Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03176-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03176-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03176-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03176-00
Accionante: Fabiola Reyes Motta
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad y seguridad jurídica. Cómputo del término de caducidad de la
acción en el trámite de la demanda de reparación directa.
Decisión: Se niegan las pretensiones de la acción de tutela al no demostrarse la
configuración de los defectos alegados por el accionante.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo decide la acción de tutela
que instauró la señora Fabiola Motta Reyes, quien actúa por conducto de
apoderada judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Caquetá, por la
presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso
a la administración de justicia, la igualdad y la seguridad jurídica, con ocasión de
la expedición de la sentencia del 18 de diciembre de 2023, dentro del medio de
control de reparación directa con radicado 18001-33-33-002-2016-01037-00.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos1
En desarrollo de la operación Pegaso llevada a cabo el día 25 de marzo de 2004,
el Ejército Nacional reportó como dado de baja en combate al señor Hermides
Reyes Motta, hechos que ocurrieron en el corregimiento la Holanda del municipio
de Florencia.
La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá en sentencia
del 18 de diciembre de 2023 confirmó la decisión de declarar la caducidad de la
acción al considerar que la demanda se presentó de forma extemporánea. Para
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PDF nro. 001 del expediente digital.
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Accionante: Fabiola Reyes Motta
ello, aplicó la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 29 de enero de 2020.
2.2. Fundamento jurídico
La parte accionante señaló que hay lugar a amparar sus derechos
fundamentales, pues en las decisiones judiciales accionadas se incurrió en las
siguientes causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial:
• Defecto fáctico: Al respecto, se expuso que «desde que se inició la
conciliación administrativa, y posteriormente la demanda se encontraba
dentro de los 2 años y se dio más importancia a las erráticas declaraciones
para decretar la caducidad, sin tener en cuenta las pruebas del 31 de
diciembre del 2014. Es decir que el tiempo de presentar la demanda era
hasta el 31 de diciembre del 2016 y se presentó el 15 de diciembre del
2016».
• Defecto sustantivo: Sobre este punto sostuvo que el Tribunal
Administrativo del Caquetá como autoridad judicial estaba en la obligación
de aplicar la caducidad desde el momento en que se descubrió
procesalmente la verdad y no por mera intuición de las declaraciones de
las demandantes.
Al respecto señaló que el artículo 164 del CPACA, dispone que «Cuando
se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro
del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la
fecha de su ocurrencia». Entonces, la posibilidad de demandar se dio
cuando la Fiscalía mostró la última prueba de balística que fue el 31 de
diciembre de 2014.
• Desconocimiento del precedente, pues no tuvo en cuenta las
providencias nacionales e internacionales sobre la aplicación de la no
caducidad en delitos de lesa humanidad, entre ellas la sentencia SU-659
de 2015.
• Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, dado que se tomó
como prueba para determinar la caducidad las declaraciones de los
demandantes, sin dar valor al informe sobreviniente del 31 de diciembre
de 2014.
• Por último, anotó que se incurrió en una violación directa de la
Constitución, dado que nadie puede ser obligado a declarar contra sí
mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
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Accionante: Fabiola Reyes Motta
2.3. Pretensiones
La parte accionante solicitó:
«PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSITICIA, A LA
IGUALDAD, A LA JUSTICIA, A LA VERDAD A LA REPARACIÓN Y LOS
DEMÁS QUE DE OFICIO PRECISO Y ADVIERTA LA HONORABLE
CORPORACIÓN, y en consecuencia se decrete lo pertinentes a fin de que
se restablezcan los derechos y garantías fundamentales vulnerados a los
demandantes en la acción de reparación directa y se ordene en un término
de 30 días, emitir una nueva sentencia en estricto acatamiento de las
interpretaciones del Consejo de Estado
SEGUNDA: Que se declare que la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA dentro del proceso; violó los artículos
33 de la Constitución Política de Colombia y los demás que el despacho
considere. El Tribunal Administrativo del Caquetá como autoridad judicial
se le imponía el deber de: NO TENER, como prueba de termino de
caducidad la declaración de las hermanas las cuales no pueden declarar
contra sí mismas- bien sea aplicar la constitucionalidad respecto del
artículo 33 de la CN, en relación con el término de caducidad.
TERCERA: Que se deje sin valor y efectos la sentencia emitida por el
Tribunal Administrativo de Nariño Notificada a mi correo electrónico, con
fecha del 30 de junio del 2021. bajo radicado No. 18-001-33-33-002-2016-
01037-00.
CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se
sirvan ordenar al Tribunal Administrativo de Caquetá, que emita la
providencia de remplazo y que en derecho corresponda en el proceso
Ordinario de Acción de Reparación Directa, referenciado con el número
73001-33-31-003-2011-00372- 03, en el que funge como demandante la
señora FABIOLA BARRERA REYES como demandantes y otros LA
NACION MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL; sentencia
que no puede ser otra que la providencia que declare la NO configuración
de la caducidad de la acción y la responsabilidad administrativa y
patrimonial de la demandada LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA
ARMADA.
QUINTA: Que se hagan las demás declaraciones y condenas que la
Honorable Corporación de oficio, y precise y advierta el Honorable Consejo
de Estado» (sic en toda la cita).
2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida a través del auto de 25 de junio de 20242, por
medio del cual se dispuso la notificación al Tribunal Administrativo de Caquetá y
a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y a Diego Sayany Reyes,
Escilda Motta Reyes, José Ramiro Reyes Motta, Livia Reyes Motta, Nubia Reyes,
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Accionante: Fabiola Reyes Motta
Nyria Reyes Motta y Sandra Arias Reyes como terceros con interés en el
resultado del proceso; de igual manera, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código
General del Proceso y por último, se requirió al Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Florencia para que allegara copia digital del expediente
de reparación directa con radicado 18001-33-33-002-2016-01037-01.
2.4.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3 al pronunciarse
sobre la tutela de la referencia, manifestó que acceder a las pretensiones de la
demanda ocasionaría una grave afectación al patrimonio de la Nación, máxime
cuando quedó demostrado dentro del proceso ordinario la caducidad de la
acción.
En ese sentido manifestó que los hechos por los cuales se formulan las
pretensiones de reparación directa, ocurrieron el día 25 de marzo de 2004, y la
demanda se presentó el día 15 de diciembre de 2016, cuando la misma debió
promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a partir del momento en que
conocieron de la muerte del señor Hermides Reyes Motta.
2.4.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia4
rindió informe en el que remitió el enlace de acceso al expediente de reparación
directa solicitado.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección considera que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si la providencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Caquetá, incurrió en las causales específicas de
procedibilidad del defecto factico, procedimental, sustantivo, desconocimiento del
precedente jurisprudencial y violación directa de la Constitución Política.
Previamente, es menester determinar si el escrito presentado por el apoderado
de la parte accionante cumple con los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y ha sido desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306
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PDF nro. 15 del expediente digital.
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de 1992 y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
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3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos que dieron lugar a
la presentación de la acción de tutela como los derechos presuntamente
vulnerados están plenamente individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la ejecutoria de la providencia cuestionada de segunda (24 de
enero de 2024) hasta la radicación de la acción de tutela (20 de junio de 2024).
3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental
como consecuencia de los defectos fáctico, sustantivo, procedimental,
desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la
Constitución Política en que presuntamente incurrió la autoridad judicial
accionada.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia, con la
precisión de que se hará un análisis de los defectos en los que pudo haber
incurrido el Tribunal Administrativo de Caquetá en la decisión del 18 de diciembre
de 2023, por tratarse de aquella en la que se resolvió el recurso de apelación, y
en la que eventualmente se pudo materializar la vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante.
En ese orden de ideas, se procede a estudiar la configuración de la violación
directa de la Constitución Política, como causal específica de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencia judicial.
3.4 El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional1 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa2, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva3, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
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Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios»4.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez
que ordinariamente conoce de un asunto.
3.4.1 Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el caso
concreto.
La parte accionante consideró que la entidad accionada incurrió en un defecto
fáctico en su dimensión negativa, puesto que en la sentencia judicial proferida no
se valoraron la totalidad de las pruebas, lo que incidió en la declaración de la
configuración del fenómeno de la caducidad.
Al respecto, se argumentó que la demanda podía presentarse hasta el 31 de
diciembre de 2016 y como se radicó el 15 de diciembre de ese año, no operó el
referido fenómeno.
Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Caquetá, en la sentencia del 18 de
diciembre de 2023 mediante la cual se confirmó la sentencia proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, argumentó lo siguiente:
«Como quedó visto, en el caso sujeto a estudio las pretensiones de la
demanda se fundan en la responsabilidad del Estado derivada de la muerte
del señor HERMIDES REYES MOTTA, acaecida el 25 de marzo de 2004 en
el corregimiento La Holanda, zona rural del municipio de Florencia, Caquetá,
a manos de miembros del ejército nacional, en desarrollo de la orden de
operaciones permanente Pegaso, al sindicarlo de pertenecer a un grupo de
delincuencia común; afirmando la parte actora que la referida muerte
correspondió a una ejecución extrajudicial.
De los documentos que reposan en el proceso, se observa que en diligencia
de reconocimiento realizada el 25 de marzo de 2004, según acta No. 064 de
la misma fecha, la señora SANDRA REYES reconoció el cuerpo de su tío
HERMIDES REYES MOTTA, documento en el cual se consignó:
“PREGUNTADO: Haga una descripción del señor HERMES REYES
MOTTA. CONTESTO: De estatura aproximada 1.77 cm, piel color trigueña,
de cabello ondulado, ojos medianos negros, cabello color negro, corto, edad
aproximada 35 años.
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El 25 de marzo de 2004, se practicó diligencia de inspección de cadáver a
un occiso N.N. Acta 061, de sexo masculino, en la Décima Segunda Brigada
de Florencia; a continuación, se muestran las fotografías de frente, perfiles
y las prendas de vestir, del occiso con acta No 061, en una cámara
fotográfica digital marca SONY, para que se sirva señalar si reconoce usted
al cuerpo como el del señor HERMIDES REYES MOTTA. CONTESTO: Es
el del acta de levantamiento 061. PREGUNTADO: Dígame que
particularidad observa para su reconocimiento. CONTESTO: Por su cicatriz
que tiene en la pierna la cual fue ocasionada por un accidente de tránsito,
por la forma de la boca, por los dientes, él tenía los colmillos alargaditos, en
general por el físico”
La señora FABIOLA REYES MOTTA rindió declaración ante el juez 70 de
instrucción penal militar el 15 de mayo de 2009, en la cual aseguró que no
tenía conocimiento del victimario que había cegado la vida de su hermano
HERMES:
PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho si Ud. Tiene conocimiento acerca
de los hechos ocurridos el día 25 de marzo del 2004 donde fueron los
hechos, a mi hija Sandra le mostraron el video para el reconocimiento en el
CTAI y ella dice que estaba todos baleado en la parte de atrás, no sé qué
grupo fue el que lo asesinó, no sabemos si fue los paramilitares o la guerrilla,
no sabemos quién mató a mi hermano.”
El 31 de agosto de 2012, la señora SANDRA ARIAS REYES declaró ante el
Juzgado Quinto Penal Municipal, en cumplimiento del despacho comisorio
librado por el Juzgado 70 Penal de Florencia, diligencia en la cual hizo
mención del posible responsable del fallecimiento de su familiar:
“Lo único que agrego es que mi mamá hace poco me comentó que hay había
aparecido aparentemente el autor del crimen de mi tío, que supuestamente
era una persona del ejército, no sé exactamente qué cargo tiene y que eso
seguía en instigación (sic), que esa persona ya estaba confesando los
crímenes y que aparentemente entre esos estaba el de mi tío.”
El 20 de junio de 2014, le fue tomada declaración a la demandante FABIOLA
REYES MOTTA por parte de la Fiscalía 77 Especializada de la Unidad
Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, en la que señaló al presunto autor de la conducta punible:
“…me encontré a un joven que trabaja en una funeraria, me dijo que habían
enterrado en el cementerio a Hermides, fuimos al cementerio y sí estaba
enterrado como NN, después me enteré cuando fui a la Fiscalía, de ahí fui
para la Brigada donde en los papeles dicen como murió me nombraron a un
militar Jhon Castillo y estaban los datos en el levantamiento de la Fiscalía
donde dice que fue dado de baja por el Ejército de a todo el mundo se le
hacía raro porque él era una persona juiciosa que no se metía en problemas,
no tomaba trago, después supe que un teniente del Ejército de apellido
Castillo.”
En la misma fecha, también se recepcionó la declaración de LIVIA REYES
MOTTA por parte de la referida entidad. Al interrogante: “Se dice en las
diligencias que su hermano HERMIDES, falleció en un enfrentamiento con
miembros del ejército, que al parecer era un subversivo y tenía en su poder
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un arma de fuego. Qué sabe usted de eso”, contestó: “No eso no es verdad,
él no era un hombre de pelea no de enfrentamientos, a nosotros se nos hizo
raro cuando lo encontramos muerto, él no era agresivo ni peleón. Lo de la
pistola es falso él no tenía nada de armas.
Conforme a lo anterior, al aplicar las premisas establecidas por la sentencia
SU del Consejo de Estado, se observa que los familiares de la víctima -
quienes reclaman la reparación de perjuicios en el presente asunto- para el
20 de junio de 2014 ya tenían certeza sobre los móviles de los hechos en
los que falleció el señor REYES MOTTA, al igual que de la participación de
miembros del ejército nacional en su desarrollo y de las presuntas
inconsistencias presentadas en dicho operativo; razón por el cual, el
cómputo del término de caducidad debe realizarse a partir del día siguiente,
esto es del 21 de junio de 2014.
Se tiene, entonces, que desde el 21 de junio de 2014 hasta la fecha de
radicación de la solicitud de conciliación prejudicial ante la procuraduría 138
para asuntos administrativos -26 de septiembre de 2016, transcurrió un
término de 2 años, 3 meses y 5 días, y la demanda fue presentada el 15 de
diciembre de 2016; tiempo que desborda el permitido por el artículo 164 de
la ley 1437 de 2011, literal h), para acudir al medio de control de reparación
directa.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la sentencia de instancia
por medio de la cual se declaró probada de oficio la excepción de caducidad
de la acción.
Finalmente, es de observar que no se advierte por la Sala “situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción” por
parte de los demandantes; además de haberse analizado en conjunto los
documentos que reposan en el proceso, sin que se aprecie obstáculo alguno
que les hubiese imposibilitado acudir al ejercicio del medio de control de
reparación directa en forma oportuna».
De conformidad con la providencia objeto de la presente acción de tutela, la parte
accionante tenía conocimiento de la participación de miembros del ejército por lo
menos desde el 21 de junio de 2014, puesto que así lo afirmaron en su testimonio,
por lo que era menester aplicar la regla contenida en la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020.
Si bien es cierto que se practicó un informe de balística de forma posterior a esta
fecha, que arrojó que efectivamente las armas usadas eran de propiedad del
ejército, la referida sentencia de unificación determinó que el cómputo de la
caducidad se debe realizar desde cuando los afectados conocieron o debieron
conocer la participación por acción u omisión del Estado, lo que para la autoridad
judicial se dio el 21 de junio de 2014, lo que no resulta contraevidente.
En ese orden de ideas se considera que la providencia objeto de la acción de
tutela no realizó una interpretación contraevidente, arbitraria o caprichosa del
acervo, a pesar de que los hechos puedan admitir una valoración distinta, puesto
que es razonable inferir conforme con las reglas de unificación, que el cómputo
del fenómeno de la caducidad se podía iniciar el 21 de junio de 2014.
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A partir de lo anterior, en criterio de la Sala no es posible afirmar que la autoridad
judicial accionada haya incurrido en un defecto fáctico por indebida valoración de
las pruebas, pues, la providencia objeto de la acción de tutela está estructurada
de manera racional y lógica, y se fundamentó en el material probatorio aportado
al expediente y tomando como sustento la sentencia de unificación sobre la
caducidad de la reparación directa en delitos de lesa humanidad, proferida el 29
de enero de 2020.
3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»5.
En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.
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(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»6.
Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presenta un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoce las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoce la
normativa aplicable o porque se omite tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.
3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el
caso concreto
En el presente asunto la parte accionante alega que la providencia del 30 de
octubre de 2023 adolece de un defecto sustantivo por indebida aplicación del
artículo 164 del CPACA, pues, a su consideración, el término de los 2 años
ocurrió cuando tuvo conocimiento de la ocurrencia del hecho, esto es desde los
resultados de la prueba balística.
Ahora bien, a partir de la transcripción previamente realizada, la interpretación
del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 para el caso concreto no fue arbitraria o
caprichosa puesto que realizó el cómputo del fenómeno de la caducidad de la
6
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
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acción desde el momento en que los familiares del señor Reyes Motta afirmaron
conocer la participación de miembros del Ejército Nacional, en los hechos que
desencadenaron su muerte.
Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que las conclusiones a las que
arribó el Tribunal Administrativo del Caquetá para confirmar la decisión de
primera instancia por medio de la cual declaró la excepción de caducidad, no
obedecieron a capricho o arbitrariedad, sino que, por el contrario, corresponde a
la aplicación de los parámetros fijados en la sentencia del 29 de enero de 2020
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, precedente judicial
aplicable al asunto.
En ese sentido, la divergencia de criterios en cuanto a la aplicación e
interpretación de la ley no puede considerarse per se, como violatoria de
derechos fundamentales, pues dicha manifestación corresponde únicamente al
ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces, conforme se deduce del
contenido normativo de los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial.
En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.
3.6. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial.
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se advierte que
este se presenta cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus
actuaciones generan una denegación de la justicia7. Este defecto procedimental
puede llegar afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder
a la administración de justicia cuando: i) se inaplican normas procesales que se
oponen a la vigencia de derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii)
se exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda
tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia
sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad procedimental en la
apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando
a ello hay lugar8.
Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requiere: i) que se trate de
un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y
directa con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse
directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso;
iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya
7
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
8
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de
2004, T-289 de 2005 y T-053 de 2012.
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alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido
imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo
anterior se vulneren derechos fundamentales9.
3.6.1 Análisis de la presunta configuración del defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto en el caso concreto
Al respecto, la parte accionante adujo que el Tribunal fue exegético al tener las
declaraciones de las demandantes como material probatorio para determinar la
fecha de caducidad, descociendo el informe del 31 de diciembre del 2014.
Sin embargo, en criterio de la Sala no se advierte que la decisión judicial
reprochada, en la que se confirmó la caducidad del medio de control de
reparación directa, se fundamente en criterios que desconozcan el derecho
sustancial o que deriven de manera injustificada en una denegación del acceso
a la administración de la justicia, puesto que la decisión de computar la caducidad
desde el 21 de junio de 2014, obedeció al hecho que desde esa fecha ya existía
una conciencia suficiente de la participación de miembros del ejército en los
hechos que desencadenaron en la muerte del señor Reyes Motta.
Sumado a lo anterior, es pertinente señalar que el informe balístico no
determinaría propiamente la fecha en la que los familiares del señor Reyes Motta
conocieron de la participación de los miembros del ejército, sino que contribuye
a reafirmar tal situación.
De ahí que no se advierta la configuración de la causal del defecto procedimental
alegado. Por el contrario, lo que se observa es la divergencia de criterios frente
al análisis que se realizó en la decisión judicial objeto de censura, hecho que no
puede ser considerado como violatorio de los derechos fundamentales.
3.7. Desconocimiento del precedente.
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de
igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente la igualdad ante la
ley sino también la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades y
específicamente la igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte
de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica
y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma
forma10.
En ese sentido, el precedente judicial11 es la figura jurídica que sirve como
dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento,
9
Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-
770 de 2014.
10
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006,
T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
11
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional
precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a
un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos,
debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”
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pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho12.
En ese orden la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un
antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido13. Al respecto, ha
aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que
se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista
fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho que
guían al juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter
orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al
momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las razones para
apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”14.
Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un precedente,
cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado; (ii) la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado constituye la
pretensión del caso presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada
en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación”15
Ahora bien, el sometimiento al precedente no puede convertirse en una camisa
de fuerza para el juzgador, por lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido
que las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes
previos, bien sean estos verticales u horizontales16, siempre y cuando cumplan
con (i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del que se va
a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber de señalar
una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que
manifiesten las razones por las cuales se apartan de la regla jurisprudencial;
elementos con los que, en palabras de la misma Corte, se protege el carácter
dinámico del derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial17.
3.7.1 Análisis de la configuración del desconocimiento del precedente en el
caso concreto
Dado los contornos del defecto por desconocimiento del precedente, es
necesario señalar que este se configura es cuando hay un apartamiento
injustificado por parte de la autoridad judicial, y que, en el caso concreto la
decisión de declarar la caducidad se adoptó justamente para seguir el parámetro
establecido tanto por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
12
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et
Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.
13
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
16
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior
jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas
decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para
resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
17
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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administrativo, como por el máximo tribunal constitucional.
En ese orden de ideas, no se puede afirmar que se haya configurado la causal
de procedibilidad de desconocimiento del precedente porque el juez natural de la
causa adoptó una decisión razonada, que no se puede considerar arbitraria, en
la medida en la que se fundamentó en jurisprudencia de los órganos de cierre y
que buscó armonizar los derechos sustanciales de los accionantes con el
ordenamiento procesal.
En caso de similares supuestos fácticos a los aquí tratados, esta Sala de
Subsección en sentencia del 23 de mayo de 202418, precisó lo siguiente:
«Así las cosas, para efectos de que proceda la tutela contra providencia
judicial no es suficiente señalar que la decisión de unificación de la Sección
Tercera del Consejo de Estado se debe aplicar a los casos en los que la
demanda se presentó después de que quedó ejecutoriada dicha
providencia, sino que se debe demostrar que, en aquellos casos en los que
se radicó el libelo antes de su expedición, la decisión del juez natural fue
irracional o arbitraria y que concretamente desatendió una decisión
vinculante sin una debida justificación.
No se puede perder de vista que la Corte Constitucional ha avalado que un
juez se aparte inclusive de una sentencia de unificación. En ese sentido, en
la sentencia C – 816 de 2011 se señaló:
[…]
Como se señaló insistentemente en la presente providencia, solo en los
casos de apartamiento injustificado del precedente puede intervenir el juez
constitucional para ordenarle al juez que adopte una decisión diferente».
En ese orden de ideas, la providencia objeto de la acción de tutela señaló que
los demandantes no demostraron la imposibilidad de acudir de forma oportuna a
la jurisdicción contencioso, dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que
tuvieron plena certeza de la participación de miembros de la fuerza pública en los
hechos.
Ahora, en cuanto a la aplicación de la Sentencia SU-659 del 22 de octubre de
2015, considera la Sala que los supuestos fácticos de dicha sentencia no son
aplicables al caso en concreto. Al respecto, en aquella providencia se estudiaba
la caducidad del medio de control que involucraba a una menor de 9 años de
edad, frente a la cual la Corte ha sido enfática en la especial protección, ello
sumado a la obligación de debida diligencia con relación a violencias contra
mujeres, niñas y adolescentes, supuesto que llevó a la aplicación diferente del
artículo 136 del CPACA.
Frente a la sentencia del 29 de noviembre de 2018 dictada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, es pertinente poner de presente que en
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A,
C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves, radicado 11001-03-15-000-2023-07406-01.
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la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 se realizaron las siguientes
consideraciones respecto de su aplicabilidad:
«Pues bien, las sentencias de la CIDH resultan vinculantes en tanto
interpreten las normas de la Convención. El fallo analizado no contiene una
interpretación del artículo 25 de la CADH –acceso a la administración de
justicia–, pues, se insiste, avala la aceptación de responsabilidad de Chile,
en cuanto a los efectos de sus normas de prescripción de las acciones civiles
frente a los delitos de lesa humanidad.
Adicionalmente, esta Sala precisa que el ordenamiento jurídico chileno
contiene preceptos distintos a las establecidos en el derecho colombiano,
en cuanto no prevén la posibilidad de contar el plazo pertinente a partir del
conocimiento de la participación del Estado, lo cual, como antes se explicó,
es una regla que tiene los mismos efectos que la imprescriptibilidad en
materia penal.
En las condiciones analizadas, la Sala concluye que, como en el caso
Órdenes Guerra y otros vs. Chile no se interpretó la Convención Americana
de Derechos Humanos a la luz de reglas con contenido material similar a las
que prevé nuestro Código Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de
2011, tal pronunciamiento no resulta vinculante para resolver el presente
asunto»19.
Como se puede apreciar, este pronunciamiento fue analizado por el Consejo de
Estado, y se señaló su no vinculatoriedad para casos como el que se estudia.
Así las cosas, se reitera que en la presente acción de tutela no se citó ningún
precedente concreto que haya sido desconocido. Adicionalmente, la decisión
adoptada por la autoridad judicial es razonable y motivada. Además, se ciñó a los
postulados de esta Corporación.
3.8. La violación directa de la Constitución Política como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial
En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
«Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre otros
eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho
defecto se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional
en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una
interpretación claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite su
declaración por alguna de las partes en el proceso.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, expediente: 61.033.
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Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe
señalar que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen
mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y,
en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción
de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados”»20.
3.8.1. Análisis de la configuración de la violación directa de la Constitución
Política en el caso concreto.
En el caso concreto, la parte accionante invocó la vulneración directa de la
Constitución Política porque considera que se quebrantó el artículo 33 de la
norma superior.
Sobre el tópico en comento, considera la Sala que no le asiste razón a la
accionante, ya que tal garantía además de que no es absoluta, se vulnera cuando
el funcionario judicial obliga al sujeto a declarar contra si mismo o contra su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, situación que no se predica
en el caso de marras, debido a que no se advierte coerción en las declaraciones,
ni las mismas se discuten o se ponen en duda al interior del proceso penal.
Sobre la violación al debido proceso, la Sala no emitirá pronunciamiento, pues la
acción de tutela se fundamentó en argumentos que ya han sido tratados en los
acápites anteriores. De hecho, se advierte que, al estudiarse la configuración del
defecto fáctico, se indicó que la sentencia objeto de reproche se fundamentó en
las pruebas que fueron debidamente incorporadas al expediente y conforme la
sentencia unificada del Consejo de Estado, por tanto, no puede advertirse una
violación al debido proceso en los términos alegados.
Ahora bien, en cuanto a la violación directa de la Constitución por los derechos
fundamentales a la igualdad y seguridad jurídica al considerar la parte accionante
que la autoridad judicial no tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte
Constitucional; debe advertirse que, esa cuestión ya se dilucidó en el requisito de
desconocimiento del precedente, por lo que no prospera dicha pretensión.
Por lo tanto, al no hallarse estructurados los defectos invocados, se negarán las
pretensiones formuladas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
20
Corte Constitucional, sentencia SU 873 de 13 de noviembre de 2014, magistrada ponente:
María Victoria Calle Correa.
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Accionante: Fabiola Reyes Motta
FALLA
Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Fabiola Reyes Motta, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada la sentencia de tutela remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
consejero de Estado consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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