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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03240-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03240-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia del 8 de agosto de 2024 que declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03240-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

26 de septiembre de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03240-01
Demandante: ICOLTEX LTDA
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO Y OTROS
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
CONFIRMA LA SENTENCIA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE EL AMPARO POR NO HABERSE
SATISFECHO EL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL

Síntesis: la sociedad cuestionó el auto, a través del cual el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca rechazó de plano el trámite incidental de regulación de condena en abstracto, así como el
proveído mediante el cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó
por improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de esa decisión, por considerar
que incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo. Sin embargo, la Sala confirmará la decisión
que declaró improcedente el mecanismo porque se empleó como una instancia adicional para
obtener una decisión favorable de cara a lo pretendido en el proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 8 de agosto de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
en la que se decidió:

“1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la sociedad
Icoltex Ltda., conforme las razones expuestas en esta providencia”. (negrillas
del original – archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 24 de junio de 2024, la sociedad actora promovió proceso
de acción de tutela en contra del auto del 5 de diciembre de 2023, a través del cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rechazó de plano el trámite incidental de
regulación de condena en abstracto y, el auto del 20 de mayo de 2024, mediante el cual
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó por improcedente
el recurso de apelación interpuesto en contra de esa decisión.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03240-01
Actor: Icoltex ltda
Acción de tutela

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) La sociedad Icoltex ltda promovió el medio de control de reparación directa en contra
de la Fiscalía General de la Nación para que se declarara la responsabilidad patrimonial
de Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, debido al
congelamiento de unos dineros tras haberse prestado una asistencia judicial al gobierno
de EE.UU. denominada “Operación Casablanca”, llevada a cabo al tenor de lo dispuesto
en las Leyes 67 de 1993 y 333 de 1996, posteriormente derogadas por la Ley 793 de
2002 (extinción de dominio), ya que fueron las Fiscalías 27 y 26 de Extinción de Dominio
y Lavado de Activos de la fecha, las que se encargaron del trámite procesal legal extintivo.

2) Mediante sentencia del 4 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca accedió a las pretensiones y esa decisión fue apelada por la parte demandada.

3) El conocimiento del recurso correspondió a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, quien, en sentencia del 24 de abril de 2023, modificó la sentencia de
la primera instancia para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado y condenar a
la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la
modalidad de lucro cesante, la suma de $72.527.908, asimismo, a reconocer y pagar los
rendimientos financieros generados sobre la cifra antes descrita, desde la fecha de
incautación hasta aquella en que sean efectivamente entregados, así como la suma de
$62.838.936, desde la fecha de incautación hasta el 8 de agosto de 2012, fecha en la
cual fueron entregados a la sociedad demandante.

4) Esa providencia quedó ejecutoriada el 15 de mayo de 2023 y en auto del 6 de julio de
2023, la autoridad judicial de primera instancia dispuso obedecer y cumplir su contenido.

5) Con memoriales del 7 y 10 de julio del 24 de octubre y del 11 de noviembre 2023, la
sociedad demandante promovió incidente de liquidación de la condena en abstracto,
según los términos de la sentencia de segunda instancia.

6) Por auto del 5 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
rechazó de plano el incidente de regulación de perjuicios por considerar que la sentencia

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Actor: Icoltex ltda
Acción de tutela

de segunda instancia no fue proferida en abstracto, sino que, por el contrario, “las sumas
pretendidas con ocasión de los rendimientos financieros son absolutamente
determinables”.

7) Por lo anterior, el incidente no era procedente y debía rechazarse de plano en los
términos del artículo 130 del Código General del Proceso (CGP), además, les recordó a
los accionantes la posibilidad de iniciar un proceso ejecutivo para obtener el pago
pretendido.

8) El apoderado de la sociedad demandante interpuso recurso de apelación contra esa
decisión con fundamento en que el numeral tercero de la sentencia del 24 de abril de
2023 deriva con claridad la condena en abstracto para liquidar los rendimientos
financieros.

9) Sin embargo, a través de auto del 20 de mayo de 2024, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado rechazó el recurso de apelación por improcedente, tras
sostener que al tenor del numeral 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), solo procede la apelación
contra el auto que resuelve de fondo el incidente de liquidación de condena en abstracto
y, teniendo en cuenta que lo decidido en la providencia acusada “fue rechazar de plano
el trámite incidental”, debe entenderse que no hubo ninguna decisión de fondo que
ameritara ser revisada en apelación.

10) Además, aunque el artículo 321 del CGP estableció que el recurso de apelación
también procede contra el auto que rechace de plano el incidente, esa regulación no
aplicaba para el caso en estudio, porque sobre el asunto existía regla especial en el
CPACA y la misma prevalecía.

Fundamentos de la vulneración

La sociedad accionante manifestó que el auto del 20 de mayo de 2024 proferido por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico
y, en consecuencia, violó sus derechos fundamentales de igualdad, debido proceso y
acceso a la administración de justicia, por los siguientes motivos:

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Acción de tutela

El incidente de regulación de condena en abstracto era procedente porque en la
sentencia declarativa, aunque se establecieron las bases para liquidar la condena, no se
determinó algún monto líquido, por tanto, debió impartírsele trámite al incidente.

Por otro lado, sostuvo que el recurso de apelación en contra del auto del 5 de diciembre
de 2023 sí procedía, pues, aunque allí se resolvió rechazar de plano la solicitud para
iniciar el trámite incidental, lo cierto es que sí resolvió el incidente en cuanto ordenó pasar
el expediente al liquidador de la Corporación para que liquidara la condena de acuerdo
con el precedente aplicable (casos Operación Casa Blanca exp. 59.401) y se señalaron
las operaciones matemáticas que establecieron los montos adeudados por la demandada
por concepto de perjuicio material, liquidación con la que no se encuentra de acuerdo.

En la sentencia declarativa de condena, el juez de la causa, en efecto, estableció las
bases para liquidar la condena, pero no determinó el monto líquido, sino que indicó en el
numeral tercero de la parte resolutiva que “se procederá a hacer el cálculo respectivo”.

De otro lado, estimó que se presentó un defecto sustantivo porque se desatendió el
artículo 193 de la Ley 1437 de 2011 que consagra el trámite de las condenas en
abstracto.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRIMERA.- AMPARAR a la sociedad comercial ICOLTEX LTDA, sus derechos
fundamentales al debido proceso, derecho a la justicia e igualdad, vulnerados
con la emisión de las decisiones de segunda instancia del 20 de mayo de 2024
emitida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y 5
de diciembre de 2023 de primera instancia Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle.

SEGUNDA.- Consecuencialmente, ORDENAR a la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que dentro del término improrrogable de diez
(10) días contados a partir de la notificación del fallo que así lo disponga,
profieran nueva providencia judicial accediendo a las pretensiones del
TRAMITE INCIDENTAL DE REGULACIÓN DE CONDENA EN ABASTRACTO,
llevando a cabo la liquidación o como bien dice LA OPERACIÓN MATEMATICA
PARA ICOLTEX LTDA, con los mismos parámetros establecidos como lo
ordenó el Honorable Magistrado OMAR EDGAR BORJA SOTO, CUAL ES el
pronunciamiento del consejo de estado en sentencia Consejo de Estado.
Sección Tercera. Subsección B. 76001-23-33-000-2013-01093-01 (59401) del
27 de julio de 2023, la cual por cierto se encuentra adjunta al expediente”.

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Actor: Icoltex ltda
Acción de tutela

Actuación procesal

Mediante auto de 11 de julio de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, así como la vinculación de la Nación y la Fiscalía General de la
Nación con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio
de la acción.

Sentencia de primera instancia

A través de sentencia de 8 de agosto de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, debido a que la argumentación expuesta por la parte actora se reduce a
su desacuerdo con que el numeral tercero de la sentencia del 24 de abril de 2023 no
contiene una condena en abstracto sino, en concreto, argumentos que fueron analizados
por el juez natural de la causa, por lo cual se utilizó el mecanismo como una tercera
instancia con el fin de que se privilegie su tesis.

Impugnación

La parte actora manifestó su desacuerdo que en primera instancia se haya encontrado
insatisfecho el requisito de relevancia constitucional y agregó lo siguiente:

“Las inconformidades radican específicamente en lo referente a que se
considere que no es de relevancia constitucional, y que la liquidación que lleva
a cabo el contador del tribunal es un mero simulacro de que sí se puede liquidar
con los parámetros que da la sentencia, cuando lo cierto es que el Magistrado
OMAR EDGAR BORJA SOTO, profirió ORDEN AL CONTADOR DE QUE SE
LIQUIDARA DE ACUERDO A LO QUE SE HABIA LLEVADO A CABO EN EL
PRECEDENTE JUDICIAL PARA CONFEXCOL LTDA, y el contador desacató
la orden judicial del superior y no llevó a cabo un simulacro, llevó a cabo una
liquidación apartándose de lo ordenado por el superior repito, DASACATANDO
UNA ORDEN JUDICIAL, y de contera perjudicando enormemente al (sic) la
accionante, por cuanto es su pecunio lo que está en juego y no puede ser sujeto
de simulacros, debe ser objeto de cumplir la orden impartida por el Honorable
Magistrado Borja, con sustento en el precedente judicial DEL CONSEJO DE
ESTADO, de caso similar al presente en sentencia del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B. rad. 76 001-23-33-000-2013-01093-01 (59401)
del 27 de julio de 2023, Confexcol ltda.

El Magistrado BORJA SOTO, nunca ordenó simulacros, y considero con mucho
respeto, que las decisiones judiciales no pueden ser ni parecidas a simulacros,
entendiendo que según el diccionario de la real academia de la lengua española
simulacro es sinónimo de ficción, imitación FALSIFICACIÓN”.

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Actor: Icoltex ltda
Acción de tutela

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de los autos del 5 de diciembre de 2023
y 20 de mayo de 2024.

En la sentencia de primera instancia la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

En la impugnación, la parte demandante alegó que la acción de tutela sí es
constitucionalmente relevante e insistió en que la condena fue liquidada en abstracto, por
ello había lugar al incidente de liquidación.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente el amparo por el incumplimiento del

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requisito de relevancia constitucional, por las razones que aquí se expondrán:

1) La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con la
providencia del 5 de diciembre de 2023 no debió rechazar de plano el incidente de
liquidación de condena en abstracto porque si bien en la sentencia declarativa del 24 de
abril de 2023 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció
las bases para liquidar la condena, lo cierto es que no determinó el monto líquido, en
cuanto señaló que “se procederá a hacer el cálculo respectivo”, por tanto, debió
impartírsele dicho trámite.

2) Por otro lado, consideró que a través de auto del 20 de mayo de 2024 tampoco debió
rechazarse el recurso de apelación en contra del auto del 5 de diciembre de 2024, pues,
aunque en esa providencia se resolvió rechazar de plano la solicitud para iniciar el trámite
incidental de regulación de condena en abstracto, lo cierto es que sí resolvió el incidente
en cuanto ordenó pasar el expediente al liquidador de la corporación para que liquidara
la condena de acuerdo con el precedente aplicable (casos Operación Casa Blanca exp.
59401) y se señalaron las operaciones matemáticas que establecieron los montos
adeudados por la demandada por concepto de perjuicio material, de modo que sí era
procedente la alzada.

3) Por último, estimó que se incurrió en defecto sustantivo porque en la decisión
cuestionada se desatendió el artículo 193 de la Ley 1437 de 2011 que consagra el trámite
de las condenas en abstracto1.

4) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
planteados en el marco del medio de control de reparación directa, con miras a que, por
un lado, se le impartiera trámite al incidente de liquidación de condena en abstracto y,

1
“Artículo 193. Condenas en abstracto. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y
otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el
proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación
incidental, en los términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil.

<Inciso modificado por el artículo 87 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la
condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante
escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al
superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la
liquidación extemporánea”.

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por otro, se resolviera el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que rechazó
de plano el incidente, argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y
resueltos en la providencias del 5 de diciembre de 2023 y 20 de mayo de 2024.

5) En efecto, en el escrito del incidente de liquidación de perjuicios presentado el 10 de
julio de 2023, la sociedad demandante afirmó que supuestamente la condena de la
sentencia del 24 de abril de 2023 fue dictada en abstracto por cuanto si bien estableció
las bases para la liquidación, lo cierto es que no se determinó el monto líquido, así:

“El objeto de este incidente, es determinar el valor del monto o cuantía liquida,
concreta o precisa de la condena impuesta a la entidad aquí demandada
dispuesta en la sentencia de segunda instancia del 24 de abril de 2023 del
Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera -
Subsección A -MP Dra. María Adriana Marín, modificatoria de la sentencia de
primera instancia emitida el 4 de julio de 2014 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que según liquidación adjunta al presente documento asciende
con fecha de corte al 31 de mayo de 2023 en la suma de $822.101.175,30

(…).

La condena monetaria impuesta en primera instancia y modificada en segunda
instancia, requieren ser concretadas/precisadas o liquidadas en sus montos o
cuantías para efectos de ser radicada cuenta de cobro ante la Fiscalía General
de la Nación; ya que, establecen dos montos de capitales que indefectiblemente
debe de determinárseles sus rendimientos financieros a las luces de lo
establecido en el artículo 12 de la ley 793 de 2002.

SEXTO.- El Dr. Oliver Benítez Vargas, en su condición de contador público
titulado elaboró con fecha de corte al 31 de mayo de 2023, liquidación de las
sentencias antes citadas, que en resumen arrojó los siguientes montos:

Capital debido ($72.527.908) actualizado según sentencia $72.527.908 de
segunda instancia del Consejo de Estado
Gran total $822.101.175,30

DEL MONTO O SUMA LIQUIDA CONCRETA O PRECISA
Respetuosamente estimo que el valor concreto, líquido o preciso de los valores
indicados en las citadas sentencias, equivale con fecha de corte al 31 de mayo
de 2023 en la suma líquida de OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES
CIENTO UN MIL CEINTO SETENTA Y CINCO DE PESOS CON TREINTA
CENTAVOS ($822.101.175,30)”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI)

6) Asimismo, en escrito del 11 de noviembre de 2023, la parte actora radicó un memorial
en que constaba una certificación sobre la liquidación de la condena realizada en el
proceso judicial con radicación no. 76001-23-30-000-2012-00613-01(54.823), con la cual
pretendió que se aplicara al asunto, veamos:

“El suscrito Contador Público Titulado certifica que conforme con la Sentencia
de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera , Subsección A

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del Consejo de Estado, magistrada ponente Doctora María Adriana Marín,
radicación No. 76001-23-30-000-2012-00613-01(54.823), Actor: Icoltex Ltda.,
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación, en su parte resolutiva
precisa: “ Igualmente, se precisa que los rendimientos financieros no fueron
liquidados en concreto, sino que se dispuso que la entidad los liquidara,
siguiendo lo previsto en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002, por tal razón, la
subsección se sujetará a esa determinación, teniendo en cuenta un parámetro
para revisar ese punto”, para tal efecto, el inciso 3° del artículo 12 de la citada
ley establece :” …. Mientras los recursos monetarios o títulos financieros que
valores se encuentren sujetos a medidas cautelares, las instituciones
financieras que reciban la respectiva orden abrirán una cuenta especial, que
genere rendimientos a la tasa comercial, cuya cuantía formará parte de sus
depósitos”.

Además, teniendo en cuenta que ya existe un parámetro para elaborar esa
liquidación de los rendimientos a tasa comercial, tal como lo hace la Sentencia
de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B del
Consejo de Estado de fecha 27 de julio de 2023, radicación 76001-23-33-2013-
01093-01(59.401) Actor: Confexcol Ltda. en liquidación y Demandado: La
Nación- Fiscalía General de la Nación en Acción de Reparación Directa, que
para mayor ilustración se adjunta a la presente liquidación.

Como es sabido, los rendimientos financieros se calculan teniendo en cuenta el
interés bancario corriente fijado por la Superintendencia Financiera mediante
resoluciones periódicas, los cuales son determinados a una TASA EFECTIVA
ANUAL, que necesariamente debe ajustarse o convertirse a una TASA
EFECTIVA MENSUAL O DIARIA, guardando la debida correspondencia entre
los periodos de tiempo(n) y las respectivas expresiones de las tasas sea efectiva
anual, mensual o diaria.

El procedimiento financiero a seguir es la conversión de la tasa de interés
bancario corriente, que es una Tasa Efectiva Anual (TEA) a una Tasa Nominal
Mensual o Diaria, mediante la aplicación de la fórmula financiera Ip=
((1+EA)^(1/n)) -1 y así de esta manera calcular los rendimientos financieros de
forma técnica y siguiendo paso a paso el parámetro establecido por el Consejo
de Estado ya mencionado.

En armonía con lo explicado, es necesario modificar la liquidación de intereses
a la tasa comercial presentada por la parte actora y ajustándose a lo
preceptuado en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002.

Por tanto la liquidación de intereses sobre capital debido a la sociedad
ICOLTEX LTDA según sentencia del Consejo de Estado en el radicado 2012-
00613.-01(54.823) de fecha 24 de abril de 2023, totaliza un valor de nueve mil
novecientos sesenta y siete millones doscientos sesenta y cuatro mil quinientos
dos pesos con cincuenta y un centavos moneda corriente ($9.967.264.502,51),
que incluye la actualización del capital debido y los rendimientos financieros a
tasa comercial sobre el capital incautado”.

7) Por su parte, en la providencia del 5 de diciembre de 2023 el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca rechazó de plano el aludido trámite incidental con base en los
siguientes argumentos:

“No obstante, revisado en detalle la resolutiva del Consejo de Estado se
evidencia que la condena no fue dictada en abstracto como afirma la parte

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actora y por el contrario, las sumas pretendidas con ocasión de los rendimientos
financieros son absolutamente determinables.

Para prueba de lo dicho, el proceso fue remitido al contador – liquidador de la
Corporación, quien efectuó el cálculo conforme a los parámetros de la sentencia
de segunda instancia, y a su vez, teniendo de presente la sentencia del Consejo
de Estado del 27 de julio del presente año sobre liquidación de dineros
incautados por medida cautelar, de caso similar al presente, determinándose:

(…).

En resumen, la suma de $44.985.247,00, debidamente actualizada en
sentencia corresponde a $72.527.908,00, más los intereses liquidados hasta la
ejecutoria de la sentencia (mayo 17 de 2023), por valor de $176.520.808,00,
para un total de $249.048.716,00.

ii) Sobre la cantidad de $62.838.936,00, intereses legales desde abril 1 de 1998
(se tiene como fecha de incautación) hasta el 26 de diciembre de 2002 e
intereses comerciales desde diciembre 27 de 2002 hasta el 8 de agosto de
2012, fecha de entrega del dinero a la sociedad demandante.

(…).

El valor de los intereses sobre la suma entregada de $62.838.936,00,
corresponde a la cantidad de $120.467.970,00.

(…).

Valor total de la condena según sentencia es de $ 369.516.686,007.”

Así las cosas, queda demostrada la posibilidad de efectuarse el cálculo
para determinar el valor de la condena y en ese sentido, es claro que la
sentencia de segunda instancia no fue proferida en abstracto, razón por la
que, el incidente presentado no resulta procedente, debiendo rechazarse
de plano conforme al artículo 130 del CGP que dispone:

“Artículo 130. Rechazo de incidentes. El juez rechazará de plano los incidentes
que no estén expresamente autorizados por este código y los que se promuevan
fuera de término o en contravención a lo dispuesto en el artículo 128. También
rechazará el incidente cuando no reúna los requisitos formales.”

Finalmente, se precisa que, al rechazarse el presente incidente de
regulación de condena en abstracto, cuenta la parte actora con la
posibilidad de instaurar el ejecutivo a continuación”. (negrillas de la Sala –
archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI

8) Ahora bien, contra esa decisión la sociedad presentó recurso de apelación en el que
insistió en que debía impartírsele trámite al incidente y en la aplicación de la sentencia
del proceso no. 76001-23-30-000-2012-00613-01(54.823).

9) No obstante, en providencia del 20 de mayo de 2024, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado rechazó por improcedente el recurso de apelación, tras
sostener que si bien el numeral quinto del artículo 321 del CGP establece que es apelable
tanto el auto que rechaza de plano el incidente como el que lo resuelve, debía tenerse en

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cuenta que existe norma especial en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, específicamente en el artículo 243.4, la cual dispone que
únicamente es apelable el auto que resuelve el incidente de liquidación de la condena en
abstracto o de los perjuicios y esa norma prevalecía.

10) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los analizados con
posterioridad a que se profirió sentencia de segunda instancia tanto en el incidente de
liquidación como en el recurso de apelación relacionados con que la condena no fue en
concreto, por ende, debía resolverse el incidente de liquidación de condena en abstracto
y que el recurso de apelación sí era procedente por cuanto en realidad en el auto del 5
de diciembre sí se resolvió el incidente.

11) Así entonces, si bien el actor invocó la protección de sus derechos fundamentales, lo
cierto es que es una reiteración de los argumentos que fueron debidamente analizados y
resueltos en las providencias del 5 de diciembre de 2023 y 20 de mayo de 2024, en la
cuales se determinó que no eran procedentes el incidente de liquidación ni el recurso de
apelación contra el auto que rechazó el incidente.

12) Por consiguiente, se encuentra acreditado que la acción de la referencia no reviste
relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate meramente
legal y probatorio que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez constitucional
le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

13) Además, el actor todavía cuenta con el proceso ejecutivo si lo que pretende es
demostrar que de la sentencia de condena se derivan sumas mayores o a las liquidadas
por el tribunal, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una obligación clara, expresa
y exigible susceptible de ser reclamada por esa vía.

14) Adicionalmente y en gracia de discusión, si se tuviera por superada la relevancia
constitucional, en el presente caso tampoco se encuentra satisfecho el requisito de
subsidiariedad debido a que no se presentó el recurso de queja que era procedente
contra el auto del 20 de mayo de 2024, en los términos del artículo 245 de la Ley 1437
de 2011 que fue modificado por el artículo 65 de la Ley 2080 de 20212.

2
“Queja. Este recurso se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se rechace o se declare
desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser procedente.

12
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03240-01
Actor: Icoltex ltda
Acción de tutela

15) En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia del 8 de agosto de 2024 que declaró
improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Asimismo, cuando el recurso de apelación se conceda en un efecto diferente al señalado en la ley y cuando
no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia previstos en este
código.
Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 353 del Código General del Proceso”.

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