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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03187-01

Fecha
13 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03187-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03187-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

13 de septiembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03187-01
Accionante: Manuel Horacio Nieves Mateus

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-03187-01
Accionante: Manuel Horacio Nieves Mateus
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela
Subtema 1: Tutela contra providencia judicial
Subtema 2: Relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la sentencia
del 25 de julio de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela.

Manuel Horacio Nieves Mateus solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a ser protegido como persona de la
tercera edad a la seguridad jurídica, a la buena fe y a la confianza legítima, que
consideró vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, con
ocasión de la sentencia del 5 de octubre de 2023 proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2014-02343-01
(3434-2021).

1.2. Hechos de la solicitud1.

El actor cuenta con 86 años de edad actualmente. El Fondo de Previsión Social de
Congreso de la República, en adelante Fonprecon, reconoció a su favor el derecho a
la pensión en el año 2002 y con efectos retroactivos desde 1996, para lo cual tuvo en
cuenta el tiempo de cotización realizado ante Cajanal E.I.C.E y el Instituto de Seguros
Sociales, así como tres obras literarias de su autoría que fueron homologados a tiempo
de servicios. Esto, con las resoluciones 673 de y 770 de 2002.

Fonprecon promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que
solicitó la nulidad de los actos que reconocieron la pensión al considerar que los libros
no cumplían con los requisitos exigidos por el artículo 3 literal a) del decreto 753 de
1974 para ser homologados como tiempo de servicios para efecto de obtener la
pensión. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó fallo de primera instancia
el 27 de febrero de 2020 en el que negó las pretensiones de la demanda, sin embargo,

1 Escrito de tutela contenido en el índice 0002 del expediente digital de tutela de primera instancia en

Samai, con certificado número 4A304B07C3E40B79 AC445028DDD8405C F87DBCA1BEE04A74
FEBD4F1D7DB45EBF

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al resolver el recurso de apelación que interpuso Fonprecon, la Sección Segunda
Subsección B del Consejo de Estado profirió sentencia el 5 de octubre de 2023 con la
que revocó la decisión y en su lugar, declaró la nulidad de los actos allí demandados,
con la consecuencia de hacer cesar el pago de la mesada pensional.

El actor aseguró que presenta diferentes falencias de salud y requiere del suministro
constante de oxígeno, lo que era sufragado con los recursos de su pensión, además,
no cuenta con otro ingreso y no tiene propiedades.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela.

El accionante solicitó al juez constitucional i) amparar sus derechos fundamentales;
ii) dejar sin efectos la sentencia del 5 de octubre de 2023 proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado; iii) ordenar a Fonprecon continuar
con el pago de la mesada pensional en los mismos términos de los actos que
dispusieron su reconocimiento.

1.4. Argumentos de la solicitud de amparo.

La parte actora expuso los siguientes argumentos:

1.4.1. Consideró que el asunto cuenta con relevancia constitucional dado que con la
sentencia censurada privó del pago de la pensión a una persona de 86 años que
presenta serios problemas de salud; además, que la prestación se viene percibiendo
desde hace 20 años y constituye su único medio de subsistencia y la posibilidad de
tener una vida digna.

1.4.2. Afirmó que el Consejo de Estado incurrió en desconocimiento del precedente
judicial pues se apartó de lo decidido en la sentencia del 16 de julio de 2020 proferida
dentro del proceso con radicado 25000 23 42 000 2014 02607 01 (345- 2018), en la
que se declaró la nulidad de los actos que reconocieron la pensión también con la
homologación de obras literarias por tiempo de cotización, y, aunque se concluyó que
no se cumplieron los supuestos para homologar y por ende no había lugar al
reconocimiento, se mantuvo la continuidad del pago de la mesada pensional en
atención a la edad de la persona afectada.

A su juicio, lo decidido en la sentencia en comento era vinculante pues “determinó la
excepcional forma de decisión en los casos en los que no se acreditaron los
presupuestos de homologación de libros en tiempo de servicios, para quienes les
había sido reconocido, desde mucho tiempo atrás, la pensión de jubilación, y que se
trataran de sujetos de especial protección constitucional, dado su avanzada edad y
sus afectaciones en la salud”.

1.4.3. Sostuvo que se incurrió en violación directa de la Constitución, pues hace parte
de la población de la tercera edad y cuenta con especial protección a lo que sumó las
afecciones en salud que presenta (cardiacas y pulmonares) que demuestran que el
cese en el pago de la pensión le causó un perjuicio irremediable.

1.5. Trámite en primera instancia.

1.5.1. En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió auto el
24 de junio de 2024 con el que admitió la acción de tutela, ordenó notificar al
accionado, y vinculó a Fonprecon y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, como terceros con interés.

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1.5.2. Fonprecon2 solicitó se desestimen las pretensiones de la acción de tutela, dado
que lo que pretendió el actor fue reabrir el debate de las etapas ya precluidas en el
proceso ordinario, y utilizar el mecanismo como una tercera instancia, además, indicó
que la sentencia del 5 de octubre de 2023 cuenta con la debida sustentación y no fue
producto de una posición caprichosa del juez ordinario.

1.5.3. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado3, realizó un
recuento de la situación pensional del demandante y explicó que, aunque se encuentra
cobijado por el régimen de transición de la ley 100 de 1993 (dado que para el 1 de abril
de 1994 tenía más de 40 años de edad), no era destinatario de los parámetros del
decreto 1293 de 1994, ya que para ese momento no ostentaba la calidad de
congresista, dado que ejerció como representante a la cámara hasta el 19 de julio de
1990. Agregó que, para convalidar el tiempo de cotización restante a efecto de
acreditar al requisito de 20 años de servicio, presentó 3 obras literarias de las cuales
solo 1 fue registrada antes de consolidar el estatus de pensionado por lo que no superó
los requisitos establecidos en la ley 50 de 1886 y en el decreto 753 de 1974, para
poder acceder a la pensión por homologación de tiempos.

Por otro lado, indicó que la sentencia del 16 de julio de 2020 sobre la que se
fundamentó el cargo de desconocimiento del precedente judicial abordó un tema
sustancialmente diferente, pues allí se indicó que la obra que aportó el beneficiario no
había sido elaborada en ejercicio de la actividad docente y por ende no se trataba de
un texto de enseñanza propiamente dicho, además, el libro tuvo por objeto homologar
5 meses y 19 días de servicios, y sobre estas particularidades consideró procedente
mantener el pago con el descuento de las cotizaciones que hacían falta para completar
los 20 años. Agregó que esa decisión fue proferida por otra subsección, y, además,
que al accionante le restaban 5 años para completar el tiempo de servicios.

1.6. Sentencia de tutela de primera instancia.

La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia el
25 de julio de 20244, en la que declaró improcedente la solicitud de amparo, por no
cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

Indicó que lo que pretendió el accionante fue reabrir el debate suscitado por el juez
natural en tanto indicó que no era dable privarlo de su pensión pues, aunque 2 de los
3 libros no se habían perfeccionado para momento que consolidó el estatus, insistió
en que debía tenerse en cuenta su avanzada edad y su estado de salud. Por otro lado,
expuso que la sentencia del 16 de julio de 2020 “no constituye precedente porque fue
proferida por una autoridad judicial diferente a la que dictó la sentencia que hoy se
ataca en sede constitucional, esto es, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado”.

1.7. Impugnación.

El accionante presentó escrito de impugnación5 en contra de la sentencia del 25 de
julio de 2024, con la solicitud de que se revoque, y en su lugar se conceda el amparo
deprecado, para lo cual:

2 Índice 00011 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
3 Índice 00012 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
4 Índice 00015 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
5 Índice 00019 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.

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1.7.1. Insistió en la afectación que la sentencia censurada le generó en razón a su
edad y su estado de salud, e indicó que a través de la acción de tutela es dable
modificar o revocar una decisión judicial cuando se acredita la vulneración de derechos
fundamentales como sucedió en este caso, en el que se privó del pago de una mesada
pensional a una persona de la tercera edad que ha venido percibiéndola por un lapso
de 20 años.

A su juicio, esta determinación vulneró el mínimo vital, el derecho a la salud y
desconoció la protección especial de la que el actor es sujeto al tener 86 años de edad
y contar con limitaciones físicas, pues quedó desprovisto del único ingreso con el que
contaba. Además, consideró lesionada la buena fe y la confianza legítima pues no es
dable retrotraer la revisión de los requisitos que fueron analizados en su momento para
reconocer el derecho pensional.

1.7.2. Realizó algunas consideraciones en relación con el precedente judicial (vertical
y horizontal), y trajo a colación la sentencia del 16 de julio de 2020 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, cuyo análisis y conclusión
debían -afirmó- ser aplicados para adoptar la decisión del proceso ordinario en el que
se solicitó la nulidad de los actos que reconocieron su derecho, pues se cumplen los
parámetros para ser precedente judicial.

Explicó que los casos analizados son similares, dado que Fonprecon reconoció las dos
pensiones y en sede judicial se concluyó que no debían haberse otorgado puesto que
la producción intelectual que se aportó en su momento para convalidar tiempo de
cotización no cumplía los requisitos legales. Por ende, dado que en la mencionada
providencia se resolvió mantener el pago de la pensión por considerar que hacerlo,
después de más de 20 años de disfrutarla y encontrándose en condición de adulto
mayor, sin posibilidad de poder completar el tiempo faltante, el mismo trato se debe
brindar al aquí accionante, pues se trata de una regla jurisprudencial que no ha sido
modificada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991.

2.2. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues, solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea en función de los defectos
que aduce a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.
6 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan

en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión
judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo
constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b)
defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento
establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante
en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento

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2.3. Legitimación.

La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Manuel
Horacio Nieves Mateus, quien actuó como demandado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2014-02343-01 (3434-
2021), en el que se profirió la sentencia censurada del 5 de octubre de 2023, que
ordenó el cese del pago de su mesada pensional.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, dado que fue la autoridad que profirió la providencia,
que, según la parte tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

2.4. Relevancia constitucional.

El cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia constitucional
si presenta un problema constitucional y no se limita a revivir una controversia estricta
y exclusivamente legal7. De ese modo, en esta sede se ponderará entre la finalidad de
la acción de tutela como garantía iusfundamental y los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica que gobiernan las decisiones judiciales8. Así las cosas, el juez de
tutela debe resolver asuntos de dimensión constitucional, con respeto de las
competencias legales y del principio de autonomía de los jueces9.

En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar la
competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad10; (ii) restringir el ejercicio
del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las personas, e
(iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales11.

en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o
existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido,
cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una
decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en
el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h)
violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de
manera preferente la aplicación de sus postulados.
7 “[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con

transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar
esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo
excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien […] se encuentra
en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente – es decir segura y en
condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. Corte
Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
8 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable

para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego,
al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 2019.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencias del 21 de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020, expediente
n.° 2020-836-00.
10 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009,

T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061
de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
11 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia,

ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de

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Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar que, a
primera vista, el cuestionamiento esté dirigido contra una posible afectación o
vulneración de las garantías relacionadas con el núcleo de los derechos
fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido proceso 12.
Para ello, la jurisprudencia constitucional13 ha definido cuáles son los requisitos
específicos de procedencia que pueden ser invocados como únicas causales que
habilitan el control constitucional concreto.

El requisito de relevancia constitucional, por tanto, exige que el cuestionamiento en la
solicitud de amparo esté dirigido a exponer una valoración en sentido negativo de la
actuación jurisdiccional en clave de los defectos, como han sido definidos por la
jurisprudencia. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer
fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar
las ya expuestas en este. En efecto, como lo ha establecido la Corte Constitucional,
“la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona14, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional”15.

En particular, cabe denotar que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de
2022, indicó que “[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de
las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una
instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal”. Además, precisó que
“[…] Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”.

Esta Corporación ha precisado que, para realizar el examen del requisito de relevancia
constitucional, se requiere en primera medida establecer que quien actúe como
accionante motivó con suficiencia argumentativa las razones por las cuales considera
que la decisión judicial que reprocha se erige como una afectación de derechos
fundamentales, a efectos de evitar una instancia adicional en el proceso ordinario16.

2.4 Caso concreto.

2.4.1. En el asunto bajo estudio, a través de la sentencia del 5 de octubre de 2023,
proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en el proceso
con radicado 25000-23-42-000-2014-02343-01, declaró la nulidad de las resoluciones

la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-
422 de 2018.
12 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-451-

18, T-422-18 y T-248-18.
13 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
14 Cita original: “Ver sentencia T-336/04”.
15 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
16 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado

número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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0673 del 1 de agosto de 2002 y 0770 del 23 de agosto de 2002, a través de las cuales,
Fonprecon reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación a Manuel Horacio
Nieves Mateus, en el equivalente al 75% de lo devengado en el último año de servicios
de conformidad con la ley 4 de 1992, y los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, con
efectos a partir del 1 de marzo de 1996.

2.4.2. Conforme a los fundamentos consignados en la providencia, el derecho fue
reconocido con base en el tiempo de cotización de 14 años, 3 meses y 22 días que el
actor realizó en los cargos de: empacador – repartidor de la cámara de representantes,
juez penal municipal, jefe del departamento de archivo de la Contraloría de Santander,
secretario del Senado de la República, y subsecretario general de la cámara de
representantes. También se tuvo en cuenta que el actor aportó 3 obras literarias con
efecto de convalidar el tiempo de servicios restante, equivalente a más de 5 años, que
fue avalado por Fonprecon.

El fondo solicitó en sede judicial la nulidad de los actos que reconocieron el derecho, al
considerar que las obras literarias no cumplían con los requisitos de convalidación del
tiempo. Como razones de defensa, el actor afirmó que la convalidación era legal y
solicitó tener en cuenta que para ese momento contaba con 76 años de edad, y que en
caso de acceder a lo solicitado se afectaría su derecho a la seguridad social.

A través de la sentencia censurada, el Consejo de Estado halló la razón a Fonprecon
dado que, por un lado, el actor no era beneficiario del régimen de transición dispuesto
para los congresistas en el artículo 2 del decreto 1293 de 1994, comoquiera que ejerció
como senador entre el 26 de octubre de 1982 y el 19 de julio de 1986, y como
representante a la cámara entre el 20 de julio de 1986 y el 19 de julio de 1990; y por
otro, 2 de los 3 libros fueron registrados el 13 de octubre de 1998, es decir, luego de
que el actor adquirió el estatus de pensionado, “lo cual implica que la entidad previsora
para la consolidación del derecho tuvo en cuenta elementos o requisitos que desde lo
sustancial no estaban perfeccionados, pero que posteriormente produjeron efectos
jurídicos a favor del demandado”, y, recordó que, en decisiones anteriores la
corporación había precisado que, cuando se pretende la convalidación de tiempos de
servicio era necesario que el registro de la propiedad intelectual sucediera antes de la
causación del derecho.

2.4.3. El fallo de tutela de primera instancia, consideró que el asunto no superó el
requisito de relevancia constitucional, dado que el actor insistió en la continuidad del
debate jurídico que giró en torno a la improcedencia de anular los actos que
reconocieron su pensión, en razón de su edad, y, además, desestimó el cargo relativo
al desconocimiento del precedente judicial, pue estableció que la sentencia del 16 de
julio de 2020, citada en la acción de tutela, abordó un asunto sustancialmente
diferente.

2.4.4. En cuanto a la relevancia constitucional, se observa que, con el escrito de
impugnación, el actor reiteró los argumentos que expuso en la solicitud de amparo, sin
incluir elementos de juicio adicionales a los que ya fueron analizados en el fallo de
primera instancia.

En efecto, la Subsección encuentra que de nuevo adujo argumentos relativos a su
edad y a su estado de salud, que, a su juicio, prevalecen sobre al análisis que de la
legalidad del reconocimiento pensional hizo el Consejo de Estado en la sentencia del
5 de octubre de 2023; razones que, además, fueron propuestas como argumentos de
defensa en el proceso ordinario y desestimadas por el juez natural, dada la
imposibilidad de reconocer el derecho al no cumplir los requisitos sustanciales

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asociados a que no era beneficiario del régimen de transición de los congresistas, y a
que 2 de las 3 obras con las que pretendió homologar tiempo de servicios, fueron
registradas con posterioridad a la fecha en que consolidó el estatus pensional.

Estas razones también fueron incluidas en el escrito de tutela para acreditar que se
superó el requisito de relevancia constitucional, sin embargo, la Sala estima que, se
trató de una reiteración de los argumentos que fueron planteados desde el proceso
ordinario, por lo que se observa la intención de utilizar el mecanismo constitucional
como una tercera instancia para debatir el análisis que frente a los requisitos para
acceder a la pensión hizo la autoridad judicial accionada en el fallo del 5 de octubre de
2023.

Es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa que se
encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo, la
Corte Constitucional17 claramente indicó que no basta con la mención de la vulneración
de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino, que,
para entender como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se requiere demostrar i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado
y; iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela, debe aportar elementos
suficientes que permitan al Juez constitucional advertir la vulneración.

A partir de lo anterior, la Sala considera que el escrito de amparo no superó el requisito
de relevancia constitucional, pues, lejos de exponer las circunstancias por las que
estimó que las decisiones censuradas vulneraron sus derechos fundamentales, la parte
actora dirigió sus argumentos únicamente a debatir los fundamentos legales con los
que la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, encontró irregular el
reconocimiento de su pensión, con miras a que se profiera una nueva sentencia en la
que se acoja la interpretación que consideró correcta y se garantice la continuidad en
el pago de la mesada pensional. Esto, pese a que la Corte Constitucional ha indicado
con precisión que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y
no un juicio de corrección del fallo cuestionado”18.

En forma adicional, no se demostró que la sentencia censurada sea claramente
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales del actor, pues la decisión de
anular los actos que reconocieron su pensión, encontró respaldo en las pruebas
aportadas al proceso ordinario y en el análisis de legalidad que concluyó que no era
beneficiario del derecho en la forma que fue reconocido.

2.4.5. En relación con el desconocimiento del precedente judicial que identificó
como la sentencia del 16 de julio de 2020 proferida en el proceso con radicado núm.
25000 23 42 000 2014 02607 01 (345- 2018), la Subsección recuerda que como
precedente se ha entendido, por regla general, aquella sentencia o conjunto de
sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia
de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se
ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el
nuevo caso.

En la sentencia del 16 de julio de 2020, se analizó la legalidad de los actos a través de
los cuales, Fonprecon reconoció un derecho pensional con fundamento en la
convalidación de tiempo de servicios a través de una obra literaria. Si bien estos
aspectos encuentran similitud con la situación particular del actor, difieren en los
siguientes aspectos sustanciales:

17 Sentencia SU215/22
18 Ibidem

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03187-01
Accionante: Manuel Horacio Nieves Mateus

Por un lado, la decisión fue proferida por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado; y por otro, el beneficiario presentó para efecto de convalidación
de tiempo de servicios con fines de pensión, un texto de enseñanza denominado “las
guerras civiles de la patria boba”, que fue desestimado en sede judicial, dado que no
fue creado en el marco de una labor pedagógica o docente, asociada al magisterio,
sino en el año 1982, cuando el autor se desempeñó como congresista.

En el presente asunto, la sentencia censurada fue dictada por la Sección Segunda
Subsección B del Consejo de Estado, y en sede judicial, se desestimaron 2 de las 3
obras que el accionante presentó con el fin de homologar tiempo de servicios, dado
que fueron registradas con posterioridad a la fecha en que adquirió al estatus
pensional, y no por aspectos asociados al contexto de su creación.

En consecuencia, no se presentan las similitudes en las que insistió el accionante para
afirmar que la sentencia del 16 de julio de 2020 es un precedente que debía ser aplicado
por la autoridad judicial accionada, además, aunque allí se dispuso mantener la
continuidad del pago de la pensión de quien fue demandado, esto no se constituyó
como una regla fijada para decidir asuntos similares, sino que obedeció a la autonomía
del juez de cara a que solo le restaban 5 meses de servicios, mientras que al aquí
accionante le restan 5 años para suplir el vacío del tiempo de cotización convalidado a
través de obras literarias, que, se estableció como irregular por el juez natural.

En consecuencia, no se acreditó la vulneración del precedente judicial en este asunto.

2.4.5. Con fundamento en lo anterior, se confirmará el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2024, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SFGS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
9
www.consejodeestado.gov.co

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