptadas en el
trámite penal─; en ese sentido, se reprocha la forma en la que la autoridad judicial de segunda instancia abordó el
análisis de la situación puesta a su consideración, aspecto que no puede debatirse a través de esta herramienta
judicial ya que, como se ha indicado, “[n]o es jurídicamente admisible que este medio de impugnación sirva para
controvertir la actividad interpretativa del juez, o para corregir errores por falta de aplicación de las normas, o por
indebida aplicación de estas”32.

Además, la revisión de la sentencia acusada demuestra que sí hubo pronunciamiento expreso sobre la mora judicial
en la que, según aduce la recurrente, se incurrió en la tramitación del proceso penal al que estuvo vinculada, y respecto
de las alegadas afectaciones que tal situación le produjo a la señora Diez Ruscher, asunto sobre el cual la Subsección
indicó:

31 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 2, sentencia de 4 de agosto de 2020, radicación 11001-03-15-000-2016-03553-00. En

el mismo, pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de mayo
de 2025, radicación 11001-03-26-000-2022-00147-00 (68647); Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 2024, radicación
11001-03-26-000-2022-00105-00 (68401); Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2024, radicación 11001-03-25-
000-2020-00427-00; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de diciembre de 2024, radicación 11001-03-26-000-2022-00034-00
(68021); Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de noviembre de 2022, radicación 11001-03-26-000-2022-00143-00 (68595);
Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación 11001-03-26-000-2021-00204-00 (67618); Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 4 de febrero de 2022, radicación 11001-03-26-000-2020-00111-00 (66210); Sala Especial de Decisión No. 2,
sentencia de 4 de agosto de 2020, radicado 11001-03-15-000-2016-03553-00 y Sala Especial de Decisión No. 13, sentencia del 7 de abril de
2015, radicación 11001-03-15-000-2013-02724-00.
32 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 14, sentencia del 13 de octubre de 2020, radicación 11001-03-15-000-2019-00119-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03136-00 (5024)
Recurrente: Luz Ángela Diez Ruscher

«La parte actora tampoco acreditó que la mora en el trámite del proceso penal le haya causado un daño
antijurídico. En este proceso la demandante alega como afectación anormal que perdió su “trabajo, casa,
bienestar, estabilidad económica y emocional” por la vinculación a un proceso penal que duró más de diez
(10) años. Sin embargo, la Sala advierte que no probó que dichos perjuicios tuvieran como fuente la
vinculación prolongada a esa investigación y que estos fueran distintos a los solicitados por la privación de la
libertad de la que fue objeto la víctima directa. En consecuencia, era una carga que estaba en el deber jurídico
de soportar y que se justificaba en el ejercicio legítimo de la potestad punitiva del Estado.»

Así, es claro que la autoridad de segunda instancia no omitió resolver sobre una de las pretensiones de la demanda
de reparación directa, solo que ese aspecto fue resuelto de manera desfavorable a los intereses de la recurrente.

5.3.3. Finalmente, la Sala advierte que lo referente al alegado exceso en el monto de la condena en costas y agencias
en derecho impuesta en segunda instancia tampoco configura la causal de revisión que se adujo, pues, más allá de
las consideraciones subjetivas planteadas en el recurso sobre lo desmedido de la suma determinada, no se encuentra
argumento alguno que permita llevar a la conclusión de que se configuró un vicio procesal con incidencia en el derecho
al debido proceso que amerite la declaratoria de nulidad de la sentencia bajo revisión.

De nuevo, con este reproche la recurrente lo que hace es manifestar su inconformidad respecto de una decisión que
considera adversa a sus intereses, sin que la argumentación se enmarque en las exigencias determinadas para el
recurso extraordinario de revisión y, en particular, para la causal de nulidad originada en la sentencia, cuando lo cierto
es que, se insiste, esta herramienta no está prevista para cuestionar las decisiones de instancia o para revisar si se
acertó o no en la definición de determinado asunto.

5.3.4. Por todo lo anterior, es claro que las alegaciones planteadas por la recurrente no permiten tener por acreditada
la causal alegada, razón por la cual la Sala declarará infundado este recurso.

6. Costas

Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se formuló cuando ya estaba en vigencia
la Ley 2080 de 2021, para resolver sobre las costas debe darse aplicación al texto del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con las modificaciones que introdujo dicha legislación, en
concordancia con lo que sobre el punto dispone el Código General del Proceso.

Así, el inciso final del artículo 255 del CPACA dispone que “[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en
costas y perjuicios al recurrente.”

Bajo este entendido, esta Sala condenará en costas a la parte recurrente y ordenará a la Secretaría de la Sección
Tercera que proceda con la respectiva liquidación, teniendo en cuenta las reglas previstas en los artículos 365 y 366
del Código General del Proceso, en particular, aquella que establece que en el expediente debe aparecer que se
causaron “y en la medida de su comprobación”33.

En lo que respecta a las agencias en derecho y al encontrarse acreditada la labor defensiva en la que incurrieron la
Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los parámetros establecidos en el
Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, “[p]or el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho” proferido por el
Consejo Superior de la Judicatura34, la Sala condenará a la parte recurrente por ese concepto a la suma equivalente
a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) para cada una de las referidas entidades, atendiendo a la
naturaleza, duración y complejidad del proceso.

33 Numeral 8, artículo 365 del Código General del Proceso.
34 “ARTÍCULO 5o. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: // (…) 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03136-00 (5024)
Recurrente: Luz Ángela Diez Ruscher

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 16, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Luz Ángela Diez
Ruscher contra la sentencia proferida el veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa No. 76001-23-33-003-2015-
00346-01 (63085).

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales deberán ser liquidadas por la Secretaría
General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 y 255 del CPACA, 365 y 366 del CGP. Para el efecto,
inclúyase por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), uno (1) para cada una de las entidades que intervino en
este trámite, es decir, para la Nación - Rama Judicial y para la Fiscalía General de la Nación.

TERCERO: En firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente previas las anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Consejero Consejera

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejero Consejera

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