Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03254-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03254-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03254-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
10 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03254-01
Accionante: James Perea Peña
Se confirma la sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO Se ampara parcialmente
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03254-01
Accionante: James Perea Peña
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Acción de cumplimiento / Teoría de la
reviviscencia / Implicación de gastos / Se confirma la sentencia de primera instancia que declaró
la improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia del 2 de
agosto de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. En esa providencia se declaró la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
A.- Solicitud de amparo
1.- El 24 de junio de 2024 el señor Perea Peña presentó, en nombre propio, una acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para obtener la protección
de su derecho fundamental al debido proceso. A su juicio, dicha garantía constitucional
fue vulnerada con la sentencia del 12 de junio de 2024 proferida dentro de la acción de
cumplimiento con radicado 76001-33-33-002-2024-00093-01.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03254-01
Accionante: James Perea Peña
Se confirma la sentencia de primera instancia
2.- El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
Se ampara parcialmente
<<Así las cosas me permito solicitarle muy respetuosamente al Honorable Magistrado,
REVOCAR la sentencia de segunda in instancia promulgada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca de fecha junio 12 de 2.024 No 136, por medio de la
cual NEGÓ por improcedente la acción Constitucional y en su lugar ORDENAR a la
Empresa prestadora de acueducto de Cali EMCALI cumplir de manera inmediata con lo
que la Ley ordena en los artículos 5º y 6º del Decreto 3102 de 1.997 que reglamentó el
artículo 15 de la Ley 373 de 1.997>>.
B.- Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- En enero de 2024 promovió una acción de cumplimiento contra las Empresas
Municipales de Cali – EMCALI con el fin de que: (i) se diera aplicación a lo establecido
en los artículos 5 y 6 del Decreto Reglamentario 3102 de 19971, (ii) en consecuencia,
se procedieran a reemplazar los sistemas de alto consumo de agua por los de bajo
consumo, y (iii) se impusieran las sanciones a los usuarios que hicieran uso indebido
de ese servicio público.
3.2.- Mediante sentencia del 24 de mayo de 2024 el Juzgado Segundo Administrativo
de Cali negó la solicitud de cumplimiento. Lo anterior, porque el Decreto 3102 de 1997
reglamentaba el artículo 15 de la Ley 373 de 1997; sin embargo, esta última norma fue
derogada por el artículo 160 de la Ley 508 de 1999. En ese sentido, concluyó que no
podía exigirse el cumplimiento de un decreto que reglamentaba una norma inexistente
en el ordenamiento jurídico.
3.3.- El accionante interpuso recurso de apelación contra esa decisión. Alegó que
mediante sentencia C-557 de 2000, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de
la Ley 508 de 1999, lo que implicó que reviviera automáticamente el artículo 15 de la
Ley 373 de 1997, pues de lo contrario quedaría un vacío legal.
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<<Artículo 5. Obligaciones de las entidades prestadoras del servicio de acueducto. Son obligaciones de las entidades
prestadoras del servicio público de acueducto, además de las previstas en la ley, las siguientes:
Autorizar la conexión definitiva del servicio de acueducto, sólo cuando se verifique que en los domicilios se hayan
instalados equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua; Incluir en el reglamento o manual de
instalaciones internas, la utilización de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua; Llevar estadísticas
sobre las causas de fugas que se adviertan, relacionando dicha información son los equipos o sistemas que las
originan, a objeto de realizar las campañas de que trata el artículo 12 de la Ley 373 de 1997; Incluir en los programas
de uso eficiente y ahorro de agua, los equipos sistemas e implementos de bajo consumo de agua, que se adoptan
como de obligatoria instalación según lo establecido en el presente Decreto. (…)
Artículo 6. Todos los usuarios pertenecientes al sector oficial, están obligados a remplazar, antes del 1 de julio de
1999, los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo>>.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03254-01
Accionante: James Perea Peña
Se confirma la sentencia de primera instancia
3.4.- En sentencia del 12 de junio de 2024 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Se ampara parcialmente
modificó la decisión de primera instancia, en el sentido de <<negar por improcedente>>
la solicitud de cumplimiento. Señaló que la acción de cumplimiento no procede cuando
lo pretendido tenga implicación de gastos, conforme al parágrafo del artículo 9 de la Ley
373 de 19972. Aclaró que el mecanismo judicial idóneo para ello era la acción popular.
C.- Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante alega que la autoridad judicial accionada únicamente valoró las
pruebas aportadas por la parte demandada y no las que él aportó. Indica que tampoco
se tuvieron en cuenta las sentencias dictadas por el Consejo de Estado en casos
similares, en las que se ordenó el cumplimiento de disposiciones contenidas en el
Decreto 3102 de 1997.
5.- Señala que la restricción establecida en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de
1997, según la cual la acción de cumplimiento no procede para perseguir el
cumplimiento de normas que establezcan gastos no era aplicable a su caso, pues las
normas sobre las que solicitó el cumplimiento no generarían un gasto, ya que contienen
un mandato claro, expreso y exigible consistente en la sustitución de equipos, sistemas
e implementos de alto consumo de agua por aquellos de bajo consumo.
D.- Oposiciones e intervenciones
6.- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (accionado) solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción. Indicó que no se satisface el requisito de relevancia
constitucional porque lo que realmente se pretende con la tutela es reabrir el debate
surtido ante el juez natural de la causa. Además, sostuvo que el actor no sustentó la
configuración de las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela.
7.- El Juzgado Segundo Administrativo de Cali (tercero con interés) allegó copia del
expediente ordinario, pero no rindió informe.
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<<Artículo 9. Improcedibilidad. La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección de derechos que
puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez le dará a la solicitud el trámite
correspondiente al derecho de Tutela.
Tampoco procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo
cumplimiento de la norma o Acto Administrativo, salvo, que de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante.
Parágrafo: La Acción regulada en la presente Ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan
gastos>> (se destaca).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03254-01
Accionante: James Perea Peña
Se confirma la sentencia de primera instancia
E. Fallo impugnado
Se ampara parcialmente
8.- Mediante sentencia del 2 de agosto de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Aseguró que los argumentos
planteados por el accionante son una mera manifestación de inconformidad con la
decisión, por lo que no se advertía la necesaria intervención por parte del juez de tutela.
F. Impugnación
9.- El accionante impugna y reitera los argumentos formulados en su escrito de tutela.
Agrega que no pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional al
proceso ordinario, sino que se cumplan las normas del Decreto 3102 de 1997 que
procuran por el ahorramiento del agua. Además, insiste en que la acción de
cumplimiento era la vía procesal adecuada para ese fin.
II. CONSIDERACIONES
10.- La sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia
de la acción por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en la medida
en que se reiteran los mismos argumentos que fueron planteados y resueltos dentro de
la acción de cumplimiento3.
G. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los cargos
formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperidad
11.- En la sentencia objeto de reproche, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
señaló que si bien el accionante pretendía el cumplimiento de los artículos 5 y 6 del
Decreto Reglamentario 3102 de 1997, por medio del cual se reglamentaba el artículo
15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e
implementos de bajo consumo de agua, lo cierto es que el artículo 160 de la Ley 508 de
1999 derogó el mencionado artículo 15 de la Ley 373 de 1997, por lo que, a su vez, se
produjo una derogatoria tácita del Decreto Reglamentario 3102 de 1997, ya que <<lo
accesorio sigue la suerte de lo principal>>.
11.1.- También puso de presente que más allá de si en el presente caso era viable
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El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque el accionante alega la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, y explica los
vicios que considera configurados en la decisión atacada. Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la sala, según
la cual, cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso, no se cumple con este requisito.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03254-01
Accionante: James Perea Peña
Se confirma la sentencia de primera instancia
entender que con ocasión de la inexequibilidad de la Ley 508 de 1999 se reincorporaron
Se ampara parcialmente
a la vida jurídica el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 y el Decreto Reglamentario 3102
de 1997, lo cierto es que, aun de llegarse a una solución afirmativa, lo pretendido por el
accionante con el cumplimiento de las normas de ese decreto era el cambio, instalación
e implementación de baterías para disminuir el consumo de agua, lo cual implica gastos
y un proceso contractual, por lo que en los términos del parágrafo del articulo 9 de la
Ley 393 de 19974, no podría exigirse su cumplimiento.
11.2.- Al respecto, en la providencia acusada se sostuvo:
<<No obstante, y en gracia de discusión de poder concluir esta instancia que las normas
debatidas – artículo 15 de la Ley 373 de 1999 y Decreto 3102 de 1999- no estuvieran
afectadas para declarar su reviviscencia conforme a los parámetros de la Corte
Constitucional o mejor aún que deben entenderse vigentes por ser usadas en normas
ulteriores, lo cierto es que, halla la Sala de Decisión que, en todo caso, para el caso
que nos ocupa, lo pretendido por el actor riñe con la teleología de la acción de
cumplimiento debiendo declararse su improcedencia por implicar gastos a la
administración.
Así pues, al margen del análisis de reviviscencia normativa, nótese que lo pretendido
por el actor conlleva a que EMCALI reemplace en todas sus instalaciones las
baterías sanitarias, a fin de pasarlas de implementos de alto consumo a unas de
bajo consumo, lo que de facto implica un gasto por cuanto de hallarse tales
falencias -elementos de alto consumo- debe procederse a la compra e instalación
de nuevos sistemas sanitarios de bajo consumo, debiendo mediar el respectivo
proceso contractual. (…)
En consecuencia, a juicio de esta Sala, la acción instaurada resulta improcedente
por cuanto las normas que el actor pretende sean aplicadas para ordenar a
EMCALI el cambio de las baterías sanitarias necesariamente implican un gasto, no
correspondiendo al objeto de la acción de cumplimiento, al tiempo que no hay prueba de
que el cambio de las baterías sanitarias esté debidamente presupuestado, más aún
cuando EMCALI en su respuesta en sede administrativa indicó al actor que procedería
a verificar si hay necesidad de cambio o no, lo que permite concluir que no es un asunto
respecto del cual se haya establecido todavía una ruta de ejecución presupuestal>>.
11.3.- De esta manera, es claro que el tribunal fundamentó su postura en la normatividad
aplicable para el caso en concreto, por lo que no se advierte que la decisión objeto de
reproche hubiese vulnerado los derechos fundamentales del actor.
11.4.- Por último, vale decir que el asunto en cuestión no ameritaba un análisis
probatorio por parte del tribunal, pues este concluyó que la acción de cumplimiento no
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<<Parágrafo.- La Acción regulada en la presente Ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan
gastos>>.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03254-01
Accionante: James Perea Peña
Se confirma la sentencia de primera instancia
era el mecanismo judicial idóneo para perseguir los fines que pretendía el accionante.
Se ampara parcialmente
Además, en las sentencias del Consejo de Estado que puso de presente el actor, si bien
se ordenó el cumplimiento de varias disposiciones contenidas en el Decreto 3102 de
1997, aquellas eran distintas a los artículos 5 y 6 del aludido decreto, en tanto no
implicaban gastos para la administración. Por consiguiente, no eran precedentes
aplicables al caso concreto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 2 de agosto de 2024 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
la improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de esta corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
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