Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03214-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Improcedente el amparo: no cumple con el requisito general de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03214-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-03214-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
18 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03214-00
Accionante: CARLOS YESID BARAJAS BARAJAS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN C Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de
procedencia de inmediatez.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Carlos Yesid Barajas
Barajas contra el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá y la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Carlos Yesid Barajas Barajas, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a la seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de
20 de octubre de 2017 y 4 de septiembre de 2019, proferidas por el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de
radicación 11001-33-35-008-2016-00536-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03214-00
Accionante: Carlos Yesid Barajas Barajas
2.1. Relató que en el año 1996 ingresó a la Policía Nacional y logró ascender hasta el
grado de intendente, pero que el 16 de mayo de 2016 fue retirado por la causal
denominada “separación absoluta”, momento en el cual contaba con “[…] dieciocho
años, diez meses y doce días […]” de servicio.
2.2. Refirió que la Policía Nacional profirió, a través de la Dirección de la Caja de
Sueldos de Retiro - CASUR, la Resolución núm. 8460 de 4 de noviembre de 2016,
negándole la asignación de retiro por no cumplir con el artículo 2 del Decreto 1858
de 6 de septiembre de 20121.
2.3. Indicó
que, conforme con lo anterior, presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-35-008-2016-00536-
00/01 contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, para que se
declarara nulo el acto administrativo mencionado y se restableciera su derecho a la
asignación de retiro, respetando su grado y salario básico al momento del retiro.
2.4. Precisóque el asunto le fue asignado al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante sentencia de 20 de octubre de
2017, negó las pretensiones de la demanda al considerar que “[…] el tiempo de
servicios reconocido en la hoja de vida del señor Carlos Yesid Barjas [sic] Barajas
esto es 18 años, 10 meses y 7 días, no es suficiente para que le sea reconocida
asignación de retiro, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 el
cual establece un tiempo mínimo de servicios de 20 años para acceder a dicho
derecho prestacional […]”.
2.5. Adujó que la decisión anterior fue objeto de recurso de apelación y mediante
sentencia de 4 de septiembre de 2019, la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo de primera instancia al
concluir que “[…] el demandante para la fecha de vigencia de la Ley 923 de 2004,
ya se encontraba al servicio de la Policía Nacional, por lo que le resultan aplicables
las disposiciones del Decreto 1212 de 1990, el cual, en su artículo 144 señalaba un
tiempo de servicio de 20 años para el reconocimiento de la asignación cuando el
retiro se produjera por separación absoluta […]”.
2.6. Sostuvo que, por lo anterior, radicó el recurso extraordinario de unificación núm.
11001-03-25-000-2020-00213-00 contra la sentencia de 4 de septiembre de 2019,
y que, mediante providencia de 21 de noviembre de 2023, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado lo rechazó porque las sentencias
invocadas como desconocidas no eran de unificación, de acuerdo con el requisito
del artículo 262 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112.
1
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional”.
2
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
3
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Accionante: Carlos Yesid Barajas Barajas
2.7. Argumentó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto
material o sustantivo “[…] pues a su juicio la norma “por estar vigente” a aplicar en
el caso concreto era el artículo 2 del decreto 1858 de 2012, norma que después del
fallo de primera instancia y antes del de segunda, fue declarada nula por desbordar
los límites de la Ley marco 923 de 2004 que le daban al demandante su derecho
[…]”. [Negrilla original del texto].
2.8. Agregó que “[…] el Tribunal de Cundinamarca, no estudio la norma con la cual la
entidad le negó el derecho y sobre la cual fue la misma que el A quo tuvo en cuenta
para negar, sino que trajo a colación los requisitos del Decreto 1212 de 1990 pero
sin estudiar de fondo el régimen de transición previsto en la Ley Marco 923 de 2004
[…]”.
2.9. Señaló que, igualmente, desconocieron el precedente jurisprudencial porque “[…]
sin argumento alguno se apartan de la reiterada y pacifica Jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre el tema de estudio […]”, para lo cual mencionó la decisión
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación dentro del radicado núm.
11001-03-25-000-2007-00077 01.
2.10. Finalmente, explicó que “[…] el derecho a percibir una pensión –asignación de
retiro- derivada o propia de la vejez, si bien no se encuentra dentro de aquellos de
primera generación, por vía de evolución jurisprudencial se acepta como un derecho
fundamental, al punto que es irrenunciable en los términos de los artículos 483 y 534
de la Constitución Política […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES de mi mandante,
ordenando a la autoridad accionada dictar la decisión que en derecho
corresponda - dentro del proceso 11001-33-35-008-2016-00536-00,
respetando sus derechos fundamentales y la Ley Marco 923 de 2004 […]”.
[Mayúscula original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 27 de junio de 2024, el Despacho de esta Sección a cargo de
la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso a la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR y a la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
3
“(...) Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.”.
4
En el inciso segundo de esta disposición, se consagran principios mínimos fundamentales, el de la “(...) irrenunciabilidad a
los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. (...)”.
4
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Accionante: Carlos Yesid Barajas Barajas
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
6. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó, a
través del magistrado ponente de la decisión de 21 de noviembre de 2023,
declarar improcedente la presente acción constitucional porque “[…] se evidencia
que no alcanza a suplir la inmediatez, ni la relevancia constitucional. Sosteniendo
que, este mecanismo constitucional no debe ser encaminado a reabrir un debate
que fue concluido por los jueces naturales, pues no ha sido instituido como una
instancia adicional, ni herramienta para modificar providencias ejecutoriadas, que
como en el caso concreto, están en firme hace más de seis (6) meses […]”.
7. La Juez Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá presentó informe en el
que señaló que “[…] [a]gotadas las etapas procesales dentro del proceso referido,
mediante providencia del 20 de octubre de 2017, la entonces juez de este
despacho profirió sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones
de la demanda, con fundamento en la normativa, jurisprudencia y el material
probatorio, que consideró pertinente […]”.
8. LaCaja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR solicitó, a
través de la jefe de su oficina jurídica, ser desvinculada del presente trámite
porque no profirió las decisiones judiciales objeto de la presente acción de tutela.
9. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca manifestó, a través del magistrado ponente de la sentencia de 4
de septiembre de 2019, que “[…] [l]a Sentencia de segunda instancia proferida
por este Tribunal, el cuatro (4) de septiembre de dos mil 2019 (2019), decidió con
motivación suficiente los fundamentos de la demanda, profundizó sobre los
hechos probados y sus fundamentos de derecho dentro del debido proceso y
conforme a las normas aplicables de la Constitución Política, la Ley y
jusrisprudencia [sic], razón por la cual, no se configura la vulneración a los
derechos invocados como lo alega la parte actora, tornándose improcedente la
presente acción de tutela […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03214-00
Accionante: Carlos Yesid Barajas Barajas
noviembre de 19915, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20156, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20217, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20198.
VI.2. Cuestión previa
11. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional - CASUR.
12. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20069 señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
13. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional - CASUR fue parte dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala
considera que a esa entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a
esta acción constitucional, razón por la cual se denegará la solicitud de
desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
6 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
7 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.
9
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6
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Accionante: Carlos Yesid Barajas Barajas
VI.3. Problemas jurídicos
14. Previamente a la definición de los problemas jurídicos a resolver, se debe
precisar que el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales a las providencias de 20 de octubre de 2017 y 4 de septiembre de
2019, proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá y la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, respectivamente. Sin embargo, la Sala solo analizará si la
providencia de 4 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal acionado,
vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta decisión
fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.
15. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:
b) Si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en
defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente.
16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
18. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de
julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03214-00
Accionante: Carlos Yesid Barajas Barajas
19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.
21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en
dichos parámetros.
22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
8
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Accionante: Carlos Yesid Barajas Barajas
23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
24. El señor Carlos Yesid Barajas Barajas, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a la seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de
20 de octubre de 2017 y 4 de septiembre de 2019, proferidas por el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de
radicación 11001-33-35-008-2016-00536-00/01.
25. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial el de inmediatez.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de inmediatez
26. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración14. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos
[…]”15.
27. Al respecto, la jurisprudencia constitucional16, ha señalado lo siguiente:
“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el
requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y
exigente, pues el carácter excepcional de esta figura obedece
precisamente a la necesidad que existe de conciliar la protección de
derechos fundamentales con los principios constitucionales de
seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían comprometerse si
la tutela contra providencias judiciales se convierte en práctica
generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
14
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
15
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
9
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Accionante: Carlos Yesid Barajas Barajas
haya sido particularmente reiterativa en considerar que el principio de
inmediatez es particularmente importante cuando se trata de examinar la
procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la citada
sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos” […]”17. [Negrilla fuera del texto].
28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla
jurisprudencial según la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6)
meses, contados a partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela.
Ello con sustento en el siguiente raciocinio:
“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que
las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes
sobre este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un
plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de
la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza
del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de
los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas
logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se
acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado
como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se
trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional
[…]”18. [Negrilla fuera del texto].
29. La jurisprudencia constitucional19 ha establecido excepciones a la aplicación
del requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular20, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes,
17
Ibidem.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19
Sentencia T-584 de 2011.
20
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03214-00
Accionante: Carlos Yesid Barajas Barajas
por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii)
exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual […]”21.
30. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el accionante
cuestiona la providencia de 4 de septiembre de 2019, proferida por la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
31. Al respecto, la Sala pone de relieve que el fallo que motivó la interposición de
la presente acción de tutela fue notificado el 5 de septiembre de 201922 y la
presente solicitud de amparo se radicó el día 21 de junio de 202423.
32. Así las cosas, en razón a que la solicitud de amparo fue radicada el 21 de junio
de 2024, se observa que la misma se ejerció una vez transcurridos más de 4
años desde la notificación del fallo objeto de esta acción.
33. Por último, se debe destacar que, si bien el accionante presentó un recurso
extraordinario de unificación, este recurso fue rechazado por ser improcedente
mediante el auto de 21 de noviembre de 2023. En ese sentido, la jurisprudencia
de esta Corporación ha sido pacífica en sostener que la interposición de recursos
abiertamente improcedentes o inoportunos no flexibiliza la aplicación del requisito
de inmediatez24.
34. Por lo anterior, y al no observar otra causal adicional que justifique la demora
en la interposición de la presente acción constitucional, la Sala considera que no
se satisfizo el requisito general de procedibilidad de inmediatez frente a la
sentencia de 4 de septiembre de 2019, resaltándose que tampoco se cumplen los
presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia SU-354 de 201725,
proferida por la Corte Constitucional.
35. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de inmediatez, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
21
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
22
Folio 147 del expediente núm. 11001-33-35-008-2016-00536-00/01 del archivo compartido por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Bogotá.
23
Índice 00002 del presente expediente.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 18 de abril de 2024. Exp. núm.
11001-03-15-000-2023-07260-01. C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
25
Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T. 5.882.857, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03214-00
Accionante: Carlos Yesid Barajas Barajas
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación procesal presentada por la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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