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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03273-01

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03273-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE MODIFICAR la sentencia de 29 de agosto de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, la cual quedará así: PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por Saúl Ortiz Barrera, atendiendo las razones expuestas en esta decisión. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03273-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03273-01
Accionante: SAÚL ORTIZ BARRERA
ACCIONADO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela por vulneración a derechos colectivos y del ambiente,
fuentes hídricas y supuestas vulneraciones a la participación en materia de
protección del páramo de Santurbán. Modifica decisión para declarar improcedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. El actor argumenta que, es veedor ciudadano y defensor de derechos humanos
y formula acción de tutela contra la Presidencia de la República y los Ministerios de
Minas y Energía y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la presunta
vulneración de los derechos al debido proceso, a la vida y a la igualdad, en
“conexidad” con los derechos al ambiente sano y el acceso a la administración de
justicia.

2. Adujo que, el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible convocó a las
comunidades mineras de los municipios de California, Suratá y Vetas (Santander)
para una reunión dirigida a construir acuerdos para el ordenamiento territorial en
torno a la protección de los recursos hídricos. Esa reunión se convocó para
desarrollarse el 11 de junio de 2024.

3. Manifestó que, el 30 de mayo de 2024, había promovido un derecho de petición
ante la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el que la requirió para que
permitiera que algunas personas residentes de los municipios de Girón,
Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta asistan a la reunión convocada el día
11 de junio de 2024 con las comunidades mineras de California, Suratá y Vetas. Lo
anterior, por cuanto en el marco de dicha reunión se podían adoptar decisiones que
afectaran a los habitantes de dichas ciudades.

4. Reprochó que, a su juicio, el gobierno nacional no ha reglamentado el Decreto
Reglamentario 044 de 20241, dado que no se ha indicado a nivel de resolución “los

1
“Por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de
carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03273-01
Accionante: Saul Ortiz Barrera
Accionado: Presidencia de la República y Otros
Referencia: acción de tutela

requisitos que deben cumplir las Asociaciones de Pequeños Mineros para que se
les autorice de manera transitoria ejercer la actividad de explotación minera”2. Esto
tiene como consecuencia la violación al debido proceso y el desconocimiento de
normatividad legal y constitucional. La tesis del actor se sintetiza en:

“(...) hasta tanto el Presidente de la República de Colombia expida la
Resolución que reglamente el Decreto 044 de 2024 para la explotación
minera con base en las normas ambientales antes citadas que son de orden
público y de obligatorio cumplimiento de autoridades y particulares de
conformidad a lo establecido en el inciso dos del Art.107 de la Ley 99 de
1993. Los Ministerios de Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible y
Ministerio de Minias y Energía, están impedidos para realizar concertación
con las comunidades mineras de los Municipios de Vetas, California y Suratá
y otros municipios afectados por la delimitación del Páramo de Santurbán, y
están impedidos para expedir el acto administrativo de declaratoria de
Reserva de recursos naturales de carácter Temporal…”

5. El tutelante sostuvo que, contrario a lo que ha hecho el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en su criterio, primero debían adelantarse estudios técnicos
y científicos dirigidos a examinar los impactos de la minería artesanal en el Páramo
de Santurbán y en las fuentes hídricas. Solo después de esos estudios científicos
era procedente convocar a las reuniones con las comunidades.

6. Igualmente denunció que, siente riesgo a su seguridad personal, pues en virtud
de las actividades dirigidas a la protección del páramo y de sus fuentes hídricas, ha
sido víctima de actividades de hostigamiento por parte de personas dedicadas a la
minería. Aseveró que, si hubiese asistido a la reunión convocada por el Ministerio
de Ambiente para el pasado 11 de junio de 2024, habría carecido de condiciones
de seguridad, pues considera que los habitantes de California, Vetas y Suratá, lo
consideran un “enemigo y dicen que nosotros los dejamos sin trabajo”.

7. Posteriormente indicó que el río Toná, que obtiene su agua del páramo de
Santurbán, y que nutre acueductos municipales, tiene un alto porcentaje de
contaminación con mercurio, resultado de la minería artesanal.

8. Con base a lo anterior, acudió al juez de tutela con el fin de solicitar que se
amparen los derechos a la vida en condiciones dignas, al debido proceso, a la
igualdad a la participación ciudadana para la toma de decisiones en la delimitación
del Páramo y el derecho al acceso a la justicia, y se ordene al ministerio de ambiente
y desarrollo sostenible y minas y energía que programen nuevamente la
convocatoria de la comunidad minera de los municipios de California, Suratá, y
Vetas.

9. Por lo anterior solicitó: (i) se ordene al presidente de la república expida la
resolución mediante la cual reglamente el decreto 044 de 2024, antes de su

2 Folio 5 del escrito de tutela.

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Accionante: Saul Ortiz Barrera
Accionado: Presidencia de la República y Otros
Referencia: acción de tutela

promulgación debe socializar un borrador de resolución y garantizar adecuada
participación a las comunidades de mineros; (ii) que los ministerios accionados
vuelvan a convocar nuevamente a las comunidades mineras con la inclusión de los
municipios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta, y los gerentes de
los acueductos, gobernadores departamentales e integrantes de veedurías
ciudadana, y comité de defensa de páramo de Santurbán. En esta nueva
convocatoria se deben ofrecer las adecuadas garantías de participación.

10. Antes de la admisión, Julieth Ortiz Pabón, Rosario Patiño Pérez, Jhon Carlos
Camacho Montañez, Carlos Humberto Jiménez Jiménez veedores ciudadanos y
defensores de derechos humanos, acudieron al juez de tutela para manifestar que
coadyuvan la acción de tutela.

Sentencia de primera instancia

11. En decisión de 29 de agosto de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo formulado pues, no se satisfizo el requisito de
subsidiariedad respecto de la pretensión de amparo referida a la falta de expedición
de la resolución que reglamente el decreto 044 de 2024. Sostuvo que el actor puede
acudir al juez administrativo en ejercicio del medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.

12. Respecto de las peticiones dirigidas a la participación en las reuniones de
concertación, el juez de primera instancia negó el amparo, pues se verificó que las
entidades accionadas han convocado diversos espacios de participación para que,
todos los actores sociales involucrados en la protección del páramo de Santurbán,
participen en la definición de la normatividad. Igualmente indicó que, el escrito de
tutela no presentó una vulneración iusfundamental concreta en cabeza de una
persona.

13. De igual manera, tuvo como coadyuvantes de la parte demandada a Fabio
Augusto Maldonado Toloza, Edgar Anderson Higuera, Ramiro Vásquez Giraldo,
Jhon Andrés Fuquen Murcia, Juan Gabriel Gutiérrez Ramírez, Sonia Sánchez
Santamaria, Sandra Patricia Colmenares Pabón y Juan Eusebio Olaya,
representante legal de Ecojardines Bio SAS.

Impugnación.

14. Dentro del término legal, el actor impugnó la providencia. Argumentó que, la
decisión ignoró el mandato constitucional que prescribe la primacía del derecho
sustancial. Afirmó que “me asiste el deber de invocar la protección del derecho a la
vida, tanto de mi vida como la vida de las personas que integran mi núcleo familiar”.
Reiteró sus denuncias sobre lo que, en su criterio, son hechos que constituyen
vulneraciones al derecho a la participación ambiental, y la falta de protección de los
recursos hídricos por el vertimiento de restos de la actividad minera en los ríos que
alimentan los acueductos de los municipios de Girón, Floridablanca, Bucaramanga.
Afirmó que a su juicio, antes de citar a reuniones con las comunidades, el ministerio

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Accionante: Saul Ortiz Barrera
Accionado: Presidencia de la República y Otros
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de ambiente debe adelantar estudios científicos sobre la contaminación del agua
resultado de la actividad minera artesanal.

15. Aseveró que, los acuerdos mineros de 5 de diciembre de 2023, suscritos entre
las comunidades mineras y el ministerio de ambiente, no han sido socializados con
los habitantes de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, y
Piedecuesta: “lo cual es muy grave toda vez que llegado el caso, entre la ejecución
el proyecto minero solicitud 505765, al cual la C.D.M.B. le concedió permiso o
licencia ambiental, sin que se hayan realizado los estudios químicos del porcentaje
de toxicidad de los metales pesados que contienen las tierras del páramo de
Santurbán en su estado natural… pueden ocasionar una catástrofe con la pérdida
de vidas humanas de los habitantes de los municipios de Girón entre ellos la vida
del accionante Saul Ortiz Barrera y mi núcleo familiar…”3. Más adelante, sobre el
mismo punto referido a las actividades mineras en el municipio de California afirmó:

“(…) toda vez que ES CIERTO que está en peligro inminente mi vida, la vida
de mi núcleo familiar y la vida de los demás habitantes del Municipio de
Bucaramanga y Municipios del Área Metropolitana, una vez entre en
ejecución cualquier proyecto minero sin los estudios de toxicidad de los
mencionados metales peados (sic)”

16. Destacó que, el 5 de diciembre de 2023, se llegó a un acuerdo de alternatividad
minera con la comunidad del municipio de California, pero dicho acuerdo no ha sido
socializado con los habitantes de los municipios de Girón, Piedecuesta,
Floridablanca, y Bucaramanga. Debido a que la actividad minera del municipio de
California afecta los ríos que nutren los acueductos de los esos territorios, los
acuerdos deben ser socializados, y permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

17. Adujo que en su criterio existen informes técnicos que evidencian que la
actividad minera artesanal contamina las fuentes hídricas que nutren los acueductos
y en esa medida, corresponde que, en virtud del principio de precaución se detenga
la actividad minera.

18. Sostuvo que, la sentencia de primera instancia erró al identificar las pretensiones
de protección, pues la solicitud principal no es que se profiera el acto administrativo
de reglamentación del decreto 044 de 2024, sino que:

“(…) los ACUERDOS con Los PEQUEÑOS MINEROS de los Municipios de
VETAS, California y SURATÁ que realicen con los ministros de medio
ambiente y Ministerio de minas y energía, se socialicen con los habitantes,
Veedurías Ciudadanas, Defensores del Páramo de Santurbán y las
Autoridades Departamentales de Santander, Norte de Santander y con las
Autoridades de los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y
Autoridades del Municipio del Área Metropolitana de Cúcuta, con el fin que
se nos permita ejercer el derecho a la defensa de poder verificar si los

3 Folio 4 del escrito de impugnación.

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Accionante: Saul Ortiz Barrera
Accionado: Presidencia de la República y Otros
Referencia: acción de tutela

polígonos que van a ser intervenidos en el Páramo de Santurbán para la
Explotación Minera, se han realizado ESTUDIOS de PORCENTAJE de
TOXICIDAD de METALES PESADOS que contiene la tierra en su estado
natural como plomo, arsénico, uranio y otros metales pesados , y en caso
que se establezca que no se han realizado, solicito la aplicación del
PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, consagrado en el artículo 1o, Principio 6 de
la Ley 99 de 1993, que no permite que se expida Licencia Ambiental,
igualmente, si no se han realizado los ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS DE
PROFUNDIDAD Y FLUJO DE LAS CORRIENTES SUBTERRÁNEAS
Existentes en el Área de Influencia del Proyecto Minero, también se puede
solicitar la aplicación del PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN que tiene por objeto,
garantizar el DERECHO a la Vida del accionante y mi núcleo familiar y demás
habitantes de los mencionados Municipios del Área Metropolitana de
Bucaramanga.”

19. Reprochó que, el juez de primera instancia no verificó que se presenta un
perjuicio irremediable. En criterio del actor, existe una amenaza clara y cierta
relacionada con la protección del recurso hídrico que alimenta los acueductos de
los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, conclusión que se sostiene,
en criterio del actor, en la información que allegó con el escrito de tutela, como son
informes sobre la calidad del agua de los ríos que descienden del páramo de
Santurbán y que nutren los acueductos, conforme a los cuales, la actividad minera
genera riesgo de contaminación del agua con metales pesados. Resaltó los
informes del servicio geológico colombiano, conforme a los cuales se prueba su
tesis de amparo.

20. Solicitó en su escrito de impugnación que se revoque la sentencia de primera
instancia, y en su lugar se ordene al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

“(…) que antes de proferir el Acto Administrativo de Declaración del Área de
Recursos Naturales de carácter temporal en el Páramo de Santurbán de
conformidad a lo establecido en el Art.5 de la Parte Resolutiva del Decreto
044 de 2024, se sirva proceder a socializar el Acuerdo Minero realizada entre
el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA con la COMUNIDAD MINERA DEL
MUNICIPIO DE CALIFORNIA, de fecha 05-12-2023 y demás acuerdos
mineros ya existentes y futuros que se relacionen con los demás municipios
que vayan a ejercer al actividad de Pequeña Minería en el Páramo de
Santurbán, ofreciendo máximas garantías para que las personas inscritas
puedan participar en dicha audiencia, para que ejerzan su derecho a la
defensa en las decisiones ambientales que puedan afectarlos al entrar en
ejecución los proyectos mineros, con la contaminación con metales pesados
que se utilicen en la actividad minera y metales pesados uranio, plomo, cobre,
zinc, antimonio que contienen las tierras del Páramo de Santurbán en su
estado natural que pueden contaminar las aguas del Río Tona, Río Suratá y
Río Zulia – Norte de Santander.”

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Accionante: Saul Ortiz Barrera
Accionado: Presidencia de la República y Otros
Referencia: acción de tutela

21. Concluyó solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia, y el
amparo de los derechos constitucionales invocados.

CONSIDERACIONES

Competencia

22. En virtud de lo prescrito en los artículos 32 y 37 del decreto 2591 de 1991, la
Sala es competente para resolver la controversia en instancia de impugnación.

Problema jurídico

23. Le corresponde a la sala determinar si la acción de tutela de la referencia es
formalmente procedente, en atención a que se pretende la protección de derechos
como el ambiente, las fuentes hídricas y la aplicación del principio de precaución en
el contexto de un conflicto ambiental, así como derechos individuales, como la vida,
la igualdad y el debido proceso. Una vez resuelto el examen de procedibilidad
formal, corresponde resolver como segundo problema jurídico, si las entidades
accionadas vulneraron o amenazaron los derechos constitucionales invocados por
el actor.

Procedencia de la acción de tutela en contextos de conflictos ambientales y
de participación en la protección de ecosistemas estratégicos.

24. Varias decisiones de la Corte Constitucional han precisado la procedencia
excepcional de la acción de tutela en casos de conflictos ambientales4. Se ha
indicado que cuando una persona pretenda obtener una orden judicial dirigida a
resolver una situación en la que se vulneran derechos como el ambiente sano o la
protección de fuentes hídricas debe acudir a la acción popular regulada por la Ley
472 de 1998. Esto por cuanto el juez de tutela no puede desplazar al juez natural
de dicha acción. Sin embargo, se ha precisado que la acción de tutela es procedente
para proteger derechos fundamentales en contexto de afectaciones a derechos
colectivos, cuando el actor está en condiciones de individualizar una vulneración
iusfundamental en cabeza de una persona concreta. Por ello se han precisado
reglas jurisprudenciales para evaluar los eventos en los que la acción de tutela es
procedente para resolver peticiones de protección, incluso si se producen en
“conexidad” de vulneración con derechos colectivos.

25. En las sentencias T-1451 de 20005 y SU-1116 de 20016, la Corte precisó las
reglas que han sido reiteradas de manera consistente por las diferentes salas de
revisión. En la primera providencia se indicó que, el juez de tutela debe determinar
caso a caso si un proceso de tutela sometido a su conocimiento debe ser declarado

4 Cfr. T-1451 de 2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez), SU- 1116 de 2001 (M.P. Eduardo

Montealegre Linnet), reiteradas recientemente en las T-361 de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos), T-
596 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) y T-230 de 2023 (M.P. Natalia Ángel Cabo), entre
otras.
5 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
6 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet

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Accionante: Saul Ortiz Barrera
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Referencia: acción de tutela

improcedente y resuelto a través de la acción popular. Para ello fijó varios requisitos,
como son:

“Primer criterio: La trascendencia que pueda tener un derecho colectivo en el
ámbito de los derechos fundamentales, no lo hace perder su naturaleza de
colectivo y su protección, por tanto, ha de lograrse a través de la acción
diseñada para el efecto, y ésta no es otra que la acción popular. Sin embargo,
si de la vulneración de un derecho de esa naturaleza, se desprenden graves
consecuencias para derechos fundamentales, la acción de tutela como
mecanismo de defensa para éstos, será procedente.
Segundo criterio: Conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la
vulneración del derecho fundamental. Conexidad que debe arrojar una
vulneración directa y clara de un derecho fundamental determinado. El daño o
amenaza del derecho fundamental, debe ser consecuencia inmediata y directa
de la perturbación del derecho colectivo. Por tanto, ha de determinarse que la
lesión o amenaza del derecho fundamental, es producto del desconocimiento
de uno o varios derechos colectivos y no de otra causa.
Tercer criterio: La existencia de un daño o amenaza concreta de los derechos
fundamentales de quien promueve la acción de tutela o de su núcleo familiar.
Este es un problema de legitimidad, pues sólo aquel que ve afectado
directamente en su derecho, puede reclamar su protección.
Cuarto criterio: Debe probarse fehacientemente la vulneración del derecho
fundamental que se dice desconocido o amenazado. Para el efecto, el juez está
obligado a analizar cada caso concreto, para determinar la correspondiente
vulneración.
Quinto criterio: La orden del juez debe buscar el restablecimiento del derecho
fundamental vulnerado más no del derecho colectivo en sí mismo considerado,
pese a que con su decisión resulta protegido, igualmente, un derecho de esta
naturaleza”.

26. En la Sentencia SU 1116 de 20017, la Sala Plena de la Corte Constitucional
unificó las reglas jurisprudenciales sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela en casos, en los que, prima facie, resulta procedente la acción popular.
Las reglas vigentes desde aquella providencia indican que:

“(…) la acción de tutela resulta procedente para atender denuncias sobre
derechos colectivos cuando, el accionante logra acreditar (a) que la afectación
iusfundamental sea una consecuencia inmediata y directa de la perturbación del
derecho colectivo (conexidad), (b) que la persona que presenta la acción de
tutela acredite –y así lo considere el juez– que su derecho fundamental, no el
de otros, está directamente afectado (legitimación); (c) que la afectación pueda
considerarse cierta a la luz de las pruebas aportadas al expediente (prueba de
la amenaza o violación), y (d) que las pretensiones tengan por objeto la
protección del derecho fundamental y no del derecho colectivo en sí mismo

7 M.P. Eduardo Montealegre Linett

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Accionante: Saul Ortiz Barrera
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Referencia: acción de tutela

considerado (objeto de la pretensión o efecto hipotético de la orden judicial de
protección).”

27. Las Salas de Revisión han reiterado los mencionados criterios y han indicado la
manera en la que los jueces constitucionales deben examinar las pretensiones de
una acción de tutela en un contexto de un conflicto ambiental en la que se acude al
medio de amparo para solicitar la protección de ecosistemas, fuentes hídricas y la
protección al ambiente sano. En las Sentencias T-596 de 20178 y T-278 de 20219,
se indicó que se ha reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando: (i) el
trámite de una acción popular en curso ha tomado un tiempo considerable; (ii) se
presenta el incumplimiento de una sentencia adoptada en el curso de una acción
popular; (iii) procedencia de la acción de tutela cuando, a pesar de alegar la
violación simultánea de derechos colectivos y fundamentales, se evidencia una
violación del derecho fundamental independiente del derecho colectivo; (iv)
procedencia de la acción de tutela cuando, por las circunstancias del caso, exista
necesidad de ofrecer una respuesta judicial rápida por la presencia de sujetos de
especial protección constitucional; y (v) improcedencia de la acción de tutela cuando
la controversia suscita un debate probatorio especialmente complejo.

28. En Sentencia T-389 de 201510, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional consideró que era improcedente una demanda de tutela que
pretendía proteger el derecho al agua y a la salud presuntamente vulnerados por
las obras de perforación petroleras realizadas en la vereda Montoledo en el
Municipio de las Acacias (Meta), actividades que según los actores de ese entonces
se encontraban contaminando el punto de captación de agua del acueducto rural
del que era usuaria. Esa decisión se justificó en que las demandantes solicitaron la
protección del derecho al agua en su faceta colectiva, dimensión que hace parte del
ambiente, de modo que la acción popular era el mecanismo idóneo para atender
sus pretensiones. Además, señaló que no existía el riesgo que se configurara un
perjuicio irremediable a los derechos de la tutelante, en la medida en que carecía
de sustento probatorio que las labores exploratorias hubiesen perturbado el entorno
o cualquier derecho.

29. En Sentencia T-253 de 201611, se resolvió la demanda de amparo promovida
por el Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del
Pueblo, y de representante de las comunidades indígenas del Putumayo, Caquetá
y Amazonas. El funcionario público afirmaba que la minería había causado grandes
perjuicios y amenazas de las comunidades étnicas diversas que habitan en los
departamentos mencionados, por cuanto el uso ha contaminado las aguas y
menguado los recursos hídricos y pesqueros de la zona. En esa oportunidad, la
Corte declaró improcedente la acción de tutela, porque el medio adecuado para
acceder a las pretensiones de los actores era la acción popular. Enfatizó que los
tutelantes pidieron la mitigación de los efectos de la contaminación con mercurio de

8 M.P. Alejandro Linares Cantillo
9 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
10 M.P. Eduardo Mendoza Martelo
11 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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las fuentes hídricas de la región, es decir, “propende por la protección de derechos
e intereses colectivos, tales como el goce de un ambiente sano, la existencia de un
equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales, como la preservación y restauración del medio ambiente y la salubridad
pública. Inclusive censuró que la demanda busca medidas abstractas y generales
para un número indeterminado de personas, quienes no se hallan individualizadas.

30. En la Sentencia T-596 de 201712, la Corte Constitucional declaró improcedente
por falta de subsidiariedad una acción de tutela formulada por varios pescadores
que denunciaban la contaminación de la bahía de Santa Martha y la falta de acción
de las entidades ambientales encargadas de la protección del ecosistema del cual,
además obtenían su sustento. La Corte declaró improcedente la acción de tutela
pues, todas las pretensiones solicitaban del juez constitucional proferir órdenes
estructurales para resolver el conflicto ambiental. Se reprochó que ninguna de las
pretensiones buscaba la protección de un derecho fundamental de una persona
concreta. La Sala concluyó que:

“no existe prueba que lleve al convencimiento de esta Sala que de esa situación
ambiental, que parece estar afectando el recurso hídrico y pesquero, implique
una amenaza real y singularizada de los derechos fundamentales de los
accionantes. Si bien existen pruebas orientadas a acreditar la problemática
ambiental de la CGSM, lo cierto es que de las respuestas de los accionantes
luego de la solicitud de este Tribunal, no se sigue una amenaza real y singular
a los derechos fundamentales que pueda justificar el desplazamiento de la
acción popular en un asunto que, por los intereses colectivos cuya protección
se solicitaba y por su complejidad técnica y probatoria, demanda que su examen
tenga lugar a través de dicha acción”.

31. En la T-361 de 201713, la Corte conoció el caso de una acción de amparo
formulada por un comité de personas organizadas en torno a la defensa del Páramo
de Santurbán. En la acción de tutela denunciaban que las autoridades estatales no
habían garantizado la participación de las comunidades en la delimitación de este
ecosistema estratégico. Señalaban que se había presentado un amplio abanico de
vulneraciones de derechos ambientales y colectivos, como la falta de protección a
las fuentes y recursos hídricos, especialmente, teniendo en cuenta que el páramo
surte de agua a los acueductos de varias ciudades. Los accionantes eran personas
que actuaban en nombre propio y como representantes de entidades jurídicas que
habían solicitado amplia participación ciudadana en la expedición del acto
administrativo que delimitaba el Páramo.

32. En aquella oportunidad, y en relación con el análisis de la satisfacción del
requisito de subsidiariedad, la Sala de Revisión concluyó que los actores alegaban
la vulneración de varios derechos colectivos y de varios derechos fundamentales.
En relación con los derechos colectivos, la Sala confirmó las sentencias de instancia
que habían declarado la improcedencia de la acción de tutela, por proceder la acción

12 M.P. Alejandro Linares Cantillo
13 M.P. Alberto Rojas Ríos.

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popular, pero, adicional a ello, la Sala verificó que los actores también alegaban y
probaron conculcados, la vulneración de sus propios derechos fundamentales a la
participación política, al debido proceso, y al acceso a la información, todos ellos
derechos de carácter fundamental individual y en consecuencia, en relación con
esas garantías, encontró pruebas directas y concretas de su vulneración. Sostuvo
la Corporación:

“En el caso sub-judice, la Sala Octava de Revisión estima que las actoras
solicitaron la reivindicación de los derechos al agua y al ambiente en su faceta
de intereses colectivos. (…) Dicho de otra forma, busca la protección a un
ambiente sano de las generaciones futuras, la existencia de un equilibrio
ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, al
punto que es imposible determinar la afectación individual a una persona. // La
Sala no desconoce que la minería es en extremo nociva para los ecosistemas
paramunos (…). Lo que en realidad se precisa es que las pretensiones de los
petentes se enmarcan en las facetas de protección de los derechos colectivos
del agua y del ambiente. Inclusive, es evidente la titularidad grupal de esos
ámbitos, puesto que pueden acudir a la acción popular para solicitar dicha
protección, al ser titulares de esos bienes difusos.// Se concluye entonces que
la acción de tutela en relación con la solicitud de protección del derecho al agua
y al ambiente es improcedente, por cuanto que los actores tienen a su
disposición la acción popular para lograr sus pretensiones.”

33. Esto ha sido reiterado, recientemente, en la T-278 de 202114 y en la T-250 de
202315. En esta última providencia, la Corte resolvió una petición de amparo en la
que, un ciudadano denunciaba el contexto de contaminación del río Supía (Caldas)
y la manera en la que, afectaba los derechos a la vida en condiciones dignas y al
agua de los municipios que obtenían el agua de los acueductos de esa afluente. La
Corte Constitucional verificó que todas las peticiones del actor, por su carácter
estructural y porque no lograban individualizar en una persona concreta una
vulneración a un derecho fundamental, era improcedente. Señaló la Corte:

14 M.P. Alejandro Linares Cantillo. La Sala Tercera de Revisión resolvió una acción de tutela
formulada por una persona que actuó a nombre de una fundación que tenía como objetivo la
protección del derecho al agua y el ambiente sano, y el derecho de las generaciones futuras, debido
a las afectaciones que se presentaban en el río Bugalagrande, por acciones de la empresa
Proyectos de Infraestructura S.A. – PISA S.A. Debido a que, por los hechos puestos en conocimiento
del juez constitucional resultaba, prima facie, procedente la acción popular, razón por la cual, la
corporación examinó si el medio de amparo estaba llamado a ser fallado de fondo. Respecto del
requisito de subsidiariedad, se indicó que, “esta Corte ha sostenido, como regla general, que la
acción de tutela no procede para la protección de derechos colectivos, ya que para su amparo la
Constitución Política ha dispuesto las acciones populares. No obstante, excepcionalmente, ha
reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando la afectación a un derecho colectivo, como
el medio ambiente sano, implica una amenaza cierta o una vulneración a un derecho fundamental.
Tras reiterar las reglas previstas en la Sentencia SU-1116 de 2001, la Sala explicó que, conforme al
material probatorio, para “no [se] logra demostrar si quiera prima facie una amenaza concreta a
personas individuales que se encuentren cerca del río Bugalagrande”, pues no existe relación causal
entre la perturbación prima facie del derecho al medio ambiente y derecho al agua y la vida de
personas concretas que habitan o dependen del río Bugalagrande.
15 M.P. Natalia Ángel Cabo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03273-01
Accionante: Saul Ortiz Barrera
Accionado: Presidencia de la República y Otros
Referencia: acción de tutela

“44. En segundo lugar, a pesar de la vulneración al derecho colectivo, se
encuentra que el accionante no probó la vulneración de derechos
fundamentales de los cuales sea titular. Para la Sala Novena de Revisión,
aunque está demostrada la vulneración al medio ambiente sano, no está
acreditada la amenaza o vulneración de algún derecho fundamental del señor
Valencia Hinestroza. El accionante insistió en que la atención, protección y
conservación del ecosistema debe contar con la participación de las
comunidades que habitan en la cuenca del río, pero no explicó cómo esto puede
afectar sus derechos fundamentales individuales, o por qué hay un vínculo con
los derechos fundamentales de las comunidades que menciona.
Específicamente, el tutelante requirió al juez de tutela para la protección del
derecho a la participación de las comunidades, pero no allegó evidencia
probatoria dirigida a mostrar que ese derecho le ha sido vulnerado.”

34. Con base en las reglas jurisprudenciales reseñadas, y con base en las
providencias que las han aplicado, a continuación, la Sala examinará la tutela
formulada por el ciudadano Saul Ortiz Barrera, a fin de determinar si es o no
procedente la acción de tutela para estudiar los derechos alegados como
vulnerados.

Caso concreto

35. A partir de la metodología fijada en la Sentencia T-596 de 2017 y T-278 de 2021,
se procede a analizar el cumplimiento de subsidiariedad de la acción de tutela a la
luz de los requisitos establecidos en la sentencia SU-1116 de 2001.

(i) Requisito de conexidad

36. En el caso concreto, a juicio de la Sala resulta evidente que se está ante un
conflicto de carácter ambiental relacionado con el ejercicio de la minería artesanal
en la zona de un ecosistema especialmente delicado, como es el Páramo de
Santurbán. Las peticiones del actor, además van dirigidas a la protección de las
fuentes hídricas que nutren los acueductos del área metropolitana de Bucaramanga
y sus municipios aledaños. El actor, además, reprocha que no se le han ofrecido
condiciones adecuadas de participación. En consecuencia, se está ante un caso de
un conflicto ambiental con una amplia amenaza a derechos colectivos y
dimensiones individuales de derechos.

37. Por lo anterior, prima facie, conforme la jurisprudencia constitucional, resulta
procedente la acción popular prevista en el artículo 88 constitucional y desarrollada
en la Ley 472 de 1998. Pues como se ha indicado esta es una acción idónea y eficaz
para la protección de los derechos colectivos invocados. De esa manera se hace
necesario examinar las pretensiones del actor a la luz de las reglas jurisprudenciales
referidas a los eventos en los que procede la acción de tutela en conflictos
ambientales.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03273-01
Accionante: Saul Ortiz Barrera
Accionado: Presidencia de la República y Otros
Referencia: acción de tutela

38. La jurisprudencia ha indicado que el actor debe presentar una acción de tutela
que reúna las siguientes características: (i) que se presente una perturbación de un
derecho colectivo; (ii) que desde una perspectiva exclusivamente jurídica exista
prima facie una amenaza o vulneración a un derecho fundamental –lo que no debe
confundirse con el requisito de que el juez cuente con pruebas de la real amenaza
o violación del derecho fundamental–, y (iii) que exista un nexo entre las dos
afectaciones que evidencie (a) su simultaneidad y (b) su proximidad causal directa
y no mediada por otros factores externos. Debido a que, el análisis que se realiza
corresponde al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad formal, todos ellos
se hacen a título preliminar de modo que cuando se analiza el fondo de la situación
pueden ser desvirtuadas o confirmadas.

• Perturbación de un derecho colectivo

39. En relación con el examen de los hechos y pretensiones promovidas en la acción
de tutela por el actor, Saúl Ortiz Barrera, en primer lugar, corresponde examinar los
hechos y fundamentos de la misma. Al respecto, el tutelante afirma que se presenta
contaminación en las fuentes hídricas que nutren el acueducto de las ciudades de
Bucaramanga y sus aledañas. Esto como consecuencia de la actividad de minería
artesanal. Se está ante una amenaza a un derecho colectivo.

40. A juicio de esta sala, la acción de tutela es improcedente, por no cumplir el
requisito de subsidiariedad, pues resulta procedente iniciar una acción popular. Lo
anterior por los siguientes argumentos:

41. El actor describe un conflicto ambiental y las peticiones de amparo que formula
van todas dirigidas a que el juez de tutela reemplace al juez popular, pues no se
trata de peticiones de amparo dirigidas a la protección de un derecho
individualizado. Se trata de peticiones que resuelven estructuralmente el conflicto
ambiental. En efecto, en la T-596 de 2017, la Corte reiteró el precedente judicial de
varias décadas, en el cual se ha indicado que, el juez de tutela no puede desplazar
al juez popular cuando las pretensiones de la acción de tutela sean de aquellas que
resuelven el conflicto ambiental de manera estructural. Por el contrario, resulta
procedente la tutela cuando las peticiones de protección son individualizadas a una
persona particular. En los fundamentos 198 a 201 de la mencionada sentencia, a
título del examen de procedibilidad formal, se explicó:

“198. Como ha quedado señalado, las órdenes que el juez de tutela puede
adoptar en aquellos casos en los que se invoca, como fundamento de una
violación iusfundamental, la perturbación de un derecho colectivo, se
circunscriben al restablecimiento del derecho fundamental, dado que, de otra
forma, quedarían vaciadas de contenido las competencias de las autoridades
judiciales encargadas de dar curso a las acciones populares. Tratándose de
una restricción a las facultades del juez de tutela, cabe al mismo tiempo
sostener que es un límite a las pretensiones de los accionantes. En esa
dirección, no pueden estos últimos, sin desnaturalizarla, acudir a la acción de
tutela para promover la adopción de medidas generales y estructurales

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03273-01
Accionante: Saul Ortiz Barrera
Accionado: Presidencia de la República y Otros
Referencia: acción de tutela

dirigidas fundamentalmente a la protección de derechos colectivos, sin
interponer previamente la acción popular dispuesta para tal efecto por el
ordenamiento constitucional.

(…)

200. A partir de un análisis de las pretensiones de la acción de tutela, se
puede concluir que todas ellas están encaminadas a la protección de
derechos colectivos o de satisfacer pretensiones supraindividuales que
se proyectarían de manera unitaria en toda la comunidad de la que
hacen parte los accionantes. En efecto, como se verá, las solicitudes se
dirigen no a que se impartan órdenes específicas de garantía de los derechos
fundamentales de los accionantes, sino a la adopción de medidas generales
y estructurales que contribuyan a superar la afectación del ambiente sano …”
(negrilla fuera del texto).

42. Por lo anterior, y con el fin de examinar si la acción de tutela es procedente, a
continuación, se analiza cada una de las pretensiones contenidas en la acción de
tutela a fin de verificar si, en el hipotético evento que se conceda el amparo y se
acceda a las pretensiones del accionante, las órdenes del juez de tutela se
encaminarían principalmente a la protección del derecho fundamental, como lo
exige uno de los requisitos planteados en la SU-1116 de 2001, o si, en cambio, se
dirigen primariamente a la protección del derecho colectivo.

43. En el escrito de amparo el actor formula dos pretensiones, y en el escrito de
impugnación propone una adicional. La pretensión primera del escrito de tutela va
dirigida a que se profiera una sentencia que ampare los derechos. La petición
segunda y séptima solicita la adopción de un acto de carácter general por parte del
Presidente de la República, puntualmente una reglamentación inferior al decreto
reglamentario 044 de 2024. Esa reglamentación debe ser el resultado de un proceso
amplio y participativo. La tercera pretensión solicita que se ordene a los Ministerios
de ambiente y desarrollo sostenible y de minas y energía convoquen a las
comunidades mineras de los municipios de California, Suratá y Vetas (Santander),
en la que participen las comunidades de otros municipios como Bucaramanga,
Girón o Piedecuesta. En la cuarta y sexta pretensión indica que, las convocatorias
que se realicen deben garantizar la participación de las corporaciones ambientales
regionales, las personerías, y comunidades científicas defensoras del Páramo de
Santurbán. En la quinta pretensión solicita que la fuerza pública despliegue
dispositivos de seguridad para la garantía de la participación en las reuniones que
se solicitan sean convocadas.

44. A juicio de esta sala, el actor no formula ninguna pretensión dirigida a la
protección de un derecho fundamental de una persona concreta e individualizada.
Todas las órdenes requeridas son estructurales y resuelven integralmente el
problema ambiental que viven los municipios mineros cercanos al páramo de
Santurbán. Ninguna, además, se funda en una prueba de la vulneración o amenaza
de un derecho fundamental de una persona individualizada, en esa medida, no

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03273-01
Accionante: Saul Ortiz Barrera
Accionado: Presidencia de la República y Otros
Referencia: acción de tutela

puede este juez constitucional de tutela desplazar al juez natural de la causa
ambiental, en este caso el juez popular.

45. En el escrito de impugnación, agregó una nueva pretensión la cual consiste en
requerir al juez de segunda instancia para que ordene al ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible que: “antes de proferir el Acto Administrativo de Declaración
del Área de Recursos Naturales de carácter temporal en el Páramo de Santurbán
de conformidad a lo establecido en el Art.5 de la Parte Resolutiva del Decreto 044
de 2024, se sirva proceder a socializar el Acuerdo Minero realizada entre el
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA con la COMUNIDAD MINERA DEL
MUNICIPIO DE CALIFORNIA, de fecha 05-12-2023 y demás acuerdos mineros ya
existentes y futuros que se relacionen con los demás municipios que vayan a ejercer
la actividad de Pequeña Minería en el Páramo de Santurbán, ofreciendo máximas
garantías para que las personas inscritas puedan participar en dicha audiencia, para
que ejerzan su derecho a la defensa en las decisiones ambientales que puedan
afectarlos al entrar en ejecución los proyectos mineros, con la contaminación con
metales pesados que se utilicen en la actividad minera y metales pesados uranio,
plomo, cobre, zinc, antimonio que contienen las tierras del Páramo de Santurbán en
su estado natural que pueden contaminar las aguas del Río Tona, Río Suratá y Río
Zulia – Norte de Santander”.

46. A juicio de esta Subsección, el recurso de alzada no es el escenario adecuado
para adicionar nuevas solicitudes, por razones del derecho de audiencia y defensa
que les asiste a las autoridades accionadas. En todo caso, se trata de una
pretensión dirigida a la solución estructural del conflicto ambiental que vive la región,
y que no muestra la manera en la que, concretamente una persona, en este caso,
el actor ha visto amenazado o vulnerado sus derechos fundamentales.

47. En el escrito afirmó que, en su sentir no contaba con condiciones para participar
en la reunión convocada por el Ministerio de Ambiente el pasado 11 de junio de
2024, pues en su criterio existía una situación de inseguridad pues los mineros lo
perciben como enemigo. Sin embargo, esta aseveración, indudablemente de
importante connotación, no fue respaldada por algún medio de prueba, al menos
sumario que permita verificar que se está ante una amenaza al derecho a la
participación ambiental. Además, en el escrito de impugnación aseveró que, sufre
de la amenaza a los derechos a la vida suya y de su familia, por la contaminación
del agua que surte los acueductos. Sin embargo, nuevamente, no ofrece ningún
medio de prueba que muestre al menos sumariamente, dicha amenaza.

48. Una primera evidencia es que, el actor solo enuncia la vulneración de derechos
colectivos, y la protección de un ecosistema tan importante como los ríos que
descienden del páramo de Santurbán y que nutren los acueductos del área
metropolitana de Bucaramanga. Conforme la información que obra en el expediente,
se presenta una problemática ambiental por una importante actividad minera que
afecta la calidad del agua que discurre por él, y que, en todo caso, tiene impactos

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03273-01
Accionante: Saul Ortiz Barrera
Accionado: Presidencia de la República y Otros
Referencia: acción de tutela

negativos relevantes en los derechos de las generaciones futuras para disfrutar de
la conservación del ecosistema mencionado.

49. Sin embargo, el actor no reivindica la vulneración de derechos fundamentales
de los cuales sea titular. Examinado el escrito de tutela, y por, sobre todo, el material
probatorio, no emerge prueba o evidencia que muestre una vulneración a algún
derecho fundamental del accionante, solo hace una enunciación genérica a la
afectación al derecho al agua para el consumo humano de él y su núcleo familiar (la
cual no respalda con material probatorio) y la sensación de inseguridad por su
actividad como defensor del ambiente (igualmente, si respaldo probatorio).

• Amenaza o vulneración de un derecho fundamental

50. En su escrito de impugnación, el actor afirma que, la contaminación del río que
nutre los acueductos, y los problemas de seguridad que vive resultado de su
actividad como defensor del ecosistema, implica una vulneración de los derechos a
la vida de él y de su familia. Sin embargo, esta afirmación no presenta al menos
prueba sumaria. Además de que no hace ninguna petición dirigida a su propia
protección o del agua que destina a su propio consumo.

• Existencia de conexidad inmediata y directa entre la afectación del
derecho colectivo y la afectación del derecho fundamental

51. No es posible verificar la existencia de una relación de conexidad entre la
amenaza de vulneración de los derechos colectivos y los derechos fundamentales
del actor, dado que, en el expediente de tutela no aparece la manera en la que la
problemática ambiental enunciada, afecta los derechos fundamentales del actor.

(ii) Legitimación por amenaza o afectación iusfundamental

52. Por lo anterior, en este caso no se acredita la satisfacción del requisito de
legitimación en la causa por activa, pues quien promovió la acción de tutela en
defensa de los derechos colectivos, no evidenció que, en su caso concreto se
presentara una violación a sus derechos fundamentales. Es más, esta situación
muestra de manera más clara que, la acción procedente en este caso es la acción
popular, pues, como se ha indicado por la jurisprudencia de esta corporación, los
artículos 12 y 13 de la Ley 472 de 1998, en relación con las acciones populares
prevé una legitimación amplia e indeterminada que se adecúa de manera más
precisa a la situación del actor.

53. En últimas, no es admisible vaciar de contenido la competencia del juez popular,
atribuyéndose el juez de tutela la solución de un problema ambiental estructural
vinculado con la afectación de un derecho colectivo. Es la acción popular un
instrumento con estatus constitucional, cuyo desarrollo en la Ley 472 de 1998, como

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03273-01
Accionante: Saul Ortiz Barrera
Accionado: Presidencia de la República y Otros
Referencia: acción de tutela

lo precisó la Corte Constitucional, “plasma un esfuerzo del legislador por desarrollar
un mecanismo ágil de protección de los derechos e intereses colectivos de un
conglomerado determinado, que los jueces, pero en especial el juez de tutela, no
puede pasar inadvertido a la hora de adoptar decisiones en esta materia”16.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia de 29 de agosto de 2024, proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por Saúl
Ortiz Barrera, atendiendo las razones expuestas en esta decisión.

SEGUNDO: notifíquese esta decisión en los términos del artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

16 Corte Constitucional. Sentencia T-1451 de 2000.

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