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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03162-00

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03162-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03162-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

18 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia y iii) elegir y ser elegido

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía
contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sala de Decisión
núm. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 5 de junio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
150012333000202300491-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. El actor, en nombre propio, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral contra Carlos Alberto Amador Ramos, con el fin de que:
i) se declarara la nulidad del formulario E-26 ALC, a través del cual se declaró la
elección de Carlos Alberto Amador Ramos como Alcalde del Municipio de
Chitaraque para el periodo 2024-2027; ii) se realizara un nuevo escrutinio,
excluyendo los votos de las personas que relaciona la Resolución núm. 9696 de 12
de septiembre de 2023 expedida por el Consejo Nacional Electoral; y iii) se expida
la credencial respectiva a quien resulte ganador.

4. Adujo que, la Sala de Decisión núm. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá,
mediante sentencia de 5 de junio de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva que propusieron el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil, de acuerdo con lo analizado en precedencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
esta providencia. […]”.

4.1. Como fundamento en su decisión consideró:

“[…] 42. De conformidad con el artículo 207 del CPACA, la Sala no encuentra que se
haya configurado alguna causal de nulidad que pueda invalidar la actuación realizada
dentro del proceso. […]”.

[…]

“[…] 58. La Sala de Decisión observa que en este caso se acreditó que mediante la
Resolución 9696 del 12 de septiembre de 2023 el Consejo Nacional Electoral dejó sin
efectos la inscripción de las cédulas de 68 personas registradas para participar en las
elecciones del 29 de octubre de 2023 en el municipio de Chitaraque. Además, se
demostró que dos de esas personas fueron reintegradas al censo porque
demostraron en sede administrativa, vía recurso de reposición, su residencia electoral
en esa localidad.

59. Igualmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que no procesó el
acto administrativo en mención porque el Consejo Nacional Electoral se lo remitió
cuando ya estaba cerrado el censo electoral, de manera que los ciudadanos allí
enlistados pudieron sufragar en el municipio.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

60. Sin embargo, la parte demandante no probó que los 66 trashumantes
efectivamente votaron y, en esa medida, tampoco es posible establecer si su
participación incidió en el resultado de la elección para el cargo de alcalde.

61. Ante el incumplimiento de la carga de la prueba, no puede declararse la
configuración del vicio de nulidad que estable (sic) el artículo 275-7 del CPACA. En
consecuencia, el Tribunal negará las pretensiones de la demanda. […]”.

[…]

70. “[…] Cabe aclarar que, pese a que la última de las resoluciones mencionadas se
expidió después de ocurridas las elecciones, el ciudadano que reingresó al censo no
puede catalogarse como trashumante, ya que la mora de la entidad al resolver el
recurso no puede desconocer la realidad electoral para los efectos del análisis del
cargo de nulidad, aunque la persona finalmente estuviera o no habilitada para
sufragar en el municipio para la fecha de los comicios.

71. Por lo tanto, las demás 66 cédulas pertenecen a trashumantes, conforme lo
determinó el CNE en ejercicio de sus competencias […]”.

[…]

“[…] 77. En ese sentido, si bien es importante la firmeza de las resoluciones que
expidió el CNE para conocer si la exclusión del censo del municipio fue definitiva o si
la entidad la revocó frente a algunos ciudadanos (como aconteció con dos cédulas en
este caso, conforme se expuso previamente), no puede perderse de vista que los
efectos de la determinación son inmediatos y, por ende, su eficacia no estaba
supeditada a la decisión de los recursos que se hubieran interpuesto en su contra.

78. La RNEC informó que cerró el censo electoral el 26 de septiembre de 2023 a las
12 m. y que, en consecuencia, no procesó los actos administrativos que le comunicó
el CNE con posterioridad a ello, como la Resolución 9696 del 12 de septiembre de
2023, que le fue remitida por correo electrónico el 10 de octubre 2023.

79. Estas consideraciones permiten afirmar que en este proceso se acreditó
efectivamente que en el municipio de Chitaraque estuvieron habilitadas para votar en
las elecciones del 29 de octubre de 2023 personas que no tenían su residencia
electoral en esa localidad. Sin embargo, esta conclusión no conlleva automáticamente
la nulidad del acto de elección del alcalde.

80. La jurisprudencia ha señalado que, en virtud del principio de eficacia del voto,
deben cumplirse tres requisitos para que se configure el cargo de nulidad por
trashumancia electoral: “(i) que personas no residentes en el respectivo municipio se
inscribieron para sufragar en él; (ii) que éstas, efectivamente hayan votado y (iii) que
sus votos tuvieron incidencia en el resultado de la elección”.

81. Según se manifestó antes, el primer requisito está probado. No obstante, en el
expediente no obran elementos de convicción que den cuenta de la efectiva votación
de los trashumantes y, por eso mismo, de que su participación tuviera una incidencia
directa en el resultado de la elección.

82. La parte demandante no aportó ni solicitó oportunamente el decreto de
documentos electorales indispensables para determinar si los 66 ciudadanos
enlistados en la Resolución 9696 del 12 de septiembre de 2023 (descontando los 2
ciudadanos reintegrados al censo) votaron y, de ser así, en qué puesto y mesa lo
hicieron, como son los formularios E-11, pese a que la carga de acreditar el vicio de
nulidad estaba en su cabeza, de conformidad con inciso 1.º del artículo 167 del CGP.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

83. Por consiguiente, tampoco es posible aplicar el sistema de distribución ponderada,
que implica descontar los votos de los trashumantes de las mesas concretas en las
que los depositaron cada uno de ellos, distribuyéndolos de forma proporcional entre
los votos a favor de los candidatos, así como de los votos en blanco, nulos y no
marcados.

84. En este orden de ideas, debido al incumplimiento de la carga de la prueba por
parte del demandante, no puede avanzarse más en el análisis del cargo de nulidad.
Por lo tanto, la Sala de Decisión negará las pretensiones de la demanda. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

5. El actor solicitó en su escrito de tutela1:

“[…] PRIMERA: Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones
expuestas respetuosamente solicito al señor magistrado, tutelar en mi favor los
derechos fundamentales al Debido proceso y al acceso a la administración de justicia
y a elegir y ser elegido.

SEGUNDA: Debido a la anterior se decrete la nulidad absoluta de la providencia
expedida el 5 de junio del presente año.

TERCERA: Se ordene al Tribunal accionado que profiera nueva providencia,
ordenando el decreto y practica de la prueba solicitada el día 24 de abril del presente
año.

QUINTO: Se ordene al tribunal administrativo de Boyacá, la valoración de la
trashumancia de los miembros del CTI o supernumerarios de la RNEC, no residentes
en el municipio de Chitaraque y que fueron habilitados para votar mediante los
formularios E12.

SEXTO: Se ordene al tribunal accionado valorar los otros actos administrativos que
dejaron sin efectos inscripciones de cédulas por trashumancia en el municipio de
Chitaraque, y que fueron allegaos al Tribunal en curso del medio de control. […]”.

5.1. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó2:

“[…] En el caso bajo estudio, es claro que el formulario E11 GENERAL DE
ESCRUTINIOS de cada mesa de votación habilitada en el municipio de Chitaraque,
es la prueba idónea para esclarecer si hubo trashumancia en las elecciones del
Municipio de Chitaraque y en atención a lo normado en el artículo 213 ibidem, La
Magistrada ha debido ordenar la práctica de esta prueba.

De otro lado y no de menor importancia, en la contestación de la demanda que nos
ocupa, se allegaron otros actos administrativos que dejaron sin efectos inscripciones
de otras cédulas por trashumancia en el municipio de Chitaraque, los cuales no
fueron apreciados por el tribunal accionado, bajo el argumento de no fueron alegados
en la demanda.

1 Transcripción literal del texto.
2 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

Su señoría, no puede perderse de visa que el medio de control sub examine, es de
nulidad electoral, es una acción pública que tiene por objeto proteger el sufragio y el
respeto a la voluntad del elector, garantizar la constitucionalidad y la legalidad de la
función administrativa, tendientes a materializar el principio de democracia
participativa como base esencial del estado de derecho, razón por la cual la
prevalencia derecho sustancial sobre las formas, adquiere mayor importancia a la
hora de decretar y valorar las pruebas.

Este proceder del Tribunal accionado, se encuentra enmarcado dentro de un claro
defecto fáctico en dimensión negativa, por omitir la valoración de las pruebas
ingresadas al proceso por los accionados, y también por omitir el decreto y práctica
de la prueba de solitud y posterior valoración de los formularios E11 de cada una de
las mesas habilitadas para las elecciones del alcalde en nuestro municipio. […]”.

[…]

“[…] 2.2.- DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE.

[…]

1.- Consejo de estado 27 de enero magistrada ponente doctora ROCIO ARAUJO
OÑATE radicación 2020-00010, de esta providencia transcribí el numeral 260 de las
consideraciones, en el cual se establece que los jurados de votación no están
habilitados para “sufragar por fuera del respectivo municipio del que sean residentes,
ya que ello equivaldría a una modalidad de trashumancia”.

Esta providencia no fue tenida en cuenta por el tribunal accionado, así como tampoco
hizo referencia a la misma [...]”

[…]

“[…] 2.- Corte Constitucional Sentencia SU768/14 magistrado ponente doctor
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.

Esta providencia hace un esmerado análisis de la legitimidad de las pruebas de oficio
de todas las ramas del derecho, y concluye que “El decreto oficioso de pruebas no
es una mera liberalidad del juez, es un verdadero deber legal.” […]”.

Actuación

6. El Despacho sustanciador, mediante auto de 24 de junio de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala de Decisión núm.
1 del Tribunal Administrativo de Boyacá; y iii) vinculó al Consejo Nacional Electoral,
a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a Carlos Alberto Amador Ramos, en
calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles un término de tres (3) días
para que rindieran informes sobre el particular.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

7. El Tribunal Administrativo de Boyacá allegó copia digital del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad electoral identificado con el
número único de radicación 150012333000202300491-00, y solicitó declarar
improcedente la acción de tutela. Para tal efecto argumentó lo siguiente:

“[…] el 5 de junio de 2024 la Sala de Decisión 1 emitió sentencia de primera instancia,
lo cual se indicó expresamente en el cuadro de referencias del proceso (primera
página del fallo). La Secretaría General del Tribunal notificó la providencia al
accionante el 11 de junio de 2024 al correo electrónico [...]@hotmail.com, que fue el
que informó en la demanda.

La sentencia era apelable en los términos del inciso 1.º del artículo 243 del CPACA
(modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021) y el recurso podía interponerse,
de conformidad con el artículo 247-1 del mismo código, entre el 14 y el 27 de junio
del año en curso (10 días).

Sin embargo, el señor Abaunza Mejía no recurrió la decisión aun cuando, para la
fecha en que formuló la acción de tutela (19 de junio de 2024), seguía vigente la
posibilidad de acudir a la Sección Quinta del Consejo de Estado por vía de apelación
para solicitar la revisión de la sentencia.

En este orden de ideas, el accionante no agotó el mecanismo ordinario con que
contaba y, en cambio, empleó innecesaria e injustificadamente la tutela, lo cual
permite concluir que la acción no cumple el requisito de subsidiariedad, de
conformidad con el artículo 6-1 del Decreto 2591 de 1991. En consecuencia,
respetuosamente el Tribunal solicita que se declare la improcedencia de la presente
acción de tutela. […]”.

8. El Consejo Nacional Electoral solicitó su desvinculación, al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva, por las siguientes razones:

“[…] En relación a lo anterior, no se presenta por parte de esta entidad vulneración de
los derechos fundamentales del accionante, pues el Consejo Nacional Electoral no
tuvo participación directa ni indirecta en la configuración de los hechos materia de la
acción, en ese sentido, no tiene incidencia alguna en las medidas que pueda tomar
un tribunal de lo contencioso administrativo, dentro de un proceso de Nulidad Electoral
de su conocimiento, tal y como ocurre en el presente caso, así como tampoco le
constan los hechos planteados.

Así mismo, me permito informarle a su Señoría, que el Consejo Nacional Electoral,
no ha amenazado ni vulnerado los derechos fundamentales del accionante, pues este
no tiene incidencia en las desisiones (sic) tomadas por los Honorables Tribunales
Administrativos. […]”.

[…]

“[…] Finalmente, en lo que respecta al Consejo Nacional Electoral la defensa solicita
que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no es la
autoridad competente para satisfacer las pretensiones del accionante, al cuestionarse

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Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

una decisión judicial del tribunal contencioso administrativo decisiones autónomas e
independientes de la rama judicial. […]”.

9. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación, al
considerar que carece de legitimación en la causa, en la medida en que “[…] la
RNEC en el contexto de sus competencias y funciones constitucionales y legales
no tiene injerencia en decisiones que tomen en derecho los Jueces y Magistrados
de la República […]”.

10. Carlos Alberto Amador Ramos solicitó negar la acción de tutela. Para tal
efecto manifestó lo siguiente3:

“[…] Es de tener presente que no era solo el formulario E-11, se debían aportar los
formularios E-10, E-14 y E-24, incluido la certificación de la RNEC, donde se compare
a las personas con los registrados en el acto administrativo aludido resolución 9696
de 2023, que ejercieron el voto, en que mesa lo realizaron y si se dio la contabilización
para las elecciones del 29 de mayo de 2023 con el respectivo análisis, situación que
no se cumplió por el demandante y hoy tutelante […]”.

[…]

“[…] Es cierto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Boyacá con
sentencia de fecha 5 de junio de 2024, decreto negar las pretensiones de la demanda,
la cual fue notificada en debida forma el 11 de junio de 2024, a la cual el hoy
accionante debió presentar y sustentar dentro de los términos legales el Recurso de
Apelación, sin que esto se cumpliera y por el contrario recurriera a la acción de tutela
como ultima ratio, sin agotar los derechos frente al proceso. Por lo que la misma esta
llamada a no prosperar en virtud a que contaba con otros mecanismos para que
pudiera hacer valer los derechos presuntamente incoados.

AL SÉPTIMO HECHO. Es cierto, por cuanto esa era una prueba que el actor debía
haber solicitado a la Registraduría Nacional del Estado Civil con anterioridad mediante
un derecho de petición o petición formal y si esta no se la entregaban, podía haber
solicitado con la demanda o en la ampliación de la misma o en la contestación de las
excepciones la decretación por parte del fallador, pero debió hacer el esfuerzo mínimo
que le corresponde con demandante. Por que el juez no suple las falencias
probatorias de las partes, ni este llamado a suplir tal función de la carga de la prueba.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución

3 Transcripción literal del texto.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

8

Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

13. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

14. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

15. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[8].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

16. La Sala advierte que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio,
carecen de legitimación en la causa por pasiva.

17. Al respecto, es preciso indicar que dichas entidades fueron vinculadas al
proceso de tutela de la referencia como terceros con interés legítimo, en la medida
en que de conformidad con lo previsto en el ordinal 2.° del artículo 277 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, les fue
notificado el auto admisorio proferido dentro del proceso de nulidad electoral objeto
de debate, es decir que a dichas entidades les asiste interés en el resultado del
proceso de la referencia.

8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

18. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Consejo Nacional
Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil les asiste interés en la
decisión de tutela que esta Sala profiera.

19. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada respecto del Consejo Nacional Electoral
y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Problema jurídico

20. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de la subsidiariedad.

21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; v) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a elegir y ser elegido;
procediendo posteriormente a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el
fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por el actor, en un asunto que
fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena9, en sentencia de 31 de julio
de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de
la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin
importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de
derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia
doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

23. Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

12

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Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de subsidiariedad.

Acerca del requisito general de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales

29. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 14, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

30. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir
la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un
perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
14 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"

13

Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos
fundamentales.

31. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional15:

“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200916 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.

Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.

En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.

Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo
que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o
están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”

15 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo

sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la jurisdicción contencioso
administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio de defensa judicial.

14

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Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii)
la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.

32. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

33. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional17 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección

17 Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

35. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

36. Atendiendo a que, la Corte Constitucional18 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a elegir
y ser elegido

37. Visto el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras
formas de participación democrática.

18 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna;
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la
Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta
excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los
niveles decisorios de la Administración Pública […]”. (Resaltado de la Sala)

38. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a
elegir y ser elegido es “[…] un derecho de doble vía, en el entendido de que se
permite al ciudadano concurrir activamente a ejercer su derecho al voto o, también,
a postular su nombre para que sea elegido a través de este mecanismo […]”19; y ha
resaltado que “[…] Bien sea como elector o candidato, deberán observarse las
reglas para acudir a las votaciones y participar en cualquiera de tales calidades, así
como las que el mismo ordenamiento establece para el control administrativo y
judicial de los actos de elección y nombramiento, pues todas ellas, en su conjunto y
no de forma aislada, garantizan la institucionalidad misma y el respeto de los
principios de participación democrática previstos en la Constitución […]”20.

Análisis del caso concreto

39. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sala de Decisión
núm. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 5 de junio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
150012333000202300491-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

40. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo

19 Corte Constitucional, Sentencia T-232 de 9 de abril de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
20 Idem pie de página núm. 19 supra.

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Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

41. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

42.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
150012333000202300491-00.

Solución del caso concreto

43. Como fundamento de su solicitud de tutela, el actor manifestó21:

“[…] En el caso bajo estudio, es claro que el formulario E11 GENERAL DE
ESCRUTINIOS de cada mesa de votación habilitada en el municipio de Chitaraque,
es la prueba idónea para esclarecer si hubo trashumancia en las elecciones del
Municipio de Chitaraque y en atención a lo normado en el artículo 213 ibidem, La
Magistrada ha debido ordenar la práctica de esta prueba.

De otro lado y no de menor importancia, en la contestación de la demanda que nos
ocupa, se allegaron otros actos administrativos que dejaron sin efectos inscripciones
de otras cédulas por trashumancia en el municipio de Chitaraque, los cuales no
fueron apreciados por el tribunal accionado, bajo el argumento de no fueron alegados
en la demanda.

Su señoría, no puede perderse de visa que el medio de control sub examine, es de
nulidad electoral, es una acción pública que tiene por objeto proteger el sufragio y el
respeto a la voluntad del elector, garantizar la constitucionalidad y la legalidad de la
función administrativa, tendientes a materializar el principio de democracia
participativa como base esencial del estado de derecho, razón por la cual la
prevalencia derecho sustancial sobre las formas, adquiere mayor importancia a la
hora de decretar y valorar las pruebas.

21 Transcripción literal del texto.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

Este proceder del Tribunal accionado, se encuentra enmarcado dentro de un claro
defecto fáctico en dimensión negativa, por omitir la valoración de las pruebas
ingresadas al proceso por los accionados, y también por omitir el decreto y práctica
de la prueba de solitud y posterior valoración de los formularios E11 de cada una de
las mesas habilitadas para las elecciones del alcalde en nuestro municipio. […]”.

[…]

“[…] 2.2.- DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE.

[…]

1.- Consejo de estado 27 de enero magistrada ponente doctora ROCIO ARAUJO
OÑATE radicación 2020-00010, de esta providencia transcribí el numeral 260 de las
consideraciones, en el cual se establece que los jurados de votación no están
habilitados para “sufragar por fuera del respectivo municipio del que sean residentes,
ya que ello equivaldría a una modalidad de trashumancia”.

Esta providencia no fue tenida en cuenta por el tribunal accionado, así como tampoco
hizo referencia a la misma [...]”

[…]

“[…] 2.- Corte Constitucional Sentencia SU768/14 magistrado ponente doctor
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.

Esta providencia hace un esmerado análisis de la legitimidad de las pruebas de oficio
de todas las ramas del derecho, y concluye que “El decreto oficioso de pruebas no
es una mera liberalidad del juez, es un verdadero deber legal.” […]”.

44. La Sala advierte que lo que pretende el actor es que se “[…] se decrete la
nulidad absoluta de la providencia expedida el 5 de junio del presente año […] Se
ordene al Tribunal accionado que profiera nueva providencia […]”.

45. La Sala considera que, la solicitud de tutela no cumple con el requisito
general de procedencia de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, toda
vez que el actor contó, previo al cumplimiento de los requisitos legales, con otro
medio de defensa judicial para controvertir la sentencia de 5 de junio de 2024,
proferida en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral identificado con el número único de radicación 150012333000202300491-
00, que corresponde al recurso de apelación.

46. Al respecto, la Sala advierte que el artículo 152 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:

“[…] ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
EN PRIMERA INSTANCIA. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de
2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo

19

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Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

texto es el siguiente:> Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia
de los siguientes asuntos:

[…]

7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:

a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso,
de los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito
Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de
corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos
superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los
consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la
nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces
de paz y jueces de reconsideración […]”. (Resaltado por la Sala)

47. Por otra parte, el artículo 292 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo dispone que:

“[…] ARTÍCULO 292. APELACIÓN DE LA SENTENCIA. El recurso se interpondrá
y sustentará ante él a quo en el acto de notificación o dentro de los cinco (5)
días siguientes, y se concederá en el efecto suspensivo. Si el recurso no es
sustentado oportunamente el inferior lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia.

Sustentado el recurso, se enviará al superior a más tardar al día siguiente para que
decida sobre su admisión. Si reúne los requisitos legales, será admitido mediante auto
en el que ordenará a la Secretaría poner el memorial que lo fundamente a disposición
de la parte contraria, por tres (3) días. Si ambas partes apelaren, los términos serán
comunes.

Contra el auto que concede y el qué admite la apelación no procede recurso.

PARÁGRAFO. Los Secretarios serán responsables de las demoras que ocurran en el
envío de los expedientes […]”. (Resaltado por la Sala)

48. En ese orden de ideas, la Sala observa que, a pesar de la inconformidad del
actor frente a lo resuelto en la sentencia de 5 de junio de 2024, no se advierte que
haya interpuesto el respectivo recurso de apelación contra dicha providencia, como
se observa a continuación22:

22 Cfr. https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

49. La Sala considera que, pese a que el actor contó con la posibilidad de poner
en conocimiento de la autoridad judicial en segunda instancia esos argumentos por
los que está en desacuerdo con la decisión del A quo, lo cierto es que, notificada
la sentencia de 5 de junio de 2024, no presentó el respectivo recurso de apelación,
oportunidad en la que pudo haber planteado dentro del proceso ordinario las
razones por las cuales, a su juicio, “[…] si hubo trashumancia en las elecciones del
Municipio de Chitaraque […]”.

50. La Sala considera que, tal cual como lo ha indicado en otras oportunidades23,
no puede pretender el actor suplir su inactividad con esta acción constitucional,
toda vez que, si estaba inconforme con la decisión del A quo, el escenario idóneo
para haberlo discutido era el recurso de apelación.

51. En ese sentido, la Sala acoge la siguiente regla jurisprudencial establecida
por la Corte Constitucional:

“[…] En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio alternativo,
adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma
indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello,
cuando quiera que las personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que,
en el asunto bajo controversia, sus derechos fundamentales están siendo
trasgredidos (sic). Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a
consideración del juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible
por razones ajenas a su voluntad. De esta manera, una carga exigible al interesado
supone que -de haber sido posible- haya expuesto con claridad la presunta
transgresión de sus derechos fundamentales ante el juez natural, en atención a
que la subsidiariedad de la acción de tutela implica el respeto a la autonomía de
las autoridades judiciales […]”.24 (Resaltado por la Sala)

Análisis del perjuicio irremediable

52. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

53. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional25:

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de

2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-03852-00 (AC), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-452 de 4 de julio de 2014. M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
25 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”26[…]”.

54. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre en
una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

55. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.

56. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que en el caso sub
examine no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, toda vez que el actor contó, previo al cumplimiento de los
requisitos legales, con el recurso de apelación.

Conclusiones de la Sala

57. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de
tutela que presentó el actor contra la autoridad judicial accionada.

26 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202403162-00
Actor: Sarquiz Ernesto Abaunza Mejía

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional
del Estado Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó el
actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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