Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03155-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-03155-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03155-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03155-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
24 de octubre de 2024
Demandante: Antonio Mauricio Cruz Saavedra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2024-03155-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03155-01
Demandante: ANTONIO MAURICIO CRUZ SAAVEDRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de
subsidiariedad. Recurso de súplica.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la sala a decidir sobre la impugnación presentada por la parte
demandante, contra la sentencia proferida el 24 de julio de 2024 por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, que declaró improcedente el
amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Petición de amparo constitucional
El señor Mauricio Cruz Saavedra, por medio de apoderado judicial, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, con la finalidad de
que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
Lo anterior, con ocasión de la providencia emitida el 14 de junio de 20241 por
la autoridad judicial en mención, en la cual se resolvió inadmitir el recurso de
apelación presentado contra la sentencia de primera instancia del 31 de julio
de 20232 que negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control
de reparación directa 52001-33-33-009-2019-00205-00 que promovió el señor
Cruz Saavedra en nombre propio y en representación de su hijo menor de
edad3 en contra de la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional – Área
de Sanidad «ARSAN DENAR».
1 Auto Inadmite Recurso de Apelación. (AUTO Des04-2024-286 S.O) de 14 de junio de 2024,
Tribunal administrativo de Nariño. M.P. Paulo León España Pantoja. Rad. 520013333009-
2019-00205-01 (13901).
2 Sentencia de 31 de julio de 2023. Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto. Juez
del Circuito. Andrea Melissa Andrade Ruiz. Rad. 52-001-33-33-30-09-2019-00205-00.
3 S.M.C.M, Lesly Brisbany Cruz Moreno y Zully Zamanta Cruz Moreno.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Antonio Mauricio Cruz Saavedra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2024-03155-01
En consecuencia, la parte actora solicitó:
«PRIMERA: Se ordene la NULIDAD de la decisión proferida en el fallo de
segunda instancia emitido por el TRIBUNAL ADMIISTRATIVO DE NARIÑO
dentro del proceso 520013333009-2019-00205-01 (13901) en el que ordena:
“Inadmitir el recurso de apelación” conforme a lo expresado en la parte motiva
de esa providencia, de este modo rogamos abstenerse de mantener la
Ejecutoriada esta providencia, hasta tanto se resuelva esta acción judicial, toda
vez que hay una clara vulneración al debido proceso y vulnera el derecho de
defensa y acceso a la justicia…»4
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.2. Hechos
El tutelante promovió el medio de control de reparación directa en calidad de
cónyuge supérstite de la señora Sandra Patricia Maya Eraso5 y en
representación de su hijo menor de edad y de sus hijas Lesly Brisbany y Zully
Zamanta Cruz Moreno, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, Área de Sanidad « ARSAN DENAR» con la finalidad de que se
declarara a la accionada «responsable administrativamente por la omisión,
negligencia, falta al deber objetivo de cuidado en la prestación del servicio de
salud, falla en el servicio prestado a la señora Maya Eraso y que en
consecuencia se la condene a título de dolo y culpa, a indemnizar los perjuicios
morales y patrimoniales causados a los demandantes, por la muerte de su
esposa y madre»6
El Juzgado 9° Administrativo del Circuito de Pasto negó las pretensiones de la
demanda del medio de control de reparación directa por considerar que «no
se acreditó el nexo de causalidad entre la falla presentada y el daño
antijurídico, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda»
En consecuencia, e inconforme con el fallo del a quo apeló la decisión de 12
de septiembre de 2023, y en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de
Nariño, mediante auto de 14 de junio de 2024 rechazó el recurso de apelación
propuesto por extemporáneo7.
1.3. Sustento de la vulneración
La parte actora señaló que se vulneró el derecho de defensa, acceso a la
justicia y al debido proceso, por cuanto no se tuvo en cuenta la unificación de
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el momento en el cual se deben
4 Transcripción literal del escrito de tutela, por lo que puede contener errores.
5 Fallecida el 5 de junio de 2018.
6 Transcripción literal del escrito de tutela, por lo que puede contener errores.
7 « De tal manera que, en el caso, se reitera, si la notificación o el envío de la sentencia se
cumplió el 28 de agosto de 2023, el término para recurrir corrió entre los días 29 de agosto al
11 de septiembre de 2023.» Transcripción literal del Auto del 14 de junio de 2024.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Antonio Mauricio Cruz Saavedra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2024-03155-01
tener por notificadas electrónicamente las sentencias proferidas.
Sostuvo que según la providencia que unificó las tesis, la notificación realizada
por vía electrónica se entenderán recibidas dos días hábiles al envío del
mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente de dicha
notificación.
Expuso tres cuadros en los que realizó la contabilidad de los días señalados
para interponer el recurso manifestando que la entidad demandada cometió
un yerro al contabilizar los términos para imponer el recurso de apelación.
Hizo un recuento de las normas que regulan los términos para presentar el
recurso de apelación y cómo deben ser entendidas las notificaciones judiciales
que se lleven a cabo electrónicamente.
Concluyó que se debe declarar la nulidad de la decisión de segunda instancia,
por cuanto se desconoció el precedente judicial y la sentencia de unificación y
que lo anterior conlleva a poner en riesgo la seguridad jurídica y el acceso a la
administración de justicia puesto que, el actor procedió con legalidad y de
conformidad a la norma.
Adicionó que la protección del derecho a presentar recurso y la garantía al
acceso a la administración de justicia fueron vulnerados por la accionada, así
como la omisión de la valoración probatoria documental que no fue tenida en
cuenta por el a quo.
1.4. Trámite de la solicitud de tutela
Mediante auto de 21 de junio de 2024, la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado inadmitió la tutela interpuesta por el señor Antonio Mauricio
Cruz Saavedra y otros, al advertir que no se acompañó el escrito del poder
conferido al abogado para actuar como apoderado judicial de los accionantes
y tampoco se especificó quiénes son los accionantes. Por providencia de 5 de
julio de 2024 y luego de presentar la subsanación debida por parte de la parte
actora, se admitió la acción impetrada especificando que el señor Cruz
Saavedra es el único actor y se negó la medida provisional solicitada por el
mismo.
Asimismo, se ordenó notificar en calidad de terceros con interés al Juzgado
Noveno Administrativo de Pasto, a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, Área de Sanidad «ARSAN DENAR», y al Hospital Universitario
Departamental de Nariño E.S.E. (HUDN); y requerir al Juzgado Noveno
Administrativo de Pasto y al despacho del magistrado Paulo León España
Pantoja, del Tribunal Administrativo de Nariño, para que alleguen, en medio
digital, las piezas del expediente del proceso de reparación directa radicado
52001-33-33-009-2019-00205-00/01.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Antonio Mauricio Cruz Saavedra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2024-03155-01
1.5. Contestaciones
Surtidas las notificaciones, se recibieron las siguientes intervenciones:
1.5.1. El Tribunal Administrativo del Nariño remitió respuesta a la acción de
tutela impetrada en la cual consideró que la entidad actuó conforma a derecho
y no vulnero las garantías constitucionales alegadas.
Manifestó que del examen del expediente se advierte que la decisión del
Tribunal en la cual se inadmitió el recurso de apelación esta debidamente
motivada en aspectos jurídicos y fácticos y que por tanto no se puede calificar
de apartada a derecho o de vía de hecho.
Recalcó que el accionante al encontrarse inconforme con la decisión debió
presentar el debate legal dentro del proceso ordinario y no en sede de tutela.
Indicó que la parte actora no interpuso recurso alguno frente a la providencia
que inadmitió la apelación.
Concluyó que para el caso concreto no aplica el artículo 205 del CPACA8, y
solicitó se desestimen las pretensiones de la acción de amparo puesto que no
se configuran los requisitos de procedencia y procedibilidad.
1.5.2. En respuesta con fecha 11 de julio de 2024, el Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva toda vez que se advierte la inexistencia de la vulneración de los
derechos fundamentales alegados por el accionante y dado que las
pretensiones van direccionadas en contra de un trámite procesal, esto es, el
medio de control de reparación directa, en el cual la institución no posee
injerencia.
1.5.3. Por su parte el Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE,
advirtió como primera medida que la decisión del a quo al conceder el recurso
de apelación impetrado no esta obligado a admitir, mucho menos si se señala
la extemporaneidad. Por último, pidió sea denegada la acción de tutela
interpuesta
8 ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. <Artículo modificado por
el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La notificación
electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:
1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para
su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del
mensaje. 2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos
(2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del
día siguiente al de la notificación. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación
cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso
del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente. De las
notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta
permanente en línea por cualquier interesado.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Antonio Mauricio Cruz Saavedra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2024-03155-01
Las demás guardaron silencio.
1.6. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 24 de julio de 2024, la Sección Tercera, Subsección B
del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado por no
cumplir el requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor «no agotó los
medios ordinarios de defensa judicial que tenía a su alcance para invocar los
argumentos que planteó en sede de tutela, por lo que no cumplió con el
requisito de subsidiariedad. Además, se recuerda que la acción de tutela no
se encuentra instituida para revivir oportunidades procesales precluidas».
Precisó que al revisar el proceso de reparación directa con radicado 52001-
33-33-009-2019-00205-00/01 se advirtió que el actor no interpuso recurso de
súplica o de reposición, pese que cabían contra la providencia cuestionada.
1.7. Impugnación
La parte demandante solicitó:
«PRIMERA. Favor reconsiderar su tesis alusiva en cuanto a la negación de la
TUTELA como un mecanismo judicial fin de REVOCAREL FALLO DE
SEGUNDA INSTANCIA, dentro de la decisión administrativa frente al medio
de CONTROL DE REPARACION DIRECTA en favor del señor ANTONIO
MAURICIO CRUZ SAAVEDRA, como único recurrente, aclaración realizada
al legislador en sede de tutela mediante memorial, como “tutelante único”, así
mismo se sirva revisar la tutela con el fin de verificar que la parte actora “en
ningún momento involucro a terceros”, que en nada tienen que ver con la
decisión del fallo de SEGUNDA INSTANCIA ORDENADO POR EL TRIBUNAL
CUARTO DE NARIÑO que negó el recurso de REPOSICION, supuestamente
por ser extemporáneo.
SEGUNDO: Se proceda a dar trámite a la presente acción de tutela 11001-03-
15-000-2024-03155-00, expedida el veinticuatro (24) de julio de dos mil
veinticuatro (2024) con fin de reconsiderar la posibilidad de “acceder a la
justicia” FRENTE A LA ACEPTACION DEL RECURSO DE APELACION
impetrado el pasado 12 de septiembre de 2023, el cual fue negado por el
Honorable TRIBUNA CUARTO ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, dentro del
proceso con Radicado 520013333009-2019-00205-01 (13901) y AUTO
DES04-2024-286 S.O. expedido el catorce (14) de junio de dos mil veinticuatro
(2024) con el fin de que sea revisado y estudiado el fallo de primera instancia
dado por el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO.
TERCERO: Favor, en último caso, se sirvan de manera respetuosa conceda
realizar la REVISION de la presente acción de tutela, y el motivo por el cual
fue negada el pasado veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
bajo radicado 11001-03-15-000-2024-03155-00 a fin de ejercer el nuestro
derecho de defensa y el debido proceso con el fin de “REVOCAR EL FALLO
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Antonio Mauricio Cruz Saavedra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2024-03155-01
DE SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDO POR EL HONORABLE TRIBUNAL
CUARTO ADMINISTRATIVO DE NARIÑO”, hasta tanto este tribunal acepte el
RECURSO DE REPOSICION y proceda a decidir frente a la decisión de
PRIMERA INSTANCIA proferida por el JUZGADO NOVENO
ADMINISTRATIVO DE PASTO».
1.8. Actos previos
El día 16 de septiembre de 2024 el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez
ordenó vincular en calidad de terceros con interés a las señoras Lesly Brisbany
Cruz Moreno y Zully Zamanta Cruz Moreno, quienes también integraron la
parte demandante en el proceso ordinario objeto de la acción de tutela 9, y
requerir al actor para que allegue las direcciones de correo electrónico de las
vinculadas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Corresponde a la Sala resolver la impugnación contra el fallo de primera
instancia, en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestiones previas.
El Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional solicitó su desvinculación
del presente trámite constitucional, pues a su juicio, carece de legitimación en
la causa por pasiva.
La petición será negada dado que la vinculación al proceso se realizó en
calidad de tercero con interés por ser parte demandad en el proceso ordinario.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 24 de julio de 2024, proferida por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad la acción
impetrada por el señor Antonio Mauricio Cruz Saavedra.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) el requisito de subsidiariedad y; (iii) el
9 «Se aclara que el accionante, dentro del proceso de reparación directa objeto de tutela,
compareció en nombre propio y el de su hijo Samuel Mauricio Cruz Maya, quien aún no ha
alcanzado la mayoría de edad y, por ende, su representación sigue a cargo del tutelante».
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Antonio Mauricio Cruz Saavedra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2024-03155-01
caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley
2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 199110, entre otros motivos, la
relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar
la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado
(subsidiariedad).
En ese caso, señala el numeral 1° de la citada norma que la acción de tutela no
procederá cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
Por lo que, se precisa que al momento de analizar si en un caso particular se
está ante un perjuicio irremediable que justifique el amparo transitorio, deben
evaluarse en conjunto los siguientes elementos, los cuales han sido definidos
de forma reiterativa bajo los siguientes términos11:
i) Que el perjuicio sea inminente, lo cual implica que la amenaza exista o esté
por existir.
ii) Que éste sea grave y tenga la suficiente entidad para comprometer un bien
moral o material de la persona.
iii) Que haya necesidad de adoptar medidas urgentes para superar la
condición de amenaza del derecho fundamental.
iv) Que no se pueda postergar la acción de tutela, pues de lo contrario el
mecanismo de protección sería ineficaz.
10
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
11
Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, T-809 de 2013, T-695 de 2014 y T-884 de
2014.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Antonio Mauricio Cruz Saavedra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2024-03155-01
Por tanto, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables12.
El criterio jurisprudencial decantado al respecto se resume de la siguiente
manera:
… En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que
así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo
lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre
un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse
medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble
perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio,
y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último,
las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan
a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable13.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201214, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
12
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la
Corte Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro
Naranjo Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531
de 1993. A continuación, se reseña, en síntesis, lo pertinente: “… son elementales para la
comprensión de la figura del perjuicio irremediable, … A). El perjuicio ha de ser inminente:
"que amenaza o está por suceder prontamente’…. || B). Las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes… || C). No basta cualquier perjuicio, se
requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona… || D). La urgencia y la gravedad
determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción,
ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna… Se trata del sentido de precisión y
exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades
públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el
equilibrio social”.
13
Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001, con ponencia del magistrado Rodrigo
Uprimny Yepes.
14 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Antonio Mauricio Cruz Saavedra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2024-03155-01
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.15
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.16
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
15 Ibídem.
16 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Antonio Mauricio Cruz Saavedra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2024-03155-01
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.6. Requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo de amparo autónomo, residual y
subsidiario, que procede cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. La Corte Constitucional ha señalado que el requisito de
subsidiariedad conlleva el deber de agotar todos los medios de defensa –
ordinarios y extraordinarios– que tenga a su alcance para reclamar la
protección de sus derechos, antes de acudir a este mecanismo
constitucional.17
Este deber tiene dos excepciones, que hacen procedente la acción de tutela,
aunque el afectado cuente con otro medio de defensa judicial, éstos son: (i)
cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable o (ii) cuando, en correspondencia con la situación fáctica bajo
análisis, se pueda establecer que los recursos judiciales no son idóneos ni
eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
Esta exigencia de agotar los medios de defensa disponibles se hace más
estricta cuando se utiliza la acción de tutela para atacar providencias judiciales,
así lo ha precisado la Corte Constitucional: “la solicitud de amparo
constitucional contra las decisiones de los jueces solo procede cuando se
hubieren agotado todos los medios ordinarios o extraordinarios o,
excepcionalmente, cuando la protección resulte urgente para evitar un
perjuicio irremediable”. Y más adelante, enfatizó que “[e]n la medida en que el
amparo es un recurso subsidiario, es necesario que se agoten, antes de
interponerlo, la totalidad de los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa”18
Dicha corporación, de manera reiterada ha aclarado que los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios constituyen, por regla general, las vías legítimas
de defensa y reconocimiento de los derechos fundamentales.19
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
2.7. Caso concreto
Dentro del proceso de reparación directa con radicado 52001-33-33-009-2019-
17 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021.
18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Antonio Mauricio Cruz Saavedra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2024-03155-01
00205-00/01. el Tribunal Administrativo de Nariño en proveído de 14 de junio
de 2024, inadmitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia de 31 de julio de 2023 proferida por el Juzgado 9°
Administrativo de Pasto en la cual negó las pretensiones del actor.
La parte actora impugnó la sentencia de 24 de julio de 2024, proferida por el a
quo constitucional, a través de la cual se declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, toda vez que se
trata de un asunto contra el cual proceden otros recursos como lo son de
reposición y súplica20.
Alegó que existe incertidumbre jurídica frente a los criterios de unificación
concernientes a los términos para presentar los recursos dispuestos por la ley,
y que esto resulta en una decisión caprichosa por parte del juez que concluye
en desapartarse del precedente judicial.
Reiteró y realizó un análisis de la contabilidad los términos y alegó que no
debía agotarse el recurso de súplica, pues a su consideración este se aplica
solo frente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no
respecto de la reparación directa.
Replicó que ante el fallo de segundo grado surge la violación directa al acceso
a la justicia pues no es cierto que el recurso de apelación interpuesto haya sido
extemporáneo.
Para resolver, se precisa que no se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad por los siguientes motivos:
Se advierte que a juicio del Tribunal el recurso fue extemporáneo por cuanto
se presentó el recurso dos días después de la fecha correspondiente y por
fuera del horario hábil. Asimismo, se señala que contra el auto de 14 de junio
de 2024 procede el recurso de súplica.
Revisadas las actuaciones en Samai correspondientes al expediente objeto de
controversia, se advierte que, en efecto, la parte actora no instauró recurso de
súplica en los términos señalados por el artículo 246 del CPACA en contra del
auto que declaró inadmisible la apelación contra el fallo de primera instancia,
por lo que no se agotó dicho mecanismo principal.
Así las cosas, se concluye que no se cumple con el requisito de subsidiariedad,
razón por la cual se confirmará el fallo impugnado.
20 «ARTÍCULO 242 CPACA. REPOSICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 61 de la Ley
2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de reposición procede contra todos
los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo
dispuesto en el Código General del Proceso.
ARTÍCULO 243. APELACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables las sentencias de primera instancia y los
siguientes autos proferidos en la misma instancia…»
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Antonio Mauricio Cruz Saavedra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2024-03155-01
Finalmente, aunque el actor aseguró que el recurso de súplica no procede en
el medio de control de reparación directa, lo cierto es que no presentó algún
fundamento jurídico que respaldara tal afirmación, esto teniendo en cuenta que
el artículo 246 no contiene ninguna previsión en ese sentido.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación elevada por el Ministerio
de Defensa Nacional, Policía Nacional.
SEGUNDO: Confírmase la sentencia de 24 de julio de 2024, proferida por la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Antonio Mauricio Cruz Saavedra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2024-03155-01
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.