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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03240-00

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03240-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la sociedad Icoltex Ltda., conforme las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03240-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

8 de agosto de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03240-00
Demandante: Icoltex Ltda.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-03240-00
Demandante ICOLTEX LTDA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE VALLE DEL CAUCA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad. La relevancia constitucional. Incidente de liquidación
de condena en abstracto. Auto que rechaza de plano y procedencia
del recurso de apelación.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por la sociedad Icoltex Ltda., de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 24 de junio de 20241, la sociedad Icoltex Ltda., por conducto de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca por
considerar que vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, al proferir los autos del 5 de
diciembre de 2023 y del 20 de mayo de 2024, en el proceso de reparación directa
nro. 76001-23-33-008-2012-00613-00/02.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA. - AMPARAR a la sociedad comercial ICOLTEX LTDA, sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, derecho a la
tutela judicial efectiva e igualdad, vulnerados con la emisión de las decisiones de segunda
instancia del 20 de mayo de 2024 emitida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y la del 5 de diciembre de 2023 de primera instancia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle.
SEGUNDA.- Consecuencialmente, ORDENAR a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado Mp. Dra. María Adriana Marín que dentro del término improrrogable de
diez (10) días contados a partir de la notificación del fallo que así lo disponga, profieran nueva
providencia judicial revocando el auto de rechazo del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, para que en su lugar le ordene al Tribunal a quo decidir de fondo el INCIDENTE DE
REGULACIÓN DE CONDENA EN ABASTRACTO, con la orden precisa al señor Contador –
Liquidador del Tribunal que en la liquidación que efectúe la haga conforme le ordenó el
magistrado Omar Edgar del TRIBUNAL ADMINSOITGRATIVO DEL VALLE en el auto de
rechazo de incidente, en atención a lo preceptuado en el referente expuesto en auto del caso
CONFEXCOL LTDA VS FGN, según sentencia Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, radicado 76001-23-33-000-2013-01093-01 (59401) del 27 de julio de 2023,
la cual se encuentra adjunta al expediente.

1 La acción de tutela se radicó a través del correo electrónico dirigido a la Secretaría General de esta
Corporación. Samai, índice 2.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03240-00
Demandante: Icoltex Ltda.

TERCERA : Si así no fuere, acepte y desate el recurso de apelación y lleve a cabo la
liquidación el Honorable Consejo de Estado, tal como ocurrió para, Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, radicado 76001-23-33-000-2013-01093-01 (59401) del 27
de julio de 2023, la cual se encuentra adjunta al expediente
TERCERA.- Consecuencialmente, y de manera subsidiaria, DEJAR SIN EFECTOS las
providencias judiciales aquí atacadas, para que en su lugar se le ordene al H. Magistrado
Omar Edgar Borja Soto del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que dentro del término
improrrogable de diez (10) días contados a partir de la notificación del fallo que así lo disponga,
profiera nueva decisión judicial resolviendo de fondo el INCIDENTE DE REGULACIÓN DE
CONDENA EN ABASTRACTO, con la orden precisa para el Contador –Liquidador del Tribunal
haga la liquidación en los mismos términos anteriormente indicados.»2 (Sic para toda la Sala)

2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La sociedad Icoltex Ltda. promovió medio de control de reparación directa
contra la Nación, Fiscalía General de la Nación para que se declarara su
responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
con ocasión al trámite impartido a la investigación penal por el delito de lavado
de activos iniciado contra la demandante. En consecuencia, solicitó el pago de
perjuicios morales y materiales.

2.2. El proceso correspondió al conocimiento del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que, en sentencia del 4 de julio de 2014, declaró administrativa y
patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los
perjuicios causados a la sociedad como consecuencia de la no devolución de
la totalidad de los dineros incautados y sus rendimientos, dentro de la
asistencia judicial en la «Operación Casa Blanca».

2.3. La anterior decisión fue apelada por la entidad demandada. El conocimiento
del recurso correspondió a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado que, en sentencia del 24 de abril de 2023, modificó la sentencia de
la primera instancia así:
«PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 4 de julio de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, cuya parte resolutiva quedará así:
SEGUNDO. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía
General de la Nación por los perjuicios ocasionados a la sociedad demandante, como
consecuencia de la no devolución de la totalidad de los dineros incautados y sus
rendimientos, dentro de la asistencia judicial en la “Operación Casa Blanca”.

TERCERO. CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar a la sociedad Icoltex
Ltda., por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma
de setenta y dos millones quinientos veintisiete mil novecientos ocho pesos
($72’527.908), como capital incautado y adeudado. Asimismo, a reconocer y pagar los
rendimientos financieros generados sobre la cifra antes descrita, desde la fecha de
incautación hasta la fecha en que sean efectivamente entregados, así como de la suma
de sesenta y dos millones ochocientos treinta y ocho mil novecientos treinta y seis pesos
($62.838.936), desde la fecha de incautación hasta el 8 de agosto de 2012, fecha en la
cual fueron entregados a la sociedad demandante. Se procederá a realizar el cálculo
respectivo, en consideración a los términos dispuestos por el juez de primera instancia.
TERCERO. CONDENAR en costas, en primera instancia, a la parte demandada,
conforme con lo consignado en la decisión del 4 de julio de 2014.
CUARTO. CONDENAR en costas, en segunda instancia, a la parte demandada, las
cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 366 del CGP. Como agencias en derecho en esta instancia, se fijan en el
equivalente al 1% de las pretensiones reconocidas ($725.279), suma que deberá ser
pagada a favor de la parte actora (…)». (Subraya la Sala)

2 Páginas 6 y 7 del escrito de subsanación de la acción de tutela. Samai, índice 8.
2

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Demandante: Icoltex Ltda.

Esta providencia quedó ejecutoriada el 15 de mayo de 2023 y en auto del 6 de
julio de 2023, la autoridad judicial de primera instancia dispuso obedecer y
cumplir su contenido.

2.4. La sociedad demandante, en memoriales del 7 y 10 de julio, del 24 de octubre
y del 11 de noviembre 2023, promovió incidente de liquidación de la condena
en abstracto, según los términos de la sentencia de segunda instancia.

2.5. En auto del 5 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca rechazó de plano el incidente de regulación de perjuicios, al concluir
que la sentencia de segunda instancia en el proceso de reparación directa no
fue proferida en abstracto, sino que, por el contrario, «las sumas pretendidas con
ocasión de los rendimientos financieros son absolutamente determinables» porque si
bien en la sentencia declarativa no se liquidaron los rendimientos financieros,
«…dispuso la forma en que debía realizarse la operación y por parte de quien, esto es, la
entidad demandada en el momento en que se realizara el pago de la condena impuesta;
es decir, se dictó una condena en concreto -liquidable-, por lo que lo único que había que
hacer para efectuar el pago era una operación matemática.»

Por lo anterior, consideró que el incidente no era procedente y debía
rechazarse de plano en los términos del artículo 130 del Código General del
Proceso (CGP). Asimismo, le recordó a los accionantes la posibilidad de iniciar
el proceso ejecutivo para obtener el pago pretendido.

2.6. El apoderado de la sociedad demandante interpuso recurso de apelación
contra el auto que rechazó de plano el incidente. Dijo que, del numeral tercero
de la sentencia del 24 de abril de 2023, deriva con claridad la condena en
abstracto para liquidar los rendimientos financieros, al amparo de lo
establecido en la sentencia del 27 de julio de 2023 (exp. 59401) por el Consejo
de Estado para tal fin.

2.7. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó el
recurso de apelación por improcedente, en auto del 20 de mayo de 2024. Dijo
que, al tenor del numeral 4 del artículo 243 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), solo procede la
apelación contra el auto que resuelve de fondo el incidente de liquidación de
condena en abstracto. Sin embargo, en el auto acusado «lo que decidió el a quo
fue rechazar de plano el trámite incidental, por lo que debe entenderse que no hubo
ninguna decisión de fondo que amerite ser revisada en apelación».

Aclaró que, aunque el artículo 321 del CGP estableció que el recurso de
apelación también procede contra el auto que rechace de plano el incidente,
esa regulación no aplica para este caso, porque sobre el asunto hay regla
especial en el CPACA y prevalece.

3. Fundamentos de la acción

La sociedad accionante manifestó que el auto del 20 de mayo de 2024, proferido
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, violó sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia por lo que solicita que se conceda el amparo
constitucional.

En primera medida, expuso que la petición supera los requisitos generales de
procedibilidad porque: involucra la vulneración de derechos de rango constitucional;
agotó los medios ordinarios y extraordinarios de defensa para procurar la protección
que ahora invoca vía tutela; interpuso el amparo en un término razonable y no
discute una sentencia de tutela sino autos emitidos en el curso de un proceso
ordinario.

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Demandante: Icoltex Ltda.

Acto seguido mencionó que, el proveído adolece de defecto fáctico porque el
supuesto legal que sustenta la decisión de rechazo del incidente de liquidación de
perjuicios carece de soporte probatorio. Expuso que, aunque en principio el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca rechazó el recurso, después ordenó pasar el caso
al liquidador de la corporación para que liquidara la condena de acuerdo con el
precedente aplicable (casos Operación Casa Blanca exp. 59401) y dejó consignado en el
auto las operaciones matemáticas que establecieron unos montos adeudados por
la demandada por concepto de perjuicio material. Sin embargo, considera la
sociedad actora que esa liquidación no se acompasa con los parámetros
establecidos en el precedente para tal fin.

De acuerdo con lo expuesto, considera errada la decisión de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado donde rechazó la procedencia del recurso
de apelación contra el auto del tribunal. Respecto de la consideración de que en la
sentencia del 24 de abril de 2023 se dictó una sentencia en concreto y no en
abstracto manifestó que contraría el sentido literal de la palabra «concreto», según
el significado que obra en la Real Academia de la Lengua Española (RAE), a saber:
«el adjetivo que es preciso, detallado o bien delimitado, que es determinado uno en particular y
no otro. Condena que, por referirse al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa
semejante, se fija en un fallo por cantidad y valor determinados».

Establecido lo anterior, recordó que, en la sentencia declarativa de condena, el juez
de la causa, en efecto, estableció las bases para liquidar la condena, pero no
determinó el monto líquido, sino que indicó en el numeral tercero de la parte
resolutiva que «Se procederá a hacer el cálculo respectivo».

De otro lado, estimó que la magistrada sustanciadora incurrió en defecto sustantivo
porque en la decisión del asunto soslayó el artículo 193 de la Ley 1437 de 2011 que
consagra el trámite de las condenas en abstracto.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. El 26 de junio de 2024, el despacho sustanciador requirió a Icoltex Ltda. para
que acreditara quien ejerce la representación legal de la sociedad y que la
señora Gisela Carabalí fue la remitente del poder anexado con el escrito de
tutela.

Adicional a lo anterior, requirió a la accionante para que precisara las
providencias accionadas y los defectos de los que cada una de ellas adolece,
según las reglas desarrolladas en la sentencia C-590 de 2005.

4.2. En memorial del 2 de julio de 2024, el apoderado de la sociedad accionante
subsanó la acción de tutela frente a la representación legal con los
correspondientes soportes. Además, precisó que la sociedad cuestiona vía
acción de tutela el auto del 5 de diciembre de 2023, proferido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el auto de segunda instancia que data del
20 de mayo de 2024 y fue emitido por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.

En relación con el primer proveído, dijo que está afectado por el defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial porque el tribunal omitió
resolver la cuestión propuesta al amparo del artículo 12 de la Ley 793 de 20023
relativa a los rendimientos financieros y porque la liquidación contenida en el
auto no atendió a los parámetros establecidos para tal fin en la sentencia del
27 de julio de 2023 (exp. 59401).

3 «Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio.»
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También alegó la concreción de un defecto fáctico en la providencia de primera
instancia debido a que el juez emitió la decisión sin soporte probatorio alguno.
Dijo que, aunque la liquidación no atendió a los parámetros exigidos, deja ver
el auto que la argumentación no es congruente con una decisión de rechazo
de la petición, sino que, en efecto, la resuelve.

Agregó que no le asistía la razón al tribunal cuando mencionó que la condena
contenida en la sentencia declarativa era en concreto, pues en su
consideración, tal declaración contrariaba el significado mismo de la palabra
«concreto» consagrada en el Diccionario de la RAE. En esa vía, dijo que la
sentencia declarativa de segunda instancia estableció las bases para hacer la
liquidación, pero no determinó un monto específico, sino que manifestó que
debería hacerse el cálculo respectivo.

Frente al proveído de la segunda instancia, manifestó su desacuerdo con la
conclusión del ad quem de que el auto del 5 de diciembre de 2023 no era
susceptible del recurso de apelación y su consecuente rechazo. Al respecto,
destacó la insuficiencia del argumento de improcedencia del recurso a la luz
del CPACA, porque al tratarse de una cuestión estrictamente procesal era
perfectamente aplicable el artículo 321-5 del CGP, según la remisión que
permite el artículo 306 de la norma procesal contenciosa. Agregó que la
decisión del juez de la segunda instancia era contraria al artículo 11 del CGP
que exigía propender por la efectividad de los derechos en la aplicación de la
norma procesal.

4.3. En auto del 11 de julio de 2024, el despacho ponente admitió la acción de
tutela presentada por la sociedad Icoltex Ltda., que actúa a través de
apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Además, vinculó, como tercero con interés, a la Nación, Fiscalía General de
la Nación, quien actuó como demandante dentro del proceso de reparación
directa con radicado Nro. 76001-23-33-000-2012-00613-00/01/02.

4.4. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de profesional especializada
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, manifestó que no le asiste legitimación
en la causa por pasiva para satisfacer las pretensiones de la acción de tutela,
porque guarda relación con un trámite incidental que no se acompasa con sus
competencias legales.

4.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por conducto del magistrado
sustanciador del proceso analizado, solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela porque no supera el requisito de relevancia
constitucional, pues lo pretendido es modificar las decisiones de los jueces de
instancia con la mediación del juez constitucional para retomar un debate ya
concluido porque no está de acuerdo con el resultado.

De otra parte, manifestó que el defecto fáctico no está debidamente
sustentado porque de la decisión de rechazar de plano el recurso no deriva de
un razonamiento probatorio, sino de interpretación de la resolutiva de la
sentencia declarativa cuyo contenido se acompasa con una condena en
concreto. Destacó que es posible determinar el monto de la condena aplicando
la correspondiente operación matemática como se demostró en el auto del 5
de diciembre de 2023.

Finalmente, dijo que el Consejo de Estado en el auto del 20 de mayo de 2024,
a pesar de la decisión principal de improcedencia de la apelación contra el auto
que rechaza de plano el incidente, se mostró de acuerdo con la consideración

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de que la condena no fue en abstracto sino en concreto porque era claramente
determinable.

4.6. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través
de la magistrada ponente del auto cuestionado, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela porque no superaba el requisito general
de procedibilidad de relevancia constitucional, pues la pretensión del actor es
tomar la acción de amparo como una tercera instancia y prolongar un debate
que fue razonablemente decidido.

Destacó que la sociedad insiste en que se dé trámite el incidente de liquidación
de la condena contenida en la sentencia del 24 de abril de 2023, aunque el
tribunal ya le explicó que en ese fallo se fijaron los parámetros para que la
entidad demandada liquidara los rendimientos financieros cuando pagara la
condena. En esa vía, recordó era posible determinar el valor de la condena y
realizó la liquidación, así concluyó que no había necesidad de tramitar un
incidente de liquidación de perjuicios.

De acuerdo con lo anterior, evidenció la improcedencia del recurso de
apelación porque no hubo una decisión de fondo y el CPACA no contempla la
procedencia del recurso de apelación contra el auto que rechaza de plano el
incidente de liquidación de perjuicios.

Agregó que el desacuerdo con la decisión de rechazo del recurso no habilita
un pronunciamiento adicional del juez de tutela, más aún cuando la
providencia cuestionada fue proferida por el órgano de cierre de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. En ese escenario la procedencia del amparo
es aún más restringido y debe acreditarse una violación desproporcionada de
los derechos fundamentales invocados.

4.7. La sociedad Icoltex Ltda., por conducto del apoderado judicial, presentó
réplica frente a la respuesta otorgada por la magistrada María Adriana Marín.
Explicó que la contestación fue remitida fuera del término otorgado en el auto
admisorio y por esa razón no debería ser tenida en cuenta.

De manera subsidiaria, expuso sus desacuerdos frente al contenido del
informe. Manifestó que no le asiste razón al alegar la omisión de carga
argumentativa del defecto fáctico y reiteró el contenido de la subsanación de
la acción de tutela.

También mencionó que no se pretende tomar la tutela como una instancia
adicional, sino la protección de derechos de carácter fundamental que fueron
desconocidos con las providencias acusadas.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,

4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Determinación del problema jurídico

3.1. Previo a plantear el problema jurídico, corresponde a la Sala pronunciarse
sobre la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía General de la
Nación por estimar que no tiene legitimación en la causa para participar en
este proceso constitucional y la petición de la parte actora de que no se tenga
en cuenta el informe de la magistrada Adriana Marín por extemporáneo.

5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Frente al primer aspecto, se precisa que la vinculación de la FGN en este
proceso no se hizo como parte pasiva con potencialidad de satisfacer las
pretensiones de la acción de tutela, sino como tercero, debido a que actuó
como demandada en el medio de control de reparación directa que se
analizará en este fallo. Por ello, es razonable concluir que le asiste interés en
las resultas de este proceso constitucional y que su vinculación es necesaria
conforme lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

Sobre el segundo asunto, la Sala no observa una mora determinante en la
radicación de la respuesta a la acción de tutela que afecte su trámite o que
requiera la adopción de medidas de coerción o de sanción. Se precisa que la
acción de tutela atiende a una naturaleza informal y sumaria en la que se busca
contar con los mejores elementos de convicción para adoptar una
determinación acorde con la garantía de los derechos fundamentales en litigio.
Así pues, aunque en aras de la celeridad, es importante que los sujetos de la
acción de tutela presenten dentro del término otorgado su informe frente a los
hechos de la demanda, pues la naturaleza del proceso suele requerir la
adopción rápida de medidas de protección de derechos, el marco normativo
que la regula no consagra como sanción ante el incumplimiento de los plazos
que no se tenga en cuenta el contenido del informe, por lo que se desestima
la petición de la sociedad actora al respecto.

De otra parte la consecuencia ante el silencio que contempla el Decreto 2591
de 1991, es la denominada presunción de veracidad que implica tener como
ciertos los hechos de la demanda y resolver de plano la acción de tutela. Sin
embargo, no estamos frente a un escenario de silencio ni ante una demora
desproporcionada en la presentación del informe. De hecho, teniendo en
cuenta que la Sección Tercera de esta Corporación recibió el mensaje de datos
con la notificación del auto admisorio el viernes 12 de julio de 2024 a las 17:25
horas, se estima que la radicación del informe de respuesta el 17 de julio a las
17:03 horas, es razonable y permite que sea tenido en cuenta para resolver la
acción de tutela sin que se afecte de manera relevante el trámite célere de
este proceso.

3.2. Ahora, según los antecedentes expuestos y por tratarse de una acción de
tutela contra providencias judiciales, una de ellas proferida por una alta
Corporación, corresponde a la Sala establecer si la solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedibilidad, en especial, el de relevancia
constitucional.

De superar dicho análisis, la Sala determinará si el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado incurrieron en defecto sustantivo, en defecto fáctico y en
desconocimiento del precedente al proferir los autos del 5 de diciembre de
2023 y del 20 de mayo de 2024.

4. Alcance del requisito de procedibilidad de relevancia constitucional y su
análisis en el caso particular

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

8

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Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”8. Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.

4.2. Iniciará esta Sala por analizar la procedencia de la acción de tutela contra el
auto del 20 de mayo de 2024, proferido por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, el cual se sustentó en dos argumentos uno
principal y otro que se expuso a manera de precisión, pero sin relevancia en
la decisión definitiva. El argumento central fue el de considerar que el proveído
del 5 de diciembre de 2023 no era apelable debido a que el artículo 243.4
consagra esta posibilidad solo respecto del auto que «resuelva el incidente de
liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios». Esta regulación supone
que se haya resuelto de fondo el incidente, situación que no se acompasa con
lo decidido por el juez a quo, ya que rechazó de plano el incidente de
regulación de perjuicios porque la sentencia que declaró la responsabilidad no
contenía una condena en abstracto sino en concreto.

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera.
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También aclaró que no era posible analizar la procedencia de la apelación a
la luz del artículo 321.5 del CGP9, disposición que permite la apelación contra
el auto que rechaza de plano el incidente, porque el CPACA contiene una
regulación especial al respecto que prevalece para resolver el caso, el artículo
243.4.

De otra parte, a manera de precisión, el despacho sustanciador recordó la
manifestación del a quo de que, si bien en la sentencia declarativa no se
liquidaron los rendimientos financieros, «si se dispuso la forma en que debía
realizarse la operación y por parte de quien, esto es, la entidad demandada en el momento
en que se realizara el pago de la condena impuesta; es decir, se dictó una condena en
concreto -liquidable-, por lo que lo único que había que hacer para efectuar el pago era
una operación matemática.»

4.3. Ahora bien, se tiene que, en la acción de tutela, la sociedad accionante discutió
que la procedibilidad del recurso de apelación se analizara exclusivamente en
el marco de la Ley 1437 de 2011. En su consideración, al tratarse de una
cuestión estrictamente procesal era perfectamente aplicable el artículo 321.5
del CGP en armonía con el artículo 11 de la misma normativa que exige al juez
propender por la garantía de los derechos en la aplicación de la norma
procesal.

Para esta Sala, este argumento de disenso no supera el requisito de relevancia
constitucional por tratarse de una discusión de mera legalidad. La elección de
la norma procesal aplicable y la determinación de su alcance es una cuestión
que, en principio, incumbe exclusivamente al juez natural de la causa, más aún
cuando la determinación es adoptada por el órgano de cierre de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.

La anterior afirmación es acorde con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional10, donde se ha indicado de manera pacífica que las cuestiones
de mera legalidad se alejan del objeto de la acción de tutela, debido a que el
juez de la causa goza de libertad interpretativa producto del respeto a su
independencia y autonomía. Luego, no corresponde al juez constitucional
indicar cual es la norma aplicable o la interpretación conveniente o correcta de
la Ley, salvo que se evidencia arbitrariedad o capricho en el ejercicio de
interpretación del juez de instancia, pero tal escenario de irracionalidad no se
evidencia configurado en el caso concreto. Por el contrario, se observa que la
autoridad de segunda instancia indicó cual era la norma aplicable invocando
un criterio de especialidad y descartó motivadamente la aplicación del CGP al
caso concreto.

A ese respecto, conviene recordar que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito.

De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia

9 CGP. Artículo 321: «Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad.
También son apelables los siguientes autos proferidos en primea instancia: (…) 5. El que rechace de plano
un incidente y el que lo resuelva.»
10 Corte Constitucional. Sentencia SU949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa
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constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso

4.4. En este punto conviene agregar que, tratándose de una acción de tutela contra
providencias judiciales de altas Corporaciones, el análisis del requisito de
relevancia constitucional se torna más exigente y la procedibilidad de este
mecanismo judicial es aún más restrictiva, pues se trata, en este caso, del
Tribunal de cierre en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en esa
línea se robustece el elemento de especialidad del juez respecto de la causa
que conoce y los principios de independencia y autonomía, más aún en lo que
respecta a la aplicación e interpretación normativa.

4.5. Frente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la sociedad accionante
alegó que la liquidación contenida en el proveído del 5 de diciembre de 2023
no atendió a los parámetros establecidos en el artículo 12 de la Ley 793 de
2002 ni en la sentencia del 27 de junio de 2023 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado en un caso similar (exp. 59.401).

También expuso su desacuerdo con la declaración de que la condena
establecida en la sentencia del 24 de abril de 2023 no fue en abstracto, sino
en concreto pues lo dispuesto en el numeral tercero del fallo contraría el
significado de esa palabra, según la RAE. Advirtió que en la sentencia se
fijaron las bases para hacer la liquidación, pero no se fijó un monto, sino que
la autoridad judicial dispuso que debía hacerse el cálculo respectivo.

4.6. Al analizar la fundamentación del auto del 5 de diciembre de 2023, se observa
que, en primera medida, el tribunal precisa que los trámites incidentales son
taxativos y para la jurisdicción de lo contencioso administrativo están
consagrados en el artículo 209 del CPACA, donde se enlista el incidente de
liquidación de condena en abstracto. No obstante, al estudiar la parte
resolutiva del fallo, la autoridad judicial consideró que allí no se emitió condena
en abstracto, sino en concreto, debido a que la suma pretendida por concepto
de rendimientos financieros era claramente determinable.

Como fundamento de su afirmación, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca mencionó que remitió el proceso al liquidador de la Corporación para
que efectuara el cálculo conforme a los parámetros de la segunda instancia y
teniendo en cuenta la sentencia del 27 de julio de 2023 del Consejo de Estado
(exp. 59401). Mencionó que, el liquidador concluyó que el valor total de la
condena, según los parámetros de la sentencia, era de $ 369.516.686.

Establecido esto, la autoridad judicial dijo: «queda demostrada la posibilidad de
efectuarse el cálculo para determinar el valor de la condena y en ese sentido, es claro
que la sentencia de segunda instancia no fue proferida en abstracto, razón por la que, el
incidente presentado no resulta procedente, debiendo rechazarse de plano conforme al
artículo 130 del CGP que dispone: “Artículo 130. Rechazo de incidentes. El juez rechazará
de plano los incidentes que no estén expresamente autorizados por este código (…)».
Acto seguido, recordó a la sociedad demandante que aún contaba con la
posibilidad de instaurar el proceso ejecutivo correspondiente.

4.7. Esta Sala observa que, los alegatos de la acción de tutela en relación con la
prosperidad del incidente de liquidación de condena no tienen relevancia
constitucional.

En realidad, la argumentación se reduce a una expresión de desacuerdo con
la declaración de que el numeral tercero de la sentencia del 24 de abril de 2023
no contiene una condena en abstracto sino en concreto, por lo que se
evidencia que la pretensión de los actores es usar al juez de tutela como un
mediador para que privilegie la tesis de la sociedad accionante.
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Sin embargo, es la autoridad judicial quien tiene la competencia para
establecer, en ejercicio de su autonomía y bajo parámetros de razonabilidad,
si la condena, a pesar de no fijar un monto exacto, tiene la potestad de ser
determinable porque en la sentencia que le da origen o en la Ley se fijaron los
parámetros para tasarla11.

Así las cosas, esta Sala no considera que se exponga un real escenario de
vulneración de derechos fundamentales sino un desacuerdo con la
determinación del tipo de condena que contiene la sentencia del 24 de abril de
2023 frente a los rendimientos financieros pretendidos y, en consecuencia, en
relación con la procedencia del incidente de liquidación de perjuicios en
abstracto.

Pero, como se indicó, corresponde al juez natural de la causa establecer el
marco jurídico aplicable para decidir los asuntos puestos en su consideración
y determinar su alcance dentro de parámetros de racionalidad y debida
motivación. En los autos demandados, la autoridad judicial acusada expuso
las disposiciones normativas que regulaban el incidente de regulación de
perjuicios en abstracto y presentó las razones por las que estimaba que no se
cumplía con la principal condición para aperturarlo porque el fallo contiene una
condena en concreto.

4.8. En este punto, es necesario agregar que el cargo de desconocimiento del
precedente judicial por no aplicar correctamente la sentencia del 27 de julio de
2023 (exp. 59401) en la tasación allí consignada, no se corresponde con la
decisión de rechazar de plano el incidente de liquidación de condena en
abstracto. Esto, porque del auto deriva con claridad que la estimación que se
hizo del valor de la condena tenía un efecto apenas ilustrativo para demostrar
que se trataba de una condena en concreto cuyos parámetros de tasación
habían sido establecidos por los jueces de la causa, pero no tiene un efecto
de una determinación de fondo. En razón a ello, el cargo también debe ser
declarado improcedente.

Finalmente, se evidencia que la determinación del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca de rechazar el incidente sub examine no tiene un efecto
definitivo en la pretensión de cobro de lo debido de la sociedad demandante,
pues, como se indicó en el auto del 5 de diciembre de 2023, le queda la
posibilidad de iniciar el proceso ejecutivo, una vez agotado el trámite del
artículo 192 del CPACA.

5. Conclusión

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia, por no cumplir con los requisitos generales de procedibilidad de este
mecanismo contra providencias judiciales, específicamente, el de la relevancia
constitucional.

11 Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 26 de septiembre
de 1997, precisó: «“Las condenas se pronuncian in genere o se dictan en concreto. Las primeras obedecen
al hecho de que en el proceso, aunque aparece acreditada la existencia del perjuicio o daño, no se halla
probada la cuantía o monto de la indemnización correspondiente. En este tipo de condenas se da una
insuficiencia probatoria sobre el último extremo, que deberá suplirse durante el trámite posterior. Las
condenas en concreto pueden asumir dos formas, igualmente válidas, así : a)- La sentencia fija un monto
determinado por concepto de perjuicios; por ejemplo, condena a pagar $ 1'000.000.oo ; y b)- La sentencia
no fija suma determinada, pero la hace determinable, bien porque en la misma se dan en forma precisa o
inequívoca los factores para esa determinación, de tal manera que su aplicación no requiere de un
procedimiento judicial subsiguiente, con debate probatorio para el efecto; o bien, porque los elementos para
esa determinación están fijados en la Ley, tal como sucede con los salarios y prestaciones dejados de
devengar por un funcionario o empleado público durante el tiempo que estuvo por fuera del servicio.»
12

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03240-00
Demandante: Icoltex Ltda.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la sociedad
Icoltex Ltda., conforme las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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