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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03206-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03206-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción instaurada por el señor Jaison José Masco Gutiérrez contra el Tribunal Administrativo del Cesar. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03206-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

1 de agosto de 2024

Demandante: Jaison José Masco Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03206-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03206-00
Demandante: JAISON JOSÉ MASCO GUTIÉRREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Tema: Tutela contra providencia judicial – declara falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por el señor
Jaison José Masco Gutiérrez contra el Tribunal Administrativo del Cesar de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Jaison José Masco Gutiérrez, actuando en nombre propio, inició acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, en la que pretende el
amparo de sus derechos fundamentales al «debido proceso, a la igualdad, a la
reparación integral, a la honra, al buen nombre, y proporcionalidad.»

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 11 de abril de 2024, proferida por
dicho tribunal mediante la cual modificó el ordinal segundo de la providencia del
2 de agosto de 2019 del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Valledupar, la cual quedó así: “SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior,
CONDENAR al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, a pagar por concepto de PERJUICIOS
MORALES, las siguientes sumas (…)» Lo anterior, en el marco en el marco del
proceso de reparación directa con radicado 20001-33-33-002-2015-00108-01,
instaurado contra el municipio de Valledupar

1.2. Pretensiones

Con base en lo expuesto, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1
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Demandante: Jaison José Masco Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03206-00

Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, que profiera una
nueva sentencia de segunda instancia dentro del proceso radicado 20-001-33-
33-002-2015- 00108-00, en donde obro como demandante y proceda a realizar
una tasación acorde a los perjuicios causados.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El señor Masco Gutiérrez, en compañía de su grupo familiar1, instauró demanda
en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el municipio de
Valledupar, para que se le declarara responsable por los perjuicios que les fueron
causados con ocasión de la presunta falla en el servicio, como consecuencia de
los hechos ocurridos del 25 al 30 de julio de 2014, días en los cuales el ente
territorial colocó vallas publicitarias utilizando el retrato fotográfico del actor, como
imagen de los 20 delincuentes más buscados, ocasionándole daño a su honra y
buen nombre.

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar mediante
sentencia del 2 de agosto de 2019 accedió a las pretensiones de la demanda, en
consecuencia, condenó a la parte demandada a pagar perjuicios morales en
favor de los demandantes.2

Así, el a quo consideró que se irrespetaron los derechos al buen nombre, honra
e intimidad del demandante y que las autoridades debían garantizarlos, toda vez
que la libertad de información implica responsabilidades basadas en los
principios de veracidad e imparcialidad, así como el derecho de rectificación.

1Armando Masco Salgado, Rosa Mercedes Gutiérrez de Masco, Eulalia Isabel Martínez
Bermúdez, Sharon Elizabeth Masco Martínez, Jheyson Junior Masco Martínez, Santiago de
Jesús Masco Martínez, Ender Alexander Masco Gutiérrez, Ignacia Isabel Masco Gutiérrez
Caicedo y Jeison José Masco Gutiérrez.
2 PRIMERO: DECLARAR al MUNICIPIO de VALLEDUPAR, CESAR administrativamente y

patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes por la falla en el
servicio al NO observar el debido cuidado para publicar unas fotografías que contenían la imagen
del señor JASON JOSÉ MASCO GUTIÉRREZ y señalarlo como uno de los 20 delincuentes mas
buscados, de conformidad con la parte resolutiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR-
CESAR, a pagar por concepto de PERJUICIOS MORALES, las siguientes sumas:

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Aunado a ello, consideró que el hecho de que el municipio de Valledupar haya
desmontado la valla ubicada en el obelisco ubicado (salida de Valledupar -
Fundación), no era suficiente para exonerar de responsabilidad a la entidad, pues
el peligro a que fue sometido el actor no podía considerarse eventual sino real,
por lo que declaró probada su responsabilidad.

La parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo del Cesar a través de sentencia del 11 de abril de 2024,
en la cual modificó el ordinal segundo y quedó así:

«SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR, a pagar por concepto de PERJUICIOS MORALES, las
siguientes sumas:»

En primera medida, confirmó el resto de la sentencia apelada en cuanto quedó
demostrada la responsabilidad del Estado por los hechos objeto de este proceso,
a título de falla del servicio. Lo anterior, ante la existencia de un daño antijurídico,
que consistió en la afectación al derecho al buen nombre y a la honra del señor
Jaison José Masco Gutiérrez mediante la utilización de su fotografía en una valla
publicitaria instalada en el Obelisco.

Por otro lado, explicó que, si bien la jurisprudencia del Consejo de Estado3 ha
reconocido el arbitrio judicial como un elemento determinante para la tasación de
los perjuicios morales, dicha facultad debe responder a criterios de razonabilidad
y equidad. Para el efecto, se refirió a la aplicación del principio del arbitrio juris y
citó apartes de la sentencia:

“No se trata, en efecto, de una facultad arbitraria; por ello, en su desarrollo,
debe buscarse también la garantía del principio de igualdad, lo que hace
necesaria la comparación de la situación debatida con otras ya decididas, con
fundamento en el análisis de los diferentes aspectos que determinan aquélla y
éstas, dentro de los cuales deberá tomarse en cuenta, por supuesto, el valor
real de la indemnización”.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Radicación No.

66001-23-31-000-1996- 3160-01(13232-15646), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

3
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Explicó que, en consonancia con los criterios de equidad y proporcionalidad se
debía aplicar los topes indemnizatorios establecidos por el Consejo de Estado en
la sentencia de unificación de fecha 29 de noviembre de 2021, para los casos de
la privación injusta de la libertad.

Lo anterior, «en el entendido que si bien la reducción obedece a que se considera que
en este caso los derechos afectados son cuantitativamente menos que los que se
lesionan cuando existe una privación de la libertad, y desde el punto de vista de la
temporalidad la falla en que incurrió el municipio fue relativamente de poca duración,
tampoco se advierte razonable fijar un monto que resulte vil o irrisorio de cara al
resarcimiento del derecho afectado.»

La decisión fue notificada el 15 de abril de 2024, como obra en el expediente
ordinario digital.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora en primer lugar, explicó la acción constitucional no iba dirigida al
sentido del fallo, el cual fue acertado, sino a la tasación de los perjuicios morales,
ya que el Tribunal Administrativo del Cesar modificó el numeral segundo de la
sentencia de primera instancia, con base en criterios alejados de su situación
particular.

Desconocimiento del precedente: Explicó que la autoridad judicial accionada
tomó como referencia la sentencia del 29 de noviembre de 2021 del Consejo de
Estado, Sección Tercera. Sin embargo, dicha providencia no era aplicable a su
caso, pues refiere puntualmente a un caso de privación injusta de la libertad, «es
decir, tomó una sentencia que no era análoga a su caso, ya que el proceso en donde
obro como demandante en contra del Municipio de Valledupar, se reclamaba la
indemnización o compensación por el daño a la honra, el buen nombre, la integridad
familiar y no por privación injusta de la libertad».

Por último, trajo a colación sentencias del Consejo de Estado parecidas a su
situación concreta, en las cuales no se tuvo en cuenta dicha sentencia de
unificación para calcular el monto de la indemnización, a saber:

-Sentencia del 19 de noviembre de 2012 del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, dictada en el marco del proceso 76001-23-31-000-1998-
01510-01.

-Sentencia del 24 de noviembre de 2023, dictada en el marco del proceso 25000-
23-26-000-2009-00585-01.

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1.5. Admisión4

Mediante auto de 9 de julio de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar tanto a la parte actora5 como al Tribunal Administrativo del Cesar6, como
autoridad judicial accionada.

Se vinculó, en calidad de tercero con interés al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar7 «a quo ordinario», al municipio de Valledupar8
y a la Nación, Ministerio de Defensa9, Policía Nacional10 «entidades que hicieron
parte del ordinario». Así mismo, a los señores Armando Masco Salgado, Rosa
Mercedes Gutiérrez de Masco, Eulalia Isabel Martínez Bermúdez, Sharon
Elizabeth Masco Martínez, Jheyson Junior Masco Martínez, Santiago de Jesús
Masco Martínez, Ender Alexander Masco Gutiérrez, Ignacia Isabel Masco
Gutiérrez Caicedo y Jeison José Masco Gutiérrez «parte activa del ordinario».

1.6. Intervenciones

1.6.1. Municipio de Valledupar

Solicitó negar las pretensiones de la demanda ya que el fallo del 11 de abril de
2024 se ajusta en derecho y con esa decisión no está vulnerando derechos
fundamentales del accionante. Agregó que «respecto a las pretensiones solicitadas
en el escrito de tutela, el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR se opone a cada una de ellas,
en virtud que este ente territorial no ha trasgredido derechos fundamentales de los
cuales el accionante pretende que se le protejan».

1.6.2. Policía Nacional

Requirió negar las pretensiones ante la inexistencia de vulneración a los
derechos fundamentales del actor. Adujo que no se acreditó un perjuicio
irremediable, que amerite la procedencia de la tutela como un mecanismo para
acceder al reconocimiento de las pretensiones solicitadas, «máxime cuando se
debatió a través de otras vías de protección jurisdiccional siendo las idóneas para
resolver la litis propuesta en la presente acción.»

Los demás sujetos, pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron
informe de fondo frente al asunto.

4 Índice 4 de Samai.
5 Jaisonmasco20@gmail.com
6 tutelastacsr@cendoj.ramajudicial.gov.co; sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co;

sgtadmincsr@notificacionesrj.gov.co; sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 j03admvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 soytransparente@valledupar.gov.co; contactenos@valledupar-cesar.gov.co;

juridica@valledupar-cesar.gov.co
9 Notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co;
10 segen.consejo@policia.gov.co; notificacion.tutelas@policia.gov.co;

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor Masco Gutiérrez, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5°
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1°
del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige
contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

2.2. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo del Cesar vulneró los derechos
fundamentales «al debido proceso, a la igualdad, a la reparación integral, a
la honra, al buen nombre, y proporcionalidad» con ocasión de la sentencia
del 11 de abril de 2024, mediante la cual modificó el ordinal segundo de
la providencia del a quo, para en su lugar, reducir la tasación de la
indemnización por concepto de perjuicios morales?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial, y iii) el análisis del caso en
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 12 y declaró
su procedencia.13

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere
la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.

2.4. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 202214.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen

12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
14 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los
jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal15 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico16; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional17.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal18”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional

15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-103 de 2022.

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exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales19”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto20, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra
providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los
litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o
interpretativas de corrección legal21. (Resaltado de la Sala)

Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la
Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI
S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad
para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente
legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no
cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba
la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

2.5. Caso concreto

Los argumentos de la parte actora apuntan a probar la presunta lesión de sus
derechos fundamentales debido a que, a su juicio, el Tribunal Administrativo de
Cesar al modificar el numeral segundo de la parte resolutiva, aplicó una sentencia
de unificación que no correspondía a su caso concreto, puntualmente por
modificar los montos de la condena.

Atendiendo a dichos argumentos, estima la Sala que lo pretendido es controvertir
las conclusiones asociadas a la aplicación de la sentencia de la fecha 29 de
noviembre de 2021, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera
adoptó reglas para unificar la jurisprudencia relativa al reconocimiento y monto
de los perjuicios morales por la privación injusta de la libertad.

Al respecto se destaca que el tribunal, luego de efectuar el estudio de la
responsabilidad, concluyó que había lugar a reducir el monto de la tasación de
los perjuicios morales atendiendo a la sentencia de la mentada decisión de
unificación.

19 Sentencia SU-128 de 2021.
20 Sentencia SU-573 de 2019.
21 Ibid.

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La autoridad judicial explicó que, si bien dicha providencia fue prevista para los
casos de la privación injusta de la libertad, en aplicación a los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, esta era también aplicable al del señor Masco
Gutiérrez toda vez que la situación de las personas injustamente privadas de la
libertad era aún más gravosa que la de los demandantes en ese caso, pues
además de soportar el ser tildados como personas implicadas en un proceso
penal, experimentan una carga adicional con la imposición de la medida de
aseguramiento.

Concluyó el tribunal que, en vista de lo anterior, se consideraba razonable y
proporcional ajustar la tasación de la indemnización, y para ello acudir a los
valores contenidos en la sentencia de unificación citada, en el entendido que la
reducción obedecía a que en este caso los derechos afectados eran
cuantitativamente menos que los que se lesionan cuando existe una privación de
la libertad.

La autoridad judicial aunado a lo anterior, explicó que, desde el punto de vista de
la temporalidad, la falla en que incurrió el municipio fue relativamente de poca
duración, por lo que tampoco se advertía razonable fijar un monto que resultara
irrisorio de cara al resarcimiento del derecho afectado.

Dichas afirmaciones, llevan a la Sala a considerar que los tutelantes buscan
reabrir el debate ya zanjado y que el juez de tutela imponga una interpretación
distinta respecto a la aplicación de la sentencia de unificación a la que asumió el
juez natural de la causa.

Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales
le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita
de los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por el
actor dentro del trámite de tutela, toda vez que analizar puntos meramente
legales atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se
convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.

En consecuencia, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito
de relevancia constitucional, en cuanto los argumentos traídos en el escrito de
tutela ya fueron desatados por el juez natural de la causa, quien concluyó que si
bien dicha sentencia de unificación fue establecida para la tasación de los
perjuicios morales en casos de privación injusta, la misma también era aplicable
en el caso del señor Masco Gutiérrez teniendo en cuenta que, de conformidad
con reglas de la experiencia, la situación de las personas injustamente privadas
de la libertad era aún más gravosa que la de señor Masco Gutiérrez y su familia
e igualmente, la falla en que incurrió el municipio fue relativamente de poca
duración.

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Es pertinente señalar que el simple alegato de una vulneración no conlleva que
el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente
relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie
un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental. Esto, ya que la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de
carácter legal, económico o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.

Lo contrario generaría que el juez constitucional de tutela deba proceder con una
revisión in extenso de los elementos de convicción aportados al expediente, lo
que claramente desborda las competencias propias de esta instancia y
desconoce la función propia del juez natural de la causa.

Por otra parte, debe recordarse que esta Sección ha estimado que la parte que
invoca el desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga
mínima de identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que considera
desatendida; (ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se
somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis y (iii) la incidencia de esta en
la decisión final que adopte el fallador de instancia.

De conformidad con lo expuesto, la parte actora tenía la carga de, además de
identificar el precedente que invoca como desconocido, señalar la regla de
derecho que resulta aplicable al caso en concreto, aspecto que la Sala no
encuentra acreditado en tanto, se limitó a señalar apartes de la providencia con
radicado 76001-23-31-000-1998-01510-01 y 25000-23-26-000-2009-00585-01,
en las cuales, a su juicio, no se ha dado aplicación a dicha la mencionada
sentencia de unificación para calcular la tasación de los perjuicios morales.

En ese orden de ideas, se advierte que del escrito tutelar no se hace referencia
a esa regla determinante para el sentido de la decisión en el caso en concreto ni
tampoco su ratio decidendi. Como se señaló en líneas precedentes, el actor se
limitó a identificar las providencias que aduce como desconocidas y a citar
extractos de estas.

La Sala concluye que la parte pretender utilizar la tutela como un mecanismo
para revivir la controversia ya definida, cuestión que no impacta la garantía de
los derechos fundamentales invocados, pues busca convertir el trámite en una
tercera instancia. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de
carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales.

Por lo explicado, esta declarará improcedencia de la acción porque no se acreditó
el requisito procedibilidad adjetiva atinente a la relevancia constitucional. Ello, en

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Jaison José Masco Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03206-00

la medida en que, tal y como se advirtió, en el marco del defecto por
desconocimiento del precedente no se edifican en argumentos de raigambre
superior, sino una merca reiteración de los argumentos ya resueltos por el juez
natural de la causa.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción instaurada por el señor
Jaison José Masco Gutiérrez contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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