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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03259-00

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03259-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de presentada por el señor Álvaro José Rodríguez Vargas, por no acreditar el requisito de relevancia constitucional. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada la decisión, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03259-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

18 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03259-00
Accionante: Álvaro José Rodríguez Vargas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

Tema: Acción de tutela contra el auto1 que confirmó la decisión del 30 de agosto
de 20212, mediante la cual se negó una medida cautelar de suspensión
provisional dentro del medio de control de nulidad simple seguido bajo el radicado
11001-03-24-000-2020-00217-00.

Decisión: Declarar la improcedencia de la acción de tutela al no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por el señor Álvaro José Rodríguez Vargas, actuando en
nombre propio, en contra del Consejo de Estado, Sección Primera, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, ocurrida con ocasión de la
expedición del auto del 30 de mayo de 2024, en el que se resolvió un recurso de
súplica en contra de una medida cautelar y se confirmó la decisión de no acceder
a la suspensión provisional de la Resolución 0085 de 2020, mediante la cual el
Ministerio de Cultura declaró como bien de interés cultural del ámbito nacional el
Pecio del Galeón San José, que se tramita a través del medio de control de
nulidad que se sigue bajo el radicado 1001-03-24-000-2020-00217-000.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

El 1 de julio de 2020, el señor Álvaro José Rodríguez Vargas, actuando en nombre
propio, instauró demanda a través del medio de control de nulidad en contra de la

1
Auto del 30 de mayo de 2024 proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado.
2
Índice 8 del aplicativo SAMAI, expediente 11001-03-24-000-2020-00217-00

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Accionante: Álvaro José Rodríguez Vargas

Resolución 0085 de 21 de enero de 20203 «por la cual se declara Bien de Interés
Cultural del Ámbito Nacional el Pecio del Galeón San José», suscrita por la
entonces ministra de cultura, la cual le fue admitida el 294 de julio de 2020 por la
Sección Primera de esta corporación.

Dentro del líbelo presentado, solicitó una medida cautelar «tendiente a la
suspensión provisional del acto administrativo demandado en nulidad y de sus
efectos», argumentando la urgencia de la medida en virtud de los presuntos
agravios generados por la resolución ya referida, hasta tanto no se profiera la
sentencia que dirima la nulidad objeto del proceso por el órgano de cierre
jurisdiccional.

Posteriormente, el accionante reiteró su solicitud de medida cautelar y reformó
su demanda5 en el literal A, del título del numeral “III” correspondiente a:
“Disposiciones que se estiman quebrantadas y/o violadas por el Acto
Administrativo demandado en nulidad” de la siguiente forma:

«1. Con la expedición del acto administrativo acusado en nulidad, en el
presente libelo, se infringieron los siguientes preceptos normativos:

CONVENCIONALES: Acuso como violados, con el Acto Administrativo
demandado en nulidad, los siguientes instrumentos convencionales: (i)
Decisión Nro. 588 del diez (10) de Julio del año dos mil cuatro (2.004),
“Sustitución de la Decisión 460 sobre la protección y recuperación de bienes
de del patrimonio cultural de los Países Miembros de la Comunidad Andina”,
la cual se encontraba vigente, para la expedición del Acto
Administrativo objeto de nulidad; y la actual disposición convencional
derogatoria de la anterior, esto es la 861 del nueve (09) de julio de 2020;
(ii) Convención Americana de Derechos Humanos [Pacto de San José],
artículos 1º, 8º, 21º, 24º, 25º, 26º y 32º; (iii) Declaración Universal de los
Derechos Humanos, artículos 7º, 10º, 17º, 29º, y 30º; (iv) Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [Ley 74 de 1.968], artículos
1º, 2º, 4º, 5º, 15º, y 25º; y (v) Carta Iberoamericana de Cultura.

CONSTITUCIONALES: Acuso como violados, con el acto administrativo
demandado en nulidad, el Preámbulo, y los artículos: 2º, 4º, 5º, 6º, 9º, 13º,
29º, 34º, 58º, 83º, 93º, 94º, 122º, 224º, 226º, y 227º, y demás disposiciones
concordantes de la Constitución Política.

LEGALES: Acuso como violadas, con los actos administrativos
demandados en nulidad, los artículos 1º, 2º, 3º, 8º. 10º, 34º, 35º, 37º, 40,
42º, 43º y 46º siguientes y concordantes de la Ley 1437 de 2011 del
dieciocho (18) de enero de 2011 “ Por el cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, así como
los artículos: 1º, 4º, (modificado por el artículo 1º de la Ley 1185 de 2008),
5º (modificado por el artículo 2º de la Ley 1185 de 2008), 8º (modificado por
el artículo 5 de la Ley 1185 de 2008), 10º (modificado por el artículo 83 de
la Ley 1955 de 2019), 11º (modificado por el artículo 83 de la ley 1955 de

3
Índice 11 del aplicativo SAMAI. Expediente tutela.
4
Índice 4 del aplicativo SAMAI, Ibídem.
5
La reforma a la demanda fue admitida por la Sección Primera del Consejo de Estado el día 5 de
marzo de 2021.
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Accionante: Álvaro José Rodríguez Vargas

2019), 11º (modificado por el artículo 7º de la Ley 1185 de 2008), 11º-1
(adicionado por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008), 13º, siguientes
concordantes de la Ley 397 de 1997; y los artículos: 2º, 3º, 4º, 6º, 9º, 14º,
15º, 18º de la Ley 1675 de 2013.

REGLAMENTARIAS: Acuso como violadas, con el acto administrativo
demandado en nulidad, los Decretos 1313 de 2.008, 763 de 2.009, y 1080
de 2.015» (Sic a toda la cita). Negrilla y subrayado fuera de texto.

Mediante auto del 30 de agosto de 20216, la Sección Primera del Consejo de
Estado negó la medida cautelar solicitada.

El accionante presentó recurso de súplica contra dicha decisión, el cual, le fue
resuelto de manera desfavorable a sus peticiones mediante el auto del 30 de
mayo de 2024 proferido por la Sección Primera de esta corporación.

2.2. Fundamentos jurídicos

El accionante expuso que la decisión censurada incurrió en las siguientes
causales específicas de procedibilidad de tutela contra providencia judicial:

2.2.1. Defecto Sustantivo: Adujo que la autoridad judicial accionada no tuvo en
cuenta en el recurso de súplica la interpretación prejudicial 032-IP-2023 proferida
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e indicó además que en la
providencia judicial objeto de censura se advierte una supuesta incongruencia,
incoherencia y falta de concordancia entre lo pedido y lo decidido.

Igualmente, sostuvo en su solicitud que en concordancia con lo dispuesto en los
artículos 229º, 230º, 231º, 232º, 233º y 234º de la Ley 1437 de 2.011 [C.P.A.C.A.],
y de lo sentado en la sentencia de importancia jurídica de fecha diecisiete (17)
de marzo de dos mil quince (2.015), proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, del Consejo de Estado, era necesaria de manera urgente la
medida cautelar, por la implicación y sensibilidad del tema, pero que ello no fue
tenido en cuenta por la Sala de decisión.

2.2.2. Defecto por desconocimiento del precedente: Afirmó que la autoridad
judicial desconoció los precedentes judiciales de esta corporación, a saber:
sentencia del dieciocho (18) de octubre de dos mil siete (2.007), radicación:
11001-03-24-000-2007-00191-00, consejero ponente: Camilo Arciniegas
Andrade; reiterada en las providencias judiciales [autos] de fechas: (a) dieciséis
(16) de diciembre de dos mil veintiuno (2.021), radicación: 11001-0324- 000-
2021-00308-00, consejero ponente: Roberto Augusto Serrano Valdés; (b)
veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2.020), radicación: 11001-03-26-
000-2014-00077-00, consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés; (c)
seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2.021), radicación: 11001-03-24-000-
2018- 00091-00, consejera ponente: Nubia Margoth Peña, y (d) veintiocho (28)
de noviembre de dos mil veintidós (2.022), radicación: 11001-03-24-000-2021-

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00154- 00, consejero ponente: Roberto Augusto Serrano Valdés que en criterio
del actor son aplicables a su caso.

2.2.3. Defecto fáctico: Argumentó, citando la Sentencia C-590 de 2.005 que el
defecto fáctico se puede dar entre otros aspectos por: “(iv) (…) la lectura
arbitraria, irracional o caprichosa de los hechos y elementos de prueba
presentados por las partes en la demanda y en la contestación que tenga un
impacto definitivo en el acceso a la administración de justicia.” Y que, por tanto,
en este caso se dio cuando la decisión que resolvió el recurso de súplica no tuvo
en cuenta la interpretación prejudicial 032-IP-2023 proferida por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

2.2.4. Defecto por violación directa de la Constitución: El accionante se limitó
a enunciarlo y a consignar algunos artículos de la Carta Magna, pero no precisó
la vulneración específica en la que se incurrió con respecto a ellos.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«Con apoyo en el artículo 86º de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 1º y siguientes del Decreto 2591 de 1991, con el Decreto 306 de
1992, y con el artículo 1º del Decreto 1983 de 2.017, con todo respeto, solicito
a los Honorables Consejeros de Estado, en su calidad de Juez Colegiado A-
Quo de Tutela, que, con citación de la autoridad judicial aquí accionada, del
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA [T.J.C.A.]; y
cumplidos los trámites propios de este procedimiento especial, en el fallo
respectivo, se tomen las siguientes o similares determinaciones:

1. Que se AMPAREN, los derechos fundamentales: (i) al DEBIDO PROCESO
JUDICIAL [en conexidad con el acceso real, pronto y efectivo al servicio
público de Administración de Justicia], (ii) a la DEFENSA, (iii) a la
CONTRADICCIÓN, y (iv) a la IGUALDAD, en plenitud y garantía de las formas
propias de cada juicio, que han sido conculcado a quien suscribe, en su
calidad personal, y como SUJETO PROCESAL, que funge como PARTE
ACCIONANTE y solicitante de Medida Cautelar de la suspensión provisional,
de la Resolución 0085 del veintitrés (23) de Enero de dos mil veinte (2.020),
proferida por el MINISTERIO DE CULTURA, dentro del medio de Control de
NULIDAD SIMPLE que tiene asignado el radicado Nro.
11001032400020200021700; por la SALA DE DECISIÓN, de la Sección
Primera, de la Sala Jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, del
Honorable Consejo de Estado, integrada por los Consejeros: (i) OSWALDO
GIRALDO LÓPEZ [Consejero Sustanciador]; (ii) NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZON, y (iii) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ; por haber estructurado
sendas CAUSALES CONCURRENTES GENÉRICAS y ESPECÍFICAS, de
PROCEDIBILIDAD DE REVISIÓN por el mecanismo constitucional de
ACCIÓN DE TUTELA, de PROVIDENCIAS JUDICIALES [otrora VÍA DE
HECHO JUDICIAL], al haber proferido, dentro de litis de Nulidad
anteriormente referida, la providencia judicial [auto] de fecha treinta (30) de
mayo de dos mil veinticuatro (2.024), en virtud de la cual, de manera
manifiestamente arbitraria, infundada, ius vulnerante, y de agravio
constitucional, dispuso en el numeral PRIMERO de la parte resolutiva:

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“CONFIRMAR la decisión del 30 de agosto de 2021, mediante la cual se negó
la medida cautelar de suspensión provisional, pero por las razones expuestas
en la parte motiva en esta providencia.”; configurando con ello, varios
DEFECTOS CONCURRENTES DE PROCEDIBILIDAD, tales como son: (i)
DEFECTO SUSTANTIVO, (ii) DEFECTO FÁCTICO, (iii) DEFECTO
PROCEDIMENTAL, y (iv) DEFECTO DE VIOLACIÓN DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN, desconociendo con tal actuar vulnerante, los derechos ius
fundamentales de quien suscribe la presente, al: (1) DEBIDO PROCESO [en
conexidad con el acceso real, pronto y efectivo al servicio publico de
Administración de Justicia]; (2) DEFENSA; (3) CONTRADICCIÓN; y (4)
IGUALDAD [ante la Ley y de protección y trato por parte de las autoridades
jurisdiccionales, en conexidad con el PRINCIPIO DE LEGALIDAD y la
CONFIANZA LEGÍTIMA EN LAS DECISIONES JUDICIALES, aplicables al
caso sub lite, y que me asisten; y derechos, principios y garantías
constitucionales, que, me han sido violentados por la autoridad jurisdiccional
aquí accionada.

2. Que, consecuencialmente, se DECLARE, que, por ser violatoria de los
mencionados derechos ius fundamentales, se deje sin ningún valor ni efecto,
la providencia judicial [auto] proferida en fecha del treinta (30) de mayo de dos
mil veinticuatro (2.024), por la SALA DE DECISIÓN, de la Sección Primera,
de la Sala Jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, del Honorable
Consejo de Estado, integrada por los Consejeros: (i) OSWALDO GIRALDO
LÓPEZ [Consejero Sustanciador]; (ii) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON, y
(iii) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ; dentro del proceso con radicación:
11001032400020200021700.

3. Que, consecuencialmente, se ORDENE, a la autoridad judicial accionada,
esto es, la SALA DE DECISIÓN, de la Sección Primera, de la Sala
Jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, del Honorable Consejo de
Estado, integrada por los Consejeros: (i) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
[Consejero Sustanciador]; (ii) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON, y (iii)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, que, dentro de un termino no mayor de
CUARENTA Y OCHO (48) HORAS siguientes, a la fecha en que se le notifique
la sentencia que ampare los derechos ius fundamentales cuyo amparo se
demanda; proceda nuevamente a proferir providencia judicial [auto] en virtud
de la cual, tramita y decida el RECURSO ORDINARIO DE SUPLICA que,
quien suscribe la presente, en su calidad de PARTE ACCIONANTE, como
SUJETO PROCESAL, impetró en contra de la providencia judicial [auto] de
fecha treinta (30) de agosto de dos mil veintiuno (2.021), proferida por el otrora
Consejero Ponente ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, dentro del
Medio de Control de NULIDAD SIMPLE, impetrado por quien suscribe, en
contra de: LA NACIÓN – MINISTERIO DE CULTURA, y actuación que tiene
asignado el radicado Nro. 11001032400020200021700, en los términos,
condiciones y argumentos que, para tal efecto, determine el Juez
Constitucional, con la observancia plena de las garantías y derechos
contenidos en la Constitución Política de Colombia, de conformidad con las
disposiciones legales y jurídicas aplicables al caso sub lite.» (Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

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La acción de tutela fue admitida mediante auto del 287 de junio de 2024, a través
del cual se ordenó notificar a la Sección Primera del Consejo de Estado y como
terceros interesados en el resultado del proceso a la Nación, Ministerio de Cultura
de Colombia y al señor Francisco Hernando Muñoz.

2.4.1. La Sección Primera8 del Consejo de Estado a través del consejero
Oswaldo Giraldo López, solicitó se declare improcedente la acción de tutela por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

Afirmó que para que el requisito de relevancia constitucional esté acreditado, no
basta con que el actor invoque la presunta vulneración del derecho fundamental,
sino que debe cumplir con la carga de explicar razonadamente los motivos por
los que estima que ello es así, situación que no se advierte en el escrito
presentado.

Advirtió que los argumentos para solicitar la medida cautelar deben tener una
motivación clara y debidamente sustentada y no subsumirse simplemente a los
mismos argumentos utilizados en la acción de nulidad instaurada, situación que
informó ya es conocida por el accionante.

2.4.2. El Ministerio de las Culturas9, las Artes y los Saberes, a través del
abogado del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica solicitó se
desvinculara a esa entidad por no estar legitimado en la causa por pasiva.

Por otro lado, solicitó negar el amparo deprecado al no evidenciarse vulneración
alguna de los derechos alegados por el actor.

Indicó, que de conformidad con el artículo 231 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la suspensión provisional de
los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas,
cuando esta surja del análisis del acto demandado y de su confrontación con las
normas presuntamente infringidas o las pruebas aportadas, circunstancia que no
acreditó la parte actora en este caso.

2.4.3. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

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De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección considera que el
problema jurídico se circunscribe a establecer, en primer lugar, si el amparo
solicitado cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela y de ser así, verificar si se configuraron en la providencia judicial censurada
las causales específicas de procedibilidad endilgadas.

3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que
se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii)
que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó
la vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale,
de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del
amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado
tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que
no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer
un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra
providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las
siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico,
defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La Corte
hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar
plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

3.3.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata

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de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con
el referido requisito10. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de
los procesos ordinarios.

En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 2022, se establecieron los siguientes
criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:

Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente
legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación
de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o
aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea
estrictamente monetario ni connotaciones particulares o privadas que no
representen un interés general.11

Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con que la
parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración de justicia
o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales», lo cual supone
justificar de manera razonada y clara la «existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental»12.

Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un recurso
adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre este
punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra
providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si
se verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso».13

Que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento
judicial.14

En el caso concreto se advierte que la acción de tutela no cumple con esa carga
de relevancia constitucional porque en ningún momento se demuestra cómo la
decisión de confirmar la negación de una medida cautelar podría vulnerar los

10
Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de
2019 y T-140 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
11
Cfr. Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
12
Cfr. Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022.
13
Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
14
Cfr. Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03259-00
Accionante: Álvaro José Rodríguez Vargas

derechos fundamentales del accionante, más allá de su simple argumentación
del desconocimiento del debido proceso, ni como esta situación le generaría un
perjuicio irremediable.

Y es que como bien lo advirtió la Sección Primera, para que el requisito de
relevancia constitucional esté acreditado, no basta con que el actor invoque la
presunta vulneración del derecho fundamental, sino que debe cumplir con la
carga de explicar razonadamente los motivos por los que estima tal transgresión,
situación que no se advierte en el escrito presentado.

Cabe entonces recordar que la Sala Plena del Consejo de Estado en su sentencia
de unificación del 5 de agosto de 2014 explicó que:

«La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos
cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y
230 de la Carta)”; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un
instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones”15. Que el asunto “tenga relevancia constitucional”,
que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios. El
primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afectación de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional. » (Negrilla y subrayado fuera de texto)

En ese sentido, se observa que los argumentos expuestos por la parte accionante
solo se predican respecto de la interpretación que considera acertada, pero la
negación a adoptar la medida cautelar no supone la afectación de su derecho de
acceso a la administración de justicia, ni la vulneración de su derecho de defensa
ni alguna otra garantía que se desprenda del núcleo esencial del derecho al
debido proceso.

Así las cosas, en los términos en que fue planteada la controversia, la Sala
declarará la improcedencia de la acción de tutela toda vez que se evidenció que
la misma no cumple con el presupuesto de relevancia constitucional pues el actor
no fundamentó ni demostró con suficiencia la presunta vulneración de los
derechos fundamentales deprecados.

15
Sentencia de Unificación SU-02201 de 2014. Radicado núm. 11001-03-15-000-2012-02201-
01. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03259-00
Accionante: Álvaro José Rodríguez Vargas

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de presentada por el señor Álvaro
José Rodríguez Vargas, por no acreditar el requisito de relevancia constitucional.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada la decisión, remitir el expediente de la actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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