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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03224-00

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03224-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 46 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00. 22 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2024 03224 00 Accionante: Matilde Beltrán Figueredo PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora Matilde Beltrán Figueredo, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03224-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

18 de julio de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 03224 00
Accionante: Matilde Beltrán Figueredo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 03224 00
Accionante: MATILDE BELTRÁN FIGUEREDO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora no implica la afectación del
núcleo esencial de los derechos fundamentales que invoca
y se trata de un asunto meramente económico.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Matilde Beltrán
Figueredo en contra de la sentencia proferida el 22 de febrero de 2024
por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado nro. 50001 23 33 000 2012 00128 00/02.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Matilde Beltrán Figueredo, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de la precitada
providencia, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 03224 00
Accionante: Matilde Beltrán Figueredo

“[…] a.) Amparar el derecho al DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
IGUALDAD, ACCESO MATERIAL EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÒN
DE JUSTICIA y los demás que lleguen a demostrarse, de la señora
MATILDE BELTRAN FIGUEREDO.

b.) Dejar sin efecto el ordinal segundo de la sentencia de la
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A (con ponencia del magistrado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS) el 22 de febrero de 2024
dentro del proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO radicado con No. 50001 23 33 000 2012 00128 02 (3429-
2018) (…).

c.) Ordenar a la accionada resolver la apelación dictando sentencia
con respeto de la prueba de buena fe de la accionante MATILDE
BELTRAN FIGUEREDO y atendiendo a su precedente horizontal […]”.
(Mayúsculas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que nació el 3 de noviembre de 1948, que prestó
sus servicios al distrito capital como profesora de escuela primaria desde
el 12 de febrero de 1970 hasta el 18 de mayo de 1975, y que,
posteriormente, se vinculó al INEM Luis López de Mesa de Villavicencio.

Manifestó que, convencida de su derecho, solicitó a la entonces Caja
Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E. el reconocimiento de la
pensión gracia; sin embargo, su petición fue negada.

Expuso que, con posterioridad a la anterior solicitud, “(…) varios docentes
fueron reunidos por una firma de abogados, que les aseguró “la existencia
de ese derecho en su favor”, que ellos podrían “hacer realidad ese
derecho” pensional y los “ilustraron” con “cambios jurisprudenciales del
Consejo de Estado” (…) y, según ellos, la docente MATILDE BELTRAN
FIGUEREDO tenía derecho a la pensión gracia (…)”2.

Señaló que, al evidenciar que “algunos de sus colegas del INEM” ya
habían recibido la mencionada prestación, otorgó poder a un abogado

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 03224 00
Accionante: Matilde Beltrán Figueredo

para iniciar el trámite de la solicitud de la pensión, quien sustituyó poder
a otro profesional del derecho y presentó una acción de tutela en nombre
de los docentes “(…) JOSE ERASMO NIETO RAMÌREZ, IRMA SUSANA
GARCIA DE GARCIA, EDITH CARLINA SANABRIA DE ROJAS, MATILDE
BELTRAN FIGUEREDO GENARO NICOLAS AMAYA DRAGO, NELLY
SOCORRO VILLAMIZAR BECERRA, CLOTARIO HERNANDEZ JIMENEZ,
MARIA ISABEL RODRÌGUEZ QUEVEDO, PASTOR MURCIA MORA, ALIX
ALFONSO SUAREZ, EDELMIRA CASTRO NOVOA (…)”3, entre otros.

Relató que la acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Treinta
y Siete Penal del Circuito de Bogotá que, en sentencia proferida el 8 de
marzo de 2006 amparó los derechos fundamentales de los precitados
docentes y ordenó a CAJANAL resolver la petición sobre la pensión gracia.

Anotó que, por Resolución nro. 1978 del 26 de abril de 2006, en
cumplimiento del anterior fallo de tutela, CAJANAL resolvió reconocer y
pagar la pensión gracia a su favor. Sin embargo, precisó que “(…) como
CAJANAL tardó en el cumplimiento de la sentencia con el pago efectivo,
el abogado (…), por su propia cuenta, promovió incidente de desacato,
en contra del director de la entidad (…)”4, por lo que el Juzgado Treinta
y Siete Penal del Circuito de Bogotá declaró incumplido el fallo de tutela
y ordenó sancionar a los directivos de CAJANAL.

Advirtió que, en el año 2011, a pesar de haberse ordenado el
cumplimiento del fallo de tutela, “(…) no había tenido lugar la inclusión
en nómina del derecho ya reconocido a los docentes desde el año 2006
(…)”5, por lo que se acudió a la justicia en sede de tutela para la inclusión
en nómina, obteniendo el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y seguridad social de los doce docentes beneficiarios de
la tutela inicial.

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
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Accionante: Matilde Beltrán Figueredo

Indicó que, un año después, CAJANAL promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en su contra con el fin de que se declarara
la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se había
otorgado el reconocimiento y pago de la pensión gracia a su favor.

Informó que la demanda correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo del Meta que en sentencia del 22 de febrero de 2018
concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, comoquiera que
declaró la nulidad de los actos acusados, pero no ordenó devolver los
dineros pagados por concepto de la pensión gracia.

Manifestó que, inconforme con la decisión anterior, la UGPP interpuso
recurso de apelación y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en sentencia proferida el 22 de febrero de 2024 “(…)
ordenó a la señora Matilde Beltrán Figueredo reintegrar la totalidad de
las sumas pagadas en virtud del acto de reconocimiento de la pensión
gracia, desde el 3 de noviembre de 1988 (…) y hasta la fecha en que se
suspendió provisionalmente dicho acto (…)”6.

La accionante alegó que “(…) lo que vulnera los derechos fundamentales
y, por tanto, se pretende dejar sin validez, es solo el ordinal segundo del
resuelve de la sentencia del 22 de febrero del 2024, que ordenó a
MATILDE BELTRAN FIGUEREDO reintegrar a la UGPP las sumas pagadas
como consecuencia de la pensión gracia (…)”7, y aseveró que es,
justamente, sobre ese aspecto que la providencia cuestionada no tiene
un fundamento válido, que es irracional, contraría a la sana crítica de la
prueba, a las reglas de la lógica, e incurre en un defecto fáctico, porque
no hay prueba que desvirtué su buena fe.

Aseveró que, a los demás docentes pensionados con la misma acción de
tutela del año 2006, no se les ordenó el reintegro de dinero. Al respecto,
citó los siguientes casos:

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00.
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Ibidem.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 03224 00
Accionante: Matilde Beltrán Figueredo

(i) Sentencia proferida el 21 de mayo de 2020 por la Subsección B,
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso identificado con el
radicado nro. 50001 23 33 000 2012 00129 00/02. Demandante: UGPP.
Demandado: José Erasmo Nieto Ramírez. Tema: Reconocimiento de
pensión gracia docente nacional. Se confirmó fallo de primera instancia
que negó reintegro de dinero.

(ii) Sentencia proferida el 26 de junio de 2020 por la Subsección B,
Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso identificado con el
radicado nro. 50001 23 33 000 2012 00132 00/02. Demandante: UGPP.
Demandada: Edith Carlina Sanabria de Rojas. Asunto: Reconocimiento
pensión gracia. Se negó la devolución de dineros pagados por concepto
de pensión gracia.

(iii) Sentencia proferida el 3 de mayo de 2018 por la Subsección B,
Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso identificado con el
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00347 00/01. Demandante: UGPP.
Demandad: María Isabel Rodríguez Quevedo. Tema: Lesividad pensión
gracia. Se confirma fallo de primera instancia que negó reintegro de
dinero.

En cuanto al defecto fáctico invocado, anotó que “(…) la decisión de
ordenar el reintegro de dinero no tiene fundamento válido porque en su
valoración probatoria (…) no respeta criterios de racionalidad y
razonabilidad en la medida que da por probado un hecho (la mala fe) solo
y únicamente con tres argumentos irrazonables (…)”8.

Por otra parte, argumentó que hubo una violación a su derecho a la
igualdad al desconocerse, sin razón alguna, el precedente judicial
horizontal. Al efecto, reiteró que “(…) mediante varias sentencias de
nulidad y restablecimiento contra los docentes de este grupo (…), con la

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 03224 00
Accionante: Matilde Beltrán Figueredo

misma ratio decidendi no se les condenó a reintegrar ningún valor, a la
aquí accionante sí (…)”9.

Afirmó que “(…) en los procesos de estos docentes, pensionados con
ocasión de la tutela del año 2006-0076 y también revocada su pensión
por la misma causa que la aquí accionante, a ellos no se les condenó a
devolver ninguna suma de lo pagado por pensión porque se consideró
obraron de buena fe. Ellos obraron en idéntica forma que la aquí
accionante (…)”10.

Adujó que “(…) de haber atendido el ente accionado su propio
precedente, la decisión hubiera sido diferente pues se trata de casos en
lo sustancial igual (…)”11.

Finalmente arguyó que “(…) hay arbitrariedad e irracionabilidad en la
decisión de ordenar el reintegro de lo pagado, por su falta de fundamento
válido y por ser violatoria al debido proceso, del derecho de igualdad y
del acceso material efectivo a la administración de justicia (…)”12.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 21 de junio de 202413 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a esta Sección que por auto del 25 de junio de
202414 la admitió y dispuso notificar15 a los magistrados que integran la

9
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00.
14
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00.
15
Esta orden se cumplió el 26 de junio de 2024. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
03224 00.
6

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 03224 00
Accionante: Matilde Beltrán Figueredo

Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, como parte
accionada, así como vincular16 al Tribunal Administrativo del Meta y a la
UGPP, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo del Meta y/o al Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, para que allegaran copia
digital o el hipervínculo de consulta del proceso identificado con el
radicado nro. 50001 23 33 000 2012 00128 00/02, el cual fue remitido17.

3.2. La subdirectora encargada de defensa judicial pensional de la UGPP
presentó escrito18 en el que solicitó que se declare la improcedencia de
la acción de tutela y, en consecuencia, se niegue el amparo de los
derechos fundamentales invocados por la accionante por no configurarse
vulneración alguna.

Anotó que la accionante pretende usar esta acción constitucional como
una instancia adicional dentro del trámite ordinario, argumentando la
existencia de una vía de hecho en el actuar de la autoridad judicial
accionada, por no estar de acuerdo con las decisiones allí adoptadas.

3.3. El titular del despacho 04 del Tribunal Administrativo del Meta, allegó
escrito19 en el que expuso que “(…) al cuestionar la parte actora la
providencia emitida en segunda instancia dentro del proceso ordinario
nro. 500012333000-2012-00128-02 donde el Honorable Consejo de
Estado esbozó los argumentos jurídicos y probatorios de su decisión, esta
autoridad judicial no emitirá pronunciamiento alguno sobre las
pretensiones invocadas por la parte actora al no recaer las mismas en la
decisión proferida por este Tribunal en primera instancia dentro del
proceso ordinario en mención (…)”.

16
Ibidem.
17
Visto en los índices 8, 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00.
18
Visto en los índices 11 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00.
19
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00.
7

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Accionante: Matilde Beltrán Figueredo

3.4. El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió informe20
en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
comoquiera que la sentencia cuestionada se ajustó al ordenamiento
jurídico y en ella no se incurrió en defecto procesal, sustantivo, orgánico
ni fáctico que amerite una discusión constitucional.

Explicó que la Subsección A, Sección Segunda de esta Corporación, al
resolver los recursos de apelación promovidos en el proceso ordinario,
“(…) advirtió que la entidad de previsión social negó el reconocimiento
solicitado, mediante Resolución 015662 del 17 de diciembre de 1999,
confirmada por la 000937 del 27 de febrero de 2001, por no resultar
válido el periodo servido por la interesada en el INEM Luis López de Mesa,
como docente del orden nacional. Sin embargo, esta no acudió a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, como correspondía, si
consideraba que tal decisión no se ajustaba al ordenamiento jurídico, sino
que decidió, junto con otros educadores, acudir a la acción de tutela
mucho tiempo después (en el año 2006) en la ciudad de Bogotá, lugar
apartado de su domicilio y del último lugar de prestación de servicios
(Villavicencio) (…)”.

Agregó que la Sala también encontró que la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, en sentencia del 27 de abril de 2022, confirmó la
dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá que condenó al señor Edgar Ernesto Ureña Cadena, en su
condición de Juez Treinta y Siete Penal del Circuito de Bogotá, por el
delito de prevaricato por acción, al proferir el fallo de tutela en el radicado
nro. 00076-2006 por el cual le ordenó a la extinta CAJANAL el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a catorce docentes del orden
nacional, entre ellos la hoy accionante, en contravía de la Constitución
Política, la ley y la jurisprudencia.

20
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Accionante: Matilde Beltrán Figueredo

Alegó que “(…) las anteriores circunstancias llevaron a la Sala a la
conclusión de que el actuar de la señora Beltrán Figueredo se alejó de los
postulados que rigen el principio de la buena y, en consecuencia, decidió
ordenar el reintegro de la totalidad de las sumas pagadas en virtud del
acto que le reconoció la pensión gracia. Tal razonamiento atendió al
derrotero que señaló la Corte Constitucional en la sentencia T-218 de 20
de marzo de 2012 sobre los elementos de identidad <<frente a las
condiciones de formulación de la acción de tutela, que llevan a colegir un
fraude como es instaurarla en un lugar apartado de: (i) el domicilio del
actor, (ii) el último lugar de prestación de servicio, (iii) o del lugar de
expedición de los actos administrativos previos, situaciones que ponen
en entredicho la buena fe de su actuar>> (…)”.

3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 5 de julio de 202421.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199122 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26
de mayo de 2015,23 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202124, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201925 proferido por la Sala Plena del

21
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00.
22
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
23
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
24
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente
a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
25
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
9

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Accionante: Matilde Beltrán Figueredo

Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente26:

4.2.1. La extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE27,
promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad)
en contra de la señora Matilde Beltrán Figueredo, hoy accionante,
pretendiendo lo siguiente:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo
nro. 19788 del 28 de abril de 2006, expedido por la CAJA
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EICE hoy en
liquidación, mediante el cual en cumplimiento de un fallo de tutela
proferido por el Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito de Bogotá,
de fecha 8 de marzo de 2006, se le reconoció una pensión gracia a
la señora MATILDE BELTRÁN FIGUEREDO (…), en cuantía de
SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS (…), efectiva a partir del 3 de noviembre de 1998 y hasta el
7 de marzo de 2006, un día antes de la expedición del fallo de tutela,
y en cuantía de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS ONCE PESOS (…), efectiva a partir del 8 de marzo
de 2006 fecha de notificación del fallo de tutela a la entidad, sin el
lleno de requisitos legales y en contravía de la normatividad que
rige dicha prestación (Ley 114 de 1913, L.116 de 1928, L.037 de
1933 y L.91 de 1989), ya que en el caso concreto no procedía dicho
reconocimiento, teniendo en cuenta que la demandada NO cumplía
con el requisito exigido por la Ley, consistente en 20 años de
servicio como docente del orden departamental, municipal o
distrital, por cuanto conforme a certificado expedido por la
Secretaría de Educación Departamental del Meta de fecha 6 de
noviembre de 1998 (…), se puede comprobar que laboró como
docente de vinculación nacional, toda vez que su nombramiento se
realizó para que laborara como docente en el INEM LUIS LÓPEZ
DE MESA, institución educativa de carácter nacional.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo nro.
50480 del 27 de septiembre de 2006, expedido por la CAJA
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EICE hoy en
liquidación, mediante la cual se revocó el artículo primero y
modificó la Resolución nro. 19788 del 28 de abril de 2006,

26
Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado nro. 50001 23 33 000 2012 00128 00/02. Visto en
los índices 8, 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00.
27
Hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP.
10

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 03224 00
Accionante: Matilde Beltrán Figueredo

estableciéndose que el reconocimiento de la pensión gracia es en
cuantía de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS ONCE PESOS (…), efectiva a partir del 3 de
noviembre de 1998.

TERCERA: Que, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada señora MATILDE BELTRÁN FIGUEREDO,
devolver todos y cada uno de los dineros recibidos por concepto del
reconocimiento realizado desde el 3 de noviembre de 1998, hasta
cuando se verifique la efectiva devolución a la demandante […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales de la demanda).

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo
del Meta que, en sentencia concentrada del 22 de febrero de 201828,
dispuso lo siguiente:

“[…] 1. Expediente nro. 2012-00128-00: Matilde Beltrán
Figueredo

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución nro. 19788 de
30 de abril de 2006, expedida por la extinta Caja Nacional de
Previsión Social, por la cual se le reconoció a la señora Matilde
Beltrán Figueredo una pensión gracia efectiva a partir de 3 de
noviembre de 1998, en cumplimiento del fallo de tutela proferido el
8 de marzo de 2006 por el Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito
de Bogotá.

(…)

4. Disposiciones comunes

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la parte
demandada […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).

4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la señora Matilde Beltrán
Figueredo interpuso recurso de apelación y la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 22 de febrero
de 2024, resolvió lo siguiente:

28
Se resolvieron, de manera concentrada, los procesos de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con los radicados nro. 50001 23 33 000 2012 00128 00, en el
que la demandada era la señora María Matilde Beltrán Figueredo, hoy accionante; nro.
50001 23 33 000 2012 00129 00, en el que obraba como demandado el señor José
Erasmo Nieto Ramírez; y nro. 50001 23 33 000 2012 00132 00, en el que la demandada
era la señora Edith Carlina Sanabria de Rojas.
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Accionante: Matilde Beltrán Figueredo

“[…] Primero. Revocar el numeral tercero de la sentencia del 22
de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, en cuanto negó la pretensión de restablecimiento del
derecho. En su lugar, se dispone:

Segundo. Ordenar a la señora Matilde Beltrán Figueredo reintegrar
a la entidad accionante la totalidad de las sumas pagadas en virtud
del acto de reconocimiento de la pensión gracia, desde el 3 de
noviembre de 1988 (día de efectividad de la prestación) y hasta la
fecha en que se suspendió provisionalmente, en cumplimiento del
auto del 15 de abril de 2015, proferido por el Tribunal
Administrativo del Meta, mediante el cual se decretó la medida
cautelar de los actos administrativos acusados, solicitada por la
parte activa.

Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Cuarto. Sin costas en segunda instancia […]”. (Negrillas originales
de la providencia).

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe
verificar es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá
en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional29

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

29
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
12

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providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”30.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional31.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades32:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

30
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
31
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
32
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia33. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional,
analizará el primer y el segundo criterio que la compone, esto es, (i)
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales, y (ii) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o económicos.

4.3.2.1. Las cuestiones de relevancia constitucional.

Frente a la primera finalidad, la Corte Constitucional, en la sentencia SU
573 de 2019, explicó que este primer elemento de la relevancia supone
que “(…) el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental (…)”.

En esa medida, este primer criterio, supone que la acción de tutela que
se promueva contra una providencia judicial debe proponer un debate
sobre el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, pues sólo
así se podrá establecer que el asunto es evidentemente de naturaleza
constitucional; ello quiere significar que, quien interpone una acción de
tutela, tiene la carga de identificar cuál es el derecho fundamental que

33
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse
la sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo
López.
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estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la
sentencia atacada lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU
573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el
requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca]. Este
criterio34 fue reiterado en las sentencias SU 128 de 202135, SU 103 de
202236 y SU 215 de 202237.

El criterio jurisprudencial contenido en las precitadas sentencias,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es
necesario que, para la acreditación de este primer elemento que compone
a la relevancia constitucional, la parte interesada en el escrito de tutela,
(1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los
motivos por los cuales considera la sentencia atacada está vulnerando
tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados,

34
Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T – 422 de 2018,
la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional confirmó la decisión de la Sección
Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la acción de tutela
por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez; en cuanto a
la relevancia, la Corte indicó, entre otras razones, que el requisito de relevancia no
estaba cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias
demandadas desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia constitucional de
un asunto no se determina con la mera enunciación de los derechos fundamentales
presuntamente comprometidos, sino mediante la acreditación razonable de una
presunta amenaza o vulneración de los mismos”.
35
Corte Constitucional. Sentencia SU – 128 del 6 de mayo de 2021. M.P.: Cristina Pardo
Schlesinger.
36
Corte Constitucional. Sentencia SU – 103 del 17 de marzo de 2022. M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
37
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
15

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requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos
aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración
de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo esencial del
mismo.

Ello porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo que
se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el caso
reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir que, por vía
de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el
principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en
el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no
podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional
con la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si,
de acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.

El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”38
y ha explicado que el núcleo esencial es “esa parte del derecho que lo
identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario
grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades
públicas. En sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un
derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo
que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o
tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia
fundamental”39.

Por lo expuesto, la Sala examinará el contenido o el núcleo esencial de
los derechos fundamentales invocados por la parte actora, dado que, de
advertirse su afectación prima facie en la faceta constitucional, se
desprendería que el asunto es de naturaleza constitucional, en la medida

38
Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
39
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
16

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que compromete o involucra el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental.

En el asunto bajo examen, la parte actora señaló que la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración
de justicia y a la igualdad, con ocasión de la sentencia proferida el 22 de
febrero de 2024 que le ordenó reintegrar a la UGPP la totalidad de las
sumas pagadas en virtud del acto de reconocimiento de la pensión gracia.

-) Frente a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
efectivo a la administración de justicia

Lo primero que la Sala precisa en relación con estos derechos
fundamentales es que, bajo los lineamientos jurisprudenciales expuestos
por la Sala Plena de la Corte Constitucional en las sentencias SU 573 de
2019, SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022, se tiene que no está acreditada
la exigencia de la relevancia constitucional cuando la parte actora se
limita a invocar la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, sin justificar las razones por las cuales estima que la sentencia
atacada lo afectó, sino que, en criterio de la Corte Constitucional, “se
exige demostrar, de manera razonable, una restricción desproporcionada
sobre alguno(s) de sus elementos [contenido o núcleo esencial]”40; esto
es, que el interesado alegue la vulneración del derecho al debido proceso
en su faceta constitucional o, dicho de otra manera, que identifique
dentro del núcleo esencial cuál de las garantías que los componen
resultan comprometidas con ocasión de la sentencia controvertida en la
acción de tutela.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el núcleo
esencial o el contenido del debido proceso está integrado por las
siguientes garantías mínimas41:

40
Corte Constitucional. SU 103 del 17 de marzo de 2022. M.P: Alejandro Linares
Cantillo.
41
Corte Constitucional, Sentencia C- 341 de 2014.
17

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“(…) La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el “(…) conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para
que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del
debido proceso:

(i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al
libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas,
a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante
autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido
en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado
proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la
Constitución y la ley;

(iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión
favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a
la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante
la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás
personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un
tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se
vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo
cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la
tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas
atribuidas al ejecutivo y al legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o
funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas (…)”.

En cuanto al derecho de acceso efectivo a la administración de justicia,
la jurisprudencia constitucional ha explicado que tiene un contenido
múltiple a partir del cual pueden identificarse tres categorías42: (i)
aquellas que tienen que ver con el acceso efectivo de la persona al
sistema judicial; (ii) las garantías previstas para el desarrollo del proceso,
y (iii) las relacionadas con la ejecución material del fallo.

42
Corte Constitucional. Sentencia T- 799 del 21 de octubre de 2011. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
18

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Accionante: Matilde Beltrán Figueredo

Dentro de la primera categoría, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que se compone de las siguientes garantías: (i) el derecho de
acción, (ii) a contar con procedimientos idóneos y efectivos para la
determinación legal de derechos y obligaciones, y (iii) a que la oferta de
justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional. En cuanto
a la segunda, incluye el derecho a (iv) que las controversias planteadas
sean resueltas dentro de un término prudencial y sin dilaciones
injustificadas, (v) que éstas sean decididas por un tribunal independiente
e imparcial, (vi) a tener todas las posibilidades de preparar una defensa
en igualdad de condiciones, (vii) que las decisiones sean adoptadas con
el pleno respeto del debido proceso, (viii) que exista un conjunto amplio
y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias, (ix) que se
prevean herramientas necesarias para facilitar el acceso a la justicia por
parte de las personas de escasos recursos. La última categoría abarca (x)
la posibilidad efectiva de obtener respuesta acorde a derecho, motivada
y ejecutable, y que (xi) se cumpla lo previsto en ésta.

Por lo anotado, la Sala considera que el requisito general de relevancia
constitucional no se cumple frente a los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, toda vez
que la inconformidad de la accionante está orientada a controvertir “(…)
el ordinal segundo del resuelve de la sentencia del 22 de febrero del 2024,
que ordenó a MATILDE BELTRAN FIGUEREDO reintegrar a la UGPP las
sumas pagadas como consecuencia de la pensión gracia (…)”43, de donde
se desprende que dicho reparo no involucra la afectación de ninguna de
las garantías que componen el núcleo esencial de los mencionados
derechos, por lo que el asunto no es relevante desde el punto de vista
constitucional.

-) Frente al derecho fundamental a la igualdad

43
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 03224 00
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Este derecho podría resultar comprometido cuando las autoridades
judiciales profieren decisiones sin tener en cuenta el precedente. En este
caso, la parte interesada sostuvo que la autoridad judicial accionada
desconoció “su propio precedente”, comoquiera que, a los demás
docentes pensionados con la misma acción de tutela del año 2006, no se
les ordenó el reintegro del dinero.

Para sustentar lo anterior, en el escrito de tutela citó los siguientes casos:

(i) Sentencia proferida el 21 de mayo de 2020 por la Subsección B,
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso identificado con el
radicado nro. 50001 23 33 000 2012 00129 00/02. Demandante: UGPP.
Demandado: José Erasmo Nieto Ramírez.

(ii) Sentencia proferida el 26 de junio de 2020 por la Subsección B,
Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso identificado con el
radicado nro. 50001 23 33 000 2012 00132 00/02. Demandante: UGPP.
Demandada: Edith Carlina Sanabria de Rojas.

(iii) Sentencia proferida el 3 de mayo de 2018 por la Subsección B,
Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso identificado con el
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00347 00/01. Demandante: UGPP.
Demandada: María Isabel Rodríguez Quevedo.

Al respecto, la Sala considera que tampoco está cumplido el requisito de
relevancia constitucional en relación con el derecho a la igualdad, en la
medida que no se observa prima facie la afectación de su contenido,
puesto que las providencias que la accionante invoca como desconocidas
fueron proferidas por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, es decir, una autoridad judicial distinta a la que profirió la
sentencia que aquí se ataca, esto es, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

4.3.2.2. Preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por

20

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tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica

En cuanto al segundo elemento que compone la relevancia constitucional,
la Corte Constitucional ha dicho que “(…) la controversia debe versar
sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico.
Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal,
esto es, aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben ser
resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su
trámite, dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so
pena de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras
jurisdicciones” (…)”44. (Se destaca).

En ese sentido, anotó que “en tales términos, un asunto carece de
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de
rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general” 45. (Se destaca).

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica.

En el asunto bajo examen, por lo indicado en el análisis del primer criterio
de la relevancia, se insiste en que la parte actora no propuso un debate
que verse sobre la afectación de algún derecho fundamental; a lo que se
agrega en este segundo criterio que, del escrito de tutela, se desprende

44
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
45
Ibidem.
21

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que el reparo de la accionante que motivó la presentación de este
mecanismo constitucional sigue siendo una discusión meramente
económica, en tanto que alega que “(…) lo que vulnera los derechos
fundamentales y, por tanto, se pretende dejar sin validez, es solo el
ordinal segundo del resuelve de la sentencia del 22 de febrero del 2024,
que ordenó a MATILDE BELTRAN FIGUEREDO reintegrar a la UGPP las
sumas pagadas como consecuencia de la pensión gracia (…)”46.

Por consiguiente, el segundo criterio de la relevancia tampoco se cumple,
porque la discusión planteada por la parte actora es de carácter
netamente económico; a lo que se acota que los reparos de la accionante
no versan sobre la afectación o vulneración del contenido de los derechos
fundamentales que invocó en el escrito de tutela.

Bajo dicho contexto, la Sala concluye que la acción de tutela es
improcedente porque no están cumplidos el primero y segundo criterio
que componen el requisito general de relevancia constitucional. Valga
precisar que, para que un asunto revista trascendencia constitucional,
deben estar verificados los tres elementos que conforman la relevancia,
de manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela
deviene improcedente.

Por ello, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por no estar superado el
requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

46
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03224 00.
22

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Accionante: Matilde Beltrán Figueredo

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por la señora Matilde Beltrán Figueredo, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

23

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