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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03246-00

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03246-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por el actor contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 15 Núm. único de radicación: 110010315000202403246-00 Actor: Ronald Manuel González Polo

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03246-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202403246-00
Actor: Ronald Manuel González Polo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de subsidiariedad

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Ronald Manuel González Polo
contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202403246-00
Actor: Ronald Manuel González Polo

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, porque, a su juicio, con ocasión
a que su “[…] cédula no figura en el listado de los resultados […]” publicados
mediante “[…] la Resolución EJR24-298 del 21 de las mismas calendas “Por medio
de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial” […]”, vulneraron su derecho fundamental invocado
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, “[…] El día 24 de junio del presente año publicaron la Resolución
EJR24-298 del 21 de las mismas calendas, “Por medio de la cual se publican los
resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial”. Del
mismo modo, publicaron al Anexo a la resolución con un listado de las cédulas de
quienes aprobaron y quienes no […]”.

4. Indicó que, “[…] No he sido excluido de la convocatoria, ni mucho menos se
me ha notificado acto administrativo que así lo haya declarado […] Para mi
sorpresa mi cédula no figura en el listado de los resultados […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

5. El actor solicitó en su escrito de tutela:

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Núm. único de radicación: 110010315000202403246-00
Actor: Ronald Manuel González Polo

“[…] 1. Que se ordene a la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA
ADICIONAR el anexo de la Resolución EJR24-298, con mi número de cédula,
informando los resultados de la fase general del concurso […]”.

6. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que “[…] mi cédula no figura
en el listado de los resultados, lo que en mi parecer vulnera flagrantemente mi
derecho fundamental al debido proceso administrativo […]”.

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de junio de 2024: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior de la
Judicatura, a la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la
Directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla; y iii) vinculó a los participantes
de la convocatoria pública ordenada por el Acuerdo núm. PCSJA18- 11077 de 16 de
agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de
terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para rendir
informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Unidad de Administración de Carrera Judicial adujo su falta de legitimación
en la causa por pasiva por las siguientes razones:

“[…] - La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no se encuentra legitimada
en la causa por pasiva, toda vez que no tiene competencia para proferir decisión o
pronunciamiento alguno sobre el objeto peticionado.

• No hay desconocimiento del derecho fundamental del accionante por parte de la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por cuanto a que la controversia
que se genera, es en razón a temas propios de desarrollo del IX curso de Formación
Judicial inicial para Jueces y Magistrados de la Rama Judicial, trámite que por
competencia le corresponde a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” […]”.

9. La Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la Directora de la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y los participantes de la convocatoria pública
ordenada por el Acuerdo núm. PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018, expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, guardaron silencio en esta oportunidad
procesal.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202403246-00
Actor: Ronald Manuel González Polo

Escrito allegado por el actor

10. El actor, mediante escrito recibido el 10 de julio de 2024 en la Secretaría
General de esta Corporación2, manifestó que:

“[…] Es importante decir que para la fecha en que se publicaron los resultados no se
encontraba en firma (sic) ninguna exclusión, así declarada por la escuela judicial
mediante acto administrativo, contrario sensu, notando mi ausencia en el anexo que
notificó los resultados de la subfase general, el lunes 24 de junio adelante la presente
acción de tutela en horas de la mañana, empero, tan solo el mismo día en la tarde
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla mediante Oficio EJO24-892 me concedió el
término de diez (10) días para rendir un informe, porque en el parecer de esa
institución, el suscrito inobservó las obligaciones del concurso, supuestamente al
levantarme del puesto del examen virtual en varias ocasiones en fracciones de 1 y 2
minutos. Válgame, Dios; de lo que se concluye que todavía ni siquiera se ha emitido
acto administrativo que me haya declarado excluido, mucho menos tal decisión ha
quedado en firme, por ende, tengo derecho a conocer la calificación obtenida a voces
del propio acuerdo pedagógico.

[…]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el

2 Cfr. Índice núm. 10 de SAMAI. Documento denominado “21RECIBE
MEMORIAL_Memorial_MEMORIALCONSEJODEEST(.pdf) NroActua 10”. Archivo aportado en medio digital.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

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Núm. único de radicación: 110010315000202403246-00
Actor: Ronald Manuel González Polo

cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

13. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

14. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actor: Ronald Manuel González Polo

15. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[7].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

16. La Sala advierte que la Unidad de Administración de Carrera Judicial adujo
que carece de legitimación en la causa por pasiva.

17. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad fue notificada del proceso
de tutela de la referencia como autoridad demandada, en la medida en que el actor

6 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Actor: Ronald Manuel González Polo

expresamente presentó la acción de tutela en su contra; sin embargo, de
conformidad con el informe rendido por dicha autoridad y el memorial que con
posterioridad allegó el actor, se advierte que lo pretendido por el actor concierne a
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, es decir que a la Unidad no le asiste interés
en el resultado del proceso de la referencia.

18. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial no le asiste interés en la decisión de tutela que
esta Sala profiera.

19. En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva alegada respecto de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial.

Problema jurídico

20. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de la acción de
tutela, concretamente si se cumplió con el requisito general de la subsidiariedad.

21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los
siguientes temas: i) el requisito general de la subsidiariedad de la solicitud de tutela;
ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso; procediendo posteriormente a iii) resolver el caso concreto, adentrándose
en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Requisito general de subsidiariedad de la solicitud de tutela

22. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 8, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener
la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone

8 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"

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Actor: Ronald Manuel González Polo

su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

23. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de la acción de tutela
es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios que existen en el
ordenamiento jurídico para controvertir la causa de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un
mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en
presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto
que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de sus
derechos.

24. De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de
tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista otro
medio de defensa de comprobada eficacia para lograr que cese inmediatamente la
vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha considerado9:

“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico
de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir
lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta
regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no
procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se
han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional
esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un
perjuicio irremediable […]”.

25. Así las cosas, de acuerdo con el requisito general de la subsidiariedad, la
tutela resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los
medios ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general
encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados
o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

9 Sentencia T-030 26 de enero de 2015

9

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Actor: Ronald Manuel González Polo

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

26. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

27. Atendiendo a que, la Corte Constitucional10 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Análisis del caso concreto

28. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, porque, a su juicio, con ocasión

10 Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

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Actor: Ronald Manuel González Polo

a que su “[…] cédula no figura en el listado de los resultados […]” publicados
mediante “[…] la Resolución EJR24-298 del 21 de las mismas calendas “Por medio
de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial” […]”, vulneraron su derecho fundamental invocado
supra.

29. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

30. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

31. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

31.1. Informes rendidos por las partes, junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

32. El actor señaló que, a su juicio, la autoridad accionada desconoció su derecho
fundamental al debido proceso, en la medida en que “[…] mi cédula no figura en el
listado de los resultados, lo que en mi parecer vulnera flagrantemente mi derecho
fundamental al debido proceso administrativo […]”.

33. Al respecto, la Sala considera que la solicitud de tutela no cumple con el
requisito general de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, toda vez

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Actor: Ronald Manuel González Polo

que, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, se observa
que la inconformidad del actor se encuentra en trámite, por lo que, incluso, fue
requerido por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de conformidad con el
procedimiento previsto para tal efecto.

34. En ese orden de ideas, lo pretendido por el actor no ha sido definido por la
autoridad competente, razón por la cual se desconoce la incidencia que
eventualmente podría llegar a tener la presunta irregularidad que señaló el actor.

35. Al respecto, la Corte Constitucional11 ha considerado que “[…] la acción de
tutela no puede ser utilizada para pretermitir los trámites administrativos que las
respectivas autoridades han establecido y que tienen una finalidad justificada en el
mismo ordenamiento constitucional […]”.

36. En ese orden de ideas, como lo ha considerado esta Corporación12 no se
cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida que está en curso el
respectivo trámite ante la autoridad competente:

“[…] En este contexto, el agotamiento de la vía gubernativa, en términos
generales, consiste en la necesidad de usar los recursos legales para poder
impugnar los actos administrativos y está orientado a que la Administración
tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones con el fin de que pueda
revocarlas, modificarlas y/o aclararlas antes de que sean objeto de un proceso
judicial.

Por otra parte, la Corte Constitucional ha indicado que “(i) el derecho al debido
proceso administrativo no existe solamente para impugnar una decisión de la
Administración, sino que se extiende durante toda la actuación administrativa que se
surte para expedirla, y posteriormente en el momento de su comunicación e
impugnación; y, (ii) la notificación de los actos administrativos definitivos de carácter
particular tiene especial importancia para garantizar el debido proceso administrativo
y los principios de publicidad y de celeridad de la función administrativa. Dicha
notificación se puede cumplir de varias formas que resultan legales, válidas y
razonables”13. No obstante, el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela
hace procedente la intervención del juez constitucional si: “(i) el recurso judicial no
resulta idóneo o eficaz o, (ii) si bien existe un mecanismo judicial ordinario o
extraordinario de dichas características, el demandante quiere evitar la consumación
de un perjuicio irremediable”14.

11 Corte Constitucional, sentencia T-293 de 23 de abril de 2009, M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C de la Sección Tercera, sentencia

de 19 de febrero de 2024, número único de radicación 11001-03-15-000-2024-00129-00, C.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas.
13 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2019.
14 Ibid.

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Actor: Ronald Manuel González Polo

Así las cosas, una vez revisado el expediente, especialmente las pruebas allegadas
en esta instancia constitucional con el escrito de tutela, es posible inferir que, se
encuentra en curso el medio idóneo para controvertir la situación particular de
la accionante, ya que como quedó expuesto en los antecedentes de esta
providencia, aportó como prueba la reclamación administrativa que radicó ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia el
15 de diciembre de 2023, en la que, según su dicho, expuso requerimientos y
cuestionamientos relacionados con la modificación del cargo que ocupa y el ajuste
salarial correspondiente de conformidad con la sentencia de unificación que citó15.

En ese orden, esta en curso el trámite correspondiente por vía gubernativa, por
lo que una vez surtido, si la aquí accionante considera que el asunto se
resolvió por medio de un acto administrativo desfavorable a sus intereses,
puede controvertir su contenido a través de un mecanismo ordinario y
principal de defensa que le permitirá solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que estime vulnerados […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, la Sala considera que la presente acción de tutela no cumple con
el requisito de subsidiariedad, en la medida en que, la accionante está gestionando
sus inconformidades en sede administrativa, la cual, constituye el mecanismo
idóneo — en un primer escenario —, para obtener la garantía de sus derechos
fundamentales. En tales condiciones, emitir el juez de tutela una decisión de
fondo constituiría una intromisión indebida en las competencias asignadas
legalmente a las autoridades administrativas y/o judiciales […]”. (Resaltado por
la Sala)

37. En ese orden de ideas, para la Sala la solicitud de tutela no cumple con el
requisito general de subsidiariedad, en la medida en que la inconformidad del actor
en sede administrativa se encuentra en trámite, a lo cual se suma que, en caso que
el actor llegue a tener reparos contra la decisión definitiva, podrá, previo al
cumplimiento de los requisitos legales, acudir al juez de lo contencioso
administrativo.

38. La Sala considera que lo anterior no puede ser desconocido por el juez
constitucional, so pena de desconocer las competencias que le corresponden a las
respectivas autoridades, sin que, en este caso, se advierta un criterio de excepción
que así lo justifique.

15 Apartado 1.2.3.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403246-00
Actor: Ronald Manuel González Polo

Análisis del perjuicio irremediable

39. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

40. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional16:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”17[…]”.

41. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre en
una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de su derecho fundamental.

42. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección del derecho alegado, en atención a que se trata de un
mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan otros
recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de los
afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable que en el presente caso no se configuró.

16 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403246-00
Actor: Ronald Manuel González Polo

Conclusiones de la Sala

43. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
el actor contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

15

Núm. único de radicación: 110010315000202403246-00
Actor: Ronald Manuel González Polo

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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