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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03138-01

Fecha
4 de octubre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03138-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de julio de 2024 por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, que declaró improcedente la acción de 7 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021. 10 Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03138-01 Solicitante: Sebastián Ramírez Jaramillo Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia tutela, de Sebastián Ramírez Jaramillo contra el Consejo de Estado-Sección Primera. SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03138-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

4 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03138-01

Accionante: SEBASTIAN RAMÍREZ JARAMILLO

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCION PRIMERA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la solicitud carecen de carga argumentativa en cuanto a la vulneración
de derechos fundamentales. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-Pretensiones netamente económicas.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el solicitante contra el fallo proferido
el 31 de julio de 2024 por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, que
declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 18 de junio de 2024, el señor Sebastián Jaramillo interpuso acción de tutela, con
el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que
considera vulnerado por el Consejo de Estado-Sección Primera al proferir la
sentencia del 18 de abril de 2024, dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos1, que interpuso contra la Superintendencia de
Notariado y Registro y otros.

En virtud de la acción de tutela, solicita que:

SE ORDENE AGENCIAS EN DERECHO A MI FAVOR, TAL COMO LA LEY LO MANDA, PUES
SALÍ VICTORIOSO Y MI APELACIÓN HIZO AMPARAR MI PEDIMENTO

1
Proceso identificado con el rad. n°. 17001-23-33- 000-2021-00251-01

2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03138-01
Solicitante: Sebastián Ramírez Jaramillo
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

SE ORDENE RESPETAR y aplicar en mi caso LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL C DE
ESTADO QUE ORDENA APLICAR AGENCIA SEN DERECHO EN ACCIONES POPULARES
QUE SALEN TRIUNFANTES COMO LA MÍA, PESE A SER AÑOS DESPUÉS DE
PRESENTADA

SE VALORE LA TUTELA DEL C DE ESTADO QUE APORTÓ DONDE SEÑALA QUE UNA
COSA SON COSTAS Y otra son las agencias en derecho que proceden de oficio a favor de la
parte vencedora en contra de la vencida, el cual anexo y transcribo.... (sic)

2. Hechos relevantes

El accionante en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos interpuso demanda en contra de la Superintendencia de
Notariado y Registro, el municipio de Aguadas-Caldas y la Oficina de Registro e
Instrumentos Públicos con el fin que se protegieran los derechos colectivos al goce
del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público; el
derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes, presuntamente vulnerados por las accionadas.

Lo anterior, porque la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Aguadas-
Caldas no cuenta en el inmueble donde presta el servicio público de registro un
intérprete de lenguaje de señas Colombiana para personas sordas y sordociegas, lo
que vulnera los artículos 5 y 8 de la Ley 982 de 2 de agosto de 20052. Además,
porque no suscribió un contrato de prestación de servicios con una entidad idónea
autorizada por el Ministerio de Educación para atender a esa población, ni con
señales luminosas, sonoras, auditivas o alarmas luminosas conforme a la Ley 982
de 2005.

El asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de Caldas
que, mediante sentencia del 29 de mayo de 2023, decidió declarar la carencia actual
de objeto por hecho superado, debido a que durante el trámite del medio de control
de protección de los derechos colectivos las entidades demandadas realizaron
acciones tendientes para garantizar la atención a través de intérpretes para la
población sorda, muda y ciega desde el nivel central al nivel nacional. Además,

2
Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y
sordociegas y se dictan otras disposiciones.

3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03138-01
Solicitante: Sebastián Ramírez Jaramillo
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

asignó la función de diseñar y ejecutar un plan de capacitación a los funcionarios de
las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y la programación de algunas
capacitaciones y se implementó la atención presencial con ayuda virtual para el
servicio de interpretación de lengua de señas. Señaló que la implementación del
intérprete tiene cobertura para todas las oficinas de registro en forma virtual, incluida
la del municipio de Aguadas. Negó las agencias en derecho, porque no se generaron
en el proceso.

Inconforme con la decisión de primera instancia, interpuso recurso de apelación que
le correspondió resolver a la Sección Primera del Consejo de Estado que, mediante
sentencia del 18 abril de 2024 decidió revocar la sentencia del Tribunal y amparar
los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y a la utilización y
defensa de los bienes de uso público; el derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; y a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes.

En virtud de lo anterior, ordenó a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Municipio de Aguadas–Caldas que,
en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, dentro
de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, formulen y diseñen
dentro de sus servicios de atención al cliente, la ruta para la atención de la población
en condición de sordoceguera que garantice la prestación del servicio del guía
intérprete en coordinación y asesoría con el Instituto Nacional para Sordos – INSOR-
del Ministerio de Educación Nacional, el Centro de Relevo y el Instituto Nacional para
Ciegos – INCI. Asimismo, se abstuvo de condenar en agencias en derecho.

3. Fundamentos de la solicitud

El accionante adujo que la autoridad judicial le vulneró los derechos invocados al
proferir la sentencia reprochada, pues considera que incurrió en desconocimiento del
precedente, porque no se le reconocieron las agencias en derecho a pesar de que
la acción popular fue favorable, como otra que presentó.

4
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03138-01
Solicitante: Sebastián Ramírez Jaramillo
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Por lo anterior, pide que se ordene amparar y respetar la sentencia de unificación del
Consejo de Estado que ordena aplicar las agencias en derecho en acciones
populares que atienden las peticiones del accionante.

El solicitante no indicó los defectos en los que presuntamente incurrió la sentencia
reprochada, pues se limitó a transcribir varias sentencias judiciales que dictaron la
Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Risaralda.

4. Trámite de primera instancia

El 21 de junio de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a la
autoridad judicial, así como al Tribunal Administrativo de Caldas, a la
Superintendencia de Notariado y Registro, a la Oficina de Registro e Instrumentos
Públicos de Aguadas y al municipio de Aguadas en el Deparatmento de Caldas como
terceros con interés en el resultado de esta acción.

En el escrito de contestación la Sección Primera del Consejo de Estado, al
oponerse amparo adujo que la tutela es improcedente de la acción de tutela porque
carece de relevancia constitucional, pues el solicitante no cumplió con la carga
argumentativa para demostrar la vulneración de sus derechos. Además que no
expuso las razones por las cuales consideraba que la providencia controvertida
desconoció el precedente de la Corporación. Esgrimió que el asunto es de contenido
económico, por ello la solicitud es improcedente.

Señaló que en la sentencia de unificación se determinó que la función de las
agencias en derecho es la de otorgar una compensación económica a la parte
vencedora por la gestión procesal que realizó, según los artículos 365 y 366 del CGP,
por ello, solo se deben reconocer las agencias en derecho que estén causadas en el
proceso y se liquidarán en la medida de su comprobación.

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Aguadas y la Superintendencia
de Notariado y Registro solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva.

5
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03138-01
Solicitante: Sebastián Ramírez Jaramillo
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas, envió el link de acceso al
expediente de la acción popular.

Mediante sentencia del 31 de julio de 2024 el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A declaró improcedente la acción de tutela porque no cumple con el
requisito de relevancia constitucional por falta de carga argumentativa.

El solicitante impugnó la decisión, sin embargo no argumentó las razones de su
inconformidad. El 15 de agosto de 2024 se concedió la impugnación.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 31 de julio de 2024, proferida por el Consejo de Estado-Sección
Tercera-Subsección A que declaró improcedente la acción de tutela.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la C. Pol y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La
Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera instancia
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo
n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental3. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;

3
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03138-01
Solicitante: Sebastián Ramírez Jaramillo
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que ésta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela4.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional5: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad

4
Ibidem.
5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03138-01
Solicitante: Sebastián Ramírez Jaramillo
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

El solicitante alega que la Sección Primera del Consejo de Estado desconoció el
precedente de la Corporación en la medida que no le reconoció las agencias en
derecho a su favor a pesar de que la sentencia proferida en el trámite de la acción
popular fue favorable.

La providencia reprochada amparó los derechos e intereses colectivos al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; el derecho a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes del municipio de Aguadas-Caldas, en la medida
que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del ese municipio no cuenta con
un servicio de guía intérprete para las personas sordociegas y las medidas de
señalización para garantizar su inclusión y accesibilidad.

La autoridad judicial decidió no condenar en agencias en derecho en esta instancia,
al considerar que no se probaron los supuestos para su reconocimiento. En este
sentido la autoridad judicial indicó que:

67. Ahora bien, el actor popular en el recurso de apelación solicitó se le concedan las
agencias en derecho a su favor. Al respecto, es pertinente traer a colación la sentencia
de unificación proferida por esta Corporación6 en la que se determinó el alcance del
artículo 38 de la Ley 472 y su interpretación en los términos del artículo 365 de la Ley

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 6 de agosto de 2019; C.P. Rocío
Araújo Oñate; NUR 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU.

8
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03138-01
Solicitante: Sebastián Ramírez Jaramillo
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

1564, en el sentido de admitirse el reconocimiento de las agencias en derecho en favor
del actor popular siempre que la sentencia le resulte favorable y el pago estará sujeto
a su causación y comprobación.

68. La Sala encuentra que, en este caso, no se probaron los supuestos para su
reconocimiento; en efecto: i) el actor no incurrió en gastos o expensas durante el
proceso, teniendo en cuenta que no allegó pruebas con el escrito de la demanda; ii)
no asistió a la audiencia de pacto de cumplimiento; y iii) no se advirtió que durante el
trámite procesal hubiese incursionado en algún gasto especial tanto en la primera
como segunda instancia. Por consiguiente, no se accederá a su solicitud.

La Sala advierte que los argumentos presentados por el solicitante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal, respecto al falta de reconocimiento de las agencias en
derecho en una Acción Popular que él presentó, argumento, que ya había sido
alegado por el accionante en el recurso de apelación que interpuso contra el fallo de
primera instancia. Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos que
motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de una interpretación razonable
de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial
aplicable al asunto.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional y se confirmará el fallo impugnado.

Cabe señalar que el escrito de tutela no satisface una carga argumentativa suficiente
al esgrimir el desconocimiento de un precedente jurisprudencial, pues el accionante
adujo que la decisión cuestionada no tuvo en cuenta unas providencias estimatorias
de casos con supuestos fácticos y jurídicos similares, sin embargo, al relacionar y
transcribir dichas providencias no se explicó de manera clara o suficiente cuál es su
fuerza vinculante o cuáles son las reglas jurisprudenciales aplicables al asunto
ordinario.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03138-01
Solicitante: Sebastián Ramírez Jaramillo
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Además, que el solicitante se limitó a la enunciación del derecho fundamental que
considera transgredidos, sin plantear razones que permitan una revisión del núcleo
esencial del derecho en contienda o el alcance de disposiciones constitucionales
relativas a esos derechos, con ocasión a la vulneración que el solicitante manifiesta.
De ahí que la discusión planteada en el escrito de tutela, se reitera, está motivada
en el desacuerdo con el contenido de la providencia dictada por el juez natural. La
vulneración debe estar justificada con la carga argumentativa mínima suficiente que
permita al juez de tutela valorar la procedencia de la solicitud. Esto, además en
procura del respeto por la cosa juzgada, seguridad jurídica y la garantía de
independencia y autonomía de los jueces, como elementos fundamentales para el
cimiento de la actividad judicial del Estado.

Por último, el accionante pide que se le reconozcan las agencias en derecho pues el
fallo de la Acción Popular fue favorable. Esta pretensión, netamente económica,
escapa de la órbita del juez de tutela, que debe verificar la vulneración o amenaza
de derechos fundamentales. Por demás, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que ese tipo de pretensiones "deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser
definidos por las jurisdicciones correspondientes"7.

Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia de 31 de julio de 2024,
proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, que declaró
improcedente la acción de tutela, por los motivos antes expuestos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de julio de 2024 por el Consejo
de Estado-Sección Tercera-Subsección A, que declaró improcedente la acción de

7
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03138-01
Solicitante: Sebastián Ramírez Jaramillo
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

tutela, de Sebastián Ramírez Jaramillo contra el Consejo de Estado-Sección
Primera.

SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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