Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03207-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03207-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03207-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
20 de septiembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03207-00
Demandante: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03207-00
Demandante: DELLIS ESTHER MERIÑO VILLEGAS Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
SINCELEJO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa en el que se declaró la caducidad del término para presentar
la demanda en caso relacionado con desplazamiento forzoso.
Defecto procedimental absoluto y desconocimiento del precedente
judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Dellis Esther Meriño Villegas y otros1, por conducto de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y reparación integral,
ocurrida con ocasión de las providencias de 18 de diciembre de 2023 y 23 de abril
de 2021, respectivamente, dentro del proceso de reparación directa identificado
con el radicado N.º 70001-33-33-004-2018-00189-00/01.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Del escrito de tutela y del expediente ordinario se pueden extraer como hechos
relevantes los siguientes:
Los accionantes en ejercicio del medio de control de reparación directa
presentaron demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada,
Ejército y Policía Nacional, el departamento de Sucre y el municipio de Ovejas,
con la pretensión de que se declarara su responsabilidad administrativa y
patrimonial con ocasión del desplazamiento forzado masivo del que fueron
víctimas luego de la masacre de Chengue, ocurrida el 17 de enero de 2001.
1 Yarledis Judith López Montes, Eustorgio Rafael Meriño Villegas, Diana María Rivero Gutiérrez, Farides
Mariela Meriño Villegas, Jaime Luis Fernando Meriño, Miriam del Socorro Romero Montes, Leidy Patricia
Romero Torres, Dina Luz Romero Romero, Nayivis Esther Romero Romero, Javier David Morales Romero,
Yaireth Morales Romero, Marelvis Romero Romero, Enalba Rosa Romero Montes, Marco Cecilio Romero
Rodríguez, Eder Luis Romero Romero, Viviana Estela Romero, Jesús David Romero Romero, Alfredo Rafael
Romero Montes, Aderlaides Esther Torres Romero, Osnaider de Jesús Romero Torres, César Luis Romero
Montes, Alberto Enrique Romero Montes, Yenis María Romero Montes, Ever Enrique Romero Rodríguez,
Leudith Esther Romero Romero, Ever Segundo Romero Romero, Sirle Isabel Romero Romero, Yasneys María
Romero Romero, Claudia Patricia Romero Romero, Nelcy Estela Romero Montes, Mercedes Virginia Montes
de Romero y Francia Elena Meriño Tanuz.
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Demandante: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
Manifestaron que el asunto por reparto correspondió al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, que en sentencia de 23 de abril de
2021 declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de
reparación directa, al considerar que para la fecha en que ocurrieron los hechos,
esto es, el 17 de enero de 2001, los demandantes contaban con los elementos de
juicio suficientes para acudir a la jurisdicción, por cuanto en el escrito de la
demanda reconocieron los hechos notorios y públicos de la lamentable situación
que trajo como consecuencia su desplazamiento forzado.
Señalaron que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo
fundamentó su decisión en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de
29 de enero de 2020, desconociendo que para la fecha de radicación de la
demanda -20 de junio de 2018-, dicho pronunciamiento no se encontraba vigente y
al tratarse de un caso de desplazamiento forzado catalogado como un delito de
lesa humanidad, no debía aplicarse el fenómeno jurídico de la caducidad.
Finalmente, expusieron que una vez apelada la decisión, el Tribunal Administrativo
de Sucre en sentencia del 18 de diciembre de 2023, confirmó lo resuelto por el a
quo, en el sentido de aplicar la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
de forma retrospectiva.
2. Fundamentos de la acción
Los accionantes expresaron que las autoridades judiciales accionadas
desconocieron el carácter continuado del desplazamiento forzado y el contexto del
conflicto armado interno en el que se desarrollaron las circunstancias fácticas,
razón por la cual el fenómeno jurídico de la caducidad no debió contabilizarse
desde el día en que estos ocurrieron, pues en ese momento existía una
imposibilidad probatoria ya que se encontraba en auge el conflicto, no se conocían
las situaciones particulares de cada víctima, no existía claridad ni certeza de la
antijuricidad porque el proceso penal por los hechos de la masacre aún no había
finalizado.
En ese orden de ideas, expusieron que contabilizar los términos de la caducidad a
partir del 17 de enero de 2001, supone el desconocimiento del principio de
legalidad y el debido proceso que debe observase en el medio de control de
reparación directa y el deber de la reparación integral a las víctimas, así como el
carácter continuado del desplazamiento forzado.
Sumado a lo anterior, indicaron que en las providencias objeto de reproche, se
incurrió en un defecto procedimental absoluto, al no permitirles actualizar sus
planteamientos de acuerdo con las nuevas reglas de unificación establecidas por
la Sección Tercera del Consejo de Estado, teniendo en cuenta que no se
encontraban vigentes a la fecha de radicación de la demanda.
Sobre los efectos de la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, indicaron
que en dicha providencia no se abordaron sus efectos, situación que ha generado
diferentes interpretaciones en las que, por ejemplo, el 22 de julio de 2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela, planteó una tesis a
través de la cual indicó que el fallo de unificación debía aplicarse con efectos hacia
el futuro.
Dicha providencia fue revocada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, al
considerar que se debían aplicar las reglas de unificación sin distinción, para todos
los casos que se encuentren en trámite.
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No obstante, expusieron que, en sede de revisión, la Corte Constitucional a través
de sentencia de unificación SU-167 de 8 de mayo de 2023, revocó la decisión de
la Sección Tercera del Consejo de Estado para, en su lugar, confirmar
parcialmente la providencia de la Sección Segunda de esta Corporación, al
considerar que a las demandas que tienen como propósito la reparación de los
daños ocasionados por graves violaciones de derechos humanos, debe aplicarse
una valoración probatoria amplia y flexible.
Asimismo, en dicho proveído se realizó el estudio correspondiente para determinar
si la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, incurrió en un
defecto procedimental absoluto, al no readecuar el procedimiento y permitir a las
partes, actualizar sus planteamientos conforme a las nuevas reglas de unificación
sobre la materia.
Igualmente, indicaron que no se tuvo en cuenta que en el proceso penal remitido
por la Fiscalía 43 DECVH de Bogotá con radicado 956 -conformado por 65
cuadernos principales-, se estableció que mientras no se cuente con los
elementos de juicio para poder determinar que el Estado estuvo relacionado en
una acción u omisión de un daño que le era imputable, no era exigible el cómputo
de la caducidad.
Por otro lado, manifestaron que el mismo Tribunal accionado, en sentencia
proferida el 26 de noviembre de 2023 identificada con el radicado 11001-03-15-
000-2023-05139-00, sostuvo que, cuando se trata de casos por desplazamiento
forzado, es procedente la aplicación de la teoría del daño continuado, por lo que la
caducidad se debe contabilizar una vez se acredite la cesación del daño por el
retorno consolidado al lugar de origen o el asentamiento en otro lugar.
En concordancia con lo anterior, citaron una sentencia de 9 de septiembre de
2022, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con radicado 11001-33-36-036-2015-00595-01,
por medio de la cual se indicó que el daño causado como consecuencia del
desplazamiento forzado de las víctimas, pueden ser conocido en un momento
particular en el tiempo, teniendo en cuenta que, en su gran mayoría, las víctimas
permanecen durante muchos años afectados, razón por la cual no puede existir un
momento particular para determinar que el daño se consumó.
Señalaron que en la providencia referenciada también se estableció que el
desplazamiento forzado no puede ser previsible por quién lo padece ya que es un
diario vivir de las víctimas, por lo que invocó la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), a través de la cual se ha
considerado que existen normas ius cogens que han establecido que los delitos de
lesa humanidad son imprescriptibles, teniendo en cuenta que han generado
graves violaciones a los derechos humanos.
Así las cosas, de conformidad con todo lo expuesto concluyeron que existe una
excepción al término de caducidad cuando se trata del desplazamiento forzado,
pues, dadas las circunstancias especiales, debe admitirse cierta flexibilización
para poder garantizar el acceso a la administración de justicia y la reparación
integral de las víctimas.
Para finalizar, expresaron que los cambios en el precedente judicial afectan su
confianza legítima, en tanto tenían la plena convicción de que las reglas vigentes
serían analizadas en su caso concreto, por lo que aplicar de forma inmediata el
nuevo precedente deriva en el desconocimiento de los derechos fundamentales,
generando consecuencias jurídicas desfavorables, que no podían ser previsibles.
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3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“Solicito al despacho el amparo invocado toda vez que cumple con los requisitos
mínimos señalados en el Decreto 2591 de 1991.
PRIMERO: Solicito a esta Alta Corporación, con el debido respeto, la revocatoria de las
decisiones proferidas por las autoridades accionadas, que declararon probada la
caducidad de la acción propuesta por el Juzgado Cuarto administrativo del circuito de
Sincelejo y confirmada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE.
SEGUNDO: Se dé aplicación a la normativa actual al momento de la presentación de la
Conciliación ante la procuraduría 103 asuntos administrativos, para el mes de agosto
de 2017, dada línea de argumentación transcrita por el apoderado, de crímenes de lesa
humanidad, que tiene como fundamentos los principios de legalidad, confianza
legítima, así como el mandato de tutela efectiva.
Corte Constitucional en sede de revisión y mediante sentencia de unificación No. 167
de 2023 del 18 de mayo de 2023. (concepto ministerio publico exp. 2001-23-33-000-
2018-00094-02-(69.329.de fecha enero 17 de 2024.
TERCERO: Se protejan los derechos fundamentales de los demandantes accionantes,
se de aplicación al concepto de la procuraduría delegada, Corte Constitucional en sede
de revisión y mediante sentencia de unificación No. 167 de 2023 de 18 de mayo de
2023. (concepto público exp. 2001-23-33-000-2018-00094-02-(69.329). de fecha enero
17 de 2024. Y se dicte un nuevo auto de mejor proveer; donde los accionantes puedan
argumentar y plantear del porque no demandaron dentro del término. Dada la violación
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, reparación a víctimas de
grave violaciones de derechos humanos, para el caso en estudio.
CUARTO: Solicitar con el respeto acostumbrado dar aplicación a lo señalado por la
Corte Constitucional, concepto de la Procuraduría, y se sirva ordenar y readecuar el
procedimiento para permitir que las partes actualizaran sus planteamientos conforme a
las nuevas reglas de Unificación previstas por la Sección Tercera del Consejo de
Estado sobre la materia”.
4. Pruebas relevantes
Mediante correo electrónico de 5 de julio de 2024, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo remitió el vínculo para ingresar al
expediente digital No. 70001-33-33-004-2018-00189-00 correspondiente al medio
de control de reparación directa que adelantaron los demandantes contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Armada y Policía
Nacional.
5. Trámite procesal
Por auto de 2 de julio de 2024, el despacho de la magistrada ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a las autoridades
judiciales accionadas, así como a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional y a los señores Jorge
Enrique Meriño Tannus, Juan Ángel Meriño Velilla, María Ángel Meriño Velilla,
Edgar Enrique Meriño Villegas, Angellys Paola Meriño López, Laura Andrea
Meriño López, Diego Andrés Meriño Rivero, Geidy Cecilia Fernández Meriño,
Erneda Judith Ramírez Pérez, Lorayne Marcela Puentes Ramírez, Osnaider
Rafael Puentes Ramírez, Cristian Camilo Pérez Ramírez, Angélica María Pérez
Ramírez, Ángela Patricia Acosta Romero, Jesús Daniel Acosta Romero, Luisa
Fernanda Acosta Romero, Dina Isabel Canoles Romero, Jesús Manuel Mercado
Romero, Nicol Paola Romero Peluffo, Isaura Esther Romero Romero, Isaí José
Romero Romero, Rodrigo Andrés Tordecillas Romero, Gelen Patricia Tordecillas
Romero, Dairlene Benitez Romero, Consuelo Benitez Romero, Néstor José
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03207-00
Demandante: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
Benitez Romero, Samuel David Benitez Romero, Samuel David Meriño Tanuz,
Valentina González Meriño, Ángela María Pimienta Ramírez, Jesús Daniel
Santana Pimienta, Yulieth Santana Pimienta, Snaider David Santana Pimienta y
Luis Carlos Novoa Pimienta, como terceros interesados en el resultado del
proceso.
Posteriormente, en providencia de 28 de agosto de 2024, el despacho de la
magistrada ponente dispuso vincular en calidad de accionado al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Sincelejo.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Policía Nacional
Por medio de oficio de 5 de julio de 2024, la asesora del Área Jurídica pidió que se
negaran las pretensiones de la acción de tutela por resultar improcedente, al no
evidenciarse vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Sobre el particular, manifestó que los accionantes ejercieron el medio de control
de reparación directa por fuera de los términos establecidos en el literal i) del
artículo 164 de la Ley 1437 del 2011, el cual ya ha sido analizado por la Sección
Tercera del Consejo de Estado en sentencia y auto de unificación identificados
con los radicados 9001-31-000-1999-00815-01 y 11001-03-25-000-00386-00,
respectivamente, a través de los cuales se ha establecido que el medio de control
de reparación directa debe ser radicado dentro del término de 2 años contados a
partir del día siguiente de la ocurrencia de los hechos o del momento en que se
tuvo pleno conocimiento, lo que para el caso concreto fue el 18 de enero de 2001.
Asimismo, sobre la providencia cuestionada sostuvo que el Tribunal Administrativo
de Sucre en ejercicio del principio de razonabilidad, realizó un estudio de los
factores de modo tiempo y lugar, que le permitieron concluir que operó el
fenómeno jurídico de la caducidad.
En lo que tiene que ver con el desconocimiento de la sentencia SU-312 de 2020,
reiteró que la contabilización del término de caducidad que aplicaba para los
demandantes, empezó a contar desde el momento en que tuvieron conocimiento
de los hechos que, para el caso particular, se dio en el momento en que se
produjo el desplazamiento forzado.
Por otro lado, señaló que el apoderado de los accionantes realizó una
interpretación errónea del principio de igualdad y de la aplicación de los efectos de
las sentencias judiciales, al pretender que se aplique un precedente judicial del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca del cual los accionantes no hicieron
parte, por lo que no es posible jurídicamente que se apliquen los efectos inter
partes de una providencia en la que no estuvieron vinculados.
Para terminar, expuso que no se acreditó un perjuicio irremediable o una amenaza
inminente.
6.2. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional
La profesional de defensa del grupo contencioso constitucional del Ministerio de
Defensa Nacional – sede Sucre, solicitó negar las pretensiones de la acción de
tutela, al considerar que no vulneró los derechos fundamentales de la parte
demandante, ni cometió alguna vía de hecho.
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Demandante: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
En primera medida, se opuso a todas las pretensiones de la tutela que
presentaron los accionantes como consecuencia de la decisión proferida por el
Tribunal Administrativo del Sucre el 18 de diciembre de 2023, que confirmó lo
resuelto en primera instancia, en el sentido de declarar probada la excepción de
caducidad con fundamento en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020,
la cual fue respaldada por la Corte Constitucional en la SU-312 de 2020.
Luego, sostuvo que en el proceso ordinario de reparación directa no se generó
ninguna irregularidad sustancial que permita y amerite la intervención del juez
constitucional, ya que no se demostró la vulneración de los derechos
fundamentales por parte de las autoridades judiciales accionadas al decretar la
caducidad del medio de control.
Por otro lado, expuso que la acción constitucional se torna improcedente para
controvertir una sentencia de unificación, toda vez que si bien procede de manera
excepcional, se debe demostrar una violación abierta y flagrante de los derechos
fundamentales, de allí que no proceda cuando se fundamenta en inconformidades
sobre la interpretación jurídica de la alta corte, como sucede en el presente caso.
Así las cosas, explicó que el Tribunal Administrativo de Sucre en la providencia
objeto de reproche advirtió que los demandantes tenían hasta el 18 de enero de
2013 para radicar la demanda de reparación directa, y teniendo en cuenta que el
precedente judicial vigente al momento de proferir la sentencia de 18 de diciembre
de 2023 era el contenido en la sentencia de 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, los pronunciamientos previos en materia
de caducidad frente a los casos de lesa humanidad, no constituyen precedente ya
que existían varios criterios y lineamientos sobre el tema.
En ese sentido, consideró que las interpretaciones de los accionantes resultan
equivocadas, teniendo en cuenta que, si bien la jurisprudencia ha dejado claro que
se puede flexibilizar el término de caducidad, ello no significa que sea dable
admitir todas las demandas con fundamento en la imprescriptibilidad de la acción
dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
En relación con la aplicación del Estatuto de Roma sobre la imprescriptibilidad de
los delitos de lesa humanidad, explicó que dicha afirmación no puede aplicarse de
forma automática en nuestro ordenamiento, ya que ni la Constitución Política ni el
Código de Procedimiento Penal establecen delitos que sean totalmente
imprescriptibles, a lo que agregó que la Corte Constitucional ha considerado que
no todo su contenido pertenece al bloque de constitucionalidad.
Así pues, sostuvo que establecer un plazo para acudir a la jurisdicción constituye
un principio básico de la estructura jurídica constitucional del Estado de derecho,
la seguridad y certeza de las actuaciones de todas las autoridades judiciales que
deben respetar el régimen sustancial y el ámbito temporal establecido en las
normas.
Ahora bien, sobre la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, indicó que
la Sección Tercera del Consejo de Estado realizó un estudio sobre la inaplicación
de la imprescriptibilidad indicada por la Corte Interamericana de derechos
Humanos en el caso de Órdenes Guerra contra Chile, el cual no resulta vinculante
para el estado colombiano.
Asimismo, contempló una tercera regla de caducidad, a través de la cual indicó
que el término de los dos años, debe contabilizarse a partir del conocimiento de
los hechos sobre la presunta la responsabilidad del Estado.
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Demandante: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
En ese orden de ideas, en los procesos contencioso administrativos el
conocimiento de los hechos es el punto de partida para contabilizar el término de
caducidad, es decir, a partir de que el demandante supo o tenía la posibilidad de
advertir que el Estado tuvo alguna implicación en la controversia que pretende
plantear y es susceptible de ser demandado.
Para finalizar, sostuvo que no se vulneró el derecho fundamental a la igualdad por
un cambio jurisprudencial, pues precisamente las sentencias de unificación se
expiden cuando existen diversas tesis frente a un mismo tema, como en el caso
de la contabilización del término de caducidad cuando se trata de delitos de lesa
humanidad.
6.3. Respuesta del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo
La jueza a cargo del despacho manifestó que los reproches de la parte accionante
están dirigidos contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo, por lo que solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
Asimismo, informó que remitió el oficio a dicho juzgado, por ser la autoridad
judicial que tramitó el proceso identificado con el radicado 7001-001-33-004-2018-
00189-00.
6.4. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo, remitió el
enlace para acceder al expediente ordinario de reparación directa, aportó la lista
de los correos electrónicos de los vinculados como terceros interesados en el
resultado del proceso y guardó silencio frente a las pretensiones de la tutela.
6.5 El Tribunal Administrativo de Sucre, el Ejército Nacional y la Armada
Nacional, y los vinculados como terceros interesados en el resultado del
proceso, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
acción de tutela.
2. Cuestión previa
El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo solicitó ser
desvinculado del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a
que las pretensiones sobre las cuales se reclama el amparo están dirigidas al
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y al Tribunal
Administrativo de Sucre, frente a las decisiones que se profirieron en el proceso de
reparación directa con radicado No. 7001-001-33-004-2018-00189-00/1.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20222 señaló que dicho requisito
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M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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Demandante: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de
ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental,
en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala accederá a la desvinculación del Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, debido a que no es la
autoridad judicial que profirió alguna de las providencias que hoy se cuestionan.
3. Planteamiento del problema jurídico
3.1. Los accionantes en el escrito de tutela invocan como causal especial de
procedencia el defecto procedimental absoluto, sin embargo, al verificar los
argumentos expuestos, se evidencia que sus alegatos también se encuadran en el
desconocimiento del precedente judicial, razón por la cual el debate también se
abordará frente a este último.
3.2. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal
Administrativo de Sucre y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo, con las sentencias de 18 de diciembre de 2023 y 23 de abril de 2021,
respectivamente, por medio de las cuales se declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa, vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y reparación integral de los
accionantes, al supuestamente incurrir en los defectos por i) desconocimiento
del precedente judicial, al no tener en cuenta las providencias de 26 de
noviembre de 2023 -radicado 11001-03-15-000-2023-05139-00-, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre y de 9 de septiembre de 2022 -radicado 11001-
33-36-036-2015-00595-01-, dictada por la Subsección “B” de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ii) procedimental absoluto por
cuanto se desconoció:
• Que existe una excepción al término de caducidad cuando se trata del
desplazamiento forzado.
• Que los cambios en la jurisprudencia afectan la confianza legítima y aplicar
de forma inmediata un nuevo precedente deriva en el desconocimiento de
los derechos fundamentales y genera consecuencias jurídicas
desfavorables que no pueden ser previsibles.
• Que al no permitirles actualizar sus planteamientos de acuerdo con las
nuevas reglas de unificación establecidas por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de conformidad con lo estipulado en la sentencia de
unificación de la Corte Constitucional SU-167 de 2023, se incurrió en la
vulneración de sus derechos fundamentales.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
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Demandante: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 6, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que
sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución15.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
9 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
11 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
15 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
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interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte
Constitucional17.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela
La Sala encuentra que están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i)
goza de relevancia constitucional, en consideración a que los hechos y
pretensiones de la acción de tutela exigen estudiar el alcance de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y reparación integral que pretenden la
indemnización del daño derivado del desplazamiento forzado masivo ocurrido con
ocasión de la masacre de Chengue. Aun cuando en ambas instancias se declaró
probada la excepción mixta de caducidad del medio de control, recuérdese que la
acción de tutela fue incoada por personas que gozan de protección constitucional
reforzada por ser víctimas de desplazamiento forzado18. De allí, que se entienda
superado ese presupuesto general de procedencia en este caso concreto, a lo que
se agrega que la solicitud cuenta con la carga argumentativa mínima requerida
para efectuar el estudio de fondo de la controversia puesta a consideración del
juez de tutela.
Igualmente, (ii) la parte accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial, en el que pueda plantear los cargos relacionados en la acción de tutela;
(iii) la solicitud de amparo constitucional se instauró dentro del plazo indicativo de
los seis (6) meses19 establecido como razonable por esta Corporación y la Corte
Constitucional; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera
clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
16 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
18 Al respecto, Corte Constitucional: Sentencias SU-254 de 2013, T-037 de 2015, T-352 de 2016, T-237 de
2017, T-089 de 2021, T-044 de 2022, T-117 de 2022 y T-374 de 2023. Al respecto, en la sentencia T-089 de
2021, la Corte manifestó: «3.1.2. Los desplazados como sujetos de especial protección constitucional.
En este punto en particular, debe resaltarse, como bien se dijo en uno de los acápites anteriores, que el
Estado colombiano tiene la obligación de ayudar a todas las víctimas del conflicto armado interno a superar la
condición de desplazamiento, lo cual se debe lograr brindando condiciones de auto sostenimiento que
permitan garantizar la reconstrucción de sus vidas y la satisfacción de sus necesidades básicas. Esta
responsabilidad del Estado se debe precisamente a las tres condiciones que han sustentado
jurisprudencialmente la protección reforzada de la población desplazada, a saber: (i) las situaciones que se
derivan del desplazamiento, como el verse obligado o forzado a abandonar de manera intempestiva el hogar y
lugar de origen y el tener que llegar en condiciones precarias a otro lugar con el que no se tiene arraigo; (ii) el
incumplimiento por parte del Estado del deber de brindar y garantizar la protección y seguridad de todos los
ciudadanos en el territorio nacional, lo que ha tenido como consecuencia la generación del desplazamiento
forzado; y, (iii) la persistente incapacidad del Estado para proveer protección a las víctimas del conflicto
armado interno, puntualmente a la población desplazada, y restablecer sus derechos, razón por la cual se ha
generado un “estado de cosas inconstitucional”, por las ostensibles omisiones de las autoridades en
proporcionar una debida atención a las víctimas».
19 La sentencia de segunda instancia fue notificada el 1 de marzo de 2024 y la acción de tutela se radicó el 21
de junio de 2024. (Índice 1 Samai), es decir, dentro de los (6) meses establecidos como plazo razonable.
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5.2. Postura de la Sección Cuarta del Consejo de Estado en casos
relacionados con el término de caducidad en el medio de control de
reparación directa por desplazamiento forzado
Esta Sección20, en los casos relacionados con la verificación de la figura de la
caducidad en asuntos de desplazamiento forzado, ha considerado que se debe
aplicar la regla jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-254 de 2013, por su carácter especial, lo que no excluye la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, particularmente, la regla III que dispone que “el término
pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará
a correr el plazo de ley”, lo cual se deberá valorar, caso a caso.
La Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 201321, estudió procesos
acumulados en los que personas víctimas de desplazamiento forzado reclamaban
indemnizaciones por vía administrativa y consideró que debía unificar los distintos
criterios jurídicos que habían dado lugar a diferentes consecuencias jurídicas a los
mismos supuestos de hecho en materia de reparación integral e indemnización
administrativa a víctimas del desplazamiento forzado.
Explicó que esa Corporación ha reconocido y protegido de manera categórica,
pacífica, reiterada, clara y expresa los derechos de las víctimas a la verdad, a la
justicia, a la reparación y a la no repetición, especialmente, frente a graves
violaciones de derechos humanos, con particular énfasis, para el caso de las
víctimas de desplazamiento forzado. Agregó que esos derechos deben
interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia y, que por lo tanto, las regulaciones de desplazamiento
forzado deben interpretarse tomando en cuenta los principios de favorabilidad
hacia el entendimiento y restablecimiento de derechos, la buena fe, la confianza
legítima, la preeminencia del derecho sustancial y el reconocimiento de la especial
condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las víctimas.
Señaló la existencia de diferentes vías para que las víctimas individuales y
colectivas de delitos en general, así como de graves violaciones a los derechos
humanos y del desplazamiento forzado en particular, puedan obtener el derecho a
la reparación integral (vía judicial y administrativa).
Sobre la responsabilidad en materia de desplazamiento forzado explicó que el
Estado como garante de la vida, honra, bienes y de los derechos fundamentales
de los ciudadanos, debe garantizar el goce efectivo de los derechos de las
víctimas a la verdad, a la justicia, y a la reparación, de conformidad con las
obligaciones constitucionales e internacionales sobre la materia. Y que esa
garantía cobra especial relevancia en el caso de vulneraciones masivas y
sistemáticas a los derechos humanos, como en el caso de las víctimas del delito
de desplazamiento forzado, por lo que es deber del Estado garantizar los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Agregó que en atención a las especiales y extremas condiciones de vulnerabilidad
y debilidad manifiesta de las víctimas de desplazamiento forzado, era necesario
adoptar medidas afirmativas para facilitar el acceso de los accionantes a la
reparación tanto por vía judicial como por vía administrativa.
20Sentencias de 30 de noviembre de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-05230-00, C.P.: Wilson
Ramos Girón, de 7 de marzo de 2024, radicado No. 11001-03-15-000-2024-00240-00, C.P.: Milton Chaves
García y de 25 de abril de 2024, radicado No.: 11001-03-15-000-2023-04852-01, C.P.: Wilson Ramos Girón.
21
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Sobre la caducidad de procesos judiciales concluyó que “los términos de
caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros
procesos judiciales que se adelanten ante la jurisdicción contencioso
administrativa sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y
no se pueden tener en cuenta transcursos de tiempo anteriores, en atención a su
condición de sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, en armonía
con lo resuelto en la sentencia C-099 de 2013”.
De manera reciente, la Corte Constitucional en la sentencia T-374 de 202322,
precisó que la sentencia SU-254 de 2013 no solo se circunscribió al estudio de la
vulneración del derecho a la indemnización administrativa de la población
desplazada, sino también al de la reparación integral, que incluye la posibilidad de
acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para obtener el resarcimiento
por los perjuicios sufridos y unificó la jurisprudencia respecto a “los distintos
criterios jurídicos que han dado lugar a la ejecución de distintas acciones
judiciales, a partir de las cuales se han adjudicado diferentes consecuencias
jurídicas a los mismos supuestos de hecho en materia de reparación integral e
indemnización administrativa a víctimas del desplazamiento forzado”.
Igualmente, resaltó que en razón a que estableció una regla específica
relacionada con la contabilización de la caducidad en los casos de
desplazamiento forzado, la sentencia SU-254 de 2013 tiene sustento en el criterio
de especialidad, así como “en el criterio de prevalencia de las normas
constitucionales y del alcance e interpretación que esta Corporación le otorgue a
las mismas, tal como se expuso en el acápite de la vinculatoriedad del precedente
constitucional que, entre otros fines, persigue garantizar la igualdad de trato y la
seguridad jurídica de los ciudadanos”.
Así las cosas, la Corte Constitucional insistió en que el término de caducidad de la
acción de reparación directa por desplazamiento forzado solo puede contarse a
partir del término de ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013, esto es, desde el
23 de mayo de 2013, criterio que ha sido acogido por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.
5.3. El Tribunal Administrativo de Sucre no incurrió en desconocimiento del
precedente judicial
5.3.1. Previo a resolver sobre la presunta configuración del desconocimiento del
precedente judicial, la Sala considera necesario relacionar las diferentes
actuaciones del proceso ordinario, específicamente, lo relacionado con el
presupuesto procesal de la caducidad, en los siguientes términos:
El 20 de junio de 2018, los accionantes presentaron demanda de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada, Ejército y
Policía Nacional, el departamento de Sucre y el municipio de Ovejas, con la
pretensión de que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial con
ocasión del desplazamiento forzado masivo del que fueron víctimas luego de la
masacre de Chengue, ocurrida el 17 de enero de 2001.
El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo en fallo de 26
de septiembre de 2022, declaró probada la excepción de caducidad del medio de
control de reparación directa, al considerar que para la fecha en que ocurrieron los
hechos que originaron la demanda, los demandantes ya contaban con los
elementos de juicio suficientes para demandar al Estado, ya que en la demanda
22
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12
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se reconoció el hecho notorio y público de la lamentable situación que obligó a las
familias a desplazarse.
Adicional a lo anterior, sostuvo que en el escrito de la demanda se afirmó que
desde el 17 de abril del 2000, se estableció que el corregimiento del Chengue se
encontraba catalogado como altamente vulnerable a un ataque militar. Asimismo,
indicó que la ausencia probatoria frente a la imposibilidad o no de ejercer en
tiempo la acción, no demostró las condiciones de vulnerabilidad expresada por los
demandantes, tales como el analfabetismo, que se trataba de un grupo marginado
y la imposibilidad de acceso a la información.
En ese orden de ideas, consideró que la parte accionante no podía solo relacionar
dichos sucesos, sino que debía demostrar cuáles fueron las condiciones que les
imposibilitó presentar la demanda en tiempo con algún medio probatorio que
permitiera tener certeza de ello.
Los accionantes indicaron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de
apelación, en el que manifestaron que era necesario que al estudiar su caso
concreto se realizara el control de convencionalidad sobre la regla de caducidad
consagrada en el artículo 164, numeral 2 del literal 1 de la Ley 1437 de 2011, en el
sentido de inaplicar la regla de caducidad al tratarse de un delito de lesa
humanidad.
Asimismo, expusieron que, en otras oportunidades, el Consejo de Estado ha
indicado que el conteo de la caducidad debe analizarse conforme a las situaciones
específicas de caso en concreto y frente a los desplazamientos forzados, el
término para iniciar la acción debe contabilizarse a partir del momento en que se
verifique la cesación de la conducta que dio lugar al mismo, al tratarse de daños
continuados, que además requieren de un tratamiento diferenciado.
Finalmente, expresaron que no existía prueba en el expediente que permitiera
determinar que el Estado hubiera ejecutado una política social de retorno de los
desplazados a sus sitios de origen, situación que pudo haber impedido el derecho
de acción.
El Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia de 18 de diciembre de 2023,
confirmó la decisión de primera instancia, en el sentido de declarar probada la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa. En primer
lugar, se refirió a la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se estableció que en los
procesos en los que se pretenda la indemnización por delitos de lesa humanidad,
crímenes de guerra y similares, para aplicar la caducidad se debía observar que “i)
en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii)
este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa,
se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación
por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley”.
En segundo lugar, se refirió a los hechos relacionados en la demanda de los
cuales estableció que las circunstancias que originaron las pretensiones tuvieron
origen el 17 de enero de 2001, de conformidad con el certificado expedido el 15 de
febrero de 2001 por la Personería Municipal de Ovejas, a través del cual se
constató que “Jorge Enrique Meriño Tanuz, quien residía en el corregimiento de
Chengue “abandono el día 17 del mes de enero del 2021, con su cónyuge Ingrid
Tovar Donado y sus hijos, a consecuencia de la masacre llevada a cabo en el
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corregimiento de Chengue el día 17 de enero de 2001” “(…) en la actualidad están
domiciliados en el corregimiento de Pijiguay Ovejas”.
Por tanto, manifestó que resultaba claro que el término para ejercer la demanda
de reparación directa corrió desde el 18 de enero de 2001 y el 18 de enero de
2003, a lo que agregó que los demandantes no aportaron ninguna prueba que
demostrara alguna circunstancia que hubiese impedido el ejercicio oportuno del
medio de control que permitiera variar los límites temporales del fenómeno jurídico
de la caducidad.
En ese orden de ideas, explicó que la fecha a partir de la cual se debían
contabilizar el término de la caducidad correspondía a la del 18 de enero de 2001
y teniendo en cuenta que la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada el 8
de agosto de 2017, para esa fecha ya habían transcurrido más de dos años para
acudir a la jurisdicción y la demanda fue presentada hasta el 20 de junio de 2018.
5.3.2. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez
al momento de decidir el nuevo caso.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que, “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con
el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso
pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial
no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación” 23.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se demuestra: (i)
la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y
jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); (ii)
que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes para la autoridad judicial
demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza
vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la decisión judicial que se
cuestiona en sede de tutela sea contraria al precedente vinculante (contradicción
con el precedente vinculante); (iv) que el juez de instancia no presente una
justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.
A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de lo
contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por la
jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical como
el horizontal. El segundo, refiere a las reglas de decisión fijadas por la autoridad
judicial de igual jerarquía. El vertical, por su parte, atiende a los lineamientos
establecidos por instancias superiores, es decir, por los órganos de cierre de cada
jurisdicción o por la Corte Constitucional24.
5.3.3. El principal argumento de disenso de la acción de tutela gravita en que el
Tribunal Administrativo de Sucre desconoció el carácter continuado del
desplazamiento forzado, el contexto del conflicto armado interno en el que se
desarrolló la masacre del Chengue y la excepción al término de caducidad cuando
se trata del desplazamiento forzado como delito de lesa humanidad.
23 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1029 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto.
24
Cfr. Corte Constitucional de Colombia. SU113 de 2018; T-309 de 2015 y T-794 de 2011.
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Asimismo, cuestionan la indebida aplicación de la sentencia de unificación de 29
de enero de 2020, que generó una afectación a su confianza legítima, ya que
tenían la convicción que su caso sería analizado bajo las reglas vigentes para la
época.
Como fundamento de lo anterior, manifestaron que el mismo Tribunal
Administrativo de Sucre en sentencia proferida el 26 de noviembre de 2023 -
radicado 11001-03-15-000-2023-05139-00-, sostuvo que, cuando se trata de
casos por desplazamiento forzado es procedente la aplicación de la teoría del
daño continuado, por lo que la caducidad se debe contabilizar cuando se acredite
la cesación del daño.
No obstante, una vez revisada la acción de tutela con sus respectivos anexos, no
obraba el fallo referenciado, por lo que se procedió a realizar la búsqueda en el
Sistema para Gestión Judicial SAMAI y no se encontró ninguna providencia
expedida por el Tribunal Administrativo del Sucre identificada con dicho radicado,
razón por la cual no es posible realizar el respectivo análisis de este precedente
horizontal.
Por otro lado, los accionantes también alegaron el desconocimiento de la
sentencia de 9 de septiembre de 2022, proferida por la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca -radicado 11001-33-
36-036-2015-00595-01-, por medio de la cual se indicó que el daño causado como
consecuencia del desplazamiento forzado de las víctimas, puede ser conocido en
un momento particular en el tiempo, teniendo en cuenta que, en su gran mayoría,
las víctimas permanecen durante muchos años afectados, razón por la cual no
puede existir un momento particular para determinar que el daño se consumó.
La Sala advierte que en esta providencia se realizó el estudio de la
responsabilidad del Estado por las amenazas de muerte y el desplazamiento
forzado de un grupo familiar, ocurrida en el municipio de Tierralta, Córdoba. Al
respecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al momento de realizar el
estudio de la caducidad, sostuvo que al ser catalogado el desplazamiento forzado
como un delito de lesa humanidad, el caso objeto de estudio no se encontraba
sujeto a dicho fenómeno jurídico.
Sobre el particular, la Sala considera que la decisión referenciada no impone la
obligación de resolver en el mismo sentido, pues debe precisarse que, cuando se
trata de precedente horizontal, la observancia no es tan rigurosa como la que se
predica del precedente vertical, pues es apenas comprensible que, en virtud de la
autonomía judicial, entre jueces de igual nivel funcional existan criterios de
interpretación y decisión distintos frente a casos análogos.
En otras palabras, cuando el precedente invocado no fue proferido por el superior
funcional (precedente vertical) ni por el propio funcionario (precedente horizontal
propio), la autoridad judicial puede decidir libremente el asunto, conforme con su
criterio, que, en todo caso, debe enmarcarse en los límites de la razonabilidad. Al
respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “cuando el término de comparación
no está dado por los propios precedentes del juez sino por el de otros despachos
judiciales, el principio de independencia judicial no necesita ser contrastado con el
de igualdad. El juez, vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es
enteramente libre e independiente de obrar de conformidad con su criterio”.
Así las cosas, como quiera que la decisión traída a colación por la parte actora fue
proferida por una autoridad judicial diferente a la que expidió la providencia objeto
de reproche constitucional, esa circunstancia es suficiente para descartar el
presunto desconocimiento del precedente judicial horizontal.
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En ese orden de ideas, la Sala no encuentra acreditado el desconocimiento del
precedente judicial alegado por la parte accionante.
5.4. El Tribunal Administrativo de Sucre no incurrió en defecto procedimental
absoluto
5.4.1. La Corte Constitucional25 ha precisado que el defecto procedimental tiene
lugar siempre que, en desarrollo de la actividad judicial, el funcionario se aparte de
manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables. Al desconocer
completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina
produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. También se
ha admitido que, en forma excepcional, éste puede configurarse debido a
un exceso ritual manifiesto, a consecuencia del cual el juez resta o anula la
efectividad de los derechos fundamentales por motivos excesivamente formales.
El defecto procedimental puede ser absoluto, que se configura cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un
trámite totalmente ajeno al pertinente y, en esa medida, equivoca la orientación del
asunto ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. También
por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye
razones formales a manera de un impedimento, que sobrevienen en una
denegación de justicia.
5.4.2. La parte accionante sostuvo que en las providencias objeto de reproche, se
incurrió en un defecto procedimental absoluto al desconocer que cuando se trata
de delitos de lesa humanidad, en este caso, el desplazamiento forzado, existe una
excepción a la aplicación del fenómeno jurídico de la caducidad.
Sumado a ello, indicaron que la configuración del defecto referenciado también se
dio, al no permitirles actualizar sus planteamientos de acuerdo con las nuevas
reglas de unificación establecidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
teniendo en cuenta que no se encontraba vigente a la fecha de radicación de la
demanda, más cuando en la providencia no se indicó sus efectos.
En consecuencia, expresaron que los cambios en el precedente judicial afectan su
confianza legítima, pues al tener plena convicción de que las reglas vigentes
serían analizadas en su caso concreto, por lo que aplicar de forma inmediata el
nuevo precedente deriva en el desconocimiento de los derechos fundamentales,
generando consecuencias jurídicas desfavorables, que no podían ser previsibles.
Por otra parte, manifestaron que la autoridad judicial accionada debió tener en
cuenta la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-167 de 2023, a
través de la cual se indicó que tratándose del término de caducidad de la acción
de reparación directa frente a delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de
guerra por parte de agentes del Estado, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
“En suma, a partir del anterior recuento jurisprudencial se advierte
que específicamente, en relación con la reparación de los daños antijurídicos
ocasionados por delitos de lesa humanidad, (i) el plazo razonable de dos años para
acudir a la jurisdicción no se cuenta necesariamente desde el momento en que se
produce el daño que origina el perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de
reparación directa o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe ser
25
Sentencia T-181 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, reiterada en la sentencia T-401 de 2019, M.P.: Cristina
Pardo Schlesinger.
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analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las
particularidades de cada asunto en concreto; y (iii) la aplicación del fallo de unificación
de la Sección Tercera del Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la
necesidad de readecuar el trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a
las nuevas cargas y posibilidades procesales que este contiene”.
En ese orden de ideas, los demandantes consideran que no tuvieron la
oportunidad de readecuar su demanda y exponer los motivos por los cuales no
podían radicar el medio de control de reparación directa a partir de la fecha en que
tuvieron conocimiento de los hechos, ya que sus argumentos se fundamentaron
en que, al tratarse de un delito de lesa humanidad, la acción era imprescriptible.
Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Sucre sostuvo que en la
demanda nada se dijo frente a los posibles obstáculos que enfrentaron los actores
para acudir a la administración de justicia, por lo que no era dable analizar un
escenario de imposibilidad material para demandar. Además, en la sentencia
acusada también se indicó:
“Vale anotar en este punto, que este Tribunal ha sido partidario de aceptar que el
conocimiento del desplazamiento forzado surge desde el día siguiente del hecho que lo
propicio, en tanto, ese hecho da a conocer en donde está la falencia del Estado, de ahí
que, si bien en el presente asunto se trata la caducidad con punto de mira en lo que
anteriormente se dijo es el escenario dos, lo cierto es que esta apreciación es
solamente para garantizar un eficaz acceso a la administración de justicia y para
demostrar, que aun siendo así, la caducidad se hace presente, dado que no se halla
justificante alguna para que la demanda no se hubiera formulado en tiempo.
Es oportuno señalar, que en el presente asunto la responsabilidad que se endilga no es
de aquellas que se consideran a título personal, dado que, como bien lo señaló la parte
actora, dicha responsabilidad se enmarca en una posible acción y omisión del Estado
que permitió el lamentable hecho del desplazamiento que padecieron los accionantes;
por tanto, no era necesario que los demandantes, para acudir a la administración de
justicia tuvieran que conocer previa y concretamente qué personas en particular fueron
los autores de los hechos que conllevaron al desplazamiento, pues, suficiente era
entender que existe un posible responsable contra quien podían accionar a fin de
obtener de parte del Estado el resarcimiento de los perjuicios que se le ocasionaron.
Lo anterior aunado a que el servicio de la administración de justicia prestado por el
Estado Colombiano, en el territorio nacional, si bien sufrió afectaciones en
determinados lugares, se siguió prestando en sitios que bien pueden llamarse
protegidos y que brindaban seguridad a las personas por ubicarse normalmente en
zonas ajenas a aquellas señaladas como de conflicto armado y que además, eran los
lugares donde normalmente se desplazaban los afectados, implica entender que el
conocimiento del hecho dañoso anunciado, sumado a tales condiciones, confluían en
que sí se podía acudir a la administración de justicia y en términos generales al mismo
Estado; muestra de ello, es que los desplazados acudían a las Personerías Municipales
y otras autoridades a poner en conocimiento lo que ocurría, para acceder a los
beneficios que se brindaban, por su condición de desplazamiento, como bien y
expresamente lo afirmaron en la demanda.
(…) Sin embargo, si la posibilidad de acudir a la autoridad competente fuere truncada,
así debe informarlo el interesado, especificando y acreditando las razones por las
cuales aconteció tal imposibilidad, a fin que la autoridad administrativa y/o judicial
encargada de estudiar la situación particular del interesado las conozca y valore en el
momento de estudiar el caso que se le expone; situación que para el caso concreto no
acontece, pues, los accionantes en el presente asunto, en nada se refieren a ello y
tampoco se avizora de las pruebas aportadas y practicadas en el presente asunto;
conllevando a inferir una vez más, que desde el día siguiente en que ocurrieron los
hechos que dieron origen al desplazamiento bien podían demandar al Estado
Colombiano a fin que se le reconocieran los perjuicios que hoy se reclaman y máximo,
cuando las condiciones de orden público ya resultaban favorables”.
Así las cosas, la relación de los fundamentos jurídicos y fácticos de la sentencia
acusada corroboran que el análisis de la caducidad se surtió al amparo de la
norma procesal contenciosa aplicable en pretensiones de reparación directa y en
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la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 29 de enero de 2020, que
analizó la aplicación de la caducidad en crímenes de lesa humanidad.
Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala observa que el Tribunal
Administrativo de Sucre aplicó indebidamente la sentencia de unificación de 29 de
enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en tanto
en esa providencia no se fijó una regla jurisprudencial específica sobre caducidad
en casos relacionados con desplazamiento forzado, en tanto como lo ha sostenido
esta Sala de manera reiterada, el precedente constitucional aplicable especial en
estos casos es el contenido en la sentencia SU-254 de 2013.
Al respecto, al verificar la sentencia objetada se observa que la ratio decidendi se
centra en la aplicación de la regla jurisprudencial de la sentencia de unificación de
29 de enero de 2020, “Así, la regla aplicable para efectos de considerar la
caducidad resulta aquella que señala: Cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir
del día siguiente de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de la
acción u omisión causante del daño si fue en fecha posterior y siempre que pruebe
la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
Aunado a lo anterior, se constata que el tribunal accionado afirmó que la sentencia
de unificación de 29 de enero de 2020 tenía efectos retrospectivos, con sustento
en otras decisiones expedidas con posterioridad, en las que la Sección Tercera del
Consejo de Estado afirmó que la mencionada decisión de unificación gozaba de
los mencionados efectos.
A juicio de la Sala, la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 no era
aplicable en el presente asunto, pues para la verificación del presupuesto procesal
de la caducidad del medio de control de reparación directa en casos relacionados
con desplazamiento forzado se debe efectuar con la regla jurisprudencial
desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013, como lo
recordó en la reciente sentencia T-374 de 2023.
Sin embargo, al analizar las particularidades del presente asunto, se puede
constatar que al aplicar la regla contenida en la sentencia SU-254 de 2013, es
decir, estudiar la caducidad a partir de la ejecutoria de esa decisión, la conclusión
a la que se arribaría es que no se presentó de manera oportuna.
En efecto, la SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional quedó ejecutoriada el 23
de mayo de 2013, esto es, que para el 8 de agosto de 2017 cuando se radicó la
solicitud de conciliación prejudicial, y el 20 de junio de 2018, fecha en la que se
presentó la demanda de reparación directa, ya se había superado el término de
dos (2) años, por lo que no se había cumplido con la carga de ejercer
oportunamente el medio de control de reparación directa.
Lo anterior, permite concluir que si bien se presentó una indebida aplicación de la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, y que se desatendió el precedente especial de la Corte
Constitucional contenido en la sentencia SU-254 de 2013, lo cierto es que se
arribaría a la misma conclusión respecto de la caducidad del medio de control de
reparación directa, sin que se evidencie alguna otra circunstancia que permita
efectuar el conteo desde un momento posterior.
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Para finalizar, es preciso poner de presente que esta Sala en un asunto con
contornos fácticos similares26, en el que también la discusión gravitaba en la
declaratoria de caducidad de un medio de control de reparación directa iniciado
por víctimas del desplazamiento forzado en el municipio de Ovejas, Sucre 27,
concedió el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia invocados por los
demandantes. Sin embargo, en esa oportunidad se constató que la demanda sí se
presentó dentro de los (2) dos años siguientes a la ejecutoria la sentencia SU-254
de 2013, lo cual como se expuso en precedencia, no ocurrió en esta ocasión.
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
promovida por la señora Dellis Esther Meriño Villegas y otros, quienes actúan por
intermedio de apoderado judicial.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DESVINCÚLASE de la presente acción de tutela al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
Segundo. - NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por los
señores Dellis Esther Meriño Villegas, Yarledis Judith López Montes, Eustorgio
Rafael Meriño Villegas, Diana María Rivero Gutiérrez, Farides Mariela Meriño
Villegas, Jaime Luis Fernando Meriño, Miriam del Socorro Romero Montes, Leidy
Patricia Romero Torres, Dina Luz Romero Romero, Nayivis Esther Romero
Romero, Javier David Morales Romero, Yaireth Morales Romero, Marelvis
Romero Romero, Enalba Rosa Romero Montes, Marco Cecilio Romero
Rodríguez, Eder Luis Romero Romero, Viviana Estela Romero, Jesús David
Romero Romero, Alfredo Rafael Romero Montes, Aderlaides Esther Torres
Romero, Osnaider de Jesús Romero Torres, César Luis Romero Montes, Alberto
Enrique Romero Montes, Yenis María Romero Montes, Ever Enrique Romero
Rodríguez, Leudith Esther Romero Romero, Ever Segundo Romero Romero, Sirle
Isabel Romero Romero, Yasneys María Romero Romero, Claudia Patricia
Romero Romero, Nelcy Estela Romero Montes, Mercedes Virginia Montes de
Romero y Francia Elena Meriño Tanuz, quienes actúan por conducto de
apoderado judicial, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
26
Sentencia de 18 de julio de 2024, radicado No. 11001-03-15-000-2024-02105-00, C.P.: Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
27 Acción de tutela contra providencia judicial que declaró la caducidad del medio de control de reparación
directa en el que se pretendió la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Armada, Ejército y Policía Nacional, el departamento de Sucre y el municipio de Ovejas,
por el desplazamiento forzado masivo de los accionantes luego de la masacre de Chengue ocurrida el 17 de
enero de 2001.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03207-00
Demandante: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
Quinto.- En caso de no ser impugnada, REMÍTASE el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el
artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
SALVA EL VOTO
20
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