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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03222-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03222-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Departamento de Putumayo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 27 Núm. único de radicación: 110010315000202403222-00 Actor: Cordulo Emilio Daza

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03222-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., primero (1.°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202403222-00
Actor: Cordulo Emilio Daza
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño

Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general
de procedencia de subsidiariedad

Derecho Fundamental Invocado: Igualdad

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Cordulo Emilio Daza contra el
Tribunal Administrativo de Nariño.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403222-00
Actor: Cordulo Emilio Daza

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Nariño, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 15 de
septiembre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 860013331001201600655-01, vulneró su derecho fundamental invocado
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el fin
de que: i) se declarara la nulidad de la Resolución RDP núm. 057909 de 20 de
diciembre de 2013, por medio de la cual la UGPP le negó la reliquidación de la
pensión de vejez, y la nulidad de la Resolución RDP núm. 001734 de 21 de enero
de 2014, por medio de la cual la UGPP, resolvió el recurso de reposición en contra
de la Resolución RDP núm. 057909 de 20 de diciembre de 2013; y ii) a título de
restablecimiento del derecho, solicitó ordenar la reliquidación de la pensión de
vejez y el correspondiente pago de dichas diferencias, con el 75% del valor de los
salarios devengados durante el último año de servicios.

4. Indicó que, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante
sentencia de 27 de junio de 2019, negó las pretensiones de la demanda.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 11 y 12 del documento denominado
“1_DemandaWeb_Demanda_acctutcorduloemiliod(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403222-00
Actor: Cordulo Emilio Daza

5. Manifestó que, el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia de 15
de septiembre de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia emitida el 27 de junio de 2019, por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, y en su lugar se dispone:

SEGUNDO: Declarar de manera oficiosa la excepción de falta de agotamiento del
recurso obligatorio ante la administración e INHIBIRSE de decidir de fondo el
presente asunto, con base en las razones antes expuestas.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante y en favor de la parte
demandada, conforme a las previsiones del artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo, en concordancia con los artículos 361 y
siguientes del Código General del Proceso. Liquídense por el Juzgado de Primera
Instancia. […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] De acuerdo con lo anterior, se observa que el administrado únicamente
presentó recurso de reposición contra la Resolución No. RDP. 057909 del 20 de
diciembre de 2013, omitiendo interponer el recurso de apelación, el cual era
obligatorio en el presente asunto.

8.21. En esos términos el administrado no agotó en debida forma el requisito de
procedibilidad de interponer los recursos procedentes y obligatorios, en sede
administrativa, para que se abra la puerta de acudir ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

8.22. Estos breves argumentos de tipo jurídico, como de tipo fáctico, claramente
llevan a colegir que, en el presente asunto, no se agotó el requisito de procedibilidad
para acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de haber ejercido los
recursos en sede administrativa que tengan el carácter de obligatorios, como es el
caso del recurso de apelación. Recurso este que fue informado y, era procedente
frente a lo que ahora es el acto demandado; no obstante, la parte interesada no lo
interpuso en su momento ante la Administración.

8.23. Con base en lo expuesto atendiendo las previsiones de la Ley 2080 de 2021
habrá de declararse probada de oficio la excepción de falta de agotamiento del
recurso obligatorio ante la administración, por lo tanto, el Tribunal se declarará
inhibido para resolver de fondo el presente asunto. […]”.

[…]

“[…] De antemano este Tribunal considera que el sub judice habrá lugar a condenar
en costas en segunda instancia a la parte demandante en favor de la parte
demandada ante la no prosperidad del recurso de apelación. La actuación a través
de apoderado conlleva la causación de agencias en derecho y por ende de las costas
procesales. […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403222-00
Actor: Cordulo Emilio Daza

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela2:

“[…] PRIMERA: Se admita la presente Acción de Tutela, como único medio efectivo,
que le queda al perjudicado para la protección de sus Derechos Fundamentales de
rango constitucional, vulnerados en la sentencia proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Mocoa, revocada por el Tribunal Administrativo de Nariño

SEGUNDA: Sea tutelado el derecho a la IGUALDAD, considerado como fundamental
por nuestra Constitución Política y el principio de FAVORALIDAD, por aplicación de
la norma más favorable del régimen general de pensiones, que la norma del régimen
especial.

TERCERO: Se revoque totalmente las Sentencias proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo de Mocoa del 27 de junio de 2019, revocada por el Tribunal
Administrativo de Nariño del 15 de septiembre de 2023.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Juzgado Primero
Administrativo de Mocoa, y al Tribunal Administrativo de Nariño, que en el término de
ley, procedan a emitir nueva sentencia dentro del proceso referido, acorde con la
constitución y la ley, y los precedentes judiciales de las Altas Cortes aplicables al
caso en comento.

Quinta: Se ordene realzar las comunicaciones del caso para el cumplimiento de lo
ordenado. […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, el actor en su escrito de tutela señaló que
la autoridad judicial accionada incurrió: i) en un defecto sustantivo, en la medida en
que, se desconocieron los artículos 20 y 104 de la Ley 100 de 1993 3, el artículo 7
de la Ley 797 de 20034, el artículo 9 del Decreto 1161 de 19945 y el artículo 55 del
Decreto 1406 de 19996; ii) en un defecto “[…] fáctico […]”, toda vez que, desconoció
el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo; iii) en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, porque, a su juicio, desconoció que “[…]
La sentencia 2019-0002601 del 27 de abril de 2023, proferida por el H. Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección B.

2 Transcripción literal del texto.
3 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”
4 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.”
5 “Por el cual se dictan normas en materia del Sistema General de Pensiones.”
6 “Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta

parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en
operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen
de recaudación de aportes que financian dicho Sistema y se dictan otras disposiciones.”

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Núm. único de radicación: 110010315000202403222-00
Actor: Cordulo Emilio Daza

Mag. Pte. César Palomino Cortez, despeja cualquier duda al respecto y la que
procede aplicar en el caso que nos ocupa. […] INAPLICO el Precedente Judicial
del Honorable Consejo de Estado en lo referente al agotamiento de la vía
gubernativa […]”; iv) en un defecto procedimental absoluto, en la medida que, “[…]
en desacato a la jurisprudencia de los altos tribunales respecto del agotamiento de
la vía gubernativa el Juez de instancia, no resuelve mediante sentencia una
demanda que cumple con el requisito de agotamiento de la vía gubernativa,
declarado por la misma entidad demandada UGPP y en cambio revoca la decisión
del A quo y en su lugar declara de manera oficiosa la excepción de la falta de
agotamiento del recurso obligatorio de apelación y se declara inhibido de decidir
de fondo, con el agravante que por tal razón condena en costas al demandante
[…]; y v) en la causal de violación directa de la Constitución, por cuanto desconoció
el derecho fundamental a la igualdad, en la medida en que “[…] no le hizo un
análisis juicioso en la aplicación de las normas correspondiente (sic), a los cuales
tienen (sic) perfecto derecho todas las personas […] estaba en la obligación de
APLICAR el artículo 127 del C.S.T. […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de junio de 2024: i) admitió la
demanda; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Nariño; y iii) vinculó, como terceros con interés legítimo al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Mocoa, a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
y al Departamento de Putumayo, concediéndoles el término de tres (3) días para
que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. El Tribunal Administrativo de Nariño solicitó negar la solicitud de tutela por no
cumplir con los requisitos generales de procedencia. Para tal efecto manifestó:

“[…] Del examen del expediente, se puede advertir que la decisión del Tribunal está
debidamente motivada en aspectos jurídicos y fácticos, en la cual se realizó una
relación detallada de la normativa y jurisprudencia y explicación extensa de la
interpretación que sobre la misma adopta el Tribunal, por ende, dicha decisión no

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Núm. único de radicación: 110010315000202403222-00
Actor: Cordulo Emilio Daza

puede calificarse de apartada del derecho o de vía de hecho. Circunstancia diferente
es que no se acoja por el accionante los criterios o decisiones contenidas en la
providencia, pues todo debate de orden legal que la parte actora propicie debió
hacerse al interior del proceso ordinario y no en sede de tutela.

Sería abundar en argumentos que en esta respuesta se explique la razón
(motivación) de la decisión adoptada que es objeto de acción de tutela. En
consecuencia, las motivaciones de hecho, de derecho y sobre las pruebas realizadas
en la providencia emitida en el proceso No. 860013331001201600655-01 (8261),
acusada no puede ser constitutiva de alguna de las causales que se endilgan en el
escrito de tutela, que hoy denomina la jurisprudencia, causales de procedencia y de
procedibilidad de la acción de tutela cuando se trata de decisiones judiciales. […]”.

10. El Departamento de Putumayo solicitó su desvinculación al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva, por las siguientes razones:

“[…] Este escenario se presenta cuando lo solicitado por el Tutelante no está a cargo
de la Gobernación del Putumayo, como es la revisión del fallo de primera instancia
para la liquidación y pago de la mesada pensional, por lo tanto la decisión de fondo
no le corresponde por sus obligaciones legales al Departamento sino al Tribunal
Administrativo de Nariño para la revisión del fallo de primera instancia y la liquidación
y pago de la mesada pensional del señor Córdulo Emilio Daza le corresponden a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social. […]”.

11. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social solicitó declarar improcedente la solicitud de
tutela, por las siguientes razones:

“[…] De otro lado la presente acción es improcedente, porque LO PRETENDIDO
POR LA PARTE ACCIONANTE ES SUSTITUIR UNA DECISIÓN JUDICIAL
EJECUTORIADA PROFERIDA POR EL JUEZ NATURAL DE LA CAUSA, quien con
base en la normativa y jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, vigente para la época de los hechos, procedió a NEGAR las
pretensiones de la demanda. […]”.

[…]

“[…] Como puede observarse, en el presente caso y conforme a lo probado:

• No se presenta ninguno de los requisitos generales y menos específicos para que
proceda la acción de tutela que ahora incoa la parte accionante aduciendo
vulneración a sus derechos fundamentales por vía de hecho en el actuar del
despacho judicial accionado pues como se ha probado no se actuó de forma
arbitraria, caprichosa y con fundamento en su sola voluntad o actuando en absoluta
desconexión con el ordenamiento jurídico, pues conforme a lo probado en el caso
sub-examine no se presenta, pues de la lectura de la decisión judicial controvertida
se observa que se argumentó no solo (sic) acorde a la normatividad sino se aplicaron
los precedentes jurisprudencia aplicable al caso.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403222-00
Actor: Cordulo Emilio Daza

• No existe un defecto sustantivo, como una circunstancia que determina la
procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias judiciales, como así lo
pretende hacer ver la parte actora pues como se indicó atrás, el despacho judicial
accionado no desconoció las normas de rango legal o infra legal aplicables al caso
para efectos de negar la reliquidación pensional, ni las aplicó indebidamente o les dio
una interpretación errada, por el contrario, las decisiones controvertidas se fundaron
en los preceptos legales relacionados con el tema y en la jurisprudencia tanto del
máximo organismo de la jurisdicción contencioso administrativa como de la Corte
Constitucional, quedando así sin piso los argumentos dados por la parte accionante
para obtener la prosperidad de esta acción de tutela.

• No existe defecto fáctico ni desconocimiento del procedente pues el accionado en
su decisión tuvo en cuenta las pruebas aportadas al proceso laboral con las cuales
no lograron llevar al juez de la causa a establecer la existencia de derecho de
reliquidación pensional en cabeza del causante sino que por el contrario probaron
que no se realizaron aportes al sistema sobre aquellos factores que se solicitaron
incluir lo que hizo que se aplicara los precedentes de unificación impartidas por el
Consejo de Estado generando que el despacho tutelado debiera negar las suplicas
(sic) de la acción contenciosa sin que ello constituya una vía de hecho.

Por lo anteriormente expuesto, H. Magistrados es evidente que la acción de tutela
que hoy se incoa se torna improcedente no solo porque no existe vulneración a
derecho fundamental alguno con la decisión del despacho accionado, que negó la
pretensión de reliquidación pensional, sino también porque no existió una mala
interpretación de las normas que regulan el tema y menos un desconocimiento de
las pruebas obrantes al expediente laboral pues con base en el acervo probatorio
aportado generó que se pudiera adoptar esa decisión negativa que hoy no es
aceptada por la parte demandante. […]”.

12. El Tribunal Administrativo de Nariño allegó copia digital del expediente del
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación
860013331001201600655-01.

13. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa guardó silencio en
esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la

7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

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Núm. único de radicación: 110010315000202403222-00
Actor: Cordulo Emilio Daza

Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20218 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20199, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

16. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.

17. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actor: Cordulo Emilio Daza

18. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 200610, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[11].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

19. La Sala advierte que el Departamento de Putumayo solicitó su desvinculación,
por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva.

20. Al respecto, es preciso indicar que el Departamento de Putumayo fue
vinculado al proceso de tutela de la referencia como tercero con interés, en la

10 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
11 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

10

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Actor: Cordulo Emilio Daza

medida en que fue llamado en garantía dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho cuestionado por el actor; es decir, que a dicha entidad
le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.

21. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que, al Departamento de Putumayo, le
asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

22. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada respecto del Departamento de Putumayo.

Problemas jurídicos

23. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
concretamente si se cumplió con los requisitos generales de procedencia de
relevancia constitucional y de subsidiariedad.

24. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; procediendo posteriormente a resolver el caso concreto,
adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

25. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena12, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Actor: Cordulo Emilio Daza

de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

26. Esta Sección adoptó13 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200514, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio
de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

27. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.

28. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”15 que encaje en dichos parámetros.

29. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
14 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Actor: Cordulo Emilio Daza

que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

30. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

31. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de relevancia constitucional y de subsidiariedad.

Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

32. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201417, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
consideró lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
17 Ut supra página 6.

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Actor: Cordulo Emilio Daza

funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [18]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [19].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [20].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del (sic) rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [21].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [22]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha

[18] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[19] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[20] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[21] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[22] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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Actor: Cordulo Emilio Daza

reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [23].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [24]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

33. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró25:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”26

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de

[23] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[24] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
25 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
26Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”27

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

34. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.

35. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202228 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

27 Ibidem.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental.

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala)

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Actor: Cordulo Emilio Daza

Acerca del requisito general de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales

36. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 199129, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener
la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone
su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

37. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para
controvertir la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es
un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en
presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto
que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los
derechos fundamentales.

38. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional30:

“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200931 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.

Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último recurso
judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se desconoce la
división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega el principio de
especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve el amparo de
manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la decisión del juez

29 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
30 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
31 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo

sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la jurisdicción
contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio de defensa
judicial.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403222-00
Actor: Cordulo Emilio Daza

constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá que adoptar una
decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo interpretaciones de carácter
legal al juez que está encargado del proceso.

En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.

Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo
que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como
lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es admisible
que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando
no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el
ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir
durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están
pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro recurso
de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a derechos
fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad jurídica.”

7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la
protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.

39. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

40. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

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Núm. único de radicación: 110010315000202403222-00
Actor: Cordulo Emilio Daza

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

41. Atendiendo a que la Corte Constitucional32 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Análisis del caso concreto

42. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Nariño, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 15 de
septiembre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 860013331001201600655-01, vulneró su derecho fundamental invocado
supra.

43. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo

32 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403222-00
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probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

44. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

45. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

45.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 860013331001201600655-01.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

46. Como fundamento de su solicitud, el actor en su escrito de tutela señaló que
la autoridad judicial accionada incurrió: i) en un defecto sustantivo, en la medida en
que, se desconocieron los artículos 20 y 104 de la Ley 100 de 199333, el artículo 7
de la Ley 797 de 200334, el artículo 9 del Decreto 1161 de 199435 y el artículo 55
del Decreto 1406 de 199936; ii) en un defecto “[…] fáctico […]”, toda vez que,
desconoció el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo; iii) en la causal de

33 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”
34 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.”
35 “Por el cual se dictan normas en materia del Sistema General de Pensiones.”
36 “Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta

parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en
operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen
de recaudación de aportes que financian dicho Sistema y se dictan otras disposiciones.”

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violación directa de la Constitución, por cuanto desconoció el derecho fundamental
a la igualdad, en la medida en que “[…] no le hizo un análisis juicioso en la
aplicación de las normas correspondiente (sic), a los cuales tienen (sic) perfecto
derecho todas las personas […] estaba en la obligación de APLICAR el artículo
127 del C.S.T. […]”; y iv) lo condenó indebidamente en costas.

47. Para la Sala, los defectos mencionados supra no se encuentran comprendidos
dentro de los que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara
relevancia constitucional.

48. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por las respectivas autoridades judiciales, y la acción de tutela
contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir
el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las
entidades accionadas incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.

49. Además de lo anterior, para la Sala, el actor planteó una afectación de su
derecho fundamental que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.

50. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito

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de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales […]”.

51. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte en
la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa
carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por el actor no
gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo
que se agrega que el actor no justificó el motivo por el cual dicha decisión
constituye una afectación desproporcionada de su derecho fundamental.

52. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien el actor aduce que fue
desconocido su derecho fundamental a la igualdad, lo cierto es que no existe una
mayor explicación acerca de las razones por las cuales se afectó, en forma
desproporcionada, el núcleo esencial del derecho fundamental del actor con
ocasión de la sentencia de 15 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.

53. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos legales y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

54. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal y económico, esto es así porque la
discusión y los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar
la necesidad de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de
tutela valide la tesis jurídica del actor y, con ello, se acceda a las pretensiones de
la demanda, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia
o relevancia constitucional.

55. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el

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actor enuncia la trasgresión de su derecho fundamental a la igualdad, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico.

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad

56. Por otra parte, en lo que concierne a que el Tribunal accionado haya proferido
una decisión inhibitoria, el actor señaló que, a su juicio, se configuró i) un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, porque, a su juicio,
desconoció que “[…] La sentencia 2019-0002601 del 27 de abril de 2023, proferida
por el H. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda – Subsección B. Mag. Pte. César Palomino Cortez, despeja cualquier duda
al respecto y la que procede aplicar en el caso que nos ocupa […] INAPLICO el
Precedente Judicial del Honorable Consejo de Estado en lo referente al agotamiento
de la vía gubernativa […]”; y ii) un defecto procedimental absoluto, en la medida
que, “[…] en desacato a la jurisprudencia de los altos tribunales respecto del
agotamiento de la vía gubernativa el Juez de instancia, no resuelve mediante
sentencia una demanda que cumple con el requisito de agotamiento de la vía
gubernativa, declarado por la misma entidad demandada UGPP y en cambio revoca
la decisión del A quo y en su lugar declara de manera oficiosa la excepción de la
falta de agotamiento del recurso obligatorio de apelación y se declara inhibido de
decidir de fondo […].

57. Frente al requisito general de procedencia relacionado con que no existan
medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con
los cuales el actor pueda lograr la protección del derecho invocado, la Sala advierte
que la solicitud de tutela no cumple con el requisito general de procedencia de la
subsidiariedad.

58. Al respecto, la Sala considera, como lo ha advertido en otras oportunidades37,
que no se cumple con el requisito general de procedencia de la subsidiariedad,
toda vez que, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento

37 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de marzo de

2024, número único de radicación 11001-03-15-000-2024-00582-00. C.P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403222-00
Actor: Cordulo Emilio Daza

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el actor cuenta, previo al
cumplimiento de los requisitos legales, con el recurso extraordinario de revisión.

59. En ese sentido, esta Sala ha considerado que el recurso extraordinario de
revisión, bajo la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código
mencionado supra, es el medio judicial idóneo para controvertir la presunta
afectación del derecho fundamental a la igualdad, con ocasión de la expedición de
una sentencia inhibitoria. Al respecto, en la sentencia de 7 de julio de 2023 38, se
consideró que:

“[…] Ahora, los disensos de la actora radican en que, a su juicio, el TRIBUNAL al
inhibirse del (sic) resolver el fondo del asunto, ante una indebida escogencia de la
acción, desconoció los derechos que le asistían de obtener una decisión dentro del
asunto que se sometió a su consideración.

Así pues, a partir de los fundamentos de la solicitud de tutela y de la revisión de la
actuación, la Sala advierte que no se cumple en este caso el requisito general de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial consistente en la
subsidiariedad de la acción, pues contra la providencia judicial censurada procede el
recurso extraordinario de revisión, por la causal de nulidad originada en la sentencia.

Lo anterior, debido a que para discutir los planteamientos expuestos en la
solicitud de tutela, la actora tiene a su disposición el recurso extraordinario de
revisión de conformidad con la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, esto es, por presuntamente existir una
nulidad en la sentencia acusada.

Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 8 de mayo de
2018, señaló que el citado recurso extraordinario procede por la causal de
revisión de nulidad originada en la sentencia por violación del artículo 29
constitucional, cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado, como el que,
según se alega por la accionante, terminó profiriéndose en este asunto […]”.
(Resaltado por la Sala)

60. Igualmente, mediante la sentencia de 8 de mayo de 201839, la Sala Plena de
esta Corporación consideró lo siguiente:

“[…] Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos
tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos
de nulidades originadas en sentencia, no son taxativos.

Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer efectivos
los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al

38 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de julio de 2023,

número único de radicación 11001-03-15-000-2023-02713-00. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
39 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de mayo de 2018.

Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV). C.P.: Alberto Yepes Barreiro.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403222-00
Actor: Cordulo Emilio Daza

debido proceso, es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las
circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la violación a tales
preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura
la causal de revisión alegada.

La subregla jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse por parte de los jueces de
esta Jurisdicción, con mesura, ponderación, proporcionalidad y adecuación a cada
caso […]”. (Resaltado por la Sala)

61. En ese orden de ideas, no se cumple con el requisito general de procedencia
de subsidiariedad, en la medida en que el actor cuenta, previo al cumplimiento de
los requisitos legales, con el recurso extraordinario de revisión.

Análisis del perjuicio irremediable

62. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

63. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela, la Corte Constitucional40 ha considerado que:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”41[…]”.

64. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto,
del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre
en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de su derecho fundamental.

40 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
41 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

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Actor: Cordulo Emilio Daza

65. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo para
lograr la protección del derecho alegado, en atención a que se trata de un
mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.

Conclusiones de la Sala

66. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Departamento de Putumayo, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

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Actor: Cordulo Emilio Daza

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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